TRIBUNALES

En la vía penal los 3 primeros hospitales privatizados entre 2007 y 2012 y en la vía contencioso-administrativa los 6 de ahora

Un juez investigará la privatización sanitaria en Madrid

Una asociación de médicos se querella por supuestas irregularidades

Foto: Esperanza Aguirre y Lasquetty, en la inauguración del hospital de Torrejón de Ardoz en septiembre de 2011

E. G. Sevillano, Madrid, en El País.

El proceso de privatización de la gestión sanitaria que Madrid emprendió en 2003, con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia, y que en los últimos meses se ha acelerado con la salida a concurso de seis hospitales, se complica en los juzgados. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización, ha presentado una querella en un juzgado de Madrid por supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012.

 

El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha abierto diligencias previas después de que Afem presentara hace unos días un escrito de unas 80 páginas en el que describe posibles delitos tales como malversación de fondos públicos y cohecho. La querella va dirigida, según fuentes conocedoras del caso, contra los responsables de firmar las adjudicaciones y los contratos. Los consejeros de Sanidad que dieron luz verde a estos tres hospitales fueron Manuel Lamela y Juan José Güemes. El texto se centra en aspectos económicos que muestran el “interés por privatizar”. “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, afirma el juez en los razonamientos jurídicos.

 

A la vía penal se suma la contencioso-administrativa. Este jueves Afem ha presentado un recurso contra el pliego de condiciones de la privatización de la gestión de seis hospitales públicos en el que pide la suspensión cautelar del proceso. El viernes 7 de junio termina el plazo para la presentación de ofertas al concurso.

 

Según informan fuentes jurídicas, el titular del juzgado, Marcelino Sexmero, da a Afem un plazo de 10 días para que se ratifiquen en la querella, informa Victoria Torres. Concluido ese plazo, decidirá si admite a trámite la querella o la rechaza. La iniciación de "diligencias previas", dice Afem en una nota, "podría suponer un importante avance en la lucha contra la privatización" de la sanidad madrileña.

 

La portavoz de Afem, Fátima Brañas, dice en la nota que los médicos confían "plenamente" en la Justicia y que "de momento" no facilitan mayor información por el respeto debido al curso de las investigaciones en un asunto que está sub iudice. Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha criticado la "estrategia equivocada e irresponsable" de Afem, a la que ha acusado de presentar denuncias para "embarrar el proceso transparente" de la privatización sanitaria

 

En el mismo comunicado, Afem ha anunciado que presentará el recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la privatización de la gestión de los hospitales hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Cristina (Parla), del Sureste (Arganda), el del Henares (Coslada) y el Tajo (Aranjuez) y la solicitud de "suspensión cautelar del proceso de licitación de las empresas adjudicatarias".

 

En diciembre, el Gobierno regional aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que incluye lo que llama "externalización de la gestión" de seis hospitales y de 27 centros de salud en toda la región, que más tarde se redujeron por falta de ofertas. Se trata del mayor plan de gestión privada de la sanidad pública puesto en marcha en España y supone que la atención de cerca de 1,5 millones de madrileños pase a manos de empresas. Según AFEM, no supondrá ahorro, saldrá "más caro" a los madrileños, "no asegura la mayor calidad real posible" en la atención al paciente y "vulnera normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos".

 

Afem dice que para el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, no han sido suficientes estos argumentos ni "la voz unánime" de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas, ni "el clamor de más de un millón de ciudadanos madrileños" para que se replantee su plan "descabellado". A las dos de la tarde de mañana viernes concluye el plazo para presentarse a la licitación de la gestión sanitaria durante 10 años de los seis hospitales. Después, los licitadores tendrán plazo hasta el día 19 para entregar las ofertas técnicas, y hasta el día 28 para presentar las ofertas económicas. La gestión de estos seis hospitales se reparte en cinco lotes, ya que el del Tajo, por ser el más pequeño, se licita junto con el Infanta Cristina.

 

La justicia investiga la privatización de la gestión de tres hospitales por "irregularidades"

Se refiere a los tres hospitales con gestión externa de la Comunidad de Madrid: Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Torrejón de Ardoz.

Se basa en una denuncia presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem).

El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, asegura que Afem pretende "confundir" a los ciudadanos.

 

EP/20 minutos

 

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid ha decretado en un auto la apertura de diligencias previas para dilucidar si existe una posible existencia de infracción penal en relación a la gestión de los tres hospitales de la región que ya tienen gestión externalizada (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

 

Así lo ha detallado el juzgado en relación con un escrito presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) sobre posibles irregularidades en la gestión de estos centros hospitalarios.

 

En este sentido, se da cuenta de su incoación de esta medida al Ministerio Fiscal y decreta que se practiquen diligencias previas. También se da un plazo de diez días para que el querellante ratifique el escrito presentado.

 

En un comunicado, Afem ha dado cuenta de la apertura de estas diligencias y remarca que esta "poniendo todos los medios lícitos" a su alcance para revertir la externalización, ya sea con manifestaciones, huelgas o acciones jurídicas.

