Razón lleva Cayo Lara, si pudieron reformar la Constitución en 15 días bien pueden resolver esto en menos tiempo
Todos a una contra los desahucios
El suicidio de una mujer que iba a ser desalojada en Baracaldo acelera el proceso político para acabar con el drama
Rajoy pretende pactar ya el lunes con los socialistas una «paralización temporal» de los desalojos
Foto: La manifestación de ayer por las calles de Baracaldo.
Oviedo / Madrid, Félix VALLINA / Agencias, en La Nueva España
La situación se ha ido de las manos y es necesario acabar con el drama de los desahucios de forma inmediata. Desde el Gobierno a los partidos de la oposición, pasando por sindicatos, la Defensora del Pueblo, ciudadanos, representantes políticos regionales, agentes sociales, la Unión de Consumidores de Asturias, representantes de la justicia, de la Iglesia y de otros sectores de la sociedad entonaron ayer al unísono el «basta ya» tras conocer la noticia del suicidio de Amaia Egaña, una mujer de 53 años -ex concejala socialista en Éibar y esposa José Manuel Asensio, ex edil (PSE-EE) de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Baracaldo- que se quitó la vida arrojándose al vacío desde un cuarto piso en Baracaldo cuando su familia iba a ser desahuciada. Su muerte, la segunda en estas circunstancias en menos de veinte días, ha provocado una catarata de reacciones en una jornada que podría quedar marcada en el calendario como el día en el que la sociedad española unió sus voces para terminar con una lacra que ya ha provocado 400.000 desahucios en España desde el inicio de la crisis. Sólo en Asturias, desde el año 2008, más de 6.000 familias han perdido su vivienda por no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca.
Desde el punto de vista político, el fallecimiento de Amaia Egaña ha sido la gota que colma un vaso que llevaba tiempo a punto de rebosar. Por el momento, el Gobierno aceleró ayer las gestiones para tomar medidas que hagan frente a los desahucios. En concreto, los responsables de los ministerios de Economía y de Presidencia se reunieron para cerrar una propuesta para ampliar los períodos de carencia de los colectivos especialmente vulnerables ante el pago de las cuotas a los bancos. La intención del Gobierno es llevar su iniciativa a la reunión que mantendrá el próximo lunes con representantes del PSOE para intentar llegar a un acuerdo en torno a la adopción de medidas contra los desahucios.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante un mitin en Lérida, explicó que los desahucios están provocando «hechos terribles y situaciones inhumanas» e hizo hincapié en la importancia de la reunión del lunes. «Espero que podamos hablar de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda. Es un tema difícil, espero que pronto podamos dar buenas noticias al conjunto de los españoles», señaló. Mientras, por las calles de Baracaldo, miles de personas -8.000 según los organizadores- se manifestaban bajo el lema «No al paro. No a los desahucios. Por la protección social», para denunciar la muerte de Amaia Egaña. En su recorrido, los manifestantes marcaron todos los bancos y entidades financieras con pintadas de «asesinos». Además, lanzaron botes de pintura contra una sucursal de la Caixa.
Tras las conversaciones que mantuvieron a lo largo de la semana, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, volvieron a hablar ayer por teléfono para acelerar en lo posible los trabajos para llegar a un acuerdo. Por su parte, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá hoy con el equipo de expertos que el partido ha designado para trabajar con el Gobierno en la modificación de la ley de desahucios. Mientras el Gobierno y el principal partido de la oposición pactaban el cambio de rumbo, Rubalcaba enviaba sendas cartas dirigidas a los máximos responsables de las organizaciones bancarias Asociación Española de Banca (AEB) y Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles, «en el ejercicio de sus competencias» al frente de ambas organizaciones, «que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia». Rubalcaba insiste en que esta situación «está dando lugar a dramas humanos muy dolorosos que provocan alarma en una sociedad democrática» y se pone a disposición de Miguel Martín, presidente de la AEB, y de Isidro Fainé, presidente de la CECA, para reunirse y «profundizar tanto como sea necesario» en este tema.
La intención del Ejecutivo preveía modificar los umbrales de personas exentas para los desahucios recogidos en el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos, pero el suceso de ayer ha servido para acelerar los trámites. A lo largo de los últimos días han salido a la palestra infinidad de posturas en contra de la ley Hipotecaria, sobre todo de jueces, que piden una solución inmediata para un drama se cobra una media de 520 desahucios al día en España. El juez decano de los Juzgados de Baracaldo, Juan Carlos Mediavilla, pidió ayer un cambio legal en la normativa hipotecaria para que no se repitan tragedias como la de Amaia Egaña. «Sería bueno que todos reflexionáramos y de una manera rápida, sin ninguna demora, se procediera a la modificación de la normativa vigente a fin de que luego los jueces pudiéramos interpretar y aplicar la nueva normativa que nos permitiera atender de una mejor manera a estas situaciones», señaló. Además, un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial, sin ir más lejos, denunciaba hace unas semanas los abusos del actual sistema y proponía medidas para acabar con el problema. Los 46 jueces decanos de toda España, que representan a más de 2.000 magistrados, también expresaron el miércoles en Barcelona su profunda preocupación ante las dos «lacras sociales» que sacuden el país: los desahucios y la corrupción.
La buena noticia de ayer es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife logró que Bankia aplazase todos los desahucios pendientes en la capital tinerfeña tras retirar 1,5 millones de euros de la entidad como forma de protesta. De esta manera, se puso fin a cinco días de huelga de hambre por parte de Carmen Omaña, una mujer que había sido desahuciada de su vivienda hace un mes.
