OPINION

Desde mi ventana lo veo asi ...

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS ANULA EL PACTO SOBRE PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES EN EL SESPA FIRMADO POR LA ADMINISTRACION CON U.G.T., CEMSATSE Y SAE EN EL AÑO 2006

 

Nulo y sin efecto por ser contrario a derecho.

 

Así es la situación que determina el fallo del alto tribunal autonómico, en la Sentencia emitida el 20 de Abril pasado, a instancias de CC.OO., en la que se encuentra actualmente el “Pacto sobre licencias, permisos y vacaciones” firmado por la Administración Sanitaria y los sindicatos UGT, Cemsatse y SAE el 16 de octubre de 2006 (BOPA del 31 de Octubre)

 

La referida Sentencia, a la que hemos tenido acceso por fuentes indirectas, da la razón a las tesis de CC.OO., planteadas nada mas producirse la firma, en el sentido de que las Comisiones de Seguimiento de Acuerdos están para vigilar que lo acordado “se lleva a efecto en sus justos términos y no para negociar y acordar normativa nueva” dejando fuera de dicha negociación a organizaciones plenamente acreditadas para participar en la misma de acuerdo con la Ley.

 

Una tentación que todas las OO.SS. deberíamos dar por finiquitada para siempre.

 

El origen de esta historia se remonta a los “Acuerdos de Modernización y Mejora de la Administración Publica del Principado de Asturias”, firmados el 21 de julio de 2005 en el seno de la Mesa General de Negociación, por los mismos que estamparon su rubrica en el posterior Pacto que ahora es declarado nulo, por considerar que la Comisión de Seguimiento de esos Acuerdos, compuesta exclusivamente por los firmantes, tenia competencias por si sola para desarrollar y “normalizar” todo lo relacionado o enunciado en dicho Acuerdo de 2005.

 

El Tribunal Superior de Justicia asturiano, que entra al fondo de la cuestión y que recuerda la jurisprudencia existente al respecto desde la Sentencia 39/86  del Tribunal Constitucional, deja claro que las competencias de las Comisiones de Seguimiento, compuestas con la exclusión de los no firmantes, carecen de atribuciones para innovar o modificar lo vigente, llegando en este caso no solo a eso sino a “regular por vez primera la materia sin la intervención del Sindicato accionante”, es decir, sin CC.OO.     

 

La importancia de esta Sentencia radica, a mi juicio, en esta cuestión a la que, por desgracia, se recurre con cierta frecuencia: “intentar dejar fuera a los no firmantes de los cambios o matices sustanciales que posteriormente se hacen de lo firmado, vulnerando con ello la esencia de la negociación colectiva consagrada en la Ley”.

 

CC.OO. padecimos en esta ocasión de esa tentación de los “otros”, y los tribunales nos dan la razón, pero deberíamos de ello extraer conclusiones definitivas todos.

 

La situación generada por el vacío legal en cuanto a los Permisos, Licencias y vacaciones

 

La realidad es que nunca en este tipo de casos se produce un “vacío legal” propiamente dicho. Si algo es declarado nulo se recupera lo vigente con anterioridad que, probablemente en nuestro caso, es del antiguo y extinto INSALUD: creo que los Acuerdos de 1992… ¡¡casi nada!!

 

Aunque recomiendo que nadie se asuste por eso, ya que dichos Acuerdos tendrían que estar adaptados a la realidades legislativas nuevas generadas, por ejemplo, por la Ley de Conciliación de la vida Familiar y Laboral, el Estatuto Marco, el EBEP … etc. En una palabra, adaptados a la nueva realidad y legalidad vigente … lo que nos lleva, por lo variado de esta, a que cuanto antes lo compilemos todo en un nuevo Pacto de Permisos, licencias y vacaciones similar o casi idéntico al ahora declarado nulo.

 

Y esto ultimo es sumamente urgente y responsabilidad de todas las OO.SS.  

 

Para aquellos que queráis ver la Sentencia completa os facilitamos el enlace con la misma: VER SENTENCIA

Y para aquellos que os interese recordar la situación del 2006 en lo referente al Pacto anulado, os recomendamos visitar nuestra hemeroteca, ya que habiamos retirado muchos de esos documentos de nuestra WEB: IR A LA HEMEROTECA

 

Un Saludo

 

Arturo M.G.

Desde mi ventana lo veo asi ...

¿Habrá incentivos 2008 para pagar en 2009 como siempre hubo?

En esta ocasión, vaya por delante, la pregunta que hago no es retórica para luego contestármela yo mismo. No tengo dicha respuesta y, en consecuencia, lo único que hago es sumarme a los compañeros/as que me la han hecho y trasladarla desde aquí públicamente por ver si alguien la responde.

