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Sin incurrir en baja temeraria, se elegirá la oferta más económica…

Sin incurrir en baja temeraria, se elegirá la oferta más económica…

El Principado recibe 31 ofertas para las obras del vial norte del nuevo Hospital

Estudiará hoy las propuestas de unos trabajos que tienen un presupuesto de 1,8 millones de euros y cinco meses de plazo

Foto.- Aspecto del vial pendiente de urbanizar desde La Corredoria, al fondo las torres de Montenuño.

18.03.14 - GONZALO DÍAZ-RUBÍN | OVIEDO, en El Comercio.

 

La Consejería de Fomento ha recibido un total de 31 ofertas distintas para las obras de construcción del vial norte del anillo perimetral del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Son muchas y alguna más puede entrar todavía en el concurso si certifica que envió su propuesta por correo en plazo ante la mesa de contratación, pero la selección de la ganadora será sencilla: la más económica sobre los 1,8 millones de euros del presupuesto sin incurrir en baja temeraria.

El precio fue el único criterio de adjudicación fijado por Fomento, precisamente para agilizar la contratación de unas obras sin las que el Ayuntamiento ya ha advertido que no dará la licencia de actividad del nuevo centro hospitalario.

En noviembre pasado, como adelantó en exclusiva este diario, el equipo de gobierno municipal hizo una última advertencia ante la inminencia del inicio del traslado de equipos y personal de El Cristo a La Cadellada. Sin completar el plan especial, no podía conceder la licencia. Y del ambicioso documento aprobado en 2007, faltaba por construir y urbanizar una parte del anillo hospitalario, entre la calle de Pedro González Quirós e Isla y la urbanización de Prado de la Vega, lo que será, una vez concluyan los trabajos, la calle Adolfo Suárez.

No se trataba, insistían desde el Ayuntamiento, de ningún pulso político, sino de la imposibilidad administrativa de conceder la licencia en tanto no se terminasen «todas las obras» de urbanización del plan especial, que no incluía ni distinguía fases de ejecución. Aún así, el Principado reaccionó a la defensiva e incluso el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, y el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, tuvieron un encontronazo durante la inauguración de una clínica dental de Cáritas. El Gobierno regional lanzó mensajes contradictorios. Por un lado, garantizaba que el vial se haría y, por el otro, loaba los excelentes accesos ya existentes que lo hacían innecesario. Unas veces anunciaba su inminente licitación y otras, se escudaba en la prórroga presupuestaria para demorarlo. Aún el 15 de febrero, el consejero insistía en que no se podía parar «toda la tecnología» del HUCA «por un vial que hemos prometido».

Cinco días después, el viento giró y empezó a soplar en la buena dirección. El propio consejero de Sanidad anunció ese día que las obras se financiarían con los recursos de la prórroga presupuestaria, para no depender de leyes de crédito extraordinario. Una semana después, el contrato estaba licitado por urgencia y con un único criterio de adjudicación, el precio, para agilizar su contratación. Un mes después, ya hay 31 empresas dispuestas a empezar los trabajos si salen ganadoras del concurso.

 

Cinco meses

Las obras durarán cinco meses, lo que en el horizonte más optimista situaría su conclusión no antes de septiembre u octubre. Oficialmente, el traslado de la actual a la nueva ciudad hospitalaria debería concluir en junio. Las fechas no casan, aunque fuentes de la consejería apuntan a que el traslado no se completará hasta el otoño. Aún así es posible que el Ayuntamiento tenga que modificar la licencia parcial concedida para la puesta en marcha de los primeros servicios de Radioterapia, pero que excluye las consultas y obliga a mantener cerrados dos de los accesos al recinto hospitalario.

La obra supondrá la construcción de 860 metros de viales, de los que 625 corresponden al tramo que falta del anillo hospitalario y el resto a ramales de conexión con las calles trasversales de La Estrecha. Asimismo, se construirá una glorieta de comunicación al inicio de la calle de Pedro González Quirós. También se adecuarán las calzadas, se pintarán las marcas viales correspondientes y se construirán aceras y zonas verdes. La actuación incluye la ejecución de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público.

En la primera fase de la obra de construcción del anillo perimetral del HUCA ya se invirtieron 3,3 millones de euros. Las obras, sin embargo se detuvieron en 2011 para permitir los trabajos de construcción del colector Norte que concluyeron a mediados del año pasado sin que el Principado retomase las obras del vial.

 

El enlace con la AS-II, en el crédito extraordinario

18.03.14 – El Comercio.

 

La línea directa con el Principado, de la que presumió el alcalde durante un Pleno, parece que vuelve a funcionar. Después de meses de ver como el Ejecutivo regional frenaba o bloqueaba casi cualquier iniciativa del Ayuntamiento o para la ciudad -desde el museo de las reliquias, la promoción turística, la recuperación de la plaza de toros hasta la ampliación de colegios- las últimas semanas han visto desde el vial del HUCA a la ampliación del colegio Ruiz-Tilve. Y esperan más noticias, el Principado parece dispuesto a incluir en el crédito extraordinario una partida para iniciar el enlace entre la AS-II y el nuevo Hospital, que tanto preocupa a los vecinos de La Corredoria. Algo simbólico de una obra de más de 20 millones de euros, pero que con las elecciones a la vuelta de la esquina y Foro en plena campaña por los accesos, no le vendrá mal al alcalde.

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Gispasa no pasa el examen de la Sindicatura…

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En el nuevo HUCA abundaron las anomalías jurídicas, critican los síndicos en la Junta

La oposición en bloque censura a la empresa pública Gispasa y el Gobierno asegura que siempre se ha atenido a una legalidad cambiante

Foto.- Los tres síndicos, ayer, en la Junta. De izquierda a derecha, Antonio Arias, Miguel Ángel Menéndez y Avelino Viejo.

18.03.2014, Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España.

 

Los tres miembros de la Sindicatura de Cuentas del Principado criticaron ayer en el Parlamento regional las "deficiencias", las "anomalías" o las "inobservancias" de carácter jurídico cometidas por los sucesivos gobiernos autonómicos en el proyecto de construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El objeto de debate fue la empresa pública Gispasa, creada en 2004 para impulsar la puesta en marcha del complejo sanitario de La Cadellada, cuya entrada en servicio se lleva a cabo de forma paulatina y debería estar completada el próximo 30 de junio, según las previsiones del Ejecutivo de Javier Fernández.

