Tres interesantes artículos de opinión al respecto
"Las pensiones son viables", de Vicenç Navarro
"Unas notas sobre el tema de pensiones", de Antonio Mora Plaza
Y "Pensiones: cambiar la lógica del Sistema", de Jordi Sevilla
Os recomendamos su lectura.
¡Que viene el coco!
La alerta de la OMS contra la gripe A
JULIA NAVARRO
Nos asustaron como a niños. ¡Que viene la gripe A, cuidado! Parecía que se trataba de una de las siete plagas. Los gobiernos, por si acaso, se gastaron una fortuna, con el dinero de los contribuyentes, claro, en comprar vacunas. Claro que las vacunas se estaban ensayando de prisa y corriendo, pero aun así millones de personas se las han puesto sin que se sepa aún cuáles serán los efectos que pueden provocar a medio plazo. Pero prácticamente te daban a elegir entre un mal mayor y un mal menor: si no te vacunabas, nadie te podía garantizar que pudieras superar los efectos devastadores, muerte incluida, causados por la gripe A. Si te vacunabas, aunque los ensayos de la vacuna estuvieran en mantillas, al menos tendrías un arma para combatir la maldita plaga.
Algunos médicos se mostraban escépticos e incluso aconsejaban a sus pacientes que no se vacunaran. Yo misma pregunté a varios médicos que conozco si pensaban ellos vacunarse y su respuesta fue rotunda: no. También había gente cuya intuición le hacía pensar que en lo de la gripe A había gato encerrado. Y eran muchos los que se negaban a dejarse llevar por la histeria creada en torno a la gripe A. No iban desencaminados. Por lo pronto, el Consejo de Europa tiene en su punto de mira a la Organización Mundial de la Salud para tratar de averiguar las conexiones de algunos de sus miembros más destacados con las multinacionales farmacéuticas. Por lo pronto, ya han encontrado más de una conexión.
Las multinacionales farmacéuticas se han embolsado millones de cientos de euros y de dólares a cuenta del pánico que desde la OMS se infundió en la gente. Yo me pregunto si va a pasar algo, y me temo que no. Las multinacionales farmacéuticas se irán de rositas, lo mismo que responsables de la OMS que jugaron al alarmismo y determinaron la compra masiva de vacunas por parte de los gobiernos.
No soy de las que se dejan llevar por las teorías de la conspiración, pero el papel de las farmacéuticas no me parece que haya sido inocente en toda esta historia de que venía del «coco» de la gripe A. Me pregunto si hay manera de que las farmacéuticas devuelvan a los gobiernos el importe de las vacunas compradas con el dinero de los contribuyentes. Porque lo único cierto es que unos cuantos han decidido, con la ayuda de otros, meternos miedo para hacer un gran negocio. Y lo peor es que millones de personas han picado al grito de ¡que viene el coco!
TRIBUNA DE DIARIO MEDICO: FALTAN RECOMENDACIONES INNOVADORAS…
Por Francesc Moreu, Gestor sanitario.
¿Un Pacto por la Sanidad descafeinado?
El anuncio de que el Pacto de Estado por la Sanidad está llegando a su fin parece ser una noticia cargada de mucho ruido y pocas nueces. No puede ser trascendente si no entra de lleno en el contrato social, la financiación y el copago, e incluso en la actualización de la Ley General de Sanidad, una norma no adaptada al modelo federal de la sanidad, como lo demuestra el mal encaje entre los roles del Interterritorial y el ministerio.
Después de un largo proceso, metodológicamente muy confuso y pilotado por dos equipos ministeriales distintos, parece que se está llegando al punto final del llamado Pacto de Estado por la Sanidad, o así al menos lo anuncian sus responsables.
Me temo que se trate de mucho ruido y pocas nueces, no sólo por las noticias que van llegando sobre cuáles pueden ser sus conclusiones sino básicamente porque el contenido programático del pacto, su agenda de partida, no responde a los problemas reales de la sanidad española y aparentemente muchas de sus recomendaciones no son más que los frutos derivados de la aplicación real de alguna norma ya vigente, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Para este viaje, pues, no se necesitan alforjas.
No puede ser trascendente un pacto de este calibre que no se pronuncie sobre si debe revisarse o no el contrato social en lo referente al derecho a la protección de la salud, en consonancia con las otras prestaciones que forman parte del mismo (educación, pensiones, etc.), cuando se nos anuncia que alguna de ellas sí se modificará, como las pensiones dentro del Pacto Social, en función -entre otras razones- del posible déficit del sistema de pensiones en 15 ó 20 años (hoy da superávit), cuando por ejemplo la sanidad tiene acumulado ya hoy un déficit consolidado de las autonomías de unos 10.000 millones de euros, que a finales de 2010 podría tranquilamente y añadir 2.500 millones más, lo que implicaría un 15 por ciento de los presupuestos anuales de todas las regiones en materia de salud.
Cuesta aceptar que ahora "no toca" hablar de este tema en el pacto, pues esto es "responsabilidad de otro ministerio" (sic), cuando es el verdadero problema de fondo. La responsabilidad del bienestar del ciudadano ¿debe seguir jugándose entre el Estado y el individuo o hay que incorporar, sin lesionar la equidad en alguna medida, al mercado (aseguramiento y provisión)? ¿Puede ser sostenible en el futuro el "todo para todos" o hay que preservar la cobertura de los riesgos catastróficos y buscar alternativas a las corrientes? ¿La financiación del sistema está bien resuelta en el seno de la Lofca o debe tener por la naturaleza de sus prestaciones un tratamiento distinto que la vincule a la economía estructural y la haga independiente del ciclo económico? ¿Falta o no falta un punto del PIB para situar la financiación de la salud en la recta de regresión PIB-gasto sanitario? Y ¿qué hacer con la demanda española, que es un 50 por ciento superior a la media de la UE?
Tal vez también sería el momento de que el pacto apostase decididamente por el reconocimiento de que el sector salud, además de sus trascendentes servicios a los ciudadanos, es un sector industrial de futuro, generador de PIB y empleo y líder en innovación y conocimiento; por tanto, uno de los sectores clave en este nuevo modelo productivo que intenta impulsar la Ley de Economía Sostenible.
