OPINION

Sencillo, claro y corto

Indignarse es poco

¿De verdad son tan difíciles de entender las causas de este gran cabreo mundial?

Editorial, La Voz de Asturias,17/10/2011
Los europeos vamos a volver a salvar a la banca privada con dinero público para que el cielo no se desplome sobre nuestras cabezas. Es la segunda vez en tres años donde las opciones que se nos presentan son dos: rescatar a la banca y a sus bien pagados directivos o, como ironiza un blog de The Wall Street Journal, “pasar la próxima década empujando un carrito de supermercado con todas nuestras posesiones dentro mientras escapamos de hordas de caníbales que se quieren comer a nuestros hijos”. Y eso que esta decisión tramposa, donde toca elegir entre lo malo o lo peor, no podía suceder otra vez. “Nuestros ciudadanos no permitirán que vuelva a pasar, la reacción política a un segundo rescate sería tan fuerte que pondría en riesgo a algunas democracias”, profetizó hace dos años el entonces director del FMI, Dominique Strauss-Kahn. No era el único “perroflauta” con ese discurso. “Nuestros ciudadanos no permitirían, por segunda vez, que los gobiernos movilizaran el 27% del PIB para salvar al sistema financiero”, aseguraba en mayo Jean Claude Trichet, presidente del BCE.
El segundo plan de rescate de la banca europea, provocado en gran medida (pero no sólo) por esa herida griega que la UE ha sido incapaz de sanar, costará 120.000 millones de euros, aunque otros cálculos multiplican esa factura por diez si Grecia se declara en quiebra. Después será ese mismo sector financiero rescatado el que exija “austeridad” al sector público, como es habitual. Ante esta situación, ¿a alguien le sorprende que cientos de miles de personas de todo el mundo en cerca de mil ciudades en todos los usos horarios posibles, desde Tokio a Santiago de Chile, salgan a la calle para pedir un cambio global? ¿De verdad son tan difíciles de entender las causas de este gran cabreo mundial?

