CONTRARREFORMA NO

Triunfo de la ciudadanía y de la división de poderes en el estado de derecho pero ojo que los “vencidos” son rencorosos.

LOS RECORTES EN SANIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha deroga el cierre de las urgencias nocturnas

La rectificación afecta a 21 centros sanitarios de la región y a más de 100.000 vecinos

Foto: Concentración, en febrero de este año, para protestar por el cierre de urgencias en Tembleque.

El País, Madrid.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado la orden por la que estableció el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región, a raíz de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en las que daba la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.

El Ejecutivo argumenta que los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la orden hacen "prácticamente imposible" conseguir los objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma.

Además, sostiene el Gobierno que la suspensión cautelar de las medidas dictadas por la Corte provoca la "desarmonización" del sistema global de la comunidad autónoma. De esta forma, se elimina una de las medidas de ahorro que había adoptado el gobierno regional para cuadrar sus cuentas presupuestarias.

La decisión del cierre de los 21 centros fue adoptada a principios de año, como una restricción más de los servicios sanitarios públicos. Aunque el portavoz oficial explicó que los vecinos perjudicados apenas tendrían que viajar unos kilómetros hasta un centro de guardia, en la práctica se demostró que, en ocasiones, el paciente debía desplazarse en coche más de 50 kilómetros, además por carreteras peligrosas y de noche. La distancia ha sido un factor determinante para que los jueces apreciaran, como había alegado alguno de los municipios afectados, que de hecho se producía una inasistencia sanitaria para parte de la población.

La medida del Gobierno de Cospedal provocó manifestaciones multitudinarias en la región y también la dimisión de varios concejales de su propio partido, disconformes con la decisión adoptada. Tres meses después, el Gobierno regional ha tenido que rectificar.

Castilla-La Mancha deroga el cierre de las urgencias nocturnas

La decisión obedece a una sentencia judicial que dió la razón a los 21 pueblos afectados

El Ejecutivo defiende la anterior medida fundamentada "en el escaso uso de estos recursos"

27.03.13 - AGENCIAS | TOLEDO, en El Comercio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Maria Dolores de Cospedal, ha derogado la orden por la que estableció el cierre de las urgencias nocturnas de veintiún Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región después de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en las que daba la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden por la que se deroga la orden anterior, de fecha 20 de noviembre de 2012, con el fin de evitar perjuicios en la prestación del servicio surgidos de las reclamaciones judiciales y de acatar las resoluciones del tribunal.

El Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta que los pronunciamientos que sobre dicha orden se han realizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha hacen "prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma". Además, fundamenta la derogación de la orden en "la constatación del escaso uso de estos recursos" que "obstaculiza el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva". Asimismo, plantea que la suspensión cautelar de las medidas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia provoca la "desamornización" del sistema global de la comunidad autónoma.

Por ello, de acuerdo con "los principios de eficacia y coordinación" en la prestación sanitaria de urgencia, el Gobierno castellanomanchego considera necesario dictar esta nueva orden, que deroga la anterior y que entra en vigor hoy mismo. Esta decisión se toma "sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de salud, con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos y materiales, sin que por ello se comprometa la calidad de la asistencia sanitaria de la población y siempre persiguiendo el interés general y la máxima protección del bien jurídico que constituye la salud como bien constitucionalmente protegido".

Reorganización territorial

La Consejería de Sanidad recalca en cualquier caso que la reorganización territorial y funcional del servicio de urgencias se basó en estudios técnicos y agilizaba la asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas mediante la ubicación de unidades de soporte vital con personal sanitario, "respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos, inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente". La orden que hoy queda derogada entró en vigor el 14 de enero y sólo tres días después el Tribunal Superior de Justicia dictó un primer auto de medidas cautelarísimas para suspender sus efectos.

El 29 de enero dictó otro auto de medidas cautelares en el que mantenía la suspensión de la orden en Tembleque (Toledo), cuyo ayuntamiento fue el primero que recurrió y al que en fechas posteriores se fueron sumando los demás. El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó un recurso de reposición ante esa decisión, pero fue desestimado el 5 de marzo por el Tribunal Superior con cinco votos a favor y dos votos particulares

“Una victoria del pueblo”, dice Elena Valenciano

La vicesecretaria general del PSOE deplora que la orden se haya publicado "de madrugada, a ver si pasaba desapercibida"

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha calificado hoy de "grandísima victoria del pueblo" la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha de derogar el cierre de las urgencias nocturnas de la comunidad y ha deplorado que se haya publicado la orden "de madrugada, a ver si pasaba desapercibida".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado la orden por la que estableció el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) de la región después de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en las que daba la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.

En un comentario en su perfil de Facebook, Valenciano se ha congratulado de esa decisión que ha calificado de "grandísima victoria del pueblo, con sus alcaldes al frente".

Tras deplorar que el Gobierno de la comunidad haya publicado la orden "de madrugada, a ver si pasaba desapercibida en Semana Santa", la dirigente socialista ha trasladado su "enhorabuena especial" al líder de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, frente a una presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal, que "pierde".

