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JUNTA-PERSONAL

Una de cal y una de arena: la de cal las esperadas limitaciones al uso de la “libre designación” y la de arena la congelación salarial – que sigue siendo más pérdida de poder adquisitivo -, … ¡¡ver, veremos que pasa con el empleo temporal!!

Una de cal y una de arena: la de cal las esperadas limitaciones al uso de la “libre designación” y la de arena la congelación salarial – que sigue siendo más pérdida de poder adquisitivo -, … ¡¡ver, veremos que pasa con el empleo temporal!!

El Principado prevé congelar el sueldo a los funcionarios y no contratar más personal

El proyecto de Presupuesto para 2012 incluye una nueva modificación de la ley de Función Pública para limitar las contrataciones «a dedo»

Oviedo, Pablo GALLEGO, en La Nueva España

El Gobierno del Principado, de Foro Asturias, quiere congelar el sueldo de los casi 36.000 funcionarios asturianos. Los salarios para 2012 de quienes tienen una plaza en la Administración, en los organismos, entes y empresas públicas, o en la Universidad de Oviedo «no experimentarán ningún incremento con respecto a las de 2011», según se indica en el capítulo III del proyecto de Presupuestos regionales para el próximo año, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

En el mismo capítulo también se indica que «no se procederá a la contratación de personal temporal» o de funcionarios interinos, salvo para cubrir necesidades «urgentes e inaplazables». Las nuevas cuentas regionales irán acompañadas además de una nueva modificación en la ley de Ordenación de la Función Pública. Cambios que, entre otros asuntos, limitan la provisión de puestos por libre designación, las llamadas contrataciones «a dedo», a casos de «carácter excepcional».

La congelación salarial prevista por el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos, de Foro Asturias, afectará a los empleados públicos de toda la Administración regional, incluidas la sanidad y la educación. En el caso del personal funcionario de Justicia, el documento indica que sus complementos y mejoras retributivas «no experimentarán incremento alguno». El proyecto mantiene también el actual recorte sobre las pagas extra de los funcionarios, y deja muy poco margen, prácticamente ninguno, a la posibilidad de que el Principado promueva ofertas de empleo público.

En el borrador del Presupuesto se indica que, de haberla, la oferta no podrá superar los límites que establezca el Estado. Pero a escala nacional el nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya indicó en el Congreso su intención de no aumentar el personal público, manteniendo en cero la tasa de reposición, con dos excepciones: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los servicios públicos básicos. En el proyecto de Presupuestos se afirma que la convocatoria sólo se plantearía en sectores «absolutamente prioritarios».

La propuesta económica para los funcionarios del Principado, y las modificaciones en la ley de Función Pública, que se remonta a 1985 y cuya renovación parece estar en la agenda del Gobierno, se discutirán esta tarde en una reunión de la Mesa General de Negociación. El encuentro llega poco más de 24 horas después de la reunión mantenida ayer entre el consejero de Hacienda, Ramón del Riego; el viceconsejero de Sector Público, Juan Luis de la Vallina, y los representantes de los funcionarios.

La remodelación de la ley de Función Pública tendrá en cuenta, según indicaron ayer el presidente de la Junta de personal, Miguel Ángel González, y responsables de los sindicatos USIPA y CSIF, buena parte de los 22 puntos del documento para la mejora de la Administración asturiana elaborado por los funcionarios. En él se incluye la propuesta de limitar la provisión de puestos por libre designación, para devolverla «a su estado original», explica González, reservándola para casos excepcionales. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Asturias cuestionaron ya en sus sentencias este procedimiento, elegido por la anterior Administración para la provisión de numerosos puestos. Esta propuesta, junto a la de que los concursos tengan en cuenta «únicamente los méritos exigidos» en su convocatoria, aparecen ya en la modificación de la ley que acompañará al proyecto de Presupuestos.