Vicenç Navarro nos habla sobre el 15-0

El movimiento mundial pro-democracia

nuevatribuna.es
Se está estableciendo un movimiento a nivel mundial que se manifestará este sábado 15 de octubre en muchos países, que amenaza a las estructuras del poder financiero, económico y político de los estados, no sólo Árabes, sino también de Europa y ahora de EEUU. Su demanda es la democracia, es decir, exigir que existan sociedades democráticas en las que sea la ciudadanía la que gobierne su quehacer colectivo. Donde primero aparecieron estos movimientos fue en los países árabes. Eran movimientos antidictatoriales que aparecieron como consecuencia de la aplicación por parte de sus gobiernos de medidas neoliberales (promovidas por los gobiernos estadounidenses y europeos) que habían determinado una enorme concentración de poder económico y financiero que había coaptado al poder político. Resultado de ello era una percepción generalizada entre las clases populares de que sus Estados eran insensibles a sus necesidades, incluso las más básicas y elementales como la mera subsistencia.
En principio, tales movimientos pro-democráticos contaron con notable simpatía en los centros mediáticos de los países autodefinidos como democráticos. Pronto se dieron cuenta, sin embargo, de que no era una demanda limitada al mundo árabe. Era una demanda que estaba también apareciendo en su mundo, y que señalaba la contradicción clara entre la narrativa oficial, supuestamente democrática, de sus establishments políticos por un lado y la experiencia real en la que las mayores decisiones que se estaban tomando por parte de sus instituciones llamadas representativas (y que afectaban y continúan afectando negativamente el bienestar de la mayoría de las poblaciones), se hacían sin la participación o mandato de la ciudadanía. Tales movimientos pro-democracia denunciaron la obvia falsedad del discurso oficial supuestamente “democrático”. El caso más reciente son las medidas de austeridad, altamente impopulares, que se están imponiendo a la población de estos países por parte de gobiernos, sin que la ciudadanía haya tenido la oportunidad de decidir sobre tales medidas.
No es casualidad que las primeras movilizaciones pro-democracia en los países supuestamente democráticos surgieran en España, el país de la Unión Europea donde el sistema democrático es más limitado (resultado de una transición de una dictadura a una democracia que, consecuencia del domino de las fuerzas conservadoras en el aparato del Estado en tal proceso, dio pie a una democracia muy limitada e insuficiente) y donde las consecuencias de las políticas de austeridad han sido más dramáticas. En España, el 42% de la juventud está sin trabajo. Tal movimiento, conocido como el movimiento de los indignados, o 15-M, ha inspirado muchos otros. Todos ellos tienen en común el objetivo de eliminar la enorme influencia que el poder financiero y económico tiene en sus sociedades, incluyendo sus instituciones representativas.
El último caso es el movimiento “Nosotros somos el 99% de la población” de EEUU, que denuncia que las instituciones políticas estadounidenses, así como la vida financiera y económica del país, están controladas sólo por un 1% de la población. Como señaló recientemente Joseph Stiglitz, “lo que vemos en EEUU es el gobierno del 1% de la población, para el 1% de la población y por el 1% de la población”. El poder de este 1% (el poder financiero, económico y político en EEUU) es enorme. Este 1% tiene el 40% de toda la riqueza del país. Este 1% ha adquirido un enorme poder político durante la época neoliberal. Mientas que en los años sesenta pagaban el 51% de sus rentas en impuestos, ahora pagan sólo un 17%. Como consecuencia, tales ingresos, que representaban el 33% de los ingresos al Estado en aquella época, ahora representan sólo un 7%. Grandes corporaciones como Exxon Mobil, que en 2009 consiguieron 45.200 millones de euros en beneficios, no pagaron ni un centavo al Estado.
Mientras tanto, el 22% de los niños en EEUU viven en situación de pobreza, el número de personas que desearía trabajar y no encuentra trabajo representa, según su Ministerio Federal de Trabajo, el 17% de la población adulta, y 48 millones de ciudadanos no tienen cobertura sanitaria. Las políticas seguidas por el Congreso de EEUU, cuyas figuras claves están financiadas en gran parte por este 1% de la población, está siguiendo políticas fiscales que están acentuando todavía más la enorme concentración de poder económico y político. De ahí que el 82% de la población no considere que el Congreso de EEUU representa sus intereses.
Éstas son las consecuencias políticas del neoliberalismo. Pero, es parte de la condición humana la capacidad de rebelión. Y esto es lo está ocurriendo en gran número de países. Tales movimientos están siendo tratados con gran hostilidad por parte de los establishments mediáticos próximos al capital financiero. Así, el corresponsal en EEUU de uno de los rotativos de mayor difusión de España (que se autodefine de centro liberal) definió al movimiento de los indignados estadounidenses como un movimiento que refleja “las viejas aspiraciones hippies de solidaridad” (asumiendo que la solidaridad fuese un objetivo sólo de los hippies), ignorando, por cierto, al movimiento obrero, cuyos sindicatos son definidos por aquel corresponsal “como las instituciones más corruptas de EEUU”
Tal movimiento se ha extendido a gran número de ciudades en EEUU (Philadelphia, Boston, Baltimore, Washington, Chicago, Los Angeles, Detroit, y muchas otras) e incluye a todos los grupos etarios, a muchos grupos y clases sociales, y han sido apoyados por los sindicatos estadounidenses, cuyo nivel de corrupción es mucho menor que el existente en las instituciones empresariales, políticas y mediáticas de aquel país. En realidad, estos movimientos de indignados son continuadores de aquéllos otros que les precedieron en su lucha por un mundo mejor.

Dedicación exclusiva: algunos “por qué, para qué y cómo” más

Dedicación exclusiva de los médicos y derechos del ciudadano

Los perjuicios de una ley que permitiera compaginar medicina pública y privada

Por JULIO BRUNO BÁRCENA, COORDINADOR DE LA ORGANIZACIÓN SECTORIAL DE SANIDAD FSA-PSOE

¿Puede un médico que trabaja toda la tarde en una consulta o una clínica privada prestar una atención y un rendimiento adecuados trabajando, además, de ocho de la mañana a 15.00 horas en la sanidad pública? ¿Debe favorecerse esta práctica?

La dedicación exclusiva de los médicos en Asturias, regulada en el Sespa en 2003, implica actualmente a un 85% de los 3.000 médicos del sistema, mientras que otro 15% (principalmente de hospitales), además de su dedicación pública, tiene medicina privada. Hay que señalar que la regulación de las condiciones de aplicación de la dedicación exclusiva está pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, como si fuera una cuestión de interés público de primera línea para la ciudadanía y para Asturias, urgidos tal vez por la precaria oportunidad de un Gobierno de derechas en minoría, la presión política del Partido Popular, la presidenta del Colegio de Médicos y el sector más corporativista de los profesionales representado por el SIMPA reclaman su desaparición inmediata. Obviamos el barullo generado entre la consorte del portavoz de Foro, al parecer autor de la iniciativa, y la postura de la Consejería, que ya se ha pronunciado en contra. La opinión de los propietarios de las mayores consultas privadas de la región también nos la podemos imaginar, pero ¿cuáles son los intereses de la mayoría de los médicos del sistema público?, y, sobre todo, ¿cuáles los de los ciudadanos?