Los últimos incentivos que cobramos allá por el mes de mayo de 2008 y que se correspondían con los objetivos cumplidos durante el año 2007, estaban comprometidos en los famosos Acuerdos de Modernización cuya vigencia, a excepción de los compañeros de Educación, finalizaron el 31 de diciembre de 2007. Dichos Acuerdos, como recordareis, no habían sido firmado por CC.OO. y si por el resto de OO.SS. representadas en la Mesa General o “Mesona”.

Desde la finalización de esa vigencia y hasta la firma del Acuerdo del 8 de Octubre de 2008, el SESPA presentó un único documento titulado “PROPUESTA INCENTIVOS 2008”, exactamente  el 27 de Febrero de 2008, del que nunca más supo nada o yo, por lo menos, no lo supe.

En el Decreto de Retribuciones para 2009 de los trabajadores del SESPA, en la parte relacionada con el Complemento de Productividad Variable (anexo VI), nada se dice con relación a estos incentivos, si a otros…

Y por último, ningún movimiento del  SESPA, con peticiones de los días de absentismo de los trabajadores u otro tipo de datos, se está produciendo en las unidades de personal de los distintos centros de gasto y ya estamos en Mayo …

¿Habrá incentivos?

La responsabilidad sindical de contestar esto correctamente y “sin tapujos” es de todas las OO.SS.

Unos, UGT, CEMSATSE y SAE, porque fueron los firmantes del Acuerdo vigente entre 2005 y 2007; y otros, CC.OO. y UGT, porque lo somos del que entró en vigor el 8 de Octubre de 2008 y en el que sólo hay una referencia a INCENTIVOS en el apartado L) para el 2009 …

¿Puede pasar en blanco, con relación a este tema, el ejercicio de 2008?

Desde luego, con la actual situación económica, la tentación de que así sea por parte de la Administración va a ser mucha … Habrá que ver si somos capaces entre todos de que esto no sea así.

Arturo M.G.  

Por la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido

Marcelo Palacios defiende el suicidio asistido en su nueva obra 'Soy mi dignidad'

30.04.09 - E. C.| GIJÓN, para El Comercio

El presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Marcelo Palacios presentó ayer en el Antiguo Instituto Jovellanos su nuevo libro 'Soy mi dignidad' en el que defiende la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, basándose en la dignidad de la persona y en el respeto a los derechos humanos.

«Somos nuestra dignidad, que es la cualidad superior del ser humano » señaló el médico, especialista en bioética durante la presentación de una obra que consta de once capítulos y en la que analiza la legislación de cada país, los conceptos éticos, casos recientes o el testamento vital entre otros argumentos sobre los que se debería apoyar esa ley «necesaria». Palacios aseguró que quien ayuda a una persona a morir no le quita la vida, puesto que éste se la entrega al solicitarla y únicamente «cogestiona» un acto sin «arbitrariedad »

Carta abierta de un Enfermero del SUAP al Consejero de Sanidad

Al señor Quirós y a quien corresponda

 

Señor Quirós, soy un enfermero del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, para entendernos, urgencias de los centros de salud. Llevo trabajando 22 años en los servicios sanitarios y, veo y, sufro día a día, el deterioro de la sanidad asturiana. Durante estos años he visto pasar consejeros y gestores que, con mucho ímpetu y poca suerte, trataron de dar solución a la sanidad, para terminar abandonando impotentes ante los titubeos políticos y la complejidad de la situación.

Son muchas las necesidades que tenemos y pocos los recursos económicos que hay para afrontarlos, pero también podemos y debemos sumar la implicación de los recursos humanos con sus puntos de vista para facilitar esa solución. Soy consciente de los problemas que está teniendo en su labor, y me permito exponerle uno más, pues también es responsabilidad suya y de su equipo el buen funcionamiento de las urgencias de primaria que afectan a tanta población.

Los trabajadores del SUAP (unas 140 personas entre médicos, celadores y enfermeros en toda Asturias), como usted bien sabe, cubrimos en las urgencias de los centros de salud (Mieres, Langreo, Oviedo, Siero, Avilés y Gijón) la mayoría de la población de Asturias en un horario variable. Labor que realizamos durante 12 y 14 horas seguidas en horario nocturno, más o menos entre las 8 de la tarde a las 8 de la mañana, durante todos los días del año, incluso algunos cubrimos todos los domingos y  festivos 24 horas.

Y somos quienes damos solución a los problemas de salud en esas horas intempestivas, en las que la gente suele dormir o divertirse, para prestar un servicio necesario a la población.

