CONTRARREFORMA NO

Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 que desde mañana excluirá a los inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria normalizada

Personal de salud pública se rebela ante el decreto de Rajoy

Trabajadores y directivos sanitarios, entre los que figura el exconsejero Ramón Quirós, firman un manifiesto contra la exclusión de los 'sin papeles' de la sanidad

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31.08.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

La Salud Pública asturiana se rebela ante el decreto del Ejecutivo de Rajoy que desde mañana, 1 de septiembre, excluirá a los inmigrantes no regularizados de la atención sanitaria normalizada. 25 trabajadores de los servicios centrales de Salud Pública de la Consejería de Sanidad han firmado un manifiesto contrario al decreto 16/2012 por el cual se retirará la tarjeta sanitaria de la que hasta ahora podía disponer todo el que estuviera empadronado, incluidos los extranjeros sin permiso de residencia. El decreto, dicen, modifica el sistema basado en la universalidad y en el derecho a la salud para pasar a un modelo de aseguramiento.

El texto del escrito que se reproduce en esta página hace hincapié en la gravedad de la medida y en los efectos negativos que desde el punto de salud pública provocará el hecho de que los 'sin papeles' sólo puedan ser atendidos en urgencias. La única excepción que ha hecho el ministerio de Ana Mato son las embarazadas, los niños y el colectivo de enfermos crónicos, aunque éste último sin precisar. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran anteriores responsables sanitarios. Es el caso de Ramón Quirós, exconsejero de Sanidad; Amelia González, exdirectora de Salud Pública, y Antonio Molejón, exgerente de Atención Primaria en Gijón.

Los firmantes se declaran «en resistencia, sosegada pero activa» ante la reforma sanitaria y anuncian que, en los que a ellos atañe, intentarán no aplicar aquellos criterios recogidos en el decreto que atenten contra derechos constitucionales y la Ley General de Salud Pública. La iniciativa de estos profesionales se suma a la emprendida en julio por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a la que hace pocos días se unió Médicos del Mundo.

El Gobierno de Asturias ya anunció que seguiría atendiendo a la población inmigrante afectada por el decreto aunque no ha dicho cómo. Otras seis comunidades, entre ellas Castilla y León y Galicia, confirmaron que también continuarán prestando asistencia a los 'sin papeles', aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices. Las otras comunidades en rebelión son las socialistas de Andalucía y País Vasco, además de Asturias , junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC). Navarra, por su parte, abrirá una línea de ayudas para cubrir la asistencia a quienes acrediten no poder pagarla.

Quirós lidera la objeción al cese de asistencia a los «sin papeles»

El ex consejero de Salud firma con otros sanitarios un manifiesto por la «Resistencia, sosegada pero activa»

Oviedo, M. S. M., en La Nueva España

El ex consejero socialista de Sanidad, Ramón Quirós, y la que fue su directora de Salud Pública, Amelia González, encabezan junto a otros veintitrés médicos y profesionales de la sanidad pública un manifiesto en el que dejan constancia de su desacuerdo con el decreto ley 16/2012, aprobado por el Gobierno central, que retira la asistencia a inmigrantes sin permiso de residencia, una medida que algunos gobiernos autonómicos han decidido no respaldar, entre ellos el Ejecutivo asturiano que preside Javier Fernández.

Bajo el título «Resistencia, sosegada pero activa, al RD 16/2012 como trabajadores de salud pública», los firmantes muestran su disconformidad con la aplicación de dicho decreto a partir del 1 de septiembre, porque, a su juicio, «en lo referente a una atención sanitaria digna al colectivo de inmigrantes no regularizados, incumple el ordenamiento jurídico actual al menos en el artículo 43.2 de la Constitución española, así como otras leyes, al menos en varios aspectos».

Los firmantes insisten en que «el consumo de recursos sanitarios por parte de los inmigrantes es inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas sanas y jóvenes cuyo nivel de salud en general es bueno». Además consideran que la aplicación del decreto «supone una reorientación indebida de los servicios de salud con una menor accesibilidad al mismo de población que por condiciones socioeconómicas está más expuesta a una situación de vulnerabilidad».