La congelación del sueldo de los funcionarios se enmarcaría en el paquete de medidas previsto por el Gobierno asturiano para reducir el déficit autonómico. Ayer, el Ejecutivo afirmó que el aumento de la deuda en el tercer trimestre de 2011 no se podía achacar a su gestión, sino al «endeudamiento contraído a finales de 2010 y primer semestre de 2011», estimado por el Banco de España en 534 millones, por el Gobierno anterior, del PSOE.

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Las propuestas están preparadas desde hace más de dos meses… esto va un poco lento ¿o no?

Las propuestas están preparadas desde hace más de dos meses… esto va un poco lento ¿o no?

Los funcionarios se plantan ante las injerencias políticas

Los sindicatos elevan a Del Riego 22 medidas de transparencia

13/12/2011, Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias
Los funcionarios del Principado quieren otras normas del juego para su relación con la Administración regional. Más allá del enfado por el recorte de sueldo a consecuencia del paquete de ajuste de mayo de 2010, los trabajadores públicos reivindicarán hoy ante el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, cuyo departamento ejerce también las competencias sobre personal, una nueva ley que dé un marco jurídico estable a la política laboral del Gobierno. Hasta que ese nuevo texto entre en vigor, los cinco sindicatos representados en la Junta de Personal (por orden de apoyos, CSI, USIPA, CSIF, CCOO y UGT) han pactado un documento que plantea 22 medidas para limitar la interinidad y mejorar la transparencia en los procesos de selección, las retribuciones y los episodios de corrupción.
En principio, las medidas encaminadas a la reforma de la función pública son una prioridad del Gobierno de Foro Asturias, que les reservó una parte destacada de su programa electoral y mucho tiempo en campaña. Lo que debe probar el encuentro de hoy es si la orientación que Del Riego quiere imprimir a esos cambios coincide con la visión de los sindicatos.
Para la Junta, la prioridad es definir una actuación que no esté pendiente de las resoluciones judiciales sobre los contenciosos que plantean los sindicatos. Ese es su principal reproche al enfoque de las políticas del anterior Ejecutivo socialista. Los representantes de los trabajadores separan sus propuestas en dos capítulos distintos: las medidas que pertenecen estrictamente a la gestión de las plantillas y las que hacen referencia a la contratación pública.
Sobre la incorporación de trabajadores a la función pública, las centrales hacen hincapié en la necesidad de cambiar los procesos de selección. Plantean el fin de la discrecionalidad en la elección de los tribunales calificadores, un régimen más duro de incompatibilidades para los funcionarios que también ejercen de preparadores de oposiciones, la eliminación de los puestos a medida y la responsabilidad personal de quienes organicen procesos irregulares, ya sean políticos o funcionarios.
Para reforzar la transparencia, los sindicatos abogan por dar publicidad en el Bopa a todos los nombramientos y ceses de personal eventual de confianza, así como sus retribuciones. También plantean limitar su número a una persona por consejería. En la misma línea, la plantilla plantea reducir al mínimo la interinidad, limitar las comisiones de servicio a los casos de extraordinaria y urgente necesidad y evitar el recurso a la libre designación. Otro de sus objetivos es separar las trayectorias profesionales de las políticas con la supresión del complemento para altos cargos y nuevos requisitos para percibir gratificaciones extraordinarias.
Menos asesorías externas
En cuanto a la organización de los servicios de la Administración y el encargo de contratos, los funcionarios piden reducir la externalización de trabajos que puede asumir la propia plantilla pública. Los sindicatos ponen sobre la mesa la reducción del uso de asistencias técnicas y consultorías y proponen poner fin al prestamismo laboral de empresas privadas incrustadas en la estructura pública. En la lucha contra la corrupción, aspiran a reforzar los poderes de la Inspección y la Intervención y proponen que el acceso al registro de contratos sea abierto a través de internet.