 

El síndico mayor Avelino Viejo, quien llevó la voz cantante de la exposición, exhibió una notable habilidad para eludir la palabra "irregularidades", pero sí se avino a verbalizar todos los términos entrecomillados en las líneas anteriores. Cuando los diputados -no socialistas, claro- le apretaban las clavijas para que se mojase en la calificación de los aspectos más dudosos, su respuesta fue, por sistema: "Me remito a lo que figura en el informe de fiscalización", una auditoría de ochenta páginas, muy técnica, del que muy probablemente la mayor parte de los diputados no extraerá grandes clarificaciones. "No se han apreciado indicios de responsabilidad contable", precisó Viejo.

 

Las reprobaciones esgrimidas por los síndicos pueden resumirse en cinco. Primera: Gispasa fue creada por el Gobierno de Areces para evitar la inclusión del endeudamiento que suponía el nuevo HUCA en el balance de la comunidad autónoma, pero al año siguiente esta deuda entró a formar parte de la autonómica debido a un cambio legislativo. Segunda: en el momento de la firma del convenio entre el Principado y Gispasa "no existía norma legal que le sirviese de amparo". Tercera: los modificados introducidos en la construcción del HUCA son, en su mayor parte, innecesarios y deberían haberse tramitado como obras accesorias o complementarias. Cuarta: no existe una memoria justificativa de la creación de Gispasa, como exige la normativa, ni ha sido posible verificar la existencia de la memoria económica preceptiva que detallara las repercusiones presupuestarias. Quinta: en el contrato de construcción del recinto sanitario "parte de los criterios de adjudicación fijados en los pliegos se valora en atención a unos subcriterios no especificados previamente en los pliegos", carencia que pudo generar desigualdad de oportunidades entre los diversos licitadores.

 

Fueron los cuatro partidos de la oposición los que quisieron llevar ayer a la Comisión de Hacienda de la Junta la discusión sobre el citado documento. Más de cinco horas estuvieron debatiendo unos y otros, en primer término con los tres síndicos y a continuación con los consejeros de Hacienda (Dolores Carcedo) y de Sanidad (Faustino Blanco) y con el gerente de Gispasa (Alfonso de Carlos). Según Carcedo, gran parte de las críticas de la Sindicatura obedece a "la distinta calificación jurídica que se le da a Gispasa". "No hay nada que ocultar. La empresa ha ido cambiando al hilo de los cambios de normativa y de las sentencias", se defendió Carcedo. El pasado mes de diciembre el Ejecutivo regional modificó los estatutos de Gispasa para convertirla en "medio propio de la Administración del Principado".

 

La discusión tuvo momentos sólo aptos para expertos, por ejemplo, los dedicados a analizar los trasvases de cuantías en concepto de IVA entre el Principado y Gispasa, cuestión de relevancia más que dudosa, por cuanto la caja de caudales de ambas entidades es la misma. Hubo también momentos abiertamente soporíferos. Otros llamativos. Izquierda Unida, que en 2004 gobernaba con el PSOE y apoyó la constitución de Gispasa, empleó bastantes minutos en inquirir -por medio de su diputado Ángel González- qué pasaría si Gispasa dejara de existir y la Administración regional pasara a desempeñar directamente sus funciones, que en el futuro serán la gestión de los servicios no sanitarios del HUCA y la del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres.

 

"He visto pocos informes tan demoledores como este de la Sindicatura", subrayó el portavoz del PP José Agustín Cuervas-Mons. A juicio de Teresa Alonso, de Foro, "en el informe hay muchas denuncias claras". Ignacio Prendes, de UPyD, indicó que el documento es riguroso y serio y llega a unas conclusiones preocupantes".

 

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Y no hay que suavizar la acreditación, sino incrementar la calidad del servicio…

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FUTURO DE UN SECTOR QUE ESTA CAYENDO EN MANOS DE LOS “FONDOS BUITRE”…

Los geriátricos plantean a Sanidad absorber pacientes para descongestionar hospitales

«Sólo la coordinación sociosanitaria salvará al sector», alerta la patronal del gremio, que cifra en 500 euros al día por persona el ahorro para el servicio sanitario

Foto.- Paulo González, ante la sede de Geriátricos del Principado.

 

18.03.2014 - CHELO TUYA, GIJÓN, en El Comercio.

 

«Si no cambian las cosas, en pocos años la red privada estará en manos de dos o tres grandes empresas multinacionales. Los pequeños centros, cerrarán». Paulo González tiene claro que el sector geriátrico asturiano no pasa por su mejor momento. Al menos, el modelo más habitual en Asturias: de menos de 25 plazas y sin especializar.

Por ello, el presidente de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), la patronal que aglutina a los 25 centros de mayor tamaño de la región, que acumulan la casi totalidad de las 1.869 plazas concertadas con el Principado, respalda las palabras de Jesús Kocina. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el médico gijonés asegura que «el 80% de los geriátricos asturianos están en venta», después de cerrar la venta de la mayoría de sus residencias -englobadas en Geriátricos del Principado- al fondo de inversión Magnum. Kocina, que sólo se ha quedado con los centros matrices del emporio, Palacio de Caldones y La Serena, ambos en Gijón, asegura que «cualquier empresario geriátrico asturiano aceptaría una oferta por su centro».

Una aseveración que González comparte: «En venta, están todos. La situación es difícil». Tanto que la entidad sólo ve una solución de futuro para las más de 9.000 plazas privadas, del total de 15.000 abiertas en Asturias, «la coordinación sociosanitaria. Sólo ella salvará al sector, puesto que el modelo actual, el residencial, el de pequeños centros, se ha acabado. No sólo en Asturias, en toda España».

 

Plan para Faustino Blanco

Por ese motivo, Ascege ha elaborado una propuesta que presentará al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, «para poner en marcha la coordinación sociosanitaria en Asturias». Se trata de la extrapolación a la región de las tesis recogidas en el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria en España elaborado en 2011 por el entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En el documento, que pone sobre la mesa una idea defendida en los últimos diez años por todas las administraciones, plantea Ascege absorber pacientes ingresados en hospitales «que no se encuentren en la fase aguda de la enfermedad». Es decir, trasladar a los geriátricos asturianos «a los pacientes para pasar la convalecencia», con lo que se lograría, asegura Paulo González «tres objetivos: descongestionar los hospitales, mejorar la calidad de la asistencia y ahorrar gastos». Porque, de acuerdo a sus cálculos, la derivación a los centros geriátricos de los enfermos hospitalarios «supone un ahorro importante: pasar de la media de 600 euros al día por persona que supone una cama de hospital a los 100 euros que, esa misma persona, gasta en un geriátrico».

