CONTRARREFORMA NO

A juicio de IU la medida viola expresamente la propia legislación europea

Asturias rechaza la retirada de la tarjeta sanitaria a los parados que salgan de España

09.01.2014, Oviedo, P. Á., en La Nueva España.

 

La Consejería de Sanidad del Principado manifestó ayer su rechazo a la retirada de la tarjeta sanitaria a los parados españoles que se hallen en el extranjero por más de 90 días, tal como establece una disposición adicional a la ley general de la Seguridad Social aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de diciembre.

 

La norma prevé que los ciudadanos nacionales que no coticen a la Seguridad Social y que permanezcan más de 90 días en otro Estado miembro de la Unión Europea no podrán tener derecho a cobertura sanitaria en España. Según el Gobierno asturiano, esta medida aboca a los afectados a "una situación de pérdida de derechos que nos retrotrae al modelo de beneficencia".

 

Meyer (IU) denuncia ante Bruselas que el Gobierno retire la tarjeta sanitaria a los parados que salgan del país

 

BRUSELAS, EUROPA PRESS

 

El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha denunciado este miércoles en una interpelación parlamentaria dirigida a la Comisión Europea la decisión del Gobierno español de retirar la tarjeta sanitaria a los parados que pasen más de tres meses en el extranjero por considerar que vulnera la legislación comunitaria.

 

"En un momento en el que cientos de miles de desempleados, especialmente jóvenes, se ven forzados a abandonar España para poder encontrar un empleo, el Gobierno vuelve a golpearles retirándoles la cobertura sanitaria", ha dicho Meyer en un comunicado.

 

"Esta medida afectará principalmente a los desempleados y trabajadores precarios que tarden más de 3 meses en encontrar un trabajo en un país extranjero, dejándolos absolutamente desprotegidos", ha resaltado el eurodiputado de IU.

 

En su opinión, "retirar las prestaciones sanitarias a las personas inactivas que dejen el país por 90 días, no solo supone un atentado contra el derecho fundamental a la salud de los migrantes, sino que viola expresamente la propia legislación europea aplicable en dicho ámbito".

 

Para Meyer, si se mantiene la residencia habitual pese a realizar una estancia de más de tres meses en un país extranjero, no existiría base jurídica para retirar la cobertura sanitaria a los trabajadores inactivos.

 

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Tras la aprobación de la exclusión del sistema sanitario de los desempleados de larga duración que salgan del país más de 90 días

IU pide la comparecencia de Mato y el PSOE presentará una iniciativa, por sanidad de emigrantes

Juana Martínez Fonseca, Madrid, en Acta Sanitaria.

Las reacciones por las modificaciones hechas a la Ley General de la Seguridad Social, que niegan el derecho a la sanidad a desempleados emigrantes, no se han hecho esperar: el portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha señalado a Acta Sanitaria que su partido va a presentar una iniciativa, con el fin de frenar esta medida, y Gaspar Llamazares, diputado de IU, ha señalado a este medio que su partido pidió la comparecencia en el Congreso de la Ministra de Sanidad, por este hecho y por el incremento del copago.

 

Como Acta Sanitaria informó, en el Boletín Oficial del Estado del 26 de diciembre de 2013, se incorporó  una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que señala: ”Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social [...] 2. A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”.

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que también se modificó la Ley 16/2003, de “cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”, que ahora determina que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la siguiente situación: “d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.

 

Dichas modificaciones a la normativa sanitaria fueron aprobadas por el Congreso de los Diputados, gracias a las enmiendas propuestas por el Partido Popular (PP) a la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y establecen que las personas sin trabajo que hayan agotado la prestación y los subsidios por desempleo, y que se ausenten del país más de 90 días en un año, perderán el derecho a la asistencia sanitaria.

 

El PSOE presentará una iniciativa en el Parlamento para dar marcha atrás a esta medida

Al respecto, Martínez Olmos señaló a este medio que está en contra de esta medida, que es “absolutamente innecesaria” y que “recorta un derecho que afecta especialmente a los jóvenes”, ya que muchos están saliendo del país. Asimismo, informó que su partido va a presentar una iniciativa al Parlamento con el fin de dar marcha atrás a esta medida.

 

Izquierda Unida pide la comparecencia de Ana Mato al Congreso

Por su parte, Gaspar Llamazares declaró a Acta Sanitaria que su partido pidió la comparecencia de la Ministra de Sanidad, Ana Mato, al Congreso de los Diputados por este hecho y por el incremento de la aportación en el copago. Para el diputado de Izquierda Unida, ésta es una “nueva medida de exclusión de colectivos, que hace parte de la política de cicatería en que ha entrado el gobierno” y que se está implantando con la “excusa de la directiva de sanidad transfronteriza que todavía no está transpuesta en España”, lo cual hay que esperar cuándo y en qué términos sucede.

 

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Asturias la tercera tras País Vasco y Navarra

ESTUDIO DE LA FADSP SOBRE LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE LAS CCAA PARA 2014…

El gasto sanitario en Asturias alcanzará los 1.383,12 euros por habitante en 2014

 

08.01.2014 – AGENCIAS, OVIEDO.

1.383,12 euros. Ese será, según los cálculos realizados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el gasto sanitario por habitante al que Asturias tendrá que hacer frente en 2014. Según ese estudio, el Principado se sitúa como la tercera comunidad autónoma que más recursos destina a este fin, solo superada por País Vasco y Navarra.

Dicho gasto es, sin embargo, menor en Asturias respecto a otros años. Sin ir más lejos, en 2010 el gasto médico por habitantes ascendía a 1.507 euros, en 2011 a 1.495 y en 2012 a 1.530. Durante 2013, la cantidad se situó, en cambio, en 1.370 euros, 13 euros inferior a lo previsto para el corriente año.

Media de 1.204,97 euros

El estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública revela además las diferencias existentes entre comunidades, con saltos de hasta 561 euros. Son los casos de Andalucía, donde el gasto por habitante se sitúa en 980 euros, y País Vasco, que destina 1.542.