Está muy bien emplear tiempo en consensuar un calendario de vacunas común, sistemas de información que puedan conversar y estudiar la conveniencia de crear una central de compras internacional -que por supuesto hay que crear-, pero sólo si estas cuestiones son las marías de la búsqueda de soluciones para los grandes problemas del sector.
Leyes más que suficientes
Insisto, la Ley de Cohesión y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias son paraguas más que suficientes para la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única, la carrera profesional unificada, la libre circulación de profesionales, el fomento de formación profesional y los tiempos de garantía para el acceso, iguales en todas las comunidades autónomas.
Quizá incluso aceptando la existencia de estas normas mal desarrolladas debería plantearse, y éste tendría que ser otro de los temas nucleares del pacto, la necesidad de actualizar la Ley General de Sanidad. No únicamente porque decisiones sobre modificaciones del contrato social lo harían obligatorio, sino simplemente porque es una ley no adaptada al modelo federal real de la sanidad española, como lo demuestra el mal encaje entre los roles del ministerio y el Consejo Interterritorial, la verdadera gobernanza del sistema, no entendida ni practicada como tal por sus miembros, empeñados en hacer de él un faro de confrontación en vez de un instrumento de gobierno.
De acuerdo con el copago
A los ciudadanos les trae al fresco la inmensa mayoría de los temas en discusión en el pacto. Para ellos son simples obligaciones, cuando no utilities o incluso commodities, que deben administrar aquéllos a los que han dado su voto para que les representen. Lo que a ellos les preocupa de verdad es si podrán continuar gozando mañana de este buen sistema de salud y si su sostenibilidad está asegurada para sus hijos y nietos. Y nos dan una muestra del sentido común ante esta preocupación cuando, según una reciente encuesta del CIS, casi el 10 por ciento de la población estaría dispuesta a pagar algo más para asegurar este futuro. Ya sé que se puede leer al revés -¡sólo el 10 por ciento de la ciudadanía aceptaría un copago!-, pero a mi juicio se trata de una interpretación torticera. Es un buen ejemplo de sabiduría popular que un 10 por ciento de la población teniéndolo hoy todo gratis comprenda y por lo tanto acepte que para mantener lo que tiene hoy no habrá más remedio que arrimar el hombro un poco más.
El famoso informe de la Comisión Nacional de Evaluación, el coloquialmente denominado informe Abril Martorell, marcó un antes y un después en la sanidad española. Sus recomendaciones -polémicas unas y posibles otras, pero todas ellas innovadoras- contribuyeron a dar un impulso notable al modelo sanitario estatal. No parece que sea éste el caso del Pacto por la Sanidad, pero nada me gustaría más que tener desde estas mismas páginas que pedir disculpas por mi equivocación.
Por Francesc Moreu, Gestor sanitario.
Los médicos, hartos de Aguirre
ISABEL G. CABALLERO, para NuevaTribuna
La polémica en torno al hospital Ramón y Cajal ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los nombramientos a dedo y las injerencias políticas siguen siendo una práctica habitual del consejero de Sanidad, Juan José Güemes.
NUEVATRIBUNA.ES
Las protestas no cesan en el hospital Ramón y Cajal. La huelga de traumatólogos convocada el martes fue secundada por el 97%. La causa de la polémica está en el nombramiento a dedo, el pasado 15 de diciembre, del jefe de servicio de traumatología, Rafael Llopis, que este miércoles se ha visto obligado a dimitir de su cargo. Las quejas se han extendido al resto de los facultativos que han convocado un paro general para el próximo 3 de febrero para exigir a la Consejería de Sanidad que dirige Juan José Güemes, que los jefes de servicio no sean de libre designación sino que se adjudiquen por concurso de méritos, por un tribunal científico profesional y no político.
Desde el caso Severo Ochoa de supuestas sedaciones irregulares finalmente archivado por el juez, las injerencias políticas a la hora de nombrar a los jefes de sección de los hospitales ha ido extendiéndose, según denuncian fuentes consultadas. De hecho, en los siete nuevos hospitales de la región, los cargos han sido de libre designación, no han salido a concurso, lo que ha ocasionado múltiples demandas de facultativos que califican de “cacicada” la actuación de la Consejería.
El caso de Rafael Llopis ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este traumatólogo accedió al puesto de jefe de servicio de manera directa, pero su paso por el Ramón y Cajal ha sido efímero. Hijo de un coronel del Ejército, su familia mantiene una estrecha amistad con la familia del consejero Güemes. De él se dice que ni siquiera ha hecho el MIR (vía de formación de los especialistas) y que el mes en el que ha ejercido como máximo responsable del servicio de traumatología, se lo ha pasado recluido en su despacho. Llopis denuncia “acoso y agresiones” a su persona, extremo este negado por los sindicatos. En su defensa salía este miércoles Güemes asegurando que “tiene todo el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.
PARO GENERAL EL 3 DE FEBRERO
El caso es que, lo que se había circunscrito a una protesta de los traumatólogos se ha convertido en una denuncia generalizada de todos los médicos de este hospital que piden que todas las plazas de jefes de servicio se hagan por concurso. El conflicto ha ocasionado la dimisión en bloque de los miembros de la Junta Técnica Asistencial, abiertamente enfrentados con la gerencia del centro. Pero los paros y las dimisiones podrían repetirse en otros centros hospitalarios donde se han llevado a cabo actuaciones similares. En el hospital Puerta de Hierro se nombró como jefe de servicio de cirugía máxilofacial a un íntimo amigo de Güemes. En el Gregorio Marañón, la Paz o el Clínico también se han producido casos similares.
Así lo denunció el lunes el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que acusa al Gobierno de Esperanza Aguirre de regirse por criterios de “amistad” y “afinidad política” para elegir a los profesionales que ocupan esos puestos en lugar de hacerlo por criterios médicos. Las decisiones arbitrarias son una práctica habitual; los nombramientos se hacen a dedo y con una motivación más política que técnica, es decir, sin concurso de méritos, sin elegir a los mejores profesionales para dirigir diferentes servicios en los hospitales”, afirmó el líder socialista, quien anunció que revocará todos esos nombramientos en caso de ganar las próximas elecciones autonómicas. “Queremos que dirijan los servicios los mejores profesionales, no los militantes más de confianza del PP”, aseveró.