 

De la construcción a la geriatría

Junto al ahorro, los propietarios de los grandes geriátricos ponen sobre la mesa «la importancia de la atención especializada. En un hospital, nadie da de comer al enfermo; en una residencia, sí. El trato es más personalizado y el enfermo tiene menos desorientación».

De hecho, ese nuevo modelo, el de centros alternativos al hospital, es sólo una parte del plan que presentarán al consejero de Sanidad, «puesto que creemos que las residencias deben abrirse al entorno. Muchas personas que viven solas están mal nutridas o mal medicadas. Si convertimos la residencia en el centro de día, donde pueden ir a comer, a pasar la tarde, a controlar la tensión, no sólo mejoraremos su calidad de vida, sino que aliviaremos la congestión de Primaria».

Además, asegura que el sector «se convertirá en la fuente de empleo para la que está llamado». Incluso ahora, «que no es un buen momento», la geriatría «está dando empleo a un perfil que apenas tiene salida en el mercado: extrabajadores de la construcción».

Mientras esperan la cita con Blanco, Ascege apunta que no apoyará la petición del resto del sector, aglutinado en Unade. Tal y como adelantó este periódico, el resto de geriátricos pide a Bienestar «que suavice la acreditación de centros», para evitar cierres. González cree que «no hay que suavizar, sino incrementar la calidad del servicio».

 

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Madrid, cada vez más cerca…

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MARCHAS DE LA DIGNIDAD

"El destino tiene nombre y fecha: Madrid - 22 de marzo"

Miles de personas se acercan a la capital, donde convergerán en una gran manifestación el sábado 22 a las 17.00 horas. Reclaman servicios públicos,  empleo digno, el derecho a la vivienda, que se vaya la troika y que no se pague la deuda.

Foto.- Caminantes de la columna andaluza.

 

VIRGINIA UZAL, Madrid, en Publico.es

 

"Cada día más cerca, cada día más fuertes, cada día más convencidos y convencidas de que en la carretera también está la lucha. El destino tiene nombre y fecha: Madrid - 22 de marzo". Esto afirmaba Maribel Martínez, de la columna de Aragón, en la crónica diaria que hacen desde el día 5 de marzo que llevan caminando. Cuentan que han pasado hambre y frío: "Hay etapas duras, pero sentir lo que otros muchos sienten todos los días, nos anima, más si cabe, a caminar".

 

Marchas de todos los puntos del país se dirigen a Madrid para confluir este sábado en una gran manifestación que se celebrará a las 17.00 horas desde Atocha hasta Colón. "Se espera que habrá muchísima gente por lo que vamos a abrir la cabecera de Atocha a Colón para que no haya problemas y se pueda avanzar", afirma Elena, del colectivo Bomberos Quemados.

 

En Galicia también está todo preparado. Un grupo de personas ya ha salido camino hacia Madrid pero muchos llegarán en ferrocarril y autobuses. "Hemos conseguido llenar dos trenes en apenas unos días que saldrán desde A Coruña y Pontevedra, 560 personas que llegarán a Chamartín a las 13.15 horas del día 22 y bajarán en marcha hasta Atocha para juntarse con las demás columnas", dice Carlos Costoya, del sindicato ferroviario Intersindical. "Ante el apoyo recibido hemos decidido organizar el viaje también en autobús. Ya se han llenado cinco y esperamos llegar a 10 o 12 que saldrán de las principales ciudades gallegas. Por ejemplo en Ferrol, con todos los trabajadores del naval que han decidido unirse para luchar por sus derechos, ya tienen reservados unos cuantos". Un grupo de más de 160 personas del mundo de la cultura, intelectuales y artistas  gallegos han firmado un manifiesto, en verso, de apoyo a las marchas y a la manifestación del 22 de marzo.

 

El País Valencià se sumó a las marchas el pasado domingo 9. A la columna sudeste se incorporarán gentes de Castelló, València, Alacant o Murcia además de los autobuses que llegarán, desde estos puntos, el día 22 a Madrid. Donaron algunos de los alimentos que les van dando por el camino a un banco de alimentos. "Por todas las poblaciones que pasamos nos dan muchos alimentos, todos están siendo muy amables, hasta tal punto que nos sobran y los donamos a las personas por las cuales estamos luchando", afirma uno de los marchantes de la columna del mediterráneo.

 

Maribel destaca "los ánimos y la voluntad que derrochan el benjamín y el veterano" de la marcha noreste. Cuenta el caso de Alejandro, un joven estudiante de filosofía de Zaragoza que camina para reclamar "el derecho de todos los estudiantes a una beca y que se elimine la abusiva subida de las tasas universitarias" que les impide terminar sus estudios. Agustín, un veterano catalán que ya ha cumplido 70 primaveras "aporta su coche a esta aventura para estar seguro" de que llegarán a Madrid, Cuenta Maribel. "Cuando le preguntas por qué está en la Marcha, su respuesta es contundente: 'por cojones', no necesita más explicaciones".

 

Los activistas destacan que en su camino pasan por pueblos "que no desisten en su lucha", afirma Maribel, una activista que ya estuvo luchando contra los recortes en la prevención del cáncer de mama en Zaragoza. "Pasamos por Ateca, pueblo luchador que últimamente ha tenido que defender con uñas y dientes la industria que daba sentido a su localidad, la de los Huesitos que todos conocemos. Esas  buenas gentes nos han recibido hoy [por el domingo] con aplausos y mucho cariño". En esta marcha "indignada" conviven caminantes venidos de Navarra, Euskadi, Catalunya y Aragón. "Entre nosotros ya no nos preguntamos de dónde venimos, sólo nos interesa a dónde vamos y nuestro destino está cada vez más cerca", concluye Maribel.

 

La columna de Extremadura salió el pasado lunes 10, llevan una semana caminando desde varios puntos de la comunidad, a los que se han unido personas de varios pueblos de Castilla-La Mancha. "No sólo caminamos, acompañamos el camino con acciones reivindicativas y de desobediencia. Hemos ayudado, entre otras cosas, en la ocupación de un grupo de viviendas, creamos una nueva corrala con la PAH en Talavera de la Reina para unas personas que iba a ser desahuciadas y se quedaban en la calle. La mejor forma de decir es hacer y ese ejemplo estamos siguiendo", dice Manuel Cañada, de los Campamentos de la Dignidad de Extremadura.

