CONTRARREFORMA NO

Así se las gasta el PP con la sanidad ¡¡menos mal que no estamos en Madrid ni nos gobierna el PP aquí en Asturias!!

Comunidad Autónoma de Madrid. Suma y sigue…

El Gobierno regional cierra uno de los 33 hospitales madrileños

El Instituto de Cardiología, situado en un ala de la Facultad de Medicina de la Complutense y con 38 camas, se clausura a finales de año

Elena G. Sevillano, Madrid, 12 NOV 2012, en El País.

“El Instituto de Cardiología de Madrid es un hospital perteneciente al Servicio Madrileño de Salud”, reza la descripción que de él hace la página web del Gobierno regional. Cuenta con 38 camas de hospitalización, con una sección especializada en pacientes cardiológicos y otra de pacientes de medicina interna, continúa el texto. Hizo 2.400 intervenciones quirúrgicas en 2011, según la memoria del centro. El año pasado atendió también más de 10.400 consultas y realizó casi 6.000 ecografías cardiacas. La Comunidad de Madrid ha decidido cerrarlo el próximo 31 de diciembre. La partida que le correspondía ha desaparecido entera de los presupuestos de 2013. El programa 772 ya no existe: la numeración salta del 771 al 773. Este año las cuentas regionales le destinaban 8,7 millones de euros. Para el próximo, cero.

Entre los muchos anuncios de cariz sanitario que hizo el presidente, Ignacio González, cuando el 31 de octubre presentó su proyecto de presupuestos —euro por receta, privatización total de la gestión de los nuevos hospitales, transformación de La Princesa en centro para mayores de 75 años, conversión del Carlos III en centro de media y larga estancia…— no mencionó que pensaba cerrar el Instituto de Cardiología, un hospital de apoyo que resultó el mejor valorado de su categoría en la encuesta de satisfacción de 2011 hecha pública por la Consejería de Sanidad. Tampoco en la rueda de prensa que ofreció el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty al día siguiente, 1 de noviembre, apareció el cierre del Instituto de Cardiología. El Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que enumera los recortes y privatizaciones que se llevarán a cabo en los próximos meses, no hace ninguna mención a este hospital en sus 11 páginas.

Los trabajadores se enteraron hace unos días. Muchos, a través de la intranet corporativa. Otros se encontraron con un documento colgado en el tablón de anuncios. “De: gerencia. Para: todo el personal”, iba encabezado el texto, fechado el 2 de noviembre, al que ha tenido acceso este diario. El gerente les comunicaba que la viceconsejera de Sanidad le había convocado el 31 de octubre para informarle de que, “dentro del marco de los recortes establecidos en el ámbito sanitario en la Comunidad de Madrid, el Instituto de Cardiología cesará en su actividad con carácter definitivo el próximo 31 de diciembre de 2012”. El gerente añadía: “Las previsiones que me han sido comunicadas por la viceconsejera son que, a partir de esa fecha el personal fijo será adscrito al hospital Clínico San Carlos”. Y concluía señalando que le habían encomendado con la gerencia de este centro “para realizar este proceso de la mejor manera posible”.

El Instituto de Cardiología cuenta, según los últimos datos disponibles, con 172 trabajadores. De ellos, 94 son sanitarios (médicos, enfermeros, técnicos especialistas, auxiliares y fisioterapeutas) y 76 no sanitarios (administrativos, celadores, personal de hostelería, un “capellán”, etcétera). Dos más son directivos. Según el presidente del comité de empresa, José Antonio Rivero, entre 50 y 60, es decir, una tercera parte, son eventuales o interinos. “Serán despedidos”, lamenta. La Consejería de Sanidad evita usar la palabra cierre y asegura que “dentro de las medidas adoptadas para la sostenibilidad del sistema sanitario, se va a proceder a la integración del Instituto de Cardiología en el hospital Clínico San Carlos, del que hasta ahora es un centro de apoyo, a partir del 1 de enero”.

Esa integración “implica una reorganización del personal que se incorporará al Clínico”, señala, sin precisar qué sucederá con el medio centenar de interinos y eventuales. Sanidad no aclaró si las 38 camas de este hospital se pierden. Cuenta también con un quirófano. “Los pacientes que atiende este centro, derivados desde el Clínico San Carlos, serán asumidos también por este hospital, dentro del marco de libre elección sanitaria”, concluye la respuesta escrita enviada por la consejería.

El edificio que acoge el hospital pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Está en uno de los pabellones de la Facultad de Medicina, en la Ciudad Universitaria. Según la consejería, se lo devuelve a finales de año. Desde 2006 el Gobierno regional ha ido haciendo reformas y reparaciones en el centro, como aseos nuevos en todas las habitaciones o la sustitución de la obsoleta instalación eléctrica. El año pasado se cambiaron todas las ventanas de las habitaciones. “Sorprende que decidan cerrarlo con la hospitalización casi nueva”, se extraña el cardiólogo Antonio Ibáñez. Le preocupa más, sin embargo, el futuro de la tecnología con la que cuenta el Instituto: “Tenemos cinco equipos de ecocardiografía y me consta que en el Clínico no tienen espacio para ellos”. Según la consejería, el equipamiento irá al Clínico y a “otros centros”, sin más precisión.

“Los enfermos están tan sorprendidos como nosotros. Más de uno, que llevaba muchos años como paciente aquí, se ha echado a llorar al enterarse del cierre”, explica este médico, que trabaja en el Instituto desde su época de residente. Ibáñez se pregunta también qué pasará con las intervenciones quirúrgicas de Dermatología del Clínico que actualmente se realizan en el quirófano del Instituto de Cardiología. Pronostica que, sin sus instalaciones, las listas de espera de otros centros se incrementarán. Ahora, afirma, les llegan pacientes derivados de hospitales con listas de espera de un año para hacer un ecocardiograma. “Aquí se espera menos de un mes”, señala.

“Con las derivaciones, quitamos un volumen significativo de pacientes al hospital Clínico, y eso descongestiona su actividad diaria. Me parece un auténtico disparate el cierre. Y, más aún, tal y como se ha hecho, sin previo aviso, sin crear ninguna mesa de negociación que analice la viabilidad del centro”. La propia Comunidad de Madrid reconoce el papel del Instituto de Cardiología en su página web: “Destaca por ser un centro de importante apoyo en la disminución de lista de espera en estas exploraciones en el conjunto de la sanidad madrileña, con atención rápida y personalizada, y por disponer de un personal sanitario con un alto grado de experiencia en el diagnóstico y tratamiento del paciente cardiológico”. También el gerente, en la memoria de 2011, destaca la contribución a aligerar listas de espera de la Comunidad.

El plan sanitario del Gobierno regional señala que la reducción que tiene que afrontar en el gasto sanitario “es el equivalente al presupuesto actual de dos hospitales madrileños”. Y añade: “El camino más directo hubiese sido el cierre de hospitales, como ya se hizo en los años ochenta (nueve hospitales). Pero este Gobierno cree que hay alternativas”.

Los trabajadores del Instituto de Cardiología acordaron en una asamblea el miércoles pasado iniciar un encierro como los que ya se estaban produciendo en otros hospitales afectados por el plan sanitario del Gobierno regional. El jueves a las 8.30 cortaron la avenida Complutense, y tienen previsto hacer lo mismo hoy. También están recogiendo firmas de apoyo. Ayer a última hora de la tarde, 16 personas participaban en el encierro. Una sábana en la verja de entrada daba la bienvenida: “No al cierre. No a los despidos”. “Este es un hospital muy peculiar. Tenemos pacientes muy mayores que llevan 30 o 40 años viniendo y preguntan qué será de ellos ahora”, explica Rivero. “Lo que pasará es que entrarán en largas listas de espera en otro hospital”, pronostica.

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En este caso es para defender la sanidad pública algo que, insistimos, no se parece en nada a lo que ocurre en Asturias de hecho aquí estamos en las antípodas, en todos los sentidos.

