OPINION

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” (Artlo. 31 de la C.E., sección de los DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS)

La justicia tributaria es un deber, no una posibilidad

Gabriel Moreno González – ATTAC España

Ahora que estamos inmersos en un proceso desconstituyente por parte de nuestros representantes, quienes han prostituido impunemente la soberanía nacional al consagrar el neoliberalismo en nuestra muy criticada (y con razón) Carta Magna y ceder ante el chantaje de los mercados, tendríamos que hacer un esfuerzo por recuperar y sacar del olvido algunos de los principios más esenciales que la propia Constitución vejada elevó en su momento al más alto grado jurídico.

Hay un artículo en concreto que hace tiempo se ha querido olvidar por parte de nuestros legisladores y gobernantes y, por qué no decirlo, por parte también de las voces más críticas del ámbito académico. Es sin duda el precepto más odiado por el capital y sus titulares, por los neoliberales y economistas más rancios. Hablamos del artículo 31 de la Constitución, que proclama solemnemente, pero sin ambages, que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

He aquí uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. El deber de todos, de todos sin excepción (principio de generalidad tributaria), a contribuir a las arcas del Estado mediante el pago de impuestos, un pago que ha de ajustarse a la capacidad económica de cada sujeto (persona física o jurídica) al supeditarse todo el sistema tributario a los principios de justicia, igualdad y progresividad (paga más quien más tiene). Estos principios constitucionales tributarios deben imperar en toda política fiscal y su proyección alcanza a todo el ámbito tributario, desde el IBI al Impuesto sobre el Patrimonio. Pues bien, desde un tiempo no muy lejano (léase Aznar), este palmario mandato constitucional (quizás el más contundente y preciso de todos) ha sido continuamente vulnerado.

¿Dónde está la justicia tributaria, la igualdad y la capacidad económica en el vergonzoso 1% de las SICAV? ¿Dónde aparece el artículo 31 de la Constitución en las SOCIMI? ¿Cómo se compagina la progresividad con las humillantes deducciones, reducciones y otras bonificaciones fiscales de las que es beneficiario el gran capital español? ¿Por qué no entra en ese “todos contribuirán” las operaciones financieras transnacionales o las vergonzosas actividades especulativas de los hedge funds?….y la lista sigue y sigue. La justicia tributaria que quería nuestra Carta Magna y que quiso, no olvidemos, un por entonces difuso constituyente español, únicamente recae en las espaldas de los trabajadores y asalariados, quienes son los que verdaderamente soportan el peso de los impuestos. A pesar de que la capacidad económica se ha ido desplazando en los últimos años desde las rentas del trabajo a las rentas del capital, el legislador tributario ha obviado esta evidencia y ha prolongado un régimen fiscal altamente injusto y anacrónico, donde se sigue teniendo como eje vertebrador al salario. Los principios constitucionales tributarios se han ido apartando poco a poco, gobierno tras gobierno, dejándolos en un cajón de la Moncloa… no vaya a ser que los inversores salgan corriendo hacia mejores paraísos fiscales, que nos abandonen nuestros acreedores o que las entidades financieras se depriman. Hasta tal punto han sido degradados por el devenir legislativo y político que su esencia solo es mentada, más como reliquia que como deber constitucional, en los manuales y clases de derecho financiero. La sola lectura del precepto nos recuerda a tiempos pasados, donde las rentas del trabajo constituían el principal soporte de nuestra economía. Y es que nuestros gobernantes, el Tribunal Constitucional y, lo que es peor, el conjunto de la sociedad, siguen viendo como ejemplo paradigmático de este artículo al trabajador asalariado. Impera todavía entre nosotros la noción de una economía industrial de intercambio tradicional de bienes y servicios, una noción en la que aún no hemos sido capaz de introducir como verdadera piedra angular del sistema económico al mundo financiero.

De aquí viene su desregulación, que, aupada a la política por el neoliberalismo thatcheriano, es la principal causante de una crisis económica que ahora se achaca al Estado. El movimiento de capitales transnacionales y las actividades financieras de los grandes conglomerados bursátiles y bancarios, que son a día de hoy los principales actores de nuestra economía, han de arrodillarse ante lo que la Constitución como norma suprema del ordenamiento (parece que hay que recordarlo estos días) consagra como un claro mandato, abiertamente infringido en su espíritu por la política fiscal de los últimos decenios.

Pero, ¿cuál ha sido, exactamente, la justificación de esta injusticia permanente en nuestro sistema tributario? Pues hete aquí con nuestra querida amiga la globalización. La competencia fiscal entre Estados y la facilidad del mundo financiero para moverse sin dilaciones y obstáculos por encima de las fronteras de las anticuadas naciones decimonónicas, han sumido en el olvido los principios de justicia tributaria reconocidos en la inmensa mayoría de los sistemas constitucionales de occidente. Y no nos podemos olvidar, claro está, de nuestra también muy preciada Unión Europea o globalización institucionalizada, que desde su existencia se ha preocupado más por una unión monetaria que deja desamparados a los Estados, que en un atender a la palmaria exigencia de una mayor justicia tributaria. Lo que ahora Merkozy, de la mano del BCE, quiere denominar “unión fiscal”, no es más que un remiendo chapucero de difícil base jurídica (y menos aún económica) que, en aras de la tan manida austeridad, va a cumplir finalmente el epitafio de Tácito que ya pesa sobre la cada vez más cercana tumba de una Europa moribunda, sentencia que nos recordaba también hace unos días Martín Wolf: “Ellos crean un desierto, y lo llaman austeridad”.

