OPINION

Para leer con tranquilidad y pensar en la situación asturiana dónde el principal enemigo del sostenimiento de nuestro sistema sanitario proviene del gobierno central vía “financiación autonómica”

El 'match-ball' sanitario de nunca acabar

Si hay algo que caracteriza al sistema sanitario español actual es la inestabilidad de su horizonte, que no permite prever a ningún ciudadano cómo será la atención sanitaria que reciba dentro de unos pocos años con unas garantías mínimas de acertar.

Por Javier Rey del Castillo (*), en Acta Sanitaria

El factor más inmediato de inseguridad son los cambios en la línea de privatización de los servicios, el recorte de éstos, y la introducción o el aumento del aporte económico personal inmediato para acceder a ellos, que ha introducido el Partido Popular desde que accedió por segunda vez al Gobierno de la nación. Una labor a la que varios gobiernos autonómicos populares, ahora el de Madrid de manera destacada como lo fue antes el valenciano, o de otros partidos de la derecha nacionalista, CiU en particular, aportan su grano (o montaña) de arena de manera específica. Estas "ayudas" autonómicas, más o menos toleradas o receptoras de la complicidad más activa del gobierno central, contribuyen a aumentar la situación de inestabilidad de un sistema que nació con la vocación de ofrecer atención universal e igual a todos los ciudadanos en todo el territorio español.

 

Una característica destacada de las medidas en la línea indicada que se han ido adoptando hasta ahora es su arbitrariedad, manifestada por la marcada ausencia de razones aportadas para justificarlas cuando se han demandado. En todo caso, se trataba hasta ahora de medidas expresas que afectaban al sector sanitario de manera directa. Lo que ha permitido que, producida su adopción por unos u otros gobiernos, pudieran ser combatidas igualmente de manera directa, en la calle y los centros, pero también en el terreno judicial, por los grupos de población o profesionales que se han sentido más afectados, con efectos que están todavía por dilucidar.

 

Así, por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no las tiene todas consigo respecto a la privatización de la gestión de seis hospitales y hasta veintisiete centros de salud. La respuesta popular y judicial, a la que se sumó in extremis el PSOE (VER), con la que se ha respondido al intento de avanzar en esas medidas ha provocado no sólo su puesta en cuestión desde un punto de vista legal, sino también dudas profundas por parte de las propias empresas que pudieran estar previamente interesadas por participar en esas operaciones.

 

En el caso de las medidas más generales contenidas en el Decreto-Ley 16/2012 poniendo en cuestión la ruptura de la cobertura sanitaria universal de la población inmigrante, pero también la de determinados grupos de población española, han sido varias CCAA las que han adoptado medidas que suponen paliativos a su aplicación. A eso, otras CCAA han añadido su puesta en cuestión ante el Tribunal Constitucional, no sólo por la propia naturaleza de las medidas adoptadas, sino también por la supuesta invasión de competencias que supondrían en sí mismas. En lo referente a la modificación de los copagos farmacéuticos, que se han pretendido incrementar por los gobiernos catalán y madrileño, ha sido curiosamente el propio Gobierno central, duplicado por algunos partidos de las oposiciones respectivas, el que ha recurrido los recargos que aquéllos han pretendido imponer.

 

En unos y otros casos la combinación de una respuesta social muy activa con los recursos legales interpuestos hasta ahora y los que se puedan interponer en el futuro, más los problemas políticos añadidos derivados de esa conflictividad y de los plazos en que se deberían aplicar en relación con los calendarios electorales, configuran un panorama en el que caben serias dudas sobre las perspectivas de futuro de esas medidas. Por ahora se ha salvado así ese "match-ball" más inmediato, y hay por lo menos la oportunidad de seguir jugando en defensa del sistema sanitario público y universal. Lo que ha sido posible porque había jugadores dispuestos por unas u otras razones a contestar la amenaza de pérdida de un partido todavía no decidido.

 

Esa combinación de medidas que afectan de manera evidente y directa a la constitución del sistema sanitario con la existencia de grupos sensibles a las posibilidades de su deterioro con alguna capacidad para responder al mismo no se da, sin embargo, en todos los ámbitos que afectan de manera esencial al mantenimiento de las condiciones universales y de igualdad del sistema. En algunos de ellos, no hay ni sensibilidad para detectar de qué manera pueden afectar medidas adoptadas en otros terrenos a la posibilidad de mantener esas condiciones, ni tampoco "jugadores" que estén interesados en responder a las mismas. Lo que convierte cualquier nuevo "match-ball" de esas características, que los actores sanitarios no han siquiera advertido, en un riesgo grave de perder el partido y constituirse en una situación irreversible y terminal que rompa definitivamente el Sistema Nacional de Salud (SNS).

 

Esa situación es especialmente manifiesta en el terreno de la financiación autonómica. El principal motivo aducido para que se haya vuelto a plantear su modificación son las demandas planteadas desde Cataluña, con el apoyo de todo su espectro parlamentario autonómico, para obtener una financiación que limite las aportaciones que se puedan hacer desde allí a la financiación compensadora de otras CCAA con un menor nivel de renta y, en consecuencia, con una menor capacidad fiscal. Demandas planteadas sobre la base de un supuesto "déficit fiscal" de aquel territorio, acerca de cuya realidad y cuantía hay discrepancias importantes entre los propios expertos (Zabalza A. Cuatro reflexiones sobre el saldo fiscal catalán. (VER I) y (VER II).