Quiero poner en su conocimiento que, hay un incremento considerable de trabajo en los últimos años (puede consultar las estadísticas), y  no podemos dar solución al mismo tiempo a todos los pacientes tarea más que imposible al tener que atender en el centro y en los domicilios cuando en la mayoría de centros solamente estamos  un médico y un enfermero y un celador que se queda solo cuando hacemos domicilios, lo que genera un aumento de conflictos y agresiones ante las que nos encontramos desamparados y solos. Para dar solución a esto, en el área de Gijón se están sustituyendo a los celadores por guardias de seguridad, algo que tanto usted como yo sabemos no es correcto (no sé si incluso será delito) pues un guardia de seguridad que pertenece a una empresa privada no debe, ni puede realizar, ni tener conocimiento siquiera, de los datos de los pacientes, ni de las estadísticas del SESPA. Los guardias de seguridad deben estar para la vigilancia, no pueden entrar en una consulta para ayudar cuando la asistencia lo requiera (la administración olvida que tratamos con gente que se desnuda y, que a los pacientes les asiste el derecho de confidencialidad, tan pregonado últimamente y que se está saltando tan a la ligera).

Los trabajadores del SUAP hemos sufrido cambios de horarios con cada reorganización y hemos estado siempre cumpliendo nuestro trabajo y callados pero, últimamente estamos cansados de la discriminación sufrida con respecto al resto del personal del SESPA, y es por lo que me dirijo a usted. Estamos viendo como se olvidan primando otros intereses por encima de los nuestros, creando situaciones de agravio. Un ejemplo es la reducción de jornada realizada hace unos años, en la que se acuerda con los sindicatos aplicar nuestra ponderación de jornada con posterioridad a la del resto de personal, postergándola continuamente, sin haberse llevado a efecto aún.  Se está aplicando una ley en la que ninguna persona en la empresa puede realizar más de 70 noches anuales, cuando alguno de nosotros nos vemos obligados a trabajar hasta 140 noches. Y en algunos casos como en el área de Gijón hace unos días por el arte de birlibirloque, sin base alguna y, de manera unilateral, sin similitud en cualquier otra área nos aumentan las horas anuales. Nuestra jornada es de 1463 horas, en Gijón 1471 horas nocturnas y de días festivos  y para el personal que trabaja de día son 1519 , una diferencia de 56 horas como compensación de la penosidad del trabajo nocturno (mire lo que dicen los estudios científicos al respecto) y eso es todo lo que recibimos a cambio pues no se nos aplican los conceptos de nocturnidad ni festivos. Decirle que en los primeros años de mi trabajo los días de nochebuena y nochevieja, recibíamos la cantidad de 1500 pesetas de entonces como gratificación de pasar dichas noches al servicio de la comunidad, cantidad que se suprimió, me imagino que para ahorrar (siendo 11 los servicios en Asturias ya puede usted ver el montante de tal ahorro). No estamos pidiendo aumento de sueldo, estamos pidiendo conceptos reconocidos hace tiempo y que se nos vienen negando.

Por si esto fuera poco los trabajadores del SUAP hemos quedado fuera del concurso de traslados, donde teníamos la expectativa de optar a otro servicio menos penoso las personas que tienen más de 55 años y a los que la ley permite eximirse de guardias.

Hemos intentado en varias ocasiones dialogar con la administración de la que usted es ahora consejero, para aportar soluciones ante el desánimo y desmotivación que cunde en el personal de este colectivo y repercute, se quiera o no, en el servicio.

Nos sentimos ninguneados e impotentes pues se nos ignora y pospone nuestra problemática, no teniendo derecho ni a la huelga, pues todos somos servicios mínimos ante lo que nos vemos abocados a tomar medidas que no deseamos ni benefician al servicio.

Como le dije, soy consciente de todos los retos que está teniendo. Me parece que éste no es menos importante y tiene una fácil solución, pues es muy poco el montante económico que conlleva, dando solución a algo que consideramos justo y por lo que seguiremos luchando,  logrando la implicación de 140 trabajadores y evitando el  conflicto que afecta a mucha población.

Siento que haya tenido que ser a través de la prensa esta carta, pero es el único medio que nos han dejado.

Espero su sensibilidad ante los problemas que le expuse y le rogaría una contestación, sino favorable, al menos, las causas imperantes para sufrir tanto agravio. Desde aquí le deseo éxito en su labor para mejora de la sanidad asturiana que la necesitamos todos. 

Un saludo   

Jose Luis Fernández Trapiello.  Enfermero del SUAP

RAMÓN GÓRRIZ VITALLA, Secretario de Acción sindical de la C.S. de CC.OO.

El papel de los salarios en la situación de crisis

Una referencia de incremento salarial por debajo de la inflación prevista sería un reconocimiento inaceptable de que son los trabajadores y sus salarios los causantes de la crisis, y esta circunstancia no ha podido demostrarse en ningún caso.

NUEVATRIBUNA.ES
A propósito de la política salarial últimamente se viene argumentando que al funcionar la economía en un marco de competitividad internacional, el aumento de los salarios puede ocasionar un problema en el empleo y que los salarios son los causantes del deterioro económico. En el mismo sentido se argumenta también que apostar por una pauta salarial de aumento moderado de los mismos, a pesar de su efecto en favor del consumo, no compensaría la influencia sobre la demanda debido a que el aumento de los costes laborales, por su efecto en los precios, provocaría una mayor destrucción de empleo.