LOS MÉDICOS SE SIENTEN AGREDIDOS POR EL GOBIERNO DE AGUIRRE
En un intento por acallar las voces críticas, la consejería de Sanidad abrió en el Ramón y Cajal una inspección por las pintadas de protesta y amenazó con sanciones a los facultativos rebeldes. Sin embargo, Juan José Güemes, al que tachan de “prepotente” y “osado”, se ha visto obligado a dar marcha atrás con Llopis, cuya decisión de dimitir parece haber sido orquestada desde el propio Ejecutivo regional.
Los médicos se sienten desmotivados y agredidos por el Gobierno de Aguirre. Muchos llevan tiempo sin recibir los complementos retributivos de grado profesional, pero en esta ocasión las protestas no son para pedir mejoras salariales sino para que a la hora de nombrar a los jefes de servicio se haga con criterios profesionales. En este sentido, los sindicatos denuncian un incumplimiento de la normativa vigente.
Y es que Aguirre incumple normas que incluso fueron aprobadas por el anterior gobierno de José María Aznar. Entre ellas destaca el Real Decreto de 1999 “sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social”, aprobado por el entonces ministro de Sanidad del PP, José Manuel Romay Beccaría. En él se especifica que los puestos de jefes de servicio y de sección de carácter asistencial “se proveerán mediante convocatoria pública (…) mediante un proceso de selección basado en la evaluación del currículo profesional de los aspirantes” en el que podrán participar “todos los facultativos que ostenten plaza en propiedad”.
Dependencia y empleo
La ley de Dependencia no goza ni del desarrollo que reclamábamos ni del que pedía la sociedad
Por GABRIEL GALLARDO
Un nuevo informe hecho público por el Eurostat ha vuelto a poner de manifiesto el rápido envejecimiento que experimenta la población europea. Según este organismo, el 32% de la población española será mayor de 65 años en 2060, casi el doble que ahora, y se espera que el número de personas de más de 80 años supere el triple en esa misma fecha.
Quiero recordar con esto que la crisis no ha reducido el envejecimiento de la población y que, por tanto, la actividad socioasistencial resulta necesaria. Los países nórdicos son los que más y mejor están trabajando por el sector de las personas dependientes y de ellos tenemos que aprender. El desarrollo de la ley de Dependencia tiene que convertirse en uno de los motores para salir de la crisis. Su puesta en marcha es un desafío para el Gobierno nacional y las comunidades autónomas.
No olvidemos que el 35% de las personas reconocidas como beneficiarias está a la espera de recibir algún tipo de prestación en Asturias, según los datos, a 1 de septiembre, del Imserso.
Somos muchos los que consideramos que constituye una fuente de creación de empleo, hasta el punto de que, cuando se aprobó dicha ley, las primeras valoraciones que hicimos elevábamos a 300.000 los puestos de trabajo que se podrían impulsar con este marco regulatorio. El problema radica en que la ley de Dependencia no goza ni del desarrollo que reclamábamos ni del que pedía la sociedad en general. Si queremos que el SAAD se convierta en el cuarto pilar del Estado del bienestar tiene que haber un dispositivo asistencial con el aval de un equipo profesionalizado.
Y a las pruebas me remito, uno de los pocos sectores productivos que genera empleo es el sociosanitario. Pero el objetivo no debe ser que sólo se creen puestos de trabajo, sino que, además, éstos sean cualificados. Más que nada porque, según la ley, dentro de dos años, al menos un 30% de los trabajadores de este sector deberá acreditar su formación, una cifra que alcanzará el 100% en el año 2015.
Imaginemos por un momento que se cumpliera escrupulosamente la ley de Dependencia y la inmensa mayoría del dinero (51,4%) invertido en prestaciones económicas para el cuidador no profesional se destinase a la contratación de servicios (vía conciertos o prestaciones vinculadas). La repercusión sobre las cifras de paro podría ser muy considerable.
Es cierto que las personas piden la ayuda económica y, también, que para muchas familias los 525 euros suponen una gran ayuda «para ir tirando», pero lo cierto es que el «dinero de la dependencia» no tiene esa función, sino la de ofrecer servicios de calidad a las personas dependientes.
Recordemos que la ley establece que, a la hora de redactar el plan individual, debe considerarse de forma prioritaria la prestación de servicios públicos o concertados. Ahora, los responsables de la Consejería de Bienestar Social, en múltiples entrevistas, jornadas y demás encuentros, dicen que el motivo por el que se están dando tantas ayudas económicas a familiares es que las personas las piden porque prefieren quedarse en casa (hace un año esa elección de los familiares era duramente criticada por neoliberal cuando los actuales responsables estaban en la oposición).
Lo que no es discutible es que la opción de ayuda al familiar es la más económica y quizá la que añade más complejidad a la garantía de calidad. También queda claro, a tenor del proceder que evidencian los datos, que la ley de Dependencia, aunque la gestione en Asturias Izquierda Unida, se empieza a ver como una forma más de redistribuir rentas.
El Gobierno del Principado tiene tres asuntos muy importantes encima de la mesa. El primero, ser fiel a la ley de Dependencia y reducir la incidencia del cuidador informal o familiar para los casos que requieren otro tipo de asistencia profesional, ya no sólo residenciales, sino también complementarios como centros de día, ayuda a domicilio o teleasistencia. Un asunto en el que empresarios y sindicatos defienden la misma postura.
En segundo lugar, impulsar y colaborar en la búsqueda de una solución a la financiación de la ley. Resulta vital que se aporten nuevos recursos con el fin de evitar retrasos en la prestación de servicios, en un sector que es generador de empleo intensivo, que provoca retorno social y económico, que ayuda a reactivar otros sectores como la alimentación, la tecnología y la construcción y que, además, reduciría la factura sanitaria.