Médicos de Madrid convocan una huelga indefinida para finales de noviembre

Unos 500 facultativos votan en una asamblea parar contra "el desmantelamiento de la sanidad"

El Colegio de Médicos "rechaza de forma rotunda" las reformas de Ignacio González

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

La cita era a las cinco de la tarde del miércoles en el Colegio de Médicos de Madrid. Convocaba la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), una entidad de reciente creación sin sindicatos ni partidos políticos. Las 500 plazas del anfiteatro enseguida se revelaron escasas: muchos se quedaron fuera pese a mostrar su carné de colegiados. Finalmente, y tras varias intervenciones, tocó votar qué hacer para protestar por lo que esta asociación considera "el desmantelamiento de la sanidad pública" que traen consigo las últimas decisiones del Gobierno regional. Por unanimidad, según AFEM, los médicos decidieron iniciar una huelga indefinida en la última semana de noviembre.

"Las medidas anunciadas por el Gobierno regional pretenden desmantelar la sanidad pública madrileña y afectarán directamente a la atención sanitaria de cerca de 1,3 millones de ciudadanos y a la situación laboral de unos 8.000 profesionales", asegura la asociación en una nota divulgada ayer. El presidente de AFEM, Pedro González, afirmó durante la asamblea: "La situación es tan dramática que o hacemos algo, o dentro de unos años no tendremos sanidad pública para nuestros hijos o mayores". Añadió que la situación es "extremadamente grave, sobre todo porque detrás de todo ello hay intereses económicos más allá del ahorro de costes”.

También el miércoles la junta directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) manifestó su oposición rotunda a las medidas incluidas en el Plan de garantías para la sostenibilidad del sistema sanitario público, presentadas la semana pasada por el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, "por la forma en la que se han elaborado sin contar con la organización colegial, que demanda una participación activa en la toma de decisiones, ni con otras asociaciones profesionales y sociedades científicas".

Los médicos de AFEM manifestaron en la asamblea su "más absoluto rechazo" a las medidas que el Gobierno regional quiere aplicar en los Presupuestos de 2013, que incluyen el euro por receta, la privatización total de seis hospitales de la red pública, la externalización de la gestión del 10% de los centros de salud de la región y la transformación del hospital de La Princesa en un centro especializado en patologías de los mayores de 75 años y del Carlos III en un centro de media y larga estancia, entre otras.

Esas medidas son, según la asociación, "injustas y absurdas, pues carecen de fundamento técnico", además de haberse tomado con improvisación y oscurantismo, sin consultar a los profesionales ni a los ciudadanos afectados". La nota de AFEM explica que "la evidencia científica internacional demuestra que la privatización de la sanidad multiplica los gastos y empeora los resultados en salud. Algunas como la implantación del euro por receta afectarán fundamentalmente a los más vulnerables, como ancianos, enfermos crónicos o personas con escasos recursos económicos".

El Colegio de Médicos, aseguró en una nota de prensa, "se opone rotundamente a la transformación de los hospitales de La Princesa y el Carlos III porque va a suponer una reducción de la calidad asistencial a la población asistida, no se ha contado con los profesionales de los centros para esa transformación y no se ha previsto qué va a ocurrir con las unidades de referencia de dichos hospitales". El Colegio también se opone "a la externalización de la gestión del personal sanitario de los hospitales públicos, en tanto que, tal como se ha planteado, puede acarrear un deterioro en la calidad asistencial al producir una reducción de plantillas y una reordenación de los recursos humanos que va a suponer un despido encubierto de un gran número de médicos interinos y eventuales, así como una importante pérdida de potencial docente y de formación continuada".

Esta institución, que agrupa a cerca de 40.000 colegiados, se muestra "preocupada por la incertidumbre que genera el plan sobre la formación de los futuros médicos, exige que se garantice la calidad de la docencia de los servicios con residentes y de las unidades docentes en los hospitales que van a pasar a ser de gestión privada mediante auditorías, y advierte que una formación que no cumpla criterios de calidad lleva aparejado un deterioro de la calidad asistencial". "Asimismo, los residentes han manifestado a la Junta Directiva del Icomem su disposición a secundar cualquier tipo de movilización convocada por otras organizaciones profesionales", añade.

El Colegio rechaza también el euro por receta "porque puede afectar de forma negativa al cumplimiento terapéutico y porque existen otras medidas alternativas, como el desarrollo y la implantación de la receta electrónica". La única de las medidas con las que se muestra parcialmente de acuerdo es la externalización de la gestión del 10% de los centros de salud: "El Colegio de Médicos de Madrid apoya la autogestión de centros de salud, ahora bien desde el actual modelo de Área única, desarrollándolo y contando con los profesionales. Cualquier otro modelo de autogestión precisa de un desarrollo normativo previo y de tiempo suficiente para ser implantado", señala.

AFEM ha invitado a los representantes de otros colectivos sanitarios, como enfermeras y auxiliares, a sumarse a sus movilizaciones. También a los pacientes, dado que "los principales perjudicados del desmantelamiento del actual sistema sanitario son los pacientes, y pacientes somos todos". La asociación ha empezado a distribuir entre sus médicos, y éstos a repartir en las consultas, una hoja informativa para los pacientes. "Están desmantelando la sanidad: venden hospitales, cierran centros de especialidades, van a echar a miles de médicos y enfermeras, quizás a los tuyos", asegura. "La sanidad seguirá siendo gratis. No lo vas a pagar solo con tu dinero (impuestos). Lo vas a pagar con tu salud y la de los tuyos", añade. "Es urgente que nos unamos: ¿médico? ¿enfermera? ¿paciente? No importa lo que seas".

El Colegio de Médicos ha ofrecido su ayuda a la Consejería de Sanidad, pero también le ha pedido que "retire" las medidas anunciadas y señala que se reserva "la posibilidad de ejercer cualquier tipo de acción".

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El Modelo del PP: el origen, al igual que en Asturias, la necesidad de cumplir "con el objetivo de déficit" del plan económico-financiero; el destino, muy diferente

¡¡Virgencita, virgencita, que me dejen en Asturias como estoy, porfa…!!  

La oleada de encierros contra el plan de González alcanza ya a ocho hospitales

Trabajadores del Infanta Cristina, el Infanta Sofía y el Carlos III se suman a la protestas por la privatización de los centros. El presidente de la Comunidad asegura que no dará marcha atrás

El País, Madrid.

Los trabajadores de dos hospitales más, el Infanta Cristina (Parla) y el Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), se han sumado hoy (por ayer) a los encierros contra las medidas anunciadas por el Gobierno regional el pasado día 31. Con ellos y el Hospital Carlos III (Madrid), que empezó sus protestas esta mañana, son ya ocho los encierros que se están realizando en hospitales madrileños.

A ellos hay que añadir el Instituto de Cardiología de Madrid, cuyos trabajadores también han decidido hoy en asamblea iniciar un encierro indefinido para frenar el cierre del centro, dependiente del SERMAS, que se ubica en la Ciudad Universitaria y opera en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos.

Trabajadores del Hospital Carlos III de Madrid iniciaron este miércoles por la mañana su encierro en protesta contra el proceso de externalización de hospitales y, concretamente, por la conversión de este centro en "crónico". El Gobierno de Ignacio González quiere convertir el Carlos III, especializado en enfermedades infecciosas (VIH-sida) y tropicales, en centro de media y larga estancia.

Las medidas anunciadas por el Gobierno de Ignacio González incluyen la privatización de seis centros: Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo. Son hospitales que nacieron con gestión mixta público privada (el personal sanitario aún depende de la Administración), pero pronto se sacará a concurso su gestión sanitaria. 5.500 empleos están en el aire.

La ola de encierros se inició hace seis días en el hospital de La Princesa. Les siguieron el Infanta Leonor (Vallecas) y el del Henares (Coslada). El martes se sumaron los del Tajo (Aranjuez) y Sureste (Arganda del Rey). Y hoy se han sumado el Carlos III, el Infanta Cristina y el Infanta Sofía.

El hospital de la Princesa, en pleno centro de Madrid, será un centro de atención preferentemente geriátrico. Atiende en la actualidad a una población de 313.000 personas, pero solo 39.400 —los mayores de 75 años— podrán seguir usándolo.