 

El problema es que, incluida la financiación sanitaria en la autonómica general desde 2002, y siendo la parte sanitaria una proporción elevada del presupuesto de cada CA (que en algunos casos llega al 50%, y en todo caso no es inferior al 40% del mismo), atribuir la sostenibilidad del sistema sanitario de cada una a su propia capacidad fiscal, y reducir su carácter solidario y generador de cohesión no sólo territorial, sino también social, condena a muchas de ellas a que sea imposible que mantengan un mismo nivel de servicios. Lo que conllevaría la ruptura de las condiciones universales e igualitarias con las que se constituyó nuestro sistema sanitario.

 

Si eso ocurre desde el punto de vista de los ingresos, pasa igual desde el punto de vista del gasto. La elevada proporción del presupuesto sanitario sobre el total de cada CA permite también deducir que su desvío tiene mucho que ver con los déficits en que han incurrido, en proporción desigual, las CCAA como consecuencia de incrementos globales injustificados del gasto generado por su gestión, que son responsables de hasta un 80% de sus déficits respectivos (de la Fuente A. Las cuentas autonómicas en perspectiva. VER).

 

Está por analizar adecuadamente qué parte de esos desvíos del gasto sanitario tienen que ver con las condiciones organizativas de los servicios, entre otras con la extensión de la privatización de los mismos en cada uno de ellos. En todo caso, otro factor contribuyente a esos desvíos es la gestión de la descentralización de los servicios sanitarios que se ha producido, que ha supuesto la ruptura de las economías de escala propias de un servicio "nacional" de salud, y que se traduce de manera muy evidente en las limitaciones para establecer una verdadera central de compras del SNS (Avedillo D. et al. Centrales de compras en el abastecimiento del sector público. (VER).

 

En el único país federal comparable al español que ofrece protección sanitaria universal, Canadá, los mismos problemas financieros que afectan a nuestro sistema sanitario se traducen en la existencia de un sistema descentralizado de financiación sanitaria específico, que no entra en el cálculo de las balanzas fiscales de las provincias de aquel país, equivalentes a nuestras CCAA, y que se acompaña del establecimiento de determinadas condiciones organizativas y de reconocimiento de derechos dirigidas a mantener las condiciones universales e igualitarias de su sistema sanitario (Rey Biel P. Rey del Castillo J. La sanidad y el pacto fiscal catalán. (VER). Se trata de un modelo en el que precisamente ese sistema de financiación sanitario específico ocupa un lugar central en el mantenimiento de las mismas, y del funcionamiento coordinado de Medicare, su sistema público de salud.

 

A la inversa, la carencia de una perspectiva global de las condiciones de toda naturaleza que son necesarias para mantener la protección sanitaria universal en nuestro país, uno de los derechos cuyo ejercicio más afecta a la calidad de vida de los ciudadanos y que más se está poniendo en cuestión con las medidas que se están adoptando por el PP para afrontar la crisis económica, es una buena expresión de la escasa prioridad que han tenido hasta ahora las políticas sanitarias en España.

 

Por la misma razón, la propuesta legal y organizativa de un nuevo modelo sanitario que restablezca la perspectiva de una protección sanitaria universal e igual para todos, y no sólo la respuesta negativa a las medidas que está aplicando la derecha que gobierna, que no se han podido evitar eficazmente con las reglas y normas hasta ahora en vigor, debería formar parte prioritaria de cualquier alternativa política creíble para los ciudadanos que pretenda dar una salida distinta a la crisis económica. Esa propuesta debería estar al menos pergeñada para el momento en el que se debata un nuevo modelo de financiación autonómica, so pena de que la aprobación de éste hipoteque las posibilidades de desarrollo posterior de cualquier alternativa sanitaria específica.

 

Las dificultades añadidas en este caso para levantar ese nuevo "match-ball", provocado en este caso desde fuera del sistema sanitario, derivan de una parte de que no caben esperar movilizaciones ciudadanas o profesionales que entren a defender uno u otro modelo de financiación y comprendan sus efectos sanitarios. De otra, de que el modelo de financiación autonómica cuenta desde 2002 con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Las posibilidades de superar esas dificultades, que están todavía por definir, dependen sobre todo por eso en este caso de la posición que adopten al respecto los partidos que puedan intervenir en la definición de un nuevo modelo de financiación

 

(*).- Javier Rey del Castillo, médico especialista e inspector del SNS, fue director general de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad y Secretario del Consejo Interterritorial del SNS

Votar, callar y obedecer ¡¡qué más quisiera el PP!!

La demagogia populista de María Dolores de Cospedal

Por Ignacio Escolar, en Escolar.net de eldiario.es

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, carga contra los movimientos sociales, contra la "demagogia y el populismo" de esos "nazis" de la PAH: "Si quieren representar una forma de ver la sociedad deberían participar en el juego de la representación porque si no, se estarán aprovechando del sistema, pero no estarán aceptando los compromisos y la responsabilidad". La falacia es tan burda como fácil de desmontar. De Cospedal está defendiendo el parlamentarismo absolutista: una democracia de ínfima calidad, donde la única voz del ciudadano pase por votar y callar. Obviamente, este argumento solo sirve para aquellas organizaciones que desagradan al PP y no verán a De Cospedal criticando con esta misma lógica a la Conferencia Episcopal: esa organización que "se aprovecha del sistema" pero no pasa por las urnas. Será porque los obispos sí se presentan a las elecciones... en la papeleta del Partido Popular.

¿A quién representa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca? De entrada, a ese cerca de millón y medio de personas que firmaron su propuesta para reformar la ley hipotecaria española y permitir la dación en pago; unas firmas que la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados decidió torear. También representa un sentimiento mayoritario, según todas las encuestas: el de tantos ciudadanos que se rebelan contra la idea de que tengamos miles de pisos vacíos –rescatados por el Estado con el dinero de los contribuyentes– y, al mismo tiempo, miles de familias en la calle.