La propuesta de desaparición de la dedicación exclusiva al sistema público y de las retribuciones asociadas a este concepto va en detrimento del propio sistema sanitario y de la calidad de sus prestaciones y de la mayoría de los médicos. El pluriempleo genera conflictos de intereses en todas partes y va en perjuicio de lo público, lo que ha obligado a regular las incompatibilidades en función de los intereses generales.

En la asistencia sanitaria es obvio que quien dedica todo su esfuerzo laboral a la asistencia pública practica un grado de compromiso diferente con el Servicio de Salud, que debe estimularse y reconocerse en comparación con quien reparte sus energías entre lo público y lo privado. Pero, para algunos que defienden la práctica dual, cabe en el mismo saco argumentar sobre el descanso laboral tachándolo de vicio reprobable («jugar al golf») y, al mismo tiempo, defender que el ocio de los médicos pueda ser la cirugía privada («caso Moriyón»), todo vale con tal de justificar una práctica que les interesa a ellos y no a la ciudadanía, como pretenden.

De hecho, la implantación del complemento de dedicación exclusiva se originó como medio de eliminar la parasitación del sector público por el privado; valga decir, para evitar una práctica extendidísima en los años ochenta mediante la cual, haciendo abuso de las cuantiosas inversiones públicas en tecnología, se facturaba el servicio al ciudadano en la privada, «si quieres que te atiendan bien, que vayas a su consulta». Así que, de volver a ese modelo, es preferible que nuestros médicos de hoy «jueguen al golf» con sus medios para estar en buenas condiciones de trabajo al atendernos al día siguiente a que utilicen lo de todos para dar prioridad a su negocio, en el que lo público no tiene cabida.

La literatura y la experiencia nos han enseñado que el trabajo médico en la privada de los profesionales públicos tiende a estimular comportamientos oportunistas de la práctica médica, perjudiciales para el sector público y, finalmente, para el ciudadano, entre ellos, el absentismo y la elusión de tareas o «escaqueo», el desvío de pacientes del sector público al privado, la demanda inducida y la selección de pacientes y, finalmente, la apropiación y el uso indebido de los recursos públicos para fines privados.

Hay que advertir que este tipo de comportamientos no son generalizables a todos los profesionales que tienen práctica privada, porque la propia deontología profesional actúa a favor de una práctica ética y sería injusto descalificar la práctica de quienes actúan con rigor en lo público y lo privado. Pero la experiencia advierte que el pluriempleo, como en cualquier otra profesión, también favorece en los médicos prácticas oportunistas y contrarias al bien general que deben impedirse en beneficio de todos.

No hay nada nuevo en el tema: la práctica de retribuir a los profesionales cualificados en la empresa por su dedicación exclusiva está recogida bajo la modalidad del «pacto de no concurrencia» en el Estatuto de los Trabajadores, que tiene como base el evitar la competencia desleal, y así lo aplica la mayoría de las empresas. ¿Por qué habría que gestionar peor lo público que lo privado? ¿Imagina el lector a un piloto de Iberia trabajando para Air France en sus horas libres? ¿A un ingeniero de Telefónica haciéndolo para France Telecom? La retribución especial a quien tiene exclusividad es justa y coherente y refleja «el coste de oportunidad» que para el profesional supone su renuncia a concurrir y la garantía para la empresa, el Servicio de Salud, de que no habrá intereses de competencia desleal en el mercado.

Sin embargo, la desaparición del plus de dedicación exclusiva puede tener, para quienes con tanto ahínco lo han puesto ahora en el frontispicio público, rendimientos económicos nada baladíes, y no están dispuestos a perder esta oportunidad en espera del arbitrio del Tribunal Constitucional. El hecho de que otras comunidades autónomas, en todas las que gobierna el PP, hayan hecho desaparecer este plus no es un argumento a favor de la mejor gestión de lo público. Es simplemente un argumento sobre el carácter ideológico y particular con que la derecha gestiona lo público. En algunas de esas autonomías suprimir la dedicación exclusiva no ha significado sino incrementar un gasto, aplicando el complemento que aquí reclama el SIMPA a quienes tienen dedicación privada y ahora no cobran. Resulta una forma peculiar de retorcer el significado de los intereses generales en función de una minoría que ha venido reclamando al mismo tiempo reducción de la jornada laboral en la pública y facilidades para trabajar en la privada.

Curiosamente el recorte estimado en el empleo público y la estimación en la merma de recaudación tributaria por la economía sumergida ¡¡coinciden (¿ ?)!!