Contra la aplicación del decreto del Gobierno de Rajoy, los sanitarios asturianos alegan que la misma supondría «la limitación del acceso a programas e intervenciones que son fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una salud positiva», además de opinar que «la creación e estructuras paralelas de atención sanitaria para estas personas constituye una discriminación que añade más dificultades a su integración en la sociedad».

Además expresan su temor a que esta discriminación sea sólo un primer paso de otra que puede afectar al resto de prestaciones sociales. «El decreto no tiene en cuenta aspectos principales relacionados con los determinantes de la salud e incluso puede producir un aumento de las desigualdades sociales».

Las opiniones de los veinticinco médicos y trabajadores de la sanidad pública que firman este manifiesto coinciden con los más de 1.700 en toda España que han decidido objetar contra la normativa gubernamental y seguir atendiendo a los inmigrantes. Desde Asturias, «valoran de forma muy positiva y apoyan las actuaciones que determinadas administraciones autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco) desarrollan para mantener la atención a la población inmigrante», e insisten en que muchas de sus actividades preferenciales en salud pública van dirigidas a colectivos vulnerables y empobrecidos y que no ha de excluirse de estas actividades a los inmigrantes no regularizados.

Los sanitarios firmantes instan al Gobierno central a revisar el decreto en lo referente a la atención a la población «sin papeles» y en «aquellos otros aspectos que dificultan el desarrollo de un sistema sanitario público y sostenible». Asimismo recomiendan al Gobierno que revise y modifique los apartados del decreto en los que se incumple la legislación vigente en la Constitución y en la ley General de Salud Pública.

Por último, piden que se tengan en cuenta las iniciativas elaboradas al amparo del Ministerio para reducir las desigualdades de salud en España, donde se concretan iniciativas para avanzar en equidad.

Asturias seguirá atendiendo a inmigrantes irregulares

Ocho comunidades autónomas seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado

30.08.12 – EFE

Ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León y Galicia, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado, cuando entra en vigor el decreto del Gobierno que les retira ese derecho, aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices.

Los gobiernos gallego y castellano-leonés han anunciado hoy que aplicarán ese decreto del Ministerio de Sanidad, aunque han apuntado que seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que las comunidades no pueden otorgar tarjetas sanitarias a personas que "no tienen ese derecho", porque no cotizan a la Seguridad Social, pero sí pueden "en función de sus recursos o capacidades hacer lo que consideren oportuno" para continuar prestando esa asistencia.

Sanidad entiende que la decisión de algunas regiones de no desatender a este colectivo no trasgrede el decreto del Gobierno, ya que la propia ministra, Ana Mato, ha insistido en que nadie va a quedar excluido de la cobertura sanitaria.

El Ministerio señala además que es necesario que España se ajuste a lo que se hace en la UE para que España deje de ser "un paraíso para el turismo sanitario".

El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la región continuará asistiendo a esos inmigrantes que acrediten que carecen de recursos y que estén empadronados antes del 1 de septiembre, lo que beneficiará a unas 9.000 personas.

Ha señalado que la Xunta "cumple la legislación nacional" y avanza en los límites que permite la normativa estatal que deja "dar asistencia ordinaria a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia", por lo que tendrán un documento del Servicio Gallego de Salud, ya que la tarjeta sólo la concede el Ministerio.

El servicio de salud de Castilla y León (Sacyl) atenderá en sus instalaciones a todos los inmigrantes que necesiten asistencia y, aunque intentará cobrar este servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá "en el cajón de los impagados" aquellos casos en los que no tengan recursos.

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que cumplirán la normativa fijada por el Ministerio, aunque seguidamente ha señalado que atenderán "a todos los ciudadanos, tengan tarjeta o no, que acudan a la atención primaria".

Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto con Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a los inmigrantes indocumentados, aunque no han aclarado cómo.