"Todo empezó en Tembleque, el 15 de enero, ¡aquel emocionante día! Ha sido la lucha de mucha gente, en 21 municipios, sobre todo de muchas mujeres que no se han resignado nunca. Cospedal pierde, ellas y ellos ganan. Enhorabuena especial a Emiliano García-Page. Y David venció a Goliat", escribe Valenciano.

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La decisión de dimitir en bloque se produciría aunque se externalizara un solo centro

Los directores de Centros de Salud ratifican que dimitirán en bloque cuando salgan los pliegos

Los directores de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, reunidos en asamblea, han decidido oponerse totalmente a los planes de la Consejería y mantener la decisión de dimitir en bloque en cuanto salgan los pliegos, si bien estos tardarán en hacerse públicos, pues no se cree que sean publicados antes del verano.

Foto: Paulino Cubero, Alejandro Tejedor y J. Luis Quintana.

Madrid 25/03/2013, Carmen Villodres, en Acta Sanitaria

El director general de Atención Primaria, Antonio Alemany, tras reunirse con representantes de las 7 direcciones asistenciales en que está dividida la Comunidad de Madrid, no parece haber convencido. Muy al contrario, desconfianza es la palabra que mejor define la actitud con la que la mayoría de los directivos de los 27 centros de salud se reunían en asamblea este viernes para informar y acordar las medidas a tomar.

En un principio parecía que la buena noticia era que sólo se externalizaban cuatro de los 27 centros de salud que estaban previstos; ahora se ha sabido que lo de los cuatro sólo es el principio, porque los profesionales de la salud no parecen estar interesados en gestionar estos centros en tiempos de crisis. José Luis Quintana, representante de los directores de los centros de salud, comentó a Acta Sanitaria que le parece una equivocación el hablar ahora de cuatro y que su decisión de dimitir en bloque se produciría aunque se externalizara un solo centro.

Quintana calificó el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid como un acto de arrogancia y de chulería, sin lógica alguna para los profesionales. Se pregunta por qué este cambio de buenas a primeras, cuando desde un principio ha contado con la oposición de los trabajadores y con más de un millón de firmas de los madrileños. Por ello aseguró que prefiere que externalicen cuatro en lugar de los 27 previstos, pero que no se debería privatizar ninguno.

¿Qué centros serán privatizados inicialmente?

Una de las preguntas más habituales es cuáles serán esos cuatro centros pioneros, interrogante a la que no se sabe dar respuesta; también aseguraron desconocer cuál sería el porcentaje de la participación privada, ya que en el borrador del proyecto de constitución de las sociedades de profesionales sólo figura explícitamente que el 51 por ciento del capital tendría que ser aportación de la atención primaria.

Javier Fernández Lasquetty ha venido rechazando que se trate de un experimento sin base alguna ya que, según desveló, está basado en las Entidades de Base Asociativa (EBAs) de Cataluña, que al parecer funcionan tan bien que han conseguido un ahorro del 25 por ciento en el gasto farmacéutico en 2011 y que, además, los indicadores de calidad asistencial de este modelo son muy altos.

Además de reiterar su anunciada dimisión colectiva, los directores de Centros de Salud acordaron no colaborar en cuantas iniciativas proponga la dirección, aunque eso sí, garantizaron la calidad de la asistencia.

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Llamazares: el departamento que dirige Mato esté

Defensa de la Sanidad e IU, contra los nuevos tramos de copago

23.03.13, El Comercio

La posibilidad de introducir nuevos tramos en el copago farmacéutico en función de renta fue ayer criticada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y por el diputado asturiano de IU, Gaspar Llamazares. El anuncio realizado el jueves por la ministra de Sanidad, Ana Mato, que aseguró que su departamento estudiaba crear tres nuevos tramos de copago (de 18.000 euros a 36.000; de 36.001 a 72.000 euros y otro hasta los 100.000) «tiene solo un afán recaudatorio», indicó Llamazares. Por su parte, el presidente de la FADSP Marciano Sánchez Bayle tachó de «improvisación» la propuesta de cambiar los tramos de renta para el copago en vigor desde julio. «En lugar de actuar de manera consensuada, razonada y fundamentada, primero se plantean las medidas y luego rectificaciones», indicó.

Llamazares achaca la posible ampliación de tramos de copago farmacéutico a un afán "recaudatorio" de Sanidad y Hacienda

MADRID, EUROPA PRESS

El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha achacado la posible ampliación de los tramos de copago farmacéutico a un afán "recaudatorio" del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Hacienda.

Llamazares se ha pronunciado así, en declaraciones a Europa Press, después de que el jueves la ministra de Sanidad, Ana Mato, trasladara a los consejeros de las comunidades autónomas, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la posibilidad de modificar los tramos de renta para el copago farmacéutico, en vigor desde el pasado mes de junio.