 

Por otro lado, indica que presentará este jueves el recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la externalización de los seis nuevos hospitales y en el que solicita, además, la suspensión cautelar del proceso de licitación.

 

Precisamente este viernes concluye el plazo para presentar ofertas de cara a optar a la gestión externalizada de los los Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez).

 

La privatización no asegura una mayor calidad en la atención

"La privatización de la gestión sanitaria no sólo no va a suponer un ahorro sino que va a salir más cara a los madrileños, no asegura la mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además vulnera normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos", remarca el colectivo en un comunicado.

 

Finalmente, recrimina al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que no haya atendido a su juicio la opinión de los profesionales y la ciudadanía para "replantearse su descabellado plan". "Sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos", detalla la portavoz de Afem, Fátima Brañas.

 

Por otro lado, al ser preguntado sobre este asunto, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha asegurado que esta noticia solo se refiere a la "apertura de diligencias" y que todavía no hay ninguna resolución judicial firme. Además, ha asegurado que Afem solo pretende "confundir" a la ciudadanía sobre el proceso de externalización sanitaria emprendido por el Gobierno regional.

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Los 44 días de la extra de Navidad que no nos podía quitar Rajoy por la indebida retroactividad

En Palencia…

Una sentencia obliga a abonar parte de la paga extraordinaria de Navidad a una funcionaria

La cantidad corresponde a un periodo de mes y medio anterior a la entrada en vigor del decreto que suprimía la paga extraordinaria.

El recurso fue presentado por el CSIF.

El TC admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el CSIF contra la supresión de la paga extra de Navidad en 2012.

20MINUTOS.ES.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha emitido una sentencia con la que obliga a la Diputación a abonar la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad del año pasado a una empleada pública.

 

Se trata de la cantidad que corresponde a un mes y medio, desde el 1 de junio hasta el 14 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigor el Real Decreto Ley 20/2012, que regula la supresión de la paga extraordinaria a los funcionarios, según informa El norte de Castilla.

 

El recurso fue presentado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), en nombre de la empleada, que está afiliada a la organización.

 

Esta semana, el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el CSIF contra la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos en 2012.

 

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EN LA SECCION DE “RETRIBUCIONES” DE NUESTRA WEB PODEIS ACCEDER AL MODELO DE RECLAMACION QUE PUSIMOS A DISPOSICION DE TOD@S L@S TRABAJADORES DEL SESPA…

A pesar de todo la ministra sigue en la cada vez más increíble situación de “yo no sé nada, yo no tengo nada que ver en todo esto, etc”

La Gürtel pagó un viaje de Ana Mato a Disneyland París

Franciso Correa pagó 3.636 francos con su tarjeta de crédito por la estancia en el hotel de Mato y uno de sus hijos

Antonio Asenjo, en eldiario.es

La ministra de Sanidad, Ana Mato, viajó con uno de sus hijos a Disneyland París en octubre de 1998 con los gastos pagados por Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, según recoge un informe de la Agencia Tributaria fechado el pasado 29 de mayo que el juez Pablo Ruz acaba de incorporar al sumario.

Entre la documentación remitida al magistrado figura una factura con el encabezamiento “Viaje a París 30 de octubre/2 de noviembre Ana Mato x 2” y número de reserva 12412207, por una habitación doble en el hotel Newport y un importe de 1.435 francos franceses que fueron pagados con una tarjeta Visa “a nombre del Sr. Correa”. Según un documento de “FCS travel Group”, el coste total del viaje ascendió a 3.636 francos. Además, figuran anotaciones a mano que reflejan importes en pesetas que los investigadores dicen “no podemos asegurar que constituyeran gastos adicionales que incrementaron el coste total”.

La Agencia Tributaria ha incorporado también a su informe un viaje a Santiago de Compostela los días 28 y 29 de diciembre de 1996 de Ana Mato y su exmarido, Jesús Sepúlveda. El matrimonio se alojó una noche en el hotel La Toja. Sin embargo, los investigadores dicen que no pueden pronunciarse sobre el origen de los fondos que financiaron el viaje (101.000 pesetas). “Por un lado, el asiento contable que figura en la parte de debajo de la factura 1/2074/96 carga a la cuenta 430010000 (“clientes varios”) que no es la del Sr. Sepúlveda (la cuenta del cliente Jesús Sepúlveda era la 430010043). Pero, por otro lado, en el recibí que aparece en el folio 76868 se declara haber cobrado a este señor”.

El informe dice que el documento “no es suficiente” para demostrar que el exmarido de la ministra se hizo cargo del pago. Los investigadores recuerdan que “con fondos ocultos de la Caja B de la calle Serrano 40, la dirección del “grupo fsc” pagó deudas de Sepúlveda en algunas ocasiones y seguidamente la agencia emitió justificantes de pago a su nombre.