El sistema sanitario andaluz seguirá atendiendo a los inmigrantes indocumentados como hasta ahora, según ha afirmado la consejera de Salud, María Jesús Montero.

En el mismo sentido se ha expresado el Gobierno vasco, cuyo consejero de Sanidad, Rafael Benoga, ha señalado que se está analizando la situación legal para prestar esta asistencia, pero ha dejado claro que todos aquellos que lo necesiten serán asistidos en atención primaria y hospitalaria.

Asturias ha garantizado que ningún inmigrante se quedará sin cobertura y prevé un conflicto competencial con el Estado, aunque tampoco ha aclarado cómo hará esa asistencia, ya que poder darles tarjeta sanitaria o no va a depender de las órdenes ministeriales.

La Generalitat de Cataluña mantendrá también la misma atención sanitaria que hasta ahora a las personas que en la región perderán su condición de asegurado a partir del día 1, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.

El Gobierno de Navarra (UPN) va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales, lo que compensará, según sus cálculos, el pago por atender a los 2.150 inmigrantes irregulares.

Canarias, por su parte, se sumó ayer al País Vasco, Andalucía y Asturias para expresar su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con ese sistema.

Hoy el viceconsejero portavoz, Martín Marrero, ha dicho que su Gobierno "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria, pero que "no dejará de atender a nadie que lo necesite".

El resto de CCAA, las gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.

Según datos del INE cruzados con los del Ministerio de Empleo, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el sábado por no estar asegurados, si bien no hay un registro oficial del número de personas que están en situación irregular.

Todas las autonomías sí seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles en los supuestos que contempla el decreto, es decir las urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años.

La ministra de algo si sabe: “ que la estadística es la mentira de las matemáticas”, y así la usa.

El copago reduce las recetas un 7% y el gasto en medicamentos un 6%

Sanidad obvia la acaparación que hubo en junio al dar los datos de julio

Foto: La ministra de Sanidad, Ana Mato (a la izquierda), durante la reunión de Valladolid

Emilio de Benito, Madrid, en El País.

El copago ha hecho que el consumo de fármacos caiga alrededor de un 6%, y que el número de recetas baje un 7%, según los cálculos que ha hecho este periódico. Estas cifras están muy alejadas del 14,14% en la disminución del número de prescripciones y el 23,9% en el gasto que maneja el Ministerio de Sanidad. Pero es que el departamento que dirige Ana Mato ha preferido dar la estadística solo del último mes, sin analizar el total. Las cifras que presentó el lunes Sanidad, y que ayer repitió la ministra en una reunión que tuvo con los consejeros de nueve comunidades (ocho gobernadas por el PP y Cataluña), comparan los datos de julio de 2012 y 2011. Pero obvia una serie de matices.

El primero es que en junio hubo un importante acaparamiento de fármacos por parte de los afectados. El número de recetas subió más del 10%, y el gasto, frente a descensos mensuales de más del 4%, subió un 3,8%. Lógicamente, esta compra anticipada ha afectado a los datos de julio, y le ha atribuido unos descensos que no son atribuibles al copago.

El caso de las recetas es la medida exacta de cuántos fármacos dejaron de financiarse. Se trata de la parte más inelástica del sistema, y su número crece de una manera continua y prácticamente lineal. Por eso es fácil crear un modelo sobre cómo debería haberse comportado en junio y julio si no hubiera habido alteraciones, como el anuncio del cambio en el copago farmacéutico. En el modelo que ha construido EL PAÍS mediante un sistema matemático que ajusta los datos a la fórmula de una recta, se observa que entre junio y julio, si no hubiera habido factores como el copago, se tenían que haber prescrito 170 millones de recetas. Como en la realidad, fueron 157,5 millones, el descenso es de un 7,4%.

