Excelente, a mi juicio, artículo de Albert Recio

Sanidad pública, intereses mercantiles y cohesión social

Por Albert Recio – Consejo Científico de ATTAC España

Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.