Este pensamiento o interpretación neoliberal predica que los salarios deben moderarse con la finalidad de que se eliminen las dificultades en el proceso de crecimiento económico y de creación de empleo. En resumen, el pensamiento económico dominante afirma que la fórmula para la salida de la crisis incluye necesariamente la aceptación de un intercambio colectivo que posibilite el ajuste entre salario y empleo, entendiendo que las empresas invierten en función de la estructura de costes de las inversiones, entre los que el coste laboral constituye el principal factor de todos ellos y asumiendo que los salarios son directamente culpables o responsables de la caída del empleo.

Sin embargo, la causa de la crisis de la economía española viene inducida por su dependencia respecto al mercado internacional, por su ubicación semiperiférica y débil capacidad negociadora, y por su enorme dependencia energética, factores que explican en gran parte la deficitaria balanza de pagos que ha obligado a importar más de lo que exporta. La profunda caída de la actividad económica internacional que afecta a materias primas sobre las que la economía española es muy dependiente es un factor explicativo de primer orden para entender la caída de la actividad y los precios.

Por otro lado, la reinversión de los beneficios acumulados en los últimos años es prácticamente nula debido a las contradictorias expectativas de crecimiento y al enorme frenazo que experimenta la demanda. En esta coyuntura la preferencia por acumular liquidez inhibe cualquier tentación de inversión. En cuanto al aumento en el gasto público que el gobierno propone para compensar la crisis de oferta tiene evidentes limitaciones, tanto porque las posibilidades de aumentar la deuda pública son limitadas como porque se está planteando la reducción de impuestos fiscales que a la postre frenarán la acción pública.

De manera que los salarios y la cantidad y calidad del empleo son variables dependientes de la evolución de estos factores y por tanto son víctimas y no agentes causantes de la destrucción de empleo. No se puede ignorar o no fijar la atención en que la estructura de costes de las empresas es de naturaleza compleja, y es posible incluir entre ellas el coste de las materias primas, la tecnología, el capital inmovilizado, los costes financieros (el tipo de interés real, donde se conjugan tipos de interés y su brecha con el tipo oficial bancario, hasta la necesaria reducción de la inflación) o inclusive la importancia decisiva del régimen fiscal, o de las ingentes subvenciones al capital (subvenciones directas, créditos blandos, compra de activos de la banca, bonificaciones a la contratación, etc.). En última instancia y de manera decisiva, son las expectativas de beneficio de un entorno determinado las que explican las nuevas inversiones.

Este planteamiento, al poner el peso de la evaluación principal de los costes en los aspectos laborales, no da concesión o credibilidad a la posibilidad de regular los mercados mediante la intervención pública para establecer criterios que no constriñan toda decisión o inversión económica en la rentabilidad, y además despreciar otros tipos de costes sobre los que se puede incidir para mejorar las condiciones de beneficio de un país o mercados determinados.

Solo si se asume que las reglas del mercado competitivo y de la rentabilidad son los únicos posibles y no pueden estar sujetos a una regulación y solo si se entiende que el único coste para el capital sea el laboral se puede pensar que un moderado crecimiento del salario ocasione una destrucción de empleo. Hay que entender otros factores del entorno donde se invierte, en el que el coste laboral es un factor más entre otros, y esa acción de contrapeso es la que realizamos las organizaciones sindicales para reorientar los argumentos y negar la culpabilización de los salarios en relación al empleo.

En este sentido, defendemos una política salarial en la negociación colectiva para 2009 que incluya un aumento salarial del 2%, en línea con las previsiones marcadas por el Banco Central Europeo, a lo que se añade el reparto de la productividad y las cláusulas de revisión salarial. Esta es la regla general que impide que los salarios pierdan peso social. La inflación prevista por el gobierno ha sido en los últimos años el criterio habitual sobre el que se revalorizaban los salarios, dato que habitualmente ha subestimado la evolución de los precios, con el resultado evidente de que poder adquisitivo del salario medio ha descendido a lo largo de la presente década. Resulta oportunista, por tanto, la posición de la cúpula empresarial que pretende cambiar las reglas de juego en el momento en el que no le salen las cuentas en función de los resultados de un periodo determinado, sin que por otro lado se aseguren o se evidencien garantías de una mayor efectividad.

Desde CCOO consideramos con especial insistencia la pauta negocial de que los salarios más bajos crezcan por encima de la inflación, con el fin de evitar la competencia perversa por los salarios más bajos.

Una referencia de incremento salarial por debajo de la inflación prevista sería un reconocimiento inaceptable de que son los trabajadores y sus salarios los causantes de la crisis, y esta circunstancia no ha podido demostrarse en ningún caso. Por el contrario, la política económica pública, la financiarización sistémica y la mala gestión empresarial han sido en suma los auténticos responsables de un modelo socioeconómico de difícil viabilidad. Un aumento del 2% en los salarios, con la consigna de una mejoría aún mayor de los salarios más bajos, es una simple medida de compensación del terreno perdido en capacidad adquisitiva de un amplio porcentaje de la clase trabajadora en la última década, puesto que sólo una fracción minoritaria de los salarios ha crecido holgadamente, mientras que el grueso mayoritario se ha mantenido estancado o en retroceso.

