TRIBUNALES

El caso de la niña fallecida por atragantarse con una palomita de maiz en la vía penal.

Identificados todos los médicos que trataron a la niña de Ibias fallecida en marzo

Foto: Los padres desconsolados, el día del funeral de la pequeña.

 

15.05.13 - L. M. | GIJÓN, en El Comercio.

 

Prometieron que no iban a descansar hasta que se aclarara la muerte de su hija y en esa lucha siguen. Los padres del bebé de 18 meses de Ibias que falleció en marzo presuntamente tras atragantarse con una palomita de maíz están a la espera de que un juzgado de Oviedo asuma las diligencias previas por la denuncia que, hace ya semanas, presentaron en el juzgado de Cangas del Narcea.

 

Mientras la vía penal del caso se encuentra en ese ’impase’, la familia sigue recopilando toda la documentación: informes médicos, forenses... Y ya han dado un paso importante, según explicó ayer el abogado de los padres, Ignacio Arévalo: «Están identificados todos los médicos» que trataron a la menor durante el periplo que ésta realizó por varios centros médicos y que concluyó en el Hospital Universitario Central de Asturias. Allí, en el área de cirugía pediátrica, «yo les insistí en que la niña se había tragado la palomita de maíz y no me creyeron. Me dijeron que para ellos la cría no tenía nada dentro», relataba el pasado mes de marzo la madre de la pequeña.

 

La cuestión es que la niña no fue sometida a una broncoscopia, intervención que, a juicio del abogado de la familia, debería habérsele practicado para extraerle el maíz. En el HUCA sólo le realizaron unas radiografías y le dieron el alta. «La enviaron a casa sin darme más explicaciones ni recomendaciones», señaló la madre. Seis días después, la niña despertó con tos y síntomas de ahogamiento. En el consultorio local intentaron reanimarla, pero no se pudo hacer nada por ella. La familia exige ahora que se depuren las posibles responsabilidades penales.

La familia de la niña atragantada con un grano de maíz demandará al HUCA

RTPA

La familia de la niña fallecida el pasado mes de marzo al atragantarse con un grano de maíz va a demandar a los responsables del servicio de cirugía pediátrica del HUCA, por supuesta negligencia.

 

La familia de la pequeña tiene desde hoy todos los informes médicos recopilados por los diferentes centros en los que recibió asistencia, y la autopsia en la que se dice textualmente que la niña murió al atragantarse con un cuerpo extraño, compatible con un grano de maíz.

 

Su defensa sostiene que en Oviedo no se le hizo una broncoscopia, una intervención con la que se hubiera podido extraer el cuerpo extraño que la pequeña de 18 meses tenía en un pulmón.

 

La familia no quieren dinero, asegura su abogado, solo pedir responsabilidades si las hubiera.

 

El caso pasará en los próximos días a un juzgado de Oviedo después de que la semana pasada el de Cangas del Narcea, se inhibiera en favor de la capital, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos que investigan.

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¿Por qué será que el gobierno de Rajoy no tiene tanto “celo” para proteger a los ciudadanos cómo a la Banca?... que pregunta más tonta, ¿verdad?

El Constitucional admite a trámite el recurso de Asturias contra el tributo estatal a la banca

El Principado cree que la decisión del tribunal «refuerza la posición» de la comunidad «en defensa de su autonomía financiera»

Foto: Los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez, y de Hacienda, Dolores Carcedo.

08.05.13 - AIDA COLLADO | OVIEDO, en El Comercio.

El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Principado contra el impuesto estatal a los depósitos bancarios. Además, dio traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno de España para que, en un plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas. De momento, el Principado ya ha manifestado que la decisión del Constitucional, que también admitió a trámite los recursos interpuestos por el Parlamento catalán y la Generalitat, «refuerza la posición de Asturias en defensa de su autonomía financiera».

Cabe recordar que el Ejecutivo asturiano acudió al tribunal para «proteger» su capacidad normativa en la creación de tributos autonómicos y «al apreciar una quiebra del principio de lealtad institucional». El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, aseveró ayer que dicha «lealtad institucional y el diálogo no están reñidos con la defensa cerrada de los derechos de los asturianos». Sabiendo ya en qué sentido se había pronunciado el TC, insistió en que la comunidad quiere «corresponsabilizarse» con el Estado de la capacidad tributaria de la región y lanzó algún que otro reproche: «A día de hoy, seguimos esperando una explicación por la creación de este tributo».

No fue el único en pronunciarse. Izquierda Unida también celebró la admisión a trámite del recurso, que para su coordinador general, Manuel González Orviz, es la «constatación de que existen indicios razonables para considerar que el objetivo del tributo nacional es evitar que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias, al tiempo que se pretende proteger a los bancos». En su opinión, el Tribunal Constitucional ve «al igual que nosotros» un intento de «fraude de ley» por parte del Ejecutivo central, al imponer «un impuesto, que a su vez no es un impuesto, con tasa cero».

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto el pasado mes de marzo, después de un dictamen favorable del Consejo Consultivo, que consideró que el artículo 19 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado era contrario a la Constitución y a la configuración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Tanto el órgano auxiliar como los servicios jurídicos del Principado coincidieron en argumentar que el gravamen del Estado «lesionaba el principio de equilibrio económico y presupuestario» de Asturias, donde sí iba a aplicarse el tributo a los depósitos bancarios con fines recaudatorios, para engrosar los ingresos de la Administración regional unos 30 millones de euros. Por otra parte, denunciaban una «discriminación arbitraria» con otras comunidades -Extremadura, Andalucía y Canarias- que teniendo un impuesto similar recibirían una compensación económica.

