ACTUALIDAD

El Gerente del HUCA dejará de serlo de manera inminente

Salud destituye a la cúpula directiva del HUCA

El gerente del complejo, Mario González, confía en un relevo rápido para no afectar a la apertura del nuevo hospital

12/08/2011 Pablo Zariquiegui, Oviedo, en La Voz de Asturias

Confirmado. Mario González, gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), reconoció ayer que no cuenta con la confianza de José María Navia-Osorio, nuevo consejero de Sanidad. González y Navia-Osorio mantuvieron ayer por la mañana una conversación en la sede de la consejería en la que se escenificó el desencuentro.

La reunión se preveía caliente después de que el nuevo equipo directivo de la consejería exigiera al gerente del HUCA la cabeza de varios de sus hombres de confianza. En concreto, el nuevo hombre fuerte del Servicio de Salud (Sespa), Juan Azcona, reclamaba el cese de tres cargos: los subdirectores Fernando Cadenas y José Antonio García y el jefe de la unidad de gestión clínica de Salud Mental, Hilario García. Las reticencias del gerente del HUCA acabaron por tensar la cuerda de la negociación hasta su ruptura.

Ayer mismo, el todavía gerente del HUCA confirmaba a LA VOZ que no seguirá al frente del hospital. Mario González, que no quiso entrar en detalles, subrayó que no se trata de una dimisión por voluntad propia sino de una destitución. “Es una decisión por parte de ellos”, dijo. El aún gerente del HUCA indicó que ha solicitado al consejero de Sanidad que tramite el cese lo antes posible para dar normalidad al centro. La intención de Mario González es volver, al menos de momento, a su puesto de inspector.

El gerente del Sespa no entró a valorar las razones de la destitución. “Forma parte de las reglas del juego. Cuando te nombran no se piden explicaciones y cuando te cesan, tampoco”, dijo. Eso sí, el máximo responsable del HUCA negó problemas de relación personal con el gerente del Sespa, Juan Azcona. “Yo no tengo mala relación con nadie. Es una nueva Administración y está en su derecho de elegir a los cargos directivos”, manifestó tajante. Dejó caer, sin citarlo expresamente, que en la decisión del cese ha podido influir su reticencia a prescindir de parte de su equipo directivo. González confirmó también que, a la vuelta de sus vacaciones, César Morís, actual director médico del HUCA, será igualmente destituido.

Nuevo centro

Tampoco quiso comentar el gerente si su relevo en el HUCA, como todo parece indicar, influirá en la puesta en marcha del nuevo hospital. Cabe recordar que González había capitaneado el diseño del traslado del viejo al nuevo centro. “¿Si influirá o no? A eso, deben contestar el consejero o el gerente del Sespa”, dijo. Confió, eso sí, en un relevo rápido para no entorpecer el proceso.

El nuevo equipo de la Consejería de Salud prefiere llevar el cambio con prudencia. Un portavoz de la Administración sanitaria manifestó ayer que la marcha del gerente, de confirmarse, no tiene por qué repercutir negativamente en la entrada en funcionamiento del nuevo HUCA, prevista, tras sucesivos retrasos, para la primavera del próximo año. Tampoco quiso dar por hecho la salida de Mario González del nuevo HUCA. La Administración sanitaria indicó que los nombramientos y ceses de los cargos se deciden en el consejo de administración del Sespa. La consejería matizó que está previsto convocar antes de fin de mes una reunión para renovar a sus miembros. Serán los nuevos integrantes del consejo de administración del Sespa los que decidan sobre el futuro de los cargos directivos.

Todo parece indicar, eso sí, que el relevo en la gerencia del HUCA no será el único. Mario González había conseguido hasta ahora mantener responsabilidades como gestor tanto con el gobierno del PP como con el PSOE.

El cierre patronal de las Farmacias en Castilla-La Mancha

"Nosotros también estamos indignados"

Farmacéuticos de Toledo muestran su enfado por la deuda

12/08/2011 ALEJANDRO TORRÚS / Toledo

No todos los farmacéuticos simpatizamos con el 15-M, pero nosotros también estamos indignados con la clase política. Es inconcebible que el político de turno despilfarre el dinero público y ahora tengamos que pagar nosotros la papeleta. ¿Hasta cuándo va a durar esto?"

Con esta contundencia se manifestaba ayer en Toledo Juan Carlos [nombre ficticio], propietario de una farmacia "de toda la vida" en el casco histórico de la capital manchega. "Desde que abrí la farmacia hace 40 años, nunca había vivido una situación igual. Me he visto obligado a pedir dinero prestado a mi hermana para poder comprar medicamentos. ¡Es increíble!", exclama.