En concreto, el debate entre el Ministerio y las comunidades se centra en el grupo de pacientes con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros anuales, que actualmente tienen que copagar un 50 por ciento del precio de sus medicinas. De hecho, Mato ha reconocido que este tramo se podría dividir en tres (de 18.000 a 36.000, de 36.000 a 72.000 y de 72.000 a 100.000 euros), pero que "todavía no hay ninguna propuesta concreta", ni sobre tramos ni sobre el porcentaje que se aplicará a cada uno.

"Esta propuesta lo que está ocultando es la intención de aumentar el copago. El Ministerio de Hacienda ha visto la capacidad recaudatoria que tiene el copago y esto es una golosina. Además, es preocupante la incertidumbre que se genera, por lo que me parece inaceptable esta medida y estoy absolutamente en contra de ella", ha recalcado Llamazares.

A su juicio, esta decisión "aumenta la carga" de las clases medias españolas que, según ha avisado, el Gobierno las está "empujando" fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por ello, ha denunciado que el departamento que dirige Mato esté "lejos" de ser un Ministerio de Sanidad y sea una "oficina de recaudación de Hacienda".

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Menor oferta, más lista de espera, posibilidad de saltarse la espera pagando, resultado: NEGOCIO y la salud deja de ser un derecho – por tanto igual para todos - y se transforma en un privilegio cómo cuando nos regíamos por el voto “censitario” en vez de por el sufragio universal.

Sant Pau crea una vía de pago que permite saltarse la lista de espera

El hospital opera a pacientes privados en cirugía vascular

La demora para la operación de varices en la sanidad pública en este centro es de 8,4 meses

Foto: Pancartas en la puerta del hospital de Sant Pau, el pasado martes.

David García Vázquez, en El País.

El hospital de Sant Pau ha abierto una nueva vía que permite a los pacientes ser operados, previo pago, sin tener en cuenta las largas listas de espera de la sanidad pública catalana. El centro sanitario, admiten sus responsables, ha operado a dos pacientes de cirugía vascular —cuya dolencia más común son las varices— que no han tenido que esperar los 8,4 meses que el pasado 31 de diciembre acumulaba esta especialidad.

Con esta vía el hospital explora “nuevas fórmulas de financiación” en tiempos de recortes, explica un portavoz, que insiste en que el centro igualmente “cumple con la actividad pública contratada por el Departamento de Salud”. La Generalitat financió la actividad asistencial de Sant Pau con 309,5 millones de euros en 2012, un 6% menos que los 329,5 millones de 2010. En este tiempo la lista de espera en cirugía vascular ha pasado de 4,1 meses a 8,4.

El hospital lleva trabajando al menos desde 2009 con la idea de tener una doble vía de acceso, pública y privada, a sus quirófanos. En esto sigue la estela del Hospital Clínic, que a través de su filial Barnaclínic también opera a pacientes previo pago.

Según un reciente informe de la Sindicatura de Cuentas, Sant Pau contrató a la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) cuatro estudios en las dos primeras semanas del mes de marzo de 2009 para explorar y definir la asistencia privada. El primero de ellos —Evaluación de las opciones legales para realizar actividad asistencial a pacientes privados— costó 21.288 euros y llevó a la consultora dos semanas de trabajo.

El segundo trabajo de PWC —Análisis interno y externo de la prestación de servicios sanitarios a pacientes privados para conocer las fortalezas, oportunidades y limitaciones— tuvo un coste de 67.048 euros y llevó a PWC cinco semanas de trabajo. El tercero —Definir el modelo asistencial y operativo de la prestación de servicios a pacientes privados— tuvo un coste de 70.992 euros y tomó 12 semanas de trabajo, mientras el cuarto —Definir el modelo económico-financiero y elaborar un plan de acción a alto nivel para al prestación de servicios de atención asistencial a pacientes privados— costó 59.160 euros y tardó cuatro semanas en llevarse a cabo.

En total, el hospital de Sant Pau se gastó 218.428 euros (IVA incluido) en los cuatro trabajos encargados a PWC para poner en marcha la asistencia a pacientes privados. La consultora ingresó ese mismo año (2009) otros 202.000 euros de Sant Pau por otros tres contratos relacionados con los “sistemas de información”. Todos estos trabajos fueron encargados cuando el gerente del hospital era Jordi Varela, hoy imputado en el proceso que investiga un cúmulo de pagos, adjudicaciones y sobrecostes irregulares en el centro sanitario ocurridos en la última década.

Un portavoz del hospital explicó que el centro, aunque de forma muy reducida, realiza otras actividades que las que le encarga el Departamento de Salud para la sanidad pública. Por ejemplo, Sant Pau también atiende a los accidentados de tráfico que le llegan y cuya atención es pagada por los seguros de los vehículos. Igualmente, el centro atiende —y cobra por ello— a pacientes de otros hospitales que, como el de Manresa, disponen de menos medios. En cualquier caso, la asistencia a los pacientes de la sanidad pública supone la gran parte —más del 97%— de los ingresos del hospital.