En el gasto el cálculo es más complejo, ya que es la partida sobre la que más se ha actuado. A partir de 2009, gracias a las medidas del anterior Gobierno (rebajas de precio, obligación de dar el genérico más barato) ya estaba descendiendo. Si se compara la suma del gasto conjunto de junio y julio entre 2011 y 2012, para evitar el efecto del acaparamiento que hubo este año, el ahorro este año es del 10,17%. Si se descuenta un 4% de rebaja por las medidas que ya estaban en marcha, el efecto del copago queda en el 6%. Y a esto habría que descontarle el efecto del copago, que es, en la práctica, una rebaja para la Administración. Ninguno de estos matices figuraba en la nota de Sanidad.

Al obviar todos estos factores, la ministra se permitió decir en la reunión de ayer que “por primera vez se ha producido una disminución del 23,93% [en el gasto farmacéutico] respecto al mismo mes del año pasado, configurando el descenso más pronunciado”. En el encuentro, Mato recalcó ante los consejeros presentes, que los inmigrantes enfermos crónicos sin papeles serían atendidos, pero que “el que no tenga tarjeta sanitaria, deberá abonar dicha asistencia”. No hubo mención a la idea inicial de que fueran las ONG las que den servicio sanitario a estas personas, como la ministra había dicho al principio. Se trata, pese a todo, de un avance frente a la postura inicial, ya que esa posibilidad no estaba en los decretos ni órdenes para reducir el gasto sanitario que ha preparado este Gobierno, aunque incluso comunidades como Madrid, nada sospechosa de llevar la contraria al ministerio, ya habían anunciado algo parecido. Lo que no se sabe, a tres días vista, es cómo se va a hacer.

La ministra también puso el foco en un grupo que, hasta ahora, ha quedado fuera de los esfuerzos ahorradores de Sanidad: el personal sanitario. Estos profesionales, que representan el 40% del presupuesto sanitario, se han visto afectados por los recortes generales a los trabajadores públicos. Pero Mato, sin especificar, dijo que quería “reflexionar sobre posibles modelos retributivos”. “Se deberá tener en cuenta la combinación acertada de criterios de eficiencia en la gestión y la necesaria motivación de los profesionales sanitarios”, añadió.

Lo que sigue sin solucionarse es el conflicto sobre los datos de gasto farmacéutico del País Vasco, la única comunidad que no ha aplicado el copago, y que amenaza con tampoco dejar fuera a los inmigrantes sin papeles. Sanidad le atribuye, como consecuencia de esa decisión, un aumento del gasto de julio a julio del 5,83%, pero la consejería insiste en que el dato es erróneo y, según las cifras que ha mostrado a EL PAÍS, registró un descenso del 4,1%. La discrepancia está en que el ministerio ha tomado, por primera vez, según ha comprobado este periódico, el gasto en medicamentos más otros productos de venta en farmacias (pañales, por ejemplo), y no solo el de fármacos. Con ello se altera la validez de la serie estadística. El porqué del cambio no está claro. La consejería indica que es un error del ministerio, y este contesta que lo es de la consejería.

Los inmigrantes sin tarjeta sanitaria tendrán que pagar, anuncia Mato

Los consejeros del PSOE plantan a la Ministra como muestra de rechazo a la norma

Valladolid / Oviedo, Agencias / P. Á., EN La Nueva España

La ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró ayer que «nadie va a quedar desatendido» en los centros sanitarios, si bien matizó que aquellos ciudadanos que «no tengan tarjeta sanitaria deberán abonar la asistencia». Durante una reunión en Valladolid con representantes de nueve autonomías, Mato señaló que a partir del 1 de septiembre la asistencia sanitaria «se seguirá prestando a todo el que lo necesite» por medio de los «procedimientos de gestión» que desarrollarán las comunidades autónomas, «sin que por ello se genere ningún derecho, que pueda dar lugar a ciertos abusos ni que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema».

Al término de la reunión, se anunció que el Ministerio y las comunidades autónomas van a estudiar en los próximos meses posibles cambios en el sistema retributivo de los profesionales sanitarios, al existir un consenso en torno a la idea de que el actual «no es el más adecuado para este momento». El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez, subrayó que se trata de una «reflexión» inicial que debe ser pactada con sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos.