"No hemos dejado de pagar la Seguridad Social", apunta una cliente

Juan Carlos está acompañado por tres farmacéuticas más, que también se niegan a revelar sus nombres reales, según dicen, por miedo a posibles represalias. Los cuatro pasaron parte de la mañana de ayer visitando las farmacias de sus compañeros "para ver quien había abierto y quien no". Tras la ronda de vigilancia, compartieron sus penas y reivindicaciones junto a una taza de café: "Mira explica Carmen, propietaria de una farmacia desde hace más de 20 años, yo tengo que comprar un medicamento a la cooperativa por 20 euros, por ejemplo, pero lo vendo al público por mucho menos porque viene con receta. La diferencia debe pagarla la Administración, junto a un plus. Pero si no paga, ¿de dónde sacamos el dinero para las facturas? ¿Y a los empleados, cómo les pagamos? Lucía, también boticaria, pone la puntilla a la explicación de Carmen: "¡Estamos regalando medicamentos! Mis facturas, mi hipoteca, la universidad de mis hijos... ¿Quién las paga?".

No al crédito

Según explican estos boticarios, la Junta de Castilla-La Mancha les ha propuesto como alternativa al impago solicitar un crédito a bajo interés a Caja Rural, una alternativa que los cuatro rechazan de forma rotunda. "¿Quién ha generado la deuda? ¿Por qué debemos endeudarnos nosotros por su ineficacia? Además, ¿cómo vamos a pedir un crédito si ni siquiera sabemos cuándo nos van a pagar?", señala Carmen.

"Esto es sólo un aviso, después vendrá el copago", señala un boticario

De pronto, una cliente habitual de María se une a la conversación. "Os apoyo en todo lo que hagáis. Los trabajadores seguimos pagando religiosamente nuestros impuestos a la Seguridad Social. ¿Por qué tienen que dejar de pagar a los farmacéuticos? ¡La sanidad tiene que ser lo primero", protesta la señora.

Juan Carlos responde rápidamente, con un tono explicativo, casi didáctico, como si hubiese estado esperando la pregunta desde hace tiempo. "Me temo que esto es sólo un aviso, después dirán que ha quedado demostrado que el sistema actual de financiación de la Seguridad Social es inviable y justificarán la introducción del copago", explica ante el asentimiento general de los presentes.

El temor a las multas

Tras la conversación con la cliente inesperada, los cuatro farmacéuticos critican a algunos de los que ayer optaron por abrir sus farmacias. Una de ellas es María Victoria Montalvo, ex presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Toledo y dueña de una farmacia de los negocios. Montalvo, que firmó inicialmente la solicitud de cierre patronal siguiendo los trámites legales, decidió finalmente no secundar la protesta porque, después de no ser autorizado el cierre por el Gobierno regional, no quiere incumplir la ley, tal como ella misma explicó a este diario. "No he cerrado porque no voy a actuar fuera de la legalidad. Llevo esta farmacia desde hace más de 40 años y tengo muy claro cuáles son los movimientos que hago. Yo no cierro porque no quiero que me multen. Si ellos [otros farmacéuticos] lo hacen, espero que sepan a lo que se exponen", explicó Montalvo.

Los farmacéuticos que sí han echado el cierre para reivindicar el dinero que se les adeuda, unos 125 millones de euros, se exponen a una multa de ente 3.000 y 15.000 euros del Gobierno autonómico, lo que a juicio de Juan Carlos es un "abuso de poder en toda regla". "Primero no te pagan, luego expones tus reclamaciones y recibes silencio absoluto. Protestas públicamente y te amenazan con una multa. ¿Pero esto qué es?", se queja.

Antes de la despedida, lanzan un último mensaje. "¿Y la señora presidenta de la Junta ha cobrado? ¿Y sus asesores han recibido la nómina? Somos votantes del Partido Popular, pero esto supera todos los límites", concluye Carmen.

“Seguimiento masivo”, en El País

La FADE huele “negocio” y eso les pierde

La izquierda dibuja una línea roja en defensa del gasto social

PSOE, IU y los sindicatos activarán la movilización si el Gobierno recorta en educación y sanidad

Foto: Severino García Vigón habla con Pino a la puerta del CES. Archivo.