 

"Nos encontramos con muchas limitaciones logísticas y físicas, muchos no pueden aguantar tantos días caminando y cuando pueden, existe el problema del espacio para dormir o incluso ducharse, ¿dónde metemos a tantas personas?, la gente nos ayuda muchas veces con comida pero no tenemos casi ni cómo transportarla". Cañada destaca que es un movimiento "montado desde abajo por y para el pueblo, destituyente y con mucha unidad", afirma. "Estamos barajando varias acciones pero lo que tenemos claro es que no es algo puntual, vamos para quedarnos", sentencia.

 

De Langreo (Asturias) también salió el 1 de marzo un grupo de personas que ya está a las puertas de Madrid. El movimiento ciudadano de apoyo a los mineros y las mujeres del Carbón de Asturies, León y Aragón también se han sumado a esta iniciativa: "Toda la familia minera hacemos un llamamiento a la población para que juntos secundemos la convocatoria de las Marchas del 22-M hasta finalizar en Madrid, donde se exigirá dignidad para nuestras gentes". Además, la columna asturiana ha organizado los trenes y autobuses de la dignidad para que todo el que quiera pueda llegar a la manifestación de las 17 horas a Atocha.

 

Miles de personas tienen prevista su llegada a Madrid el próximo sábado 22 de marzo desde todos los puntos del estado y del extranjero, sin olvidar la marea granate, indignada por este "exilio forzoso". Todos y todas se juntarán a las 17.00 horas en Atocha para luchar por unos servicios públicos de calidad, por el derecho a una vivienda y empleo digno, para que se vaya la troika y que no se pague la deuda. Las reivindicaciones continuarán el domingo, con una asamblea abierta en la Puerta del Sol, y el lunes, con manifestaciones que recorrerán las calles del centro de Madrid y los ministerios desde el Paseo de la Castellana.

 

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¡¡NO PARAREMOS HASTA QUE SE RESTITUYAN LAS PRIVATIZACIONES!!...¡¡JUNTOS PODEMOS!!

¡¡NO PARAREMOS HASTA QUE SE RESTITUYAN LAS PRIVATIZACIONES!!...¡¡JUNTOS PODEMOS!!

Madrid se tiñe de blanco para pedir a González que formalice en el BOCM la retirada del plan privatizador

Miles de pacientes y trabajadores sanitarios se han manifestado en la capital contra la 'externalización' de la donación de sangre y las derivaciones de la pública a la privada

 

EUROPA PRESS, Madrid.

 

La marea blanca ha salido este domingo a las calles de Madrid por decimoséptima vez para protestar contra las derivaciones de pruebas a centros privados y para reclamar que la retirada de la externalización se formalice en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Además, los miles de asistentes han pedido la devolución del sistema de gestión pública de la extracción de sangre de la Comunidad, así como la de la Lavandería Central Hospitalaria.

 

La manifestación ha sido convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) —que agrupa a trabajadores sanitarios y pacientes, así como a otras organizaciones sociales— y ha comenzado a las 12 horas en el Hospital La Princesa continuando hasta la Puerta de Alcalá.

 

La secretaria de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, Rosa Cuadrado, ha declarado que todavía hay "muchas amenazas sobre nuestras cabezas: continuos recortes, no hay ninguna inversión en la sanidad pública y las plantillas son muy reducidas". A ello añadió, también que se siguen derivando fondos públicos a la privada "con la disculpa de que la pública no puede hacerles frente".

 

Los trabajadores de la Lavandería, con la mitad de sueldo

En relación con la situación de la Lavandería Central Hospitalaria, la portavoz de la asociación de la Lavandería, Nieves Planet, ha manifestado que la concesionaria "han recortado un 46% de sueldo, hemos pasado de cobrar 1.100 a 645 euros, creo que es una rebaja muy importarte".

 

Además, Planet ha incidido en que la empresa encargada de la Lavandería, Flisa, está contratando personas con discapacidad. "Lo hacen porque ellos reciben 341 euros todos los meses por subvención, porque no tienen reparos en echarlos si no valen", ha destacado.

 

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid, Deli Edreira, ha apuntado que protestan porque quieren que "se retroceda en el acuerdo firmado entre la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja". Este convenio permite a la Cruz Roja realizar transfusiones de sangre en puntos de calle donde antes se situaba el Centro de Transfusión público "cobrando 67 euros por bolsa de sangre".

 

Además, la secretaria de Sanidad del PSM, Laura Oliva, ha destacado que su partido sigue apoyando estas convocatorias "porque el Gobierno regional espera a que llegue un momento más propicio para sus intereses y por lo tanto es importante que esta marea blanca se siga movilizando por las calles de Madrid en defensa de lo que es de todos".

 

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Más allá del restrictivo Real Decreto-ley 16/2012 en la asistencia a inmigrantes sin papeles….

Más allá del restrictivo Real Decreto-ley 16/2012 en la asistencia a inmigrantes sin papeles….

Un hospital de Madrid cobró 390 euros a un inmigrante por atenderle en urgencias

La Fundación Jiménez Díaz, centro de la red pública gestionado por la empresa IDCSalud, exigió una fianza para atender en urgencias a Óscar Benítez, un inmigrante en situación irregular

La atención de urgencia es una de las excepciones del real decreto 16/2012, que excluyó de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles

La empresa asegura que se trató de "un error administrativo", y que confundieron al hombre con un paciente de la parte privada del centro

Foto.- Factura de la fianza que un paciente tuvo que pagar en urgencias del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

 

Laura Olías / Raúl Rejón, en eldiario.es

 

"¡Esto se te va a cobrar!". Con esta frase, dicha a los gritos, respondieron en el mostrador de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Óscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, que acudió con un fuerte dolor en la vesícula. Benítez se enfrentaba por segunda vez a la misma respuesta en este hospital de la red pública. La primera, desinformado, pagó lo que pidieron: 390 euros para que le viese un médico. Una exigencia ilegal, puesto que la atención de urgencias está cubierta por la Seguridad Social, incluso para aquellos que se han quedado sin tarjeta sanitaria. El hospital achaca la situación a un simple "error administrativo".

 

La vesícula lleva más de un año atormentándole, dice por teléfono, pero le rechazaron de seis centros de salud públicos diferentes. "Me decían que sin papeles no me podían atender. Estuve automedicándome todo ese tiempo, pero a principios de año ya no podía aguantar más los dolores", explica.