El próximo domingo trabajadores sanitarios del Hospital del Henares y vecinos de cinco municipios que tienen dicho hospital de Coslada como centro de referencia se unirán en una manifestación convocada contra el anuncio del Gobierno regional de privatizar el centro. La marcha partirá a las 11.00 de los ayuntamientos de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Loeches y Velilla de San Antonio y finalizará en el hospital. Los trabajadores del centro votarán mañana (por hoy) en una asamblea si acuerdan una "unidad de acción" con los otros cinco afectados por la externalización de los servicios que el Gobierno regional ha planteado para ahorrar costes.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado este miércoles que no va a dar marcha atrás en la externalización de los servicios de algunos centros hospitalarios porque ha asegurado que se van a seguir manteniendo los mismos servicios "por un coste menor".

"Vamos a prestar el mismo servicio que estamos prestando de una manera exactamente igual a través de unas empresas de gestión sanitaria que nos va a permitir dar el mismo servicio por un coste menor", ha aseverado. “Es evidente", ha añadido, que hay que "racionalizar el gasto público", que Madrid tiene 2.700 millones de euros menos, y que tiene que cumplir "con el objetivo de déficit", lo que le obliga "a ajustes muy importantes".

Ignacio González, ha avanzado que hoy mismo el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasuetty, se va a reunir con los jefes de servicio y los equipos directivos del Hospital La Princesa para explicarles en qué consiste "exactamente" el proyecto de centro "superespecializado" sobre patologías de personas mayores que quieren poner en marcha.

El Colegio de Médicos de Madrid rechaza "rotundamente" el plan del Gobierno madrileño para la sanidad pública, que puede acarrear "un deterioro de la calidad asistencial", y pide participar activamente en la elaboración de un proyecto alternativo.

La presidenta del Colegio, Sonia López Arribas, ha dicho hoy en rueda de prensa que el Plan de la Consejería de Sanidad se ha elaborado "sin contar con los profesionales de la sanidad" y ha pedido que sea retirado y se creen grupos de trabajo para proponer nuevas medidas para racionalizar el gasto sanitario.

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El modelo sanitario del PP que ahora cambió “la avanzadilla” de Valencia por Madrid

Trabajadores de la Princesa protestan por la conversión del centro en un “geriátrico”

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS)

Trabajadores del Hospital de la Princesa han cortado este martes las calles de Diego de León, conde de Peñalver y Francisco Silvela durante la concentración, que ha comenzado a las 11 horas frente al centro sanitario, para protestar contra la transformación del centro sanitario en un "geriátrico".

En declaraciones a Europa Press, una portavoz de la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid ha indicado que "el desfile y las consignas" han comenzado a las 10.30 horas, media hora antes de lo previsto, debido a la gran cantidad de personas que han acudido a la cita.

En la protesta, que se ha prolongado hasta las 13 horas, han participado numerosas personas vestidas con batas blancas que han coreado lemas como ’la Princesa no se vende’, ’sanidad pública universal para todos’ o ’no a la privatización’.

En la fachada del hospital los trabajadores han colgado diferentes pancartas, entre las que destacan siete imágenes del cuadro del Guernica acompañadas por carteles en los que puede leerse ’miles de trabajadores públicos serán despedidos’ o ’se privatizarán los servicios no sanitarios de los 36 hospitales públicos’.

Asimismo, un miembro del sindicato Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT)-Unión Profesional, Juan Pedro Iglesias, ha indicado a Europa Press que esta acción de protesta está acompañada por una recogida de firmas, que comenzó el pasado viernes cuando se produjo el primer encierro.

Con esta recogida de firmas, los trabajadores pretenden "hacer entender" al Gobierno regional que los pacientes que acuden a este centro sanitario "no quieren cambiar de especialistas ni de médicos".

TRABAJADORES DEL HOSPITAL INFANTA LEONOR CONTINÚAN CON EL ENCIERRO

Trabajadores del Hospital Infanta Leonor continúan con el encierro de carácter indefinido, que comenzaron este lunes, para protestar contra el proceso de externalización de seis centros hospitalarios, anunciado por el Gobierno regional.

En declaraciones a Europa Press, un miembro del sindicato Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT)-Unión Profesional, Manuela Martínez, ha señalado que alrededor de 80 personas continúan encerradas en el salón de actos del centro sanitario.

"Permaneceremos encerrados hasta que alguien nos explique cuál va a ser el futuro de la sanidad pública", ha recalcado Martínez quien ha explicado que durante el encierro los trabajadores han formado diferentes grupos de trabajo y han planeado diversas acciones.

Entre esas acciones, se encuentra la sentada que los trabajadores han realizado esta mañana frente a la puerta central del hospital o la recogida de firmas, que están llevando a cabo entre los pacientes.

Además, los trabajadores han "decorado" el hospital, colgando tanto sábanas en la zona de psiquiatría y de urgencia como diversas pancartas en las que puede leerse ’Privatizar Vallecas’ o ’Se vende el Hospital Infanta Leonor’.

LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DEL HENARES SE ENCERRARÁN ESTA TARDE

Los trabajadores de otros hospitales, como el del Henares, han decidido concentrarse este martes entre las 16 y 18 horas en el hall del hospital para protestar contra la "privatización" de los centros sanitarios y la transformación del Hospital La Princesa en un "geriátrico".

Según ha indicado este martes UGT en un comunicado, los trabajadores consideran la "decisión de la Comunidad de privatizar el Hospital del Henares" como "innecesaria". Además, el sindicato ha acusado al Gobierno regional de pretender "hacer negocio con la salud de los madrileños y con la precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores".

La privatización sanitaria de González incendia los hospitales

Los trabajadores se encierran en tres hospitales y se concentran a diario

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.

“Yo tengo mi plaza. Supongo que me reubicarán, o me ofrecerán trabajar para la empresa privada que venga, pero no sé en qué condiciones. Nadie sabe nada”. Precisamente porque su futuro está en el aire, esta enfermera del hospital Infanta Leonor, en Vallecas (Madrid), prefiere que su nombre no salga en el periódico. Trabaja en uno de los seis centros que el Gobierno regional que preside Ignacio González ha decidido privatizar.

Ya lo estaban en parte, puesto que todo lo no sanitario (administración, limpieza, restauración...) lo gestionan actualmente las concesionarias que construyeron el edificio a cambio de un canon anual y que serán sus propietarias durante los 30 años que dura esa concesión. Son hospitales, por tanto, que nacieron con gestión mixta público privada: médicos, enfermeras y demás personal sanitario aún dependen de la Administración. En cuestión de meses ya no será así. Madrid disolverá las empresas públicas del hospital Infanta Leonor, Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez) y sacará a concurso la gestión sanitaria.

Los puestos de trabajo de 5.500 trabajadores (médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos...), según cifras sindicales, quedan pendientes de reubicaciones, en el caso de los funcionarios, o de que las empresas quieran volver a contratar a los interinos. Y no se sabe con qué condiciones. El anuncio de González, que se produjo el miércoles pasado, antes de un puente, junto con una serie de medidas muy polémicas como el euro por receta, y coincidiendo con los Presupuestos de 2013, empezó a calar ayer en los hospitales que serán privatizados. Los trabajadores decidieron en asambleas, algunas espontáneas, iniciar protestas diarias y, en el caso del hospital Infanta Leonor y el del Henares, encierros indefinidos.

Carteles de “se vende tu hospital” y “se vende tu sanidad” decoraban ayer por la tarde muchos pasillos del hospital de Vallecas. Medio centenar de trabajadores, buena parte enfermeras, pintaban hacia las siete y media de la tarde sábanas con mensajes reivindicativos y recortaban folios para hacerse cofias: “Sanidad pública, se vende”, escribían en ellas. Su intención era permanecer en el salón de actos de forma indefinida. “Los pacientes tienen que saber lo que significa que nos privaticen: habrá menos personal y menos medios”, sentencia la enfermera con la que empieza esta crónica.

Los nuevos hospitales, llamados así porque se inauguraron, junto con el nuevo Puerta de Hierro, el mismo año (2008) y bajo el mismo tipo de gestión semiprivada, se suman así al encierro que desde el viernes mantienen los trabajadores del hospital de La Princesa, en el centro de la capital. La reivindicación aquí es distinta: protestan por el “desmantelamiento” de un centro puntero en investigación y docencia para convertirlo en “un geriátrico”. Lo llamativo de esta oleada de protestas es que los sindicatos están jugando un rol secundario: las apoyan y ofrecen ayuda logística, pero se dirigen en asambleas y comités organizados por los propios trabajadores.