11/08/2011 Pablo á. Rubio/Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias

El Principado observó ayer en silencio el derrumbe del entendimiento entre los agentes sociales construido en los últimos años en Asturias. La patronal insistió en el desafío al estado del bienestar que lanzó el martes su presidente, Severino García Vigón, al mostrarse partidario de extender los recortes presupuestarios a los sistemas públicos de educación y salud. El número dos de Vigón en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, puso encima de la mesa una medida que, desde la pasada campaña electoral, ha rechazado todo el arco parlamentario: el copago por las visitas al médico. La toma de postura de las empresas sonó a llamada de atención para la izquierda, que cerró un frente político y sindical en defensa del gasto social. Para el PSOE, IU y los principales sindicatos, esas partidas trazan la frontera de lo admisible en cualquier ajuste de presupuestos y personal.

El espíritu negociador que permitió cerrar el acuerdo de concertación se evaporó a golpe de declaraciones. CCOO recordó que los empresarios rehusaron rubricar esa parte del documento, mientras que, en el lado político, PSOE e IU coincidían en su interpretación: FADE olfatea “oportunidades de negocio” en la privatización de las provisiones de servicios sanitarios y educativos, que considera más factible tras el relevo en el Gobierno regional y el acceso al poder de un partido de la derecha. El portavoz adjunto socialista en la Junta, Fernando Lastra, acusó a Vigón de “quitarse la careta porque con Foro Asturias y Francisco Álvarez-Cascos no la necesita”. Por parte de IU, su coordinador general, Jesús Iglesias, también apuntó a los “planteamientos coincidentes” entre la derecha política y la empresarial.

Frente amplio

La coalición se opondrá a cualquier tijeretazo en la sanidad y la educación y cree que no estará sola en esa actitud. “Si en Asturias se ha invertido tanto dinero en ellas es porque la sociedad así lo ha querido y, por lo tanto, la sociedad se siente identificada con ellos”, aduce Iglesias. Ese respaldo, a su juicio, permitirá organizar movilizaciones y defender los equipamientos públicos “con uñas y dientes”.

El PSOE también se alistará en esa causa. Lastra garantizó ayer su oposición a cualquier intento de hacer negocio en dos ámbitos tan delicados. “No los hace más baratos, sino menos justos y más desiguales”, advirtió. El portavoz socialista ve en la postura de FADE la confirmación de los temores que el candidato de su partido, Javier Fernández, expresó en el debate de investidura. “Quieren vestir con razones económicas lo que solo es una postura ideológica a favor de las privatizaciones. Hablan de recortar, no de hacer más eficientes la sanidad y la educación”, apunta. El diputado resume la situación como la apertura de hostilidades entre dos posturas incompatibles: los servicios públicos o las tesis de la patronal. Y, a su juicio, el presidente regional ya ha dejado entrever que está a favor de la segunda opción.

No sólo el Gobierno se abstuvo de opinar. El Partido Popular también se mantuvo al margen de la polémica, aunque, según todas sus manifestaciones durante la campaña electoral y en la sesión de investidura, las partidas sociales constituyen la única partida intocable del presupuesto para hacer frente a la crisis. Su candidata en mayo y actual portavoz parlamentaria, Isabel Pérez-Espinosa, repitió en cada mitin, y plasmó en su programa, que no tenía intención de rebajar el gasto en educación ni en sanidad.

Contundencia sindical Los sindicatos lo tienen claro: están en pie de guerra contra cualquier recorte que afecte a los dos pilares del estado del bienestar y además, no entienden qué tiene que opinar la patronal asturiana de dos actividades que les son totalmente ajenas.

Uno de los más contundentes con la postura de Vigón fue el secretario general de CCOO, Antonio Pino, quien aseguró que no le extrañaba la postura empresarial, pero al mismo tiempo, mostraba su sorpresa ya que FADE no firmó la parte sanitaria y educativa del anterior acuerdo de concertación social. “Lo que hemos visto es el verdadero rostro de FADE”, indicó Pino. Es más, para el líder de CCOO, la posición de los empresarios revela una clara insolidaridad con la sociedad, sobre todo, con los más desfavorecidos. “Hay que tener en cuenta que los empresarios son algunos de los mayores defraudadores al Estado”, aseveró Pino en relación al informe elaborado por los trabajadores de Hacienda.