 

La negación de asistencia sanitaria a un paciente en urgencias supone otra irregularidad. El  Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que dejó fuera de la asistencia gratuita a inmigrantes en situación irregular en algunos supuestos, contempla tres "situaciones especiales" en las que se debe suministrar atención. Una de ellas es la atención en urgencias, al igual que a las mujeres embarazadas y los menores. Estas excepciones son a nivel estatal, además de las que añada cada Comunidad Autónoma en su regulación.

 

En enero acudió a un centro de salud de Plaza de España y, ante una nueva negativa, se derrumbó. "Yo les decía, ¿cómo pueden negar atención a una persona con estos dolores? Me voy a morir". Sus quejas, entre sollozos, fueron escuchadas por una médica, que accedió a atenderle por su cuenta. "Y me derivó de urgencias a la Fundación Jiménez Díaz, que es la que me corresponde por donde resido".

 

Óscar, de 34 años, pensó que sus problemas acabarían, pero la realidad volvió a defraudarle. "Allí me volvieron a negar la asistencia; además, de muy malas maneras. Ante mi desesperación, se fueron a consultar y cuando volvieron me dijeron que sólo me atenderían si pagaba". La cantidad: 390 euros. Ante sus primeras reticencias, por lo abultado de la cifra, una respuesta que le quedó bien grabada: ' Si no tienes dinero ni papeles no te podemos atender'. "Como no podía aguantar más, llamé a una amiga para que me trajese el dinero".

 

La atención fue, ahora vista desde su perspectiva de consultas posteriores, poco resolutiva. "Me dijeron que el médico de guardia cobraba 200 euros y que el resto de fianza me la devolvían. El doctor, que también me trató con malas maneras, sólo me dijo que debía ser un cólico". Ahora, después de varias pruebas, espera un diagnóstico para el martes. "Me han dicho que puede ser algún problema en la vesícula, o en el hígado o piedras, que no están seguros aún", cuenta.

 

Cuando a los dos días volvieron los insoportables dolores, Óscar no sabía que hacer. "Me decía, no tengo trabajo, ¿de dónde saco yo 390 euros otra vez?". Un amigo le habló de Yo Sí Sanidad Universal y, gracias a un acompañante del grupo de la plataforma en Lavapiés, su situación dio un vuelco. Pablo Meseguer forma parte de este colectivo desde que el real decreto se puso en marcha y ya lleva muchos 'no' a sus espaldas en centros de salud y hospitales. Pero gracias a una normativa aprendida casi al dedillo, intenta junto a otros compañeros que se respeten los derechos de los inmigrantes.

 

"Hay un bulo general muy difundido de que 'los sin papeles no tienen derecho a sanidad', cuando eso no es cierto en todos los casos", precisa Meseguer. "Óscar nos contó lo sucedido y, cuando le acompañé en una segunda urgencia, una noche pocos días después, nos encontramos con la misma petición: 390 euros", cuenta.

 

"Una confusión", según el hospital

"Tuvimos una buena bronca porque nos decían en el mostrador que tenía que pagar para que le atendiesen. Me pareció alucinante. En otros hospitales también intentan que los inmigrantes firmen compromisos de pago, pero cuando les contamos las excepciones del decreto al final admiten que les tienen que atender de forma gratuita", explica Meseguer. Esta vez no fue así.

 

Pablo aconsejó a Óscar ir al Hospital Clínico, pero antes puso una reclamación en la que denunciaba lo sucedido. "En el Clínico le admitieron y le dieron de alta en el sistema sanitario como transeúnte sin permiso de residencia". El TIR es la modalidad de expediente que Yo Sí Sanidad Universal aconseja pedir en centros de salud y hospitales porque tiene una duración de un año y permite derivaciones, pruebas e intervenciones (aunque no la prescripción de medicamentos). Desde entonces, Óscar ha estado ingresado cinco días en el hospital, ha ido a revisiones y le han hecho pruebas. "Ahora me tratan bien, como a cualquier otro", apunta.

 

"Cuando ya estaba dado de alta en el sistema, volvimos a la Jiménez Díaz para exigir que le devolviesen el pago de los 200 euros que abonó Óscar", añade Meseguer. Y lo consiguieron. La respuesta oficial de IDCSalud a eldiario.es es que "se confundió a este inmigrante con un paciente de la parte privada del hospital". El centro tiene una parte del edificio dedicada a sanidad privada, pero no la zona de urgencias.

 

La reclamación de Pablo Meseguer recibió una respuesta similar: "La actuación del personal de Admisión de Urgencias es informativa para el paciente, para darle a conocer que la atención que va a realizar genera un coste, sin que ello derive en una falta de asistencia".

 

Óscar y Pablo niegan tal confusión. Meseguer no solo se basa en la visita a urgencias con Óscar sino en otras experiencias en este mismo hospital. "La Fundación Jiménez Díaz informa arbitrariamente de que las urgencias se cobran. Yo lo he visto con mis propios ojos y lo he peleado", asegura Meseguer, que cree que la existencia de una parte privada en la Fundación Jiménez Díaz permite que sea más sencillo el cobro a los inmigrantes y su desinformación desde los mostradores. De momento, tiene otra reclamación pendiente de respuesta.

 

"Se ha tratado de una equivocación, aquí se atiende a los inmigrantes irregulares sin cobrar", argumenta un portavoz del hospital, que asegura que en 2013 se vieron 2.497 pacientes de este tipo. La última Memoria Anual de la Fundación Jiménez Díaz (de 2012) consigna que se tramitaron 114.750 urgencias, por lo que esa cantidad reseñada supondría un 2% del total.

 

La Fundación Jiménez Díaz es un hospital de la empresa IDCSalud que presta servicio a una población aproximada de 435.000 usuarios de la sanidad pública. En 2006 la Comunidad de Madrid y la FJD firmaron un concierto singular (marco) con una duración de 30 años.

 

Según el documento la compensación económica por la atención de pacientes por parte de la Consejería de Sanidad a IDCSalud, es un centro como el resto de hospitales de la Red de Utilización Pública. Por la actividad de asistencia especializada la empresa ingresó de Madrid 285 y 290 millones de euros en 2011 y 2012.

 

Un problema invisible, pero que existe

Según Meseguer, estas irregularidades son invisibles para la sociedad, incluso para el personal médico de centros de salud y hospitales. "Hablamos con médicos de centros en los que rechazan inmigrantes y no se lo creen. Piensan que se atiende a todo el mundo", explica. Pero las irregularidades ocurren, asegura.