 

«Es insuficiente»

La media nacional para este 2014, según la FADSP, alcanzará los 1.204,97 euros por habitante, lo que supone 13,86 euros más respecto al año pasado.

Para los responsables de este estudio, «el gasto medio por habitante es un buen exponente del interés que cada comunidad tiene por la sanidad pública. Se está incrementando la desigualdad entre regiones». Creen además que deja «en evidencia la necesidad de una financiación finalista para la sanidad, un sector muy castigado por los recortes» y que «el gasto es notoriamente insuficiente». Recuerdan también que, desde 2009, se han producido «recortes sistemáticos» en todos los servicios públicos. El presupuesto medio per capita que destinan las comunidades se ha reducido un 11,4%. Con otros recortes, en 2013 se destinaron 7.500 millones menos que en 2010 a sanidad».

 

Asturias es la tercera comunidad con mayor gasto sanitario por habitante

EFE | | OVIEDO/MADRID, en El Comercio.

 

El gasto sanitario por habitante en Asturias alcanzará en 2014 en 1.383,12 euros por habitante lo que sitúa al Principado como la tercera comunidad autónoma, sólo superada por el País Vasco y Navarra, que más fondos destina a este fin por cada ciudadano.

 

Según los cálculos realizados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el gasto dedicado en Asturias a servicios sanitarios alcanzaba en 2010 los 1.507 euros, cantidad que se redujo al año siguiente a 1.495 euros y pasó a 1.530 en 2012 para reducirse de nuevo a 1.370 euros el pasado ejercicio.

 

El informe constata que la comunidad autónoma en la que se reside determina, entre otras cosas, el presupuesto sanitario con el que contará cada habitante este año, con una diferencia de hasta 561 euros anuales entre los 980 destinados a quien vive en Andalucía y los 1.542 de cada habitante del País Vaco.

 

La media del presupuesto per cápita de las comunidades es de 1.204,97 euros por habitante y año para 2014, lo que supone 13,86 euros más que el que se destinó en 2013.

 

Esta federación considera que el presupuesto sanitario de cada comunidad es "un buen exponente" de su interés por la sanidad pública, califica el de 2014 de "notoriamente insuficiente" y considera que incrementa la desigualdad entre regiones y que vuelve a poner en evidencia la necesidad de una financiación finalista para la sanidad, un sector muy castigado por los recortes.

 

En este sentido, recuerda que desde 2009 se han producido "recortes sistemáticos" en todos los servicios públicos que, en el caso de la Sanidad, ha hecho que el presupuesto medio per cápita que destinan las comunidades autónomas se haya reducido un 11,4 %.

 

Este porcentaje, sumado a otros recortes, hizo que en 2013 se destinaran a la Sanidad 7.500 millones de euros menos que en 2010.

 

La FADSP explica que estos recortes no se han distribuido de forma homogénea entre todas las comunidades y que el ajuste por habitante ha variado entre el 1,3 y el 23,3 % en función de la región, porcentajes que se traducen en diferencias de hasta 500 euros por habitante y año según la comunidad en la que se resida.

 

A la hora de analizar los datos por comunidades autónomas, la Federación recuerda que la población española ha disminuido en el conjunto del país pero, por comunidades, ha aumentado en dos (Baleares y Canarias), se ha mantenido en otros dos (Andalucía y Murcia) y ha disminuido en el resto y explica que la disminución de la población conlleva un aumento del presupuesto per cápita.

 

Además, destaca que las seis comunidades en las que se ha reducido el presupuesto sanitario son las más pobladas y aglutinan al 60 por ciento de la población.

 

En el cálculo del presupuesto sanitario la FADSP ha incluido, además de la aportación de cada comunidad, la que realiza el Ministerio de Sanidad, que la ha reducido el 0,4 este año, y la de algunas diputaciones provinciales y ayuntamientos, y explica que algunos de los aumentos presupuestarios se destinarán a pagar deudas, por lo que tendrán escasa repercusión sobre la asistencia sanitaria.

 

Tras estos cálculos, la federación concluye que en 2014 se producirá un "ligero incremento", del 1,13 %, en la media de los presupuestos per capita de las comunidades que, no obstante, se transforma en un descenso del 0,4 % si se pondera por población.

 

A CONTINUACION TRANSCRIBIMOS EL INFORME INTEGRO DE LA FADSP:

 

LOS PRESUPUESTOS SANITARIOS DE LAS CCAA PARA 2014

Los presupuestos sanitarios de las CCAA son un buen exponente del interés de las mismas por la Sanidad Pública y sirven para tener una previsión del funcionamiento de la misma, ya que se encuentra transferida a las CCAA y son estas quienes deciden el dinero que se dedica a la Sanidad y por lo tanto el funcionamiento de este servicio público.

Los últimos años han sido años de recortes sistemáticos en todos los servicios públicos y entre ellos en la Sanidad. Los recortes se vienen produciendo desde 2009, pero han alcanzado especial intensidad entre 2010 y 2013, de manera que entre estos años se redujo un 11,4% la media del presupuesto per capita anual que dedican las CCAA a la Sanidad Pública, lo que sumado a otros recortes en presupuestos sanitarios (Ministerio de Sanidad, etc) supuso que en 2013 se destinaran a la Sanidad 7.500 millones € menos que en 2010.

De todas maneras hay que ser conscientes de que estos recortes no se distribuyeron homogéneamente entre todas las CCAA (oscilaron entre el 1,3%  y el  23,3% menos per capita), y que el diferencial de gasto sanitario por habitante y año entre las CCAA supera los 500 € habitante/año, por lo que el impacto de los recortes es lógicamente muy superior en las CCAA que ya tenían presupuestos muy bajos que en aquellas otras que los tenían mas elevados.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), como venimos haciendo todos los años, hemos analizado los presupuestos sanitarios de las CCAA y hemos calculado el presupuesto por habitante y año con los datos de población del INE a 1 de julio de 2013 (últimos publicados en diciembre de 2013).

De estos datos, tal y como se recoge en la tabla que se adjunta al final, puede observarse que la media de los presupuestos per capita anuales de las CCAA esta en 1.204,97 €, es decir 13,86 € mayor que el mismo dato para 2013.