Y, por último, debe agilizar la implantación de la ley para reducir las listas de espera y desarrollar otros aspectos de la norma como la prevención de la dependencia, la coordinación sociosanitaria y poner en marcha la ley de Calidad de los Servicios Sociales que figura en el pacto de gobierno. Es preciso terminar de crear una red pública integradora -imitando el modelo del norte de Europa- que garantice la libertad de elección de plaza, la cobertura geográfica y la atención profesional de calidad para todos.
Por nuestro hospital
El dirigente sindical discrepa de Areces, «como ciudadano, compañero y ugetista», en su apoyo al proyecto de reordenación de los servicios sanitarios
07.01.10 – El Comercio
Por M. SANTIAGO PÉREZ FERNÁNDEZ | SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE UGT DEL SUROCCIDENTE
Estimado presidente: con motivo de la inauguración del túnel de Rañadoiro, usted dijo que «el nuevo plan director del hospital Carmen y Severo Ochoa nos permitirá ofrecer una atención sanitaria y especializada de mayor calidad, pensando en las necesidades sanitarias de los vecinos del área suroccidental de Asturias».
Permítame hacerle algunas puntualizaciones. Nadie pone en duda que la inversión de 13 millones de euros sea importante y necesaria. Las discrepancias surgen, señor presidente, cuando leemos el plan director. Probablemente usted tenga una información verbal sobre él y me parece que sólo le han contado la cuestión de la inversión en un nuevo edificio.
No voy a relatarle la importancia de la sanidad y de este hospital. Fíjese si es y era importante que, hace bastantes años, los ayuntamientos de la comarca contribuyeron con bastante dinero para adquirir un escáner y, con posterioridad, hicieron aportaciones para comprar un mamógrafo, lo que hace que este hospital sea un poco más de los que vivimos aquí.
Señor presidente: le dirán que la población ha disminuido, que la masa crítica de intervenciones es la que es, que las estancias son demasiado largas. Le remitirán a estándares y recomendaciones de otras latitudes. También le hablarán de los GRDs. Y estará muy bien, pero no dejan de ser meros, y fríos, cálculos estadísticos y tiene que haber algo más.
Mientras los redactores del proyecto hablan de esto, yo hablo de María, de Juan, que viven en Fonteta, Tormaleo, Rellanos, Naviego y en muchos otros pueblos del suroccidente que están a más de dos horas de coche de Oviedo. Muchas de esas personas superan con bastante los 65 años y a menudo viven solos. ¿Les decimos que tienen que ir al Hospital Central a operarse?
Nuestro hospital cumple una función sanitaria de primer orden, pero también social. Por eso, nadie puede decirme que este plan director mejorará la atención sanitaria. La razón y el sentido común demuestran que se van a producir mermas en la prestación sanitaria.
Voy a recordarle un dato: las 100 camas actuales pasarán a 82. Le dirán que se van a necesitar menos camas y probablemente será verdad, pero en algunos momentos las existentes son insuficientes. ¿A dónde se desplazarán los pacientes? ¿Al HUCA? ¿Al Centro Médico o la Clínica Asturias (privados ambos)?, previa concertación, claro está.
Imagino, señor presidente, que este plan, que es tan bueno, se aplicará al resto de las áreas sanitarias. Pues bien, estas modificaciones pueden empezar por hospitales más cercanos al HUCA. Inicien el proceso en el Hospital de Valle del Nalón o en el de Mieres y cuando se vea que esos cambios son adecuados, aplíquense aquí.
Señor presidente, rectificar no es malo, y menos en política. Los errores sí que lo son y se pagan. No tema que otros partidos se intenten aprovechar. No lo harán. Ningún sector de la población de la comarca está de acuerdo con este plan, los profesionales tampoco.
Como ciudadano, compañero y ugetista le digo que no estoy de acuerdo con este plan director. Como ciudadano, socialista y ugetista, dialogaré con quien sea necesario para que se retire y lo haré desde la firmeza que me proporciona la razón, el afán de equidad y la opinión mayoritaria de los ciudadanos, los compañeros y profesionales de la comarca.
Los Sindicatos y nuestro Estado Federal
Por Antonio Mora Plaza - Economista. Artículo de Opinión.
Que enanos políticos como los Beteta y los Güemes le bailen el agua a la líder de lo palurdo da una idea del potencial demagógico que tiene para la derecha tardofranquista este estado federal imperfecto, defectuoso, inacabado, insuficiente y cabreante, que es el “Estados de las Autonomías” actual.
Puede resultar sorprendente hablar de entrada de un estado federal referido a España cuando tan habituados estamos en hablar de “Estado de las Autonomías”. Sin embargo, esta denominación ha sido resultado de un proceso de negociación entre los partidos tardofranquistas (AP, UCD), la izquierda en el momento de la llamada Transición, como eran el PSOE, más como recuerdo y deseo en las mentes de los españoles; el PCE como única realidad de izquierdas y de lucha contra la dictadura franquista en su momento, y, en mucha menor medida, de algunos partidos nacionalistas de las llamadas “nacionalidades históricas”, aunque nunca fueran una nación, un país o un estado, salvo en épocas pre-modernas. De aquella negociación que buscó la neutralidad de los franquistas, del clero y de los militares -que no eran tampoco conjuntos disjuntos- ha devenido este estado... federal... imperfecto. Federal, porque no existen más que dos tipos de estados democráticos: centralizados o centralistas y federales. Todo lo demás son milongas y regates para no llamar las cosas por su nombre, ese sublime arte de la diplomacia. Y digo que sólo existen esos dos si partimos de lo que dicen los clásicos sobre qué es un Estado. Son tres cosas básicamente: una población, un territorio y un principio de soberanía. Lo de qué sea una nación o un país ya lo tengo menos claro y, seguramente, existirán tantas nociones de naciones y países como personas. Por mi parte sigo en esto al escritor vallisoletano y aficionado a la caza: mi patria es mi infancia. La confusión sobre estas cosas es notable. Incluso un sindicalista de cierto cargo institucional -no me meto en temas de liderazgo- hablaba en esta misma tribuna de “Estado Central” en un artículo. Pues bien, en España simplemente no existe ese supuesto “Estado Central”. Parece un error de poca monta, pero da una idea del estado -valga la redundancia- de confusión de la cuestión política.