 

Y como ejemplo cita el de un inmigrante que había sufrido un ictus masivo, y que fue trasladado de urgencia desde el Hospital de Parla a la Jiménez Díaz. Una vez en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "el hospital llamó a sus familiares para ver quién se va a hacer cargo de los costes, cuando eso no debería pagarse", cuenta indignado. "Lo peor es que la trabajadora social no supo actuar de manera rápida para exigir que no se reclamase ningún pago", prosigue.

 

También hay casos similares en otros hospitales madrileños. "Una persona se rompió el peroné y fue operada de urgencia en el Hospital de La Princesa, para lo que le metieron toda una serie de clavos. Le dieron el alta hospitalaria, aunque no el alta médica. ¿Qué ha pasado? –expone Meseguer– que las revisiones posteriores, para quitarle los clavos y demás, se le han cobrado". Según el decreto 16/2012, la atención de urgencias se debe alargar hasta el alta médica, pero una instrucción confusa de la Comunidad de Madrid sobre el tema permite este tipo de irregularidades, explica Meseguer.

 

"Hay una arbitrariedad salvaje y se están haciendo cosas que, además de ser ilegales, suponen un alto riesgo para la salud de estas personas. No sé si son conscientes de la responsabilidad que pueden tener si la situación de los pacientes se agrava y ocurren tragedias como en Mallorca", apunta.

 

Otros casos de hospitales que cobran

El Real Decreto Ley 16/ 2012 se ha traducido en un descontrol administrativo que genera casos como los de este inmigrante en Madrid en otros sistemas sanitarios autonómicos. En agosto de 2013, la empresa Marina Salud –gestora privada de la sanidad pública en la zona de La Marina Alta–, exigió 132 euros a una inmigrante uruguaya al considerar que, aunque se presentó en el servicio de urgencias, su dolencia no era grave.

 

En enero de este año, Médicos del Mundo denunció que la sanidad de Navarra trató de cobrar a una inmigrante rumana por la atención en urgencias. Padece cáncer de mama. Denuncias similares han aparecido en Zumarraga (Guipúzcoa) o en el Hospital Clínico de Madrid, donde, según relataba hace un año Noelia Martínez en su cuenta de Twitter (@noeliamtnez), acompañó "a una amiga inmigrante sin papeles" a la que, más tarde, se le pidió la documentación y se le dijo: "en caso de no obtener contestación le pasaremos la factura a usted directamente".

 

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Créditos necesarios por la prórroga presupuestaria en la que estamos…

Créditos necesarios por la prórroga presupuestaria en la que estamos…

El crédito extraordinario destinará 15 millones a carreteras y 3,8 a puertos

Dedica 23 millones al salario social, 10 a sanidad, otros 10 a apoyo empresarial, 6 a políticas de I+D+i y algo menos de 4 a la Universidad

Foto.- La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

 

17.03.14 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

 

El Consejo de Gobierno aprobará esta semana tres proyectos de ley llamados a paliar las insuficiencias de la prórroga presupuestaria vigente. Uno de ellos, con un montante económico de 157,8 millones de euros, tiene como objetivo satisfacer facturas pendientes con los proveedores de la administración, acortando los tiempos de pago para ceñirse a los plazos que marca la nueva ley. Otro, de 76 millones, se centra en afrontar las amortizaciones de deuda pendientes. Y un tercero, con una cuantía de 109 millones, está llamado a asegurar la prestación de los servicios básicos y estimular un mínimo nivel de inversión pública. Este último documento contempla, entre otras cuestiones, una previsión de gasto de 15,6 millones para obras en carreteras, 3,8 millones para puertos, algo más de 10 para sanidad y 6 millones para políticas de I+D+i.

 

Este desglose aparece en los anexos que acompañan al proyecto de ley que el Ejecutivo de Javier Fernández prevé aprobar en su habitual reunión de los miércoles, probablemente en ausencia del presidente, recuperándose de la angina de pecho sufrida la pasada semana que le obligó a someterse a una angioplastia en el Hospital Universitario Central de Asturias. Esa inyección adicional de 109 millones se divide, a su vez, en tres bloques: 23 millones para reforzar la dotación del salario social, 77 para un suplemento de crédito y otros 9,2 para un crédito extraordinario. Un dinero previsto para dos grandes fines: apuntalar la prestación de la sanidad, la educación y las políticas sociales y potenciar uno de los puntos débiles del presupuesto de 2013, ahora prorrogado, que no era otro que su escaso esfuerzo inversor.

 

Otra cosa es que el dinero previsto sea suficiente, algo que, sobre todo en el caso de la inversión, genera ciertas dudas. El capítulo más voluminoso del mismo tiene que ver con las infraestructuras y, en concreto, con las carreteras. Estas últimas se llevan la partida más abultada, 15,6 millones. Se reserva asimismo una dotación de 3,8 millones para actuaciones en puertos. En la exposición de motivos del proyecto de ley se hace alusión directa al temporal que «ha asolado» el litoral asturiano en el inicio del año, «que ha ocasionado numerosos daños en infraestructuras costeras y portuarias, para cuya financiación no existe crédito suficiente y cuya ejecución no puede ser aplazada al próximo ejercicio».

 

Entre las asignaciones más cuantiosas está la que recibirá la sanidad, de 10,7 millones, y la prevista para políticas de apoyo empresarial, que también rondará esa cifra sumando las aportaciones que se realizarán a través del Idepa (8 millones) y Asturgar (3,5). Relacionado con ello está el área laboral, donde se presupuestan 2,4 millones para el Servicio de Empleo (SEPEPA).

 

Ámbitos que se consideran estratégicos aparecen igualmente recogidos en el crédito. A la Universidad se aportarán casi 3,9 millones, mientras que las políticas vinculadas con la investigación, el desarrollo y la innovación se llevarán del orden de 6 millones. Para el capítulo de obras y cooperación local se reservan 2,4 millones de euros.

 

El proyecto contempla fondos para la política social y de vivienda, dos áreas muy sensibles para IU, uno de los posibles aliados del PSOE a la hora de aprobar el crédito. A los 23 millones del salario social hay que sumar otros 4 para el ente Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), 4,6 para vivienda y dos líneas de apoyo a colectivos vinculados a los servicios sociales (599.987 euros) y la infancia, la familia y la adolescencia (400.000 euros).

 

Las condiciones del PP

Habrá que ver si, a expensas de cerrarse el anexo de inversiones, los créditos logran el apoyo necesario en la Junta General para salir adelante. Todo apunta a que será así ya que el PP ha avanzado -lo hizo la pasada semana su presidenta, Mercedes Fernández, y lo reiteró ayer la diputada Emma Ramos- que dará su voto afirmativo si se cumplen una serie de exigencias. Cita entre ellas el apoyo a la Universidad, a la I+D+i, los accesos al nuevo HUCA, obras en puertos o más recursos para el plan de calidad de la leche, que en una mayoría de casos -con más o menos recursos y a la espera de ese mayor detalle- aparecen en el documento elaborado por la Consejería de Hacienda.