Los presupuestos per capita tienen una gran variación, como viene siendo habitual, dependiendo de las CCAA y oscilan entre 980 para Andalucía y 1.541,72 para el País Vasco, con un diferencial de 561,72 € por habitante y año entre ambos. La ratio máximo/mínimo se sitúa en 1,57, algo menor que la de 2013 (1,60), pero superior a la de los años 2010,2011 y 2012.

Merece la pena señalar que los presentes datos deben de ser analizados con prudencia por los siguientes motivos:

La población global del país ha disminuido (un 0,25% entre enero y julio de 2013), pero lo ha hecho de manera distinta según las CCAA: en 2 ha aumentado (Baleares 0,46% y Canarias 0,23%) en otras 2 prácticamente ha permanecido igual (Andalucía – 0,03% y Murcia + 0,07%) y en el resto ha disminuido. Esto hace que el efecto de disminución de población haya incrementado el presupuesto per capita por encima del incremento del presupuesto total, y lógicamente que una menor población suponga una menor presión asistencial (si bien hay que tener en cuenta que la disminución de la población se produce a costa de los inmigrantes que vuelven a sus países de origen y la emigración de la población autóctona, en ambos casos personas mayoritariamente jóvenes y sanas)

Además se da la circunstancia de que las 6 CCAA donde ha descendido el presupuesto per capita (datos en negrita en la columna correspondiente a 2014) son las mas pobladas (reúnen el 59,62% de la población española), de manera que si el promedio de presupuesto per capita lo calculamos ponderando los datos de población, este se sitúa en 1.053,43 €, y el presupuesto global (el conjunto de dinero que destinan las CCAA a la Sanidad) ha disminuido respecto a 2013 un 0,4% mientras que la media del gasto per capita de las CCAA  ha aumentado un 1,13%.

El calculo total del presupuesto sanitario público incluye además el del Ministerio de Sanidad (- 0,4% en los presupuestos para 2014), los de algunas diputaciones provinciales y ayuntamientos. Con la nueva ley de régimen local estas últimas partidas  desaparecerán (915 millones € en 2011) de manera que el presupuesto sanitario público al final tendrá una disminución mas significativa.

Algunos  de los aumentos presupuestarios  van dirigidos a pagar deudas (algunas ya han sido abonadas por el sistema de pago a proveedores establecido por el Gobierno) contraídas por el brutal descenso de los presupuestos sanitarios en los últimos años, claramente incompatibles con el mantenimiento de un servicio mínimo, por lo que estos incrementos tendrán escasas repercusiones sobre la asistencia sanitaria. Son los casos de Extremadura (-23,3% entre 2010-2013), Murcia (-22,6%), Castilla La Mancha (-16,8%) y Aragón (- 16,2%) que, de todas maneras,  no recuperan lo presupuestado en 2010.

En conclusión, se produce un ligero incremento en la media de  los presupuestos per capita de las CCAA (1,13%), que es un descenso del 0,4% si lo ponderamos por población, que en todo caso no alcanzan los de 2012 y se sitúan lejos de los de 2011, 2010 y 2009 (1.359,37 € en ese año)y además una parte del mismo va dirigido a pagar deudas, por lo que continua siendo notoriamente insuficiente. El aumento no se produce en todas (en 6 que suponen en 59,6% de la población, disminuye) incrementándose por lo tanto la desigualdad entre ellas, y volviendo a poner en evidencia la necesidad de una financiación finalista para la sanidad que evite  desigualdades tan importantes.

Una parte del aumento se debe a la disminución de la población. Las otras partidas independientes de las CCAA que conforman el gasto sanitario público ofrecen datos negativos: disminución del 0,4% en el presupuesto del Ministerio de Sanidad y desaparición de la Sanidad en los presupuestos de ayuntamiento y diputaciones con la reforma de la ley de régimen local, por lo que es previsible que se produzca una acusada disminución del gasto sanitario público total, lo que agravara la situación de un sector ya muy castigado por los recortes.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

6 de Enero de 2014

 

CCAA	2010	2011	2012	2013	2014
Andalucía	1180,09	1.121,69	1174,43	999,19	980,00
Aragón	1419,37	1.364,49	1371,87	1189,35	1119,94
Asturias	1507,15	1.495,93	1530,90	1370,01	1383,12
Baleares	1066,37	1.003,32	1066,82	1027,30	1048,10
Canarias	1295,36	1.135,75	1161,97	1186,77	1229,02
Cantabria	1347,47	1.232,16	1230,44	1301,65	1333,30
Castilla y León	1360,62	1.348,92	1353,00	1265,86	1267,28
Castilla la Mancha	1346,52	1.283,08	1123,23	1119,75	1122,99
Cataluña	1298,84	1.292.45	1128,24	1123,57	1091,57
Comunidad valenciana	1122,79	1.078,95	1060,80	965,44	1079,08
Extremadura	1509,72	1.390,56	1334,74	1158,70	1178,78
Galicia	1333,39	1.266,13	1262,77	1229,08	1227,74
Madrid	1108,14	1.103,16	1104,52	1094,24	1087,65
Murcia	1334,25	1.346,9	1219,89	1032,92	1079,13
Navarra	1543,12	1.528,59	1424,51	1418,97	1397,70
País Vasco	1623,08	1.563,68	1557,78	1551,75	1541,72
La Rioja	1443,94	1.347,11	1298,01	1214,42	1242,68
Media CCAA	1.343,95	1.288,58	1.210,95	1.191,11	1.204,97
Ratio Máximo/ Mínimo	1,46	1,44	1,46	1,60	1,57

 

 

VER ARTICULO DE Marciano Sánchez Bayle en Nueva Tribuna

Los presupuestos sanitarios de las CCAA para 2014: Una bajada global con una gran desigualdad

Que la ministra diga lo que quiera, la realidad final ha de ser NO so riesgo de ser cómplices del inevitable incremento de la morbi-mortalidad en los pacientes crónicos

Sanidad recuerda a las CC AA la obligatoriedad del copago hospitalario

Esta medida afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves no hospitalizados

07.01.14 - EFE | MADRID, en El Comercio.