Volviendo a las tres cosas que caracterizan a un Estado, sea el que sea, España es un estado federal simplemente por dos cosas que se reducen a una:
1) porque tiene su territorio y su población dividida en 17 zonas -y dos ciudades- donde se eligen Parlamentos con capacidad, obviamente, de legislación; 2) porque tiene competencias transferidas desde el Parlamento de la Nación a las Comunidades donde se legisla dentro de sus competencias. Estamos en el mismo caso -con todas las diferencias que se quiera- que la Alemania de los länders o los estados de los EE.UU. Los países que tienen centralizado la labor legislativa no tienen otros Parlamentos. Pueden tener más o menos descentralizada la política económica, cultural, de defensa, policial, etc., pero legisla un sólo Parlamento (con una o dos Cámaras). ¿Resulta obvio o trivial? Pues debería ser así, pero si vemos como se comportan los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, y muchos nacionalistas, etc., no lo parece. Esta es la diferencia, sine qua non, entre federalismo y centralismo. Pero hasta dónde debe llegar esta transferencia de competencias y cuáles son estas, discuten los políticos en activo y otros que ejercen de forma encubierta de ello (v.gr., Pedro J., M. Rouco, Aznar,). Pues bien, hay una barrera que nunca traspasa un estado federal por mucho que se afanen los que quieren llegar más y más lejos: que el Parlamento de la Nación está un peldaño por encima de los parlamentos federales o federalizados. Hay una jerarquía en la concreción institucional del principio de soberanía insoslayable. Si se va más allá, se llega al confederalismo o, simplemente, a la separación absoluta. Yo no quito ni pongo rey, pero ahí queda eso. Todo esto parece tan obvio que da grima y espanto pensar cuantas energías y debates insulsos, interesados, necios, obcecados, se hacen entre nacionalistas de las nacionalidades llamadas históricas y el nacionalismo tardofranquista (el P.P.), y también -por desgracia- con el federalismo acomplejado y algo cobarde del PSOE. La llamada Transición es un engendro de compromisos, pero no entre las derechas y las izquierdas democráticas en su momento para llegar a acuerdos a largo plazo sobre la forma jurídica de nuestro estado. No lo fue porque, ni había derecha democrática en 1975, 1976, 1977, 1978 -en mi opinión no la hay hoy- y porque la izquierda determinante que negoció -o permitió el tardofranquismo que negociara- se había tomado un descanso de 40 años. Lo que ha cambiado es que ahora sí hay un partido de izquierdas de masas, democrático al uso, además de otros partidos menores, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas. No hay, sin embargo, aún un partido de derechas, nacional, de masas y democrático. Lo que hay es el P.P., que es un rescoldo de la dictadura franquista, nostálgico de ella, cuyo líder natural, Aznar, que es un falangista tardío; con uno de sus presidentes, Fraga, que es un ex-ministro de la dictadura; con otro de ellos, Rajoy, que fue elegido a dedo por “el de las armas de destrucción masiva”, y con un núcleo duro de votantes que preferirían volver a la dictadura -con Aznar como nuevo “generalísimo” civil- a que gobierne el PSOE. Esperemos que con el tiempo se forme ese partido. Y todo esto está condicionando a la izquierda y a los sindicatos al menos por dos motivos o cuestiones, con el agravante de que, en lugar de aprovechar estos el error del adversario, es el adversario el que saca fruto de ello:
a) No reconocer que estamos en un estado federal no favorece a la izquierda, contra lo que pudiera creerse en un primer momento, sino que le viene que ni pintado al P.P.. Utiliza su centralismo secular, otorgado por derecho divino según su tradición, para fustigar a la Izquierda y al Gobierno de la Nación en cuanto negocia de una u otra manera, como puede y, a veces erróneamente, con las Comunidades. Y lo hace el P.P. con la esperanza de ganar más votos en su España una, grande y libre, que los que pierde en la España de las nacionalidades. De ahí el recurso contra el Estatuto catalán y su ferocidad contra Ibarreche -en su día- por sus consultas soberanistas. Es un problema de balance de votos para el P.P., porque para este partido la democracia es sólo eso, votos y un sistema electoral, ese obstáculo -piensan el núcleo duro de sus votantes- que nos han traído los progres, rojos, separatistas y demás gente de mal vivir. Lo de masones y maricones ya lo han olvidado o lo guardan para otros lugares y momentos. Y al no tener una Cámara Federal donde se discutan estas cosas, el Gobierno de España debe recurrir a la negociación bilateral, con la apariencia -aprovechada por el P.P., claro- de romper ese principio de jerarquía entre parlamentos que caracterizan el estado federal del que hablábamos.