En la misma línea de CCOO, se posicionó el secretario de Organización de UGT, Abel Suárez, quien calificó a la sanidad y la educación como dos servicios “intocables” Para Suárez, la estrategia que hay que seguir pasa por elaborar una política fiscal más justa, progresiva y equilibrada, que permita al sistema público recaudar más fondos y por consiguiente, no caer en la tentación de recortar servicios básicos. El dirigente de UGT, al igual que Pino, recordó que FADE no quiso firmar nada relevante a sanidad y educación en el acuerdo social, el llamado ACEBA. “Entonces dijeron que no lo firmaban porque no era de su competencia”, dijo.

Desde los sindicatos corporativos de sanidad y educación, no se entendieron las declaraciones de García Vigón. Antonio Matador, secretario general del Simpa, entró a valorar que se ponga Cataluña como espejo a la hora de ajustar el sistema de salud. “El problema es que la sanidad catalana y la asturiana no tienen nada que ver, ni siquiera la deuda pública de cada comunidad tienen relación alguna”, aseguró Matador. El sindicato médico entiende que su sector esté en el punto de mira porque se trata de una actividad que genera un importante gasto.

Por su parte, la presidenta de la Junta Docente no Universitaria, Beatriz Quirós, indicó que las consecuencias de cualquier recorte son nefastas y más, “en educación, donde no se trata de un gasto, sino de una inversión: Y quien no lo vea así, tiene un problema”, aseguró.

Quirós no tuvo dudas a la hora de precisar que FADE solo busca su propio beneficio a través de la privatización cada vez más extendida de ambos sectores.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

La consejería solicita a los médicos que oferten la vacuna entre los pacientes no inmunizados que puedan suponer un riesgo de contagio

El brote de sarampión declarado en Asturias afectó a cinco bebés

Debido a que tenían menos de 15 meses, no estaban vacunados.

Salud insta a los médicos a ofertar la vacuna entre sus pacientes

10.08.11 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

Cinco bebés se vieron afectados por el brote de sarampión declarado en mayo en Asturias y que ya suma 23 casos confirmados. La enfermedad, que llevaba once años sin aflorar en la región, se diseminó por las dos cuencas mineras y también por Avilés y Gijón. El recuento de enfermos confirma que son Mieres (donde aparecieron los primeros enfermos) y Gijón las zonas más afectadas tras acumular el 82% de los contagios registrados en el Principado en los cuatro últimos meses.

El nuevo informe elaborado por la Consejería de Salud señala que desde que se diagnosticó el primer caso, el pasado 4 de mayo, se notificaron 36 sospechas de sarampión, de las que 13 fueron acabaron siendo descartadas. El balance que ofrece esta dolencia, casi olvidada por muchos médicos asturianos, es de 23 afectados, cinco de ellos, bebés. Ninguno de estos pequeños se encontraba vacunado debido a su corta edad. El calendario vacunal infantil incluye la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas) a partir de los 15 meses. La misma se suministra en dos dosis. La primera se da al año y tres meses y la segunda, a los 3 años. Salud se mostró preocupada por el hecho de que hubiera contagios entre bebés, ya que el sarampión supone un «riesgo vital para ellos, así como para personas inmunodeficientes».

Exceptuando estos casos, que no podían estar vacunados porque no cumplían los requisitos, el resto de enfermos de sarampión mostraba serias deficiencias de inmunización. Según apunta Salud, sólo la mitad estaba correctamente vacunado. Precisamente, la no vacunación del primer enfermo (un joven mierense de 20 años) fue lo que hizo que el sarampión resurgiera en Asturias. La consejería solicita a los médicos que oferten la vacuna entre los pacientes no inmunizados que puedan suponer un riesgo de contagio.

VER NOTICIA ANTERIOR RELACIONADA

Racionalización y/o privatización del sector público regional no es lo mismo

La red de la administración paralela del Principado
El sector público regional cuenta con más de 70 directivos que cobran hasta 120.000 euros

El conglomerado de empresas y entes que Cascos prometió «podar» mueve unos 450 millones al año y arrastra una deuda de 275
Los sindicatos afirman que la política de personal de las sociedades, que tienen unos 2.000 empleos, está marcada por el amiguismo.

Oviedo, J. A. O. / J. A. A. / J. E. M., en La Nueva España

¿Cuántas entidades y empresas conforman el sector público asturiano? ¿Qué volumen de negocio tienen y qué deudas? ¿De qué plantilla disponen? ¿Cuánto cobran sus directivos? Cuando los responsables de la Administración regional dan largas para evitar responder a estas preguntas y finalmente no aciertan a determinar las cifras, cuando los órganos fiscalizadores (Tribunal y Sindicatura de Cuentas) destacan las dificultades que encuentran para hacerse con esa información, y partidos políticos y sindicatos aseguran desconocer a ciencia cierta esas respuestas puede decirse que se está ante un sector dotado de poca transparencia.