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La Junta de Personal del área VIII y el delegado del personal laboral se reúnen con la Gerencia de A. Especializada este miércoles…

La Junta de Personal del área VIII y el delegado del personal laboral se reúnen con la Gerencia de A. Especializada este miércoles…

REUNIÓN:         GERENCIA, JUNTA DE PERSONAL, OO. SS. Y DELEGADO DE PERSONAL

FECHA:      26 de octubre de 2011

HORA:       12,30 horas

LUGAR:     SALA DE JUNTAS DE GERENCIA

“Se le convoca a la reunión que se celebrará en la fecha, hora y lugar indicados, con arreglo al Orden del Día que figura a continuación:

Riaño-Langreo, 19 de octubre de 2011

EL GERENTE

ORDEN DEL DÍA

1.-    Lectura y aprobación del Acta anterior

2.-    Nombramiento de los Delegados de Prevención

3.-    Plan formativo Selene

4.-    Marquesina consultas externas

5.-    Climatización

6.-    Tubo neumático

7.-    Farmacia y Anatomía Patológica

8.-    Estrategias Gerencia 2011-2012

9.-    Gestión Clínica Especializada

10.-  Ruegos y preguntas”

Lo que habría que pedir es la apertura rápida del nuevo HUCA porque todo lo demás es gasto a fondo perdido…

Lo que habría que pedir es la apertura rápida del nuevo HUCA porque todo lo demás es gasto a fondo perdido…

Los sindicatos urgen mejoras en el HUCA hasta el traslado a La Cadellada

Dicen que el deterioro que acumula el viejo hospital «repercute de forma negativa en la atención sanitaria»

Foto: Camas almacenadas en uno de los pasillos del Hospital Materno-Infantil.

10.10.11 - LAURA FONSECA | OVIEDO.

«Que el viejo Hospital Central está en malas condiciones es evidente, por eso decidieron construir uno nuevo. El problema es que el deterioro ha ido a más en estos años porque todas las miradas estaban puestas en el traslado a La Cadellada». María José Fernández es auxiliar de enfermería y miembro de la Junta de Personal por el sindicato SAE. Conoce al viejo HUCA, en el que trabaja desde hace décadas, como la palma de su mano. «Está en muy mal estado desde que se dejaron de hacer obras importantes porque nos íbamos a marchar al futuro hospital», dice.

Ella, al igual que otros miembros de la Junta de Personal, como el médico Ángel Colmeiro, del Simpa, o Francisco Menéndez, del Sicepa, creen que los actuales responsables del Central tendrían que mejorar el mantenimiento del complejo sanitario. «Sabemos que hay problemas de dinero y que el viejo hospital sólo se puede parchear, pero hay deficiencias que repercuten de forma negativa en la atención sanitaria», señala Colmeiro.

Las reacciones de los trabajadores del HUCA se producen un día después de que EL COMERCIO publicara un reportaje que daba cuenta de algunos de los múltiples desperfectos y deficiencias que acumula el vetusto complejo, conformado por 17 edificios construidos a principios de 1960. Desde camas y cunas agolpadas en los pasillos, hasta cristales rotos, desconchones en fachadas o estrechas salas de espera con pacientes hacinados, como ocurre en varios servicios, entre ellos, los de Oncología Médica, Dermatología y Oftalmología.

Todas estas dificultades se agravarán si el traslado a La Cadellada se retrasa aún más de lo previsto. El anterior Gobierno regional (PSOE) había indicado que el futuro HUCA abriría a mediados de 2012. Sin embargo, el Ejecutivo entrante (Foro Asturias) rectificó a sus antecesores y aseguró que el nuevo complejo estaba inacabado y que no podría ser inaugurado hasta septiembre de 2013. «Estamos en una incertidumbre total. Los trabajadores no sabemos a qué atenernos», se queja Francisco Menéndez, del Sicepa. Este representante sindical cree que «los usuarios tienen una paciencia infinita y aguantan carros y carretas», recrimina. Similar opinión muestra el facultativo Ángel Colmeiro, que recuerda que varios de los puntos negros del HUCA, entre ellos su elevada estancia media, «se debe a que tenemos un hospital obsoleto, donde los pacientes tienen que ser llevados de un edificio a otro, en ambulancia, y eso hace que tengan que pasar más tiempo ingresados, por ejemplo». Muchas obras de mejora fueron paralizadas porque la mudanza a La Cadellada era inminente. «Ahora no sabemos qué va a ocurrir ni cuánto tiempo más tendremos que aguantar en el viejo hospital», afirman.