Ítem más, ante este federalismo de quiero y no puedo, se crea el espejismo sociológico de que el Gobierno de la Nación es un “Estado” con más poder del que realmente tiene. Este no ejecuta más allá del 20% del total de los presupuestos, aunque recaude más del 50% por mor de los traspasos de las competencias. Teniendo en cuenta además que gran parte de las partidas presupuestarias tienen una inercia de compromiso ineludible, el Gobierno de la Nación no tiene más allá de unos 20.000 millones de presupuesto marginal a redistribuir directamente entre partidas de un año a otro. Puede tener más, es cierto, pero recurriendo al déficit y al endeudamiento. No es criticable eso, al menos desde mi punto de vista, en determinadas circunstancias como las de ahora, pero sólo constato el hecho para acotar los términos del problema y de la soluciones. De esta ilusión, de ese error, participan los sindicatos. ¡Por fin aparecen los sindicatos! Sí, parecía que no iba con ellos la cosa, pero todo lo político repercute en los sindicatos, mal que les pese a algunos -de fuera e, incluso, de dentro-. De este cúmulo de errores -falsa concepción de lo que es un estado federal, de lo que es el estado español de las Comunidades y del poder real sobre la economía del ejecutivo de la nación- surge la reivindicación de lo del cambio de modelo que los sindicatos han sostenido y sostienen aún. ¡Ojalá no tuviéramos que cambiar de modelo! Si no hay que reivindicarlo, porque no queda y no nos queda -¡por desgracia!- más remedio que ¡lamentar! su ineludible advenimiento. Desde la CEOE, la pequeña y mediana empresa y hasta el presidente de Gobierno, están de acuerdo con lo del cambio de modelo. ¿Para cuándo? Esta fue la pregunta que los sindicalistas omitieron en su reivindicación. Debieron pensar que ese cambio debía estar listo para estos Reyes Magos: ¿es posible eso en una economía del sólo mercado? ¿Con una participación de lo público 35% en el PIB? ¿Sin sector público empresarial significativo? ¿Con un margen de no más de 20.000 millones de euros de libre disposición del Gobierno de la Nación, siendo generosos? ¿En plena crisis, donde son otros los problemas acuciantes? Ha sido un error de planteamiento y sigue siéndolo. A corto, incluso a medio plazo, son más los empleos que se han perdido que los que presumiblemente se ganarán, incluso en el mejor de los escenarios posibles. Y si no, al tiempo. No es que haya que rehuir el cambio de modelo porque este se dará por añadidura, pero reivindicarlo como la solución al aumento del paro de estos dos últimos años es un absoluto sin sentido en el que han caído los sindicatos. Es mi punto de vista. Es, por su puesto, un punto de vista heterodoxo, pero el tiempo dirá.
b) Ante la demagogia de la derecha, a la izquierda y a los sindicatos les interesa un estado federal con todas las consecuencias. Una de ellas es la absoluta separación de las fuentes de financiación. Que una analfabeta funcional como Esperanza Aguirre utilice sus medios -TeleMadrid, principalmente-, para reivindicar dinero de los Presupuestos Generales del Estado que no le corresponde ante las dificultades de la financiación de la sanidad pública madrileña por obra y gracia -desgracia- de su privatización, es sólo posible porque confía en el también analfabetismo político y su antisocialismo, avant la lettre, del núcleo duro de sus votantes, que no van a distinguir -ni quieren- entre competencias. Y no sólo ella, sino que enanos políticos como los Beteta y los Güemes le bailen el agua a la líder de lo palurdo, da una idea del potencial demagógico que tiene para la derecha tardofranquista este estado federal imperfecto, defectuoso, inacabado, insuficiente y cabreante, que es el “Estados de las Autonomías” actual. Y esto repercute de nuevo en los sindicatos, que tienen que luchar parceladamente contra la política privatizadora de esta señora y de Camps en Valencia, sin que pueda extenderse la reivindicación y la lucha de lo público a nivel nacional, porque no es el caso ni siquiera en todos los lugares donde gobierna el P.P. Si esta señora fuera presidenta del Gobierno de la Nación no se atrevería a una política privatizadora generalizada, porque sus mismos compadres de partido se lo impedirían por miedo a la pérdida de votos. Esa es una de las razones -y no la única- por la que entiendo que los sindicatos deberían reivindicar -otra vez el verbo, lo siento- el traspaso de las competencias de la Sanidad al Parlamento de la Nación y, por ende, a su Ejecutivo y a la Administración Central. Así, sin miedo y sin complejos. Los sindicatos son libres de luchar por lo que estimen conveniente para sus afiliados y, si lo estiman oportuno, para todos los ciudadanos.
Volvemos a la fiscalidad. Nada de impuestos propios, cedidos y compartidos. Sólo dos tipos de impuestos: los que recaudan -no digo que legislen- enteramente las diferentes Autonomías y los que recauda la Administración Central como órgano administrativo del Parlamento de la Nación y del Gobierno de la Nación. Legislar es otra cosa. Aquí las posibilidades son muchas, pero con una salvedad y que es consecuencia de consideraciones anteriores: que en un estado federal como el nuestro -con sus defectos- la soberanía y la labor legislativa están jerarquizadas. Se entiende sin más explicación. Si se llegara a este estadio de federalismo consecuente, cada ciudadano sabría -como lo saben en Alemania y en USA- a dónde reclamar, a dónde van a parar los impuestos y desde dónde se reciben los servicios. Por supuesto que el Gobierno de la Nación, en su potestad y competencias de acuerdo con la constitución, leyes orgánicas y ordinarias, podría hacer la labor redistributiva entre territorios y personas que estime oportuno, pero ya desde los presupuestos y competencias propias, sin impuestos compartidos y sin gastos participativos.
Hay o pueden considerarse más motivos para defender un estado federal consecuente. Por ejemplo, en un estado federal, donde no hay privilegios de competencias, no habría “cupos” que defender, porque los estados -o autonomías, que por la semántica no vamos a discutir- serían todas de “cupo” y, por serlo todas, no lo sería ninguna. No habría sistemas fiscales distintos, ni sistemas forales de privilegio, porque todos tendrían el mismo, salvo que alguna autonomía o federación renunciara al cobro de algún impuesto. Ese sería un tema político a resolver desde la política, que para eso está. Todas las competencias serían discutibles y discutidas y, llegado el momento, podrían aumentarse o... disminuirse, pero en todas las Autonomías, en las 17. Así, sin complejos. Sí, café para todos, pero cada uno se haría y se pagaría el suyo con sus ingresos propios. Decía Ortega y Gasset que el tema catalán era un problema sin resolver e irresoluble. No estoy de acuerdo con el insigne... madrileño. Hay una solución: convertir en 17 el problema catalán: automáticamente dejaría de ser un problema, porque lo es, precisamente, no porque sea un problema catalán, sino porque es uno. Alemania, USA, Francia y Gran Bretaña han tenido a lo largo de la historia su “problema catalán” y lo han resuelto: convirtiendo en múltiples länders los germanos, en múltiples estados federales los yanquis, los británicos con el colonialismo lo mal resolvieron y los franceses con el republicanismo.