Es evidente, por ello, que la actualización y materialización efectiva del artículo 31 de la Constitución, no puede hacerse solamente desde la débil posición del Estado-nación. Ha de venir acompañada, y con intensidad, por una Unión Europea más social y democrática que utilice su privilegiada situación supranacional para someter al suave yugo de la justicia tributaria al mundo financiero. Hemos de exigir, pues estamos en nuestro legítimo derecho, que los principios tributarios que nuestra Constitución establece se cumplan en su adaptación y concreción legislativa, que se creen nuevas figuras tributarias que equilibren la balanza y redunden en una mayor redistribución de la renta. La implementación del ITF a nivel europeo, la elevación de los tipos impositivos a las instituciones de inversión colectiva o una mayor imposición y progresividad a lo beneficios derivados del capital (las eufemísticas rentas del ahorro), son algunas de las medidas que harían efectivos unos principios olvidados por la desidia y el pensamiento económico dominante.

No es cuestión de ideologías. Es cuestión de cumplir lo que la Constitución nos manda. A todos.

Tema que Rajoy no tocará, tal y como ha dicho en el debate de investidura, y que evidencia, junto con la persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida, la vía por la que no irá

¿Qué son y qué problema hay con las SICAV?

Por Carlos Cruzado, Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)

nuevatribuna.es

Una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) es una Institución de Inversión Colectiva (IIC) cuyo objetivo es canalizar la inversión de los clientes exclusivamente en activos financieros. Se constituyen como sociedades anónimas, deben contar con un capital mínimo de 2,4 millones de euros y cien accionistas, y cuentan con la particularidad de tributar al 1%. Además, tienen la ventaja de no tributar en la renta del ahorro del IRPF por los dividendos y plusvalías que se generan mientras no se rescate su participación.

El problema viene cuando una sola persona o grupo de personas mayoritario acapara el 99,9% del capital social, y el resto del capital lo poseen los accionistas necesarios para cumplir el requisito legal. Es decir, en realidad se tratan de Instituciones de Inversión Privada.

De este modo se consigue eludir la tributación de las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos por los socios mayoritarios, porque no tienen necesidad de reintegrar su participación al controlar íntegramente el destino de las inversiones de la SICAV, y jamás tributarán en el IRPF por la renta del ahorro diferida. Desde GESTHA no nos parece justo ni equitativo que las personas que poseen patrimonios mil millonarios no tributen en su Renta personal.

En este sentido, consideramos necesario establecer un porcentaje máximo de participación en una Sicav de entre el 2% y el 5% del capital social máximo de la sociedad, fijado en sus estatutos. En caso de que una Sicav no respetara el nuevo porcentaje máximo de participación, sería una causa de descalificación como institución de inversión colectiva.

Asimismo, convendría fijar un límite temporal máximo a partir del cual hacer tributar las mil millonarias plusvalías financieras devengadas cuando no se reembolse la participación en una Institución de Inversión Colectiva.

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Estará muy presente en la investidura de hoy este es el camino que se seguirá

Camino neoliberal al abismo

Jorge Fonseca – Consejo Científico de ATTAC España

El pacto fiscal de la cumbre de la Unión Europea apenas fue celebrado. El comportamiento errático de las bolsas después del anuncio refleja incertidumbre e inquietud, porque, después de tanta expectativa creada, la solución fue acordar un tratado que bajo el eufemismo de pacto fiscal recoge esencialmente lo que ya disponía el pacto del euro, y que España incluye desde septiembre en su Constitución: supresión del déficit fiscal. Esto significa recortes en pensiones, salarios, subsidios, sanidad y educación, con el fin de pagar la deuda. La deuda pública y, también, la privada gradualmente estatizada, que se generó para compensar con créditos la reducción de salarios de los últimos años, endeudando a las familias y alimentando la especulación financiera. El pacto fiscal se completa con armonización tributaria, una reforma laboral que creará condiciones de trabajo similares a las de China y la privatización de los sistemas sanitario y educativo, que encarecerá esos servicios esenciales sin resolver el problema del déficit. Tampoco el fondo de rescate de medio billón de euros atajará la crisis de deuda, pues sólo las de Italia, España y Grecia suman tres billones.

En pocas palabras, “más madera” a la hoguera neoliberal del precario Estado del bienestar, que fue la base de la prosperidad europea de posguerra. Los nuevos recortes provocarán más recesión, que generará más paro y menos capacidad de compra, reducirá la recaudación de impuestos y aumentará el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública (y la prima de riesgo que supone tasas de usura), forzando más recortes y un círculo vicioso hacia el abismo infinito. Este círculo, junto a cuantiosas ayudas a la banca, transformó el superávit fiscal de España de 2,2% del PIB en 2007 en déficits (4% en 2008, 11% en 2009 y 9% en 2010).

La estrategia que el directorio germano-francés impone a Europa recuerda a la que el FMI impuso al Gobierno argentino de la Alianza en 2000, en un contexto de recesión y crisis de la deuda provocadas por una política monetaria similar a la europea actual, que sobrevaloraba el peso (atado al dólar por el esquema de convertibilidad), lo que abarataba los productos importados que desplazaban a los locales, destruyendo masivamente fuentes de empleo y generando recesión y déficit comercial externo (igual que el euro fuerte en Europa, excepto en Alemania).