De este modo y además de rechazar el gravamen estatal, el Principado mantiene la defensa jurídica del impuesto aprobado por la Junta General, que fue paralizado también en el Constitucional por otro recurso, éste planteado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Constitucional admite el recurso del Principado al impuesto estatal de la banca

08.05.2013, Oviedo, J. A. A., en La Nueva España

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Asturias contra el impuesto de la banca creado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo regional cree que esa decisión del alto tribunal refuerza la defensa de la autonomía financiera de Asturias.

El Gobierno socialista presentó un recurso de inconstitucionalidad en marzo pasado, después de recibir el visto bueno del Consejo Consultivo del Principado, al entender que el impuesto estatal a la banca, de tipo cero, suponía un fraude a la Constitución, ya que vaciaba de contenido el ámbito de competencias de una autonomía, como la de Asturias, que había aprobado en el Parlamento un impuesto a la banca. Ese nuevo tributo permitía una recaudación anual de treinta millones. IU, uno de los partidos que sostienen al Ejecutivo regional, interpretó ayer la «luz verde» al recurso en la apreciación por el Constitucional de «indicios de fraude de ley por parte del Gobierno central del PP».

 

De un tipo cero, a una previsión de 250 millones de recaudación

08.05.13 - A. C. | GIJÓN, en El Comercio.

El tributo estatal a la banca nació siendo de tipo cero y sin ningún tipo de finalidad recaudatoria, según defendía el propio Gobierno de Rajoy. De ahí el enfado de las comunidades que ya aplicaban o planeaban aprobar su propio impuesto: los gobiernos regionales interpretaron que la creación de un nuevo gravamen para toda la nación, cuya aportación a las arcas del Estado era nula, sólo podía ser un modo de cercenar su capacidad recaudatoria. Sin embargo, el Ejecutivo central cambió de opinión y, hace once días, el Consejo de Ministros aprobó poner el tributo en marcha en 2014 con un tipo que «no será elevado», pero con el que se pretenden recaudar -aclaró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- unos 250 millones que servirán para luchar contra el déficit.

No mucho antes, el pasado 20 de marzo, había dicho que el tipo del tributo oscilaría entre el 0,1 y el 0,2% y carecería de intención recaudatoria, ya que sólo estaría dirigido a obtener recursos con los que compensar a las autonomías que ya tenían este gravamen -Extremadura, Andalucía y Canarias-, pero excluyendo al Principado, la última en desarrollarlo.

Quizá por eso, al Gobierno regional no le tomó por sorpresa la última decisión del Consejo de Ministros ni los matices de Montoro. El Principado apenas tardó en anunciar que, a pesar de todo, mantendría su recurso contra el tributo estatal ante el Tribunal Constitucional, con la esperanza de poder aplicar su propio impuesto.

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Poco a poco los pleitos con el gobierno central se multiplican no dan opción a nada más que a la confrontación.

 

El Principado denunciará al Gobierno por incumplimiento del convenio de los fondos mineros

 

Foto: La zanja abierta en el centro de La Felguera para el túnel de soterramiento de las vías de Feve.

 

RTPA

El Gobierno del Principado presentará un recurso por la vía contencioso-administrativa contra la administración central para exigir el cumplimiento de los convenios caducados en 2012 y pendientes de ejecutar con cargo a los fondos mineros, que suman una inversión de 56,6 millones de euros.

Según ha anunciado hoy (por ayer) el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, entre los proyectos objetos de estos convenios figura el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, que contaba con un presupuesto de 50 millones de euros y cuya financiación corría íntegramente a cargo del Estado.

La relación de proyectos por los que ahora se presentará recurso incluyen también la construcción de una piscina en San Julián de Bimenes (1,6 millones); el centro de empresa y servicios a polígono fábrica de Mieres (1,2 millones), el aparcamiento subterráneo de Oñón (1,6 millones) y el polideportivo en Caborana, en Aller, (2 millones).

Se trata del segundo procedimiento judicial puesto en marcha por el Principado por el incumplimiento por parte del Ejecutivo central de los convenios que financiaban iniciativas de desarrollos económicos y equipamientos en las comarcas mineras y que tenían un presupuesto global de 213 millones de euros.

En el primer procedimiento, que se encuentra pendiente de sentencia, se impugnaban los convenios caducados en 2011 y, en esta ocasión, serán los propios servicios jurídicos del Principado los que interpongan el recurso contencioso-administrativo.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que el anterior Gobierno regional se tramitó ante un tribunal incompetente, la Audiencia Nacional, lo que originó, según el gabinete que preside Javier Fernández, un retraso y perjuicios en su tramitación.

La presentación del recurso fue encargada entonces a un estudio jurídico de la Universidad Carlos III de Madrid por importe de 15.253 euros y el actual Ejecutivo, ante el riesgo de que los recursos no pudiesen interponerse en el plazo legal, tuvo que encomendarle además la preparación e interposición de los nuevos por una cantidad similar.

 

El soterramiento también se queda sin fondos

El Gobierno central suprime la financiación al caducar el convenio sin concluir la obra por sus «importantes retrasos» y deja en manos del Principado la ejecución del proyecto

Langreo, M. A., en La Nueva España

El soterramiento de las vías de Feve en Langreo no recibirá más fondos mineros. El Gobierno central suspende las inversiones al haber caducado el convenio sin que las obras hayan concluido. Esta decisión, comunicada al PSOE en una respuesta parlamentaria en el Congreso, deja en el aire el proyecto, que ahora dependerá de la voluntad de financiarlo por el Principado. Tras el último modificado, que provocó un sobrecoste de 11 millones de euros, el nuevo tendido ferroviario requiere 65 millones.