La privatización de seis hospitales supone una jugosa oportunidad de negocio para las empresas que prestan servicios sanitarios. Algunas de ellas, como Ribera Salud o HM Hospitales, ya se han mostrado interesadas. El director general de la primera, Alberto de Rosa, ofrece en su blog su “reconocimiento y apoyo a la valentía” del Gobierno madrileño. La empresa “estará atenta” a las condiciones que fije la Comunidad, añade una portavoz. Desde HM, inmersa en el proyecto de un nuevo hospital privado en Móstoles, aseguraron ayer que están abiertos a “estudiar otras fórmulas”: actualmente no tienen concesiones.

Capio, propietario de cuatro hospitales de la red pública (Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y, aún en construcción, Collado Villalba) asegura que espera a conocer las condiciones de los pliegos. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Gobierno regional, están en juego contratos por valor de unos 500 millones anuales. Los seis hospitales tienen asignada una población de 1,1 millones. Basta multiplicar por los 441 euros por habitante que, según Sanidad, le cuestan los hospitales enteramente privados.

“No pongo en duda que la calidad siga siendo la misma. Como ciudadano, voy a estar atendido y no me van a cobrar. Pero debo saber que la gestión se la conceden a una empresa, y que yo sepa no hay ninguna que no tenga ánimo de lucro, cosa que no sucede con la Administración pública”, opina el secretario general del sindicato de enfermería SATSE, José Manuel Freire. Según sus datos, en los seis hospitales hay 2.000 enfermeras y solo la mitad están fijas. “Nos preocupa el ajuste de plantillas, que a misma población haya menos personal”, abunda Julián Ezquerra, del sindicato médico Amyts. Hay 449 médicos fijos y un millar entre interinos y eventuales, según sus cálculos.

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La taza y media del PP: del copago (repago) para no poner el euro por receta al “copago y euro por receta”

Tomás Gómez: “El euro por receta significa penalizar la enfermedad”

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha adelantado que su formación acudirá a la justicia con todos los recursos que tenga a su alcance así como a la movilización social para frenar el euro por receta.

Foto: El secretario general del PSM, Tomás Gómez.

nuevatribuna.es

"O respondemos desde las instituciones, desde el ámbito judicial y desde la calle a esta agresión a la construcción de una España que tanto esfuerzo nos ha costado en los últimos 25 años, o esta gente va a acabar con España y con nosotros", ha declarado en rueda de prensa en la sede de los socialistas madrileños.

Además, ha criticado la medida porque significa "la penalización de la enfermedad" y "de la pobreza", y al presentarse como una medida de carácter disuasorio pone en cuestión a los profesionales de la sanidad, que son quienes recetan los medicamentos. También a este respecto, ha preguntado qué va a pasar si una persona no tiene para pagar ese euro por receta, ya que "ya no hay una sanidad universal y gratuita".

Por otro lado, el socialista ha dicho sobre el presidente de la Comunidad, Ignacio González, que "encarna lo peor" de algunos jefes autonómicos, como el catalán Artur Más, por el hecho de que Madrid haya seguido a Cataluña en la implantación del euro por receta.

"HACHAZO EN SANIDAD Y EDUCACIÓN"

Tras reunirse con los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Grupo Socialista para analizar el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno regional, Gómez ha reiterado que éste es "inaceptable". A su juicio, "da la sensación" de que el Ejecutivo autonómico ha "enloquecido", y ha criticado los "recortes brutales y dramáticos en lo esencial, en lo que afecta a la vida diaria de los ciudadanos".

Así, ha tildado los presupuestos de "hachazo" en la sanidad pública y la educación, así como a "aquello que asegura las mínimas condiciones de vida a los ciudadanos madrileños". Por ello, ha exigido la "retirada inmediata" de los presupuestos, al tiempo que ha acusado al Gobierno de mentir.

"Es mentira que no hay otra alternativa. Exigimos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid retire esos presupuestos y rehaga unos presupuestos arreglando el entuerto. ¿Y cómo se arregla el entuerto? Se arregla eliminando los regalos fiscales que puso en marcha la señora Aguirre y que permanecen vivos en esos presupuestos", ha declarado.

 Según Gómez, "si se eliminan los regalos fiscales a los más ricos de la Comunidad de Madrid no hay que recortar ni un euro ni en sanidad, ni educación, ni en transporte, ni en políticas para empleo, ni en políticas sociales, ni en todos los recortes brutales, drásticos y dramáticos que vienen contemplados en esta propuesta de presupuestos".

Además, ha criticado que los presupuestos "venden el patrimonio de los madrileños" y se ha referido en concreto al Canal de Isabel II, Telemadrid, los hospitales y centros de salud y el metro. A este respecto, ha asegurado que "estos presupuestos suponen la privatización de gran parte de la sanidad madrileña, de todos los hospitales que se hicieron en la anterior legislatura, de algunos centros de salud", por lo que ha dicho que los socialistas madrileños están "especialmente preocupados" por la sanidad.

Por otro lado, ha tildado los presupuestos para educación de un "gran ataque". En este sentido, ha denunciado que en 2013 habrá 745 profesores menos en la educación pública madrileña y que entre 2009 y 2012 ha disminuido en 5.000 el número de profesores, mientras el de alumnos ha aumentado en 83.000.

"Siguen vivas las desgravaciones fiscales para el 3 por ciento más rico de esta comunidad que lleva a sus hijos a los colegios de élite", ha criticado, para agregar que se reducen las becas y las ayudas de comedor y libros de texto. En consecuencia, queda "un sistema educativo quebrado como sistema de calidad para el conjunto de la sociedad madrileña", ha zanjado.

Sutiles diferencias de matiz no hacen las cosas diferentes…

El Gobierno dice que su modelo "es diferente" al de un euro por receta

MADRID, EUROPA PRESS

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo respeta la decisión de la Comunidad de Madrid de aplicar el copago de un euro por receta, aunque ha recordado que el modelo ideado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es "diferente".

El Ejecutivo madrileño ha decidido cobrar a partir del 1 de enero un euro por receta médica para ahorrar así unos 83 millones de euros. Una medida que desde el pasado mes de junio está ya en vigor en Cataluña y por la cual el Gobierno de Mariano Rajoy ha abierto una mesa de diálogo al considerar que podría estar vulnerando el reparto competencial.

En este sentido, la vicepresidenta primera ha asegurado que cuando se conozca el texto de la Comunidad de Madrid el Gobierno central va a actuar "de la misma manera" que lo ha hecho con la Generalitat catalana y ha insistido en que el modelo de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ejecutivo es "diferente" y está basado en "fórmulas" que buscan un "tratamiento diferencial en función de las rentas".

"El Gobierno respeta todas las decisiones de las comunidades autónomas que se toman en el ámbito de sus competencias y lo que analiza es si tienen capacidad para adoptarlas en el ámbito de dichas competencias", ha recalcado Sáenz de Santamaría, para recordar que el Ejecutivo está intentando "proteger, por primera vez, a los parados sin prestación" haciendo que "no paguen ningún tipo de copago".

Dicho esto, la vicepresidenta ha reconocido el "esfuerzo" que el Gobierno ha pedido a los ciudadanos con el establecimiento del copago farmacéutico aunque ha asegurado que se ha realizado "desde el punto de vista de la equidad" y buscando un "tratamiento ajustado a las circunstancias de renta de todos y cada uno de los usuarios".

PSOE exige que Rajoy aclare la postura con el ’euro por receta’ porque en Cataluña lo rechaza y en Madrid lo aprueba

MADRID, EUROPA PRESS

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, le ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aclara cuál es el modelo de Sanidad que defiende su partido y su Gobierno porque mientras el PP Cataluña rechazó la medida adoptada por la Generalitat de implantar el euro por receta, el PP de Madrid ha decidido esta semana poner en marcha misma medida.

"Exigimos a Rajoy que aclare cuál es su modelo. Que diga si le va a decir a Madrid que no implante el euro por receta o si lo va a implantar en otros sitios", ha señalado en rueda de prensa en en la sede de los socialistas de Ferraz.