La Alianza, en vez de devaluar, forzó brutales recortes de gastos sociales (similares a los que se dan en Grecia) y aumentó el IVA, generando un círculo vicioso similar al descrito más arriba: recortes, recesión, más desempleo, menos recaudación, más déficit y deuda. El Gobierno, presionado por el FMI, sancionó en 2001 una ley del déficit cero (similar al pacto fiscal europeo) y otra de flexibilidad laboral, que agravaron la economía y la dificultad de pagar la deuda a pesar de sucesivos rescates del FMI, que en la práctica servían para facilitar la fuga de capitales desde el peso hacia el dólar (igual que el fondo de rescate europeo permite a bancos y especuladores un fuga de capitales del euro al dólar, con alto beneficio). Esto hundió el PIB, y el desempleo superó el 20% (más el 15% de
subempleo), la pobreza el 50%, la deuda el 140% del PIB y la prima de riesgo los 5000 puntos. Los depósitos cayeron un 20% por el temor de quiebra bancaria, lo que empujó al Gobierno a decretar el corralito (retención de depósitos bancarios), lo cual provocó masivas protestas populares y forzó la dimisión del Ejecutivo.

En pocos días se sucedieron varios cambios de Gobierno que suspendieron el pago de la deuda y, posteriormente, anularon la convertibilidad peso-dólar con una devaluación del 40% y una nueva retención de depósitos (corralón), que provocó un brutal despojo a la población.

Es evidente la similitud entre las medidas acordadas por los gobiernos europeos y las que llevaron a Argentina al desastre en 2001. Ni siquiera la compra masiva de deuda por el BCE resolverá el problema de fondo si se acompaña con las mismas medidas neoliberales aplicadas en Argentina, que buscan abaratar salarios convirtiendo a un mileuristas en dos quinientoseuristas en el vano intento de hacer competitiva la economía emulando a China en condiciones laborales. Privatizar la sanidad, la educación y las pensiones encarecerá esos servicios y los hará inaccesibles para muchos, y es pan para hoy y ruina para mañana, como muestran el sistema educativo de Chile, privatizado por Pinochet y hoy en grave crisis, o el de pensiones privados, que fue rescatado.

La alternativa es devaluar el euro (el modelo es el yuan chino; el euro sobrevalorado sólo beneficia a la banca y a grandes monopolios) para favorecer la competitividad y frenar la destrucción de empresas y empleos –que se desplazan a China– en toda Europa. También cancelar los recortes, mantener los salarios para generar demanda y, además, forzar una renegociación justa de la deuda, que previamente debe auditarse.

La actual estrategia que se está imponiendo en la Unión Europea nos lleva hacia el abismo económico y social, lo que provocará una fuerte reacción popular para defender derechos conseguidos en décadas. Paradójicamente, el intento de imponer un grave retroceso social desmontando el precario Estado del bienestar, además de causar graves daños a la población, puede ser también, como en Argentina, la sepultura del neoliberalismo.

Artículo publicado en Público.

Artículo del mes pasado de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y de la FADSP, cada vez más vigente, por desgracia

Crisis económica y repercusiones sobre la salud

Sabemos por los estudios históricos sobre las crisis económicas que hay una relación directa entre éstas y la salud pública. Durante estos periodos se produce un incremento de la mayoría de las enfermedades, con especial relevancia de las enfermedades y problemas de salud mental y un aumento de la mortalidad ligada al ascenso de las principales causas de muerte (enfermedades cardiovasculares, traumatismos y suicidios). La reducción de poder adquisitivo se acompaña de problemas en el acceso a los alimentos o al consumo insuficiente o inadecuado de los mismos lo que lleva a situaciones de desnutrición u obesidad sobre todo en niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o lactantes o personas con enfermedades crónicas como la diabetes. Durante las crisis económicas se incrementan las separaciones, rupturas familiares y aumento de la violencia doméstica, con repercusiones, sobre todo, en la salud infantil que es la más afectada por las situaciones de violencia, desnutrición e incapacidad de los adultos para cuidarlos y cubrir sus necesidades básicas. Existe una relación directa entre las crisis económicas y el desempleo y el incremento del número de personas en situación de calle o de viviendas precarias, con ruptura y desaparición de sus redes de apoyo, con un incremento del riesgo de enfermedades infecciosas, problemas de salud mental, sobre todo depresión, drogodependencias y concurrencia de trastornos mentales graves y adicciones (patología dual), y efectos derivados de la violencia. También está descrito, como durante estos periodos, los gobiernos y empresas abandonan sus preocupaciones por las medidas de seguridad laboral, que unido a que los trabajadores están dispuestos a asumir más riesgos en sus puestos de trabajo, lleva a un incremento de los accidentes laborales y la mortalidad por este motivo. Y lo mismo ocurre con la salud ambiental, desapareciendo la preocupación por el cuidado del medio ambiente y las políticas de protección que en las grandes ciudades se traduce en una mala calidad del aire que se respira con el consiguiente aumento de enfermedades respiratorias y agravamiento de las ya existentes e incremento de la mortalidad por este motivo.