Salvando estas prudenciales distancias, el sector público asturiano, que hereda el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos de los doce años de gobiernos de izquierdas dirigidos por Vicente Álvarez Areces, está integrado por más de sesenta organismo y entidades: casi setenta, 69 exactamente, según la información de la que dispone Conceyu para la Función Pública, y algo menos, sobre 62, según las últimas fiscalizaciones de la Sindicatura de Cuentas de Asturias.

Hay empresas públicas, fundaciones, organismos públicos, entes públicos y entidades públicas, figuras jurídicas y administrativas variadas que sostienen -aquí sí que no hay consenso, hasta la Sindicatura de Cuentas deja sin determinar el apartado de empleo en varios de sus informes-, alrededor de dos mil puestos de trabajo. La cifra, claro está, no contabiliza la plantilla del Servicio de Salud, sino se acercaría a los diecisiete mil empleos.

De esos dos mil empleos, unos setenta son altos cargos o directivos con sueldos que van de los sesenta mil a los ciento veinte mil euros al año. También hay decenas de consejeros políticos que cobran cantidades sustanciosas por asistir a los consejos de administración. El sector mueve unos 450 millones de euros al año y arrastra una deuda cercana a los 275 millones, según las estimaciones de los órganos de control económico.

Esas son las cifras que definen un sector que la crisis y Francisco Álvarez-Cascos han situado en el punto de mira desde el minuto cero. En su discurso del pleno de investidura, el pasado 12 de julio, Cascos anunció que «suprimirá o enajenará aquellos organismos, entidades, fundaciones y empresas públicas que no descansen en la racionalidad económica o administrativa». «El sector público empresarial ha crecido de forma descomunal en los últimos años a través de múltiples organismos, empresas y fundaciones abiertos a la discrecionalidad, al amiguismo y al gasto descontrolado», acusó Álvarez-Cascos, poniendo en el punto de mira la actuación de la Administración del socialista Vicente Álvarez Areces y concretando su amenaza en dos empresas: la radiotelevisión del Principado y la constructora Sedes, que se defendió asegurando que es una empresa que genera beneficio. Más adelante, Cascos hablaría de «podar» la Administración.

La situación no es nueva. Fuera de Asturias, muchas administraciones regionales ya han metido tijera en sus empresas públicas. En Asturias, los expertos también vienen aconsejando desde hace tiempo que se acometa una reestructuración en un sector cuyo coste salarial por empleo ha subido el triple que la inflación en los últimos años. El objetivo: adecuarlo a la racionalidad y a los nuevos tiempos económicos que corren. Entre los que han apuntado en esa dirección están los informes del Consejo Económico y Social (CES), que ya invitó al Principado a desarrollar una ley que permita reorganizar el sector y a dar más protagonismo al Parlamento en el proceso. Para tratar de recoger la invitación del CES, el Gobierno de Areces incluyó «una autorización en relación con la organización de las empresas públicas» en la pasada ley de Presupuestos.

Esas no fueron las únicas acusaciones del CES, que también daba por hecha una cuantiosa deuda del sector que el Principado no recogía en su proyecto presupuestario, pese a que esperaba que este capítulo, el de deuda, llegara a fin de año a los 1.826 millones de euros. Este informe sirvió para alentar la crítica política contra Areces por encubrir la deuda regional en un sector más difícilmente fiscalizable. De hecho tanto el Tribunal de Cuentas, que auditó las cuentas hasta 2004, como la Sindicatura de Cuentas, que lo hizo desde esa fecha, y los responsables de ambos organismos no dudaron en poner de manifiesto en varias ocasiones las dificultades que encontraban para acceder a información sobre estas empresas. Como muestra un botón: la polémica generada en torno al salario del antiguo director del Idepa, Víctor González Marroquín. «Mi sueldo es público, pero no publicable», llegó a asegurar en la Junta General del Principado para negarse a revelar las cifras de su nómina.

Las denuncias de opacidad van más allá de la fiscalización de la deuda y los salarios. Los expertos las extienden a los métodos de contratación y los sindicatos a la política laboral, que, según su opinión, está marcada por el amiguismo y la libre designación. «La prueba definitiva para entrar en estas empresas es una entrevista, una prueba bastante manejable», señala el responsable de una central sindical. Quienes mantienen estas opiniones consideran que los trabajadores del sector público deben estar sometidos a la misma normativa salarial y de incompatibilidades que los funcionarios del Principado.