"El juego de la representación" como lo llama De Cospedal, tampoco lo justifica todo. Ganar las elecciones no es un cheque en blanco por cuatro años, menos aún cuando esa victoria se logra mediante mentiras durante la campaña electoral. La democracia, en el siglo XXI, no solo consiste en votar: entre otras cosas, también pasa por la transparencia, por la libertad de expresión, por el derecho a la manifestación y por la libertad de asociación. Cuando De Cospedal criminaliza como "nazis" a quienes legítimamente usan o reclaman estos derechos está vulnerando esa misma democracia que dice defender. Está cayendo en esa "demagogia y populismo" de la que acusa a los demás.

Hacia dónde lleva la legislación sobre la interrupción del embarazo que propone el ministro de Justicia

El aborto: ¿nuevo caso de movilidad exterior?

Por Miguel Ángel Presno, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad, acreditado como catedrático

En una reciente comparecencia parlamentaria, el ministro de Justicia declaró que «ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social». Es imposible no estar de acuerdo con esta frase. Lo que cabría esperar es que, a continuación, el Ministro anunciara una serie de medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, la creación de guarderías públicas, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, nuevas ayudas para las mujeres que conviven con personas dependientes, mayores dotaciones económicas para los servicios sociales, beneficios fiscales a la maternidad... Pero resulta que el Ministro forma parte de un Gobierno que ha venido tomando decisiones que van en la dirección contraria, y la única respuesta que ofrece el señor Gallardón a ese «conflicto familiar, laboral o social» es el cambio de la ley para que el aborto deje de ser una decisión de la mujer y vuelva a convertirse en un delito. Cree el Ministro que «la mujer debe estar protegida», y en aras a su protección parece que se le obligará a ser madre también en el caso de que el feto tenga graves malformaciones.

El Ministro apela a argumentos constitucionales que avalan su decisión, aunque no aclara si la Constitución que ha leído es la española o la irlandesa. Es conocido que la Norma Fundamental española, como las demás de nuestro entorno, no incluye un derecho de la mujer al aborto, pero su capacidad de decidir sobre el embarazo se deriva de derechos fundamentales como su vida e integridad física y moral, y su derecho a la intimidad personal y familiar. En esos derechos se protege también un mínimo de libertad de la mujer para autodeterminarse como tal y llevar la vida que mejor le parezca, aunque tal osadía contravenga lo querido por el Gobierno.

En su argumentación «jurídica» el señor Gallardón acude a la jurisprudencia constitucional, aunque es dudoso que se refiera al Tribunal Constitucional español, que dejó claro hace ya 28 años que el feto no es titular de derechos fundamentales (SSTC 53/1985, 212/1996 y STC 116/1999). Lo que sí admitió el Tribunal es que debe haber cierta protección del no nacido, lo que no convierte en inconstitucional el aborto, pero sí que no quepa practicarlo, salvo que concurran otras circunstancias -grave peligro para la vida de la madre, por ejemplo-, en cualquier momento del embarazo; este es el motivo por lo que se establecen unos plazos.

Por si fuera poco, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia sirve para interpretar nuestros derechos fundamentales, concluyó (caso Tysiac c. Polonia, de 2012) que 1) La legislación que regula la interrupción del embarazo afecta al ámbito de la vida privada de la mujer; 2) Las disposiciones legales aplicables deben definir claramente la situación de la mujer embarazada respecto a la ley; 3) Una vez que el legislador regula el aborto, no debe concebir el marco legal de manera que limite en la realidad la posibilidad de obtener el acceso a tal intervención; 4) Se debe garantizar a una mujer embarazada la posibilidad de ser oída y que se tenga en cuenta su opinión; 5) Los procedimientos establecidos deben permitir que estas decisiones sean tomadas a tiempo al objeto de prevenir o limitar el perjuicio para la salud de la mujer que podría resultar de un aborto tardío.

Y si acudimos al derecho comparado es bien conocido que en la Unión Europea la mayor parte de los países tienen leyes de plazos que permiten abortar sin alegar motivos durante el primer trimestre de embarazo, así, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y la República Checa admiten el aborto a petición de la mujer durante las 12 primeras semanas; en Rumanía y España -de momento-, durante las 14 primeras semanas; en Italia el límite se fija en 90 días; en Estonia, en 11 semanas, y en Portugal, en 10. Holanda fija el aborto libre hasta las 24 semanas y Suecia hasta las 18.

Varios de estos países admiten el aborto fuera de esos plazos en caso de malformaciones del feto, riesgo para la salud de la mujer y violación. El tope legal más extendido son las 24 semanas -momento a partir del cual se considera que el feto ya es viable-, aunque hay países como Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca e Italia en los que caben ciertas interrupciones del embarazo sin límite temporal.

Los estados que tienen un sistema de indicaciones lo hacen de manera extensa, incluyendo motivos socioeconómicos: Finlandia permite el aborto en las 12 primeras semanas en caso de riesgo para la salud de la gestante, razones económicas o sociales y violación; en las 20 primeras semanas en caso de menores de 17 años y riesgo para la salud psíquica de la mujer; hasta las 24 semanas si hay malformación del feto, y sin límite cuando hay riesgo para la vida de la gestante. En el Reino Unido el aborto está permitido hasta la semana 24.ª de embarazo en caso de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o problemas socioeconómicos, y sin límite temporal en caso de grave riesgo o malformaciones del feto. La legislación que parece proponer el ministro de Justicia es, incluso, más restrictiva que la existente en Polonia, con un sistema parecido al español vigente hasta 2010 y que en nuestro país data de 1985.