En este sentido, ha manifestado que el presidente debe aclarar si prefiere la postura defendida por el PP catalán o la del PP madrileño, al tiempo que le ha pedido que "ponga orden" en las Comunidades Autónomas en las que gobierna porque ahora está permitiendo "una desigualdad".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno ’popular’ de la Comunidad de Madrid defendía la necesidad de implantar el copago en la sanidad madrileña para no tener que recurrir al euro por receta. "Que nos diga Rajoy qué van a hacer las Comunidades Autónomas del PP que decían que se aplicaba el copago para no poner euro por receta", ha añadido.

"PERSECUCIÓN" A LA SANIDAD

Además, López ha denunciado que "Rajoy y su Gobierno han emprendido una cruzada contra la Sanidad Pública" que empezó, ha señalado, con el recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación, y que continuó "con el famoso medicamenzo", con el "copago" y ahora "con el euro por receta".

De este modo, el dirigente socialista ha señalado que al margen de que Rajoy aclare cuál es la posición del partido y del Gobierno en relación a la implantación del euro por receta, está "quedando claro que su modelo es una persecución en toda regla a la Sanidad Pública de este país, que jamás retrocedió en su historia tanto como en estos últimos diez meses".

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No estar en Asturias en la situación de las CC.AA. mencionadas a continuación ¡¡bién merece una seria reflexión!!

Comentario breve estilo parvulitos: Si el bosque es el modelo sanitario y el árbol alguna condición laboral… ¿qué comparamos árboles o bosques?. ¡¡ojo recordar!!: “No permitas que el árbol no te deje ver el bosque” (Stendhal, 1743-1842)

La gestión privada de la sanidad se extiende en las autonomías del PP

Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia siguen los pasos de Madrid y Valencia

Jaime Prats, Valencia, 3 NOV 2012, en El País.

Las raíces del sector privado están cada vez más extendidas en la red sanitaria pública. Esta tendencia no siempre se manifiesta de forma tan espectacular como acaba de suceder en Madrid, con la apuesta de, entre otras medidas, entregar de una tacada al sector privado el control integral de seis hospitales. Pero el goteo de fórmulas privatizadoras es un hecho y se extiende en de forma creciente en distintas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP.

Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura son algunas de las últimas comunidades en sumarse a una corriente que tiene como alumnos aventajados a Madrid y la Comunidad Valenciana, que comenzó a andar este camino en 1999 con el hospital de Alzira. Las estrategias privatizadoras también cuentan con ejemplos recientes en Castilla y León, Galicia o Baleares. El caso de Cataluña es distinto, debido a la naturaleza tan particular de su sistema de gestión sanitaria, donde tradicionalmente ha existido una estrecha relación público-privada.

Lo advierte la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en su informe Temas candentes de la Sanidad española para 2012. En tiempos de crisis “es el momento de relanzar la colaboración público-privada”, eufemismo que implica la cesión al sector empresarial de porciones de la red pública sanitaria. La situación de asfixia financiera de las Administraciones públicas junto a la mayor eficiencia del sector privado son los principales argumentos que sostienen esta filosofía.

Para los detractores del avance de la sanidad privada, la crisis no es más que una excusa de una maniobra dirigida a debilitar la red sanitaria pública y aprovecharse de las oportunidades de negocio que ofrece.

Estas son algunas de las fórmulas privatizadoras que se están aplicando o están pendientes de desarrollar en España.

- Castilla-La Mancha.

La autonomía que preside Dolores de Cospedal tiene previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de los hospitales públicos de Almansa y Villarobledo, ambos en Albacete; y Tomelloso y Manzanares, en Ciudad Real.

La modalidad elegida para esta concesión administrativa es el denominado modelo Alzira. Bajo esta fórmula, la Administración traslada a una empresa la responsabilidad de atender las necesidades asistenciales de los habitantes de un departamento de salud (normalmente de unos 200.000 habitantes), a cambio de pagar una cuota por el cuidado de cada uno de estos habitantes (639 euros por cabeza en la Comunidad Valenciana). El modelo Alzira tiene una versión reducida (solo el hospital) y una ampliada (el hospital y los centros de salud que dependen de él). El Gobierno de Cospedal ha apostado por la ampliada, como indica una portavoz de la Consejería de Sanidad de la Junta.

La concesionaria puede tener que construir o no el hospital. Este no es el caso de los cuatro hospitales que se cederán a la órbita privada. Pero sí podría serlo en el hospital de Toledo, cuyas obras se han paralizado y del que aún no se ha decidido el tipo de gestión que seguirá.

- La Rioja.

Esta autonomía acaba de sacar a concurso la gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro público con personal no funcionario. Es una modalidad muy particular: “En lugar de una persona, quien ocupará la dirección del centro será una empresa de forma que aporte su conocimiento a la gerencia del hospital”, explica a este diario el consejero de Sanidad, José Ignacio Nieto. El precio de partida de la licitación es de 415.000 euros, aunque tiene complementos variables en función de los ahorros que pueda introducir la empresa, que tomará el control de la parcela tanto sanitaria como no sanitaria.

- Extremadura.

El Gobierno de José Antonio Monago (PP) ha optado por la fórmula de la concesión administrativa para dos de sus hospitales, pero a diferencia de Castilla-La Mancha, solo cederá al sector privado el área no asistencial, mientras que se reservará el control de las batas blancas, es decir, de todo lo que hace referencia al personal y los servicios sanitarios. Es el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). A cambio del canon anual que se entregará a las empresas adjudicatarias, además de los servicios auxiliares (catering, mantenimiento, limpieza), se harán cargo de la construcción de los inmuebles.

Los centros elegidos para introducir la gestión privada en la sanidad pública extremeña son el hospital de Cáceres, cuya construcción se encuentra paralizada, y el de Don Benito-Villanueva, que debe levantarse desde los cimientos. De momento, según una portavoz del departamento de Sanidad, se están preparando las plicas y los contratos no saldrán a concurso hasta 2013.

- Madrid.

La llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad autónoma abrió la puerta de la sanidad pública al sector privado y su sucesor, Ignacio González, ha doblado la apuesta. Hasta el momento, existían tres hospitales (Valdemoro, Torrejón y Móstoles) y uno más en proyecto (Collado Villalba) cuya gestión estaba totalmente privatizada. Junto a ellos, coexistían otros siete centros semiprivados, en los que la administración solo mantenía las riendas de la asistencia sanitaria. González ha decidido entregar seis de estos siete hospitales —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo— a la gestión privada integral (servicios sanitarios y no sanitarios), por lo que se sumarán a los otros cuatro que ya la tenían. Ello supondrá la consolidación del modelo Alzira —rebautizado Valdemoro en Madrid— fuera de la autonomía que lo impulsó.

El retroceso de peso del sector público frente al privado también afectará a la atención primaria. Si bien, de momento, el control de los centros de salud no se entrega a las empresas que controlan sus hospitales de referencia (como sí sucederá en Castilla-La Mancha o ya ocurre en la Comunidad Valenciana), se externalizará el 10% de los ambulatorios de la región. El Gobierno madrileño ha apuntado la posibilidad de hacerlo mediante la modalidad de las entidades de base asociativas (una especie de cooperativa de médicos), aunque también podrán ser gestionadas por consorcios o fundaciones.

- Comunidad Valenciana.

Esta autonomía es la cuna de la privatización de la gestión de la red sanitaria pública, una opción que alentó Eduardo Zaplana en 1999 con la apertura del hospital de Alzira y que defendió como el estandarte de la política del PP en materia sanitaria. El inicio fue titubeante y necesitó un rescate para darle impulso. En principio, a la unión de empresas adjudicatarias se le cedió solo el control integral del hospital —como sucede en Madrid—. Pero, finalmente, se reformuló el contrato y se extendió la gestión privada a los centros de salud de todo el departamento sanitario, un factor muy importante, porque en los centros de salud está el control de acceso a los pacientes que llegan al hospital (y, por ello, la llave del control del gasto).