Los participantes en el encuentro tildaron la reunión de «deliberativa». En ella no participaron representantes de Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco. Sus consejeros de Sanidad hicieron público un comunicado conjunto en el que explicaron que no habían acudido a la reunión «informal» convocada por Castilla y León porque no respaldan las políticas «regresivas» que van a implantarse a partir del mes que viene.

Cuatro comunidades acusan a Sanidad de “restringir derechos fundamentales” (VER DOCUMENTO COMUNICADO CONJUNTO DE ANDALUCIA, ASTURIAS, CANARIAS Y PAIS VASCO)

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A falta de 3 días para la entrada en vigor de la prohibición de atender a los inmigrantes sin papeles

Ana Mato convoca de urgencia a las autonomías

29.08.12 – El Comercio.

Cita ’informal’, pero urgente. La ministra de Sanidad convocó ayer de urgencia a las autonomías para que hoy, miércoles, se reúnan en Valladolid en un encuentro «informal». El objetivo de Ana Mato es evaluar el impacto de la reciente reforma sanitaria, que incluye el nuevo copago farmacéutico y también la inminente prohibición de atender inmigrantes ’sin papeles’. Precisamente, ayer el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, del PP, se descolgó del resto de autonomías populares y anunció que continuará dando asistencia a este colectivo. Puede que la ministra anuncie hoy un cambio en la normativa ante la resistencia encontrada. Asturias no acudirá a la cita por problemas de agenda. La aprobación de la nueva jornada sanitaria es uno de los motivos.

La excepción del País Vasco, destacada por el ministerio, es desmentida por su consejería que, a su vez, acusa al ministerio de utilizar de forma tendenciosa datos “erróneos”

El gasto público farmacéutico baja un 24% en julio con el copago

El coste de las medicinas para los pacientes se ha elevado un 36% con la medida

Los laboratorios calculan que desde 2010 han dejado de ganar entre 3.000 y 5.000 millones

Elsa García de Blas, Madrid, en El País.

El Ministerio de Sanidad informó ayer de que el gasto farmacéutico se redujo en julio un 24% respecto al mismo mes del año anterior. En el primer mes de aplicación del nuevo copago en los medicamentos, que implica entre otras cosas que los pensionistas paguen por primera vez parte de sus tratamientos, el ahorro para las arcas del Sistema Nacional de Salud ha sido el más acusado desde 1.999, cuando empezó a elaborarse el registro. El gasto público se ha reducido, pero porque la carga del coste de los medicamentos se ha trasladado a los ciudadanos. El precio de las medicinas, según desveló el índice de precios al consumo (IPC), se elevó en julio un 36%.

El Sistema Nacional de Salud registró en julio un gasto farmacéutico de 702.867.409 euros, frente a los 923.988.119 euros que se gastaron en el mismo mes de 2011, según los datos hechos públicos por el ministerio que dirige Ana Mato. El número de recetas facturadas el mes pasado (67.481.678) también descendió: lo hizo en un 14,14%, “la mayor reducción registrada”, según Sanidad. El gasto medio por receta continuó en julio la tendencia a la baja de los últimos meses, con una disminución del 11,41% respecto al mismo mes del año pasado.

Las arcas públicas han obtenido un notable ahorro con el copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de julio, pero la medida ha elevado un 36,3% el coste de los medicamentos para los pacientes, tal y como desveló el IPC. Solo en los años 80 se registraron en el precio de las medicinas incrementos anuales (22,7%) como el del mes pasado. El aumento en el copago de los fármacos está además detrás del incremento de la inflación en julio, que pasó del 1,9% al 2,2% en tasa anual, un nuevo máximo en lo que va de 2012.