El Ministerio de Industria justifica la retirada de los fondos mineros al soterramiento de Langreo por el retraso de la obra. En su respuesta, recuerda que el convenio fue firmado el 28 de julio de 2006 entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado con un presupuesto de 50 millones. La vigencia de este acuerdo concluía el 28 de julio de 2010. Vencida esta fecha, el Gobierno asturiano solicitó una prórroga hasta el año 2012.

Ante estos retrasos, «y dado que la actuación no se ha finalizado antes del 31 de diciembre de 2012, fecha en que perdió su periodo de vigencia» el Gobierno central afirma que, «de acuerdo con la normativa vigente, no es posible volver a prorrogar más su periodo de ejecución». La consecuencia es que la obra no recibirá más ayudas del Plan de la Minería y su conclusión queda en el aire. Los fondos correspondientes a 2013, según el Gobierno, «se aplicarán prioritariamente y dentro de las disponibilidades presupuestarias a actuaciones de convenios en vigor y en ejecución».

También existen discrepancias sobre el grado de ejecución de los trabajos. El Ministerio de Industria afirma que el Principado sólo ha certificado el 25% de la actuación con la liquidación de 12,5 millones. El Gobierno asturiano eleva hasta el 45% el desarrollo de la obra.

El diputado socialista Antonio Trevín, que formuló la pregunta, afirma que el Gobierno de España «vuelve a incumplir con Asturias y, especialmente, con sus comarcas mineras». El caso del soterramiento del ferrocarril en Langreo supone, según el diputado, una triple afrenta: «Por el carácter emblemático del proyecto, por la apuesta que supone para la modernización urbanística del Concejo y por la cuantía del mismo». También acusa a Industria de buscar «disculpas que no se corresponden con la realidad» lo que demostraría que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «no sólo pretende dejar en la mínima expresión la actividad minera a partir de 2015 sino que además abandona, a su suerte, los territorios mineros negándoles la posibilidad de modernizar sus infraestructuras para impulsar nuevas actividades económicas». Trevín también señala que la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, está obligada a explicar «tanto la cerrazón del Ministerio con Asturias, como el agravio que supone el apoyo que está dando a proyectos en Aragón y Castilla y León, muy por encima del porcentaje del reparto anual de fondos».

El Principado exige 56 millones de fondos al Gobierno por vía judicial

Es la segunda demanda presentada por Asturias contra el Ejecutivo del PP para reclamar las subvenciones mineras

01.05.2013, Oviedo, J. A. A. / L. M. D., en La Nueva España

El Principado de Asturias anunció ayer, tras la celebración del Consejo de Gobierno, su decisión de «encargar a los servicios jurídicos» propios que se presente «un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa» para que el Gobierno central «cumpla con sus obligaciones pendientes en la ejecución de proyectos» que deben financiarse con fondos mineros, y que están acabados o en marcha. Esta demanda se encargaría de los fondos mineros de «los convenios caducados en 2012», unas actuaciones que suman más de 56,6 millones de euros.

La reclamación de los fondos mineros de 2012 se suma a la iniciada por el gobierno anterior, de Francisco Álvarez-Cascos, sobre los convenios caducados correspondientes a 2011, por un importe global de 213 millones. Esa reclamación sigue viva en el tribunal central de lo contencioso-administrativo, según detalló meses atrás el presidente del Principado, Javier Fernández, a una pregunta formulada por su antecesor, el líder de Foro, en el parlamento regional. El gobierno forista había encargado esa reclamación judicial a un despacho de abogados, que presentó la primera reclamación ante la Audiencia Nacional, tribunal que se inhibió en ese proceso al sostener que no era el tribunal competente. Tras el relevo en el Gobierno regional, el ejecutivo socialista decidió mantener esa reclamación ante la jurisdicción competente, el tribunal central de lo contencioso-administrativo.

El Principado, en ese caso, sigue representado por el despacho de abogados que había iniciado la reclamación judicial, mientras que en el nuevo pleito, correspondiente a los proyectos caducados de 2012, la administración regional estará representada por sus propios servicios jurídicos. El Ejecutivo alega que no puede financiar obras con convenios caducados.

En este nuevo pleito por el cumplimiento de los compromisos de los fondos mineros, el Principado exige que el Gobierno de Mariano Rajoy continúe financiando cinco proyectos que se estuvieron desarrollando a lo largo del año 2012. El más importante de ellos es el soterramiento de las vías de Feve en Langreo, al que el Estado debería destinar algo más de 50 millones de euros, según el Ejecutivo regional. A ese proyecto se une la construcción de la piscina de San Julián de Bimenes, que con un presupuesto de 1.625.272 euros tenía que ser financiada al 100% por el Estado; la ejecución del aparcamiento subterráneo de la zona de Oñón (Mieres), valorado en casi 1,7 millones de euros; el polideportivo de Caborana, en Aller, un proyecto de 2.039.915, que también iba a ser financiado en su totalidad con los fondos mineros. El quinto proyecto por el que se reclama es el centro de empresas y servicios del polígono Fábrica de Mieres, valorado en 1,2 millones de euros, de los cuales la administración central debía sufragar 909.630 euros.