En relación a la negociación colectiva hay que añadir una cuestión en relación a sus estructura, que en momentos de crisis se utiliza recurrentemente por parte de algunos dirigentes empresariales para modificar el modelo de negociación, promoviendo que se profundice la fragmentación de su estructura, para priorizar el ámbito de la empresa en la negociación de las pautas salariales. Un ejemplo de ello se encuentra en la interpretación empresarial sobre las cláusulas de descuelgue o inaplicación de los salarios pactados, donde interpreta que la mera previsión de pérdidas en el ejercicio de 2009 sería criterio suficiente para solicitar el descuelgue salarial, inhabilitando así tanto el procedimiento administrativo como el control sindical respecto a la veracidad de la situación crisis de la empresa. Al contrario, las eventuales dificultades de las empresas que soliciten la inaplicación salarial deben ir acompañadas de la presentación de planes de futuro de la empresa, así como de los plazos de recuperación del incremento salarial que los trabajadores han dejado de percibir por el tiempo que se le haya concedido tal “descuelgue salarial”.

La propuesta de profundizar en la fragmentación de la negociación colectiva solo agravaría el problema de las desigualdades salariales. Además dificultaría el objetivo del aumento de los salarios más bajos y de aquellos más alejados del salario medio, cuestión que solo puede llevarse a cabo desde una negociación global donde este objetivo pueda explicitarse como una cuestión de justicia social que mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras para afrontar la crisis económica.

Ramón Górriz Vitalla es Secretario de Acción Sindical de la C. S. de CCOO

A pesar de la crisis los compromisos de actualización y subida de las pensiones se mantinen

"La Seguridad Social es la institución más solvente de España"

Secretario de Estado de la Seguridad Social. Rechaza subir la edad legal de jubilación, pero sí cree que hay que frenar las prejubilaciones

Publico.es

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, es el responsable de un organismo que tiene presupuestado gastar este año 107.000 millones (de los que 93.000 millones son para las pensiones contributivas y otros 2.000 millones son para pensiones asistenciales). La crisis está afectando a sus ingresos, inicialmente previstos en 116.000 millones; los que proceden de las cuotas de los ocupados caerán un 5%, aunque las cotizaciones de los desempleados crecerán un 35%. Granado defiende vehementemente la situación financiera de la Seguridad Social, que es "la institución española más solvente", y defiende la conveniencia de hacer reformas con la vista puesta en las pensiones de dentro de veinte años.

¿Habrá superávit en la Seguridad Social este año, o no, como prevé el Banco de España?

Nuestra previsión es que el desfase entre ingresos y gastos se traduzca al final en un superávit de unos 5.600 millones. Son 3.000 millones menos que lo previsto inicialmente, pero seguimos teniendo cuentas en positivo, sobre todo porque hemos adoptado muchas medidas para tener más ingresos y menos gastos con los mismos afiliados. Hemos conseguido que la edad real de jubilación aumente: en estos momentos está en 63 años y nueve meses, una de las más altas de Europa, lo que se traduce en menos gasto para el sistema.

¿También habrá superávit en 2010?

El presupuesto de la Seguridad Social lo estamos configurando ahora. Para cerrarlo es indispensable conocer el objetivo de inflación o las previsiones de crecimiento de la población activa. Pero nosotros no prevemos que el superávit se convierta en déficit tampoco el año que viene. Entre otras cosas, porque las medidas de control que se han puesto en marcha tienen un escenario temporal de implantación progresiva.

¿Entonces existe la necesidad "imperiosa" de hacer reformas en el sistema de pensiones, como dice el gobernador del Banco de España?

A corto plazo no existe ningún riesgo. Esto es algo que sabe el Banco de España. Pero es verdad que cuando te trasladas a un horizonte temporal (y nosotros estamos haciendo ya proyecciones hasta el 2060), se ve que va a llegar un momento en España en que la gente que se jubile fue la que nació a finales de los sesenta y principios de los setenta, momento en el que las tasas de natalidad eran muy elevadas, y que estén trabajando las personas que nacieron después de 1977, cuando las tasas de natalidad cayeron abruptamente. ¿Cómo se corrige eso? Aumentando la tasa de ocupación femenina, con los flujos migratorios, y con medidas de aseguramiento del sistema de Seguridad Social. ¿Estas son reformas para el año que viene? ¿La Seguridad Social necesita reformas para la crisis? No, la Seguridad Social necesita reformas para conseguir que dentro de 20 años su situación sea tan buena como la que tiene ahora. En estos momentos, la Seguridad Social es la institución económica más solvente de España, tanto pública como privada.