La búsqueda de nuevas vías de financiación es posible porque Sant Pau, pese a ser financiado casi totalmente por la Generalitat, cuenta con una total autonomía de gestión. La seis veces centenaria institución está dividida en tres fundaciones —una que gestiona su patrimonio, otra la asistencia sanitaria en el hospital y la tercera las áreas de investigación— participadas por la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Esta peculiar estructura ha hecho posible, por ejemplo, que a la hora de construir el nuevo edificio del hospital fuera la Generalitat la que pagara los 297 millones de coste del inmueble pero que su propiedad quedara en manos de una de estas fundaciones, controlada de facto por la Iglesia.

El centro defiende la nueva senda de atención privada: “Una vez cumplida nuestra obligación con la sanidad pública, el hospital tiene la capacidad de desarrollar e impulsar más actividad no pública con la participación y conocimiento de sus trabajadores”.

Desde la llegada del actual consejero de Salud, Boi Ruiz, las listas de espera se han disparado en la sanidad catalana en relación inversa a los recortes, que han alcanzado el 10% de la factura sanitaria. En el primer año en en el puesto, 2011, el número de personas que aguardaban para entrar en quirófano aumentó en un 43%, mientras en 2012 el tiempo medio de espera creció un 36%.

Esta doble tendencia —mayores esperas y menores presupuestos para los hospitales— es la que ha lanzado a algunos centros a tratar de aumentar sus ingresos con la sanidad privada

Rectificación del Gobierno de Rajoy, en el gravísimo error que suponía vincular “los trasplantes” con los objetivos de déficit de las autonomías, por la gran alarma social y el rechazo político

Ana Mato se compromete a blindar las ayudas al sistema de donación y trasplantes

El Gobierno rectifica ante la alarma social y el rechazo político que provocó su decisión de condicionar la concesión de las subvenciones al déficit

Foto: El ministro de hacienda pensando donde recortar ahora que no le permiten en lo de los trasplantes…

MARIOLA LOURIDO, CADENA SER

La ministra Ana Mato se ha comprometido durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud a no vincular las subvenciones para trasplantes al cumplimiento del déficit público. La Cadena SER adelantó este pasado miércoles que Hacienda quería dejar sin este tipo de ayudas a las comunidades que se desviarán del objetivo presupuestario, según una comunicación remitida por la Organización Nacional de Trasplantes a las comunidades.

El Gobierno de Rajoy ha rectificado ante la alarma social y el rechazo político que ha provocado su decisión de condicionar al cumplimiento del objetivo del déficit la concesión de las subvenciones destinadas a la formación de los médicos y enfermeras del sistema de donaciones y trasplantes de órganos.

Ana Mato se ha comprometido ante las Comunidades Autónomas a "blindar" las subvenciones para la formación del sistema de donación y trasplantes. Algunos consejeros han protestado en el Consejo Interterritorial de Salud por el castigo que les quería imponer el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, según la noticia avanzada este pasado miércoles por la Cadena SER.

La consejera andaluza ha puesto voz a esta decisión de Sanidad. "Nos tenemos que felicitar porque el ministerio ha dado marcha atrás con la propuesta inicial que se manda oficialmente por la ONT en la que se recuerda que las subvenciones estaban supeditadas al objetivo de estabilidad, y hoy la ministra ha dicho que en ningún caso estarán supeditadas", ha señalado María Jesús Montero.

La ministra ha dicho en rueda de prensa que las leyes están para cumplirlas pero también puede haber excepciones y ha ratificado, ante los periodistas, que bajo ningún concepto las subvenciones al sistema de trasplantes estarán supeditadas a la estabilidad presupuestaria.

Hacienda da marcha atrás en los recortes en trasplantes

22.03.13 - L. FONSECA | GIJÓN, EN El Comercio.

Lo anunció la ministra de Sanidad nada más iniciarse ayer la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Ana Mato aseguró a los consejeros autonómicos de Sanidad que ni su departamento ni el de Cristóbal Montoro (Hacienda) aplicarían recortes en las ayudas para la formación y cualificación de profesionales en materia de trasplantes de órganos. La titular de Sanidad salía así al paso de la polémica creada en torno a los trasplantes tras conocerse que el Ministerio de Hacienda preveía retirar las subvenciones a las autonomías que no cumplieran con el objetivo de déficit público. La cascada de críticas que recibió el Ejecutivo y la protesta pública que realizó la propia Organización Nacional de Trasplantes (ONT), obligó al Gobierno central a rectificar y dar marcha atrás. «Es una buena noticia, pero todo este ruido alrededor de un programa tan importante como el de trasplantes jamás debería haberse generado», indicó el consejero de Sanidad de Asturias. Faustino Blanco lamentó que desde Hacienda se hubiera si quiera propuesta la posibilidad de penalizar, con la retirada de subvenciones para la formación en trasplantes, a comunidades que no cumplieran con el límite deficitario del 0,7%. «Ha sido un gran error y el Gobierno del PP se ha visto obligado a rectificar tras constatar la preocupación que se había generado en la calle».