 

Al Gobierno, con todo, le gustaría que el proyecto saliese adelante con más apoyos que el PP, en parte por una reflexión de los propios populares, que en algunos ámbitos temen que la hipótesis de un acuerdo cerrado con el PSOE diera alas a Foro para ahondar en su tradicional discurso de la alianza entre los dos grandes partidos que profundiza en la «decadencia» de la región. Ahí entra en juego IU, aunque la coalición vincula su apoyo a cifras y hechos concretos y no quiere que se la utilice como mera comparsa.

 

LAS GRANDES CIFRAS

 

Fomento. Las carreteras se llevan 15,6 millones de euros y las obras en puertos, 3,8.

 

Apoyo empresarial. Dividido en dos líneas, una de 8 millones a través del Idepa y otra de 3,5 para Asturgar.

 

I+D+i. Recibe algo más de seis millones, de los que 2,9 son del plan asturiano de I+D+i, 3,1 van a los centros tecnológicos y 60.000 euros, al cluster TIC.

 

Universidad. El crédito le concede casi 4 millones de euros.

Bienestar Social y Vivienda. El salario social se refuerza con 23 millones. 4 millones van a Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y 4,6 se dedican a políticas de vivienda.

 

Obras y cooperación local. Se presupuestan 2,4 millones.

 

Sanidad. 10,7 millones.

 

Empleo. En el SEPEPA se inyectarán 2,4 millones.

 

 

El PP "dejará al margen la ideología" para inyectar 185 millones a la economía regional

El apoyo de los populares garantiza al Gobierno socialista 27 votos, más que suficientes para sacar adelante los créditos necesarios por la prórroga

17.03.2014, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

 

El PP asturiano "deja al margen la ideología" para inyectar 185 millones de euros a la economía regional. La diputada popular Emma Ramos confirmó ayer en esos términos la disposición de su partido para acordar con el PP los dos créditos extraordinarios con los que el Gobierno socialista pretende hacer frente a la prórroga presupuestaria. El grupo parlamentario que dirige Mercedes Fernández ha exigido la firma de un contrato programa con la Universidad, los accesos al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el dragado de varios puertos asturianos y fondos para el sector ganadero a cambio del apoyo de sus diez diputados. El respaldo del PP garantizaría al Ejecutivo socialista 27 votos, más que suficientes para aprobar los dos proyectos de ley de crédito que debe someter al Parlamento asturiano.

 

"El PP deja al margen la ideología y trata de conseguir lo mejor para los asturianos", manifestó la diputada Emma Ramos, quien calificó de "esencial" la firma de un contrato programa entre la Universidad y el Principado "para garantizar no sólo la financiación presente, sino también la futura" de la institución docente. La reivindicación de "un marco económico estable para la Universidad" por parte de la Administración asturiana forma parte del discurso del PP desde el inicio de esta legislatura, un mensaje en el que han hecho hincapié tanto la portavoz parlamentaria y presidenta regional de los populares, Mercedes Fernández, como la diputada Susana López Ares, la especialista del grupo en el ámbito de la formación superior y de los planes de competitividad. Emma Ramos recordó "las necesidades de financiación patentes" por las que atraviesa la institución docente y también abogó por la necesidad de que haya partidas económicas para el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.

 

El PP ha puesto como condición "fundamental" de su apoyo a los dos créditos extraordinarios del Gobierno socialista la ejecución de los accesos al nuevo HUCA, "para poder hacer uso" del nuevo complejo sanitario, según recalcó la diputada popular Emma Ramos, que también incidió en la necesidad de dragar puertos como el de Figueras. "Esa actuación es necesaria para que los astilleros puedan ser competitivos en el ámbito nacional e internacional", argumentó la parlamentaria del PP, encargada del área económica.

 

El apoyo al crecimiento del sector agroganadero, con fondos para los programas de calidad de la leche, y la disponibilidad de más recursos para el salario social son otras de las finalidades que, a juicio del PP, deben quedar cubiertas en los dos proyectos de créditos extraordinarios que el Ejecutivo socialista pretende aprobar en su reunión del próximo miércoles.

 

El PP es el único partido que, por ahora, ha dado respuesta al planteamiento negociador trasladado por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, a la oposición. El acuerdo entre el PSOE y el PP está muy avanzado, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado sábado. "Asturias no puede quedar parada", manifestó la dirigente popular Mercedes Fernández el pasado jueves, durante un acto en Langreo, en el que avanzó la disposición al acuerdo con el Gobierno socialista y reveló la existencia de conversaciones con la Consejería de Hacienda. Las reuniones entre el Gobierno socialista y los populares asturianos habrían comenzado a finales del pasado mes de febrero y se intensificaron hace poco más de una semana.

 

El avance de las conversaciones entre socialistas y populares contrasta con el bloqueo en la negociación del Ejecutivo regional con sus antiguos socios preferentes, IU y UPyD, especialmente con la coalición, quejosa de que, tras los primeros contactos, la consejera de Hacienda no entregase una relación detallada de las partidas de gasto incluidas en esos créditos extraordinarios para poder abordar la discusión. Dolores Carcedo entiende que el procedimiento más ágil es precisamente el contrario, de ahí que pidiera a todos los grupos de la oposición sus propuestas para tratar de darles cabida en esos dos créditos. El Gobierno socialista considera que está ante el "último tren" para garantizar la obtención, vía nueva deuda, de 185 millones de euros, imprescindibles para garantizar en 2014 la cobertura de los servicios públicos, reforzar una inversión castigada por los ajustes y cumplir con los vencimientos de este año.

Datos y consideraciones para evaluar la situación del sector…

Datos y consideraciones para evaluar la situación del sector…

El 80% de los geriátricos asturianos, en venta

«Con 15.000 plazas estamos como los hoteles», advierte Jesús Kocina. La patronal prevé cierres «si Bienestar no suaviza la norma»

La entrada de Magnum en Asturias, al comprar tres residencias, desvela la precaria situación del sector

Foto.- El geriátrico de Carancos -en plena nacional 634, a su paso por Infiesto- ha pasado a manos del fondo de inversiones Magnum.