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Y esto lo plantea la Junta de Personal del Hospital cuyos indicadores en cuanto a listas de espera son los que mejor están…

Y esto lo plantea la Junta de Personal del Hospital cuyos indicadores en cuanto a listas de espera son los que mejor están…

Los sindicatos piden reabrir más plantas en el hospital

Dicen que los quirófanos están casi al 100% y ha crecido la presión asistencial

Foto: El nuevo gerente del Hospital San Agustín, Fernando Tejada (centro), en su toma de posesión junto con el resto del equipo directivo.
07/10/2011, F. ALLENDE, Avilés, en La Voz de Asturias
El Hospital comienza a registrar un aumento de la presión asistencial. Según los sindicatos de la junta de personal, “los quirófanos empiezan a estar llenos” y anuncian que si la próxima semana no se abre una de las plantas cerradas reclamaran su apertura al nuevo gerente del centro sanitario, Fernando Tejada.
“Los quirófanos empiezan a estar al cien por ciento y hace unos días hubo que habilitar una estancia para poner más camas ante la subida de la demanda”, explicó el presidente de la junta de personal, David Menéndez.
“Lo normal seria que la próxima semana se reabriera alguna de las plantas que están cerradas, pero si no es así se lo reclamaremos al gerente”, que todavía no ha convocado la primera reunión con los representantes sindicales para abordar las situación asistencial y los problemas laborales de los trabajadores.
Tejada tomó posesión de su cargo el pasado martes y también tuvo su primera toma de contacto con el centro hospitalario. El nuevo gerente está licenciado en medicina por la Universidad de Oviedo, y previamente había sido director de atención especializada en el Servicio Aragonés de Salud, así como gerente del área sanitaria de Zaragoza. Hasta ahora ocupaba una plaza como nefrólogo en el Hospital de Arriondas y sustituye a Alfonso Flórez. Flórez, que ha pasado a desempeña la gerencia del Hospital de Toledo, se había incorporado en el año 2003 al centro de Avilés para sustituir a María Teresa Iglesias.
Ahora, Tejada debe afrontar la nueva situación que se plantea tras el final del verano, con el incremento de la demanda asistencial propia de la temporada de otoño. Los sindicatos esperan que el nuevo gerente mantenga una reunión para abordar estos temas.
El Hospital San Agustín ahorra cada día una media de 40.000 euros con el cierre de cuatro plantas. El centro del área sanitaria de Avilés inició la clausura de zonas asistenciales a finales del pasado mes de mayo y mantiene fuera de uso unas 100 camas, cuyo coste medio es de unos 400 euros por día y unidad, según fuentes sindicales del Hospital.
La gerencia del Hospital decidió el pasado mes de mayo cerrar la tercera planta sur donde ingresan pacientes de urología, ginecología y hematología. También decidió cerrar la sexta norte, destinada a los enfermos de medicina interna y neurología. Estas plantas se sumaban a la cuarta sur, dotada como las anteriores con 32 camas y destinada exclusivamente a emergencias, que ya se había cerrado. Además, se procedió también al cierre del hospital de corta estancia que tiene doce camas.
Pero ante la nueva coyuntura y el repunte de la demanda asistencial, los sindicatos estiman que es necesario abrir alguna planta.