El Ministerio de Sanidad ha recordado a las comunidades autónomas que la implantación del copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero. Fuentes del departamento que dirige Ana Mato han recordado que el copago de fármacos de dispensación hospitalaria entró en vigor el pasado 1 de octubre.

Desde entonces han transcurrido tres meses en los que las comunidades deberían haber solucionado sus problemas de infraestructura e informáticos para poder hacer efectivo el cobro. El pasado 18 de diciembre, tras el último Consejo Interterritorial de Salud, Mato aseguró que el "mal llamado copago hospitalario" se pondría en marcha en enero aunque reconoció que el asunto no se había tratado en la reunión.

Esta medida afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que tendrán que pagar un 10% de estas medicinas, con un tope de 4,26 euros mensuales, después de que Sanidad incrementase este límite un 1,5 % el pasado 1 de enero al actualizarlo según la tasa interanual del IPC del periodo comprendido entre febrero y noviembre. El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.

Este nuevo copago, previsto en el real decreto-ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012, todavía no ha comenzado a aplicarse en ninguna comunidad, en algunas por problemas de infraestructura y en otras por su oposición a la medida, una situación que ha reabierto la eterna brecha entre regiones. Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

 

A la búsqueda de fórmulas

Así, Castilla y León (PP) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la intención de que se anule o revoque la medida, una iniciativa a la que se ha unido el País Vasco (PNV) que ya ha presentado un requerimiento a la Administración del Estado como paso previo al recurso al considerar que la medida "penaliza" de forma "arbitraria" a enfermos crónicos graves. Andalucía (PSOE-IU) y Canarias (CC-PSOE) también han anunciado su intención de recurrir la medida, mientras que Extremadura (PP) está "analizando fórmulas para no tener que aplicarlo".

Cataluña (CiU) también ha mostrado su disconformidad con la medida y considera que apenas supondrá un ahorro de medio millón de euros mientras que Baleares (PP) rehúsan ponerla en marcha en tanto "no haya unas directrices claras, concretas y obligatorias". Asturias (PSOE) también ha avanzado que no aplicará la medida que tampoco gusta a Navarra (UPN), aunque esta comunidad "buscará alternativas para paliar sus efectos" si entra en vigor. La posición de Murcia (PP) es menos radical y ha mostrado su intención de ponerla en marcha "una vez que lo hagan el resto de autonomías y se organice el sistema de cobro", la misma postura adoptada por La Rioja (PP), Comunidad Valenciana (PP), Castilla-La Mancha (PP), Cantabria (PP), Galicia (PP) y Madrid (PP).

Sólo Aragón (PP) ha anunciado que está ultimando el sistema de cobro en las farmacias de los hospitales para implantar el copago en la última semana de este mes, lo que, si no cambian las cosas, la convertirá en la primera comunidad en aplicar esta medida que, hasta la fecha, sólo está vigente en las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. El Ministerio de Sanidad no dispone de datos sobre el número de pacientes a los que puede afectar la medida, ni tampoco han realizado estimaciones sobre el ahorro que puede generar, según aseguró a Efe Agustín Rivero, director general de Farmacia, cuando entró la medida en vigor. Según Rivera, la palabra adecuada no era "ahorro" sino "equidad" ya que "si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales".

 

El Principado desafía al Ministerio y no aplicará el copago hospitalario

Sanidad comunica a las autonomías que la medida es obligatoria

08.01.2014, Oviedo / Madrid, P. Á. / Efe, en La Nueva España.

El Ministerio de Sanidad ha comunicado a las comunidades autónomas que la implantación del copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero. Fuentes del Departamento que dirige Ana Mato han recordado que el copago de fármacos de dispensación hospitalaria entró en vigor el pasado 1 de octubre. Desde entonces han transcurrido tres meses en los que las comunidades deberían haber solucionado sus problemas de infraestructura e informáticos para poder hacer efectivo el cobro.

Entre los gobiernos autonómicos -incluso entre los sustentados por el Partido Popular- prolifera el rechazo a esta medida. Fuentes de la Consejería de Sanidad explicaron ayer que el Ejecutivo de Javier Fernández ya presentó el pasado otoño un requerimiento al Ministerio solicitando que retirase una norma "que resta equidad y suma vulnerabilidad a los pacientes más débiles o pluripatológicos, gravados ya por otros copagos".

Sin embargo, prosigue el Principado, dicho requerimiento no fue aceptado, por lo que se presentará próximamente "un recurso contencioso-administrativo en el que se está trabajando". A juicio de la Consejería, el citado copago "dificulta el acceso de determinados pacientes a sus tratamientos (muchas veces esenciales), con lo que supone un riesgo para la salud". "Se corre, además, el riesgo", prosigue la Consejería, "de incurrir en un retroceso en la calidad de la atención sanitaria por la posibilidad de que tratamientos ambulatorios y más cómodos para los pacientes afectados por ejemplo por cáncer, VIH... sean sustituidos por intravenosos, más agresivos para el usuario y más costosos para un sistema que ha de ser público y universal".

Conclusión: por el momento, "el Principado no aplicará este nuevo modelo de facturación, cuya eficacia, en términos de ahorro, es, en último término, muy discutible". Y añade la Consejería de Sanidad: "Obviamente, si la normativa es firme y una vez agotadas las vías, la insumisión no sería tampoco la solución".

El nuevo copago afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que tendrán que pagar un 10 por ciento de estas medicinas, con un tope de 4,26 euros mensuales.

 

Foro apunta que el copago de medicamentos podría abocar a pacientes a "muerte o invalidez"

"No vamos a permitir que los pacientes asturianos con estas enfermedades tan graves se enfrenten a ese futuro"

EUROPA PRESS | | OVIEDO.

El diputado de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Albano Longo, se ha referido este martes a la intención del Ministerio de Sanidad de que entre en vigor este mes de enero el copago de los medicamentos de dispensación hospitalaria. Según Longo, esta medida es "una vuelta de tuerca" que "podría suponer, en muchos casos, el abandono de los tratamientos, abocando a los pacientes a su muerte o invalidez".

