SINDICATOS

Piden que la lucha contra el fraude fiscal se convierta "en seña de identidad" de todas las administraciones públicas

Toxo y Méndez ofrecen a Zapatero más tiempo de moderación salarial, pero con condiciones

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para expresarle su preocupación por la gravedad de la situación económica y realizar una serie de propuestas dirigidas a dinamizar la actividad.

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Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se muestran dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012, año en el que concluye el acuerdo de negociación colectiva que firmaron con la patronal, a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.

"Los salarios deben mantener una senda de moderación en su crecimiento, como el establecido en el actual acuerdo de negociación colectiva (AENC), con una extensión a un periodo temporal más amplio, pero el esfuerzo será baldío y contraproducente si no está acompañado de un compromiso firme de contención de los beneficios empresariales y un esfuerzo adicional de inversión de los excedentes obtenidos para ampliar y mejorar el tejido productivo español", aseguran.

Toxo y Méndez condicionan también el mantenimiento a futuro de la moderación salarial al desbloqueo de la negociación colectiva, para poder suscribir así los convenios correspondientes a 2011. Según denuncian, este retraso en los convenios está afectando al poder adquisitivo de los trabajadores, que ven crecer sus sueldos por debajo de la inflación, lo que a su vez merma las posibilidades de reactivación económica. Los dirigentes sindicales también piden a Zapatero que cumpla el acuerdo sobre funcionarios.

El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.

Recientemente, el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a sindicatos y patronal que alcancen un acuerdo sobre rentas que dé lugar a una mayor moderación salarial y a la reinversión de parte de los beneficios empresariales para generar empleo. Rubalcaba instó, en este sentido, a que, en el marco de la autonomía de las partes, se comience por revisar el acuerdo salarial recogido en el AENC para los años 2010-2012.

CONTROL SOBRE LOS PRECIOS.

En su carta a Zapatero, los líderes sindicales aseguran que la economía española debe aprovechar "todas las bazas disponibles" para mejorar su cuota de mercado nacional e internacional. Con ese objetivo consideran imprescindible conseguir un "estricto" control de los precios de los bienes y servicios nacionales para que evolucionen de manera "razonable" y todo ello, dicen, debe hacerse "con la colaboración de todos los agentes económicos" con influencia en el proceso.

Para Toxo y Méndez, es especialmente importante controlar los precios en algunos bienes que tienen mucha influencia en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas, como la energía, el transporte público y los alimentos. "El esfuerzo en esos apartados debe ser especialmente intenso, mediante incluso el uso de una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo", alegan.

Los dirigentes de CC.OO. y UGT instan además a una recapitalización "rápida" del sistema financiero para conseguir normalizar los canales de crédito, así como a acometer reformas que racionalicen el gasto público y reduzcan las duplicidades entre administraciones.

Al mismo tiempo, consideran imprescindible mejorar los ingresos públicos para sostener un nivel de gasto adecuado a las necesidades del país. "Los compromisos de austeridad se concretan en alcanzar saldos sostenibles, no en la mera reducción de la presencia del sector público en la economía", argumentan.

CAMBIOS FISCALES.

En materia fiscal, Toxo y Méndez piden que la lucha contra el fraude fiscal se convierta "en seña de identidad" de todas las administraciones públicas, que se reinstauren los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Patrimonio y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que se modifique el sistema de estimación objetiva de las rentas de actividades económicas dentro del IRPF, y que se implante una tarifa progresiva de entre el 15% y el 25% de la tributación de los rendimientos del ahorro y plusvalías en el IRPF.

Asimismo, reclaman que se iguale el tipo de gravamen efectivo y ordinario en el Impuesto de Sociedades mediante la eliminación de las deducciones fiscales.

Toxo y Méndez explican que la racionalización del gasto y los mayores ingresos permitirían al sector público hacer hincapié en las políticas de protección a las personas en peor situación (desempleados y gente en peligro de exclusión social) y a los jubilados, "que no deben sufrir recortes en su poder adquisitivo".

En materia de vivienda, piden que se aborde una política "ambiciosa" para fomentar el alquiler, y en el plano laboral, los dirigentes sindicales lanzan un aviso al Gobierno: la contratación a tiempo parcial puede ayudar a crear empleo, "pero en ningún caso" debe convertirse en el principal mecanismo de entrada al mercado laboral sin contar con los derechos adecuados en las condiciones de trabajo y protección social de los trabajadores.