¿Una de esas medidas es elevar la edad de jubilación?

Los países que han cambiado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años son países donde la edad real de jubilación es de 60 años. Realizan esa reforma para que la edad real aumente en dos años. Nosotros tenemos un sistema en el que a los 65 años se jubila fundamentalmente la gente que hace trabajos manuales mientras que los que hacen trabajos intelectuales se jubilan antes. Nos parecería muy injusto tener que decir que alguien que se jubila a los 65 lo haga a los 67 porque somos incapaces de frenar que las empresas prejubilen trabajadores. Y lo que hemos hecho es trabajar sobre la jubilación anticipada, porque nos parece mejor sistema que sobre la edad legal.

Frenar las prejubilacioens es una de las propuestas de Fernández Ordóñez.

Eso está muy bien. Está muy bien que lo diga el gobernador porque el Banco de España ha hecho un abuso de las jubilaciones anticipadas. Cuando suprimió las oficinas provinciales, la mayor parte de la plantilla fue enviada a la jubilación anticipada. Nosotros lo que decimos es que tenemos que intentar buscar formulas flexibles para que esas personas a las que se jubila anticipadamente permanezcan en el mercado de trabajo, incentivando que haga jornadas parciales o reducidas. Yo sigo pensando que este reequilibrio del sistema pasa por que se trate mejor a la gente que es despedida en el último tramo de su vida y lleva mucho tiempo cotizando sobre bases muy altas, a base de repartir de forma más solidaria y razonable lo que es el cálculo de la pensión en relación con lo que uno ha aportado. Esto no significa hacer recortes y naturalmente hay que seguir siendo solidarios con las situaciones de incapacidad, viudedad etcétera. El país va a gastar más en política social y ese mayor gasto hay que repartirlo de forma más justa.

¿El Gobierno se plantea que las pensiones se ajusten también cuando la inflación va a la baja?

Tenemos un stock de pensiones muy bajas y hemos hecho un esfuerzo considerable para garantizar que la mayoría se sitúa por encima del umbral de pobreza. Antes de comenzar a discutir cómo hay que revalorizar las pensiones, tendríamos que conseguir que en España nuestro nivel de pensiones fuera un poco más elevado. Creo que nuestras revalorizaciones de pensiones siguen siendo válidas y razonables.

La reacción del ministro Corbacho ¿no ha sido exagerada?

No. Ha sido absolutamente proporcional al impacto que habían tenido las declaraciones del gobernador. En España, éste es un tema muy sensible.

¿Qué pasaría si hubiera déficit en la Seguridad Social?

En los noventa hubo déficit en la mayor parte de los años. Todos sabemos que lo preocupante no es que haya un año de déficit; casi con los rendimientos del Fondo de Reserva bastaría para compensarlo. Pero Rajoy dice que está en riesgo el sistema de pensiones. Aquí ha habido por parte del PP una utilización abusiva del asunto, una tergiversación bastante consciente. Y el ministro tiene la obligación moral de dirigirse a un colectivo de ocho millones de personas que se asustan. Yo creo que Rajoy lo que quiere dar es una sensación de que la situación es de emergencia. Y es un intento carente de sentido. Aquí tenemos todos clarísimo que hay que hacer reformas. Somos el único gobierno en la historia de España que ha hecho reformas cuando las cosas estaban bien, en el momento de mayor superávit de la Seguridad Social, y vamos a seguir haciéndolas.

Aunque continúe la crisis, ¿los pensionistas verán actualizadas sus pensiones?

Naturalmente.

¿Y las pensiones mínimas subirán más?

Nosotros tenemos un compromiso electoral y vamos a cumplirlo.

¿Ha incumplido el PP el compromiso del Pacto de Toledo de no utilizar las pensiones como arma electoral?

La gran ventaja del Pacto de Toledo es que ha marcado un norte y ha permitido que el sistema de pensiones no tenga los vaivenes que tiene la reforma del sistema educativo o del sistema sanitario. Un sistema de pensiones se basa en la confianza. Y esa es la gran ventaja del Pacto de Toledo. Y cuando se está extendiendo la desconfianza se está haciendo que el sistema funcione peor. Yo agradecería que con la Seguridad Social no se juegue a eso. Cuando se dice que está en riesgo el sistema de pensiones, o cuando se dice la absoluta necedad, como ha dicho Rajoy, de que tiene que ganar mi partido para garantizar el cobro de las pensiones, realmente se está incumpliendo el espíritu del Pacto de Toledo.

Frente al resurgimiento del fundamentalismo de la iglesia contra el aborto

CARMEN ORTIZ IBÁÑEZ, es médica y Presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

De nuevo, como en 1985, tenemos que soportar campañas en las que la Iglesia y los sectores mas fundamentalistas de la sociedad pretenden mostrar lo que solo es la legalización para nuestro país de un derecho consolidado en los países de nuestro entorno con una situación monstruosa en la que se equipara el aborto con los crímenes mas horrendos.