Por comunidades autónomas, las que más redujeron el gasto farmacéutico en julio fueron Murcia (-35,02%), Castilla y León (-32,96%), Castilla-La Mancha (-30,93%) y Madrid (-30,47%). El comunicado que difundió el ministerio añadía que el País Vasco es la única autonomía que incrementa el gasto en farmacia—el Ejecutivo de Patxi López es el único que se ha negado a aplicar el copago farmacéutico; Andalucía, aunque ha recurrido la medida, sí lo hace— con un aumento de su gasto farmacéutico en algo más de 1,2 millones de euros (2,75%). El departamento de Sanidad del Gobierno vasco negó esas cifras y acusó al ministerio de utilizar de forma tendenciosa datos “erróneos”. El único objetivo del ministerio, según el viceconsejero Jesús María Fernández en declaraciones a EL PAÍS, es empañar la “buena imagen” del Ejecutivo vasco, informa Carlos Laorden.

La consejería vasca sostiene que el gasto farmacéutico en julio ha sido de 41.311.787 euros, más de tres millones de euros por debajo de lo que estima el Gobierno, y en todo caso menos de lo que gastaron en el mismo mes de 2011 (43.685.742 euros).

Las medidas de contención del gasto farmacéutico, entre las que se encuentra el copago, han afectado a los bolsillos de los ciudadanos, pero también a los laboratorios. Un portavoz de la patronal, Farmaindustria, asegura que desde 2010, cuando comenzaron a ponerse en marcha, han dejado de ingresar entre 3.000 y 5.000 millones de euros. En todo caso, los laboratorios entienden que los recortes son el “mal menor” si sirven para que la financiación pública de los medicamentos “continúe siendo sostenible”.

Sanidad acusa al Gobierno central de manipular los datos de gasto farmacéutico

El ministerio había achacado el aumento de compras y recetas en Euskadi al rechazo al copago por el Gobierno vasco

Carlos Laorden Zubimendi, Bilbao, en El País (ayer).

El departamento de Sanidad del Gobierno vasco ha acusado al ministerio de utilizar de forma tendenciosa datos "erróneos" del gasto farmacéutico y, en un duro comunicado, ha pedido al ente dirigido por Ana Mato que se retracte públicamente. Sanidad considera que esta "manipulación grosera", como la ha calificado el viceconsejero, Jesús María Fernández, en declaraciones a EL PAÍS, tiene como objetivo empañar la "buena imagen" del Gobierno vasco por su resistencia a aplicar el copago "impuesto por Madrid".

El ministerio ha hecho público esta mañana un informe con los datos de gasto farmacéutico del pasado mes de julio, en los que señalaba que Euskadi es la única comunidad autónoma en la que ha aumentado el gasto farmacéutico, y cifraba la subida 1,2 millones. El Gobierno central, además, achacaba esta realidad a que el Ejecutivo de Vitoria no está aplicando "las medidas de eficiencia en el gasto", en relación al copago farmacéutico.

El departamento de Sanidad ha negado horas más tarde que el gasto farmacéutico en Euskadi en julio haya aumentado de 43,6 a 44,6 millones, como ha publicado el ministerio. La consejería sostiene que el gasto farmacéutico en julio ha sido de 41.311.787 euros, más de tres millones por debajo de lo que estimaba el informe ministerial (44.888.273). El departamento del Gobierno vasco también mantiene que son erróneos los datos de recetas facturadas, (con un desfase entre las dos versiones de más de 45.000 prescripciones), y del gasto medio por receta. (El ministerio lo cifra en 12,22 euros por prescripción, y la consejería asegura que fue de 11,39).

El departamento que dirige Rafael Bengoa ha descalificado el informe ministerial, al que ha acusado de carecer del "más elemental rigor técnico", y ha acusado a Ana Mato de ejercer una "muy escasa lealtad institucional", por "mentir de forma consciente en sus notas", y por atribuirse como suyos logros que "emanan de decisiones del anterior Gobierno español".

Un portavoz del ministerio ha declarado a EL PAÍS que los datos que se han publicado en el informe son los que remiten las propias comunidades autónomas. Esta misma fuente ha rechazado las acusaciones del departamento vasco, y se ha limitado a remitirse a los datos publicados esta mañana que, según ha reiterado, son "oficiales".