Para Toxo y Méndez, la política económica tiene que estar dirigida en su totalidad a crear empleo, pero con esfuerzos equilibrados, de tal manera que las personas en peor situación no asuman el mayor coste de la crisis.

En su opinión, el empeño de generar empleo se debe redoblar para los jóvenes, apoyándose en el sistema educativo, pero también en la formación, combinando la formación profesional con las prácticas remuneradas en las empresas.

Al mismo tiempo que fijan la generación de empleo como el objetivo principal de la política económica, Toxo y Méndez recuerdan a Zapatero la necesidad de garantizar la protección a los parados, teniendo en cuenta además que muchos han agotado ya sus prestaciones.

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No están las cosas en sanidad como para hacer desaparecer el “céntimo sanitario”

UGT reclama al Gobierno de Cascos más impuestos para pagar la sanidad

Pide mantener el 'céntimo sanitario' y las tasas por actos jurídicos y transmisiones patrimoniales

Foto: El secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, ayer, en el stand del sindicato en la Feria de Muestras.

17.08.11 - D. FIGAREDO / D. DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

El secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, definió de forma clara y precisa su receta para superar las dificultades económicas tanto del Principado como del conjunto de España: «La crisis la deben pagar quienes la produjeron, no los trabajadores». Por ello, UGT advirtió del «otoño caliente» que se avecina «en defensa de los sectores públicos esenciales», si «la poda» de la Administración que propone Álvarez-Cascos alcanza las ramas de sanidad o educación. El sindicato rechaza el copago, pide más impuestos para financiar la sanidad asturiana y le pide al nuevo Gobierno que mantenga las tasas por actos jurídicos y transmisiones patrimoniales. Y mientras el sindicato amenazaba con movilizaciones, desde la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) volvían a reclamar más ajustes que ayuden a atajar los «alarmantes» niveles de morosidad de las administraciones públicas que, recuerda su presidente, Severino García Vigón, «está poniendo en peligro la supervivencia de las empresas». Aunque los autónomos y el sector de la construcción son los principales perjudicados por los impagos del Estado, el Principado y los ayuntamientos de la región, en conjunto, las tres administraciones adeudan a las empresas cerca de 900 millones de euros a las empresas asturianas.

En el ámbito de los impagos, a los empresarios les preocupa, sobre todo, la situación de los ayuntamientos a la que urgen pedir créditos al ICO para pagar sus deudas. A Rodríguez Braga le preocupa la situación económica en general y así lo puso de manifiesto durante el exhaustivo repaso que realizó en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Destacó las «bajas tasas de actividad -51,8%- y de empleo -42,7%-, que están ocho y cinco puntos, respectivamente, por debajo de la media nacional». Además, calificó el actual nivel de desempleo en el Principado de «inasumible». «Más de 58.000 asturianos están en el paro, el doble de los que había en 2008, cuando empezó la crisis», apuntó.

Asimismo, el secretario general de UGT en Asturias criticó «el estancamiento» de los sectores energético e industrial, «auténticos tractores de la economía asturiana». También tuvo palabras para las «muy importantes» organizaciones «dinamizadoras de la actividad económica: Idepa, Asturgar, Sogepsa y Servicio Público de Empleo», cuya «parálisis» está lastrando la recuperación económica.

En este sentido, Rodríguez Braga recordó que «el Gobierno acaba de llegar» pero también le reprochó que «algunas cosas se están llevando con excesiva calma dada la situación del Principado». Además, aludió a la configuración del Parlamento regional, «dónde Foro gobierna en minoría» por lo que considera «fundamental» que exista «un acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales».

Nuevo plan de concertación

UGT reclamó también al nuevo Gobierno de Álvarez-Cascos que concrete «su apuesta por el diálogo social» con un nuevo plan de concertación regional para 2012 y con validez hasta 2015, ya que, recordó, «el ACEBA -acrónimo de Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias- finaliza el 31 de diciembre».

Además, Rodríguez Braga se preguntó si el Ejecutivo de Foro Asturias «cumplirá con las medidas que se recogen en el plan actual y que todavía no han sido implementadas», y cifró en 527 millones «lo que queda por invertir en infraestructuras, según el ACEBA.

Con todo, el secretario general de UGT en Asturias pidió a Álvarez-Cascos que se celebre «la reunión que pedimos el 22 de julio y que aún no sabemos cuándo se llevará finalmente a cabo».

