De la crisis no se sale deteriorando los derechos laborales o reduciendo el papel de los sistemas de protección
Hacer frente a la crisis y adoptar iniciativas que tengan como prioridad el empleo y la protección de los sectores más vulnerables es la tarea, no hay otra prioridad. Y hay que abordarla de manera simultánea a la realización del tan demandado proceso de transición hacia un nuevo modelo productivo...
Por Rodolfo Benito Valenciano. Secretario Confederal de Estudios de CCOO y Presidente de la Fundación 1º de Mayo
NUEVATRIBUNA.ES.
No hay otra salida. Mantener un modelo basado en bajos salarios, puestos de trabajo de baja cualificación, altos índices de precariedad laboral y reducido esfuerzo inversor de las empresas en procesos de investigación y desarrollo tecnológico, no sólo no permitirá hacer un país más competitivo, por tanto, con mayores niveles de productividad, sino que le condenaría hacia un empobrecimiento progresivo.
Y cierto es, además, que de la crisis no se sale deteriorando los derechos laborales o reduciendo el papel de los sistemas de protección, y no sólo porque no están en la raíz de la misma, ya que también numerosos estudios económicos coinciden en que la desregulación del mercado de trabajo es incompatible con un incremento relevante de la productividad.
Este es el reto del nuevo Gobierno, que debe apostar decididamente por el diálogo social, impulsando en el marco de dialogo social reforzado, un Pacto por el empleo, la protección social y el cambio de modelo productivo, tal y como vienen planteando los sindicatos.
Un gran Acuerdo con capacidad de adopción y materialización inmediata de medidas que requiere nuestra economía, que son de carácter económico y social, para frenar la vertiginosa destrucción de empleo y para proteger a quienes hoy, estando en situación de desempleo, no tienen ningún tipo de protección.
Medidas para mantener el empleo existente, para crear nuevos empleos, lo que exigirá de un ambicioso plan de choque, sostenido en un amplio programa de gasto público, que tenga como objetivo sostener y ampliar la actividad económica. Gasto público que no es una rémora, tal y como todavía vienen preconizando las corrientes neoliberales, sino algo muy necesario para estimular la demanda.
Sostener la actividad de la construcción no especulativa, así como de otros sectores que han sido la base del crecimiento en los últimos años, es fundamental en términos de empleo, en el tránsito hacia un nuevo modelo productivo, así como el apoyo selectivo a sectores industriales con gran capacidad exportadora o de generación de una expansiva demanda agregada.
Como también son una prioridad las políticas de apoyo a los servicios públicos de bienestar social, que se convierten, de hecho y en el corto plazo, no sólo en red de protección, sino también en factor de crecimiento, cohesión social y en una importante cantera de empleo.
Las inversiones públicas, el incremento del gasto público es, en definitiva, una condición necesaria para reactivar la economía, para reactivar la demanda agregada y, en consecuencia, la producción del país.
En esta línea, el “Plan de Inversión Local”, que aún yendo en la línea correcta, es, a todas luces, limitado, es preciso, porque lo exige la situación, ir más allá, ampliándolo y abordando un fuerte programa de inversiones que anticipe la obra pública proyectada para los próximos diez años e impulsando aquella que acompañe de manera efectiva el cambio de modelo económico y productivo en nuestro país.
Las infraestructuras físicas, inteligentes, las vinculadas al sector ferroviario, es imperativo que se anticipen, complementadas de un amplio programa de viviendas protegidas y de alquiler, a través de la acción concertada de las distintas Administraciones, que favorezca el acceso a la vivienda de amplias capas de la población, y que presione también a la baja sobre el precio de la vivienda libre, actuando sobre el suelo, poniendo, por tanto, suelo público, que lo hay, para este programa y eliminando los movimientos especulativos que siguen anidando aún incluso en este escenario de crisis.
Todo indica también que establecer un “Plan Extraordinario de Rehabilitación Urbana y de Vivienda Residencial”, con especial atención al aumento de la eficiencia energética, sería muy oportuno en términos de empleo.
Al igual que no debe demorarse la realización de un Plan Industrial, que apueste por un proyecto a medio plazo, que diseñe políticas horizontales y sectoriales que incrementen el peso de la industria. Debe fomentarse el diseño industrial, la calidad de los bienes y servicios, la cooperación entre pequeñas y medianas empresas, la exportación y la apertura de nuevos mercados.
Este Plan debe contemplar como objetivo acercar el gasto en I+D+i a los objetivos de competitividad de la Cumbre europea de Lisboa, de forma que nuestra estructura productiva sea capaz de competir por arriba en productos de alto contenido tecnológico, alta elasticidad de la demanda y, por tanto, capaces de ofrecer buenas condiciones de trabajo. Aunque el esfuerzo público ha sido muy importante en los últimos años, podemos constatar que no se ha generado el efecto de arrastre deseado sobre la inversión privada.
La Educación y la Formación es otro de los vectores que hay que acometer sin dilación.
En definitiva, no hay otra dirección que la de un gran Acuerdo de salida a la crisis, consensuando el diagnóstico sobre la misma, como la mejor manera de acertar en las iniciativas y medidas que hay que adoptar.