España dispuso el pasado año de 2,5 millones en ayudas para la promoción y formación en donación y trasplante de órganos. De esa cantidad, Asturias recibió poco más de 77.000 euros. Según aseguró Mato ayer, las subvenciones para 2013, que tendrán que ser solicitadas en abril, no sufrirán recortes.

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El ministerio pretende abrir la puerta a incrementos del copago y, de paso, hacer cómplices a las comunidades autónomas que están en contra

REUNION DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

Mato deja en manos de las comunidades la gestión del nuevo copago

Sanidad propone nuevos tramos de renta para la aportación de los usuarios al precio de los fármacos a los consejeros autonómicos, que serán quienes tengan la última palabra al respecto. La ministra anuncia la rebaja del precio de 11.000 medicamentos para mayo y establece un calendario único de vacunación en toda España.

Foto: Ana Mato, con los consejeros de Sanidad en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial.

PÚBLICO/AGENCIAS, Madrid.

Menos de 18.000 euros, de 18.000 a 36.000 euros; de 36.000 a 72.000 y de 72.000 a 100.000 euros. Estos son los tramos de renta que el Ministerio de Sanidad ha propuesto a las Comunidades para establecer unos nuevos porcentajes de copago farmacéutico en función de los ingresos de los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). La titular de dicho departamento, Ana Mato, volvió, así, a responsabilizar a los consejeros autonómicos de la gestión de uno de los principales puntos de su reforma sanitaria. Ellos tendrán la última palabra al respecto.

"Nosotros hemos hecho esta propuesta a las Comunidades y serán ellas las que adopten uno de los tramos nuevos, ninguno, o los dos", explicó la ministra al término del Consejo Interterritorial de Sanidad, celebrado hoy en Madrid."Hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda y hemos comprobado que sí es posible establecer nuevos tramos en la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica. Ahora deberán ser ellas las que decidan si cambiarlo o dejarlo como está", insistió Mato.

Asimismo, la ministra volvió a presumir del ahorro conseguido en farmacia desde que se implantó el copago (1.384 millones de euros, según los datos del Ministerio) y anunció con orgullo una rebaja del coste de algunos productos en un corto plazo de tiempo. "11.000 medicamentos bajarán de precio a partir de mayo", prometió Mato. Ello se deberá a una nueva regulación de los precios de referencia con la que el Gobierno espera ahorrar 400 millones de euros.

"Hasta este año, entraban en el sistema y, por tanto, bajaban de precio, los medicamentos que llevaran más de 10 años en el mercado y que ya contaran con un genérico. Ahora entrarán en el sistema todos los fármacos con más de diez años en el mercado, aunque no cuenten con un genérico. Cuando un medicamento cumpla diez años, automáticamente entrarán en precios de referencia todos los que contengan el mismo principio activo, siempre que exista un competidor distinto al original y su licencia", detalla el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Sin embargo, Mato no quiso detallar si la rebaja incluye a aquellos fármacos cuyos precios se han disparado desde que se aprobó el medicamentazo el pasado verano."La medida afectará a medicamentos que estén dentro del Sistema Nacional de Salud", zanjó.

Además, en la reunión, Gobierno y autonomías han aprobado, "por primera vez en la historia", un calendario vacunal único para toda España, que incluye ocho vacunas para doce dolencias: poliomielitis, triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), haemophilus influenzae B, hepatitis B, meningitis meningocócica C, varicela, difteria-tétanos-tosferina, y virus del papiloma humano. "Las edades de vacunación serán revisadas cada dos años", destacó Mato.

Centralización polémica

La reforma del calendario de vacunas universal para todo el país ha provocado reacciones de malestar, tanto en algunas Comunidades, como entre el sector de la Pediatría y la Vacunación.

Así, el consejero vasco, Jon Darpón, que hoy (por ayer) no acudió a la reunión del Consejo Interterritorial, manifestó que no aceptará un calendario diferente del suyo propio. La ministra, no obstante, manifestó que le enviará el acuerdo de hoy y se mostró confiada en que Euskadi lo apoye. "He hablado con él y sé que es muy partidario de que exista un calendario único; las únicas discrepancias surgen con partidas menores de vacunación, como las edades establecidas", señaló Mato en la rueda de prensa. 

Pero Euskadi no es la única autonomía reticente a esta medida. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, también defendió que se respeten las diferencias de la Comunidad foral, ya que las circunstancias epidemiológicas de la región son distintas de las del resto de España. Vera se refería, en concreto, al virus de la varicela, motivo por el que, a pesar de apoyar el calendario único, defendió también su propuesta de vacunar de varicela a los niños de entre 10 y 11 años que no hayan pasado la enfermedad.

Otras autonomías como Madrid, Aragón, País Valencià, Asturias, Galicia o Extremadura apoyaron la medida al 100%. Por su parte, el consejero catalán, Boi Ruiz, resaltó que lo que se ha aprobado hoy es un calendario "común" y "no único" y explicó que en la reunión emitió un voto particular: "Catalunya continuará haciendo la vacunación del virus del papiloma humano como lo hace ahora", sentenció.