Las medidas que propone el sindicato para labrar un futuro estable en la economía asturiana pasan por «no eliminar el céntimo sanitario» como pretende el Gobierno regional, además de «recuperar otros como el impuesto de transmisión de patrimonios y el de sucesiones», explicó Rodríguez Braga. Todo ello arropado por una reforma en la fiscalidad que asegure «una política fiscal progresiva y más justa», donde «paguen más los que más tienen», sentenció.

Respecto a la reciente defensa que la Fade hizo del copago como «única forma» de solucionar el déficit sanitario del Principado, Rodríguez Braga señaló que dicho modelo «no va a solucionar el problema de la Sanidad». «Hay que atacar el problema desde los impuestos, no desde la reducción de la calidad», concluyó.

De esta forma, desde UGT se quiso «llamar la atención» sobre «la radicalización» de la patronal, «que está cerca de las políticas de la derecha», ya que pide que se hagan reformas «más agresivas para recortar servicios y derechos laborales».

Los empleados de la Administración, ante los ajustes pedidos por el FMI

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Los funcionarios no deben ser «los paganos de la crisis», replican los sindicatos al FMI

Las centrales de la región se movilizarán si se recortan más los salarios, como pide el Fondo Monetario Internacional
La plantilla del sector público sigue creciendo en Asturias pese a la recesión, según la Encuesta de Población Activa

Oviedo, María José IGLESIAS, en La Nueva España

Los sindicatos cargaron ayer en Asturias contra la sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de recortar más los salarios de los funcionarios, recomendación que, para reforzar el ajuste del gasto, ha formulado el organismo multilateral un año después de que España rebajase un 5% los sueldos de los empleados públicos, los funcionarios, el colectivo, un 16% de la población activa en España, entre ellos los 62.000 trabajadores que según los registros oficiales tiene el conjunto de la Administración en Asturias.

La amenaza de otro «tijeretazo» ha sentado como un jarro de agua fría en las filas de los sindicatos UGT, CC OO y Conceyu por otra Función Pública en Asturias (COFPA), que ayer denunciaron lo «injusto» que les parece que los funcionarios sean los «paganos de la crisis». A pesar de la crisis y de los anuncios de recortes, el número de asalariados públicos creció en Asturias durante el último año, según indican los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra en más de 77.000 los ocupados vinculados al sector público, incluidas las empresas ligadas a la Administración.

Luis Ángel Ardura, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT Asturias, calificó «indecente» que el FMI sea ahora juez y parte «para que paguen siempre los funcionarios, por el mero hecho de ser trabajadores fijos», señaló. Ardura añadió que el salario medio ronda los 1.100 euros, y en Asturias es más bajo que en el resto de España. «Llueve sobre mojado y no vamos a permitir que se nos ponga de paganinis», recalcó.

Antonio Pino, secretario general de CC OO en Asturias, aseguró que el Gobierno no debería hacer caso a las indicaciones del FMI, que, sostiene, inciden en las políticas neoliberales y descargan los costes de la crisis sobre las rentas más bajas. «Un Ejecutivo de izquierdas, y el que hay de momento en España lo es, no tendría que aplicar esas medidas», comentó.

Javier Álvarez Villa, portavoz de COFPA, entidad que agrupa exclusivamente a funcionarios del Principado, remarcó que el colectivo de funcionarios no es homogéneo: «Hay muchos ganando 1.000 euros y luego una élite que pasa de los 3.000; una nueva rebaja general, aparte de no estar justificada, podría afectar a gente que ya tiene pocos ingresos; nos parece una medida demagógica y populista», señaló.

El coste de las nóminas públicas superó en 2010 en España los 110.000 millones de euros, equivalente al 10,2% del PIB. Cada ciudadano aporta de media, a través de sus impuestos, unos 2.450 euros al año para mantener los sueldos de los trabajadores públicos, según señala el informe sobre competitividad y eficiencia económica de la OCDE.