Estas revelaciones forman parte de un amplio informe realizado por la Agencia Tributaria sobre Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, que está imputado en el caso Gürtel. El informe recoge también un viaje a Helsinki de Sepúlveda con Francisco Correa y Luis Bárcenas, extesorero del PP.

La trama Gürtel pagó a Ana Mato un viaje a Disneyland París

Hacienda confirma los regalos de las empresas de Francisco Correa a la actual ministra de Sanidad y su exmarido, Jesús Sepúlveda, que incluyen  fiestas de cumpleaños y comuniones de sus hijos

ANDRÉS MUÑIZ, Madrid.

La Agencia Tributaria ha confirmado los regalos con los que las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, agasajaron a la familia de Jesús Sepúlveda y Ana Mato, que incluyen el pago de parte de un viaje de la actual ministra de Sanidad en 1998 a Disneyland París, por importe de, al menos, 3.635 francos franceses. En ese año, Mato era diputada nacional del PP.

La Inspección de Hacienda, en un voluminoso informe de 109 folios incorporado esta semana al sumario judicial del 'caso Gürtel', detalla la relación de servicios financiados por las empresas de Correa a Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el PP y a su exmujer Ana Mato, entre los que figuran dos comuniones y dos fiestas de cumpleaños de sus hijos por importe total superior a los 6.000 euros.

En cuanto a los viajes, Ana Mato aparece citada expresamente en el informe en otro desplazamiento que realizó a Dublín en 1999 junto a Ana Sepúlveda, por importe de 216.837 pesetas, que pagó la trama Gürtel.

Asimismo, se dan por financiados por la trama una serie de servicios prestados por Pasadena Viajes en 2004, por importe de 5.931 euros, que incluye los gastos de un viaje de Madrid a Ginebra, incluyendo billetes de avión de ida y vuelta, de Ana Mato y su hija Ana Sepulveda, y que según Hacienda se abonaron con la caja B de la sede central de Gürtel en la calle Serrano de Madrid.

Asimismo, según el informe, una factura a nombre de Jesús Sepúlveda de fecha 20 de octubre de 2004, que también abonó Gürtel, se refiere al alquiler de vehículos a favor de Ana Mato en los meses de julio y agosto de aquel año.

Varios de estos viajes y regalos figuraban en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre Sepúlveda, y ahora Hacienda confirma que las empresas de Correa los sufragaron.

En cuanto al viaje a Disneyland París en 1998, Hacienda añade que Mato lo hizo con un niño, y que una parte fue pagada personalmente por Francisco Correa con su visa,  y otra por la Dirección General para Europa y Portugal de la propia empresa Disneyland París. Se habría desarrollado entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de1998.

En la confirmación de la reserva de Disneyland a Francisco Correa, se detalla, entre otros extremos, que la misma incluye desayuno con Personajes (es decir, Mickey Mouse. Donald y los demás), así como entradas el parque temático todos los días.

El informe de Hacienda responde a una petición expresa del juez Ruz después de conocer el informe de la UDEF que recogía todos los viajes y regalos al imputado Jesús Sepúlveda y su familia pagados por la trama. En primer término, la Agencia Tributaria comunicó al juez que no había cuotas del IRPF defraudadas por Sepúlveda entre 2000 y 2005 que superasen el tope de 120.000 euros que supone delito fiscal, ni aún cuando se le imputasen como incremento de patrimonio no justificado los pagos que le hizo la Gürtel.

Sin embargo, el magistrado requirió una ampliación de ese informe para determinar el origen de los fondos con que se abonaron los viajes y eventos familiares de Sepúlveda detectados entre 1996 y 2006, muchos de ellos a través de la empresa de la trama Pasadena Viajes o su denominación comercial FCS Viajes. Los pagos se hacían, o directamente por esta empresa, o bien con billetes en efectivo de la caja B de la trama que se le ingresaban a la agencia de viajes.

Entre los primeros viajes imputados como regalos de Gürtel figura uno realizado a Helsinki, entre el 13 y el 15 de diciembre de 1996, por los propios Correa, Sepúlveda y Luis Bárcenas - entonces gerente del Partido Popular -. Los gastos corrieron a cuenta de FCS Travel, que pidió en la reserva habitaciones grandes, con vistas a la capital finlandesa, y excursión de huskies, ya que se trataba de 'clientes vip'.  

En 1999, también se detalla como regalo de Correa un viaje de Ana Mato y una de sus hijas a Dublín, y estancia en la capital irlandesa, entre el 16 y el 18 de julio, por importe de 216.837 pesetas.

El resto de servicios financiados a Sepúlveda y su familia por las empresas de Correa, según señala el informe de Hacienda, fue el siguiente:

- Billetes de avión en 1999 por importe de 49.220 pesetas.

- Servicios prestados por Pasadena Viajes en 2001 por importe de 1,9 millones de pesetas.

- Servicios prestados en 2001 por Special Events (otra de las empresas de Gürtel) por 106.000 pesetas.

- Servicios prestados en 2002 por Pasadena Viajes, por 14.392 euros.