 

17.03.14 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

 

«Estamos como los hoteles: el 80% de los geriátricos de Asturias están en venta. Y, si no lo están de forma directa, sí aceptarían una oferta de compra. De hecho, yo mismo estoy recibiendo ahora propuestas de empresarios que quieren que les compre su establecimiento». La radiografía del sector geriátrico asturiano la hace Jesús Kocina. El médico gijonés sabe de lo que habla, porque acaba de vender la casi totalidad de su empresa, Geriátricos del Principado, al fondo de inversión Magnum Capital Partners. De los once centros que conformaban su empresa, creada en 2007, sólo se ha quedado con dos: Palacio de Caldones y La Serena. Ambos en Gijón. Y, ambos, «por motivos sentimentales: son centros de mi propiedad, a los que tengo mucho cariño y los quiero mantener».

 

El resto, ubicados tanto en Asturias como en Madrid, Cantabria, Navarra y La Rioja, forman parte ahora de la cartera de Magnum, que tiene en la región ya tres centros. Dos de la red de Geriátricos de Principado -Carancos, en Infiesto, y Villanueva, en Oviedo- y un tercero de Casta Salud, que gestiona una residencia en Langreo con 120 plazas y un centro de día de 30.

 

Tras la compra de la mayor parte de Geriátricos del Principado, en toda España Magnum es ya propietario de 28 residencias que suman un total de 4.000 camas. Porque, antes de hacerse con las empresas de Kocina y de Casta Salud, se hizo con una importante red de residencias gallegas. De esas 4.000 plazas gestionadas por el fondo de capital riesgo, 300 son asturianas.

 

Para Kocina, la llegada de Magnum supone «que el sector geriátrico tiene el futuro que todos le augurábamos. Para los 80 trabajadores asturianos que ahora dependen de Magnum, es una garantía de futuro». Un optimismo que no significa «que los propietarios de centros asturianos lo estén pasando bien. Todo lo contrario. Hay muchos que están sufriendo, ya que las familias tienen menos disponibilidad y cuesta mucho llenar las plazas».

 

3.000 vacías

Porque en Asturias hablar de plazas supone hablar de 15.000 camas geriátricas, de las que 3.238 son públicas. Una oferta «sobredimensionada», cree Kocina, pese a que el Principado lidera las tasas de envejecimiento y discapacidad del país. «Pero la crisis lo ha cambiado todo».

 

Por eso Kocina repite: «Estamos como los hoteles. Muchas residencias fueron abiertas en el 'boom' de la construcción y, ahora, es muy difícil amortizarlas. Tras vender a Magnum, muchos del sector han venido a proponerme que compre sus establecimientos, algunos casi a estrenar, pero yo estoy centrado en Visama», explicó, en referencia a la empresa de restauración sanitaria que da servicio, entre otras, a las residencias públicas.

 

Las palabras de Kocina, que forma parte de la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), encuentran eco en la otra patronal del sector, la Unión Asturiana de la Dependencia, que aglutina a 7.683 del total de la red geriátrica privada de la región. Unade es fruto de la unión AARTE (Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad) y Asacesema (Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores. Es la presidenta de esta última y portavoz de Unade, Ana Gil, quien confirma «la grave situación en que se encuentra el sector».

 

Con unas 3.000 plazas vacías «debido a que muchas personas han decidido quedarse en casa, al necesitar la pensión de su familiar para vivir», el panorama es «especialmente duro para las pequeñas residencias, que son las que más abundan en Asturias». Se trata de centros de menos de 25 plazas que, «tal y como está ahora la legislación asturiana, con la acreditación impuesta por Bienestar, tienen difícil supervivencia». Se refiere Gil a que ese sello, obligatorio para contar con residentes beneficiarios de la Ley de la Dependencia, «obliga a tener un 70% de personal indefinido y muchas categorías. En un centro pequeño, eso significa la ruina».

 

LAS CLAVES

 

Geriátricos Principado. Creada en 2007 por el médico gijonés Jesús Kocina, ha vendido al fondo de inversión Magnum nueve geriátricos. Dos, en Asturias: Carancos (Infiesto) y Villanueva (Oviedo). Ha reinvertido los beneficios en Visama, empresa de restauración sociosanitaria. Se ha quedado con Caldones y La Serena.

 

Casta Langreo. Magnum también compró Casta Salud. Tiene en Langreo una residencia de 120 plazas y un centro de día de 30.

 

Plazas. 15.000 plazas geriátricas están abiertas en Asturias. De ellas, 3.238 son públicas.

 

«El futuro pasa por centros especializados. La mezcla que hay ahora no funciona»

17.03.14 - CH. TUYA | GIJÓN, en El Comercio.

 

Las soluciones a la actual situación del panorama geriátrico asturiano, plagado de plazas libres por el descenso de usuarios y residencias en venta o en peligro de cierre, no sólo pasan por la mejora de la situación económica. Para Jesús Kocina, será importante «que las familias recuperen capacidad adquisitiva», pero, también «hay que replantear la oferta». En su opinión, «el futuro pasa por centros especializados: o bien en personas con dependencia, que será la mayor demanda, o en personas con autonomía, pero que quieran vivir en un hotel de mayores».

No obstante, para Asturias ve difícil «la oferta del hotel de mayores, que ya está triunfando en el Mediterráneo y en el Sur, adonde llegan clientes de toda Europa, con buenas pensiones y ganas de disfrutar del buen tiempo». Pero lo que tiene claro es que «la mezcla que hay ahora, con residencias en las que conviven personas muy dependientes con otras autónomas, no funciona».

 

«Menos de 1.400, imposible»

Como tampoco funcionarán, cree el propietario de Visama, «los centros muy pequeños. Una residencia de menos de 25 plazas es inviable. Al menos, si quiere cumplir con la legalidad. Tendría que cobrar 3.000 euros la plaza, y eso, actualmente, no lo paga nadie».

Es ese aspecto, el de los precios, el que más conflicto genera en el sector. Desde Ascege, que aglutina al mayor número de residencias con plazas concertadas, se ha defendido la necesidad de incrementar el precio que establece el Gobierno regional. «Ahora mismo está en 1.400 euros, una cantidad que sirve para cubrir, muy justo, muy justo, los costes. Y eso si tienes una residencia grande. En una pequeña, ni así».

En su opinión, para que un geriátrico tenga solvencia, el precio de la plaza «no debería bajar de los 1.600 o 1.800 euros», por lo que se muestra rotundo a la hora de asegurar que, «por menos de 1.400 euros, es imposible que el servicio que se ajuste a la legalidad vigente».

 

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