Mientras no se resuelvan estos problemas sobre el Estado, no sólo los políticos, no sólo la izquierda, encontrarán obstáculos en su avance, sino también los sindicatos, aunque parezca que no va con ellos, con los ciudadanos a los que defienden. Y ello porque hay un obstáculo peor que el que no se ve: el que no se espera.
Antonio Mora Plaza - Economista.
«El Adaro merece ser un centro de primer nivel; precisa más apoyos»
«Duro está dando la espalda a sus raíces y no sé por qué; no tiene motivos para irse»
«Hay una competencia voraz en la captación de empresas tecnológicas; me gustaría que hubiera más equidad en las condiciones entre ayuntamientos»
Esther Díaz, alcaldesa de Langreo, en su despacho, durante la entrevista.
La Nueva España. ,Miguel Á. GUTIÉRREZ
El reloj acaba de dar las seis y media, pero ya es noche cerrada en Langreo. La luz que sale por la ventana del despacho de Esther Díaz se funde con iluminación navideña de la fachada del Ayuntamiento. Todo el ornamento está desterrado al exterior. De puertas hacia adentro, lo que manda en la Alcaldía son documentos municipales, informes técnicos y gruesos volúmenes. También una calculadora, con pinta de ser utilizada a menudo.
-¿Salen las cuentas?
-Los números son el pie de cabecera de todo. Hay que hacer números en política y en economía. Estamos en tiempos duros. Esperamos que en 2010 podamos ver la luz al final del túnel. Hemos logrado una estabilidad presupuestaria para el año que viene, con unas cuentas basadas en la contención, y eso es muy importante. Sin embargo, se da una paradoja. A pesar de la crisis tan profunda que estamos padeciendo, es el momento de mayor inversión en la historia de este municipio en todos los ámbitos: autonómico, estatal y local.
-¿Qué valoración hace tras rebasar el ecuador del mandato?
-Estamos con el acelerador a fondo desde el primer momento porque traíamos una buena inercia de la Corporación anterior. Esta es una locomotora que no tiene paradas, sólo un punto final que es llevar a Langreo a donde se merece. Los logros están a la vista y una enumeración se volvería tediosa. Probablemente son más tangibles cuando viene la gente de fuera y lo capta.
-Duro Felguera se va.
-Ya lo he dicho todo de Duro sobre todo de su cara dura.
-¿Entiende sus razones?
-No las puedo entender, ni como alcaldesa ni como ciudadana porque no tienen motivos para irse de aquí. Langreo les da las mismas o mayores posibilidades de desarrollo que otros territorios de Asturias, pero no voy a entrar en confrontación con ningún espacio hermano de la región. Aquí pueden tener las mismas subvenciones, comunicaciones, especialización de trabajadores o vuelco de la sociedad. Estas tierras lo dieron todo por la puesta en marcha de Duro. Sin embargo, esta gran empresa de proyección mundial, está dando la espalda a sus raíces y yo no entiendo por qué. Por eso hace poco hacía un llamamiento a la rebelión de la sociedad civil para que no nos dejemos embaucar por unas pequeñas migajas en forma de pequeñas aportaciones a sociedades culturales.
-¿Ha sido cómplice el Principado en la desbandada de la compañía por las ayudas que ha concedido?
-Yo tengo que valorar las necesidades de este ayuntamiento y demandar la apuesta de las empresas por este municipio. La entidad autonómica tiene que valorar otras cuestiones, pero no tiene que olvidar los territorios en los que está la actividad porque al final cambiar las cosas de sitio no sirve de nada. La cuenta de resultados es la misma. Supongo.
-Usted también ha acusado a Duro de obstaculizar proyectos como el recinto ferial de Talleres del Conde, ¿a que achaca esas trabas?
-No lo sé. Lo que tengo muy claro es que, por nuestra parte, las puertas siempre han estado abiertas al diálogo. En un momento determinado, Duro Felguera decidió cerrarlas. A cal y canto. Los mayores tenedores de suelo son Duro, Hunosa y Arcelor, y con estas dos últimas empresas hemos llegado a acuerdos.
-Las obras del segundo plan anticrisis y el presupuesto de 2010 se han pactado con IU-BA, ¿será la coalición socio prioritario a partir de ahora a la hora de buscar acuerdos?
-Quien gobierna está obligado a llegar a acuerdos. La puerta del consenso está abierta para todos. El que quiera se acerca y el que no, se aleja.
-¿Cómo valora la posición actual del PP y de los ediles afines al PC?
-El PP tiene una estrategia de su dirección nacional y regional que yo entiendo completamente equivocada. No se puede decir que se va a rechazar un presupuesto, sea el que sea, antes de empezar a debatirlo. Poner el no por delante es un error y también un perjuicio para los territorios en los que ejercen sus cargos públicos. Los críticos de IU, en la negociación presupuestaria que se produjo en mayo para aprobar las cuentas de este año, hicieron un circo. Echar un traste un presupuesto por pecata minuta demuestra que no había ninguna intención de llegar a un acuerdo. Nos engañaron como a monos de circo. Probablemente las personas que están en la institución tienen alguna voluntad de acuerdo, pero no tienen capacidad de ejecutarlo porque quienes les apoyan no pactarían bajo ningún concepto con el PSOE.
-¿Qué destacaría de las políticas de empleo desarrolladas en el concejo?
-Fomentar el empleo es una de las prioridades de este equipo de gobierno. Ya lo hicimos con Incuvatic y la implantación de Capgemini y lo vamos a seguir haciendo con la puesta en marcha del edificio de Casa Cuca para albergar empresas de nuevas tecnologías. También hemos hecho una apuesta muy novedosa en El Cadavíu, en el marco del valle del Samuño, tratando de conjugar el empleo y el turismo, a través del centro de empresas agroalimentarias y el proyecto del tren turístico. Poco a poco estamos implantando actividades de ese tipo, como la plantación de Gold Fruits, que es nuestro buque insignia de transformación. La pasada primavera, en una conferencia en Madrid, hice una presentación del cambio experimentado en la zona y cuando la gente veía en las fotografías que una antigua explotación a cielo abierto es ahora una plantación con miles de kiwis y manzanos se quedaba sorprendida. Hay que alejarse un poco y ver otros territorios de España para ver los niveles de calidad en los que está Asturias y, especialmente, las comarcas mineras.