Bajo este nuevo diseño de gestión total de servicios sanitarios y no sanitarios de toda el área de salud (centros de salud y hospitales), la fórmula se extendió. El centro de Alzira dio paso a los hospitales hermanos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, el último en abrir las puertas, en 2010. En estos momentos, los servicios públicos de salud del 20% de la población valenciana, en torno a un millón de habitantes, dependen de empresas privadas.

- Galicia.

El Gobierno gallego ha optado por un modelo semiprivado para acometer el macrohospital de 1.465 camas que se está construyendo en Vigo. La modalidad elegida es el PFI: en encargar al sector privado la construcción del centro, el mantenimiento y el equipamiento de las instalaciones, así como ceder los servicios no sanitarios a cambio de una cuota anual. Como sucede con los dos hospitales en proyecto de Extremadura, se trata de la primera iniciativa de esta comunidad autónoma en la que se acude al sector privado para construir infraestructuras sanitarias públicas.

- Baleares y Castilla y León.

Ambas autonomías han recurrido a la fórmula PFI con matices. El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a la concesionaria la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y los servicios no médicos. El de Burgos, además, la alta tecnología.

Del modelo Alzira al de gestión compartida…

“Lo de Alzira ahora ya no tiene sentido”

Justo en el momento en que la Comunidad de Madrid ha ampliado a otros seis hospitales el modelo Alzira, la fórmula de privatización sanitaria que consiste en ceder la gestión integral de un hospital público o un departamento de salud entero a una empresa privada, la Generalitat valenciana, responsable de su diseño e impulsora de su expansión, no cuenta entre sus planes de futuro con extender el modelo a nuevos centros. “Ahora mismo, para nosotros ya no tiene sentido extender esta fórmula a otras zonas de salud”, señala a este diario una portavoz de la Consejería de Sanidad valenciana.

Y ello a pesar de que el Gobierno valenciano cuenta con dos hospitales ya construidos que no es capaz de poner en marcha por falta de fondos para equiparlos y que resultarían unos candidatos ideales para cederlos al sector privado. Son los hospitales de Lliria (120 camas) y Gandia (240). También hubo un momento en el que la Generalitat se planteó extender el modelo privatizador a hospitales de media y larga estancia, lo que hubiera resultado, una vez más, toda una novedad en el escenario de la privatización de recursos públicos.

Pero la Generalitat valenciana anda en estos momentos metida en otra batalla relacionada también con la gestión sanitaria que, de nuevo, ha situado a esta comunidad en el punto de mira de la experimentación en la privatización de servicios. Y esta iniciativa es incompatible con nuevos alziras, según las autoridades valencianas.

Se trata del denominado modelo de gestión compartida. En esencia, consiste en agrupar todos los servicios no sanitarios de los 18 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana y concentrarlos en pocas manos (privadas), para potenciar las economías de escala y reducir costes.

La idea original consistía en ceder al sector privado parcelas asistenciales. Pero, finalmente, tras distintas reformulaciones, el diseño final consiste en concentrar todos los servicios externalizados de la sanidad valenciana. Se han dividido en tres grandes grupos: servicios generales (limpieza, lavandería, restauración, mantenimiento), servicios concertados (oxigenoterapia, hemodiálisis) y logística (almacenes, distribución, compra). De los dos primeros se sacarán a concurso siete lotes y del tercero, tres.

De esta forma, la Generalitat solo se concentrará en la gestión sanitaria. Todo lo demás, dependerá de unos pocos operadores privados. ¿Y los hospitales paralizados? “Ya se finalizarán cuando haya posibilidades económicas”, dice la Generalitat.

La privatización de hospitales en Madrid abre un negocio de 400 millones de euros

Las empresas competirán con sus ofertas por la facturación que ofrecerá la atención sanitaria de más de un millón de madrileños

La privatización de seis hospitales madrileños abre un negocio de más de 400 millones de euros para las empresas del sector por la atención sanitaria de más de un millón de ciudadanos. Cuando en septiembre de 2008 el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, realizó una exposición en el Hotel Ritz de la capital acerca de las infraestructuras sanitarias de la región la tituló “Oportunidades de negocio”. El auditorio era una selección de empresarios del sector de la sanidad. Entonces se planteaban cuatro hospitales totalmente externalizados. Durante el año próximo, el negocio crecerá a costa de la privatización de seis hospitales cuya actividad médica pasará de la gestión pública a manos de empresas privadas.

El negocio no es pequeño. Con esta transformación del sistema, compañías como Capio Sanidad, Ribera  Salud, Sanitas, USP-Quirón, DKV, Asisa (todas ellas presentes en centros públicos con gestión privada en España) ven ampliado a golpe de decisión política su mercado potencial. En la Comunidad de Madrid ya existen hospitales dirigidos enteramente por empresas. El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ha contado que el precio por habitante que pagan las arcas públicas en estos sistemas es de 441 euros. Sin embargo, el convenio que rige en Torrrejón de Ardoz recoge un pago de 571 por habitante y año. En todo caso, con la cifra escogida por el Gobierno de Ignacio González, se abre un negocio de, aproximadamente, 497 millones de euros al año.

El convenio capitativo multiplica la  población asignada al centro hospitalario por un precio anual (luego se le resta los tratamientos que alguno de esos pacientes haya recibido en otros centros). Así, actualmente, el hospital Infanta Leonor de Vallecas en la capital tiene asignados 325.000 vecinos (143 millones), el Infanta Sofia de San Sebastián de los Reyes 300.000 (132 millones), el Infanta Cristina de Parla 120.000 (52 millones), el del Tajo en Aranjuez 65.000 (28 millones), el del Sureste 150.000 (66 millones) y el del Henares en Coslada 170.000 (74,9 millones), siempre aplicando el dato de pago medio.

A ese festín de facturación sólo pueden aspirar empresas con “reconocida solvencia” en la materia como se encargó de recordar el consejero al explicar su nuevo modelo sanitario. En España operan en hospitales públicos diversas compañías como Capio Sanidad (que factura unos 500 millones al año), Ribera Salud -que facturó 380 millones en 2011, el doble que un año antes y reconoció un EBIDTA de 38 millones, también dos veces más-. Estas dos corporaciones gestionan ya hospitales en Madrid. Otras empresas: Sanitas que es la accionista mayoritaria en el valenciano hospital de Manises, DKV, presente en Denia (ambas unidas con Ribera Salud).

Los presupuestos de la Comunidad Madrid incorporan otras buenas noticias para el sector privado en la sanidad pública. Así, otro hospital que funciona por concesión, la Fundación Jiménez Díaz, verá modificado su convenio para asimilarlo a los que se acaban de anunciar (llamado capitativo). Lo dirige Capio y recibió la población del distrito madrileño de Moncloa tras el traslado del hospital Puerta de Hierro desde esa zona a otra población (Majadahonda). Son 116.000 vecinos.

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Las medidas de Madrid: una opción ideológica que se cierne sobre todos

Editorial de El País de hoy:

Una receta, un euro

El PP, que criticó la tasa cuando se instauró en Cataluña, la aplica ahora en Madrid

La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, se propone introducir la tasa de un euro por receta. Es una medida que va a afectar fundamentalmente a los jubilados y a los enfermos crónicos y que sigue la estela de Cataluña, pionera en la introducción de esta modalidad impositiva criticada en su momento por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Su heredero político, Ignacio González, no solo considera ahora que es una medida idónea para disuadir y ahorrar, sino que la lanza una vez que el gobierno de Rajoy ya ha puesto en marcha el medicamentazo que terminó con la gratuidad de los fármacos para los pensionistas. Intentar racionalizar un sector tan importante como este tiene sentido, pero hay que hacerlo extremando las precauciones para no penalizar a los sectores más débiles.

La aplicación de la medida se realiza a partir de cálculos que requieren apoyo documental: asegura Ignacio González que los madrileños acumulan en sus casas 45 millones de medicamentos, un dato que se queda sin la justificación adecuada. Afirma también que la nueva medida no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio, para reducir el consumo —y el abuso—; su consejero de Salud, Javier Fernández-Lasquetty, no concreta el efecto de tal disuasión. El consejero sí calcula que se recaudarán 83 millones de euros adicionales cada año y se defiende: el coste máximo para los ciudadanos será de seis euros al mes.