Las duplicidades, cuando coinciden varios organismos haciendo la misma función, constituyen otro de los puntos flacos del sector. Ejemplos: en la dinamización económica y generación de empleo trabajan el Idepa, la Sociedad Regional de Promoción, Sodeco, Fucomi, varias oficinas municipales y también el Ministerio de Economía y el de Industria. En la gestión urbanística figuran Sogepsa, Sedes, Vipasa y la Dirección General de Vivienda, que en ocasiones incluso compiten con los promotores privados. Algunas voces que recomiendan racionalidad económica creen que un sólo organismo en cada área sería suficiente. En contratación, el Instituto Adolfo Posada, que lleva la política de recursos humanos, ha colisionado en ocasiones con la política de personal de algunas consejerías. Este es un campo que también trabaja el Serpa.

Ahora, las promesas de transparencia y austeridad hechas por Cascos hacen que todas las miradas se vuelvan hacia el futuro del sector público asturiano.

La no dependencia de Función Pública y, puede, que de la gestión de procesos selectivos del I.AA.PP. “Adolfo Posada”, sería celebrado por todos/as

El Principado estudia devolver competencias sobre personal a Sanidad y Educación

La estrategia del nuevo Gobierno reduciría las atribuciones y el control que con Areces ejerció la Consejería de Administraciones Públicas

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

El nuevo Gobierno asturiano estudia dar un golpe de timón relevante en la gestión del personal del Principado. En concreto, se están estudiando las posibilidades de devolver competencias en esta materia a dos consejerías, Sanidad y Educación, las que mayor volumen de trabajadores tienen en sus plantillas. Entre ambas suman unos 27.000 de los algo más de 35.000 empleados públicos de la Administración autonómica. De llegar a buen puerto, esta estrategia supondría la retirada de algunas de las atribuciones otorgadas en su día al Instituto Adolfo Posada.

Los últimos años del mandato de Vicente Álvarez Areces estuvieron marcados, entre otras notas, por la centralización de competencias en materia de personal en la Consejería de Administraciones Públicas. El objetivo oficial de esta estrategia de gestión, en la que coincidían el presidente del Principado y la titular de la mencionada Consejería, Ana Rosa Migoya, consistía en someter a un control férreo un capítulo de gasto muy relevante para las arcas del Principado.

La acumulación de competencias de personal en Administraciones Públicas -ahora denominada Consejería de Hacienda y Sector Público- incluían la convocatoria y organización de los procesos selectivos de personal, las conocidas oposiciones. Esta decisión acarreó abundantes críticas por parte de los sindicatos. Las organizaciones sindicales del ramo de la educación afirmaron que suponía una clara «derrota» del a la sazón consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, frente a las presiones de las restantes consejerías. Además, durante un tiempo, los sindicatos achacaron cualquier error e imprecisión en los procesos selectivos a lo que consideraban una «incapacidad» del Adolfo Posada para liderar este tipo de procesos.

De otro lado, en el sector educativo, Ana Rosa Migoya fue la principal diseñadora del modelo de evaluación docente a los profesores y maestros que quisieran tener acceso a los pluses salariales asociados a los tramos de carrera profesional.

En el ámbito sanitario, el traslado de competencias selectivas al Adolfo Posada también generó críticas sindicales. En el momento actual, el Adolfo Posada tiene en marcha una serie de convocatorias que implican a un total de 2.179 plazas del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El traspaso al Adolfo Posada de competencias que anteriormente residían en el Servicio de Salud del Principado -que a su vez las había «heredado» del extinto Insalud- nunca fue visto con buenos ojos por los responsables del Sespa.

En realidad, Migoya y Areces nunca acabaron de aceptar las singularidades laborales y salariales del personal sanitario, y siempre vieron como privilegios injustificados algunos de los derechos adquiridos por el personal sanitario, en particular por los médicos. En consecuencia, paralizaron un buen puñado de propuestas normativas procedentes de la Consejería de Salud y del Sespa. De hecho, la legislación de la sanidad asturiana es una de las menos desarrolladas de todo el territorio español.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el presidente Areces y la consejera Migoya consideraban estratégico atar en corto la gestión de dos departamentos que originan buena parte del gasto del Principado. Educación suma casi 12.500 empleados públicos, y Sanidad cerca de 15.000.