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Mas sobre las propuestas para regenerar la función pública asturiana…

Mas sobre las propuestas para regenerar la función pública asturiana…

La Junta de Personal exige derogar la ley de Función Pública para atajar la libre designación

Los sindicatos coinciden en que el nuevo Gobierno regional «va lento porque no quiere polémicas con los funcionarios antes de las elecciones»

Foto: Los representantes de USIPA, CSIF, CSI, UGT y CC OO en la Junta de Personal del Principado.
Oviedo, J. A. ARDURA

La Junta de Personal del Principado pide al nuevo Gobierno regional, que preside Francisco Álvarez-Cascos (FAC), que derogue la ley de Función Pública aprobada por el anterior Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces, en diciembre de 2010, que ampliaba los supuestos para el uso de la libre designación dentro de la Administración regional. Los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal de la Administración regional, CSI, USIPA, CSIF, UGT y CC OO, han consensuado un documento con veintidós medidas a aplicar en la Administración regional que trasladarán próximamente al consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, y para cuya elaboración contaron con las aportaciones realizadas por el Conceyu por otra Función Pública en Asturias.

Los sindicatos de la Junta de Personal consideran «prioritaria» la aprobación de una nueva ley de Función Pública. «Nuestra intención es que se derogue la actual ley, pero creemos que el nuevo Gobierno regional tiene en mente introducir cambios en el texto aprobado por el anterior Ejecutivo», manifestó Miguel Ángel González, presidente de la Junta de Personal de la Administración regional. Los funcionarios «ignoran» qué contenidos cambiará el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos de la ley promovida por el Gobierno de Areces durante la tramitación de su último Presupuesto, a finales del pasado año, pero esperan que las modificaciones afecten a las cuestiones más controvertidas del texto, que salió adelante con los votos del PSOE e IU y el rechazo del PP, que calificó la ley de inconstitucional, tales como la ampliación de los puestos que se podían cubrir por libre designación entre la plantilla de funcionarios o la introducción de elementos subjetivos en la valoración de méritos. La Junta de Personal cree que el nuevo Gobierno regional está actuando con «mucha lentitud» en materia de función pública. «No quieren generar controversia antes de las elecciones», afirmó Miguel Ángel González. «Pero lo poco que han hecho no está presidido por la transparencia, porque no han publicado en el BOPA los cambios en la relación de puestos de trabajo, tan sólo han hecho una comunicación interna por intranet», afirmó José Antonio Fernández, de CC OO.

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Propuestas para la regeneración de la «degradada» función pública asturiana que ha elaborado la Junta de Personal Funcionario del Principado…

Propuestas para la regeneración de la «degradada» función pública asturiana que ha elaborado la Junta de Personal Funcionario del Principado…

Los funcionarios piden a Foro más control para evitar corruptelas y sobrecostes

La Junta de Personal del Principado propone suprimir el complemento de los altos cargos, publicar todos los contratos y mayor transparencia urbanística

Foto: El edificio de consejerías de Llamaquique, en Oviedo.
Oviedo, J. A. ORDÓÑEZ / J. A. ARDURA, en La Nueva España
La supresión del complemento de altos cargos, la lucha contra la interinidad y los excesos de la libre designación, la publicación en la página web institucional del Principado de los contratos menores de la Administración, responsabilidades personales para los políticos o funcionarios que hagan contrataciones fraudulentas, un mayor control de las incompatibilidades y más transparencia en organismos colegiados como la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (CUOTA). Éstas son algunas de las veintidós medidas para la regeneración de la «degradada» función pública asturiana que ha reunido la Junta de Personal Funcionario del Principado en un documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que será presentado en breve tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios de la Junta General o a instituciones como la Procuradoría General.

La propuesta también plantea la puesta en marcha de mecanismos que permitan a los empleados públicos denunciar, con protección, presuntos casos de corrupción en la Administración. De esta forma, se pretende facilitar que el personal pueda colaborar en la detección de actuaciones irregulares sin temor a sufrir represalias que puedan afectar negativamente a su carrera profesional.

En el inicio de una nueva legislatura autonómica, la propuesta de los funcionarios persigue poner coto, con medidas concretas, a los numerosos escándalos, problemas y carencias detectados en la función pública asturiana y en la gestión de personal del Principado durante los últimos años, reiteradamente denunciados por LA NUEVA ESPAÑA. Ahí están, a modo de ejemplos, el denominado «caso Marea» de corrupción en el seno de la Administración regional, las numerosas sentencias contra el uso excesivo de la libre designación, incluyendo la anulación del nombramiento de 240 altos cargos entre otros varapalos a la gestión del personal, la falta de controles para evitar contrataciones «a dedo» o los casos de empresas de familiares directos de altos funcionarios del Principado que facturaban habitualmente para la Administración regional.

Para empezar, y con el objeto de garantizar una correcta selección del personal, el documento propone que la elección de los integrantes de los tribunales deje de ser discrecional y que, al tiempo, se eliminen las pruebas subjetivas que, como en el caso de las entrevistas personales, puedan beneficiar a determinados candidatos. Además, la Junta reclama una solicitud previa de compatibilidad para aquellos funcionarios que vayan a preparar oposiciones, o que se exijan responsabilidades personales, además de las penales, para aquellos políticos o funcionarios que intervengan de forma dolosa en contratos fraudulentos. En estos casos, el personal pide que se dispense una especial atención a los encadenamientos sucesivos de contratos temporales o a la cesión irregular de trabajadores.

La propuesta funcionarial también aboga por que se publiquen en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) los nombramientos, ceses y retribuciones del personal eventual de confianza de los altos cargos o que los nombramientos provisionales en comisiones de servicio sólo se hagan por razones de urgente necesidad, convocando esos puestos por concurso de méritos en un plazo máximo de tres meses. En esta misma línea, la Junta de Personal sostiene que los nombramientos de libre designación sean «excepcionales», exclusivamente para aquellos puestos que requieran un elemento de confianza y, en ningún caso, para funciones relacionadas con personal o intervención y fiscalización del gasto. De igual forma, persigue que la interinidad se limite a casos muy justificados y urgentes, incorporando las vacantes a la primera oferta de empleo.

Del capítulo de retribuciones destaca la propuesta de suprimir el denominado complemento del alto cargo, una gratificación para los funcionarios que ocupen durante dos años puestos políticos en la Administración. Este complemento, que en la actualidad se consolida al cesar como alto cargo, es, a juicio de la Junta de Personal, un «privilegio salarial que carece de cualquier justificación objetiva o razonable, más allá de premiar una actuación partidista».

La propuesta de regeneración de la función pública también tiene en cuenta la necesidad de controlar a fondo las posibles incompatibilidades, con el objeto de «evitar conflictos de intereses por la simultaneidad de las funciones públicas con actividades en el sector privado», así como la creación en la web institucional del Principado de un registro de contratos de acceso libre. En este asiento tendrían que inscribirse todos los contratos de la Administración, incluidos los menores. En el caso de los denominados contratos negociados sin publicidad, los funcionarios creen que debe ser obligatoria la inclusión en el citado registro de empresas consultadas y el importe de sus ofertas.

Para evitar la existencia o sospecha de que pueda haber conflictos de intereses o informaciones privilegiadas en la preparación de pruebas selectivas para acceder al empleo público, la Junta de Personal reclama a la Administración que extrema las medidas de control. Y, para esta tarea, da especial relevancia a la Inspección de Servicios.

El Instituto Adolfo Posada fomentará y dará prioridad a la formación de los miembros de tribunales de selección, incidiendo especialmente en los secretarios, que son los encargados de velar por la legalidad de los actos del tribunal, cuyos integrantes no deberían ser elegidos de forma discrecional, según la Junta.

La Junta de Personal aboga por desterrar ciertas prácticas de las pruebas de selección que son incompatibles con la objetividad que siempre debe presidir estos procesos y que benefician a algunos aspirantes violando el principio de igualdad. Es el caso de la entrevista personal o la exigencia de memorias sobre las funciones específicas de un puesto ocupado previamente por un aspirante a la plaza.

Los funcionarios consideran urgente erradicar la provisionalidad generalizada en la Administración, que condiciona los concursos de méritos en favor de quienes han estado trabajando en comisión de servicios.

La Junta de Personal califica de «inaplazable» acabar con la opacidad que aprecia en torno al personal eventual de confianza, evitando los riesgos de tráfico de influencias. En época de crisis como la actual, la propuesta es que no haya más de un empleado de estas características en cada Consejería.

Acabar con las prácticas frecuentes de cesión de trabajadores vinculados a empresas públicas hacia la Administración para evitar de forma «fraudulenta» la ampliación de la oferta de empleo público es otra de las cuestiones que la Junta de Personal propone para la regeneración de la función pública asturiana que persigue.

La contratación innecesaria de servicios privados, en muchas ocasiones mediante contratos menores o negociados sin publicidad, cuando la propia Administración dispone de personal cualificado para desempeñarlos, es otra de las cuestiones a eliminar, según los funcionarios.

La Junta de Personal estima que las retribuciones por gratificaciones extraordinarias deben de publicarse en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA), identificando al perceptor, el puesto que ocupa y el importe económico. La documentación se enviará trimestralmente a los sindicatos indicando las causas concretas de las citadas gratificaciones.

Como nadie lo cuenta, lo contamos nosotros…

Como nadie lo cuenta, lo contamos nosotros…

Designados con polémica los delegados de prevención de Especializada y Primaria del área VIII

No se ha constituido oficialmente la Mesa General de Función Pública (Mesona), y menos aún la Sectorial de Sanidad, pero los Delegados de Prevención en los centros de trabajo del SESPA ya son objeto de reparto…
El pasado día 7 de los corrientes, siguiendo las indicaciones de los ámbitos superiores de sus respectivas organizaciones -en el caso de CEMSATSE y CC.OO., así parece ser que fue-, se procedió a designar a los nuevos delegados de prevención por la Junta de Personal del área VIII para los ámbitos de A. Especializada y A. Primaria de esta área, recayendo el nombramiento en los siguientes trabajadores/as:
A. ESPECIALIZADA.- Elisa Mella Zapico (CEMSATSE), Nery Iglesias Fernandez (UGT), Natalia López García (USAE) y Elvira Sánchez García (CC.OO.)
A. PRIMARIA.- Mª Luz Asensio Carrasco (CEMSATSE), Lorenzo Moro Alvarez (CEMSATSE) y Mª Luisa Corral Fernandez (¿SICEPA-USIPA?)
Llama poderosamente la atención que SICEPA-USIPA, la organización con menos votos en A. Primaria tenga un delegado en este ámbito y no lo tenga en el Hospital dónde fue la tercera fuerza sindical más votada, y que CEMSATSE tenga 3 en total, cuando los 7 delegados obtenidos en las últimas elecciones sindicales no son, ni mucho menos, el triple que los 4 estatutarios + 1 laboral (5 en total) que tiene la UGT…
Es evidente que no se trataba de garantizar porcentajes de representatividad ni respeto de los ámbitos en los que cada cual tiene más apoyos. Quizá por eso es que no se quiso esperar a las constituciones oficiales de los ámbitos de representación regionales – de acuerdo con el EBEP el cómputo de resultados electorales tendría que hacerse a finales de este mes y hasta entonces no se constituyen ni la Mesa General (Mesona), dónde ahora también está presente la CSIF, ni la Sectorial de Sanidad …-
UGT, única organización que se opuso a todo esto en la reunión de la Junta de Personal del área VIII del pasado miércoles, tiene previsto recurrir el reparto de los Delegados de Prevención ante los ámbitos oficiales de representación nada más que se constituyan.
Poco más puedo contaros excepto – y esto especialmente dedicado a los que aún somos afiliados de CC.OO. en la SSE de este Hospital – que nos sientan un nuevo y brillante precedente “democrático”: ni reunión, ni debate, ni elección de la nueva delegada de prevención por parte de los afiliados/as… ah! y supongo que a la anterior, Mª Teresa Rubianes – esa sí elegida democráticamente en su día – ni siquiera se lo comunicaron…