El debate sobre el mapa municipal se reactiva por las medidas de Italia

La patronal asegura que «no suena mal» una posible fusión de municipios para ahorrar

FADE admitiría estudiar un recorte similar al de Italia, mientras los expertos discrepan sobre su eficacia y proponen reforzar la cooperación comarcal

Foto: Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, también opina sobre la cuestión...

Oviedo / Arenas de Cabrales, Marcos PALICIO / Patricia MARTÍNEZ, en La Voz de Asturias
La pretensión del Gobierno italiano de desahogar su economía recortando el número de ayuntamientos y provincias promete inducir reflexiones a este lado de la frontera y reavivar un debate muy conocido en Asturias sobre la estructura del mapa administrativo. En plena discusión sobre lo que cuesta un sector público con el agua al cuello y con los municipios en la encrucijada de la deuda disparada, los planes anunciados por el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, dan para varias respuestas a la pregunta sobre si son demasiados 78 ayuntamientos en Asturias y si podría ser la de Italia una solución también aquí. Políticos y expertos asturianos consultados por LA NUEVA ESPAÑA discrepan sobre los efectos prácticos de una medida que, de entrada, no suena mal en la patronal, pero a la que hay quien objeta, entre otras razones, que en Asturias el ahorro podría no compensar el perjuicio a los pequeños municipios rurales en retroceso demográfico o que la auténtica alternativa es el refuerzo de la cooperación comarcal.

«No parece que suene mal». El secretario general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, observa con buenos ojos el recorte «a la italiana» «como una posibilidad» susceptible de analizar en profundidad, pero siempre que su guía sean los criterios «economicistas» que ha aplicado Italia. Los del ahorro «en mano de obra», precisa. «Y si se planteara algo similar en España, habría que analizarlo detenidamente, pero muy probablemente la calidad de servicios no se vería muy afectada gracias a las nuevas tecnologías y a la administración electrónica, y a cambio la bajada de costes sería importante». González invita a valorar que «tarde o temprano habrá que plantear algún tipo de medidas de ajuste en las administraciones», que ya lo ha hecho el entorno próximo -Grecia antes que Italia-, y que no hay modelos trasladables sin más, pero que habría que abordar el problema «a medio plazo y casi diría que sería deseable en el corto».

En Italia, el «plan Berlusconi» -que incluye recortes en numerosas áreas para ahorrar 45.000 millones- obligará a fusionarse a 1.970 de los 8.094 ayuntamientos italianos. España tiene una cifra similar, 8.114, con quince millones de habitantes menos.

El proyecto prevé eliminar además 36 de las 110 provincias italianas. La traslación del modelo, que pisa terrenos espinosos y aborda cuestiones sensibles para los pequeños concejos asturianos, anuncia muchos matices analizables «caso por caso», pero podría servir en general, a juicio de Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional. Él juzga de entrada «muy conveniente una concentración de los ayuntamientos en comunidades con una dispersión de población tan grande como la de Asturias y Galicia» y argumenta que «abarataría costes». Es cierto que los concejos menos poblados, los más afectados por una hipotética reforma, no son los más deficitarios, pero Bastida entiende que «la suma de muchas deudas pequeñas da un resultado problemático» que urge remediar.

A Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, eurodiputado por Unión, Progreso y Democracia y partidario desde hace tiempo de la reducción del número de ayuntamientos en España, la reanudación del viejo debate le genera dudas. Por inoportuna. En su opinión, «debería abordarse en el marco de una reflexión general acerca de la administración local. Lo que no me parece aceptable ni serio», continúa, «es que esto se plantee en medio de una discusión sobre la reducción del gasto público y de manera precipitada». Según su tesis, en todo caso, la solución debería dar la última palabra a cada comunidad en función de sus singularidades, porque «yo nunca haría una ley general española sobre la supresión de ayuntamientos, porque cada territorio tiene sus peculiaridades. En Asturias, por ejemplo, no me pronunciaría a favor de una supresión generalizada».

El debate sobre la modificación del mapa municipal asturiano ya llega con retraso al decir del politólogo Óscar Rodríguez Buznego. Plantado en la certeza de que «el principal problema es que aún no hemos estudiado el problema», Buznego hace hincapié en la conveniencia de plantear la discusión, de abordarla sin prejuicios ni miedo a revisar un modelo de distribución territorial «que tiene casi doscientos años». Y la conclusión, matiza, no tiene por qué ser necesariamente «una fusión o concentración de municipios. A lo mejor hay otras fórmulas, como la posibilidad de que los concejos puedan asociarse o cooperar y así reducir costes y ser más eficaces en la prestación de sus servicios». Para ello, enlaza, «habría que hacer un balance de nuestra experiencia con las mancomunidades, que sospecho que tiene claros y oscuros, y pensar además que esas entidades han vivido en buena medida de los fondos europeos, que éstos se terminan y que las vamos a tener que financiar desde el Principado».

Rafael Menéndez, profesor de Geografía en la Universidad de Salamanca, se extiende en las objeciones que, a su juicio, esconde la importación de los planes de Berlusconi. «Pretender solucionar un problema de déficit eliminando pequeños ayuntamientos es como querer matar moscas a cañonazos», afirma. «Desde el punto de vista económico, sería irrelevante y la asignación por habitante se tendría que seguir dando al ayuntamiento mayor». Por otro lado, quitar el ayuntamiento en un pequeño territorio rural supondría en muchos casos «darle el cierre» y tal vez sería «más urgente mejorar la cooperación comarcal».

Desde el ámbito político, ni FAC ni PP quisieron ayer valorar las posibles implicaciones de la reducción, y la izquierda se muestra remisa a aceptarla. Así, la secretaria de política municipal de la Federación Socialista Asturiana y diputada regional, Adriana Lastra, prefiere «mancomunar servicios». Lastra afirmó en un acto en Cabrales que las diputaciones son estructuras administrativas mucho más susceptibles de reforma. Tiene en cuenta además «el arraigo de los asturianos a su ayuntamiento» y cree que, aunque los ciudadanos «podrían entenderlo por una situación de crisis, no les gustaría». IU de Asturias, contundente en su rechazo a la traslación de la propuesta italiana, asegura que el Gobierno transalpino «opta por el camino equivocado. El Estado, gracias al cual se ha evitado el colapso del sistema financiero, es ahora el principal objetivo de la derecha política y económica», afirma. IU no descarta fórmulas de reorganización de la administración, como «el impulso a las mancomunidades y los consorcios», pero invita a valorar que la supresión de ayuntamientos «supondría el despido de miles de trabajadores públicos, así como la desaparición de servicios municipales básicos».