Su homóloga en Andalucía, María Jesús Montero, se mostró partidaria del acuerdo en el tema vacunal, pero en lo respectivo a los nuevos tramos de copago farmacéutico, la consejera espera "que no vuelva a repercutir en las espaldas de los ciudadanos y que no sean, nuevamente, quienes lleven el peso de la crisis".

 

Sanidad propone a las autonomías tres nuevos tramos en el copago de fármacos

Mato deja la puerta abierta a subir la aportación de los ciudadanos sobre los fármacos

El ministerio y las comunidades aprueban un calendario de vacunas común

María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha planteado esta tarde a las comunidades autónomas introducir tres nuevos tramos en el copago de fármacos. El pasado mes de septiembre, el Gobierno incrementó el porcentaje que abonan los usuarios de las medicinas financiadas. Hasta entonces, todos los trabajadores en activo pagaban el 40% de los medicamentos, pero desde hace seis meses aquellos que ganan entre 18.000 y 100.000 cubren el 50% del coste de estos productos. Un tramo muy amplio que Mato ha propuesto dividir en tres. Los nuevos escalones serían de 18.000 a 36.000 euros, de 36.000 a 72.000 y de 72.000 a 100.000 euros. Sanidad y las autonomías debatirán ahora cuál debe ser el porcentaje de aportación en esos nuevos tramos. La propuesta, que aún no está madura, dejaría la puerta abierta a incrementar ese pago. El Gobierno no tiene previsto revisar, sin embargo, el copago de aquellos que ganan menos de 18.000 euros ni de los pensionistas, quienes desde septiembre y por primera vez se ven obligados a cubrir (aunque con topes mensuales) unas medicinas que antes obtenían de manera gratuita a cargo de la sanidad pública.

“Planteamos que el nivel de aportación del usuario sea más progresivo”, ha declarado Mato tras la reunión con los responsables de Sanidad de las autonomías en el Consejo Interterritorial. La ministra, que ya había anunciado su intención de revisar el copago farmacéutico, ha explicado que esa intención ha recibido también el visto bueno de Hacienda. El aumento de la aportación de los ciudadanos sobre los fármacos es una de las medidas –también la exclusión sanitaria de los sin papeles-- que recoge la reforma sanitaria que el Gobierno de Mariano Rajoy decretó el pasado abril y uno de los puntos fundamentales de los recursos que seis autonomías han interpuesto al Tribunal Constitucional contra ella.

El consejero de Sanidad de Asturias (una de las regiones que ha recurrido), Faustino Blanco, ha criticado que, con su propuesta de nuevos tramos, Sanidad les quiera hacer partícipes de una medida con la que discrepan. “No somos partidarios de un modelo de copago como está planteado”, ha dicho. Blanco también ha reclamado la necesidad de que el departamento de Ana Mato presente una memoria económica sobre los efectos de esta medida en los ciudadanos.

Calendario de vacunas común

El debate sobre el copago de fármacos solo ha sido un punto más del orden del día de una reunión muy técnica entre los máximos responsables de Sanidad en la que se ha aprobado un calendario de vacunas común para todas las autonomías. Una reclamación tradicional de los grupos de expertos que Mato y los consejeros han definido como “un paso histórico”. El calendario incluye ocho inmunizaciones y establece las edades para administrarlas. La pauta, que se revisará cada dos años para determinar si se introducen nuevas vacunas, terminará con las diferencias que existen ahora entre comunidades, pero ha sido duramente criticada por las sociedades científicas que han reclamado que el calendario de Mato es “demasiado básico”. En esa pauta, han incidido la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene faltan vacunas importantes como la del neumococo o la de la tosferina en adolescentes; y otras, como la de la varicela, se establecen a una edad (los 12 años) en la que el 90% de los niños ya la ha pasado.

Un razonamiento que ha criticado duramente el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, que ha acusado a las asociaciones médicas de estar al servicio de la industria. “Las sociedades científicas se financian con el apoyo de los laboratorios farmacéuticos que tienen intereses comerciales. Los consejeros y la administración pública, en cambio, velan por los intereses de los ciudadanos, no tienen intereses comerciales”, ha apuntado Echániz antes de entrar en la reunión. El consejero, que también es portavoz de Sanidad del Partido Popular, ha reculado más tarde. “Estas entidades tienen todo mi respeto”, ha tratado de rectificar. El consejero de Sanidad del País Vasco, Jon Darpon, que había manifestado su discrepancia con el calendario vacunal --fundamentalmente con la edad de administración de una de las inmunizaciones-- no ha acudido a la reunión por lo que la implantación de la pauta en esta comunidad aún está en el aire.

El consejo interterritorial de sanidad ha acordado también una nueva regulación de precios de referencia para los fármacos, que hará que el ciudadano pague menos por 11.000 medicamentos. La normativa afectará a todos los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado y del que haya en el mercado otro fármaco competidor. La bajada de precio, que, según Sanidad, generará un ahorro de 400 millones de euros, entrará en vigor en mayo.