Si el cambio legal se consuma, la «movilidad exterior» recomendada por la ministra de Empleo para las personas que aquí no encuentran trabajo será también la fórmula a la que tendrán que acudir las mujeres que no deseen ser «protegidas» en España. Y así nos encaminamos hacia lo que Rodotà llama una «ciudadanía censitaria» o un «turismo de derechos», que condiciona el disfrute de las libertades a la disponibilidad económica para trasladarse a lugares que reconocen derechos negados en el país -o marca- llamado España.

Así están las cosas, pero aún podemos evitarlo

Sanidad S.A.

Por Esther Vivas, Periodista y activista en Público.es

Adiós a la sanidad pública. A partir de ahora se impone la “dictadura de la cartera”: pagar para que te operen cuanto antes, pagar para que te trasladen en ambulancia, pagar por una habitación individual y una butaca reclinable en el hospital, pagar, pagar y pagar. Así se resume el futuro de nuestro maltrecho sistema sanitario. Con la crisis todo tiene un precio, y la sanidad no es una excepción.

Se impone un modelo sanitario de primera y de segunda, en función de la capacidad adquisitiva, ya no de los ciudadanos sino de los clientes. Atrás quedaron los derechos universales. Todo se vende y todo se compra. Y nosotros nos limitamos a abrir la billetera y a abonar, si podemos, la cuenta. El Hospital Sant Pau, en Barcelona, ha puesto en marcha una vía que permite a los pacientes ser operados al margen de las listas de espera, eso sí previo pago de una cuantiosa suma de euros. ¿Esperar más de ocho meses para que te operen de varices? Qué va. Si tienes efectivo, directo al quirófano.

El Hospital Clínic, en Barcelona, ha puesto en marcha, también, un sistema de financiación paralelo al más puro estilo Sol Meliá. “Confort y tranquilidad a su alcance”, podría ser el anuncio de las habitaciones individuales ofertadas a sus pacientes. Total: 70 euros, habitación individual más cama para acompañante. Oferta: 40, habitación individual con butaca. Sólo accesible, eso sí, a quienes se lo puedan pagar. Y no es el único. Los hospitales de Vic, Berga, La Seu d’Urgell, Blanes y Campdevànol ofrecen, también, sillas reclinables al “módico” precio de 5 euros.

Ir al hospital se ha convertido en un gasto extra. Si hace años, la hospitalización incluía agua, material higiénico, medicación, toallas… ahora ya no. A nuestros impuestos destinados al sistema sanitario, hay que añadirles, ahora, un desembolso adicional. O dicho de otro modo: más copago, perdón, repago.

Los hospitales catalanes justifican estas medidas por los recortes sanitarios. Y es cierto. Desde la llegada a la Generalitat de Convergència i Unió, la política de las tijeras ha sido implacable. Pero, asimismo, los casos de corrupción y malversación de fondos no han dejado de salpicar la cúpula del sistema sanitario en Catalunya. La ejecutiva del hospital Sant Pau está siendo investigada, por el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, por desfalco de fondos públicos, pago de sobresueldos a directivos, indemnizaciones injustificadas, irregularidades en contratos públicos, etc. Y mientras dicen no tener alternativas y recortar, acumulan un patrimonio, como recientemente se ha descubierto, que genera una renta anual de más de 10 millones de euros. Que, por cierto, nadie sabe dónde va a parar.

Los antiguos máximos responsables del Institut Català de la Salut y el CatSalut Josep Prat y Carles Manté están acusados, asimismo, de malversación y estafa con fondos del Ayuntamiento de Reus. En concreto, se investigan pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus, en el que Josep Prat era el máximo responsable de la empresa municipal Innova, a Carles Manté, por valor de 720 mil euros, entre los años 2007 y 2011, por servicios que el mismo Ayuntamiento considera inexistentes.

La revista comarcal CafèambLlet, con sus modestos recursos, destapó, asimismo, la desaparición de 2,4 millones de euros de los hospitales de Blanes y Calella, los pagos irregulares, de 37 mil euros, de dichos hospitales al ex-alcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, hoy imputado en el Caso Clotilde, la entrega de 20 mil euros por alquileres de los que no consta ningún contrato, el pago de 4 mil euros a un médico por una guardia de 12 horas, etc. La lista resulta interminable. Estos casos son un claro ejemplo de cómo la sanidad pública se ha convertido en un nido de corrupción, fraude y robo a las arcas públicas.

Pero aquí no acaba la historia. Las actuales políticas de recortes en el sistema sanitario tienen un impacto directo en nuestras vidas. O sino que se lo digan a Felipe Rivas, vecino de Tarragona, que en diciembre del 2012 sufrió un infarto de miocardio y al llegar al hospital Joan XXIII de Tarragona le dijeron que tenía que desplazarse a Barcelona, porque la unidad que trata estos casos, la única en la provincia de Tarragona, ya cerraba. Su horario: de 8h a 17h de lunes a viernes. No importa que el tiempo sea un factor vital para salvar vidas en casos de infarto. De hecho, el jefe del servicio de cardiología del hospital Joan XXIII, Alfredo Bardají, admite que desde hace dos años reclaman que se amplíe dicha jornada. Pero los recortes no lo permiten.

El cierre de centros de atención primaria, de urgencias nocturnas, los recortes en ambulancias, la reducción en las ayudas al fomento de la donación y el trasplante de órganos, etc. son medidas que afectan de lleno nuestra salud. Apostar por los servicios públicos, por la sanidad, al contrario de lo que nos dicen, no es ningún gasto sino una inversión. Y un derecho que todo tenemos y al que contribuimos con los impuestos que pagamos.