 

Reclamaciones judiciales

01.05.2013, en La Nueva España

Proyectos de 2012

El Principado de Asturias anunció ayer que va a presentar una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa para exigir al Gobierno central del PP que pague obras de los fondos mineros de convenios caducados en 2012. Son obras valoradas en más de 56,6 millones de euros.

Segunda demanda

Se trata de la segunda demanda de este tipo presentada por el Principado. La primera, correspondiente a obras de fondos mineros de 2011 y anteriores, la presentó el Gobierno de Foro Asturias. A su llegada al poder, los socialistas siguieron adelante con la reclamación judicial. En este caso, son obras que suman un montante de 213 millones.

Las obras que se exigen

Se trata de cinco proyectos, ejecutados, en obra o con los trabajos ya adjudicados o en tramitación.

Soterramiento de las vías de Feve en Langreo: el Estado debería financiar más de 50 millones de euros.

Parking de Oñón: el aparcamiento subterráneo mierense tiene un coste de 1,7 millones.

Piscina de San Julián de Bimenes: el polémico equipamiento deportivo cuesta más de 1,6 millones de euros.

Polideportivo de Caborana: el coste es de 2,04 millones.

Centro de empresas del polígono Fábrica de Mieres: el Estado debería aportar 909.000 euros.

Los beneficios de la explotación para la gestión privada (ellos), las pérdidas, en este caso por responsabilidad patrimonial aunque derivada de una mala praxis, para la pública (es decir, todos nosotros)

Lasquetty indemnizará a una familia por una negligencia cometida en un hospital gestionado por Capio

Madrid pagará más de 125.000 euros a un niño que desarrolló una enfermedad vascular irreversible por no diagnosticarle a tiempo.

El TSJM señala que la mala praxis resultó "muy económica" para el centro.

El menor terminó en el público de La Paz.

Foto: El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty…

PAULA DÍAZ, Madrid, en Público. es.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar una indemnización a una familia cuyo hijo fue víctima de una negligencia cometida en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro de Madrid. La Consejería de Sanidad que dirige Javier Fernández Lasquetty, tendrá que responsabilizarse, por tanto, de un error que tuvo lugar en uno de los hospitales públicos de gestión privada de la región: la empresa Capio controla todo el personal (sanitario y no sanitario) de dicho centro.

La cuantía a la que tendrá que hacer frente la Administración pública -que no la compañía privada- asciende a 125.054,47 euros para el menor perjudicado, así como a otros 10.000 euros para sus progenitores en concepto de daños morales.

"Hemos de tener en cuenta, para determinar el importe de la indemnización, la gravedad de la negligencia en la prestación sanitaria, muy económica para el Hospital Infanta Elena de Valdemoro", destacan los miembros del tribunal en el documento de la sentencia, fechada el pasado 14 de marzo de 2013 [ver pdf, aquí]. Y es que, según los informes periciales del caso, las secuelas que le han quedado al pequeño, nacido en 2008 en el citado hospital, derivan de la no utilización "de los medios diagnósticos necesarios", la "desatención" del niño y "la demora en la corrección quirúrgica". Al final, el afectado fue correctamente diagnosticado e intervenido en el Hospital público de La Paz.

La víctima de esta mala praxis -o "infracción de lex artis", en términos jurídicos- fue atendida por el Hospital de Valdemoro, donde nació, en 2008, desde el 28 de marzo hasta el 7 de noviembre de dicho año, según los denunciantes. Ante la falta de mejoría, ese mismo día, los padres trasladaron al pequeño al Hospital Intanil Niño Jesús de Madrid. De ahí fue remitido al Servicio de Cardiología Pediátrica de La Paz, donde fue operado de su cardiopatía congénita y de donde salió, en diciembre de 2008, con secuelas.

El informe aportado por los progenitores en su denuncia, realizado por un experto en Medicina Legal y Forense, concluye que hubo varios errores diagnósticos en Valdemoro: "en la consulta de cardiología pediátrica, el 30 de abril, donde se realiza un ecocardiograma informado como "corazón normal'" mientras "el menor presentaba síntomas que tenían que haber hecho sospechar la existencia de una patología". "Dichos síntomas se repitieron desde el día 8 de junio de 2008 hasta el 5 de julio", continúa el escrito. Al día siguiente, el pequeño es hospitalizado con dificultad respiratoria. Tres días después recibe el alta "con diagnóstico de bronquitis aguda e intolerancia oral sin que conste que se realizase prueba de imagen diagnóstica para descartar patología cardiaca alguna", sentencia. Ya en septiembre de ese mismo año, el bebé vuelve a ser ingresado, entre otros síntomas, con un "soplo sistólico" que fue estabilizado antes de volver a darle el alta con un diagnóstico de "asma intrínsica". ¿Su conclusión? "Que ha existido un error diagnóstico continuado por falta de medios; que la asistencia del Hospital de Valdemoro no es acorde a la lex artis ad hoc y por esta causa se produjo una demora importante en la necesaria corrección quirúrgica de la malformación congénita".

En la misma línea se expresa también el informe de la Inspección Sanitaria. "El niño, de 7 meses y medio de edad, el 7 de noviembre de 2008, acude al servicio de urgencias del Hospital Niño Jesús por dificultad respiratoria [...] El mismo día ingresa en el Servicio de Cargiología Pediátrica del Hospital La Paz, donde se decide la reparación quirúrgica del defecto, que se tuvo que posponer hasta el 3 de diciembre de 2008 por el estado infeccioso que presentaba", detalla.