 

Sanidad propone incluir tres nuevos tramos en el copago farmacéutico

22.03.2013, La Nueva España.

Madrid Ana Mato propuso a los consejeros, según dijo a propuesta de algunas autonomías, la posibilidad de ampliar los tramos de renta para el copago farmacéutico que entraron en vigor en julio, a fin de hacerlo «más justo», y después de que el Ministerio de Hacienda haya confirmado que es «viable» la modificación. Según Mato, entre el grupo de rentas de 18.000 y 100.000 euros actual, que tienen que copagar el 50% del precio de sus fármacos, podrían introducirse otros tres (de 18.000 a 36.000, de 36.000 a 72.000 y de 72.000 a 100.000 euros).

Los consejeros más reticentes al copago, entre los que se encuentra el asturiano, pidieron conocer más detalles de la propuesta, así como estudios que demostraran los beneficios del planteamiento y la memoria económica. Ayer se conoció que Asturias logró en febrero el mayor ahorro en gasto farmacéutico de todas las comunidades autónomas españolas al bajar el 22,49 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Otro de los asuntos que se debatieron y que preocupan a Faustino Blanco es la regulación que propone el Ministerio de Trabajo de dar todo el protagonismo de las bajas laborales a las mutuas patronales, quitándoselo a los servicios sanitarios. «Sería una pérdida de derechos del trabajador; si se trata de combatir el fraude, que se arbitren mecanismos, pero no esta medida», señala.

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“Cree el ladrón que todos son de su condición” (refrán popular): ¿en que pensaría el consejero madrileño cuando dijo lo que figura de titular quizá en el programa electoral del PP y en los votos obtenidos con él?...

Lasquetty: "Las firmas contra la 'externalización' se han obtenido con mentiras y asustando a la gente"

Tras la entrega de las nuevas 400.000 firmas contra la privatización sanitaria, el consejero madrileño de Sanidad ha opinado que se han obtenido de forma ilícita

PÚBLICO/EUROPA PRESS, Madrid.

El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha manifestado este jueves que "respeta" las opiniones de los ciudadanos pero ha manifestado que muchas de las firmas obtenidas por plataformas que se oponen a la externalización se han obtenido mediante "mentiras" y "asustando" a los ciudadanos sobre el desmantelamiento de la sanidad.

Así lo ha detallado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en relación al registro que se ha efectuado este mismo jueves de más de 400.000 nuevas firmas contra los planes de externalización de seis hospitales y 27 centros de salud. "Yo respeto siempre la expresión de las opiniones. Respeto mucho menos que se pidan firmas mintiendo a la gente, diciendo 'firme usted para que no cierren este hospital' o 'firme porque si no le van a hacer pagar por venir al médico' y muchas de esas firmas se han obtenido diciendo eso a los ciudadanos", ha relatado el consejero de Sanidad.

El consejero ha acusado a los promotores que han impulsado la recogida de firmas de tratar de "hacer creer a la ciudadanía algo que no es verdad", como es aseverar que este modelo genere la privatización de la sanidad. También ha reprochado que estos colectivos promuevan la recogida de firmas cuando precisamente son los mismos que "dejaron a esos ciudadanos sin asistencia médica durante seis semanas de huelga", que generó la cancelación de 6.500 intervenciones quirúrgicas y 50.000 consultas.

La plataforma PATUSalud ha manifestado en conversaciones con Público que el objetivo es que las firmas recogidas por la 'marea blanca'  superen al millón y medios de votos que obtuvo el PP en Madrid".

Las firmas se han entregado esta mañana en la Consejería de Sanidad tras una concentración en la Puerta del Sol, junto a la estatua de Carlos III. Tanto los actos que transcurrieron ayer en el Hospital 12 de Octubre como la protesta de hoy, se enmarcan en una nueva jornada bajo el lema 'la lucha continua' para 'demostrar que la sanidad pública funciona', han recalcado los organizadores de la plataforma sanitaria. "Están desmantelando la sanidad por debajo: se llevan las camas, a los pacientes y a los trabajadores. Hay que denunciar todo esto porque de lo contario mañana nos dirán que no tenemos capacidad para atender a todos los pacientes en la pública", explica Isabel, una trabajadora del Hospital Doce de Octubre.

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Hoy lo entregan a la Defensora del Pueblo

Un informe jurídico considera inconstitucional la privatización sanitaria en Madrid

El documento habla de "apartheid sanitario" entre pacientes de hospitales según su sistema de gestión

Los médicos especialistas encargaron el estudio, que presentan a la Defensora del Pueblo

Raúl Rejón, en eldiario.es

Un informe jurídico (VER RESUMEN DE LAS IDEAS ESENCIALES EN LA WEB DE AFEM) que ha estudiado las medidas que la Comunidad de Madrid ha utilizado para llevar adelante su plan privatizador de seis hospitales y hasta 27 centros de salud abre la posibilidad de que sea un  inconstitucional. El bufete López Rodó y Cruz Ferrer ha analizado (a instancias de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid - AFEM-) el paquete de leyes en el que el Gobierno regional de Ignacio González ha sustentado el Plan de Medidas de Sostenibilidad de la Sanidad Pública madrileña y que pretende aumentar la cesión de una parte de la gestión sanitaria a empresas.