- Servicios prestados en 2002 por Special Events, por 1.996 euros.

- Servicios de Pasadena Viajes en 2003, por más de 6.700 euros, que incluye viajes a Tenerife de Sepúlveda y sus hijos.

Las cada vez más inverosímiles explicaciones de la Ministra…

Mato dice que se pagó su viaje a París y que acordó con su exmarido que él abonase los gastos de su hijo

MADRID, 30 May. EUROPA PRESS

La titular de Sanidad, Ana Mato, ha defendido que ella misma pagó su viaje a Disneyland Paris que realizó en 1998 cuando era diputada del PP y que acordó con su exmarido Jesús Sepúlveda que él abonase el importe de los gastos de su hijo, según han explicado a Europa Press fuentes autorizadas por la ministra.

Estas mismas fuentes han señalado que Mato viajó a París acompañada de varios miembros de la familia y no solo de su hijo, como sostiene el informe de la Agencia Tributaria que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el 'caso Gürtel'. Según el mismo, la supuesta trama de financiación ilegal liderada por Francisco Correa pagó parte de este viaje.

La ministra defiende que ella misma corrió con sus gastos durante este viaje al parque temático. Respecto a los de su hijo, asegura que llegó a un acuerdo con Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo (Madrid), para que él se hiciera cargo de los mismos.

Al respecto, las citadas fuentes han señalado que la ministra desconoce si alguien ajeno a la familia pagó los gastos de su hijo. Según el informe de la Agencia Tributaria, la trama Gürtel pagó una parte del viaje, 3.635 euros, mientras que la Dirección General para España y Portugal de la empresa gestora del parque temático se hizo cargo de la financiación de otra parte.

Mato ha incidido además en que el informe de la Agencia Tributaria contiene varios errores, según las mismas fuentes, que ponen como ejemplo que recoge anotaciones correspondientes a gastos de comunión en dos años consecutivos.

En cualquier caso, la ministra ha hecho hincapié en que tanto el juez Antonio Pedreira como el fiscal ya defendieron que no había motivos para imputar a Ana Mato en el 'caso Gürtel' por un delito de cohecho por los regalos que Correa supuestamente había realizado a su exmarido.

El propio Sepúlveda, recuerdan las mismas fuentes, desvinculó en su día a la actual ministra de la gestión de estos viajes familiares mediante un comunicado en el que señaló que él era el que se ocupaba "personalmente" de sus actividades económicas y profesionales y era el único responsable de "cualquier decisión económica o movimiento" en sus cuentas.

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Que los intereses de la banca no pueden prevalecer sobre los intereses generales, es algo evidente para todos excepto para el actual gobierno de la nación ¡¡que fieles son con sus amos!!

La banca no gana en el Constitucional

El alto tribunal tira de las orejas al Gobierno por basar su alegato contra el nuevo tributo a los depósitos en los argumentos de la patronal financiera

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El veto del Gobierno central al impuesto sobre los depósitos bancarios queda en el aire, después de que el Tribunal Constitucional haya desestimado la suspensión solicitada por el Abogado del Estado contra el nuevo impuesto de la Generalitat catalana, muy similar al aprobado a finales del pasado por el Principado. El auto del Constitucional reprocha al Estado que haya basado todos sus alegatos para dejar en suspenso el impuesto autonómico de nueva creación en argumentos de la Asociación Española de la Banca (AEB) y no en un argumentario propio.

El fallo del Tribunal Constitucional sobre la suspensión del impuesto a los depósitos bancarios de la Generalitat catalana, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, establece que los intereses de la banca no pueden prevalecer sobre los intereses generales. Los magistrados del alto tribunal cuestionan que el Abogado del Estado basara su oposición al impuesto autonómico en datos y razones «extraídos de la página web de la Asociación Española de la Banca» y establece que «corresponde a la representación del Gobierno de la Nación la carga de justificar debidamente la necesidad del mantenimiento de la suspensión». El Constitucional precisa que esa asociación está «abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España» y «no es de extrañar y y resulta perfectamente comprensible que estimen que dicho tributo va a perjudicarles y expongan sus argumentos en tal sentido».

La desestimación de la suspensión del impuesto sobre los depósitos bancarios permitirá al Gobierno catalán recaudar 500 millones de euros este año, una cantidad que debería devolver si la sentencia definitiva establece que ese impuesto es inconstitucional. El auto conocido esta semana no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir sobre si el nuevo tributo es legal o no, sino sobre la suspensión del mismo, que finalmente ha sido rechazada por el Pleno del Constitucional.

La decisión de los magistrados sobre el tributo de Cataluña hace pensar al Principado en la viabilidad de una resolución similar acerca de la suspensión solicitada también por el ejecutivo de Rajoy sobre el impuesto bancario promovido en Asturias, que supone una recaudación de 30 millones en los presupuestos de este año. La reclamación del Gobierno central, conocida el pasado mes de febrero, obligó a la administración asturiana a suspender temporalmente el cobro de ese impuesto a las entidades bancarias, por el que ya tenía garantizados, a esas alturas, 2,5 millones de euros ya que el ejecutivo de Rajoy formalizó cuando ya habían sido devengados por el Principado los últimos días de diciembre y el mes de enero.

