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Frente a estos datos, la patronal del sector discrepa …

Frente a estos datos, la patronal del sector discrepa …

La ley de Dependencia ha generado 1.700 empleos en Asturias, según el Principado

El sector privado afirma que la aplicación de la normativa ha acarreado despidos y cierres de establecimientos y teme por 900 puestos de trabajo

En la foto: Pedro Rodríguez, Director General de Servicios Sociales.

Oviedo, Elena FDEZ.-PELLO, para La Nueva España

«Desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia se han creado 1.700 empleos a tiempo completo en servicios profesionales de gestión autonómica o municipal, en centros públicos y concertados». Así lo aseveró el director general de Servicios Sociales del Principado, Pedro Rodríguez, en una estimación realizada a partir del incremento de los gastos de personal en los centros del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias), los que dependen directamente de la Consejería de Bienestar Social, y los servicios de ayuda a domicilio, gestionados por los ayuntamientos.

Sin embargo, las empresas privadas del sector no coinciden, ni por asomo, con sus apreciaciones. La patronal se queja del mal momento que atraviesa a causa de la nueva normativa de acreditación de centros, que les obliga a emprender ciertas obras y adecuaciones en sus residencias para cumplir con sus exigencias. Hablan de cierres y de pérdida de puestos de trabajo.

De alguna manera, el Gobierno regional ha corroborado estos temores. El viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González Álvarez, admitió el viernes que algunos centros privados de atención a la dependencia tendrán que cerrar al no poder responder a las condiciones de acreditación. González no concretó la cifra, pero apuntó que «serán menos de una docena». Actualmente, hay 8.100 plazas en centros privados que ya están acreditadas, esto es, que cuentan con el visto bueno de Bienestar Social.

Ana Gil, presidenta de Asacesema (Asociación Asturiana de Centros y Residencias de Mayores), también teme que, una vez cerrado el proceso de acreditación, a primeros de junio, la situación empeore. En consecuencia, teme por la estabilidad de hasta la mitad de los empleos. «Los despidos están empezando y no es raro que en plantillas de una media de 25 personas haya dos o tres», comenta.

La presidenta de Aarte (Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad, ayuda a domicilio y centros de día), María Teresa Rodríguez, asegura que, por ahora, hay que contabilizar entre ocho y diez cierres y agrega que, con la nueva normativa, están en peligro más de 900 empleos. Plantea, además, lo que considera otra paradoja: «Hay una lista de espera de dos mil personas para ingresar en una residencia pública y el 20 por ciento de las plazas de las residencias privadas está sin cubrir».

«En Asturias hay más de 200 centros privados de mayores. El 73 por ciento tiene una capacidad de menos de 50 plazas, lo que significa que existen más de 150 centros de este tamaño. Lamentablemente, a la Consejería no sólo no le importa, sino que elabora nuevas normativas y exigencias a sabiendas de que la gran mayoría no podrá cumplirlas», afirman desde Asacesema. El negocio peligra no sólo por las inversiones que deberían hacer para adecuarse a la nueva ley, sobre todo los establecimientos más antiguos, sino también porque sin acreditación las residencias privadas no podrán atender a personas que reciban ayudas del Sistema Nacional de Dependencia ni podrán concertar plazas con la Administración, con lo que perderán a buena parte de sus clientes.

Los datos que maneja la Administración sobre la incidencia de la ley de Dependencia en el empleo son bien distintos. Además de los 1.700 puestos de trabajo directos de los que habla el director de Servicios Sociales, a 1 de abril estaban dadas de alta en el convenio especial de la Seguridad Social como cuidadores no profesionales 2.699 personas, casi la mitad de las que prestan este servicio en Asturias. Aunque no se les reconoce relación laboral con la persona de la que cuidan, se benefician de ciertas prestaciones laborales; por ejemplo, cobrar una jubilación. En Asturias, donde 5.763 personas perciben una ayuda de ese tipo, las altas a la Seguridad Social de los cuidadores están por encima de la media nacional, que se mantiene en el 38 por ciento, 119.542 altas entre 312.624 prestaciones.

De lo que carecen los cuidadores no profesionales, en vista de los datos que maneja la Administración regional, es de formación. Sólo la tercera parte, unas 2.000 personas, según Servicios Sociales, ha recibido alguna formación específica, más allá de las guías didácticas que les entregan los servicios sociales cuando se les notifica que la prestación económica por cuidados no profesionales ha sido aprobada.

La Administración entrega a los cuidadores diversas guías y material didáctico en cuanto se formaliza la prestación, sobre recursos de atención, establecimientos residenciales y algunas nociones sobre cómo afrontar ciertos cuidados. Algunos están patrocinados por instituciones como la Obra Social de la Caixa. Voluntaria y gratuitamente, pueden asistir a los talleres que se imparten, desde los servicios de enfermería de Atención Primaria. Entre 2007 y 2009 se beneficiaron de esa oferta 916 personas.

En este campo, subraya Rodríguez, la coordinación sociosanitaria «funciona» y desde Atención Primaria se distribuyen a los profesionales, médicos y enfermeras, las listas de las personas cuidadoras, para que estén pendientes de ellas y las asesoren en aquello que puedan requerir. También los centros de día ofrecen talleres formativos, más específicos e intensivos.

Está por desarrollar el acuerdo nacional en formación, que preveía módulos de formación profesional específicos, de 120 horas de duración; pero para eso, reconoce Pedro Rodríguez, no hay fecha fijada.

Cara y Cruz

La Consejería de Bienestar

«Desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia se han creado 1.700 empleos a tiempo completo en servicios profesionales de gestión autonómica o municipal, en centros públicos y concertados».

Los centros privados

«Ya ha habido entre ocho y diez cierres, y con la nueva normativa están en peligro más de 900 empleos».

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