En el informe de gasto farmacéutico, hecho público esta mañana, se relacionaba la reducción del gasto de julio en el resto de autonomías con la puesta en marcha de las "nuevas medidas de eficiencia y equidad".

El Ejecutivo autonómico vasco, que había tomado en los últimos meses la resistencia contra determinados ajustes como bandera, se negó en su día a poner en práctica el copago.

Sin embargo, su decreto contra la aplicación del mismo se encuentra suspendido a la espera de una decisión por parte del Tribunal Constitucional (TC). Según indicó hace un mes el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, Euskadi está obligada a montar la estructura para implantar el copago mientras espera la resolución de su recurso, pero la puesta en marcha del nuevo sistema tardará "meses".

Bengoa declaró el viernes que la estrategia para hacer frente a los recortes en materia de sanidad "sigue intacta" pese al adelanto electoral. El consejeró indicó que confía en que el TC resuelva a favor del Gobierno vasco y reconozca la capacidad de Euskadi para no aplicar esta medida.

Tampoco a los más desfavorecidos

El Gobierno vasco insiste en que no aplicará el copago a los pensionistas aunque el TC rechace su recurso

BILBAO, EUROPA PRESS

El viceconsejero de Sanidad del Gobierno vasco, Jesús María Fernández, ha insistido en que Euskadi no aplicará el copago farmacéutico entre los pensionistas y sectores más desfavorecidos aunque el Constitucional rechace sus alegaciones, ni optará por un sistema que obligue al ciudadano a adelantar el dinero para un posterior reintegro.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Fernández ha recordado que el Ejecutivo prepara el recurso que presentará contra la resolución del Tribunal Constitucional de paralizar el decreto del Ejecutivo autónomo para la no aplicación, en Euskadi, del copago farmacéutico, que espera que prospere.

Por esta causa, ha afirmado que, por el momento, el Gobierno vasco no aplicará esta medida pero ha añadido que, aunque el recurso fuera rechazado, el gabinete López tiene "margen" para evitar poner en marcha el copago entre los pensionistas.

"El Estatuto de Autonomía del País Vasco otorga una serie de competencias, como los servicios sociales, que podemos utilizar", ha dicho.

En todo caso, ha aclarado que no hará uso de ningún sistema "que signifique que los pensionistas tengan que adelantar el dinero y luego se les reintegre". "Si hay una compensación, será una compensación en el momento de la retirada del medicamento en las farmacias, para que ningún pensionista tenga que adelantar ese dinero", ha afirmado.

También ha advertido de que el servicio vasco de salud seguirá atendiendo a los inmigrantes, un total de 35.000 personas en el conjunto de la comunidad autónoma, con una edad media de 33 años y un consumo de medicamentos que supone la quinta parte de lo que se dispensa a un ciudadano vasco, según sus datos.

“Derecho a curar”, una campaña en apoyo de la objeción de conciencia del personal sanitario

Médicos del Mundo, contra la exclusión de los 'sin papeles'

La ONG ha lanzado la campaña 'Derecho a curar' para que los médicos no se nieguen a atender a los inmigrantes que se encuentren en el país en situación irregular

AGENCIAS | MADRID

Médicos del Mundo ha anunciado el lanzamiento de la campaña 'Derecho a curar' para sumar adhesiones de profesionales sanitarios a la objeción de conciencia contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular.

La ONG también ha puesto en marcha una acción de movilización ciudadana a través de su web contra el decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad que dejará a las personas sin permiso de residencia sin acceso al sistema sanitario público a partir del 1 de septiembre.

Con esta iniciativa, Médicos del Mundo quiere contribuir a la iniciativa puesta en marcha por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) el pasado 10 de julio y que suma ya más de 1.300 profesionales objetores contra la exclusión sanitaria.