Y es que la respuesta ha sido multitudinaria. Por ejemplo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, abogó por «operar un cambio profundo e importante en la legislación en materia de desahucios porque no hay derecho a que estén ocurriendo las situaciones que hoy sufren familias desesperadas que no tienen cómo afrontar determinados pagos». En ese mismo sentido, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, afirmó que la ley que regula los desahucios de viviendas «no es la adecuada y debiera reformarse». También la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se pronunció para urgir al Ejecutivo a que apruebe una moratoria para frenar la ejecución de los desahucios de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, pidió ayer, en la festividad de la Almudena, una solución al «problema angustioso de los desahucios» que sea «justa, equitativa y solidaria».
El Gobierno dará una moratoria de dos años ante desahucios extremos
Rajoy: “Espero que paralicemos el lunes los casos de familias más vulnerables”. El acuerdo Gobierno-PSOE no parará los desalojos que ya están en marcha
Fernando Garea / Carlos E. Cué, Madrid / Lleida, en El País.
La presión social, política y, sobre todo, la conmoción por hechos tan abrumadores como dos suicidios en las últimas semanas, el segundo el viernes, ha llevado al Gobierno y al PSOE a moverse más rápido. Ambos aceleraron los contactos para avanzar hacia un acuerdo para frenar los desahucios más extremos que, en todo caso, no se materializará hasta la próxima semana. Ese acuerdo, no obstante, no tendrá carácter retroactivo y sería aplicable a hipotecas firmadas, pero no a las que están en proceso de ejecución. Es decir, no serviría para casos como el de Amaya Egaña, la mujer que se suicidó en Barakaldo. A lo más que podría llegar el acuerdo es a obligar a los bancos a poner un porcentaje de su parque de inmuebles para alquiler social y realojar a personas desahuciadas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solemnizó la idea durante un mitin electoral en Lleida: “Estos días vemos cosas terribles, situaciones inhumanas, una persona se ha suicidado cuando la iban a desahuciar. Es un tema difícil, que hay que tomárselo con toda la seriedad y humanidad. El Gobierno está hablando con muchas personas, hemos hablado esta mañana con el PSOE. Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Y de los umbrales de exclusión, para aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que se pueda renegociar la deuda y permanecer en la vivienda. Es un tema difícil, espero que pronto podamos darle buenas noticias al conjunto de los españoles”.
Las opiniones que se oyen pidiendo el cambio de leyes procedieron de jueces, del Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y hasta la Iglesia. Así, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, abogó por hallar solución al “problema angustioso de los desahucios”, y el obispo de Bilbao, Mario Iceta, pidió urgencia.
Empujado por esta presión y el clamor social por los desahucios, el PSOE, a través de su número dos, Elena Valenciano, llamó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ambas se mostraron “conmocionadas” por el suicidio de Barakaldo. También ha hablado estos días la secretaria socialista de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero, con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, para perfilar las “medidas urgentes” que se podrían poner ya en marcha.
En paralelo, desde La Moncloa se impulsaron contactos entre los ministerios de Presidencia y de Economía para cerrar una propuesta concreta y difundir esos preparativos. De esos contactos salió el adelanto de que el Gobierno propondrá una moratoria de dos años para las ejecuciones de hipotecas en casos extremos, tal y como se pedía también en la proposición de ley del PSOE. Esa iniciativa la llevará el Ejecutivo el próximo lunes a la comisión creada con el PSOE para buscar soluciones. En todo caso, ya tenían previsto reunirse el lunes y lo que se hizo ayer fue reafirmar la voluntad de acuerdo, dar imagen de actividad (ayer fue festivo en Madrid) y avanzar algunos detalles desde el Ejecutivo.
Fuentes del Gobierno y del PSOE explican que, inicialmente, había resistencia en algunos ministerios a acometer una reforma legal y se mantenía únicamente la opción de modificar el Código de Buenas Prácticas, flexibilizando los umbrales de exentos de desahucios. El Ejecutivo trasladó la opinión negativa de los bancos, que consideraban que al generalizar la limitación de los desahucios se corría el riesgo de provocar contagio de impagados que lastrara su situación. Ahora, el Gobierno acepta cambios de leyes, pero buscando la forma de evitar esa generalización de impagos.
El PSOE mantiene la necesidad de modificar cinco leyes por entender que es preciso equilibrar una situación que, en este momento, favorece al banco muy por encima del deudor. Los socialistas se volcaron ayer en pedir a los bancos que frenen las ejecuciones de los desahucios, informa Vera Gutiérrez Calvo. Para eso, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, remitió sendas cartas a los responsables de la Asociación Española de la Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para pedirles “que procedan a la paralización de todos los procedimientos de desahucio hipotecario en curso hasta tener una nueva regulación sobre esta materia”. Rubalcaba, ante estos “dramas humanos muy dolorosos que provocan alarma en una sociedad democrática” se pone a disposición de Miguel Martín, presidente de la AEB, y de Isidro Fainé, presidente de la CECA, para reunirse y “profundizar tanto como sea necesario (...) con el fin de evitar nuevas ejecuciones hipotecarias”.
El coordinador de IU, Cayo Lara, exigió tanta celeridad para cambiar esa ley como la que tuvieron PP y PSOE para modificar la Constitución en 15 días: “Si no se hace lo mismo en este trágico problema es que algunos pretenden tomar el pelo a la sociedad”.
VER LAS DOS NOTICIAS DE AYER PUBLICADAS SOBRE ESTA CUESTION:
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