No si me asusta más el que no se negocie nada o que se haga y los trabajadores afectados no nos enteremos de nada

Según explica Cabrera (Srio. General de la FSS-CCOO), en la reunión que se tuvo hoy día 28 de Julio con la Ministra de Sanidad, Leire Pajín, “…se ha acordado constituir la Mesa Sectorial en la primera semana de septiembre, en la que los sindicatos y las administraciones negociarán la normativa básica relativa al personal el Sistema Nacional de Salud…”

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Con estos simples “mimbres informativos” difícilmente se puede construir nada coherente… ¿será que van a hacer un nuevo Estatuto Marco?... porque de la Mesa Sectorial de la que están hablando es la estatal … ¿no valen el estatuto que tenemos o el posterior EBEP?... ¡¡pero si no se cumplen ni las leyes ni menos aún los acuerdos!!... ¿intentarán avanzar en las clásicas demandas de unificar y homologar un catálogo de categorías profesionales para todo el SNS, o en un modelo de carrera profesional que permita la circulación de profesionales por el conjunto del Sistema sin necesidad de merma económica, o inseguridad en cuanto a su aplicación…o será de unas retribuciones y unas condiciones laborales similares para todos en el conjunto del Estado…?. ¡¡Malos tiempos para que de cualquier negociación salgan avances o conquistas…!! y menos sin implicar a los trabajadores y con la que está cayendo en Cataluña… ¡¡Virgencita, virgencita, que me dejen como estoy… por el momento!!

Primer contacto de los sindicatos mayoritarios con el consejero de economía y empleo

El nuevo Gobierno promete a UGT y CC OO que cumplirá la concertación

Los agentes sociales piden una reunión con el presidente regional para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo

Foto: Mar Celemín, Emilia Escudero y Abel Suárez, frente a la Consejería de Economía y Empleo, tras la reunión con el consejero.
26.07.11 - E. ARENAS | OVIEDO, en El Comercio.
El Gobierno regional está comprometido con el diálogo social y prevé cumplir el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA). Así lo afirmaron ayer los sindicatos UGT y CC OO tras reunirse por vez primera con el consejero de Economía y Empleo del Principado, José Manuel Rivero.
El Ejecutivo había convocado a los sindicatos mayoritarios para hablar sobre el diálogo social y en una reunión de apenas media hora, la Administración regional transmitió a los representantes de los trabajadores su «voluntad política» de sacar adelante un nuevo proyecto de concertación social, así como de cumplir el actual ACEBA, firmado en enero de 2008, y que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. «Estamos satisfechos con lo que nos dijo el consejero», señalaron los sindicatos, «pero ahora falta que se pase de las palabras a los hechos, porque Asturias no puede permitirse dejar pasar los días sin aplicar políticas que hagan frente a esta situación económica».
La reunión entre sindicatos y la nueva Administración regional tuvo lugar en la sede de la Consejería de Economía y Empleo y a la misma asistieron la responsable de Acción Sindical, Mar Celemín y el secretario de Organización, Abel Suárez, por UGT, y la secretaria de Organización, Emilia Escudero y el secretario de Políticas de Desarrollo, Gilberto García Buelga, por CC OO. Además del consejero a la reunión asistió también el viceconsejero de Política Sectorial, Jesús Rubio.
El nuevo diálogo social
Los representantes de los trabajadores entregaron al consejero un escrito en el que piden al presidente del Gobierno regional, Francisco Álvarez-Cascos, que convoque a los secretarios generales de los dos sindicatos para iniciar la negociación de un nuevo diálogo social. La respuesta de José Manuel Rivero, según exxplicaron los sindicatos, fue que «el Gobierno quiere mantener vivo el diálogo social en la región y analizar el cumplimiento del ACEBA firmado por el anterior Gobierno regional». En este último caso, los sindicatos también se mostraron satisfechos por las respuestas del consejero, aunque con ciertas cautelas. Sí destacaron que «si plantean modificaciones se han comprometido a negociarlas con los agentes sociales».
El último Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias fue firmado al inicio de 2008 entre el Gobierno regional, la patronal y los sindicatos y preveía movilizar hasta finales de este año cerca de 3.700 millones de euros, un 50% más que en el suscrito durante la legislatura anterior. Del total de recursos contemplados en ese acuerdo, las mayores inversiones correspondían al capítulo de infraestructuras, con 2.319 millones.
Los sindicatos no evaluaron ayer las partidas del ACEBA que están aún pendientes de ejecución y señalaron que el propio consejero había solicitado información al respecto para su estudio. Según explicó Emilia Escudero, «hemos preguntado qué va a pasar con las partidas presupuestarias pendientes y nos ha respondido que primero van a estudiar el acuerdo y si hay que modificarlo se negociará con los agentes sociales».
Comisiones Obreras recordó también que pese a que el ACEBA está firmado por el Gobierno anterior su cumplimiento «es obligatorio porque las leyes no se renuevan cada vez que hay un cambio de Gobierno».
Mar Celemín destacó, por su parte, que «hay voluntad política para mantener el acuerdo», pero señaló que «el nuevo Gobierno se encuentra todavía en el proceso de estudiarlo».
La responsable de Acción Sindical de UGT señaló, sobre la propuesta del salario joven de Foro Asturias, que «lo valoraremos en su día porque hay que estudiar con calma lo que entraña esta medida».