NUEVATRIBUNA.ES

La aprobación de la normativa actual que regula el aborto en España vino a aliviar una situación insostenible en su momento, cuando poner fin a un embarazo no deseado, independientemente de cual fuera la causa que provocaba el rechazo al mismo, era un autentico calvario para la mujer. Es preciso recordar que hasta el año 1985 interrumpir un embarazo no deseado suponía tener que salir fuera de España a los países europeos de nuestro entorno en los que el aborto era legal, fundamentalmente Inglaterra, o bien entrar en una situación de clandestinidad en la que no siempre se podía garantizar la seguridad física para la mujer y desde luego en la que se incurría en graves delitos contra la ley tanto por parte de la mujer como por la de los profesionales que ayudaban o realizaban dichos abortos. En su momento esta legalización supuso acusaciones de corte similar a las que ya se han empezado a oír actualmente, acusaciones de asesinato en nombre de una supuesta defensa de la vida desde un sector de la sociedad que se caracteriza por su dogmatismo, olvidando que una sociedad democrática como la nuestra tiene que permitir la convivencia y la tolerancia de diferentes opiniones ya que en eso consiste la esencia de la misma.

En un Estado moderno como el nuestro toda persona tiene derecho a que se respete su autonomía personal y en este contexto la mujer puede y debe tener opción a decidir qué hacer ante un embarazo no deseado, sin que ningún poder autocrático como el que pretende mantener la iglesia pueda impedírselo. La normativa aprobada en 1985 presenta no obstante múltiples problemas, como se ha visto a lo largo de estos años, entre otros la falta de autonomía para la mujer, ya que no permite que esta decida por sí misma si quiere interrumpir su embarazo. Así mismo el hecho de que no se haya regulado adecuadamente la objeción de conciencia ha tenido como consecuencia la expulsión de la mayor parte de los abortos del servicio sanitario público, y por otra parte se ha estigmatizado a aquellos profesionales que sí están dispuestos a realizarlos por no hablar de algunas Comunidades como Navarra en las que se provocó una autentica persecución de alguno de ellos, o más recientemente el cierre de clínicas y las acusaciones graves de asesinatos contra los profesionales de las mismas tanto en Madrid como en Barcelona.

 

El informe que ha hecho la comisión de expertos para la tramitación de una nueva ley recomienda una ley de plazos que despenalice la realización de abortos hasta la 14 semana, y hasta la 22 cuando existan malformaciones graves del feto o peligro para la vida de la madre. Aunque esta ley quede muy lejos de las que actualmente están vigentes tanto en Inglaterra como en Holanda que despenaliza el aborto y lo permite hasta las 24 o las 22 semanas que es donde se fija la viabilidad del feto, esta nueva ley viene a poner solución al trato degradante de la mujer en la actual legislación que le obliga a ser tutelada por un psicólogo que ratifique un grave daño psicológico para la mujer lo que le permite acceder a la interrupción de un embarazo no deseado. En cualquier caso sigue dejando algún punto sin solución, ya que es necesario precisar qué va a suceder con aquellos embarazos en los que se diagnostiquen malformaciones incompatibles con la vida del feto o grave peligro para la vida de la madre mas allá de las 22 semanas, de lo contrario se pueden provocar en un futuro nuevas situaciones de dudosa legalidad.

Otro problema que se puso de manifiesto con la anterior ley y que lejos de solucionarse con el paso del tiempo fue creciendo cada vez más es dónde y cómo se practican dichos abortos. En un país como el nuestro con la existencia de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, una ley como esta debe cubrirla el sistema público y como primera medida tiene que formar parte de su cartera de servicios, como forma de garantizar a toda la población la igualdad de acceso a un derecho. La realización del aborto tiene que ser una prestación más que se realice con naturalidad en los hospitales públicos garantizando la calidad necesaria que solo se puede alcanzar cuando haya un número suficiente de ellos que permita desarrollar la habilidad que se precisa por parte de los profesionales.

En segundo lugar es preciso regular la objeción de conciencia que respetando a los objetores no castigue ni margine a aquellos profesionales que sí estén dispuestos a realizarlos, estos tienen que ver reconocida su disponibilidad para garantizar la realización de un derecho y de una prestación sanitaria a la que tienen derecho las mujeres que cumplan los requisitos que se aprueben por ley, y es función de las autoridades sanitarias garantizar el cumplimiento de la misma. La mejor forma de luchar contra los embarazos no deseados es llevar una política de formación sexual y reproductiva eficaz, así como facilitar el uso de todos los anticonceptivos, países como Holanda demuestran que una buena practica en este sentido disminuye de forma drástica la realización de abortos.

