Los opositores de medicina interna barajan exigir una indemnización
El aspirante y el evaluador denunciados por compartir negocio aseguran que «todos los examinados tienen un conocido en el tribunal»
16.06.11 - R. MUÑIZ | OVIEDO, en El Comercio.
El primer paso es lograr la anulación de la oposición de medicina interna, que está a pocas semanas de elegir quiénes se llevan las 23 plazas en disputa. El segundo, aún en estudio, exigir al Principado que indemnice a los aspirantes por los daños sufridos. Ésta es la estrategia que el lunes iniciaron diez de los 90 candidatos admitidos. Lo hicieron interponiendo un recurso de alzada ante el Instituto Adolfo Posada -responsable del proceso de selección- en el que denuncian una serie de presuntas irregularidades que habrían viciado toda la convocatoria.
El escrito evidencia una conexión directa entre I. F. G., vocal titular del tribunal evaluador, y R. A. C., uno de los aspirantes que mejor nota está logrando en los dos primeros parciales. Ambos son socios de una consulta privada que presta atención médica y psicológica desde sus oficinas de Oviedo y Gijón.
Este periódico logró ayer contactar con uno de los denunciados. R. A. C. no ocultó su relación con uno de los componentes del tribunal: «Es verdad, somos compañeros de trabajo». Sin embargo, esgrime que en una región de un millón de habitantes, dicha circunstancia se repite en el resto de los aspirantes a las plazas de medicina interna: «Todos tienen algún compañero o conocido en ese tribunal».
El tribunal está presidido por los facultativos Victoriano Manuel Cárcaba y José Bernardino Díaz, y cuenta con seis vocales titulares y otros tantos suplentes. Todos ellos fueron invitados por el Adolfo Posada a participar del proceso de selección, sin que manifestaran incompatibilidad alguna para dicha misión. «Es que realmente no sería posible formar un tribunal especialista en Asturias si imponemos el criterio de que los evaluadores no conozcan de nada a ninguno de los aspirantes», sostiene R. A. C.
La opinión de los denunciantes es radicalmente distinta. Su recurso de alzada incluye un estudio matemático según el cual, en el primer examen hubo un grupo de cuatro aspirantes que obtuvieron notas que desafían a la estadística. La puntuación máxima del ejercicio era de 50 puntos, la media de los aprobados se situó en 30,7, y la desviación típica para este caso sería de cinco puntos. Pues bien, el grupo de los cinco -en el que está incluido R. A. C.- superó con mucho ese techo al sacar puntuaciones de entre 40,33 y 45,33. Entre ellos y el sexto clasificado hay cinco puntos de diferencia.
El contenido de esas preguntas también resulta sospechoso para los recurrentes. Según un informe médico realizado por esta parte, el 25% de las cuestiones «no se atiene al temario, según las bases de la convocatoria, bien por no poder incluirse directamente en los apartados donde se especifican las áreas temáticas o por exceder los contenidos».
«Son varios los vicios cometidos en este proceso, que deben obligar a su anulación completa», sostiene Gerardo de la Iglesia, responsable del despacho de abogados que ha elaborado un recurso de alzada, que desgrana indicios y sospechas en sus 60 páginas.
La ley obliga en estos casos a interponer un recurso de alzada ante la administración como paso previo a acudir a los tribunales. «Ahora es el Adolfo Posada el que tiene tres meses para manifestarse, tiempo después del cual se entenderá que hay un silencio administrativo y acudiríamos al orden contencioso-administrativo, donde la causa iría con un juicio abreviado», expone el letrado. Para De la Iglesia, se estaría «ante un caso muy claro por el cual habrá que pedir responsabilidades patrimoniales».
La Consejería de Administraciones Públicas declinó ayer aclarar el tratamiento que dará a este asunto. Se trata de la segunda oposición médica bajo sospecha. Hace unas semanas, el Instituto Adolfo Posada ya se vio forzado a paralizar las de rehabilitación, al descubrirse que uno de los miembros del tribunal diseñó el examen bajo el asesoramiento de una persona ajena al procedimiento.
Negocios en común y filtración de preguntas, bases de la denuncia contra una oposición médica
El recurso de nueve aspirantes a plazas de medicina interna del Principado denuncia desviación de poder
El Instituto Adolfo Posada guarda silencio
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España
Favoritismo de algunos miembros del tribunal hacia determinados candidatos, consultas privadas en común, cruces de correos electrónicos alertando sobre preguntas del examen...
Los 46 folios del recurso de alzada presentado por nueve médicos especialistas en medicina interna contra un concurso-oposición del Principado recoge una serie de acusaciones graves y muy inusuales entre facultativos. El documento concluye solicitando que se anule la oposición «retrotrayendo el procedimiento al momento de nombramiento del tribunal calificador», según recoge el recurso elaborado por el despacho de abogados que dirige Gerardo de la Iglesia.
Ayer, el Instituto Adolfo Posada, organismo convocante de la oposición que depende de la Consejería de Administraciones Públicas, eludió la posibilidad -planteada por este periódico- de valorar los contenidos del recurso.