El Foro se queda sólo en lo de la “deuda oculta” son más los que piensan que es una cortina de humo para tapar la inactividad del gobierno regional.

"No vale como excusa de la inactividad del gobierno"

El PP pide la comparecencia urgente del consejero de Hacienda para aclarar la "deuda oculta"

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PP en la Junta General, Isabel Pérez-Espinosa, considera que la acusación, por parte del Gobierno, de la existencia de una deuda oculta de 211 millones de euros "no puede ser la excusa para justificar su inactividad" y ha urgido a que el Consejero de Hacienda del Principado de explicaciones al respecto.

"Desde el Partido Popular ya suponíamos sorpresas en las finanzas del Principado, pero esto no justifica la total inactividad del Gobierno", ha dicho Espinosa a través de un comunicado. Así mismo, los ’populares’ han destacado que ya en el Debate de Investidura, se preguntó sobre los ajustes en materia económica, ya que el Presidente del Principado no detallo ni una sola línea o esbozo de su política presupuestaria en su discurso, cuestión básicas para el cumplimiento de cualquier compromiso programático, y que tampoco recibieron respuesta en los turnos de réplica.

Por todo ello desde el PP se urge a que el Consejero de Hacienda de explicaciones, teniendo en cuenta que otros miembros del Gobierno en declaraciones públicas remiten a él para que de las explicaciones, y a la vez se ve como miembros de Foro Asturias trasladan información en comunicados a la prensa.

El Partido Popular ha recordado que ya solicitó el pasado 19 de julio, ante la Mesa de la Cámara, la comparecencia de todos titulares de las Consejerías del nuevo Gobierno autonómico para que den cuenta, en sede parlamentaria, del contenido de los planes de cada departamento así como el de los nueve planes del choque que el Jefe del Ejecutivo anunció para cada una de las áreas.

Para el PP la solicitud de comparecencia se justificó, y sigue estando vigente ante la "total parálisis que asola al Gobierno, en la necesidad de conocer la concreción de los objetivos a corto, medio  y largo plazo de la acción política del nuevo Gobierno así como las actuaciones prioritarias que deben estar guiadas por la urgente necesidad de la recuperación económica y la creación de empleo".

En este sentido la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha recordado que, siendo el desempleo el problema más acuciante de nuestra región aún no se ha nombrado a los responsables de las áreas de trabajo y Servicio Público de Empleo, ni se conoce todavía ni una sola medida encaminada a atajar las alarmantes cifras de paro que, en el caso de los jóvenes alcanza ya el 48%.

El PSOE cree que el Gobierno de Cascos intenta justificar su "falta de capacidad" hablando de ’deuda oculta’

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario socialista, Fernando Lastra, ha reiterado este martes sus críticas a la actitud de Foro Asturias, liderado el presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, "que trata de justificar su propia incapacidad" hablando de una supuesta deuda oculta en las cuentas del Principado.

Recientemente, el consejero de Economía y Empleo del Principado, José Manuel Rivero, insistía en la existencia de una deuda oculta de 211 millones, señalaba que no estaba en el presupuesto y dijo que condicionaría la gestión del actual Ejecutivo.

"Cualquiera que haya oído al consejero de Economía, sacaría la misma conclusión que saqué yo, que es que no sabía de qué estaba hablando", ha sentenciado Lastra, que ha dicho que no hay deuda oculta. "Está reflejada en los presupuestos, así como el gasto desplazado de sanidad, que tampoco es oculto porque está contabilizado", ha insistido.

Lastra explicó que fue el Gobierno del Principado el que habló de 211 millones de euros, y que deben explicar si se ajusta a esa cuenta 402 del Presupuesto. "Lo que se puede sostener públicamente es las cantidades que el anterior consejero de Hacienda trasladó a la Junta General del Principado el pasado 15 de marzo en su comparecencia, en la que habló de 163 millones de euros de gasto desplazado una vez aplicado el superávit del Sespa", ha apuntado.

Según Lastra, el trabajo de la Consejería es precisamente aminorar la cuenta 402". "Es lo que correspondería a un gobierno responsable, hacer los ajustes presupuestarios para sufragar los gastos que se generan al margen de las previsiones, como siempre se ha hecho y se hará", ha dicho Lastra.

DEL RIEGO

Lastra también se pronunció sobre otras declaraciones de otro miembro del Gobierno, el consejero de Hacienda, Ramón del Riego.  "Antes de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el propio Gobierno a través de su consejero de Hacienda habló de la buena salud de las cuentas asturianas, diciendo que estaban al día", ha recordado Fernando Lastra.