El auto del Constitucional divulgado la pasada semana no considera suficientemente probado que el cobro del impuesto sobre los depósitos bancarios suponga una contracción del crédito ni un endurecimientos en las condiciones de acceso de las familias y empresas a préstamos, un argumento hecho propio por el Abogado del Estado también en base a argumentos de la página web de la citada Asociación Española de la Banca. «La repercusión del tributo sobre el acceso al crédito de las empresas y familias tan solo es una hipótesis no acreditada», apreció el pleno del Constitucional. «El endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito no deriva necesaria y directamente de la vigencia del impuesto», añadieron los magistrados para desestimar la suspensión del tributo regional.

Pleito estatal

27.05.2013, La Nueva España

 

El Gobierno de Rajoy ha recurrido los impuestos a la banca catalán y asturiano

 

-El Principado aprobó para empezar a cobrar el impuesto sobre los depósitos bancarios a final de 2012.

 

-El Gobierno regional prevé unos ingresos de 30 millones de euros por ese impuesto.

 

-La Generalitat catalana aprobó un impuesto similar por otra vía, la del decreto. El gobierno de Artur Mas pretende ingresar 500 millones por esta vía.

 

-El Gobierno central creó un impuesto de tipo cero y se comprometió a compensar a Extremadura, Andalucía y Canarias.

 

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El Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por los servicios jurídicos del Principado y eleva a firme la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

El Principado condenado a pagar 70.000 euros a la familia del niño degollado en Gijón en 2004

Una sentencia del Supremo ratifica la del TSJA en la que se recogía un "defectuoso seguimiento de la enfermedad" del autor de los hechos que padece esquizofrenia

Foto: Pajarera del parque Isabel la Católica frente a la que falleció el niño Borja Solar.

24.05.2013, JC MARTÍNEZ, en La Nueva España.

 

El Principado de Asturias deberá indemnizar con 70.000 euros a la familia del niño Borja Solar, degollado por un enfermo mental en el parque de Isabel la Católica en el año 2004. Así lo recoge la sentencia publicada por el Tribunal Supremo que desestima el recurso abierto por la administración asturiana contra la condena que en su día había emitido ya el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En el auto emitido por el TSJA se recogía que "el enfermo (Ramón del Barrio) estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide... ... lo que implicaba una atención singular, con seguimiento del estado de la enfermedad... ...y no cabe duda de que la atención continuada no se produjo". Posteriormente el mismo texto recoge expresamente que "se ha producido un defectuoso, por incompleto, seguimiento de la enfermedad del enfermo mental severo".

Ramón del Barrio ya había sido condenado en el año 2008 por la sección octava de la audiencia provincial con sede en Gijón a 15 años de prisión y a pagar una multa de 200.000 euros por la muerte del niño Borja Solar de 6 años, al que degolló ante la impotente mirada de parte de sus familiares en el parque Isabel la Católica. El mierense Ramón del Barrio, de 36 años, mató al pequeño, según confesó después del suceso, por «imperativo divino». El autor del crimen sufría una esquizofrenia en grado de paranoide y no se estaba tomando su medicación.

 

El Supremo obliga al Principado a indemnizar con 70.000 euros a la familia de Borja Solar

Considera al Sespa responsable del control del enfermo mental que degolló al niño en el parque

24.05.13 - OLAYA SUÁREZ | GIJÓN, en El Comercio.

El Principado deberá indemnizar con 70.000 euros a la familia del niño Borja Solar, degollado en el parque de Isabel la Católica en 2004 por un enfermo mental. El Tribunal Supremo acaba de hacer firme la resolución judicial del Tribunal Superior del Principado de Asturias (TSJA) en la que se condenaba, en una sentencia pionera, a los servicios de salud como responsables de una deficitaria atención médica al enfermo psiquiátrico que acabó con la vida del menor.

El Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por los servicios jurídicos del Principado. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo considera que no ha lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina y condena al pago de las costas a la parte recurrente, es decir, al Principado.

La resolución judicial del TSJA, publicada en exclusiva por EL COMERCIO el pasado mes de julio, señalaba que en el periodo comprendido entre 1999 –cuando el autor condenado del crimen, Ramón del Barrio López, acudió al Centro de Salud Mental de El Coto, donde le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide de alta peligrosidad– y el 23 de julio de 2004 –cuando se acercó a la pajarera del parque de Isabel la Católica, y «provisto de una navaja de 11,5 centímetros de hoja cogió al niño Borja Solar Herrero, entonces de seis años, de manera sorpresiva y le degolló causándole la muerte»–nadie había estado pendiente de la evolución de su enfermedad psíquica.