Cinco accidentes este mes con el resultado de otras tantas vidas truncadas

CCOO advierte de que la prevención de riesgos está siendo descuidada y pide responsabilidad y vigilancia

SINIESTRALIDAD LABORAL "ALARMANTE"

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Asturias ha advertido este jueves de que la crisis económica, unida a otros factores de riesgo como son los trabajos en altura, está generando consecuencias dramáticas para los trabajadores.
A través de un comunicado, el sindicato ha recordado que este mes cinco personas han perdido la vida en la región, la última, este miércoles al caer de una antena repetidora de más de veinte metros de altura, en Siero.
El responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, Jesús Alonso, se ha referido a estos días como "los más funestos del año en cuanto a siniestralidad laboral se refiere". El responsable sindical ha lamentado que "la prevención de los riesgos está siendo relegada a un segundo plano y ha considerado "imprescindible compatibilizar la defensa del empleo con el respeto a las normas y con las políticas preventivas, especialmente en las actividades de riesgo".
Por último, Alonso ha trasladado su apoyo y solidaridad a los familiares del último fallecido, y ha subrayado que de los cinco accidentes mortales registrados en julio, tres fueron por caídas de distinto nivel.
Por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad empresarial" y ha reclamado a la Administración "que cumpla con su función de vigilancia y control de las condiciones de trabajo que están generando esta siniestralidad alarmante".

Una “patata caliente” que alguien tendrá que desmentir o matizar ¿o no?

CC OO plantea que los pensionistas de rentas altas paguen por las medicinas

Propone también obtener financiación adicional incluyendo en el IRPF una prima por aseguramiento

Foto: Los pensionistas están eximidos de pagar los medicamentos. En la imagen, una farmacia de Gijón.

El Comercio. 20.07.11 -GIJÓN.

«No es fácil defender que los fármacos deban ser gratuitos para pensiones elevadas y no para un parado sin recursos», dice la Federación de Sanidad
No es la primera vez que algún responsable sanitario plantea modificar el actual copago farmacéutico como alternativa para aligerar la carga financiera de la sanidad pública. El titular de Salud saliente del Principado, Ramón Quirós, fue uno de los primeros consejeros en hacer público este planteamiento allá por 2007, algo que por cierto no cayó demasiado bien entonces en las filas del PSOE que entendían que se trataba de un asunto de calado nacional y no autonómico. Ahora es CC OO el que se suma al debate. En un informe elaborado en junio pasado por la Federación estatal de Sanidad y Servicios Sociales, el sindicato abre la puerta a la posibilidad de que los pensionistas de rentas altas comiencen a pagar por las medicinas que les prescriben los médicos de la red pública. La central entiende que «no es fácil defender que los fármacos tengan que ser gratuitos para un pensionista en razonable estado de salud y elevados ingresos, y no para un parado sin recursos y salud precaria». Asimismo, abunda en que «no tiene mucho sentido que trabajadores con salarios mínimos estén pagando los fármacos de jubilados de alto poder adquisitivo».
El actual sistema de copago farmacéutico exime de cualquier aportación económica a todas las personas que cobren una pensión, grupo en el que están incluidas también las prejubilaciones. El resto de la población debe abonar un 40% del precio del medicamento, al margen del ingreso y de la situación laboral que tenga (los parados no quedan exonerados de pago). En el trabajo titulado ’Avanzar hacia la sostenibilidad del sistema Nacional de Salud. Propuestas para su viabilidad presente y futura’, CC OO puntualiza a la hora de hablar del copago que no está a favor de implantar este sistema más allá del que ahora funciona para las medicinas. Rechaza otras alternativas que se llegaron a poner encima de la mesa como son el ticket moderador o el pago por determinados servicios ahora gratuitos.
El sistema no está en crisis
La Federación de Sanidad y Servicios Sanitarios recuerda que «cualquier fórmula de copago debe analizarse desde la perspectiva de su incidencia en función de la capacidad de pago de los sujetos, y de los efectos redistributivos que conlleva». Un sistema óptimo, opina, pasaría por encontrar una fórmula «progresiva que garantizara una escasa incidencia» en los ingresos de cada persona. CC OO excluiría del copago «aquellas prestaciones en las que la percepción del usuario infravalorara los beneficios derivados del servicio». Sin embargo, este sindicato si vería con buenos ojos que los pensionistas de rentas altas dejaran de recibir los fármacos de forma gratuita.
Los autores del estudio no creen que el Sistema Nacional de Salud esté en crisis, como apuntan otras voces, aunque reconoce que «si no se toman medidas a corto plazo, podemos asistir a un declive difícil de recuperar». CC OO teme que quienes sitúan a la sanidad pública al borde de la quiebra busquen en realidad «que el Estado abra sus fauces para avanzar hacia la privatización del sistema de salud».
Pero la ampliación del copago farmacéutico a los pensionistas de ingresos elevados no es la única propuesta de CC OO. También plantea la inclusión en el IRPF de una prima de aseguramiento que actuaría como fuente de financiación adicional. Se trataría, indican, de «una cantidad fija anual por el mero hecho de ser usuario potencial del sistema sanitario». Sería una suma inicialmente igual para todos los ciudadanos pero que podría ser objeto de variación por parte de las haciendas autonómicas, beneficiarias de la recaudación correspondiente. «De esta forma se aseguraría un montante fijo para el mantenimiento del servicio de salud, y quedarían exentas las rentas más bajas.
 