Pero, ¿hasta dónde hemos llegado? Ahora incluso El Corte Inglés anuncia operaciones a la carta. Éste es el caso de El Cortes Inglés de Princesa, en Madrid, que cuenta con un  stand de HM Hospitales que ofrece información sobre intervenciones médicas y quirúrgicas de cataratas, varices, hernias, prótesis de cadera y rodilla, hemorroides, etc. Se informa de los servicios, de la técnica de la operación, del tiempo estimado de ingreso, de las tarifas, y si el cliente está interesado puede contar, además, con la inestimable financiación de la tarjeta de El Corte Inglés.

La sanidad pública, junto con la educación, se ha convertido en un jugoso pedazo del pastel que el capital privado espera repartirse en el banquete de la crisis. La Sanidad S.A. ya ha llegado. En nuestras manos está evitarlo.

Entrevista a Jorge Carrillo Menéndez, economista, hijo del histórico dirigente del PCE Santiago Carrillo, con motivo del acto organizado por la Asociación Cauce del Nalón en colaboración con el club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas para la presentación del libro: «Mi testamento político. Santiago Carrillo»

«La caída del comunismo provocó la decisión de desmantelar el Estado del bienestar»

«La actual política económica de recortes y austeridad ha fracasado en todos los lugares donde se ha aplicado, sólo hay que recordar América Latina»

Foto: Jorge Carrillo, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana

Pola de Laviana, L. M. D., en La Nueva España

 

Jorge Carrillo Menéndez (París, 1953) es economista, empleado de Iberia y secretario de Organización del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) del sector aéreo. Pese a toda su ya larga trayectoria profesional, lo que más ha marcado su vida es ser hijo de quien es. Su padre fue Santiago Carrillo, el histórico dirigente del Partido Comunista de España (PCE), uno de los principales artífices de la transición española, fallecido en septiembre de 2012. Jorge Carrillo estuvo en la casa de cultura de Pola de Laviana en la tarde del viernes presentando el último libro que dejó escrito su padre: «Mi testamento político. Santiago Carrillo», un acto organizado por la Asociación Cauce del Nalón en colaboración con el club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

 

-¿Por qué el título de «Testamento político»?

 

-Mi padre ya tenía la idea de que iba a ser su última obra. Es una mirada hacia delante, en la que se analizan los problemas de la izquierda en España y los problemas de España. Abogaba por profundizar en el Estado de las autonomías.

 

 

-¿Cuáles son esos males de la izquierda?

 

-Debe salir de su parálisis, tiene que ser distinta a la de antes, las respuestas de ayer ya no son válidas hoy. Hay que fijarse que movimientos sociales esporádicos o bien organizados, como el 15-M, ya son parte de esta nueva izquierda de la que hablamos.

 

 

-¿Y qué medidas puede proponer para cambiar las recetas económicas dominantes?

 

-Estas medidas económicas nos están llevando al precipicio, se está aplicando a rajatabla la Escuela de Chicago, que siempre ha fracasado allí donde se puso en marcha. No hay más que ver lo que hizo el FMI (Fondo Monetario Internacional) en América Latina, acabó conduciendo a que hubiera más dictaduras que democracias. En España estas recetas de austeridad están llevando al fracaso social del país.

 

 

-¿Cuánto tiempo puede aguantar España con más de 6 millones de parados?

 

-El gran problema del país es que no hay ninguna iniciativa que responda a este problema. Parece mentira, pero Estados Unidos está aplicando medidas más de izquierda que Europa para salir de la crisis. Obama está dirigiendo políticamente medidas encaminadas a estimular la economía, a incentivar el empleo. En Europa hay una absoluta falta de dirección política y un claro liderazgo financiero. Se hace lo que digan los mercados, punto.

 

 

-¿Cómo veía su padre estas medidas económicas, los constantes ajustes?

 

-Mostraba una honda preocupación por la incapacidad que se está mostrando para sacar adelante el país. Toda crisis tiene una salida, ya lo planteó en libros anteriores. El muro de Berlín cayó, el comunismo cayó, pero los grandes problemas del siglo XX siguieron ahí, y aquí están de nuevo en el XXI. La sociedad necesita una transformación radical hacia un modelo más justo, con la gente y el medio ambiente, garantizando una vida digna.

 

 

-Hay autores que defienden que la caída del comunismo abrió la puerta a la destrucción del Estado del bienestar: ya no hay un «enemigo» que apoye la revolución social...

 

-Occidente ofreció concesiones a sus trabajadores precisamente porque así ocurría en el bloque del este, que era el primero en aprobar medidas igualitarias. Antes de que en Europa hubiese jornada de 40 horas ya la había en la URSS. Allí también apareció el derecho a las vacaciones, a las bajas por maternidad. Occidente tuvo que reaccionar con concesiones al mundo del trabajo. Su desaparición ha hecho que fuerzas rancias decidieran que hay que retroceder y desmontar el Estado del bienestar. Por desgracia, ideas como las de Margaret Thatcher acabaron influyendo hasta en la socialdemocracia.

 

 

-Recientemente tuvo unas negociaciones laborales muy duras por el futuro de Iberia.

 

-La situación de Iberia es extrapolable a otros sectores de la economía productiva española. Se favoreció la entrada de compañías que bajaron los costes, pero también la calidad, y mantener así el empleo fue difícil, aunque hubo una negociación inteligente. Es uno de los efectos negativos de la globalización. En España se apostó por un modelo económico con escaso valor añadido, con poco I+D+i, y encima nuestros cerebros se van.

 

 

-Paul Preston ha presentado recientemente una biografía de su padre que, a nivel humano, no lo deja en buen lugar...