 

A través de una nota de prensa, Longo ha dicho que los pacientes necesitan para sobrevivir unos medicamentos que, por sus especiales características. "Se trata de los medicamentos que tienen que tomar pacientes con enfermedades cancerosas, hepatitis, SIDA, esclerosis múltiple o artritis reumatoide, ha explicado. Por ello, ha considerado que no es válido el argumento de justificar el copago para evitar abusos.

 

Tampoco cree que se vaya a producir ahorro, porque en muchos casos se trata de medicamentos que están, o deberían estar, incluidos en el grupo de 'aportación reducida', por lo que el pago del paciente por cada envase sería pequeño y la habilitación de una ventanilla de cobros, que no hay en los servicios de farmacia hospitalarios "podría ser más costosa que la cantidad recaudada".

 

"No vamos a permitir que los pacientes asturianos con estas enfermedades tan graves se enfrenten a ese futuro y por ello condenamos enérgicamente a quienes de manera insensata e insensible han hecho esta propuesta inhumana", ha dicho Longo.

 

Del mismo modo, ha exigido al Gobierno del Principado que haga efectivas cuanto antes las iniciativas judiciales que ha anunciado en contra de esta medida. Paralelamente Foro presentará en la Junta General del Principado una Proposición No de Ley para que, en el caso de que las medidas judiciales no sean efectivas, el gobierno regional aplique una bonificación del 100 por ciento a este nuevo copago.

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Sostienen que la Consejería midió erróneamente el coste de atención al paciente

Foto.- Pancarta de protesta contra la privatización sanitaria en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid.

JOSÉ LUIS M. VADILLO, Madrid, en El Mundo.

 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid utilizó dos maneras diferentes de medir el coste de la atención sanitaria en los hospitales de la región para decidir cuánto dinero percibirán las empresas adjudicatarias en el proceso de externalización que inició el año pasado.

 

El próximo jueves, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reúne para decidir si admite o no los recursos contra la privatización presentados hasta la fecha. Con independencia de esa decisión judicial, los profesionales sanitarios agrupados en los colectivos antiprivatización ya anuncian una nueva demanda. El motivo está en las tablas de la memoria económica, a las que ha tenido acceso este periódico.

 

En ellas se puede comprobar que la consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty utilizó dos métodos para calcular cuánto cuesta atender a los madrileños en los hospitales de la región. En 2011 aplicó la fórmula de la Unidad de Complejidad Hospitalaria, y en 2012, los precios públicos. Ambos sistemas son válidos y se utilizan en el sistema sanitario, pero no se pueden comparar. Son, simplemente, diferentes varas de medir sin equivalencia entre sí.

 

¿Qué efectos tienen estos cálculos con baremos diferentes para dos años? Para Pedro González, presidente de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, organización frontalmente opuesta a la privatización, "es una locura". "Puede haber cambios en el cálculo de la asistencia sanitaria nefastos para la población, la Administración y las adjudicatarias", afirma.

 

Patricia Alonso, geriatra y secretaria de Afem (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), cree que "todos los cálculos parecen hechos con la clara intención de incrementar el dinero que les corresponde a las adjudicatarias". Alonso considera que "el procedimiento está mal hecho" y que por tanto "hay que invalidar todo el proceso".

 

Cuando el Gobierno regional inició el proceso de externalización, debió resolver un aspecto clave: ¿cuánto cuesta atender a un ciudadano en los hospitales de la región? Pues depende. La factura no es la misma en La Paz que en el Doce de Octubre. Menos aún si se compara uno de estos hospitales de referencia con alguno de los nuevos (los privatizables).

 

Sucede que los históricos centros sanitarios cuentan con más servicios y mayor tecnología punta, más cara que en los nuevos hospitales. Dada la complejidad para saber el coste que se puede atribuir a un centro, y determinar así cuánto dinero se puede ofrecer a las concesionarias, la Consejería hizo cuentas. El método aplicado en el ejercicio de 2011 calcula el coste de una determinada intervención en un hospital en función de unos baremos internacionales. Así, multiplicando el número de operaciones realizadas en dicho centro se puede conocer el coste promedio de las mismas.

 

El segundo método, el de los precios públicos, es el que se aplicó para el curso de 2012. En esta fórmula se asigna a cada operación un coste fijo sin tener en cuenta el hospital en que se realiza. Éste es el método con el que se ha trabajado tradicionalmente, dentro de un sistema que no detallaba los costes de sus procedimientos, sino que se basaba en los grandes presupuestos.

 

Los pacientes ’derivados’

Cuando Sanidad tuvo estos datos tanto de 2011 como de 2012, los utilizó de forma indistinta para calcular los costes sanitarios. La cuestión es: ¿por qué es importante para el Infanta Leonor saber el coste de las operaciones de su centro de referencia, el Gregorio Marañón? Cada año, cientos de pacientes del Infanta Leonor son derivados al Marañón porque no dispone de algunos de los servicios que requieren sus pacientes. A estos pacientes se los denomina derivados, y generan una facturación interna entre hospitales a efectos contables.

 

Lógicamente, si uno de estos hospitales pequeños genera un gasto anual a su centro de referencia, hay que cobrárselo en cada ejercicio. Así lo hace la Consejería en su memoria económica, pero en vez de calcular el coste de los derivados en función de lo que cuestan las operaciones en los hospitales de referencia, se calcula sobre el coste de los hospitales nuevos. Así, la factura total es sensiblemente inferior para las empresas concesionarias.

 

"Estos datos se añadirán a una nueva demanda ante el TSJM, con independencia de la decisión que tomen los jueces, porque los cálculos no responden al coste de la asistencia sanitaria y así no se puede saber cuánto hay que pagar a las concesionarias", explican los médicos.

 

Otro ejemplo de ese uso erróneo de los datos se puede ver en la denominada Tabla 2, referente al año 2011, en el que el cálculo del déficit que generan los pacientes derivados desde los nuevos hospitales se hace a razón de 2.671 euros para cada paciente. Sin embargo, el coste real para cada intervención en los hospitales de referencia es, según los datos que maneja la propia Consejería, de 3.794 euros. Es decir, 1.123 euros de diferencia por cada paciente.