Aunque este experto independiente asegura que "la ventana aortopulmonar es un defecto cardiaco raro y su diagnóstico puede ser difícil", también apunta a que el pequeño "había sido atendido en varias ocasiones en el Hospital de Valdemoro sin detectar la malformación congénita, que, como tal, está presente desde el nacimiento". "Hay que destacar que, a pesar de la progresiva evolución desfavorable, con dos visitas a urgencias y un ingreso hospitalario, con casi cuatro meses de edad, no se realizó ninguna prueba de imagen", señala. Sus conclusiones, también, reveladoras: "La actuación del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Elena de Valdemoro se puede decir que ha sido muy económica por no utilizar los medios diagnósticos necesarios. Y por la misma razón, no ajustada a lex artis". Además, continúa el documento, "a consecuencia de la falta de un diagnóstico precoz se produjo una demora importante en la necesaria corrección quirúrgica de la malformación congénita", concluye, coincidiendo con el experto contratado por los demandantes.

 

Contrainforme sin información

Los co-demandados (Comunidad de Madrid y Capio), por su parte,  intentaron defenderse con un contrainforme elaborado por una experta en Pericia Médica, entre otras especialidades. "La posible demora en el diagnóstico y tratamiento de la malformación de ventana aorto-pulmonar no parece haber tenido, en base al informe del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Elena, consecuencias irreversibles", comienza el texto. "No se aporta documentación clínica de evolución tras la intervención quirúrgica que permita considerar o negar la existencia de hipertensión pulmonar como secuela, no constando datos relevantes de alteración cardíaca debidos al posible retraso diagnóstico y terapéutico en el informe del Hospital de La Paz", continúa.

En un segundo informe elaborado por esta misma experta de la defensa, como ampliación de este primero, la doctora asegura que "no se ha podido acceder a los informes de revisiones del Hospital Capio Valdemoro", pero, aun así, determina que, con la información de La Paz, "se puede concluir que el paciente se encuentra asintomático en la última reivisión en mayo de 2011". Por todo ello, concluye que "no se consideran secuelas en relación al objeto de la demanda: asistencia prestada en Hospital Infanta Elena".

Pese a su argumentación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM alega que "las pruebas periciales no acreditan irrefutablemente un hecho, sino que expresan el juicio o convicción del perito". Además, el tribunal considera que "la valoración conjunta de la prueba" les lleva a concluir que "la asistencia prestada en el Hospital Infanta Elena no se ajustó "lex artis" por haberse dejado de utilizar los medios necesarios y al alcance del centro para diagnosticar y tratar prontamente la ventana aorto-pulmonar con que nació y de la que no fue intervenido sino a raíz de que sus padres lo llevaran al Hospital Niño Jesús".

Asimismo, los jueces consideran que el retraso en la operación sí tuvo "secuelas directamente relacionadas" que consideran "acreditadas" no sólo por el "motivado e imparcial" informe de la Inspección, sino también por el hecho de que "las partes demandada y codemandada deben asumir las consecuencias probatorias negativas de la falta de información", señala la sentencia en relación a la falta de informes argumentada por la propia defensa.

Por todo ello, el TSJM falla a favor de la víctima de negligencia, que actualmente tiene cinco años, y de sus padres, por "la gravedad de la negligencia, la pequeñísima edad de paciente, el largo tiempo que el niño sufrió las consecuencias de la desatención, las secuelas que le han quedado, así como la circunstancia de que la hipertensión pulmonar lleva a una enfermedad vascular irreversible, y el daño moral causado", enumera la sentencia. Sin embargo, el tribunal sólo estima parcialmente el recurso interpuesto por los padres del menor "ante el silencio administrativo" previo de ambos demandados, ya que considera sólo a la Comunidad de Madrid como única titular de la "responsabilidad patrimonial" de la negligencia cometida en el Hospital de Valdemoro.

El fallo es del Juzgado de lo social número 6 de Oviedo

REINTEGRO DE GASTOS

Un juez obliga al Sespa a pagar 24.000 euros por una operación en un centro privado

El Hospital Central carecía de experiencia en la intervención de columna y el Principado se negaba a abonar la factura

28.04.2013, Oviedo, P. Á., en La Nueva España.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) tendrá que abonar a un ovetense los 23.730 euros que le cobró la Clínica Universitaria de Navarra por una compleja e infrecuente operación de columna. Los traumatólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) habían declinado llevar a cabo la intervención por falta de experiencia en ese tipo de procesos, y el único centro público capacitado para ello, el Valle de Hebrón de Barcelona, rechazó al paciente alegando su larga lista de espera y que el enfermo no pertenecía a su ámbito de actuación.

La Administración asturiana se había negado a pagar al usuario el coste de la operación debido a que, previamente, había rechazado derivarlo a la Clínica de Navarra por no ser un hospital público. El paciente acudió a los tribunales, y el Juzgado de lo social número 6 de Oviedo le ha dado la razón en una sentencia fechada el pasado día 4. El reclamante fue defendido por la abogada Inmaculada González.

La patología que presentaba el enfermo era una pseudoartrosis de apófisis odontoides, de origen posiblemente congénito. Fue intervenido en el HUCA en junio de 2011, pero su situación se complicó en el posoperatorio y los traumatólogos se vieron obligados a reintervenir para retirarle el material quirúrgico que le habían implantado. Los especialistas del Hospital Central llegaron a reconocer en su informe final que no se habían enfrentado con anterioridad a un cuadro semejante, y que procedía derivar a otro centro al paciente «dada la gravedad de las posibles complicaciones quirúrgicas».