 

-Un historiador que se equivoca en un mes en la muerte de la persona de la que habla... Parece ser que ha cambiado su opinión y ahora se acerca a la de Esperanza Aguirre. Oír a un británico que se toma el té a las 5 hablar sobre la clandestinidad es difícil, no tiene idea de lo que dice. Fueron tiempos muy duros, con comunistas fusilados, y se habla de una forma frívola. Los buitres son animales cobardes que comen cadáveres.

Ironía ácida pero no por ello menos real

Sin Rajoy sería mucho peor

Por Rosa María Artal en ZONA CRITICA de eldiario.es

Nos decía Mariano Rajoy que imagináramos lo mal que hubieran ido las cosas para España de no haber accedido él a la presidencia del gobierno. Sí, podíamos tener en su lugar –pongamos por caso- a Pelayo de Arriérez y Torquemada. Hijo de una estirpe acreditada ya en la Hispania Romana, impulsora de la Reconquista patria y de esplendoroso apogeo en la Edad Media. Conservador, vetusto, clasista, sumiso con los poderosos, autoritario con los débiles, nos habría hecho comprobar que, en esta tierra, todo es susceptible de empeorar, según quien consiga el mando. Imaginémoslo, podemos.

A sobresalto diario, sabríamos que el partido de Arriérez lleva varias décadas –incluso desde antes de su refundación en lo que hoy es- financiándose ilegalmente a través de empresas interpuestas. Sus dirigentes cobrando sobresueldos millonarios procedentes prácticamente en su totalidad de dinero público y subiéndose los oficiales en las épocas de la más dura crisis. Que reciben donaciones de empresas a las que a cambio dan negocio en las distintas administraciones que regentan. El propio partido vinculado a la mayor trama de corrupción a la que ha asistido este país. Una podredumbre estructural, de fondo. Sí, los tiempos de Rajoy  están siendo mucho más honestos.

En el gobierno de Arriérez, lo más granado. Desde un ex presidente de una empresa cuya quiebra fue determinante para el hundimiento de la economía internacional, a una monja seglar –corta y deslenguada- que confía la resolución del insostenible desempleo a la virgen. Una receptora de sobres y confetis para festejos privados que mata la sanidad pública. Una vicepresidenta aspirante al Oscar de Hollywood y que, como los demás, ha colocado parientes y gremio profesional en los más altos cargos y remunerados puestos. Un ministro de Hacienda que se ríe a carcajadas en cada recorte. Un par de beatos recalcitrantes que se empecinan en coartar nuestras libertades y devolvernos a los tiempos más florecientes de los Arriérez y Torquemada. O un tertuliano, también ultracatólico, a cuya reforma educativa llegaría a criticar de tal forma el Consejo de Estado que prácticamente le diría fuera consciente de que España es también Europa. Por no seguir en la descripción y por no incluir al resto de los prebostes del partido. O sí. Uno que, de joven, se solazaba en barco y otros viajes de placer con un conocido narcotraficante. Una aguijonera líder de vuelta e ida, populista y campechana, acérrima admiradora del brutal neoliberalismo de Margaret Thatcher. O la Cruella de Vil de las mentiras compulsivas que presenta su rostro cementado para explicar lo inexplicable. Siempre mejor, sin embargo, que el propio Arriérez que la rara vez que comparece ante la prensa lo hace a través de un monitor de plasma.  

Con todo, en poco más de un año de mandato, el gobierno de Pelayo habría logrado cifras espectaculares de fracaso. La recesión triplicando los cálculos iniciales. Elevación de la deuda del 68,5% al 84,2%. Récord europeo de déficit, superior a los países más rescatados que el nuestro. Los inmigrantes huyen, los españoles emigran, y con ello la población desciende en la mayor proporción desde que se hacen registros. El propio Rajoy habría increpado con dureza a este presidente. Abochornado le tendría todo el PP, los medios afines y buena parte de la sociedad.

El gobierno de Arriérez y Torquemada pone en marcha una nueva Reforma laboral, para hacernos "más competitivos" al cobrar sueldos todavía más miserables. En el primer año de vigencia el desempleo crece en 691.700 personas y se destruyen 850.500 puestos de trabajo. El número de personas ocupadas está en mínimos: 16.957.000 en una cifra de destrucción de empleo sin precedentes. La ley además  devalúa las condiciones laborales, con un despido más fácil y barato para la empresa. Son las reformas que había que hacer - dicen los responsables- para solucionar el problema  y todo es culpa de la “herencia” recibida. Entre la larga lista de eufemismos con los que agreden nuestra inteligencia, dicen ver signos positivos porque, aseguran, “hay una desaceleración relativamente sincronizada, relativamente homogénea del aumento del paro”.

Repagamos en sanidad lo que ya abonamos con nuestros impuestos. Nos venden hospitales y edificios públicos sin resarcirnos. Amontonan y merman la educación. Nos suben los impuestos. Cada vez pagamos más por menos. Nos han incrementado el precio del gas y la electricidad, la gasolina, los peajes, los medios de transporte. Sí, realmente, gracias a que contamos con Rajoy en lugar de Pelayo de Arriérez y Torquemada para frenar todo esto.

Se entrega dinero público a las autopistas deficitarias, a los hospitales privatizados. Se regalan bancos y cajas cargados de viejos pufos propiciados por mala gestión y corrupción políticas por un euro, tras ser inyectados con cifras millonarias del erario. Se juegan, literalmente, nuestras pensiones invirtiendo toda la hucha en deuda española y ya estudian cómo devaluarlas para “hacerlas sostenibles”.