Los principales destinatarios de las acusaciones son dos miembros del tribunal calificador, entre ellos su presidente. Se les atribuyen una serie de maniobras -básicamente, filtración de preguntas de la prueba- para favorecer a una serie de aspirantes. En uno de los casos, por una supuesta relación profesional en otros hospitales públicos. En el otro, el factor que subrayan los recurrentes es, además de una trayectoria paralela en la sanidad pública, una confluencia de intereses que se plasma en una actividad privada conjunta.
El documento asegura que sus impulsores disponen de pruebas irrefutables de todo ello (incluidos correos electrónicos). Respecto al segundo caso, LA NUEVA ESPAÑA ha podido constatar que en Oviedo y en Gijón existen en este mismo momento sendas consultas privadas en cuyo portal figuran placas con los nombres de los facultativos aludidos y que remiten a un mismo local.
Los promotores del recurso son Flor Inmaculada Fidalgo López, Jaime Costales Escudero, Carlos Manuel Costas Sueiras, Luis Carlos Casado González, Mercedes Sánchez Cembellín, Isabel Carrio Montes, María Ángeles Meana Fonseca, Carmen Olabuénaga Iscar y Julio Fernández Bustamante. Pertenecen a los hospitales de Jarrio, San Agustín (Avilés), Central (Oviedo) y Álvarez-Buylla (Mieres). Varios de los recurrentes suspendieron el primer examen; los restantes, el segundo.
Todos ellos ocupan plazas interinas y aspiran a unas de las 23 plazas fijas de medicina interna que están en liza. Aunque inicialmente se habían inscrito en la oposición 92 especialistas de todos los hospitales de la región, finalmente a la primera prueba se presentaron 70 y fueron aprobados 33. El segundo examen fue superado por 27 opositores, los cuales pasan a la fase de concurso, en la que serán valorados sus méritos.
En este concurso-oposición no sólo importa aprobar, sino también obtener una buena nota. La intención del Servicio de Salud del Principado (Sespa) -al menos del equipo directivo saliente- es ofertar a los que aprueben la totalidad de plazas vacantes, por riguroso orden según la puntuación conseguida. Esta circunstancia abriría -tanto en medicina interna como en las restantes especialidades inmersas en una oposición- una reñida pugna por conseguir plazas en los grandes hospitales del centro de Asturias.
Extractos del recurso al Instituto Adolfo Posada
Una clínica privada en común
«Constituye un vicio de nulidad insalvable el hecho de que una de las vocales del Tribunal Calificador comparta clínica médica con uno de los aspirantes, que "evidentemente" ha superado los dos éxamenes y además con las mejores de las puntuaciones (...) Ambos especialistas constituyeron una sociedad civil (...) Se acompaña como documento núm. 1, 2, 3, y 4 fotografías tomadas a fecha del presente escrito en la clínica de Oviedo y en la de Gijón (...) Con este simple hecho se manifiesta una clara falta de objetividad e imparcialidad en la comisión de evaluación (...)».
Causas de abstención
«Ha de declararse la nulidad de la resolución administrativa impugnada, que no es otra que el proceso de selección, y por ende, tanto las listas de aprobados del primer examen como la lista de aprobados del segundo de los exámenes, en base a la apreciación en el caso de la concurrencia de varias causas de abstención consistentes tanto en compartir despacho profesional como por relación de servicio dentro de los dos años anteriores».
Sobre el primer examen, tipo test, en referencia a las notas de cuatro opositores
«Si comparamos estos resultados estadísticamente respecto a los del resto de opositores, mediante un histograma, es fácilmente comprobable que dichas personas conocían el contenido de las preguntas del test».
Filtración de preguntas
«Los indicios razonables de irregularidades anteriormente explicados rompen la igualdad de oportunidades inherente a los principios de mérito y capacidad en las pruebas selectivas, de tal manera que no sólo nos encontramos con un vocal del tribunal calificador que debió abstenerse por los motivos expuestos, sino que las preguntas de la fase de la oposición (test y supuestos prácticos) ya eran conocidas por algunos opositores al haberlas divulgado alguno de los miembros del tribunal calificador, como se demuestra a mayores de todo lo dicho, por el hecho de que dos de las recurrentes ya habían recibido con anterioridad los casos del examen».
«Desviación de poder»
«Haciendo uso de la doctrina del Tribunal Supremo, plenamente aplicable al presente caso, no puede sino declararse que existió una evidente "desviación de poder" en la actuación de la comisión evaluadora, tanto en lo que se refiere a la constitución de la misma como a las preguntas realizadas, los supuestos prácticos y el trato de favor a determinados aspirantes a los ejercicios».
Petición al Instituto A. Posada
«Solicita que (...) dicte resolución declarando la nulidad del proceso de selección, retrotrayendo el procedimiento al momento de nombramiento del Tribunal Calificador, por estimar haber concurrido vicio grave en la composición del mismo, así como infracción del artículo 103.3 de la Constitución en relación con el artículo 23.2 del mismo cuerpo legal, y, subsidiariamente, en caso de no estimarse la nulidad, se declare la nulidad relativa o anulabilidad del proceso selectivo, por haber existido "desviación de poder" por parte de la Administración Pública (...) Se solicita la suspensión de la ejecución de los acuerdos impugnados, como medida cautelar, y por lo que se refiere a las plazas convocadas».