El demandante reclamó al juez los gastos de las futuras revisiones en Navarra, de los traslados desde Oviedo y los intereses de demora, pero el juez se limitó a ordenar que se le pague el coste de la intervención y las pruebas y revisiones ya realizadas.

Un tema con más de un recurso y todos ganados por Cesar Moris

Varapalo judicial conjunto a Foro y PSOE

El Tribunal Superior repone a César Morís al frente del área del corazón del HUCA, a la que casquistas y socialistas le habían negado el retorno

Foto: César Morís que ahora tendrá que ser repuesto en la dirección del área del corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

24.04.2013, Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de propiciar un varapalo con destinatario doble: Foro Asturias y el PSOE. La resolución judicial -fechada el pasado lunes- repone a César Morís en la dirección del área del corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los casquistas le habían denegado el retorno a este cargo y los socialistas habían recurrido una resolución judicial anterior que le daba la razón.

El doctor Morís ocupaba la dirección del área del corazón del HUCA cuando en 2007 fue nombrado director médico del HUCA bajo un Gobierno regional de signo socialista. En 2011, con la llegada de Foro al Ejecutivo, dejó la dirección médica y los casquistas rechazaron su pretensión de retornar a la responsabilidad que desempeñaba en 2007, sólo le permitieron volver a una jefatura de sección que había ocupado con anterioridad.

Fue entonces cuando el cardiólogo acudió a los tribunales y una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo del pasado diciembre le dio la razón: debía ser repuesto en la dirección del área del corazón. Sin embargo, esta resolución fue recurrida por el Servicio de Salud del Principado (Sespa), con la singularidad de que para entonces la Administración sanitaria estaba de nuevo dirigida por los socialistas, que eran precisamente quienes habían nombrado en su día al doctor Morís director médico del HUCA. Además, con su recurso las autoridades del PSOE defendían una medida adoptada por las de Foro.

La resolución dictada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirma en todos sus términos la sentencia anterior. Sostiene que la negativa a reponer a Morís en la dirección del área del corazón del HUCA vulnera tanto el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud como el plan de ordenación de recursos humanos del Sespa.

«Es innegable el derecho del apelado a retornar desde la situación de servicios especiales, en que cesa, al puesto de trabajo del que procedía, que resulta haber sido obtenido por el mismo sistema que aquél en el que se le concede la reincorporación y que tiene la misma naturaleza temporal en cuanto está igualmente sujeto a evaluaciones cuatrienales a efectos de continuidad», señala la Sala de lo Contencioso, que hace suyos los argumento de Domingo Villaamil, abogado del doctor Morís.

El Gobierno casquista había justificado la negativa a que Morís volviera a su cargo anterior argumentando que éste no era un puesto consolidado. Asimismo, la Consejería de Foro argüía que, en rigor, la plaza que el cardiólogo reclamaba ya no existía, ya que cuando él la dejó para acceder a la dirección médica del HUCA estaba en vigor la denominada área de gestión clínica del corazón, entidad que el Gobierno socialista convirtió, en 2009, en área de gestión clínica de cardiovascular. En marzo de 2012 el Ejecutivo de Foro desgajó de la misma el servicio de cirugía vascular y la sección de radiología vascular intervencionista, con lo que el área recuperó su rótulo inicial. En paralelo, lo que antaño era un puesto de coordinador del área se había convertido en un cargo de director, circunstancia que no ha sido óbice para que tanto el Juzgado como la Sala lo hayan considerado idéntico puesto de trabajo.

Pocas semanas antes de dejar el Gobierno, el equipo casquista publicó en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) la convocatoria para la provisión del puesto de director del área de gestión clínica del corazón del HUCA. Se preveía que a la plaza concurriesen, al menos, el propio César Morís y José Luis Rodríguez Lambert, quien había sido nombrado por los responsables de Foro director provisional del área cuando denegaron a Morís el retorno que solicitaba. A fecha de hoy, el proceso no ha dado paso alguno.

 

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Foto: Abogados de las víctimas de las prótesis PIP, ayer en Marsella.

Ana Teruel / María R. Sahuquillo, Paris / Madrid, en El País

Dos años después del estallido del caso de los implantes mamarios fraudulentos de la marca Poly Implant Prothèse (PIP), fabricados en parte con un gel industrial no homologado, hoy se abre en Marsella (Francia), el esperado juicio por engaño agravado y estafa. Es el primero al que se enfrenta Jean-Claude Mas, de 73 años, fundador de la empresa que exportó sus prótesis a medio mundo, en un escándalo sanitario que podría afectar a unas 300.000 mujeres, algunas de las cuales sufrieron infecciones, quistes o dolores por la rotura de los implantes. En paralelo, siguen abiertas las investigaciones por lesiones y homicidio involuntario tras la muerte de una paciente por un linfoma raro, y por bancarrota fraudulenta.

El proceso, que se celebrará hasta el 17 de mayo, lo han iniciado más de 5.000 querellantes —el 95% de ellas francesas—, representadas por unos 300 abogados. Pero cualquier paciente que haya llevado estos implantes puede sumarse a la parte civil hasta la víspera del alegato final —solo en Francia se calcula que hay unas 30.000—. La Fiscalía espera que un 10% de las afectadas acuda a Marsella, y para dar cabida a este macrojuicio, el tribunal se ha desplazado al centro de congresos de la ciudad, el Parc Chanot. Allí se ha preparado una sala de audiencia de 4.800 metros cuadrados, con capacidad para 700 personas, y tres salas anexas con vídeo transmisión y espacio para 830 personas. Un dispositivo con un coste estimado de 800.000 euros.