Ese supuesto vacío de atención médica y de seguimiento de los servicios de Salud Mental del Principado es la clave en la que se apoyó el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo, Julio Luis Gallego Otero, para estimar en mayo de 2010 el recurso planteado por los padres del pequeño contra la resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, que negaba cualquier responsabilidad patrimonial en el asunto. El abogado de los padres, José Joaquín García, planteó entonces el recurso en esos términos y logró, en una sentencia pionera, que el caso diese un vuelco.

En el fallo, el magistrado consideraba que sí existía corresponsabilidad de la consejería. La condena a la Administración del pago de 70.000 euros se ordena por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de aquel suceso que conmocionó a los gijoneses.

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Varapalo del T.C., aunque no sea definitivo aún, a la deslealtad del gobierno central para con las CC.AA. en el impuesto a la banca

El Principado insiste en la constitucionalidad del impuesto a depósitos bancarios

RTPA

El Gobierno del Principado ha insistido hoy en la "constitucionalidad" del impuesto autonómico a los depósitos bancarios y en el "fraude de ley" que a su juicio ha cometido el Gobierno central al "intentar anular una competencia propia".

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, se ha pronunciado en estos términos tras conocer que el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión provisional sobre el impuesto a los depósitos bancarios en Cataluña que acordó al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra esta tasa autonómica.

El levantamiento de la medida provisional se ha acordado cuando se cumple el plazo de cinco meses previsto por la ley para que se prolongue o levante la suspensión, ya que la admisión a trámite fue adoptada en enero, aunque no determina ninguna orientación sobre cuál será la decisión final respecto al fondo del asunto, que afecta a si las comunidades autónomas pueden o no gravar lo mismo que ya hace un impuesto de rango estatal.

Guillermo Martínez, quien ha dicho que esta decisión del Constitucional "está en línea" con la argumentación del Principado, ha apuntado que ese plazo de cinco meses vence a principios de julio en el caso del recurso contra la tasa asturiana.

"Confiamos en que la resolución para Asturias sea positiva, como dijimos en su día", ha señalado el portavoz del Gobierno, que ha recordado que las previsiones del Ejecutivo regional pasan por recaudar 30 millones de euros este año.

"Asturias siempre confió en la constitucionalidad" del impuesto a los depósitos bancarios, "avalado por la sentencia del propio Tribunal Constitucional, nuestros servicios jurídicos y por el Consejo Consultivo", ha remarcado el portavoz del Gobierno del Principado.

Martínez ha insistido en que la decisión del Gobierno central de recurrir el impuesto es un "fraude de ley" porque "intentar anular una competencia propia y no permite disponer de recursos tan necesarios para las políticas que tiene desarrollar nuestra la Comunidad Autónoma", ha dicho.

"Y ante esa agresión, el Gobierno del Principado respondió con todos los mecanismos jurídicos a su alcance", ha concluido.

 

El Constitucional da luz verde al impuesto a los depósitos bancarios en Catalunya

El alto tribunal levanta la suspensión de la norma, que no prejuzga la futura sentencia sobre su constitucionalidad.

La Generalitat prevé ingresar 500 millones de euros con el nuevo gravamen

EP, Madrid, 23/05/2013

El Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión del impuesto sobre depósitos de entidades de crédito en Cataluña decretada en enero, cuando admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa de la Generalitat, que prevé recaudar 500 millones de euros con el nuevo gravamen.

En un auto de 16 páginas con fecha del 21 de mayo, el Constitucional avala el gravamen "en un momento de fuertes recortes presupuestarios, obligados para afrontar las actuales exigencias de reducción del déficit y del endeudamiento de la comunidad autónoma de Cataluña".

En el primer pleno ordinario de la X legislatura, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, presentó este impuesto con el que estimaban recaudar 500 millones de euros, y que fue fruto del acuerdo de gobernabilidad de CiU y ERC.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, pidió mantener esta suspensión porque levantarla podría "generar perjuicios irreparables para las entidades de depósito sujetas al pago del tributo", y sería un obstáculo para particulares y empresas dadas las dificultades actuales para acceder a créditos.

También pidió el mantenimiento de la suspensión alegando que otras comunidades autónomas podrían imponer impuestos similares, pero el Constitucional ha rechazado este argumento por ser "una mera hipótesis no confirmada".

Además, el tribunal detalla que el Gobierno central también ha creado un impuesto estatal sobre los depósitos bancarios a tipo cero, con lo que desbarata el argumento de que la iniciativa catalana pueda expandirse al resto del las comunidades autónomas.

Precisamente, contra este impuesto estatal presentaron recursos también la Generalitat y el Parlament que el Constitucional admitió a trámite en mayo y está pendiente de resolución.

En cuanto al impuesto catalán, el Parlament solicitó su levantamiento al considerar que el impuesto es "una medida necesaria para alcanzar nuevas fuentes de financiación que permitan cumplir los objetivos de déficit y deuda pública" y asegurar a los ciudadanos la prestación de servicios que dependen de la Generalitat.

