En la sección de Opinión de El Comercio del miércoles 10 de abril de 2013
Sanidad y educación: por un reparto del empleo.
Por Joaquín Arce Fernández, Economista y Luis Ignacio Vega Pérez, Enfermero.
Sanidad y educación son los principales capítulos del gasto de la Administración regional y los mayores empleadores de nuestra región. El presupuesto para sanidad y educación, en 2013, es de 2.237 millones de euros, casi el 70% del presupuesto regional, excluido el gasto en deuda.
Estos dos servicios dan empleo a 27.500 personas, en tomo al 80% del empleo público de nuestra Administración regional. A lo que habría que añadir el personal de la enseñanza concertada (unos 2.000 profesores), la Universidad (3.000 trabajadores) y la sanidad concertada.
En la educación pública no universitaria asturiana trabajan más de 11.000 profesores. Entre ellos, unos 3.000 interinos. Desde hace años, la educación asturiana es un servicio sobredimensionado en relación a nuestra evolución demográfica y a la ratio europea de número de alumnos por profesor: en Asturias, 9,5 y en Europa más de 15. Y con peores resultados académicos. Las reformas emprendidas por los gobiernos español y asturiano para racionalizar el sistema y reducir el déficit público (aumentos de jamada docente y de número de alumnos por grupo, revisión y concentración de la obsoleta red de colegios e institutos...) deberán provocar en pocos años una disminución de al menos 1.500 o 2.000 docentes.
En el sistema público sanitario asturiano trabajan 15.000 personas. Muchas de ellas realizan cantidades ingentes de horas extraordinarias y jornadas complementarias. Aunque la demanda sanitaria es creciente, la necesidad de ajustar los gastos de nuestro valioso sistema de salud para buscar su sostenibilidad también hará que, a falta de otras medidas, se deba reducir la plantilla en los próximos ejercicios.
¿Qué se puede hacer para que los ajustes de gasto y plantillas no aumenten el desempleo en nuestra región, con lo que eso supone de drama económico, social y personal? En el mercado de trabajo, como en cualquier otro, siempre hablamos de dos cosas: de precio y de cantidad. En un contexto de decrecimiento y menor recaudación fiscal, si no queremos que disminuya la cantidad de empleados (o si queremos que aumente) debemos reducir el precio por empleado. Así se hace en los países con mercado de trabajo más ágil y equilibrado y por eso tienen menos paro, incluso en las peores crisis.
¿Cómo podemos hacer eso? Se pueden bajar los costes laborales con carácter general, cómo ya se ha hecho en varias ocasiones en los últimos años con medidas como el aumento de horas de trabajo, la disminución del 5% de la masa salarial en 2010 y la eliminación de una paga extra en 2012 (-7%), en el marco de la dolorosa devaluación interna en la que estamos inmersos. Pero también hay que hacerlo aplicando políticas de reparto del empleo, sobre todo en casos en que pueden ser de gran utilidad.
En educación, una medida de reparto puede ser generalizar la contratación de profesorado interino a media jornada, en vez de a jornada completa. La contratación a tiempo parcial está muy extendida, en Europa y poco en nuestro país, sobre todo en la Administración. Si se generalizase, permitiría ajustar mejor los horarios y plantillas de los colegios e institutos y mantener, o incluso incrementar, el número de personas que trabajan como profesores. Esto ya se aplica desde hace años en la Universidad, donde abundan los profesores asociados a tiempo parcial, con pocas horas de docencia.
En sanidad habría que eliminar de forma total, o al menos, en la mayor medida posible, en un plazo razonable, las jornadas complementarias (guardias, 'peonadas', etcétera) sustituyéndolas por nuevas contrataciones de personal. Existen excelentes profesionales en paro a los que les estamos pagando la prestación por desempleo y, a la vez, personal de plantilla que realiza 50, 100 o incluso 200 horas extras al mes, para obtener una retribución adicional, a veces muy elevada. Este doble gasto, del paro y de las horas extras, supone un despilfarro del dinero del contribuyente y una inmoralidad social que no se puede aceptar. Son horas extras que deben convertirse en nuevos empleos.
Aunque cueste creerlo, en sanidad y educación se puede crear más empleo y ahorrar a la vez. Con esas medidas, en sectores tan intensivos en mano de obra, sin gastar más o, incluso, gastando menos, se podría sacar del paro a muchos profesionales en Asturias, aumentar la calidad del sistema y además reducir el gasto en prestaciones de desempleo, aumentar el consumo y las cotizaciones sociales y mejorar las expectativas económicas y la confianza en el sistema.
El Gobierno que lo haga se encontrará con la oposición de colectivos afectados y tal vez con la de aquellos sindicatos que prefieran defender los intereses de trabajadores pluriempleados antes que los de los desempleados. Pero si realmente reducir el paro en la actual situación de crisis (o decadencia) es una prioridad social, el reparto del empleo es un camino que debemos seguir.
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