Al separar la causa abierta por lesiones y homicidio involuntario —la más grave y posiblemente la que requerirá una investigación más larga— de la de engaño y estafa, la justicia ha querido garantizar la celebración de un juicio de forma relativamente rápida, a diferencia de lo ocurrido con otros escándalos sanitarios. Esta es la primera ocasión que tienen las víctimas de verse cara a cara con el principal acusado, Jean-Claude Mas, quien ha admitido haber recurrido a un gel propio con un coste diez veces menor al declarado. Junto a él comparecen cuatro exdirectivos de la empresa. Se enfrentan a una posible pena de cinco años de cárcel.

El escándalo de las prótesis PIP, con dimensiones mundiales —Poly Implant Prothêse exportaba a más de 60 países—, ha evidenciado el escaso control de las autoridades sanitarias de los países de la UE: el fabricante es francés y el organismo que las auditó alemán. Los ligeros sistemas de vigilancia y la inexistencia de un registro de estos productos provocaron que las alertas sobre las incidencias detectadas no trascendieran. Se habían producido roturas, infecciones, quistes o dolores —en Reino Unido hubo, incluso, algún juicio por negligencia—, pero no fue hasta 2010, cuando las autoridades francesas dieron la primera alerta, y suspendieron su comercialización. Meses más tarde, tras investigar el problema y descubrir su magnitud, Francia tomaba una decisión sin precedentes y pedía a todas las portadoras de las PIP que acudieran a extraérselas; una indicación que repitieron Alemania, Holanda o Venezuela.

Tras el escándalo mayúsculo, Bruselas inició una reforma de la directiva de control de productos sanitarios destinada a endurecer la vigilancia.

“Lo ocurrido puso de manifiesto que el sistema de exámenes e inspecciones tiene amplias grietas”, incide el europarlamentario socialista español Andrés Perelló, miembro de la comisión de Salud y Medio Ambiente. Cuando la directiva tenga luz verde —está en los trámites finales— los 27 Estados miembro estarán obligados a establecer mecanismos más exhaustivos de vigilancia y a imponer inspecciones aleatorias y por sorpresa a los fabricantes. “Además, habrá más coordinación entre los países y con la Agencia Europea del Medicamento”, indica Perelló. “Esto no puede volver a ocurrir”, añade.

A Marie Conord le practicaron una reconstrucción mamaria en 2002 y 2004, en ambas ocasiones con implantes PIP, después de perder el pecho por un cáncer. Estaba de vacaciones cuando supo del escándalo. “No me sentí aludida”, explica. “Pensé que al haber sufrido un cáncer de mama no me podrían haber colocado una porquería como esa”. Cuando se entró de que las llevaba, no se lo podía creer. “Todo el sufrimiento pasado volvió de golpe, los dolores, las operaciones... Psicológicamente no tenía ganas de volver a empezar”, relata. “Tengo rabia, quiero que este juicio sirva para algo, que los responsables paguen, y sobre todo que se nos reconozca como víctimas”. En el banco de los acusados, muchas echan en falta la presencia de responsables de la firma de certificación alemana TÜV, que otorgó la homologación durante años —hacía los controles previo aviso— al fabricante francés y que se ha considerado finalmente víctima del fraude.

Cerca de la mitad de las 30.000 mujeres que en Francia han tenido un implante PIP se lo habían hecho extirpar a finales de 2012, según la Agencia del Medicamento y de los Productos Sanitarios francesa. Un cuarto de las prótesis tenía fallos: rotura en los dos tercios de los casos y filtración los restantes. Además, más de 2.500 pacientes sufrieron efectos adversos.

Nuestra situación actual...

“Las autoridades españolas nos han dejado abandonadas”

M. R. S., en El País

María G. aún se recupera de las secuelas que le han dejado las prótesis mamarias defectuosas que llevó durante años. Esta valenciana de 34 años es una de las alrededor de 18.500 mujeres que, según estimaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), recibieron los implantes Poly Implant Prothèse (solo el 4,2% se operó en la sanidad pública). Como ella, muchas han sufrido roturas e infecciones y han tenido que extraérselas.

La mayoría lo ha hecho por su cuenta. Pese al compromiso del Ministerio de Sanidad a finales de 2011 de que los servicios de salud cubrirían la intervención en caso de rotura —aunque no la sustitución de las prótesis—, las afectadas hablan de dificultades para acceder a esta prestación. “Las autoridades nos han dejado abandonadas. Ponen dificultades enormes para hacerse cargo de la intervención y los tiempos de espera para cualquier prueba son inasumibles”, dice María. Junto a otras más de 400 mujeres, miembros de la Plataforma de Afectadas por las PIP, ultiman una demanda colectiva contra las autoridades españolas por no haber controlado diligentemente este producto sanitario. “Fallaron los mecanismos de control”, dice.

España no tenía, como otros muchos países de la UE, un registro de prótesis y otro tipo de productos sanitarios sensibles para facilitar el control de incidencias como las que se detectaron con las PIP. Sanidad y la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE) lo está ultimando.

 

13 años al borde de la ley

Mayo 2000.

Las autoridades de EE UU concluyen que los implantes PIP están “adulterados”. Prohíben su venta.

 

Marzo 2010.

Francia detecta un nivel anormal de roturas de prótesis PIP. Prohíbe su venta, también en el extranjero. Le siguen cientos de denuncias civiles contra la empresa. La justicia investiga.

 

Septiembre 2010.

Las autoridades francesas recomiendan la retirada de los implantes si se sospecha su rotura. El Gobierno asume los costes en los casos de prótesis mamarias tras un cáncer.