-¿Son las nuevas tecnologías el eje de futuro?
-Sin renunciar a las actividades tradicionales, como la minería o la industria pesada, es cierto que el sector tecnológico es un yacimiento de empleo importante. Lo que sucede es que quizás estamos todos demasiado inmersos en esa competencia voraz por captar empresas de nuevas tecnologías y tendríamos que ser un poco más serenos a la hora de hacer los ofrecimientos, para evitar subastas que puedan hacer excesivamente tentadora la oferta de cada concejo. No debemos de pelearlos entre los municipios por atraer este tipo de empresas sino que deben de ser ellas las que apuesten por las mejores condiciones de cada concejo, y cada cual sabe lo que tiene. En ese ámbito, sí me gustaría que hubiera equidad y paridad en las condiciones entre ayuntamientos.
-¿Por parte del Principado?
-He dicho lo que he dicho.
-¿Ha quedado aparcada la zona azul?
-Hay un proyecto de zona azul aprobado, aunque el concurso quedara desierto. La situación económica ha motivado la ausencia de ofertas y estamos esperando a que mejore. No habrá recortes sobre el proyecto original, sigue plenamente vigente, tal cual lo habíamos planteado.
-¿Puede afectar el bloqueo a la línea Sama-Velilla al traslado de la subestación de Lada?
-Absolutamente. La posición del PP, ese quiero y no puedo que se traen con Sama-Velilla, está haciendo un gran daño a Langreo. Está provocando la paralización del traslado de la subestación, algo que teníamos en la mano, con proyecto sobre la mesa, y que gracias a todo ese montaje establecido en torno a la línea se ha parado. Con esta postura también se está bloqueando la construcción de un nuevo ciclo combinado, o dos, en Lada, con la inversión, el empleo y todo lo que conlleva para Langreo.
-¿Cómo van los planes turísticos para el valle del Samuño?
-El tren turístico es un plan en el que se trabaja a toda máquina. Se trata del gran proyecto de transformación económica de Langreo, en el que tenemos puestas muchas expectativas. Es una actuación de desarrollo a lo largo plazo, de esos a los que les da de comer y no tienen bastante. De la misma manera, el recinto ferial de Talleres del Conde saldrá adelante, pese a la férrea oposición de Duro Felguera. No estoy dispuesta a perder la financiación que tenemos del plan europeo. Pero si, por alguna razón se pierde ese dinero, los auténticos culpables estarán en el Consejo de Administración de Duro Felguera, no en los dirigentes de este municipio.
-¿Le sorprendió el rechazo de partidos y determinados colectivos ciudadanos al plan para desarrollar un área industrial en Modesta?
-Del PP no me sorprende nada. Esta arañando oportunidades y buscando el mejor postor que le apoye. No se ponen colorados por nada. A cierto sector anclado en el pasado no le doy ninguna importancia y por mucho que patalee y dirija cartas a quien corresponda no tiene ningún aval de la ciudadanía de Langreo. Es mirarse al ombligo en lugar de mirar al horizonte y el horizonte, especialmente de Sama, pasa por convertir Modesta en un suelo empresarial de primer nivel.
-Va a pasar a la historia cómo la alcaldesa que vivió la puesta en marcha el soterramiento de Feve en Langreo después de siete años de trámites...
-El soterramiento es el colofón de una obra compleja que va a traer muchos problemas en su ejecución, pero que va a tener grandes beneficios para nuestra ciudad y nuestro valle porque, a pesar de lo que piensen algunos, Langreo también forma parte de esta comarca y piensa en clave de valle. Si todos pensásemos en esa clave, otro gallo nos cantaría.
-El centro de discapacitados de Barros están en marcha y el geriátrico de Riaño en tramitación, ¿se ha cumplido el cupo en el apartado sociosanitario?
-Todavía nos falta algo muy importante. Después de toda la actividad sociosanitaria que se está desarrollando en Langreo en los últimos años, la guinda le toca al Adaro. Por historia y porque es de justicia. Un centro que fue pionero en la atención sanitaria a los minero de Asturias y social, posteriormente, no se merece estar como está. Necesita más apoyos. Los que conformamos hoy el patronato debemos echar el resto para hacer del Adaro un nuevo centro sociosanitario de primer nivel en la cornisa cantábrica porque se lo merece. El sanatorio tiene un personal muy cualificado y da unos servicios de primer nivel para la antigüedad del equipamiento. Si tuviéramos unas instalaciones más modernas podríamos estar en los mejores niveles de España. En el patronato, que conformamos las administraciones y los sindicatos mineros, tenemos que arrimar el hombro para que el Adaro sea lo que se merece. Hay que dejar de pensar que está en Langreo. El sanatorio va mucho más allá de Langreo y del valle del Nalón. Es la esencia de los mineros de Asturias.
-¿Se presentará Esther Díaz a un tercer mandato como alcaldesa de Langreo?
-Esther Díaz está a disposición de su partido para lo que su partido quiera. De momento vivo el día a día en mi locomotora, con el acelerador a tope para salirme por arriba porque tengo que sacar a Langreo por arriba. Estaré hasta donde quieran los langreanos y mi partido.
-Y en clave regional, ¿Álvarez Areces o Javier Fernández como presidente del Principado?
-El partido tomará la decisión que estime oportuna en el momento que proceda. Javier es el máximo dirigente regional de este partido y si en algún momento toma la decisión de dar el paso adelante para asumir la responsabilidad del Gobierno de Asturias va a tener todo el apoyo de la alcaldesa de Langreo y del partido en Langreo.
-¿Sería entonces Fernández un buen presidente?
-Estoy absolutamente convencida. Un gran presidente.
«El horizonte de Sama pasa por convertir Modesta en un suelo industrial de nivel»
«Soterrar Feve traerá muchos problemas, pero también grandes beneficios»
«Langreo piensa en clave de Valle; si todos los hiciéramos otro gallo cantaría»
«Javier Fernández sería un gran presidente y tendrá nuestro apoyo si decide dar el paso»