Esperanza Aguirre era la punta de lanza de las políticas más liberales del partido de Rajoy. Esta medida demuestra que su sucesor desea seguir marcando el camino. Junto a este copago y mientras se descarta restituir el impuesto de patrimonio, González presenta un ambicioso plan privatizador de la gestión de la sanidad pública madrileña. Seis hospitales pasarán a la iniciativa privada argumentando que su administración es más eficiente que la pública. Hay razones para la inquietud. La primera y más evidente es que las empresas a las que se adjudica la construcción y gestión de los establecimientos sanitarios tienen ánimo de lucro. La segunda es que estas funcionan en régimen de oligopolio —Capio y Ribera Salud, formadas por constructoras y aseguradoras, son las más importantes—. La tercera es que la propia Comunidad de Madrid tuvo que elevar en 2010 la dotación presupuestaria fijada para los primeros hospitales privados lanzados por Aguirre.

La privatización de servicios públicos esenciales requiere en todo caso una estricta y transparente supervisión pública que hasta ahora no se ha acabado de establecer. Al mismo tiempo, si no hay información y explicaciones suficientes, se concluirá razonablemente que con este tipo de medidas se hace recaer el precio de la crisis en el ciudadano de a pie y en los más vulnerables —jubilados y enfermos— a los que además se les presenta como responsables de abusar del sistema.

Rubalcaba: «El euro por receta es otro golpe de piqueta al Estado de Bienestar»

02.11.2012 - E. C., Gijón, en El Comercio.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que no tolerará «el nuevo copago y la privatización de hospitales de Madrid», que calificó de «otro golpe de piqueta en la demolición del Estado del Bienestar». En alusión a las medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno central, entre ellas el cobro de un euro por receta a partir de 2013, Rubalcaba afirmó que estas decisiones «demuestran una vez más que el PP utiliza la crisis como coartada para imponer el programa máximo de la derecha».

En un comentario en las redes sociales, el líder socialista añade que estos son «los devastadores efectos de una mayoría absoluta y una absoluta falta de sensibilidad». A su juicio, la derecha nunca ha tenido el coraje de decir que éste es su modelo ideal, «que una sanidad pública de calidad jamás ha figurado entre sus objetivos, sino más bien al contrario; que el Estado de Bienestar es para ellos una construcción extraña, pues su esquema de relaciones sociales se basa en el ’sálvese quien pueda’».

Continúa Rubalcaba diciendo que «hablan de reducción de gasto público cuando piensan en aumento de negocio privado; hablan de pedagogía cuando destrozan un sistema barato y eficaz; recortan derechos mientras recriminan al paciente».

Las medidas de la Comunidad de Madrid

La Nueva España

Pago de un euro por receta. Quedarán exentos los mismos grupos de personas que no tienen que hacer aportación al pago de medicamentos: la tasa que se abonará en el momento de la dispensación del fármaco no se aplicará a los parados de larga duración que no perciban subsidio, los perceptores de pensiones no contributivas y de rentas de integración social, los afectados de síndrome tóxico, los discapacitados y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Se fija un tope de pago por receta hasta los 72 euros anuales y no se cobrará en medicamentos cuyo coste sea igual o inferior a 1,67 euros.

Se saca a concurso la prestación de la asistencia sanitaria especializada para la población atendida por los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares.

La Consejería quiere que sean los propios profesionales sanitarios los que gestionen directamente el 10 por ciento de los centros de salud, aproximadamente 26, con el objetivo de lograr una gestión más eficiente de los recursos.

Transformación del Hospital de la Princesa en un centro especializado en la atención de personas mayores de 75 años.

Conversión del Hospital Carlos III en un centro de larga y media estancia.

La apertura del Hospital de Collado Villalba se retrasa hasta finales de 2013.

La sanidad seguirá siendo la mayor prioridad del Gobierno regional, ya que representará el 45 por ciento del gasto de la Comunidad en 2013, con un presupuesto para ese año de 7.108 millones, un 7 por ciento menos que en 2012.

Dentro de la ordenación de los equipos, algunos profesionales podrán acceder a ser contratados en los hospitales en el turno de tarde, de manera que los especialistas pasarán consulta en ese horario y se realizarán pruebas médicas y cirugías, y se evitará lo que hasta ahora se consideraba como horas extraordinarias o «peonadas».

Prolongación del servicio activo de los médicos a partir de los 65 años «de manera excepcional», de manera que como máximo un tercio de los facultativos continuarán desempeñando su labor a partir de esa edad.

Se pretende concentrar en algunos hospitales los «procesos de muy alta complejidad que requieren de unidades y profesionales con mucha experiencia», así como la mayor parte de los procesos de laboratorio de análisis de rutina, aunque este servicio continuará en todos los hospitales para los pacientes ingresados o determinadas urgencias.

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Esa cruda realidad que, dicho sea de paso, siempre supera a la ficción, ¡¡que nunca estuvo ni en el programa ni en las declaraciones de los dirigentes del PP!!

Lo que decía el PP sobre el copago

Lasquetty pretende ahorrar 83 millones con el euro por receta

El consejero de la Comunidad de Madrid niega que el copago farmacéutico y la privatización de servicios en seis hospitales supongan el fin de la sanidad pública

PÚBLICO/AGENCIAS, Madrid, 01/11/2012.

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha asegurado hoy que la implantación del euro por receta y la privatización de los servicios sanitarios de seis hospitales no supondrán el fin de la sanidad pública madrileña. Eso, a pesar de reconocer también que el presupuesto de este año se ha reducido 7% con respecto al año anterior, hasta quedarse en 7.108 millones. No obstante, esa cantidad, ha añadido, representa el 49% del presupuesto de la comunidad, por lo que "la sanidad seguirá siendo la mayor prioridad del Gobierno regional", ha prometido.

En rueda de prensa, Lasquetty ha detallado estas medidas aprobadas ayer por el Gobierno de la comunidad, así como la cuantía de ahorro que los nuevos tijeretazos supondrán para la economía madrileña. Así, según sus cálculos, el nuevo copago farmacéutico del euro por receta supondrá un ahorro de 83 millones de euros; a los que se sumarán, según el consejero, otros 150 millones una vez se haya materializado la nueva central de compras, que permite adquirir un mayor volumen de productos sanitarios a precios más bajos, informa Efe.

A pesar de las críticas recibidas, tanto por parte de la oposición, como -desde hace tiempo- por parte de los usuarios de la sanidad, Lasquetty ha defendido el euro por receta, una medida iniciada en Catalunya y contra la que la propia Esperanza Aguirre arremetió en un principio. Imitando al nuevo presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, Lasquetty ha argumentado no que se trata de una medida "recaudatoria", sino "orientada a racionalizar y disminuir el gasto farmacéutico".

El titular de Sanidad ha insistido en que el objetivo del cobro de un euro por receta es "ajustar el consumo de medicamentos a las necesidades reales de la población". En esta línea, Lasquetty ha explicado que en julio la región se situaba un 15%  por encima de la media europea en gasto de medicamentos. "Y no estamos más enfermos que los europeos", ha apostillado. Además, ha subrayado que desde que se implantó esta medida en Catalunya, el gasto farmacéutico ha caído un 27% entre junio y septiembre, mientras que en Madrid sólo se ha reducido en un 18%.

Por otro lado, Lasquetty ha insistido que el coste máximo para los ciudadanos será de seis euros al mes (72 euros al año por usuario), con lo que se impone "un umbral de protección a pacientes crónicos o polimedicados". Además, no se cobrará el euro cuando el precio del fármaco sea inferior a 1,67 euros y de la medida quedarán exentos los mismos grupos de personas que no tienen que hacer aportación al pago de medicamentos: parados de larga duración que no perciban subsidio, los perceptores de pensiones no contributivas y de rentas de integración social, los afectados de síndrome tóxico, los discapacitados y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

Asimismo, Lasquetty también ha tranquilizado a los profesionales farmacéuticos, ya que ha asegurado que este sistema de pago no supondrá ningún coste añadido para ellos porque se incorpora dentro de la receta electrónica que estaba ya previsto que entre en vigor a principios del año que viene. Igualmente, ha garantizado a los farmacéuticos el pago de las recetas "en tiempo y forma, al igual que este año".