El tribunal avala este razonamiento de Parlament y Generalitat, y además recuerda que el déficit de Cataluña fue del 4,02 por ciento del PIB en 2011 y de un 1,96 por ciento en 2012, que suponen "una importante desviación con respecto del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Sobre los perjuicios que el Gobierno central aduce que acarrearía a las empresas y familias, el Constitucional lo considera una hipótesis no acreditada, y que en todo caso "no puede prevalecer sobre los que sufrirían los intereses generales de la comunidad autónoma si la suspensión se mantuviese".

En sus alegaciones, el Parlament catalán indicó que los sujetos pasivos afectados por la norma (es decir, los bancos concernidos) son cuarenta y siete, y remarca que el perjuicio no es especialmente grave para ellos, pues el objeto de gravamen no es la actividad bancaria de captación sino únicamente el pasivo acumulado por la captación de depósitos, de manera que grava el pasivo captado como elemento susceptible de generar ingresos.

Desde esta perspectiva, el Parelament indica que, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Tributos de la Generalitat de Cataluña, la cifra total de depósitos captados sería de 180.000 millones de euros, con lo que el tipo efectivo global del impuesto se situaría ligeramente por debajo del 0, 28 por ciento.

Porcentaje que tiene relevancia en cuanto que, atendiendo a las recomendaciones del Banco de España en cuanto a la remuneración de los depósitos, los costes de captación de pasivo por las entidades de crédito se han reducido del año 2012 a 2014 en dos puntos porcentuales, lo que supone que existe margen más que suficiente para absorber los costes tributarios sin perjudicar gravemente los beneficios empresariales.

El Parlament concluía además que, en el hipotético caso de que el Decreto-ley fuera declarado inconstitucional, la aplicación de los preceptos impugnados no determinaría perjuicios graves o irreparables, puesto que el reducido número de contribuyentes permite la plena identificación de los sujetos pasivos y la cuantificación de las cantidades ingresadas.

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¿Pagará Capio o pagaremos todos a través de la responsabilidad subsidiaria del sistema sanitario público?... no es el primer caso.

Un hospital gestionado por Capio, obligado a pagar 100.000 euros por no diagnosticar un cáncer a tiempo

Pilar Lucas acudió tres veces a las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, donde le diagnosticaron una infección de orina. Los médicos se negaron a hacerle la ecografía que pedía y meses después, falleció víctima de un cáncer de riñón.

 

ANNA FLOTATS, Madrid, 23/05/2013, en Público.

 

Pilar Lucas Vaquero, de 50 años, acudió tres veces a las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid aquejada de dolores renales después de que su médico de familia le diagnosticara una infección de orina. Cuatro meses después, en octubre de 2012, la señora Lucas era operada de un cáncer de riñón. Murió en marzo de 2013.

 

Por ese caso, el Servicio Madrileño de Salud ha sido condenado a pagar 100.000 euros de indemnización a su viudo, Olegario Ramiro, que califica de "inhumano" el trato que recibió su mujer en el hospital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera que la Fundación Jiménez Díaz, uno de los cuatro hospitales públicos de Madrid gestionados por Capio, prestó una asistencia sanitaria "deficiente" con un "claro retraso en el diagnóstico de la enfermedad" de la paciente "con evidente pérdida de oportunidad en su tratamiento".

 

Pilar acudió a su centro de salud en junio de 2007 aquejada de "dolor en la parte baja de la espalda y emisión de sangre con la orina". Se le diagnosticó una infección de orina y fue tratada con antibióticos. La paciente mejoró durante los primeros días, pero los dolores volvieron a aparecer y el 29 de junio acudió a las Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz. Aun así, el diagnóstico y el tratamiento no cambiaron. La misma situación se repitió dos veces más. La primera, el 30 de agosto, tras "sufrir hematuria [sangre en la orina] y molestias en la región lumbar izquierda", según señala el informe médico-legal aportado a la causa. Los facultativos repitieron "el mismo diagnóstico con las mismas pruebas exploratorias y parecido tratamiento".

 

La segunda visita a Urgencias fue el 7 de septiembre. Ese día, los médicos le hicieron una radiografía en el abdomen pero no encontraron nada extraño, por lo que repitieron el mismo tratamiento. Al día siguiente (festivo) Pilar acudió a las Urgencias de su centro de salud, donde le informaron de que era intolerante al medicamento que estaba tomando y que debía hacerse una ecografía. Luego, volvió a las Urgencias del centro gestionado por Capio. "La paciente insiste ante los médicos que el cuadro clínico de cistitis no parece normal en su evolución, solicita pruebas complementarias como una ecografía, a lo que se niegan los facultativos del hospital por no indicarlo los protocolos del centro", señala el informe médico-legal.

