Las propuestas están preparadas desde hace más de dos meses esto va un poco lento ¿o no?
Los funcionarios se plantan ante las injerencias políticas
Los sindicatos elevan a Del Riego 22 medidas de transparencia
13/12/2011, Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias
Los funcionarios del Principado quieren otras normas del juego para su relación con la Administración regional. Más allá del enfado por el recorte de sueldo a consecuencia del paquete de ajuste de mayo de 2010, los trabajadores públicos reivindicarán hoy ante el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, cuyo departamento ejerce también las competencias sobre personal, una nueva ley que dé un marco jurídico estable a la política laboral del Gobierno. Hasta que ese nuevo texto entre en vigor, los cinco sindicatos representados en la Junta de Personal (por orden de apoyos, CSI, USIPA, CSIF, CCOO y UGT) han pactado un documento que plantea 22 medidas para limitar la interinidad y mejorar la transparencia en los procesos de selección, las retribuciones y los episodios de corrupción.
En principio, las medidas encaminadas a la reforma de la función pública son una prioridad del Gobierno de Foro Asturias, que les reservó una parte destacada de su programa electoral y mucho tiempo en campaña. Lo que debe probar el encuentro de hoy es si la orientación que Del Riego quiere imprimir a esos cambios coincide con la visión de los sindicatos.
Para la Junta, la prioridad es definir una actuación que no esté pendiente de las resoluciones judiciales sobre los contenciosos que plantean los sindicatos. Ese es su principal reproche al enfoque de las políticas del anterior Ejecutivo socialista. Los representantes de los trabajadores separan sus propuestas en dos capítulos distintos: las medidas que pertenecen estrictamente a la gestión de las plantillas y las que hacen referencia a la contratación pública.
Sobre la incorporación de trabajadores a la función pública, las centrales hacen hincapié en la necesidad de cambiar los procesos de selección. Plantean el fin de la discrecionalidad en la elección de los tribunales calificadores, un régimen más duro de incompatibilidades para los funcionarios que también ejercen de preparadores de oposiciones, la eliminación de los puestos a medida y la responsabilidad personal de quienes organicen procesos irregulares, ya sean políticos o funcionarios.
Para reforzar la transparencia, los sindicatos abogan por dar publicidad en el Bopa a todos los nombramientos y ceses de personal eventual de confianza, así como sus retribuciones. También plantean limitar su número a una persona por consejería. En la misma línea, la plantilla plantea reducir al mínimo la interinidad, limitar las comisiones de servicio a los casos de extraordinaria y urgente necesidad y evitar el recurso a la libre designación. Otro de sus objetivos es separar las trayectorias profesionales de las políticas con la supresión del complemento para altos cargos y nuevos requisitos para percibir gratificaciones extraordinarias.
Menos asesorías externas
En cuanto a la organización de los servicios de la Administración y el encargo de contratos, los funcionarios piden reducir la externalización de trabajos que puede asumir la propia plantilla pública. Los sindicatos ponen sobre la mesa la reducción del uso de asistencias técnicas y consultorías y proponen poner fin al prestamismo laboral de empresas privadas incrustadas en la estructura pública. En la lucha contra la corrupción, aspiran a reforzar los poderes de la Inspección y la Intervención y proponen que el acceso al registro de contratos sea abierto a través de internet.
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