Ya tenemos, también, algunos datos de la repercusión de la crisis económica en nuestro país. Según una encuesta reciente, cerca de un 25% de los españoles consideran que su calidad de vida ha empeorado debido, sobre todo, a que sus ingresos económicos son menores y a que su salud se ha deteriorado. Los problemas de estrés, ansiedad e insomnio ocupan un lugar destacado entre los motivos de este empeoramiento y los atribuyen a la crisis económica. Los datos procedentes de las redes de atención a la salud mental avalan esta encuesta, con un aumento en torno al 15 por ciento de las consultas, debido principalmente a trastornos adaptativos en relación con problemas laborales y otros problemas originados por la crisis económica. Un dato relevante es el de las tasas de suicidio, que venían disminuyendo lenta pero de forma progresiva en los últimos años y que han sufrido un repunte a partir del 2008, especialmente en el caso del suicidio en los varones. Y en la misma línea van los datos que constatan un incremento de la atención en urgencias a casos por intentos de suicidio. Además hay que señalar las repercusiones que está teniendo la precariedad económica y la ausencia de oferta laboral en las personas con enfermedades mentales, con una dificultad creciente para incorporarse al mercado laboral y la consiguiente disminución de los ingresos económicos con sobrecarga para las familias y un incremento significativo de riesgo de exclusión social y situación de calle para esta población.

También los estudios confirman algo que parece evidente: la extensión de las políticas sociales universales dirigidas a los grupos más vulnerables se asocia a una mejor salud global y por lo tanto los efectos de las crisis económicas sobre la salud van a depender en gran medida de las políticas de protección social; sin embargo, las medidas adoptadas por los gobiernos para salir de la crisis económica están teniendo como resultado una disminución de la misma. Las decisiones políticas priorizando el rescate y mantenimiento de los sistemas financieros y la reducción del déficit se están acompañando de recortes importantes en el ámbito sanitario y socio-sanitario. En nuestro país estos recortes empiezan a notarse de manera evidente, y ya no sólo suponen un frenazo al desarrollo de los recursos aún insuficientes, sino una drástica disminución de los que ya existen. Son ya muchos los casos que se van produciendo. En Cataluña se ha reducido un 10 % el presupuesto para sanidad, cifra similar al que están fijando otras Comunidades Autónomas en sus presupuestos para el 2012, y se está produciendo la disminución de los días de actividad asistencial, la supresión de actividad por la tarde, el cierre de centros, la eliminación de prestaciones asistenciales, el despido y la no renovación de personal eventual, la precariedad laboral y reducción del salario de los profesionales y desarrollando planes dirigidos a desregularizar el acceso a los dispositivos sanitarios y a reducir o eliminar la responsabilidad de las administraciones públicas en la provisión y gestión de la atención sanitaria. Esto mismo está previsto que ocurra en otras comunidades autónomas como Galicia y Castilla La Mancha o se lleva desarrollando de una manera lenta y progresiva desde hace varios años, y al margen de la crisis, con resultados similares como en la Comunidad Valenciana o la de Madrid donde el presupuesto para la asistencia concertada se ha duplicado en los últimos cuatros años, acercándose ya al 20% del presupuesto total de la Consejería y se están cerrando dispositivos específicos de salud pública, de atención a las drogodependencias y de salud reproductiva. Los resultados de estas medidas ya están siendo visibles: un aumento de las barreras de acceso al sistema sanitario con un aumento general de las listas de espera tanto médicas como quirúrgicas, un aumento de la insatisfacción de los profesionales de la red sanitaria pública y una disminución de la calidad de la atención prestada a la mayoría de la población.

A los recortes en sanidad hay que añadir los que están afectando al ámbito socio-sanitario como los recursos de rehabilitación psicosocial en salud mental con congelación sine día de nuevos dispositivos, no renovación de conciertos que finalizan contrato y reducción del presupuesto para los conciertos vigentes que están redundando en un aumento de las listas de espera, una peor calidad de la atención y, en muchos casos, en un dejar sin esta prestación a muchas personas con trastornos mentales graves. A esto se suman los obstáculos para acceder a las prestaciones reguladas en la ley de dependencia, donde hay más de 300.000 personas en las listas de espera para evaluación, se aumentan las demoras para acceder a las ayudas o se cancela el pago de las prestaciones durante meses como ha ocurrido en Castilla-La Mancha, factores todos ellos que inciden sobre una población muy vulnerable y que terminan originando un empobrecimiento de su calidad de vida, generando o empeorando problemas de salud e incrementando su mortalidad.

La crisis económica actual pone al sistema sanitario público ante el reto de dar respuesta a un aumento creciente de la demanda asistencial, sobre todo en atención primaria y salud mental, originada por la precariedad económica, por la disminución de los recursos individuales de las personas para dar cobertura a sus necesidades básicas, y por las políticas anti crisis adoptadas por los gobiernos que están conduciendo a una buena parte de la población a una reducción drástica de las medidas de protección social y poniéndola en peligro el acceso a la asistencia sanitaria. Nuestra obligación como profesionales es contribuir a que los recursos que existen se aprovechen lo mejor posible, lleguen a más personas afectadas y sean de la mejor calidad. Pero también es nuestra obligación denunciar que hay muchas personas que no están recibiendo la atención que requieren y señalar las barreras que dificultan su acceso a la misma; como también lo es transmitir a la sociedad y las instituciones públicas la importancia, aún más en esta época de crisis, de la salud y su cuidado y la repercusión global que tiene sobre la ciudadanía y sobre el propio desarrollo económico.

De todo lo expuesto entendemos que pueden extraerse 3 conclusiones:

1) La crisis es un momento en que se produce un empeoramiento de los niveles de salud de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables, y por lo tanto una mayor necesidad de un servicio sanitario público universal y de calidad.

2)Por eso mismo rechazamos los recortes en los servicios sanitarios públicos y el establecimiento de barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios porque pueden tener efectos devastadores sobre un porcentaje muy amplio de la ciudadanía.