El documento (que ha podido leer eldiario.es) analiza que el movimiento del equipo de Ignacio González vulnera, por ejemplo, el artículo  41 de la Constitución Española que garantiza “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Los abogados hablan de que el doble régimen económico de la sanidad que atiende a los ciudadanos según sean los hospitales de dirección directa o privatizados. El primero es, dicen, “colaborativo” que exige la coordinación entre centros para atender a los pacientes y que no plantea impedimentos para que se reciba el tratamiento que se considera más adecuado para la dolencia. El segundo, el de concesión, es calificado de “competitivo” ya que si un paciente asignado por los pliegos de condiciones contractuales recibe tratamiento en otro centro, la empresa gestora sufre una pérdida en sus ingresos. De igual forma si atiende a un asegurado de otra zona recibirá una cantidad por lo que existen "incentivos para tratar o no a los pacientes en función del coste del tratamiento o de que sean ajenos o propios", analizan los abogados.

Se crea así “un sistema de apartheid sanitario”, concluyen. Esta manera de organizar la sanidad pública agrede, de esta manera, “el artículo 149 constitucional porque la Comunidad de Madrid no tiene competencia para alterar el régimen público de aseguramiento sanitario, estableciendo uno propio”. A la vista del informe, queda comprometido el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución.

Además, el estudio jurídico del bufete y los médicos se fija en la manera de aprobar la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid que la Asamblea de Madrid votó en diciembre de 2012 y que da a la Consejería de Sanidad las herramientas legales para llevar a cabo su plan privatizador. Según este informe, el Gobierno madrileño ha fallado en la práctica de buen gobierno recogido en el artículo 44 de la Carta Magna que obliga a los ejecutivos a justificar sus movimientos. Dice el texto que se ha procedido sin “los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre las mismas y para que pueda aplicarse un mínimo de seguridad jurídica”, es decir, que los diputados votaron sin tener elementos de juicio sólidos para saber que lo que se votaba era lo necesario y justificarlo: el Gobierno presentó su plan y la Asamblea lo aprobó como correa de trasmisión política.

Por último, los letrados alertan de la falta de control que acabará produciéndose en la acción de las empresas contratadas para dirigir los hospitales: “Los Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud no parece que dispongan ni de la capacidad ni de las prestaciones para suministrar toda información que exigiría el cumplimiento de estos contratos especialmente la facturación intercentros, que es una cuestión clave para que los concesionarios no obtengan una retribución excesiva que no les corresponde”.

AFEM presenta este jueves el informe a la Defensora del Pueblo. Un recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser presentado por el Gobierno central, los autonómicos, cincuenta diputados o cincuenta senadores, la Asambleas regionales o el Defensor.

 

Los médicos entregarán un informe contra la privatización

Presentarán a la Defensora del Pueblo las conclusiones de un estudio sobre la presunta inconstitucionalidad del proceso

21.03.13 - EFE | MADRID.

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) entregará hoy a la Defensora del Pueblo un informe sobre la inconstitucionalidad de la privatización de seis hospitales contenida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Según ha explicado la portavoz de la asociación, Fátima Brañas, el informe es "el resultado de un trabajo multidisciplinar realizado por un equipo técnico de AFEM y el bufete de abogados López Rodó y Cruz Ferrer, que ha valorado aspectos sanitarios, económicos y jurídicos" de ley de Medidas Fiscales de 28 de diciembre.

"Una vez más, hacemos una demostración del modo de trabajar de los médicos. Somos científicos y, lo que hacemos, lo basamos en la evidencia y en hechos demostrados, no así la Consejería de Sanidad, que todavía no ha presentado ningún dato que avale su plan de ahorro", ha explicado Brañas.

Ante esta situación, la asociación ha recabado aportaciones de sus miembros para encargar este informe jurídico que presentará hoy, a las 18.45 horas, en la oficina del Defensor del Pueblo, tal y como ha señalado Brañas. Con esta iniciativa AFEM quiere "aportar a la opinión pública, a las instituciones y a los grupos políticos datos contrastados y elementos de juicio para que puedan presentar un recurso inconstitucionalidad" contra la citada norma.

Vulneración de normas constitucionales

En concreto, el estudio se refiere a los artículos 62 y 63 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 28 de diciembre. A juicio de AFEM, la Comunidad de Madrid "se ha lanzado al proceso de privatización sanitaria sin disponer de un estudio sobre los costes reales y sobre la viabilidad de este modo de gestión".

El informe argumenta que la Ley madrileña "vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y sobre la sanidad pública", porque "rompe la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria". Otra de las razones que esgrime dicho estudio es que el plan "privatizador crea un modelo de 'apartheid sanitario' que discrimina a los pacientes por zonas".

Los médicos insisten en que el informe pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid "no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios, ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que supondrían". Para AFEM, el Gobierno regional "tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados".