LEGISLACION

Procesos tramitados por el anterior gobierno

Adjudicada en 58.000 euros la asesoría para el suministro de muebles del HUCA

VER LA DISPOSICION PUBLICADA EN EL BOPA DEL VIERNES PASADO

04.06.2012 - L. F.GIJÓN, en El comercio.

Un estudio de arquitectura de Gijón será el encargado de asesorar al HUCA en todo lo referido al suministro de mobiliario para el nuevo complejo hospitalario que empezará a funcionar en La Cadellada. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba el pasado viernes la formalización del contrato con la empresa de Verónica Durán Sela por importe de 58.000 euros, dos mil euros por debajo de la base de licitación.

La adjudicación se hizo efectiva el 14 de mayo pasado, según precisa el anuncio publicado en el BOPA. Dicha firma se encargará de asesorar al HUCA en materia de distribución de espacios en los más de 200.000 metros cuadrados que estarán disponibles en los diferentes bloques de La Cadellada. El estudio de arquitectos tendrá que coordinar y supervisar el proceso de suministro del mobiliario a medida para equipar al nuevo HUCA y también llevar a cabo el asesoramiento técnico para los ajustes en obra derivados de la instalación de dichos muebles.

La apertura del futuro hospital es uno de los temas que tendrá que abordar, de inmediato, el nuevo consejero de Sanidad, Faustino Blanco. Su antecesor en el cargo aseguró que dejaba el HUCA «a punto de concluir su obra civil» y con un 90% de su equipamiento adjudicado. La entrada en servicio del complejo se vio retrasado de manera sensible por parte de los dos últimos gobiernos del Principado, ya que la previsión original era que el HUCA echara a andar durante el año 2010.

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Estructura del Gobierno Regional

Educación y Sanidad mantendrán las competencias sobre su propio personal

El Principado iniciará los nombramientos de cargos por las consejerías que mantienen su estructura

Consumo regresa al departamento sanitario

Oviedo, P. GALLEGO, en La Nueva España

Las consejerías de Sanidad y Educación mantendrán las competencias sobre su propio personal, atribuciones que habían recuperado con el Gobierno anterior, de Foro. El decreto de reestructuración de los departamentos que integran la Administración regional no revoca lo aprobado, también por decreto, el 16 de julio del año pasado, por lo que ambos departamentos seguirán controlando a sus empleados públicos, especialmente, a los que conforman los distintos niveles de especialización sanitaria y docente.

A falta de saber qué pasará con los funcionarios de justicia, máxime cuando las competencias de esta área pertenecen ahora a la Consejería de Presidencia -habrá que esperar al desarrollo del decreto-, el resto de los casi 35.000 empleados públicos del Principado dependerán, como hasta ahora, de la Dirección de Función Pública, integrada en la Consejería de Hacienda.

Con la decisión de que las consejerías de Educación y Sanidad mantengan el control sobre su propio personal, el Gobierno de Javier Fernández se distancia del modelo de selección, formación y control de los empleados públicos seguido por el anterior Gobierno del PSOE. En la tercera legislatura de Vicente Álvarez Areces, y con la llegada de la ex consejera Ana Rosa Migoya al frente de Administraciones Públicas, toda la política de personal se concretó en esta consejería. Además el Instituto Adolfo Posada concentraba todas las competencias en materia de selección de personal, una política muy protestada por los colectivos docentes y sanitarios.

Según explicó el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, el nombramiento de los cargos de segundo y tercer nivel -viceconsejeros y directores generales- comenzará por los departamentos que no han sufrido modificaciones.

A los cambios en la Consejería de Presidencia -que también recupera las competencias de Igualdad y Juventud, aunque la relación con los ayuntamientos sigue en Hacienda- se une la vuelta de las competencias sobre Consumo a la consejería de Sanidad. El objetivo, según indica el decreto de reestructuración, «asegura el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud».

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SECCION DE LA WEB DEL PRINCIPADO DONDE SE IRA ACTUALIZANDO TODO ESTO…

Algunos ceses en el BOPA de hoy

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Carmen Celorio Peinado, como Gerente del Hospital “Monte Naranco” de Oviedo. 

PDF de la disposición

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Ciara García Fernández, como Directora Médica de Atención Especializada del Área II. 

PDF de la disposición 

Ahora continúa el trámite en el Senado

El PP endurece la reforma laboral al acortar la prórroga de los convenios

Los empresarios ganan poder para cambiar los horarios y las jornadas laborales

El contrato con despido gratis desaparecerá si el paro baja del 15%

Manuel V. Gómez, Madrid, en El País.

La reforma laboral, a su paso por el Congreso, ha sufrido algo más que los "cambios técnicos" que el Gobierno decía estar dispuesto a aceptar. El PP ha acabado por darle una vuelta de tuerca y acercar más el resultado a las tesis patronales. Si el decreto de febrero acabó con la prórroga indefinida de los convenios no renovados y la dejaba en dos años, el texto aprobado este jueves la reduce a uno. Además, da más poder al empresario para cambiar de forma unilateral las condiciones laborales al permitirle disponer de hasta un 10% de la jornada anual, frente al 5% actual.

Hay otro cambio significativo: el contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con un periodo de prueba de hasta un año, en el que se puede despedir sin indemnización, se ha condicionado a que la tasa de desempleo esté por encima del 15%, tras un pacto del PP con CiU. “Es un contrato de crisis”, definió en los pasillos del Congreso el director general de Empleo, Xavier Thibauld, uno de los arquitectos de la reforma.

A primera vista, esta modificación es un guiño a los sindicatos, muy críticos con esta figura por considerarla inconstitucional. Sin embargo, la realidad lo deja en un brindis al sol. El paro ahora está por encima del 24%. El mismo Gobierno, en sus previsiones, no espera que esta tasa baje en esta legislatura y el FMI, uno de los pocos órganos que hace pronósticos a largo plazo, vaticina un paro por encima del 20% en España hasta 2017.

El texto que este jueves aprobó la Comisión de Empleo del Congreso con los votos de PP y CiU no es definitivo. Ahora, la reforma laboral tiene que pasar por el Senado y posteriormente volver al Congreso, donde finalizará la tramitación parlamentaria, previsiblemente antes de que acabe junio.

Para el PP, los cambios introducidos dejan un texto "bastante completo", en una reforma que es "equilibrada y profunda", según definió, echando mano del argumentario habitual, la popular Carolina España. "La reforma vulnera todos los derechos de los trabajadores", atacó la socialista Concha Gutiérrez. Por su lado, el portavoz de la Izquierda Plural tildó el texto aprobado de "contrarreforma" que "tiene como único objetivo reducir salarios cargándose la negociación colectiva".

También los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), fueron muy críticos con lo aprobado este jueves. Para ellos, "las enmiendas agravan más" la reforma contra la que ya convocaron una huelga general, según las declaraciones que hicieron tras entregar una carta en el Congreso en la que pedían que no se aprobara la reforma laboral.

Para reducir de dos años a uno la prórroga en los convenios no renovados, el PP dio su apoyo a una enmienda de Foro. Fue la única que salió adelante del partido de Francisco Álvarez Cascos. Una vez el nuevo texto entre en vigor, cuando transcurran 12 meses sin acuerdo, el convenio no renovado decaerá y la referencia pasará a ser el pactado en ámbitos superiores (sectorial provincial, autonómico o estatal, donde los pactos suelen ser de mínimos). Si no existiera un convenio superior, el marco al que acogerse será el Estatuto de los Trabajadores.

El argumento del Ministerio de Empleo para aceptar este cambio es que, en la actualidad, el plazo medio de renovación de convenios es de siete meses. Además, Thibauld se muestra convencido de que serán muy pocos los convenios que decaerán porque no se renuevan. "No le conviene a nadie. Una empresa sin convenio es ingobernable", justifica.

Entre las enmiendas aprobadas, hay una que aumenta el poder empresarial para disponer de hasta el 10% de las horas que un empleado debe trabajar al año (unas 1.750 horas). Para hacerlo, bastará con que el trabajador sea informado del cambio con cinco días de antelación. Empleo justifica el cambio basándose en que es una recomendación para los negociadores de convenios que sindicatos y patronal pactaron en el acuerdo de negociación colectiva del pasado enero.

Entre las enmiendas que salieron adelante, hay una del PP que aclara que, para despedir por absentismo, las empresas no podrán contar las bajas justificadas causadas por enfermedades graves o tratamientos contra el cáncer. También se aprobó una pactada con CiU que da más protagonismo a la autoridad laboral en la tramitación de los despidos colectivos. Esta modificación no supone recuperar la autorización administrativa, pero sí que se otorga mayor control a la Administración que incluso podrá actuar como mediador o asesor en el proceso, si una de las partes lo solicita.

La reforma tras su paso por el Congreso

Un año de prórroga para los convenios.

Cuando sindicatos y empresarios no pacten la renovación de un convenio, este solo estará vigente durante 12 meses. A partir de entonces, la referencia será el convenio de ámbito superior (provincial, autonómico o estatal). Si no lo hay, el referente pasa a ser el Estatuto de los Trabajadores.

Más papel administrativo en los despidos colectivos.

PP y CiU han pactado que la autoridad laboral pueda asesorar e intermediar en las regulaciones de empleo. Además, la Inspección de Trabajo tendrá que elaborar un informe sobre el despido colectivo y velar por el cumplimiento de las obligaciones de información y negociación que dicta la norma.

Caída interanual de facturación.

Se entenderá que una caída persistente de ingresos es causa de despido objetivo (20 días de indemnización por año trabajado) cuando los ingresos ordinarios decaen durante tres trimestres consecutivos respecto a los mismos periodos del año anterior. Lo mismo vale, pero solo durante dos trimestres, si lo que persigue el empresario es modificar condiciones laborales sustanciales (sueldo, horarios, jornada, traslados).

"Contrato de crisis".

El contrato que permite a las empresas de menos de 50 trabajadores contar con trabajadores en periodo de prueba durante un año (periodo en que se puede despedir sin indemnización alguna) estará en vigor mientras la tasa de paro esté por encima del 15%.

Más bonificaciones.

Los autónomos que contraten a familiares hasta el segundo grado contarán con una bonificación del 50% en la cuotas sociales durante 18 meses. También habrá bonificación para los hosteleros que alarguen el periodo de contratación de los fijos discontinuos más allá de la temporada alta durante los meses adicionales (marzo y noviembre).

Pagar el paro de prejubilados.

Las empresas en beneficios con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años (prejubilados) tendrán que pagar el coste del desempleo. Hasta ahora eran las de más de 500 empleados.

Cientos de personas protestan en el Congreso contra la reforma

nuevatribuna.es

CC.OO. y UGT han logrado reunir hoy a varios cientos de personas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para expresar nuevamente su rechazo a la reforma laboral del Gobierno y a su política de recortes.

En un ambiente festivo y caluroso, los asistentes a esta protesta, que ha tenido lugar en la confluencia de la Plaza de las Cortes y la Plaza de Cánovas del Castillo, han lanzado consignas contra el Gobierno del PP y en favor de una nueva huelga general contra su política.

Así, entre tambores, banderas rojas y pancartas blancas, los manifestantes han gritado cosas como ’Contra la reforma laboral, huelga general’, ’Se va acabar, el recortar’ o ’Es vuestro deporte, jodernos el transporte’.

Esta protesta formaba parte de la movilización ’Noche y día contra la reforma laboral’, que se inició anoche con una concentración nocturna y que culminaba este mediodía con una nueva concentración cerca del Congreso, coincidiendo con la votación de las enmiendas al texto de la reforma laboral.

A la concentración han asistido los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, quienes previamente habían hecho entrega en el Congreso de un escrito pidiendo la paralización de la reforma laboral por sus graves efectos sobre el empleo.

A este acto de protesta se ha acercado el coordinador general de IU, Cayo Lara, quien, en declaraciones a la prensa, ha denunciado que la reforma laboral es "injusta e inútil" y ha dicho que "lo único que está provocando es despidos más baratos, rebajas salariales y más paro".

Carta entregada por Toxo y Méndez en el Congreso

Acatan y cumplen la Ley, lo que no impedirá intentar buscar fórmulas de insumisión o rebeldía pero, eso sí, dentro del margen legal (si es que se encuentran) si no simplemente sería incumplimiento de la Ley y esa no es una opción posible

El Principado transmite la orden de denegar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares

La Consejería de Sanidad ha planteado al Ministerio sus dudas sobre la interpretación de la norma

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

La Consejería de Sanidad del Principado ha cursado órdenes a sus servicios administrativos para que denieguen la tarjeta sanitaria a todos aquellos extranjeros extracomunitarios que carezcan de autorización de residencia. Con estas instrucciones, la Administración regional da cumplimiento a uno de los aspectos más controvertidos del real decreto ley impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de reducir gastos en la sanidad pública.

La indicación de la Consejería a sus trabajadores admite que los propios responsables sanitarios se han topado con dificultades a la hora de interpretar la nueva normativa, lo que les ha llevado a plantear una serie de dudas al Ministerio de Sanidad. Estas preguntas aún no han obtenido respuestas.

El documento remitido por la Dirección General de Innovación Sanitaria reconoce que las autoridades sanitarias no disponen «de suficiente información para determinar el alcance completo» de la aplicación de la nueva normativa en lo relativo al Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (Sipres), la tarjeta sanitaria y los trámites de reconocimiento de asistencia sanitaria. La Administración autonómica se halla «a la espera de la publicación de los reglamentos» que desarrollen el citado real decreto.

En consecuencia, y hasta que lleguen las necesarias concreciones sobre el procedimiento que se debe seguir, Sanidad ha optado por «intentar no realizar ninguna actuación que pueda ser incorrecta». Esta actitud de prudencia es la que preside las instrucciones referidas a «todas las solicitudes de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria como personas sin recursos económicos suficientes».

La primera indicación alude a las solicitudes actualmente en trámite. Y precisa que «se paralizará temporalmente la tramitación de todos los expedientes que aún no tengan firmada la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)», y ello «independientemente de la nacionalidad del solicitante». El documento señala que esta decisión «no supone en principio graves problemas para los solicitantes, que por serlo disponen provisionalmente de derecho a asistencia sanitaria». Esta indicación, prosigue la circular, «nos permitirá continuar la tramitación de la forma habitual o no una vez que sepamos con seguridad qué procedimiento seguir».

La segunda indicación se refiere a las nuevas solicitudes, las cuales «de momento seguirán recogiéndose en los centros de atención primaria (...) salvo para los extranjeros extracomunitarios sin autorización de residencia». A estos últimos «se les informará que no cumplen los requisitos vigentes y por tanto su solicitud sería denegada». Si, con todo, insisten en hacer la solicitud, «se recoge y se actúa como con el resto». En el caso de los menores de edad, se recogerán todas la solicitudes, señala la circular, que agrega que «cuando se trate de extranjeras embarazadas sin autorización de residencia, de momento se seguirá el procedimiento ya existente para los casos en que no hacían solicitud o no podían acceder como PSR» (personas sin recursos).

Lo que dice la Ley sobre la asistencia sanitaria:

Real Decreto-ley 16/2012. Artículo 1, apartado 3:

«Asistencia sanitaria en situaciones especiales.

Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.

En todo caso, los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».

Lo que dice la Ley sobre la tarjeta sanitaria (incluidas las correcciones de errores publicadas en el BOE de 15 de mayo de 2012):

Artículo 3. De la condición de asegurado.

1. La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.

2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

4. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

5. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no modifica el régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que mantendrán su régimen jurídico específico.

A este respecto, las personas encuadradas en dichas mutualidades que hayan optado por recibir asistencia sanitaria a través de las entidades de seguro deberán ser atendidas en los centros sanitarios concertados por estas entidades. En caso de recibir asistencia en centros sanitarios públicos, el gasto correspondiente a la asistencia prestada será reclamado al tercero obligado, de acuerdo con la normativa vigente.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 3 bis, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 3 bis. Reconocimiento y control de la condición de asegurado.

1. El reconocimiento y control de la condición de asegurado o de beneficiario del mismo corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de sus direcciones provinciales, que establecerá los requisitos documentales a presentar en cada caso y se hará de forma automática en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 3 de esta ley.

2. Una vez reconocida la condición de asegurado o de beneficiario del mismo, el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por las administraciones sanitarias competentes, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

3. Los órganos competentes en materia de extranjería podrán comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, sin contar con el consentimiento del interesado, los datos que resulten imprescindibles para comprobar la concurrencia de los requisitos a los que se refiere el apartados 3 y 4 del artículo 3 de esta ley.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrá tratar los datos obrantes en los ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social o de los órganos de las administraciones públicas competentes que resulten imprescindibles para verificar la concurrencia de la condición de asegurado o beneficiario. La cesión al Instituto Nacional de la Seguridad Social de estos datos no precisará del consentimiento del interesado.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, tratará la información a la que se refieren los dos párrafos anteriores con la finalidad de comunicar a las administraciones sanitarias competentes los datos necesarios para verificar en cada momento que se mantienen las condiciones y los requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, sin precisar para ello del consentimiento del interesado.

Cualquier modificación o variación que pueda comunicar el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, deberá surtir los efectos que procedan en la tarjeta sanitaria individual.»

El punto final del PP a la reforma laboral ¡¡hoy!!, los trabajadores pondremos ese punto final ¡¡mañana !!

El PP estudia reducir a un año la prórroga de los convenios

Foro, el partido de Francisco Álvarez Cascos, propone acercar más la reforma a la patronal

Foto: Toxo y Méndez en la concentración de anoche en Madrid.

Manuel V. Gómez / Fernando Garea, Madrid, en El País.

El Partido Popular parece dispuesto a darle una vuelta de tuerca más a la reforma laboral en el parlamento: reducir de dos años a uno la prórroga de los convenios cuando caducan sin renovarse. Para hacerlo, los populares votarían a favor de una enmienda de Foro, el partido de Francisco Álvarez Cascos, que acorta el periodo de vigencia de los convenios no renovados, según varias fuente parlamentarios. Desde Foro se admite que el pacto está cerca pero no cerrado y que hay que esperar a ver lo que sucede hoy en la Comisión de Empleo del Congreso, en la que se votan las enmiendas al decreto aprobado en febrero.

El Gobierno siempre ha advertido que no estaba dispuesto a hacer cambios sustanciales en el núcleo de la reforma laboral. Tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los otros responsables del departamento se ha respondido a los sindicatos -que llegaron a convocar una huelga contra la reforma el pasado 29 de marzo- que ellos solo iban a hacer "cambios técnicos" en el decreto. Y así parece que será finalmente. Aunque si hay algún cambio sustancial, será para endurecer el texto inicial.

El Ejecutivo teme que cualquier modificación que suponga acercarse a los sindicatos sea interpretada por los mercados como una cesión y un síntoma de debilidad. Y eso es algo que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está dispuesto a consentir, pese a que después de aprobada la reforma la presión de los inversores no haya aflojado, sino al contrario.

La referencia, el convenio superior

Uno de los cambios más significativos de la reforma laboral aprobada en febrero fue el final de la prórroga indefinida de los convenios que no se renovaban, la llamada ultraactividad. La redujo a dos años. En las enmiendas de CiU y Foro había propuestas para acortarla más. Y al final, parece el PP parece que se ha decidido por aceptar la enmienda de Foro. Este cambio supone aproximar todavía más la reforma a las tesis patronales y, de paso, a las exigencias de los mercados y los organismos internacionales.

El partido asturiano pide en su enmienda la reducción de la prórroga a un año la vigencia del convenio no renovado "salvo pacto en contrario". Una vez transcurrido el plazo, la referencia sería el convenio superior (es decir si el convenio caducado es de empresa, el provincial o regional del sector y si no, el estatal) si lo hubiera, que normalmente son pactos de mínimos, tanto en salarios como en jornadas, horarios… . Y en caso de que no hubiera un convenio de ámbito superior, el marco sería el Estatuto de los Trabajadores.

Acercamientos a CiU

El PP también ha aprovechado el trámite parlamentario de la reforma laboral para acercarse a CiU. Así, según los nacionalistas catalanes, los populares aceptarán su propuesta para dar más control de la Administración en la tramitación de los despidos colectivos. Esto no supone recuperar la autorización administrativa. El grupo mayoritario también dará luz verde a sus enmiendas sobre absentismo, en la que se saca del cómputo de bajas justificadas como causa de despido objetivo, las enfermedades graves.

En el PSOE, por su parte, el análisis es muy distinto. En el principal grupo de la oposición esperaban que el Gobierno aceptara alguna de las enmiendas socialistas que "no afectaran al núcleo central de la reforma". Pero este miércoles tarde supieron que el PP apenas acepta una que hace referencia a los trámites para autorizar la puesta en marcha de las agencias privadas de colocación.

El Congreso avala hoy la reforma con las últimas enmiendas

El Gobierno ha insistido que no se tocará el eje central mientras los sindicatos preparan más protestas

EP / MADRID

El Partido Popular y Convergencia i Unió (CiU) en el Congreso han apurado las últimas horas antes de la celebración de la Comisión parlamentaria de Empleo para terminar de precisar el texto de la reforma laboral, que será aprobada de forma definitiva este jueves antes de ser enviada a la Cámara alta para que entren en vigor los cambios incorporados.

Para dar tiempo a esos acuerdos, el Grupo Popular renunció hace un par de semanas a incorporar a la Ponencia del proyecto de ley la mitad de sus enmiendas, con el objetivo de conseguir transaccionar los textos con otros grupos o incluso acordar modificaciones planteadas por la propia oposición. "Se incorporarán cambios propuestos por prácticamente todas las formaciones", indicaron fuentes ’populares’ a Europa Press.

Por ejemplo, el PP no introdujo directamente al texto su propuesta para que las faltas al trabajo por sufrir una enfermedad grave o cáncer no sean consideradas absentismo y, por tanto, no puedan ser sancionadas con despido. CiU también había presentado una enmienda en este sentido, pidiendo que además de las enfermedades graves y el cáncer se incluyera entre las excepciones a los casos crónicos.

Los ’populares’ tampoco incorporaron sus iniciativas para precisar que los despidos serán objetivos cuando la caída sostenida se produzca en los ingresos ordinarios, para poder encadenar contratos de formación si son para obtener cualificaciones diferentes, o para exigir a los empresarios la devolución de las bonificaciones si no mantienen en plantilla a los trabajadores que les permitieron acceder a ellas.

Sin embargo, sí están ya incorporadas otras precisiones planteadas por los ’populares’ por vía de enmiendas parciales, como las pactadas con UPyD para fomentar la contratación de víctimas de terrorismo o de violencia de género, o las que permiten renegociar los convenios en cualquier momento de su vigencia.

Así las cosas, los grupos parlamentarios han negociado a lo largo de toda la semana otros cambios que se puedan introducir en el texto, aunque desde el Gobierno han insistido en diferentes ocasiones que no se tocará el eje central de la reforma.

El mantenimiento de los artículos más polémicos conllevará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte de Izquierda Unida, que se sumará al que ya han anunciado los sindicatos UGT y CCOO Además, los socialistas también optarán por esta vía si no consiguen cambiar algunos aspectos de la reforma laboral que, a su juicio, conculcan derechos recogidos en la Carta Magna.

El último debate en el Congreso de la reforma laboral coincidirá con la participación de los secretarios generales de los sindicatos, Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO) en una manifestación contra la reforma, que estará precedida por la entrega de una carta de rechazo tanto al presidente de la Cámara, Jesús Posada, como a los grupos parlamentarios.

Nombramientos varios en el SESPA en el BOPA de hoy

Consejería De Sanidad

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se adjudica el puesto de Director del Área de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Valle del Nalón-Área Sanitaria VIII (Langreo) del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

PDF de la disposición

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se adjudica el puesto de Director de Área de Gestión Clínica de Rehabilitación del Hospital Universitario Central de Asturias-Área Sanitaria IV (Oviedo) del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

PDF de la disposición

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Central de Asturias, por la que se adjudica nombramiento temporal de un puesto de Jefe de Servicio de Inmunología. 

PDF de la disposición

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se adjudica el puesto de Director del Área de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Central de Asturias-Área Sanitaria IV (Oviedo) del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

PDF de la disposición

Permitiendo aplicar la medida al dinero en efectivo tal parece que se pone un anuncio del tipo: “Narcotraficantes, traficantes de armas etc, podéis lavar vuestro dinero en España ¡¡hacedlo!!”

Hacienda abre la puerta al fraude en su proyecto de orden de amnistía fiscal

Planea permitir el lavado de dinero en efectivo, lo que facilita evadir impuestos este año

Los defraudadores podrán acogerse a la amnistía fiscal desde su casa por internet

Los expertos consultados ven en eso una puerta abierta de par en par al fraude fiscal

Miguel Jiménez, Madrid, en El País.

Los defraudadores lo tendrán más fácil este año para lavar dinero negro. Al menos, si prospera el proyecto de orden que ha preparado el Ministerio de Hacienda para concretar el alcance de la amnistía fiscal que anunció el pasado 30 de marzo al presentar los Presupuestos Generales del Estado. Dicho proyecto permite acogerse a la amnistía fiscal a quienes posean dinero en efectivo sin declarar, en contra de lo que parecía inicialmente, lo que incentivará que los particulares o empresas que tengan ingresos no controlados por Hacienda todavía sin declarar de 2011 o de este mismo año los evadan al fisco y los blanqueen después con un tributación de solo el 10%.

Si lo que se quiere regularizar es dinero negro, bastará con ingresarlo en el banco para al día siguiente poder lavarlo. No hará falta probar en modo alguno que es un dinero defraudado antes del 31 de diciembre de 2010, una condición que sí hay que demostrar para poder regularizar, por ejemplo, cuentas bancarias en el extranjero sin declarar.

La amnistía fiscal, aprobada por decreto-ley, establecía que los defraudadores "podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición". Es decir, en teoría, la amnistía fiscal está hecha para el fraude anterior al 31 de diciembre de 2010, ya que la campaña impositiva de renta y sociedades de 2011 todavía estaba abierta en el momento de dictarse el decreto.

El motivo era evidente: si se permitía acogerse a la amnistía a los impuestos a pagar por las declaraciones de 2011 y por los ingresos de 2012, se incentivaba que los declarantes defraudasen, porque les saldría más barato pagar el 10% que exige la regularización, frente a los tipos del 30% en Sociedades y de hasta el 52% en el impuesto sobre la renta.

Pero eso precisamente es lo que permite el proyecto de orden en que se desarrolla el decreto-ley de marzo. Como norma general, se establece que "la titularidad de los bienes y derechos objeto de declaración deberá haberse adquirido por el declarante en una fecha anterior al 31 de diciembre de 2010" y se señala que "la titularidad de los bienes y derechos, así como su fecha de adquisición, podrá acreditaras por cualquier medio de prueba admisible en Derecho". Hasta ahí todo correcto.

Un ingreso bancario como prueba

El problema llega en el segundo párrafo del artículo 3.4. Ahí se establece que, "en particular, tratándose de dinero en efectivo se entenderá que se es titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 cuando con carácter previo a la presentación de la declaración tributaria especial se hubiera depositado en una cuenta cuya titularidad jurídica corresponda al declarante abierta en una entidad de crédito" española o europea, siempre que no sea en un paraíso fiscal, según consta en el texto de la orden, publicado por Hacienda como proyecto normativo en su página web.

Es decir, bastará con ingresar el dinero negro en el banco para al día siguiente poder lavarlo. No hará falta probar que es un dinero defraudado antes del 31 de diciembre de 2010. Los expertos consultados ven en eso una puerta abierta de par en par al fraude fiscal.

Basten algunos ejemplos. Alguien que venda un piso ahora puede cobrar buena parte en negro, evitar pagar el IRPF por la plusvalía, acto seguido ingresar el dinero en el banco y beneficiarse de la amnistía fiscal. Una empresa (un restaurante, una clínica dental, una tienda al por menor...) puede cobrar en metálico (incluso facturando sin IVA) y regularizar después el dinero sin tributar por el impuesto de sociedades. Los autónomos cuyos ingresos no estén sujetos a control directo del fisco podrán minimizar su declaración para pagar menos y luego tributar al 10% de la amnistía fiscal. O, en el peor de los casos, un traficante de drogas que quiera blanquear su dinero no tendrá más que ir a la sucursal bancaria más cercana (aunque obviamente eso no le exima de responsabilidad por sus delitos). Las posibilidades de blanqueo inmediato para el fraude nuevo son enormes. En plena campaña del impuesto sobre la renta, esos planes pueden suponer un duro golpe a la recaudación.

Según el modelo de declaración, además de efectivo se pueden declarar inmuebles, depósitos, pagarés, acciones y cualquier clase de bienes y derechos. El plazo de regularización acaba el 30 de noviembre. La orden garantiza el "carácter reservado" de la declaración tributaria especial. Además, los defraudadores podrán acogerse a la amnistía fiscal por vía telemática, a través de internet, desde su propia casa, con todas las comodidades que les ofrece un Estado moderno y eficiente.

VER EL TEXTO INTEGRO DEL BORRADOR DE LA ORDEN MINISTERIAL