Con el beneplácito de Ana Mato

Lasquetty ha indicado también que el Ministerio de Sanidad -dirigido por Ana Mato- manifiesta su respeto a una decisión de la Comunidad ejercida en el marco de sus competencias para hacer frente a la crisis. "Ellos hacen reformas y nosotros también", ha recalcado el consejero de Sanidad para recordar que no se interpuso ningún recurso contra Catalunya ni se pidió la suspensión cautelar de esta medida cuando se aplicó, informa Europa Press.

Por otro lado, Lasquetty ha avanzado los detalles de otras medidas acordadas ayer que hacen referencia a la gestión hospitalaria. El titular de Sanidad ha prometido que se sacará a concurso la prestación de la asistencia sanitaria especializada para los seis hospitales que externalizarán servicios (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) y ha destacado que la Consejería quiere que sean los propios profesionales sanitarios los que gestionen directamente el 10% de los centros de salud.

El consejero madrileño también ha resaltado la transformación del Hospital de La Princesa en un centro hospitalario especializado en la atención de personas mayores de 75 años, una medida que no ha gustado a sus trabajadores. Una treintena de sanitarios de dicho centro han accedido al hall de la Consejería de Sanidad -donde se ha celebrado la rueda de prensa- para manifestarse y mostrar su desacuerdo con la citada conversión.

González dibuja un nuevo mapa sanitario

No quedará ningún hospital de gestión puramente pública

Uno de cada tres centros estará totalmente en manos de empresas

Se privatizan 40 de los 400 centros de salud de la región

Elena G. Sevillano, Madrid, en El País

Un anuncio tan llamativo y tan mediático como el euro por receta es capaz de dejar en segundo plano casi cualquier otra cosa. Sin embargo, y pese a la trascendencia de obligar a pagar, sin diferenciación de renta, un euro por cada medicamento que se compre en la farmacia, lo que el Gobierno de Ignacio González contó ayer en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos es una auténtica revolución en el panorama sanitario de la región. El PP madrileño nunca ha ocultado su preferencia por avanzar hacia la gestión privada de la sanidad, pero lo revelado ayer por González es un acelerón como no se había visto en los nueve años de Esperanza Aguirre en el cargo. Primera conclusión: ya no va a quedar ni un solo hospital de gestión enteramente pública.

En realidad, las decisiones del presidente no hacen sino culminar, de golpe, el camino emprendido por la presidenta, que cuando llegó a Madrid encontró una veintena de hospitales tradicionales, gestionados directamente por la Administración, que contrataba a médicos y enfermeros, pero también a celadores y administrativos. En sus nueve años en el cargo abrió diez hospitales nuevos: ninguno construido por el Gobierno regional. Siete son propiedad de las empresas constructoras que los levantaron, que gestionan todo lo no sanitario y cobran un canon por ello. El personal sanitario sigue siendo cosa de la Administración. Hasta ahora. Seis de esos siete centros (el Puerta de Hierro se ha quedado fuera) pasarán a ser enteramente privados.

El cambio —se entiende que dejarán de ser empresa pública; la Consejería de Sanidad rehusó informar ayer y remitió a una comparecencia hoy— afectará a unos 5.500 profesionales, según fuentes sindicales, que añaden que la intención del Gobierno regional es ofrecerles pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros. Toda una oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias: entre los seis hospitales suman unas 1.250 camas. Solo la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente 300 millones de euros (307 en 2011) para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.

El panorama, por tanto, queda así: a los tres centros que ya nacieron siendo de gestión privada (Infanta Elena de Valdemoro, Rey Juan Carlos de Móstoles y Torrejón) se suman otros seis. Casi uno de cada tres hospitales madrileños estarán en breve en manos de empresas. Los que mantienen su carácter eminentemente público también se verán afectados por la nueva ola privatizadora que ha llegado de la mano de los presupuestos: todos los hospitales tradicionales externalizan lo que no es sanitario: lavandería, restauración, mantenimiento... En realidad, el lúgubre futuro laboral de los 1.500 trabajadores interinos de estas categorías ya se conoció en junio pasado, cuando la Comunidad los declaró como “oficios a extinguir” dentro del ajuste de 1.000 millones de euros que tuvo que hacer a sus presupuestos de 2011.

Pese a todas estas novedades, que significan que la Administración se retira cada vez más de la gestión directa del servicio y prefiere pagar a un privado para que lo preste, el cambio decisivo se ha producido en la atención primaria: en los centros de salud. Por primera vez, Madrid va a externalizar el 10% de los más de 400 ambulatorios de la región. Ignacio González puso ayer como ejemplo las EBA (entidad de base asociativa) catalanas, en las que una cooperativa de médicos gestiona el presupuesto anual del centro. Pero es solo un ejemplo. Lo cierto es que el Servicio Catalán de Salud sacó a concurso el 20% de sus casi 400 ambulatorios y solo en 12 casos ganaron su gestión las EBA. El resto las llevan consorcios, fundaciones, etc.

Ninguno está en manos de empresas, pero podrían haberlo estado de haberse presentado al concurso. Ya en 2008, en una jornada en el hotel Ritz titulada “Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”, el entonces consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, contestó a preguntas de los empresarios sobre la gestión de los centros de salud, una bicoca para ellos puesto que son la puerta de entrada al sistema. Una de las ponencias era: “La atención primaria, ¿terminará formando parte de la concesión?”. Ayer, cuatro años después, se supo que sí. Valencia tomó esa decisión hace años, cuando tuvo que rescatar sus hospitales de gestión privada: les aumentó el canon e incluyó la primaria.

Puede que en muchos casos los ciudadanos no asistan directamente al alboroto sanitario que se avecina, pero sí lo harán los pacientes de dos grandes hospitales de la capital: el Carlos III, especializado en enfermedades infecciosas (VIH-sida) y tropicales, y La Princesa, un centro general con cerca de 40 especialidades. El primero se convierte en centro de media y larga estancia; el segundo se especializará en geriatría. Sus miles de pacientes tendrán que cambiar de hospital.

Por el contrario, en Cataluña, mientras estén en campaña electoral…

El PP catalán ’respeta’ que Madrid cobre un euro por receta pero exige a Mas que lo suprima

El Mundo.

El PP catalán ha acogido con discordancia la noticia de que la Comunidad de Madrid implantará el pago de un euro por receta médica para, de esta manera, seguir el camino de Cataluña, comunidad donde el impuesto lleva funcionando desde el pasado 23 de junio con el propósito de recaudar 50 millones de euros para reducir el déficit que acumula la sanidad pública.

La presidenta y candidata del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado este jueves que su formación “respeta” que Madrid empiece a cobrar a los ciudadanos un euro por receta, pero exige al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que suprima el impuesto en Cataluña.

La líder de los ‘’populares’’ ha hecho estas declaraciones a los periodistas en un acto preelectoral del PP catalán celebrado en un puesto de castañas situado junto al mercado de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

A pesar de que la Comunidad de Madrid haya tomado la decisión de implantar la medida del euro por receta, el PP catalán sigue pidiendo al Govern que suprima la medida del euro por receta “porque en Cataluña se puede racionalizar el gasto y porque es preferible que retiren muchas subvenciones dirigidas a determinadas instituciones a que hagan pagar doblemente” a los ciudadanos por las prescripciones médicas.

La candidata del PP a las elecciones catalanas del 25 de noviembre ha defendido que “cada comunidad toma sus decisiones” y ha insistido en que la Generalitat “tiene margen para reducir el gasto, pero le interesa más dar subvenciones a determinados medios y fijar que los ciudadanos paguen el doble por las recetas”.

Cuestionada sobre si el impuesto podría extenderse a otras regiones gobernadas por el PP, Sánchez-Camacho ha manifestado que “eso depende de cada comunidad autónoma, porque en Madrid se han tomado otras medidas para reducir el gasto público en otros ámbitos, tal y como ha pasado en las Baleares, donde se han suprimido todas las empresas públicas”. Por el contrario, ha remachado, “eso no se ha hecho en Cataluña, donde a Mas le interesa más subvencionar entidades y embajadas”.

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