Centralizar las compras y fijar tiempos máximos de espera para todo el pais

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Y en sanidad sin desarrollar una triste OPE desde que se asumieron las competencias hace 9 años

¿Apostando al que alguien vendrá que bueno me hará?

La inoportuna carta de Areces

«Encima, recochineo», responden los funcionarios a la misiva que les envió el Presidente felicitándoles por su profesionalidad y recordándoles los logros de su Gobierno en la Administración

Oviedo, J. A. ARDURA / E. L., en La Nueva España

Los sindicatos de funcionarios del Principado han recibido con una mezcla de perplejidad e indignación la carta que el presidente socialista Vicente Álvarez Areces ha remitido a los empleados públicos para despedirse, agradecerles su «trabajo, honestidad y lealtad», pero también para recordarles los logros que, a juicio del Presidente, puede apuntarse su Gobierno. Tras leer la carta, los sindicatos recuerdan los recortes salariales y la batalla judicial contra los nombramientos a dedo en esta última legislatura, y son contundentes: «Es una tomadura de pelo. Encima, recochineo».

Álvarez Areces escribe que durante sus doce años de Gobierno la Administración asturiana, a través del desarrollo de competencias, pasó de 6.000 a 36.000 empleados públicos, incorporando «servicios tan estratégicos como la sanidad, educación y justicia». El Presidente añade: «En este desarrollo he intentado a través de diversas medidas fortalecer la función pública y dignificar el trabajo en la Administración. Y sigue: «Afrontamos épocas difíciles, pero también aprendimos a responder a los retos. Entre todos y desde la pluralidad hemos contribuido a desarrollar un modelo de Administración cercana, capaz de responder con eficacia a las necesidades de los asturianos y asturianas como así lo reconocen en la evaluación de los servicios públicos esenciales y en el alto desarrollo de la Administración electrónica».

El Presidente dedica sus mejores palabras a los funcionarios («Ha sido para mí un privilegio contar con un conjunto de empleados/as públicos que en los distintos campos de su actividad profesional ponen cada día lo mejor de sí mismos al servicio de Asturias») pero ni aun así consigue rebajar el enojo de los funcionarios. «Hicieron una gestión nefasta y ahora vienen con cartitas», afirma José Luis González, de USIPA. «Nos bajaron el sueldo, tuvimos que estar continuamente recurriéndolo todo, quitaron ayudas sociales que ahora tienen que pagar a los laborales y que no cobrarán los funcionarios, salvo sentencia, y encima pitorreo».

Javier Álvarez Villa, del Conceyu por otra Función Pública, rechaza también el contenido de la carta y precisa: «Contra lo que dice, no se dignificó nuestro trabajo, al contrario, se produjo una degeneración, un ataque al principio de imparcialidad que rige a la función pública. La carta es el colmo de la desfachatez».

Juan Gavira, de UGT, cree que frente al «idílico» panorama que describe Areces la realidad fue que «ni hubo transparencia, ni diálogo ni talante, hubo una judicialización permanente. Llegaron a hacer algo que nunca nadie antes hizo: despedir a una trabajadora laboral fija. Nadie lo puede hacer peor. Creo que los nuevos tendrán que entrenar mucho para empeorarlo».