 

Al multiplicar por los cientos de pacientes que cada año se derivan desde cada hospital, se traduce en una factura menos abultada para las concesionarias por este concepto.

 

Hay que aclarar que los hospitales privatizados no pagarán por cada uno de esos pacientes derivados: la Consejería usa estos cálculos para hacer una estimación y saber cuánto tiene que restarles del dinero que abona cada año de contrato.

 

Este periódico contactó con la Consejería, pero no fue posible tener su versión en estos días festivos.

Cifras que 'no cuadran', según los médicos

JOSÉ LUIS M. VADILLO, Madrid, en El Mundo

Las claves de las tablas económicas

Un 'regalo' del 2%.

El coste de la facturación intercentros se hizo en 2012 con precios públicos de 2009. Si la privatización entra en vigor en 2014, se podrían usar los nuevos precios públicos actualizados en noviembre de 2013, pero la Comunidad no lo hará. Hay una diferencia de costes de hospitalización de 50 milloens de euros. "De esta forma se regala un 2% de la facturación intercentros", dicen desde Afem.

 

La Paz. 

La estimación de costes es muy dudosa en algunos casos. ¿Cuánto factura La Paz por lo que se denomina Procedimientos Extraídos (por ejemplo, cateterismo cardiacos)? En 2011, sólo 231.000 euros. Y un año después, 4.305.000 euros. Pero no hay una explicación lógica para esta diferencia.

 

Cero pacientes tratados.

Algunos errores de las tablas de la memoria son llamativos: en el apartado que recoge procedimientos que sólo se realizan an algunos centros, el Hospital de Torrejón y el Infanta Elena tienen atribuidos cero pacientes tratados.

 

Diferentes precios.

Cobrar las operaciones de pacientes derivados al precio del hospital de salida o al de llegada (donde se operan, como parece lógico) es muy diferente. En el Infanta Leonor la factura pasa de 86,4 millones a 122,7 al año. En el del Sureste (Arganda), la oscilación va de 24,3 a 34,5 millones, siempre a favor del gestor privado.

 

Dudas razonables.

¿Cómo es posible que el Gregorio Marañón tenga una facturación positiva casi cuatro veces mayor que hospitales de su tamaño y especialización, como La Paz o el Doce de Octubre? Otros como el Infanta Leonor tienen facturación negativa casi el doble de otros de su tamaño.

 

Cruz Roja.

El hospital de la Cruz Roja tiene un rendimiento extraordinario en lo referente a consultas externas en su facturación intercentros, según las tablas usadas. En 2011, tuvo 117.900 consultas y una facturación de 11,8 millones; el Gregorio Marañón, por ejemplo, tuvo un balance muy parecido, de 12 millones, pero con un total de 871.000 consultas, casi ocho veces más.

Y 2014 empieza igual que acabaron 2012 y 2013, si no peor ¡¡viva el PP!!

Los parados que pasen tres meses fuera perderán la tarjeta sanitaria

El BOE del 26 de diciembre establece que los ciudadanos pierden la residencia española a partir de los 90 días.

Juventudes Socialistas denuncian la "actitud ruin" del Gobierno y ven la medida "discriminatoria".

05.01.14 - ROSARIO GONZÁLEZ | MADRID, en El Comercio.

El Boletín Oficial del Estado del pasado 26 de diciembre de 2013 ha puesto en alerta a los emigrantes españoles. La publicación oficial incorpora una disposición adicional, en concreto la sexagésima quinta, al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que limita la asistencia sanitaria a aquellos españoles que permanezcan en el extranjero durante más de 90 días en un año natural y se encuentren en situación de desempleo.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, contempla la pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a mínimos, a quienes superen los 90 días de estancia en el extranjero en un año natural. "A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural", reza el texto del BOE.

En este sentido, la Ley de Presupuestos también introduce una modificación en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, donde especifica que tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren supuestos como "haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España".

En un comunicado, las Juventudes Socialistas de España (JSE) han denunciado la "actitud ruin" del Gobierno y ha calificado la medida de "discriminatoria". Ante la elevada cifra de desempleo juvenil, "el Gobierno de Rajoy ya no sólo permanece impasible, sino que ataca frontalmente a los que buscan alternativas", añade la nota. Para el Secretario General de JSE, Nino Torre, "es indignante que a los 90 días de marcharse", a estos ciudadanos "se les considere como no residentes y no tengan derecho a ser atendidos en los hospitales". Según señala, en su gran mayoría son jóvenes obligados a marcharse por las elevadas tasas de desempleo y que a su vuelta, si no tienen un contrato, deberán buscarse "un seguro privado". "Otro duro golpe más para los que más sufren las consecuencias de las inexistentes políticas en materia de empleo juvenil", señala el comunicado.

Los ciudadanos que pierdan la residencia a efectos del mantenimiento del derecho de dichas prestaciones sanitarias podrían pasar a ser asimilados en el caso de estar casados o registrados como pareja de hecho. En el caso contrario, tendrían derecho a optar a la tarjeta sanitaria sin recursos. Otra de las dudas generadas se produce en torno a la recuperación del derecho a la asistencia sanitaria al regresar a España, algo que es "automático" según el Ejecutivo, aunque genera serias dudas en los grupos de oposición.

 

Carta de una "aventurera" emigrada

La nueva normativa, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, fue publicada el 26 de diciembre, apenas un día después de Navidad, lo que parece haber ralentizado la reacción de los afectados hasta la vuelta de las vacaciones navideñas. Una de ellas ha sido Bárbara Jerez, una española que reside desde hace medio año en Bolivia y que ha criticado duramente la medida en una carta abierta al Gobierno publicada en la página kaosenlared.net.