3)Entendemos también que el sistema sanitario público tiene espacios de mejora en su calidad y eficiencia, pero estos deben de ser abordados basándose en la evidencia científica y en el acuerdo con los profesionales y a ciudadanía, y nos brindamos a colaborar en la búsqueda de acuerdos y soluciones siempre que garanticen el mantenimiento y mejora del Sistema Sanitario Público.

Asociación Española de Neuropsiquiatría
(www.aen.es/)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(www.fadsp.org)

Noviembre de 2011

ALGUNOS DE LOS INDICADORES ESTAN BIEN A LA VISTA:

La comunidad está en un proceso de desmontaje del sistema de Dependencia…

Listas de Espera: últimos datos

Los elevados datos de fallecimientos obligan a los sindicatos a retomar su costumbre de cortar el tráfico en la ovetense avenida de Galicia para protestar cada vez que esto ocurra …

Datos presentados en el 33.º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria

Los episodios de depresión y ansiedad se han multiplicado…

La crisis económica ha frenado el gasto medio del ciudadano en su salud bucodental …

Y muchos más que se podrían poner con sólo buscar un poco…

VER ARTICULO DIRECTAMENTE RELACIONADO DE MAYO DE 2011

En este artículo el profesor Vicenç Navarro señala que la austeridad generalizada promovida por la reunión de los dirigentes de la Unión Europea en Bruselas llevará a Europa a una Gran Recesión e incluso Depresión

Por qué las decisiones propuestas por la reunión de Bruselas de los dirigentes de la Unión Europea llevarán de nuevo a la Gran Recesión (y posiblemente Depresión)

Uno de los economistas que me influenció más en mi juventud cuando viví en Suecia fue Gunnar Myrdal, que tuvo una enorme influencia en el desarrollo de las políticas públicas en los países escandinavos. Recuerdo que en una ocasión, Myrdal, que fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974, me dijo, en un tono muy crítico del pensamiento económico dominante en aquel momento, que los dogmas económicos son mucho más peligrosos que los dogmas religiosos. Ambos son impermeables a los datos, a la evidencia empírica y a la razón. Y lo que ha ocurrido en la última reunión de los dirigentes de la Unión Europea confirma esta observación.
Tras terminar tal reunión convocada para “salvar el euro”, ha habido una respuesta en los mayores medios de difusión, que considera positivos los acuerdos tomados, viéndose éstos como un paso adelante hacia la necesaria unión fiscal de tal comunidad económica, que facilite el desarrollo de una Europa más unida y más fuerte. La base de este optimismo es la creencia de que las medidas de gran austeridad (exigiendo equilibrios presupuestarios a todos los países) tomadas por los 26 representantes gubernamentales (todos excepto Gran Bretaña) recuperarán “la confianza de los mercados financieros” en los Estados y en su habilidad para pagar su deuda pública, exigiéndoles menos intereses. También se nos dice que tal confianza se afianzará con la ayuda del BCE a los bancos privados con lo cual éstos podrán ofrecer crédito a las empresas y a los ciudadanos para que pueda reavivarse así la economía un tanto paralizada por falta de crédito. Ayudando a esta reactivación –añaden- estará la medida ya adoptada por el BCE (que ha sido reafirmada en dicha cumbre) de que éste tendrá que condicionar la compra de deuda pública al refuerzo de la austeridad de gasto público social y su deuda pública, exigiendo también que el Estado presione para que se bajen los salarios y la protección social, y con ello facilitar el crecimiento de las exportaciones y la salida de la recesión. La devaluación doméstica –como la alternativa a la devaluación monetaria- se ve como la única manera de salir de la crisis.
Hasta aquí el dogma reproducido en la reunión de los máximos dirigentes de los países de la Unión Europa y promovido por los medios de mayor difusión. El único problema que tiene tal dogma es que toda la evidencia científica existente muestra el error de cada uno de sus supuestos. Vayamos por partes y veamos los datos para cada supuesto.
Las políticas de austeridad acordadas, consecuencia de la exigencia de equilibrar las cuentas del Estado (y que tendrán que ser escritas en piedra en la Constitución de cada país), no son nuevas. En realidad, han sido las que se han estado implementando durante estos años de crecimiento económico negativo, nulo, o casi nulo. Todos los países de la Unión Europea, comenzando por los de la Eurozona, han estado reduciendo su déficit público sin que haya tenido ningún impacto positivo en el crecimiento económico de tales países. Antes al contrario, lo ha ido empeorando. Es más, el argumento que señala que el déficit (y la supuesta exuberancia de gasto público) era la causa de la crisis, queda negada por el hecho de que España tenía un superávit en sus cuentas del Estado y una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15, cuando se inició la crisis en 2007. A pesar de esta evidencia, España y los otros países continúan recortando y recortando, con la consiguiente disminución del crecimiento económico. El resultado se ve muy claramente, primero en Grecia, después en Irlanda, posteriormente en Portugal, luego en España y finalmente en Italia. Y pronto lo veremos en Francia y en Alemania.
UNIFORMIDAD ES DESTINO A UNIDAD
Por cierto, tal como ha señalado el profesor Kevin O’Rourke, de la Universidad de Oxford (“A Summit to the Death”), la reunión de los 26 confunde uniformidad con unidad. En realidad, la demanda de que todos tengan que bajar el gasto público y equilibrar su presupuesto es un indicador de la inexistencia de una Unión, puesto que si la UE estuviera unida, querría decir que tendría que haber ahora, en momentos de recesión, una transferencia de fondos del centro a la periferia, como la hubo de la periferia al centro durante la época de bonanza. Exigirles a los países periféricos con grandes dificultades, que acentúen todavía más, su austeridad, adecuándola a la de los países céntricos, es un indicador de uniformidad y desunión, no de unión. Es una uniformidad impuesta por el centro a la periferia. Creerse que esta austeridad ayudará a la expansión económica de la periferia es cerrar los ojos a lo que ya está pasando en la Eurozona.
El otro supuesto falsificado por la evidencia es que la devaluación doméstica ayudará a la expansión de la economía de la Eurozona. De nuevo, como señala el profesor O’Rourke, la evidencia muestra precisamente lo contrario. La producción industrial en la Eurozona, incluyendo en Alemania, ha ido descendiendo desde 2009, con un declive notable de las exportaciones. Como consecuencia, el crecimiento de Alemania será casi imperceptible en 2012. País por país, el declive de los salarios y de la demanda doméstica, ha sido un factor determinante de esta disminución de la demanda, y con ello la disminución también de los ingresos al Estado, dificultando la reducción del déficit. Es suicida continuar enfatizando que la salida de la recesión exige una devaluación doméstica de los países de la Eurozona. Que los diseñadores de políticas continúen enfatizando estas medidas muestra la intensidad de su fe frente a la razón, como afirmaba Gunnar Myrdal.
Por último, es sorprendente que tras haberse consumido millones y millones de euros en mantener vivo el sistema financiero, sin que aumente la disponibilidad del crédito, la reunión de Bruselas alentara al BCE a que incrementara tal ayuda a la banca privada, con el fin de que aumentara el crédito. Si no ha ocurrido hasta ahora, ¿por qué creen que ocurrirá ahora? La respuesta se basa también en una creencia también de carácter religioso que el sector privado es más eficiente que el público y esto lo dicen con toda seriedad, incluso después del desastre creado por la banca privada. Y así estamos, yendo hacia la Gran Depresión.

