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Comparecencia de la Ministra ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso dónde si utilizó los calificativos "pública, gratuita y universal" para la Sanidad…

Comparecencia de la Ministra ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso dónde si utilizó los calificativos "pública, gratuita y universal" para la Sanidad…

Mato apuesta por la libre elección de médico y centro

MADRID, EUROPA PRESS
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados la "libre elección" de centro médico, facultativo, enfermero o pediatra en España, y ha anunciado que ofrecerá a las comunidades autónomas un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales para garantizar una atención sanitaria "pública, gratuita y universal" para todos los ciudadanos.
Ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, la nueva titular del ramo también ha avanzado que quiere crear una cartera de servicios básicos y un calendario de vacunación común para todas las comunidades autónomas, así como una tarjeta sanitaria "válida para todo el Sistema Nacional de Salud".
"Todos tenemos el mismo derecho a acceder en condiciones de igualdad a una atención sanitaria de calidad, sea cual sea nuestro estado de salud y nuestro lugar de residencia, es decir, sin importar donde vivamos, cuantas veces tengamos que recurrir a la sanidad ni cuan costoso sea el tratamiento que necesitemos", ha asegurado Mato.
LOS CIUDADANOS: EL CENTRO DEL SISTEMA
En materia sanitaria, la ministra ha insistido en varias ocasiones que sus políticas irán encaminadas a situar "al ciudadano en el centro del sistema" y, al mismo tiempo, conseguir que éste "participe cada vez más en las decisiones sobre su salud".
"La sanidad es lo primero, sin salud no se va a ninguna parte", ha reconocido Mato, que se ha mostrado dispuesta a "modernizar e innovar" para "poner el sistema sanitario público, universal y gratuito al servicio de sus únicos dueños: los ciudadanos".
En este sentido, ha defendido que los ciudadanos "puedan tener la opción de elegir centro médico, facultativo, enfermero o pediatra". "Creo en la libre elección", ha aseverado Mato, justificando esta medida, ya implantada en algunas comunidades como Madrid, ya que "mejora la calidad y la equidad del sistema".
Además, ha dicho que con esta libre elección se dará "aplicación real" a lo establecido en la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002. "Las decisiones de los pacientes y su valoración constituyen el mejor estímulo y el mejor indicativo de qué es lo que está funcionando correctamente y qué es lo que debe mejorarse", ha señalado.
En la defensa del paciente se ha basado también el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales anunciado por la ministra, que será concretado con las comunidades en el primer trimestre de este año en el marco de los consejos territoriales de la materia.
"Hay que trasladar a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro, en relación a las prestaciones que reciben y, sobre todo, de garantizar la sostenibilidad de estos grandes servicios públicos", ha asegurado.
En este sentido, ha anunciado la elaboración de un anteproyecto de Ley de Servicios Básicos que "garantice los servicios esenciales" y la "equidad en el acceso" a los mismos "en igualdad de condiciones independientemente de su situación social o lugar de residencia".
También ha avanzado la puesta en marcha de un calendario vacunal único ya que, a su juicio, "si no existen diferencias epidemiológicas entre comunidades no deberían existir diferencias en las vacunas recomendadas".
UNA TARJETA VÁLIDA PARA TODO EL SNS
La unidad autonómica también se reflejará, según Mato, con la constitución de una central de compras y con la creación de una tarjeta sanitaria "válida para todo el Sistema Nacional de Salud".
"Cada comunidad tiene un modelo de tarjeta sanitaria que no es reconocida por los sistemas asistenciales e informáticos de las demás", ha lamentado Mato, que considera que esto "supone más burocracia, obliga a los ciudadanos desplazados temporalmente a seguir trámites administrativos y, en definitiva, a gastos y molestias perfectamente evitables".
Sin embargo, la ministra está convencida de que con esta nueva tarjeta los ciudadanos podrán "acceder a todo el sistema sanitario o a la prestación farmacéutica en cualquier parte de la geografía española".
Además, la ’e-salud’ hará posible la generalización de la historia clínica digital y el uso de la receta electrónica así como la utilización intensiva de la telemedicina y la incorporación de mejoras de garantía de continuidad asistencial.
UN NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN FARMACÉUTICA
Por otro lado, también ha avanzado la creación de un nuevo modelo de prestación farmacéutica, que "garantizará a los ciudadanos el acceso a todos los medicamentos necesarios para hacer frente a las distintas patologías".
"Es indispensable y urgente avanzar hacia un nuevo modelo de prestación farmacéutica", ha resaltado, que incluirá en criterios de eficiencia en la prestación farmacéutica, y de coste/beneficio en el proceso de incorporación de nuevos medicamentos.
Además, hará posible el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores "siempre que realmente aporten un valor terapéutico añadido" e incrementará el porcentaje de medicamentos genéricos "hasta alcanzar el promedio de la Unión Europea".
La ministra también se ha referido a los profesionales sanitarios, avanzando un impulso a la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) que evite la "dispersión jurídica" que "se ha producido", así como la creación de un Registro Estatal de Profesiones Sanitarias como "herramienta de planificación imprescindible de las necesidades de los profesionales sanitarios".