No podríamos creerlo, pero asistiríamos a cómo el Fiscal General del Estado ordena, exige, encausar por el grave delito de colaboración con banda armada a dos policías con el mejor historial de detenciones de ETA. Por una vieja filtración de la política antiterrorista practicada por todos los gobiernos, sin que la que la investigación haya encontrado pruebas de la autoría concreta de los encausados.  Asombrosamente, sin pasar nada. Por nada. Tampoco pasa ahora pero es que tenemos un gobierno ejemplar.

Algunos grandes medios haciendo política de partido, del partido de Arriérez. Enmascarando cifras, desvirtuando transgresiones, alabando triunfos inexistentes, próximas recuperaciones sin base.

Uno de los ministros de Arriérez pergeñando una reforma de la ley del aborto que obliga a seguir con el embarazo incluso de fetos con graves malformaciones.  Ni siquiera se mantiene que la mujer pueda opinar sobre su descendencia como si en lugar de un ser humano fuera una máquina de parir. A quienes protestan por lo desahucios les llaman acosadores e incluso nazis. A los que luchan por la sanidad pública en peligro, que montan  barricadas y… que no servirán para nada. Y no sirve. No escuchan a nadie.

Sí, Pelayo de Arriérez y Torquemada sería mucho peor que Rajoy y todos sus antecesores. Sería capaz de privatizar el Registro Civil para entregarlo al cuerpo profesional al que pertenece: los Registradores de la Propiedad. Bueno, casualmente, el mismo de Mariano. Pero es mera coincidencia.

Arriérez, todo su partido, la oposición responsable también, habrían hundido la consideración de la política al subsuelo. Al tiempo que seguirían idiotizando a la sociedad o amedrentándola para que no reaccionara. Nuestro presente sería patético, el futuro sombrío. Menos mal que está Rajoy para marcar diferencias de buen gobierno. Incluso debemos rogarle que se quede para siempre. Él es nuestra única esperanza.

Por Ignacio Escolar en su blog “Escolar.net” de eldiario.es

La representación

«Vivimos en una democracia teatral. Los políticos interpretamos el papel que nos toca y luego en privado hacemos y decimos lo contrario. La gente ya no se traga esta mascarada». La frase es de un importante político que ha sido casi todo en España. Lo dijo en privado, claro. En una comida off the record, entre bambalinas, donde los actores políticos se quitan el maquillaje ante los periodistas e intentan explicar lo que sucede con una extraña sinceridad que mezcla el sentido de Estado con el cinismo, como si fuesen sacerdotes que ya no creen en dios.

La distancia entre la democracia representativa y la democracia teatral es una de las grandes brechas abiertas en la credibilidad institucional. El último golpe en este país arruinado, desorientado y deprimido ha llegado esta semana con la confirmación de esos sobresueldos, esos «gastos de representación», que durante décadas se repartieron en secreto los principales actores del Partido Popular. Representación (diccionario de la RAE, tercera acepción): «Figura, imagen o idea que sustituye a la realidad». El nombre no ha podido estar elegido mejor.

La realidad de esos sobresueldos, del caso Bárcenas que hoy investiga la Audiencia Nacional, es gravísima, y eso que aún hay flecos sueltos por aclarar. Ya sabemos -según ha publicado El País- que el PP incumplió la ley electoral de financiación de partidos de forma sistemática, durante años, impunemente y sin que nadie en el inane Tribunal de Cuentas detectase la más mínima irregularidad. Los donativos anónimos superaban el máximo legal, se troceaban, se disimulaban y procedían de empresas con contratos con la Administración, que tienen prohibido donar. Sabemos también que estos presuntos delitos están prescritos pero, más que un atenuante, la falta de responsabilidad judicial agrava la responsabilidad política. Quienes permitían ese corte y confección en la tesorería del PP son los mismos que después cobraban un salario extra mes a mes porque el partido «nadaba en la abundancia», como el mismo Luis Bárcenas ante el fiscal admitió.

De todas las sospechas que los papeles de Bárcenas lanzaron sobre más de dos décadas de dirigentes del PP solo queda un detalle por confirmar: que los receptores de esos sobresueldos no los declarasen a Hacienda; que fuese dinero negro. Es un aspecto importante pero no el fundamental. En la democracia teatral, lo más relevante es descubrir quién paga la función, y eso parece demostrado ya: los dirigentes del principal partido del país casi doblaban su sueldo gracias al dinero que recibía «anónimamente» su tesorería de algunas grandes empresas, las mismas que después cosechaban pingües contratos con la Administración. Es la mascarada de esta democracia herida, en su peor representación.

El círculo de expolio social que padecemos

Desahucios y recortes: la violencia “democrática” del poder financiero

Por Jorge Fonseca, Profesor de Economía Internacional y desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Científico de ATTAC

La esencia de la democracia es “tomar en cuenta lo que el pueblo quiere y no quiere”, decía Hobsbawm. El incumplimiento del gobierno de su programa electoral, aplicando medidas económicas y sociales contrarias al mismo, y mayoritariamente rechazadas, implican la violación gubernamental de dicha esencia. Los objetivos económicos oligárquicos son cada vez más visibles gracias a la protesta social, forzando al gobierno a exponer su antes velada violencia, en una deriva autoritaria creciente. Para imponer sus normas  apela cada vez más a la represión policial, a la criminalización goebbeliana de quienes defienden los derechos sociales y la democracia real (PAH, 15M, activistas sindicales, de partidos de izquierda y del conjunto del movimiento social). También pretende trasladar la regresión absolutista al plano jurídico,  imponiendo un modelo judicial del siglo XIX que para dar privilegios a unos pocos, viola derechos de la mayoría, legitimando el expolio social y convirtiendo en delito duramente castigado el simple ejercicio de defensa de derechos.