"Querido Gobierno: Me llamo Bárbara y soy española, aunque resido en Bolivia desde hace 6 meses. Soy una más de los tantos ciudadanos que nos hemos marchado del país en busca de una oportunidad. Esa oportunidad que ustedes no nos han dado". Así comienza la carta de Jerez, quien prosigue su crítica recriminando al Ejecutivo el que "aprovechando las fiestas de Navidad (unas fechas entrañables durante las cuales pensamos en ser mejores personas)", se publicara en el BOE un cambio que "nos ha dejado sin Sanidad Pública a todos los españoles que nos hemos marchado, lo que implica que cuando vayamos a España no tendremos derecho a asistencia médica hasta que volvamos a ser residentes. Bueno, claro, siempre me quedará el sector privado y pagarme un seguro médico. Si puedo costeármelo", vaticina la autora de la misiva.

"Parece que ustedes ya no se conforman con vernos sin trabajo en España, sino que también nos quitan uno de los derechos que recoge nuestra Constitución (sí, esa que tanto defienden ustedes) y nos obligan a buscar asistencia sanitaria privada. Quizás no todo el mundo pueda pagarla, aunque eso, a estas alturas y viendo todas sus reformas, a ustedes qué más les da", continúa Jerez. "A través de esta carta quiero hacer constar mi impotencia y mi tristeza ante tal medida. Y no sólo yo me siento así porque, por desgracia, no soy la única en esta situación. Primero fueron los inmigrantes ilegales. Ahora somos los emigrantes españoles. ¿Quiénes serán los próximos?", se pregunta su autora que firma con un irónico "atentamente, una joven aventurera" en alusión a las polémicas declaraciones de la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, quien afirmó que los jóvenes españoles emigraban al extranjero por "espíritu aventurero" y no debido a la crisis en un país con la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea.

El Ateneo de Madrid fue ayer sede del estreno del documental 'Ni un paso atrás'

Fernando Colomo rueda la Marea Blanca

El multitudinario estreno del cineasta Fernando Colomo sobre la privatización sanitaria arranca la batería de actos reivindicativos

La Mesa por la Defensa de la Sanidad pública busca así visibilidad en la semana de la decisión judicial sobre la cesión de hospitales a contratistas

No es el primero en acercar el cine a esta causa: ya lo hizo en 2007 Wyoming con el conflicto del hospital Severo Ochoa de Leganés

Foto.- Cartel del acto Ni un paso atrás.

Raúl Rejón / Laura Olías, en eldiario.es

Al menos las conciencias están despiertas. Y parece que cualquier acto para tratar de dejar claro el rechazo a la privatización sanitaria tiene tirón. En una tarde desapacible y lluviosa como la del viernes, una cola de personas se alargaba hasta la calle y aguardaba a que las puertas del salón de actos del Ateneo de Madrid se abriesen para repetir ese mensaje. Como atractivo, el documental de Fernando Colomo Ni un paso atrás.

Eldiario.es ha hablado con el director madrileño unas horas antes del estreno sobre este proyecto que refleja el maratón cultural que tuvo lugar el 27 de abril de 2013, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid en apoyo a la sanidad pública. "Queríamos por un lado mostrar el maratón, todas esas personas expresándose ante la pérdida de derechos que están imponiendo, y por otro lado, recoger los actos de artistas y humoristas presentes". En aquella ocasión, tres cámaras rodaron durante 12 horas a artistas como Javier Krahe o Cristina del Valle o el actor Emilio Gutiérrez Caba. La cinta de 40 minutos –y editada por Ernesto de Nova- intercala entrevistas con profesionales sanitarios como Marciano Sánchez Bayle (de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública) que desgranan ante Juan Delapeña las consecuencias de la privatización. "Mi hermana es médica de un centro de salud público y, al igual que la mayoría del sector, están muy concienciados con el tema", explica Colomo para relatar cómo llega a esta película.

Para Colomo "la política está en todo". Estas obras no son las únicas que reclaman el derecho a una sanidad pública de calidad, pero cuando un cineasta conocido dirige el proyecto, cobra más visibilidad. Así, el cineasta intenta aportar su experiencia a la causa. "Me involucré en el proyecto porque creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en lo que creemos. Yo entiendo de cine, entonces colaboro a través del arte".

"Perdonad que estemos algo apretados, pero habrá ocasiones para estar más cómodos", pedía una de las presentadoras desde el atril al comprobar el aforo más que completo y algunas protestas por parte del público. "Es únicamente la presentación". La convocatoria ha partido de la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, un colectivo que agrupa a docenas de organizaciones vecinales, movimientos sociales, organizaciones sindicales, de usuarios, profesionales sanitarios, plataformas y el 15M. Se trata de un primer movimiento de rechazo antes de que los 50 magistrados de lo contencioso-administrativo de Madrid decidan los próximos 9 y 10 de enero sobre la adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos a tres contratistas privados.

En el Ateneo, además del documental, se ha montado toda una batería de declaraciones y simbología. Un grupo de personas ha conformado el lema sanidad pública universal al tiempo que se desgranaban reivindicaciones desde la inclusión de los inmigrantes hasta la denuncia de la búsqueda de lucro por parte de las empresas que se quedarían con los hospitales previstos en el plan privatizador. Fernando Colomo entiende que no debe guardarse silencio: "Hace un año y medio con el mismo equipo de gente hicimos Tijeras que es casi un spot, en el que tratábamos el tema de los recortes". Realizado para el grupo de salud del 15-M, culminaba con esta frase: "Si cortamos la sanidad, cortamos la vida". Pero la cosa viene desde un poco más lejos. El autor de Tigres de papel o Los años bárbaros recuerda que dirigió hace un lustro un corto "sobre la privatización sanitaria en el que una limpiadora tenía que curarse el brazo ella misma" (VER). 

Carmen Esbrí, miembro de la plataforma que ha organizado el acto, explica que planean repetir la exhibición del corto "en otras acciones de reivindicación". Y remata: "Esto ha sido sólo el primer plato".