Dirigido a todos los profesionales

La iniciativa, dirigida en un primer momento a médicos y médicas de familia, se amplía a profesionales de todas las especialidades médicas, de enfermería o administrativos de salud ya que, como ha reconocido el presidente de Médicos del Mundo, Alvaro González, "se trata de suscitar un movimiento del mundo sanitario contra una medida que choca contra la ética profesional". "Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa", ha explicado.

Para ello, se han elaborado diferentes materiales como cartelería, vídeos virales, pegatinas e insignias para redes sociales. Además, la campaña cuenta ya con el apoyo de sociedades médicas, asociaciones profesionales y ONG.

Además, ha insistido en que la iniciativa lanzada por Médicos del Mundo también busca sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en apoyo de la profesión médica y a favor del derecho a la salud. La web incluye para ello diversos materiales como una carta modelo que cualquier ciudadano puede dirigir a su médico para solicitarle que objete contra la exclusión de las personas inmigrantes.

APOYA CON TU FIRMA EN DERECHOACURAR.ORG

WEB DE MEDICOS DEL MUNDO

Desmiente la afirmación del director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, en sentido contrario

CCOO ve inviable que Sanidad impida la subida de precio de los medicamentos desfinanciados

Foto: Agustín Rivero Cuadrado, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia

WEB de la C.S. de CC.OO.

La decisión del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de sacar de la financiación pública más de 400 medicamentos puede provocar un aumento del precio de los mismos. Así lo ha asegurado el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), Antonio Cabrera, en declaraciones a Europa Press.

En respuesta al director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, que afirmó que las farmacéuticas que quieran incrementar los fármacos afectados por tal desfinanciación, deberán de contar con el visto bueno de Sanidad, Antonio Cabrera, aseguró que "no pueden frenar la subida de precios en un mercado de libre competencia", si bien el Gobierno puede establecer precios de referencia para aquellos medicamentos en los que él es el comprador, pero "no en los que el comprador es el ciudadano".

"Es como si pretenden regular el precio del pan, no pueden. Imagino que presionarán algo a la industria para que hagan un esfuerzo en la contención del gasto, pero lo que no pueden es garantizar que el precio se mantendrá como hasta ahora", remarcó el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO).

Además, Cabrera  criticó que una vez más el Gobierno adopta medidas basadas sólo en los recortes que sobre todo afectarán a las rentas más bajas.

Critica que las reformas en la Sanidad "rompen el modelo de apoyo universal"

Bengoa matiza que el rechazo de Lakua a la reforma sanitaria del PP no es «insumisión»

Foto: El consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa.

GARA | GASTEIZ

El consejero de Sanidad del Gobierno de Lakua, Rafael Bengoa, volvió a criticar las reformas en la Sanidad pública llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy porque «rompen el modelo de apoyo universal» e incidió en que «hasta que no nos digan hacia qué modelo van, lo lógico es resistirse». En cualquier caso, puntualizó que desde el Gabinete de Patxi López se «está trabajando legal contra legal», frente a quienes califican su actitud de «insumisión» a las directrices marcadas por Madrid.

En una entrevista concedida en Radio Euskadi y difundida por Europa Press, Bengoa insistió en que en la CAV las personas sin papeles y en situación más vulnerable no tendrán que financiar sus medicamentos. Bengoa manifestó que si las medidas decretadas por el Gobierno del PP «van hacia un modelo en que van deshaciendo trozos y que permite entrever un cierto sesgo para la medicina privada, pues nosotros obviamente nos opondremos a eso».

Pero, replicando a las acusaciones de «insumisión», subrayó que desde el Ejecutivo de Lakua se está estudiando cómo hacer frente a la situación respetando la legalidad, ya que «en un Estado de autonomías existe un marco competencial, y uno no puede estar intentando subyugar a las comunidades autónomas a través de decretos ley».

Tras la decisión del Tribunal Constitucional español de admitir el recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy y anular el decreto de Lakua que impedía el copago farmacéutico en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Ejecutivo autonómico está intentando retrasar la aplicación de esa medida, en un primer momento alegando dificultades técnicas y administrativas para hacerlo rápidamente.