En 2011 el bloque político neoliberal  reformó la Constitución de urgencia y con “agosticidad”,  para dar privilegios a banqueros y especuladores acreedores, cuya deuda e intereses usurarios tendrán “prioridad absoluta”, por delante de la salud, la educación o las pensiones. Deuda mayoritariamente ilegítima, pues fue provocada por la gradual estatización de la descomunal deuda privada de bancos y grandes empresas (que ronda 280% del PIB, casi el triple que la pública) mediante los sucesivos regalos a la banca (“rescates”), verdadera causa del aumento de la prima de riesgo y los intereses. La deuda también aumentó por la fuerte caída de recaudación fiscal provocada por los recortes que destruyeron masivamente fuentes de trabajo, convirtiendo  el superávit de 2,2% del PIB de 2007 en un déficit de más del 11% en 2009 y que aún hoy ronda el 8%. Esto hizo que la deuda pública pasara del 36% del PIB en 2007 a casi 100% del PIB actual, (incluyendo el último “rescate” bancario). Déficit y deuda pública  son  usados como pretexto para cargarse los derechos sociales del 99% de la sociedad y favorecer al poder financiero, que tiene una deuda tres veces superior a la pública. Los 40 mil millones anuales de intereses que reciben los acreedores de la deuda  son a costa de sanidad, educación y pensiones públicas, que, cuando se privatizan, en una genial “bicicleta financiera”, son compradas por los especuladores con el mismo dinero nuestro que el gobierno les regala.

Con el mismo pretexto del déficit, la deuda y la estabilidad financiera, el partido del gobierno aprobó el jueves en el Congreso el proyecto de ley hipotecaria a pesar del  rechazo de todos los grupos  parlamentarios. Esta ley deja de lado las principales demandas de los afectados (dación en pago retroactiva, paralización de desahucios, alquiler social) apoyadas masivamente por la sociedad. Nueva  imposición en favor de privilegios a banqueros y especuladores y  en perjuicio de cientos de miles de familias deudoras expulsadas de sus hogares y empujadas a la marginación y muchas veces al  suicidio. La injusticia de estas medidas va más allá de la no concesión de esas demandas mínimas, pues los desahucios forman parte inseparable del expolio social a favor del capital financiero. La burbuja  inmobiliaria fue creada por la especulación con el suelo y la rebaja de tipos de interés, (por la abundancia mundial de capital especulativo y la creación del euro), pero también por la banca española, con la complicidad del Banco de España y demás autoridades: se endeudó internamente colocando “preferentes” y otros ‘productos tóxicos’ a ahorristas confiados y en el exterior con la banca (particularmente alemana). Esto le permitió otorgar créditos masivos al sector inmobiliario: con  condiciones abusivas a familias (cláusulas suelo, sobretasaciones, etc.) y con ligereza a empresas promotoras obteniendo beneficios records: 23 mil millones solo en el año 2007. Pero el pinchazo de la burbuja en ese año dejó un millón de viviendas sin compradores solventes y una deuda inmobiliaria de más de un billón de euros (equivalente a todo el PIB de España).

Los sucesivos recortes de salarios, empleo, pensiones y demás gasto social, realizados con el pretexto del déficit, han multiplicado el desempleo, la morosidad general y la del crédito a promotoras inmobiliarias en particular. La mora real  de éstas ronda casi el 50% (160.000 millones de euros, en torno al 15% del PIB)  y representa el 75% de todos los créditos morosos de empresas. En cambio, la morosidad del crédito a familias para compra de viviendas es de sólo el 2,8%, lo que muestra la falacia de la propaganda oficial y la injusticia de su política. Si el gobierno hubiese querido evitar el drama de los desahucios bastaba una ínfima proporción del dinero regalado a la banca. Unos 600 millones de euros en una año prestados a las familias para que pagasen sus cuotas de la hipoteca,  hubiesen evitado  el crimen social de dejar sin hogar y empujar a la calle a casi 500.000 familias (incluyendo niños y ancianos), mientras se acumulan tres millones y medio  de viviendas vacías, y a la vez también hubiesen permitido cobrar a la banca. Esto que se negó a las familias se dio generosamente a promotoras: la banca refinancia los créditos que no pueden pagar y les permite la dación en pago, a costa nuestra, pues el gobierno regala a la banca  el dinero de todos, convirtiendo deuda privada en deuda pública, que pretende que paguemos a costa de nuestra miseria y la de generaciones futuras, mediante una violencia económica descomunal que vulnera derechos básicos.

Entre desahucios y daciones de empresas, la banca acumula casi un millón de viviendas, que ofrece con incentivos en el mercado,  hundiendo más los precios. Esto perjudica aún más a las familias desahuciadas, ya que el precio de subasta de sus pisos se aleja cada vez más del valor al que compraron y por el que contrajeron deuda. De modo que después de entregar la vivienda y haber pagado buena parte del crédito siguen debiendo elevadas cantidades al banco. Estas viviendas pasarán al Sareb, mal llamado “banco malo”, pues será muy bueno para la gran banca privada que tendrá mayoría del capital y obtendrá elevados beneficios gracias al despojo de hogares a las familias, ganando así también en la crisis que provocó. Esto cierra el círculo de expolio social mediante la violencia de instituciones “democráticas”, convertidas en ‘brazo armado’ del poder financiero, intentando ocultar el fin económico de dicha violencia. Pero digámoslo alto y claro: los crímenes sociales no pueden quedar impunes. Es necesaria la verdad, reparación y justicia. Y la deuda no la pagamos. Porque es imposible. Y porque no es nuestra, es ilegítima.