"Se ve que eso no le gustó a su presidente, que le tiró de las orejas y le obligó a guardarse el criterio en el bolsillo, manteniéndose en silencio hasta hoy", ha añadido.

A juicio de Fernando Lastra, la actitud de Foro "se trata de un recurso, de una maniobra autojustificativa para su propia incapacidad". "Esta huída hacia adelante, la de definir problemas que hacen más difícil la gestión política, pretende ocultar la incapacidad y la falta de diligencia del nuevo Gobierno", ha comentado.

"Todavía tienen directores generales del Gobierno anterior sin cesar", ha puesto como ejemplo el portavoz socialista para demostrar la "incapacidad alarmante para poner en marcha el Gobierno". "El hombre que tiene miedo sin peligro, crea el peligro para tener miedo, y el Gobierno está en esa actitud, tanto el presidente como sus consejeros", reflexionó Fernando Lastra.

El gobierno insiste...

Según el sistema Asturcón XXI

El Gobierno dice que 186 millones de la 'deuda oculta' del Principado corresponden al Servicio de Salud

Del Riego no descarta que puedan aparecer en próximas semanas nuevos derechos de cobro

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha desglosado este martes los 211 millones de 'deuda oculta' que afirma ha dejado el anterior Ejecutivo socialista. El Gobierno presidido por Francisco Álvarez-Cascos ha señalado que los datos los ha indicado el sistema de gestión económico-financiero Asturcón XXI, que es el que tiene la Administración regional. "Hasta el 18 de julio, los únicos que tenían acceso a su base informática eran los miembros del anterior Ejecutivo y, por tanto, permanecía oculta para el nuevo Gobierno y para el resto de los asturianos", han señalado desde el Gobierno.

De los 211 millones de esa deuda sin consignación presupuestaria, 185,9 millones corresponden al Servicio de Salud, 24,4 a otras secciones presupuestarias de la Administración del Principado, y 788.000 de otros organismos del Principado. "De lo que se deduce que no es cierto que la totalidad de la deuda pendiente tenga su origen en el gasto sanitario", afirman.

De esta forma, y como consecuencia de "la magnitud" de la deuda, la Consejería de Hacienda y Sector Público, encabezada por Ramón del Riego, ha ordenado a la Intervención General del Principado que inicie una auditoría para analizar las obligaciones no reconocidas en los Presupuestos, "que podrían incrementarse en las próximas semanas por la aparición de  nuevos derechos de cobro de los proveedores del Principado de Asturias documentados en albaranes y facturas pendientes de registrar".

El consejero de Hacienda y Sector Público ha señalado así que "el Gobierno anterior, aun en época de una profunda crisis financiera, ha continuado gestionando la hacienda de los asturianos alejado de los postulados de la austeridad" y ha añadido que "para compensar su falta de disciplina en la gestión de los gastos públicos ha recurrido de manera sistemática, no sólo a su ocultamiento en las cuentas públicas sino también al endeudamiento".

Desde el Principado también recuerdan que informes recientes ponen de manifiesto que, por comunidades autónomas y en el primer trimestre de 2011, Asturias ha sido la tercera comunidad en la que más creció la deuda, en 581 millones de euros, un 54,2% respecto al mismo período de 2010.  "Esta situación se agrava porque al montante del endeudamiento financiero debe sumarse el del endeudamiento oculto de las cuentas de anterior Gobierno", ha concluido el consejero Ramón del Riego.

Bien, pero ¿por cuánto tiempo?

Hasta los 285 puntos básicos

La prima de riesgo española cae 100 puntos tras el anuncio del BCE

LONDRES, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La prima de riesgo española ofrecida a los inversores por los bonos a diez años respecto al 'bund' alemán registra una caída de más de 100 puntos básicos en la apertura de los mercados del Viejo Continente tras anunciar el Banco central Europeo (BCE) que comprará "activamente" deuda española e italiana en los mercados secundarios.

De este modo, el sobreprecio de la deuda española respecto al bono alemán a diez años se desplomaba hasta 285 puntos básicos, tras haber iniciado la sesión en 385 puntos básicos, con un rendimiento del 5,433%, lo que supone el mejor nivel del diferencial desde principios de año.

Por su parte, el 'spread' de los bonos italianos caía también con fuerza y bajaba de 300 puntos básicos, hasta los 298 puntos básicos, con un interés del 5,56%.