Artículo publicado en la revista digital SISTEMA, el 16 de diciembre de 2011.

El ejemplo, entre otros, del Nuevo Hospital de Vigo (NHV)

Los intereses que hay detrás de las propuestas privatizadoras de la Sanidad

Por Luisa Lores, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

Foto: Maqueta del proyecto del NHV cuando era financiado por el SPI (Sociedade Pública de Investimentos de Galicia).
nuevatribuna.es
El Grupo Ribera Salud, constituido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Bancaja (actualmente integrada en Bankia), gestionaba 28 hospitales y 100 centros de salud en España. La CAM, a pesar de haber recibido una gran inyección de dinero público (2800 millones de euros[1]) ha tenido que ser intervenida y actualmente ha sido vendida al Banco Sabadell por 1 euro.
Previamente, estas entidades, que han sido incapaces de conseguir ni los 50 millones de euros necesarios para pagar la deuda contraída por la construcción de uno de sus hospitales PFI (el hospital de Torrejón), han tenido que malvender sus centros sanitarios en Valencia y Madrid.
Rodrigo Rato y el presidente de Ribera Salud optaron por cerrar un proceso negociador en exclusiva con Capio, por la módica cifra de 115 millones de euros, tras un informe de evaluación de ofertas elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC).
Las entidades que forman Ribera Salud, La CAM y Bancaja, integradas en Concessia Cartera, forman parte de la UTE seleccionada para la financiación del Nuevo Hospital de Vigo (NHV) gracias a la intervención de la consultora PwC que recibió de la Xunta de Galicia 220.000 euros por la asesoría de esta adjudicación, realizada en diciembre de 2010[2].
Sin embargo, y a pesar del maquillaje de sus cuentas, la insolvencia de la CAM no era un secreto en esas fechas.
El Presidente del Banco de España, Fernández Ordoñez, que definió a la CAM como lo peor de lo peor de las cajas de ahorros[3] había filtrado, ya en abril de 2009 una lista de 7 cajas que debían ser reestructuradas, entre las que se encuentra la CAM[4]. En 2009 la filial inmobiliaria de la CAM se encontraba en situación de quiebra técnica y en el primer trimestre de 2010 la caja alicantina obtiene un resultado 30,6% inferior al del mismo periodo de 2009[5]. Al cierre del primer semestre del año 2011 la CAM presentó unas pérdidas de 1.731 millones de euros, con una tasa de morosidad del 20 % y una exposición al ladrillo de 16.000 millones de euros[6].
¿Por qué se malvenden los centros sanitarios de Ribera Salud a una empresa extranjera a pesar de haber sido levantados e incluso saneados (Alzira) tras su quiebra con el dinero de la población de la comunidad valenciana y porqué se paraliza el proyecto del gobierno bipartito para construir el NHV, con financiación y gestión públicas y se adjudica a una UTE con entidades insolventes y que supone un incremento de su coste de alrededor de 1000 millones de euros?
Los intereses cruzados entre la UTE concesionaria del NHV ( Puentes y Calzadas, La CAM y Bankia) la PwC, la sanidad privada (Capio Sanidad) y el Partido Popular podrían estar detrás de estas adjudicaciones, tanto de Ribera Salud a Capio como del NHV a la UTE seleccionada:
1. Manuel Lamela es un hombre del PP y de la máxima confianza de Rato, exjefe de su gabinete. Desde que abandonó la política en 2008 ha pasado de ser un gestor de la sanidad pública a un empresario privado del mismo sector. Es máximo dirigente de Madrid Medical Destination, que tiene entre sus socios a Capio Sanidad. Además Lamela es consejero de Bankia (Caja Madrid).
2. PwC apoyó con un informe la ópera de Calatrava encargada por Jaume Matas que el fiscal anticorrupción ha calificado de montaje. Tras perder las elecciones autonómicas de mayo de 2007, Matas ficha por la consultora PwC[7].
3. Rodrigo Rato: Ministro de Economía en el gobierno del PP de Aznar, presidente de Caja Madrid y presidente de Bankia, encarga a la PwC la auditoría del proceso de ‘fusión fría’ protagonizado por Caja Madrid y Bancaja e influye en la adjudicación de Ribera Salud a Capio.
4. Luis de Guindos ocupó el cargo de secretario de Economía del gobierno del PP de Aznar, siendo ministro Rodrigo Rato. En 2008 se integra en la PwC. Actualmente es jefe de los servicios financieros de esta consultora. Luis de Guindos (de Leman Brothers hasta su caída en 2008) y Rodrigo Rato (presidente del FMI durante una mala etapa) son pesos pesados del PP y ambos suenan como ministrables para el próximo gobierno de Mariano Rajoy.