De nuevo, como en 1985, tenemos que soportar campañas en las que la Iglesia y los sectores mas fundamentalistas de la sociedad pretenden mostrar lo que solo es la legalización para nuestro país de un derecho consolidado en los países de nuestro entorno con una situación monstruosa en la que se equipara el aborto con los crímenes mas horrendos. Siempre es sorprendente cómo una Institución como la iglesia es capaz de denunciar con tal vehemencia lo que es una manifestación del derecho a ejercer la autonomía de la mujer a la hora de decidir si quiere interrumpir un embarazo no deseado y por el contrario aprueba y justifica hechos como la aplicación de la pena de muerte, la prohibición del uso del preservativo en países como África o los avances de la ciencia en la investigación con células madre que permiten salvar vidas humanas. Mezclando de nuevo los asuntos terrenales de los derechos sociales que competen a toda la sociedad con los asuntos teológicos relacionados solo con una parte de la misma, aquella que se confiesa creyente y a la que por supuesto nadie va a coaccionar para que realice un acto en contra de sus creencias.

Lo que hasta ahora se conoce supone un avance en cuanto a capacidad de decisión de las mujeres y seguridad jurídica para estas y los profesionales, pero deja de solucionar algunos casos (enfermedades muy graves fuera del plazo establecido) y sobre todo no entra a regular la objeción de conciencia de los profesionales que es una premisa básica para su prestación normalizada por la Sanidad Pública.

Carmen Ortiz Ibáñez es médica y Presidenta de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

PUNTO DE VISTA EN EL BLOG DEL MOVIMIENTO ASAMBLEARIO DE TRABAJADORES DE SANIDAD

LA FUERZA DE LA VERDAD: LAMELA, AL JUZGADO

Madrid 21/04/2009

Carlos Barra, uno de los firmes defensores de la inocencia de Luis Montes y de los profesionales del Hospital Severo Ochoa a quienes Manuel Lamela, como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, atribuyó actuaciones profesionales que la Justicia determinó que no se ajustaban a la verdad, analiza la decisión judicial que ha admitido a trámite la querella presentada contra el ya exconsejero.

“Han pasado cuatro años de unos hechos que conmocionaron a la sociedad española y generaron una gran alarma social; me refiero al llamado 'Caso Leganés'. Conviene recordar que, basándose en una denuncia anónima, demostrada posteriormente como falsa, el entonces Consejero de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, denunció ante los Tribunales de Justicia al Dr. Luis Montes y a varios profesionales más del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, por la realización de prácticas médicas irregulares que habrían producido resultado de muerte en numerosos casos. (En un principio se llegó a hablar de 400 casos de presuntos homicidios).

La ambigüedad cómplice del Colegio de Médicos de Madrid, con su Presidenta a la cabeza, así como el silencio vergonzante de muchos profesionales médicos que no supieron defender, no tanto a unos colegas, sino el propio ejercicio libre de su profesión, permitieron que se iniciase desde el Gobierno de Madrid la mayor agresión de toda la historia contra la Sanidad Pública y sus profesionales en nuestro país. Sólo la firme convicción de los denunciados en su buen quehacer profesional y el enorme apoyo que la ciudadanía de todos los rincones del país les prestó, permitió que, a pesar de la persecución a que fueron sometidos ellos, pudiesen demostrar ante los Tribunales la falsedad de los hechos que se les imputaban.

Responsabilidades políticas

Una vez que la Justicia estableció la inocencia de los acusados así como la absoluta ausencia de mala praxis en su actividad profesional, parecía razonable que, en un sistema demócratico, se asumiesen responsabilidades políticas por parte del Gobierno Aguirre. Nada más lejos de la realidad. La Sra. Aguirre, que validó reiteradamente la actuación del Sr. Lamela ( posteriormente lo fulminó y eliminó de su Gobierno), a fecha de hoy sigue sin asumir ninguna responsabilidad política.

El pasado 14 de abril, el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid admitió a trámite la querella que los doctores Montes Mieza y López Varas interpusieron contra el ex-consejero Lamela y los miembros del Comité de Expertos que él mismo nombró ad-hoc, por los presuntos delitos de denuncia falsa y falsedad.

Ideología reaccionaria

Desde un absoluto respeto al Estado de Derecho y consecuentemente a la presunción de inocencia(derecho vulnerado reiteradamente por el Gobierno de Madrid en este asunto), estoy convencido de que la actuación judicial que ahora comienza va a permitir que pueda demostrarse que la actuación de Lamela y sus acólitos no perseguía la búsqueda de la verdad y la seguridad de los pacientes, sino el aniquilamiento de unos profesionales que defendían y defienden un concepto de servicio público sanitario absolutamente contrapuesto a la ideología reaccionaria y fundamentalismo político que representa el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El comportamiento político del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su Presidenta en este gravísimo suceso pone al descubierto la absoluta falta de ética política que preside su ejercicio del poder y debilita de manera grave la fortaleza de nuestro sistema democrático. Para concluir y como dato muy esperanzador, tenemos una certeza: la verdad avanza".

Carlos Barra Galán. - Médico de la Asociación en Defensa del Hospital Severo Ochoa.