El Gobierno estudia dejar de financiar la píldora del día después

Sanidad encarga un informe para conocer sus efectos en las mujeres antes de decidir si la sigue subvencionando o no

02.02.12 - A. VILLACORTA / AGENCIAS | GIJÓN / MADRID, en El Comercio.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha encargado un informe médico-científico sobre la situación regulatoria de la píldora del día después en el resto de Europa y para conocer los efectos que puede causar en las mujeres que la consuman, especialmente en aquellas más jóvenes, antes de decidir si se continúa financiando o no.
Así lo aseguró la titular de Sanidad durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que negó que vaya a tomar medidas por cuestiones «ideológicas, morales o éticas». «Esto es un tema de salud pública», dijo.
Mato se mostró especialmente preocupada por los efectos de este medicamento en mujeres jóvenes que «todavía están en edad de desarrollo», a quienes «una píldora de estas características puede causarle algunos problemas».
La ministra no precisó a quién ha encargado dicho informe ni cuándo obtendrá los resultados, pero aseveró que, «en cuanto los tenga», dará detalles sobre si se seguirá manteniendo su financiación, autorizada por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Mato utilizó después su segundo turno de intervención para hablar de la modificación de la ley del aborto y avanzar que impulsará medidas de apoyo para evitar que las mujeres «se enfrenten a una situación tan dramática como es decidir si abortar o no».
La modificación de la norma, defendió, servirá «para defender el derecho a la vida en los términos que dicte la sentencia del Tribunal Constitucional, y también en el sentido de garantizar que las niñas menores tengan el apoyo de sus padres a la hora de enfrentarse a una situación tan dramática».
En este sentido, avanzó que el ministerio lanzará un plan para jóvenes embarazadas y para concienciar de que «existen más opciones». «Hay métodos que impiden quedarse embarazada, y también hay otras medidas de apoyo para evitar que una persona tenga tomar una decisión así», sostuvo la ministra.
Pacto de Estado sanitario
Mato pretende alcanzar también un proyecto de ley con una cartera básica de servicios que garanticen las mismas prestaciones para todos los españoles, algo que, si no es una gran novedad en sanidad, sí lo es en servicios sociales.
Así, centró su propuesta en el apartado sanitario en conseguir un pacto de Estado, cuyos principios serán asegurar la sostenibilidad del sistema (cifró la deuda en 15.000 millones), establecer una cartera básica común (con servicios sociosanitarios incluidos), fijar un tiempo máximo de respuesta (algo que ya está en una ley), unificar el calendario de vacunas (que comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Galicia han roto), establecer un plan de farmacia (que supone el 22% del gasto), aumentar los genéricos y crear una tarjeta sanitaria única.
En esta línea, Mato, en respuesta al PSOE y a Izquierda Unida, no cerró la puerta a introducir algún tipo de copago, pero tampoco dijo que lo vaya a hacer.

La ministra anuncia un plan personalizado contra la violencia de género

El Ejecutivo impulsará una actualización y agilización de los procesos de adopción

02.02.12 - A. V. / AGENCIAS | GIJÓN / MADRID, en El Comercio.
La principal medida del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de violencia machista quedó desvelada ayer en el Congreso de los Diputados: la creación de «un Plan Personalizado contra la Violencia de Género» para «proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada».
Según explicó Ana Mato, el objetivo es «lograr una mayor cercanía» con las víctimas, así como una mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social, prevención, gestión del riesgo y asistencia de las mujeres que dan el paso para salir de esta situación.
«La primera tarea del ministerio será la de estar permanentemente vigilante en relación a la violencia ejercida contra las mujeres, apuntó Mato, que también anunció ante la Comisión del ramo en el Congreso que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.
Así, además de expresar esta «intención» del Gobierno, afirmó que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya «se ha comprometido» con este aumento de los mínimos que no tributan. «La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada», señaló la ministra, para anunciar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que definió como «un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar».
Este segundo plan incluye una reforma del Consejo Estatal de Familias, además de medidas de conciliación y «reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial», el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; «acciones específicas» para familias numerosas e iniciativas de «protección a las madres, especialmente las jóvenes», en situación de dificultad. Preguntada por la portavoz del PSOE, Soledad Pérez, sobre a qué modelo se refiere cuando habla de «la familia», Mato aseguró que es un plan para «todas».
«No dar lecciones a nadie»
«No voy a entrar en temas ideológicos, porque en temas de familia no se le puede dar lecciones a nadie, ya que cada una es un mundo, y lo que tenemos que hacer es dar respuesta a todos los mundos familiares», dijo.
Asimismo, la ministra anunció su intención de «actualizar y agilizar los procedimientos» de adopción y acogimiento, acometiendo «una profunda reforma del sistema español de protección de menores» que actualmente tiene bajo su guarda o tutela a un total de 30.879 jóvenes con una legislación de 1996.
Sobre este asunto, avanzó además que elaborará un «Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015» con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil, al tiempo que confirmó que reformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.
Por otra parte, Mato respondió a las preguntas de CiU sobre la sentencia del Supremo que reconoce a Cataluña y, por ende a todas las comunidades, la capacidad de distribuir los fondos recaudados por la casilla para fines sociales que marcan los ciudadanos en la declaración de la renta, y apostilló que buscará una nueva fórmula para «coordinar» el reparto de fondos.

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