5. Agustín Hernández, que abandonó la dirección de obras públicas de la Xunta, cuando el PP perdió el poder en Galicia, en el año 2005 y tardó apenas dos meses en fichar por la Constructora Puentes y Calzadas, seleccionada para la construcción del NHV y a la que un año antes había otorgado contratos por más de 30 millones de euros[8]. En aquel gobierno de Manuel Fraga, Nuñez Feijoó presidia la consellería de Política Territorial[9].
En marzo de 2008, Agustín Hernández regresa como director de Infraestructuras en la Diputación de Pontevedra, cuyo presidente es el popular Rafael Louzán. Tras volver a la Xunta en el año 2009, como conselleiro de Infraestructuras Agustín Hernández adjudica a Puentes y Calzadas la variante de Noia por 38 millones de euros, a pesar de que dicha empresa presento la segunda peor de las 20 ofertas económicas valoradas[10]. Agustín Hernández es el actual Conselleiro de Medio Ambiente en el Gobierno de Nuñez Feijoo (PP):
• ¿Cómo se pretende financiar el Nuevo Hospital de Vigo mediante una entidad como la CAM que ha sido adquirida por un banco catalán (que tiene cuestionada su solvencia por 1 euro)?
• ¿Cómo pudo la Xunta de Galicia adjudicar el contrato para financiar y construir el Nuevo Hospital de Vigo a una entidad como la CAM que estaba considerada por el Banco de España como la peor de todas esas entidades y en situación de quiebra técnica?
• ¿Cómo puede este gobierno introducir recortes en la atención sanitaria gallega mientras cede a la iniciativa privada la construcción del Nuevo Hospital de Vigo por una coste 1.000 millones de euros superior al de financiación pública?
• ¿Cómo puede hablar el Partido Popular de sacrificios de los ciudadanos y de privatizar una sanidad que no nos podemos permitir mientras una parte de sus militantes se beneficia de las mismas?
CONSIDERACIONES FINALES
La Sanidad pública no puede ser utilizada para compensar la merma del negocio de constructoras o de entidades financieras afectadas por la burbuja inmobiliaria.
No es fácil explicar porque el gobierno gallego en plena crisis económica anula el proyecto previo del NHV financiado por el SPI y paga a la consultora PwC 200.000 euros por un nuevo proyecto que entrega el hospital a unas entidades financieras privadas insolventes y con un incremento de su coste en más de 1.000 millones de euros, decisión por lo demás contradictoria con el discurso de la Consellería de Sanidade, de que la falta de recursos económicos la obligan a introducir severos recortes en los servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma que ponen en peligro el acceso universal y equitativo a la salud de los ciudadanos.
Notas:
[1].- El Estado toma el control de la CAM y la pone a la venta. Publico.es. 22 de julio de 2011
[2].- Redacción Médica. Galicia. 17 de septiembre de 2010. Info concurso. Buscador de adjudicaciones. SERGAS
[3].- elpais.com. 30 de septiembre de 2011
[4].- eleconomista.es. 22 de abril de 2009
[5].- CAM gana solvencia pero pierde beneficio. Valenciaplaza.com. 23.4 2010
[6].- abc.es. 5 de diciembre de 2011
[7].- elpais.com 13 de febrero de 2011
[8].- La Xunta adjudica una autovía a la segunda más cara de 20 ofertas. elpais.com 19/7/2010.
[9].- elpais.com 6 de abril de 2009
[10].- La Xunta adjudica una autovía a la segunda más cara de 20 ofertas. elpais.com 19/7/2010.

Excelente, a mi juicio, artículo de Albert Recio

Sanidad pública, intereses mercantiles y cohesión social

Por Albert Recio – Consejo Científico de ATTAC España

Hace tiempo que la sanidad pública está en la mira del capital. No en vano el gasto sanitario constituye una importante partida económica, y por tanto fuente potencial de negocio. La prueba es que una parte del gasto sanitario llena las arcas de las empresas farmacéuticas y proveedoras de equipamiento sanitario, que suelen encontrarse entre los negocios más rentables del planeta. No en vano también allí donde la gestión sanitaria privada está más extendida, los EE.UU., el peso del negocio sanitario constituye la partida más importante del PIB, algo que tiene poco que ver con el nivel de eficiencia del modelo sanitario si se toman como referencia indicadores de esperanza de vida o de desigualdad en el acceso a la asistencia sanitaria.