 

"Advertí al jefe de las Urgencias de que si le daba el alta a mi mujer, le denunciaría a los juzgados. Él me miró, firmó el alta, sonrió y me dijo: ’Ahora váyase usted adonde quiera’", rememora el viudo de la paciente por teléfono. Ante esa negativa, Pilar acudió a su seguro de asistencia médica privada y, tras ser vista por el urólogo de guardia, éste le prescribió con carácter de urgencia una ecografía y un TAC. Estas pruebas, realizadas el 10 y 11 de septiembre, pusieron de manifiesto "la existencia de una masa renal derecha como probable hipernefroma [el tumor renal más frecuente]". Cuando la Fundación conoció ese diagnóstico, llamó a la paciente. "Le dijeron que estaban a su disposición y que acudiera urgentemente al centro hospitalario", recuerda Olegario.

 

"Todavía tengo secuelas"

 

Con ese diagnóstico de la clínica privada, Pilar regresó a la Fundación Jiménez Díaz, donde tras estudiar las pruebas, le diagnosticaron Neoplastia Maligna de Riñón. El tumor se estaba extendiendo al hígado. El 8 de octubre fue operada de cáncer.

 

El tratamiento post-operatorio, implantado hacía seis meses en España y un año en Estados Unidos, no estaba disponible en la farmacia y, con receta, le dijeron a Olegario que tardaría unos 20 días en llegar a la botica. "Pagué la medicación con un cheque de 6.000 euros y al día siguiente, mi mujer se tomó la primera pastilla", cuenta Olegario, a quien después le reembolsaron esa cantidad.

 

Tras varias recaídas, Pilar falleció el 11 de marzo de 2008. "Fue una odisea terrible", relata Olegario, "estuve desesperado, y todavía tengo secuelas de todo aquello", cuenta.

 

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Una fórmula para cumplir la ejecución de sentencia por la que fue condenado el Principado, que no satisface

Los funcionarios rechazan el sistema para dar 476 plazas de promoción interna

USIPA recurrirá la convocatoria si el Principado limita a 20 los puestos a los que puede optar cada empleado

Foto: El actual Director regional de Función Pública, Chema Gancedo.

23.05.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

 

El Principado mantiene la entrevista personal y la elaboración de una memoria como fórmula para adjudicar 476 plazas de un concurso de jefes de sección, que había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias porque daba la misma puntuación a un funcionario con un año de antigüedad que a otro que tuviera 20 años de ejercicio. Los sindicatos de la función pública discrepan tanto del mantenimiento de la entrevista, al considerar que introduce un elemento de valoración subjetivo, como del hecho de que los funcionarios de la Administración regional sólo puedan optar a una veintena del casi medio millar de puestos de este concurso.

La dirección general de Función Pública ha convocado a la Junta de Personal funcionario docente a una reunión, que tendrá lugar mañana, viernes, para informar a los representantes sindicales sobre el concurso de méritos de secciones para la provisión de 476 plazas de promoción interna. La convocatoria de este concurso por parte de la consejera de Hacienda y Sector Público da cumplimiento a un auto judicial que fijaba de plazo hasta el 1 de junio para que la Administración regional hiciera públicas las bases. Los jueces habían advertido a la consejera Dolores Carcedo de la imposición de una multa económica en el caso de que no cumpliera ese plazo.

El concurso de secciones, que se convoca ahora nuevamente, había sido anulado en 2010 porque las bases eran nulas, concretamente las que hacían referencia a la baremación de la experiencia, ya que otorgaban la misma puntuación a un funcionario con un año de antigüedad en el puesto que a otro que acumulara diez años o más.

Las bases del nuevo concurso han corregido ese motivo de nulidad, pero, según el sindicato USIPA, uno de los que cuenta con más afiliados en las consejerías del Principado, todavía mantiene en las bases algunos criterios subjetivos dentro de ese concurso de méritos, tales como la elaboración de una memoria y su defensa en una entrevista personal. La Junta de Personal funcionario, en la que están representados todos los sindicatos de la función pública, también ha mostrado sus reticencias anteriormente a la inclusión de la entrevista y la memoria como criterios de evaluación en los concursos de méritos. Este sistema, según fuentes sindicales, ralentiza la resolución del concurso.

Otro motivo de queja es la limitación, por primera vez, del número de puestos a los que puede optar cada funcionario, un máximo de veinte. Hasta ahora no existía ese cupo máximo y los funcionarios podían presentarse a todos aquellos puestos para los que reuniesen los requisitos exigidos. «Si mantienen este cupo máximo tendremos que recurrir de nuevo el concurso», comentó ayer a este periódico José Luis González, coordinador de USIPA.

Por otra parte, el colectivo «Conceyu por otra función pública en Asturias» ha solicitado al Principado la aplicación de un protocolo de actuación contra el acoso laboral, que establezca tanto «medidas preventivas como decisiones rápidas y expeditivas para la protección de las víctimas». Este colectivo de empleados públicos considera indispensable para la puesta en marcha de ese protocolo «la organización de un servicio de prevención de riesgos laborales, formado por funcionarios de carrera, de carácter multidisciplinar, que ejerza sus funciones con imparcialidad».

 

COFPA exige la implantación urgente de un Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración del Principado

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