 

Diciembre 2011.

La fiscalía investiga a la empresa por daños y homicidio involuntario tras recibir 2.000 quejas. Una mujer había muerto de cáncer tras la rotura de una prótesis en noviembre. Francia recomienda la retirada de todas las prótesis “de forma preventiva”. Le siguen Brasil, Finlandia e Italia. Una semana después, Francia anuncia 20 casos de cáncer en mujeres con prótesis PIP. La justicia italiana y británica investigan.

 

Enero 2012.

El distribuidor de químicos más grande del mundo, Brenntag, admite haber suministrado silicona industrial a PIP. El abogado de la empresa dice que los implantes defectuosos contienen gel alimentario. Jean-Claude Mas, fundador de PIP, reconoce en un interrogatorio haber utilizado gel no homologado. Cientos de latinoamericanas denuncian a la empresa. Holanda y Alemania recomiendan la extracción de los implantes. Mas pasa a disposición judicial por daños y homicidio involuntario.

 

Abril 2013.

La justicia francesa abre la vía para indemnizar a mujeres a las que se retiraron los implantes por prevención.

 

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La decisión final al Tribunal Superior de Justicia de Asturias hasta entonces todo en cuarentena.

El Principado recurre la sentencia que anula la jornada de 40 horas a más de dos mil funcionarios

El PP prevé un coste de nueve millones si reclaman todos los afectados

Foto: José María Gancedo, responsable de Función Pública.

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El Principado recurrirá la sentencia que anula la jornada laboral de 40 horas a miles de empleados públicos con dedicación especial, según confirmó ayer el director general de Función Pública. El PP regional estima que esa sentencia, de ser firme cuando se resuelva el recurso, supondrá un coste entre los ocho y los diez millones si reclaman todos los funcionarios afectados.

José María Gancedo, responsable de Función Pública, basa el recurso en la existencia de otros fallos judiciales que han dado la razón a la Administración regional. El sindicato CSIF denunció el pasado verano las instrucciones dictadas por la Consejería de Hacienda para adaptar la Administración regional a las medidas acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de los Presupuestos de 2012. El Principado ganó aquel pleito, mediante una sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo. «Al mantener la legalidad de esas medidas una sentencia anterior, entendemos que existe una discrepancia entre juzgados que someteremos al Tribunal Superior de Justicia de Asturias», declaró Gancedo, quien justificó la aplicación de una jornada de 40 horas al personal con dedicación especial «porque tiene una mayor retribución para trabajar dos horas y media más a la semana».

El diputado regional del PP, Luis Venta, vinculó ayer la sentencia que anuló la jornada laboral de 40 horas con sentencias precedentes, también contrarias a la política de Función Pública de la Administración asturiana. «Este fallo judicial demuestra que el Gobierno de Javier Fernández actuó con prepotencia y reguló mediante una instrucción medidas que requerían un decreto», afirmó el diputado popular. La sentencia, según Venta, también prueba que «el Gobierno regional mintió cuando justificó sus medidas de ajuste como una imposición del Gobierno de España. Nada más lejos de la realidad». El magistrado del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo definió de «adaptación exorbitante» la decisión de ampliar la jornada de dedicación especial mediante una resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público.

El diputado popular Luis Venta cifró entre ocho y diez millones de euros el coste que acarrearía esa sentencia, de ser firme, si todos los funcionarios reclamaran las horas que trabajaron de más desde el 1 de julio, cuando entró en vigor esa jornada laboral de 40 horas para los funcionarios con dedicación especial. El Principado evitó valorar ese cálculo, pero precisó que la sentencia del Juzgado número 5 anula la ampliación de la jornada entre el 1 de julio y el 11 de octubre, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno que fijaba la duración de la jornada.

 

El Gobierno regional recurrirá el fallo que limita la jornada al personal con dedicación especial

17.04.13 - R. M. / I. V. | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la sentencia que ha declarado nula la ampliación de 37 horas y media a 40 horas la jornada semanal de los empleados del sector público con dedicación especial. El aumento se decretó en junio del pasado año. José María González Gancedo, director general de Función Pública, avanzó ayer que la Administración presentará el recurso de apelación contra la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo intentando así hacer valer una resolución judicial que desestimaba una demanda similar. En una nota de prensa, González Gancedo señala que la Consejería de Hacienda y Sector Público aprobó la ampliación de jornada para dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 que establecía que la jornada semanal de los empleados públicos pasase de 35 a 37 horas y media. Éste era el horario con que ya contaban los cerca de dos mil empleados públicos que contaban con dedicación especial por lo que el Principado consideró necesario elevar su jornada semanal hasta las 40 horas dado que tenían una mayor retribución que el resto.

La sentencia ahora conocida estima parcialmente el recurso interpuesto por el colectivo Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies y considera que el Gobierno regional se extralimitó. La normativa estatal «no marca más límite que el derivado del mínimo común denominador, que son las 37 horas y media», dice el auto.

Por su parte, el diputado del PP Luis Venta acusó ayer al Principado de actuar con «despotismo y prepotencia» y consideró que la última sentencia «es la guinda a las que venimos acumulando desde hace tiempo en relación con la función pública». Su grupo ha presentado una interpelación para que la consejera de Sector Público explique estos reveses judiciales y preguntará también qué coste podría tener que asumir el Principado si los afectados reclaman indemnizaciones por las horas trabajadas. Venta estima que estas reclamaciones podrían costarle a las arcas regionales entre ocho y diez millones de euros.

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