Hace ya tiempo que algunas Comunidades Autónomas, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, adoptaron un modelo de externalización de la gestión sanitaria cuyos efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones de trabajo del personal merecen ser evaluados. Hace unos meses una evaluación de la calidad de los sistemas sanitarios en base a 19 indicadores sitúo a ambas comunidades en la categoría de “deficientes” (junto con Canarias y Galicia, siendo la Comunidad Valenciana la peor calificada. (El País, 2 septiembre 2010).

También en Catalunya ha existido desde siempre un sistema mixto de gestión sanitaria, en parte heredado del modelo sanitario anterior al establecimiento de la seguridad social. Un sistema sanitario donde se combinan hospitales públicos con una extensa red de centros semipúblicos, en manos de patronatos con presencia de instituciones locales, Iglesia Católica y grupos privados. CiU, en su largo mandato en la Comunidad, reforzó este modelo y le dio estructura, algo bastante parecido al doble circuito educativo. El Triparto fue incapaz de cambiarlo y aunque incrementó el gasto sanitario también llevó a cabo una reforma estatutaria del Institut Català de la Salut (el propietario de la parte pública del sistema) que apostaba por una gestión más liberal. La excusa siempre es el alto y creciente coste sanitario y la necesidad de modernizar la gestión. Un alto coste que es difícil de argumentar cuando se contrasta el gasto sanitario español con el de países de la UE (tanto en términos de PIB como de gasto per cápita), como el catalán respecto al resto de España (según el informe citado el gasto per cápita catalán solo está 4 euros por encima del gasto medio y se sitúa en la mitad de la tabla.

El nuevo gobierno de CiU, con el ínclito conseller Boi Ruiz a la cabeza, no ha dudado sin embargo en lanzar una auténtica cruzada en pos de la demolición del sector público sanitario. La política de ajuste presupuestario ha sido la excusa para ello. El cierre de camas y quirófanos hospitalarios, de urgencias en los ambulatorios (especialmente grave en zonas semirrurales donde los hospitales están distantes) han generado cabreo y sentimiento de deterioro, Tras las elecciones, CiU se siente con músculo para seguir su política privatizadora, ya visible en uno de los múltiples apartados de la “ley omnibus” donde se contempla la posibilidad que los hospitales públicos alquilen a operadores privados sus plantas cerradas y sus quirófanos, que han dejado de operar por la tarde. Un regalo al sector privado que podrá ofrecer a quien tenga dinero la alta calidad de la asistencia pública sin tener que pasar por las engorrosas (y al menos democráticas) listas de espera. Ahora se propone otra vuelta de tuerca, primero en forma de un nuevo copago por receta médica (como no se puede cambiar la realidad se crea el neolenguaje y se le llama ticket moderador) y después con la propuesta del siempre contundente Boi Ruiz a favor de crear un seguro privado obligatorio para la gente con recursos y dejar el servicio público para los pobres (aunque al paso que vamos con el paro y los recortes salariales la categoría “pobre” va camino de ser universal).

No deja de ser insólito que en Catalunya se defienda la gestión de las mutuas privadas como una muestra de eficiencia y buen hacer cuando en el pasado la Generalitat dedicó importantes recursos al salvamento de gestiones fallidas y fraudulentas (Hospital General de Catalunya, Mutua l’Aliança) y otras importantes instituciones han entrado en barrena (Agrupació Mútua) o han estado salpicadas por importantes casos de corrupción (Mutua Universal). Si de algo puede presumir el sector privado catalán es de fracasos continuados de gestión.

La propuesta, de ir adelante, significa bastante más que una mera privatización. Significa la ruptura del propio concepto de ciudadanía y de solidaridad social por cuanto se rompe el continuo entre los que pueden pagar y los que no. Si el problema es meramente financiero, y se supone que hay una parte de la población con recursos, bastaría subir los impuestos a esta parte de la población para cubrir el aumento del gasto. Propugnar un doble circuito es sin embargo optar por un modelo dual, uno “de pago” (aunque todo el mundo sabe que al final las mutuas privadas practican todo tipo de discriminaciones para reducir sus costes) y otro para pobres. Una nueva oportunidad para fomentar una cultura de la insolidaridad e incultura fiscal de las clases medias y un desprecio frente a los pobres que se salvan del seguro privado. En un país con elevados índices de evasión fiscal, con un elevado porcentaje de población inmigrante pobre, este modelo es una verdadera invitación a la iniquidad y la xenofobia. Ruiz no es solo un privatizador sino un verdadero agente promotor de la fragmentación social. Algo en lo que se muestra tozudo, pues ya antes de hacer esta propuesta atribuyó los problemas de salud a la genética y los hábitos individuales (otra forma de mentalizar a la población de que la gente enferma lo es por culpa propia, de separar buenos y malos ciudadanos, aunque entre los factores de malos hábitos nunca suelan incluir el del uso intensivo de los vehículos que generan contaminación y accidentes, ni el de las malas condiciones de trabajo).

Boi Ruiz, lo que representa, no es solo un peligro para la sanidad sino también para el mismo sentido de sociedad. No solo promueve negocio sino también división social, clasismo. No es por desgracia el único. Ahí están también los responsables de la sanidad gallega y balear desactivando ilegalmente tarjetas sanitarias a gente desamparada. Hay que pararles los pies: está en juego nuestra salud y nuestro sentido de sociedad.

Artículo publicado en Mientras Tanto Electrónico.

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