 

Otras reivindicaciones artísticas por la sanidad

El Gran Wyoming dirigió en 2007 El Severo me duele (VER) tras conocer de primera mano la situación que atravesaban en aquel momento los médicos del hospita Severo Ochoa de Leganés. Con el documental buscaba mostrar cómo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había intentado desprestigiar al hospital público Severo Ochoa para -según su relato- favorecer a la sanidad privada mediante la denuncia de supuestas sedaciones irregulares en el centro hospitalario entre 2004 y 2005 bajo la coordinación del doctor Luis Montes. El caso fue archivado por la Audiencia Provincial en 2008, cuando la sala sentenció que no se podía "llegar a la conclusión de que los imputados sean responsables de la muerte de sus pacientes", algo que defendió durante esos tres años la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa.

Por eso Farmaindustria estaba y está encantada y lo poco que se quejó lo hizo con “la boca pequeña”

A PESAR DE LOS INTENTOS DE MANIPULACION DEL MINISTERIO EL GASTO FARMACÉUTICO SIGUE AUMENTANDO…

 

Los últimos datos del gasto farmacéutico de recetas de la Seguridad Social vuelven a recoger un incremento sobre los de 2012, a pesar de las manipulaciones del Ministerio de Sanidad que solo ofrece comparaciones con 2011.

 

Los datos de noviembre, hechos públicos el 28 de diciembre, vuelven a demostrar dos cosas: que el gasto farmacéutico sigue creciendo respecto a 2012 (9,75 en septiembre, 5,5% en octubre y 4,84% en noviembre) y que el Ministerio de Sanidad continua con su manipulación informativa e intento de encubrimiento de la realidad (desde que se ha evidenciado un aumento del gasto farmacéutico respecto a 2012, solo ofrecen la comparación con 2011 no ofreciendo los datos del año anterior como era lo habitual).

 

Los datos que se ofrecen (gasto total de 2011, gasto medio por receta y número de recetas) no son comparables porque se retiraron de la financiación pública medicamentos de bajo coste y de utilización muy frecuente, por lo que los datos de número de recetas y coste medio no son comparables. Y en realidad lo que sucedió es que se traslado gasto público a gasto privado mediante los copagos y la exclusión de financiación.

 

Por otro lado hay que señalar que el incremento del gasto que es evidente en estos últimos meses recoge un fenómeno que ya se había producido en anteriores exclusiones de medicamentos de la financiación pública: el desplazamiento de la prescripción hacia medicamentos que continúan siendo financiados y que son mucho más caros.

 

Mientras el gasto farmacéutico continua incrementándose un sector de la población, las personas mas enfermas y con menos recursos, no pueden acceder a los medicamentos que necesitan con los problemas de salud que ello producirá inevitablemente. A lo que hay que sumar el copago en los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias, que añade inequidad y graves problemas de salud a una situación ya deteriorada.

 

En resumen la política la del Ministerio de Sanidad ha demostrado favorecer solo a las empresas farmacéuticas a costa de la salud de las personas con menos recursos económicos y más problemas de salud, una política en la que a los problemas de salud y las desigualdades que genera se une la manipulación mas descarada de los datos.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

2 de enero de 2014

 

El gasto farmacéutico encadena tres meses seguidos de subidas

El mercado de medicamentos absorbe las medidas de ahorro de los últimos Gobiernos

Emilio de Benito, Madrid, en El País.

 

El gasto público en medicamentos encadena tres meses seguidos de subida. Los últimos datos, colgados en la web del Ministerio de Sanidad, corresponden a noviembre. Entonces, la Administración (la factura la pagan en su mayor parte las comunidades autónomas) fue de 758 millones, un 4,8% más que un año antes. En octubre el aumento fue del 5,2%, y en septiembre del 9,8%, aunque este último dato sufrió el efecto perverso del desvío de las compras por el medicamentazo (la exclusión de más 400 fármacos de la financiación pública) de un año antes.

 

Con esta secuencia se confirma que el mercado de medicamentos vuelve a crecer, tras encadenar 39 meses de descenso. Las caídas en valores absolutos empezaron en junio de 2010, con las reformas del sistema de entrada en vigor de los precios de referencia y las rebajas decretadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Luego, se aceleró con la llegada del PP al Gobierno, con la exclusión de población inmigrante del sistema y, sobre todo, el cambio del sistema del copago, que hizo que los pensionistas pagaran por primera vez en función de su renta, lo que ha hecho que hasta un 16% de los fármacos que se les recetan no hayan sido adquiridos, según ha denunciado la oposición. También contribuyó otra vuelta de tuerca al sistema de precios de referencia y el medicamentazo.

 

Esta vez, coincidiendo con la Navidad, Sanidad ni siquiera ha sacado nota de prensa con los resultados. Ya en julio de este año dejó de ofrecer en sus comunicados la comparación interanual para dar la variación referida a dos años antes. Con ello se seguía dando un ahorro, aunque ya las cifras apuntaban al repunte que finalmente se ha confirmado.

 

De todas formas, que el mercado de medicamentos suba es algo natural: los nuevos productos son más caros que los anteriores, y la población envejece. Y esto son los dos factores clave de este mercado. Como decía una portavoz del ministerio que dirige Ana Mato cuando salieron a la luz los primeros aumentos en el gasto, “no se puede pretender que baje siempre”. Otra cosa es si el crecimiento se va a mantener a niveles aceptables (expertos estiman que esto sería aproximadamente el IPC más un diferencial), o si va a llegar al 12% que rondaba hace 10 años.

 

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha manifestado, tras analizar los datos, que “el incremento del gasto que es evidente en estos últimos meses recoge un fenómeno que ya se había producido en anteriores exclusiones de medicamentos de la financiación pública: el desplazamiento de la prescripción hacia medicamentos que continúan siendo financiados y que son mucho más caros”. También critican que “las personas más enfermas y con menos recursos, no pueden acceder a los medicamentos que necesitan con los problemas de salud que ello producirá inevitablemente”.

 

Las previsiones a corto plazo son de un incremento mayor, ya que, en teoría, las comunidades tienen que poner en marcha a lo largo de este mes el sistema para cobrar los medicamentos de dispensación hospitalaria (algunos para hepatitis, cáncer), que muchas dan gratis y que, según Sanidad, deben estar sujetos al mismo copago que otros productos destinados a enfermedades crónicas.

 

Por su parte Farmaindustria, la patronal de los laboratorios, augura un estancamiento en esta partida.

 

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