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La Sindicatura de Cuentas confirma el enchufismo en las empresas públicas del Principado
La Sindicatura de Cuentas del Principado Asturias confirma nuestra denuncia sobre enchufismo en el sector público de la Comunidad Autónoma (ver aquí)
Dos informes recientes, uno sobre la fiscalización de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA (ver aquí, pagina 11) y el otro sobre la fiscalización de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias SA (ver aquí, pag. 10), ponen de manifiesto que estas entidades contrataran a su personal al margen de los principios constitucionales de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que se trata tan solo de dos muestras del clientelismo laboral que rige, de forma generalizada, el acceso a los puestos de trabajo del sector público del Principado de Asturias. Estamos seguros que el examen individualizado, una a una, de la larga lista de entes, fundaciones y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, demostraría que incurren en los mismos vicios e ilegalidades.
Lo sorprendente de la situación es que parece que estas manifestaciones de corrupción supuestamente "blanca" quedan en el limbo de la indiferencia penal, porque aquí ninguna autoridad se da por aludida, ni para poner coto a este caciquismo endémico, ni para exigir responsabilidades por ello.
Las ilegalidades existen y así lo constata la Sindicatura de Cuentas pero, dicho esto, todo el mundo parece mirar para otro lado, quizá porque en este tema del enchufismo laboral casi nadie tiene las manos limpias.
En todo caso, felicitamos a la Sindicatura de Cuentas por empezar a incluir en sus informes de fiscalización un cuestión de tanta relevancia como la del modo en que se selecciona al personal de los entes públicos.
Porque el enchufismo laboral en el empleo público no solo supone un privilegio para quien se beneficia de él. Comporta, sobre todo, una agravio comparativo indecente para todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a participar en procedimientos libres y en igualdad de condiciones para poder trabajar en la Administración Pública.
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