La hora de los recortes

Las administraciones públicas deberán suprimir 200.000 empleos en toda España hasta 2013, según un informe del banco suizo UBS

JORDI CUENCA, en La Nueva España.
Cuatro años después del inicio de la crisis económica, las administraciones públicas han empezado, con distintos ritmos, a aplicar los recortes que una mayoría de empresas comenzaron a poner en práctica ya en 2008, cuando la intoxicación por las hipotecas basura llevaba un año contaminando el sistema, sobre todo el financiero, que da vida a todo lo demás. La crisis de la deuda, que estalló con toda su crudeza en la primavera de 2010, obligó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a llevar a cabo un severísimo recorte del gasto público -bajada de sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones- para contener el déficit.

Los mercados donde España se financiaba hasta entonces dijeron basta, y el Ejecutivo tuvo que frenar en seco la política keynesiana de inversión pública con que había pretendido hacer frente a la crisis hasta aquel momento. Las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y el temor a un castigo inmisericorde de los ciudadanos provocó que ninguna autonomía, ni siquiera las más endeudadas, tomaran medidas de alcance para reducir de una vez sus déficits y sus deudas.

Luego del triunfo del PP en casi toda España en las elecciones autonómicas y ante la perspectiva de que este partido conseguirá el Gobierno de España tras las elecciones del 20 de noviembre, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, para no perjudicar a Mariano Rajoy, están tomando medidas de contención que más bien parecen parches para evitar la sangría. Cataluña, con un Gobierno más asentado y de signo político contrario al anterior, está siendo -si exceptuamos ese banco de pruebas en que parece estar convirtiendo a Castilla-La Mancha la presidenta de esa autonomía y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal- la mejor imagen, al entender de muchos, de lo que le espera a este país cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo. Sea del PP o del PSOE -o de coalición con nacionalistas-, hay coincidencia en que 2012, como mínimo, será un año de gran sufrimiento, para la ciudadanía y el sector público, incluidas las sacrosantas sanidad y educación, que ya están viendo las orejas al lobo. Otra cosa es dónde ponga el acento -y los límites del recorte- cada partido.

Con la celebración de las elecciones, ya nadie tendrá excusas para no actuar. Y los augurios son tremendos. El banco suizo UBS, en un reciente informe sobre la economía española en la era de la austeridad, asegura que la caída de las dos principales partidas del gasto público (salarios y gastos corrientes) es «insuficiente para reducir el déficit público a la velocidad requerida» y apunta que, al margen de la «prevista reducción del número de funcionarios, es probable que los salarios medios crezcan menos que la inflación durante unos años». Además, incide en la necesidad de más recortes en el gasto corriente, con «120.000 millones aún plagados de partidas superfluas y prescindibles» entre las que cita las subvenciones y las prestaciones en especie.

UBS cree que, para alcanzar el objetivo de déficit de 2012 y dada la reducción de ingresos prevista, las autonomías «deberán haber reducido los gastos ordinarios reales respecto a 2010 en 9.200 millones de euros (-6%)», una decisión «que afectará a multitud de partidas presupuestarias. El estudio dice que los ingresos autonómicos «están muy por debajo de lo presupuestado», y que el Gobierno central limita la capacidad de endeudamiento de estas administraciones al tiempo que los mercados exigen tipos de interés muy altos. La «reacción primera para gestionar la falta de liquidez está siendo una devastadora postergación masiva de los pagos a los proveedores, con unas dramáticas consecuencias para la actividad económica y el empleo». UBS añade que, «además de la paralización de las obras públicas, la reducción del gasto salarial está superando lo presupuestado: intensa destrucción de empleo interino y del personal laboral». Los pronósticos para el sector público son muy desalentadores. Los salarios de los más de 3,2 millones de empleos -las autonomías han acumulado más de un millón desde 1995- consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto, excluidas las prestaciones sociales.

UBS considera que «el empleo público debería reducirse cerca del 6% hasta 2013, unos 200.000 asalariados menos» para que a mitad de década vuelva al tamaño de 2006, es decir unos 2,9 millones. Al margen de lo que pueda suceder con derechos básicos como la sanidad y la educación, la destrucción de empleo público supondrá un nuevo jarro de agua fría para las pretensiones de cualquier Gobierno de poner freno al paro, tal como se puso de manifiesto en septiembre, donde el desempleo aumentó entre otros motivos por los recortes de empleo público.

La economía sumergida alcanzó en 2010 un 21% del PIB

El reverso de esta moneda…

La economía sumergida es un arma de doble filo: precariedad laboral, delincuencia, marginalidad conviven con una paradójica función de cohesión social. Nadie se puede explicar la relativa paz de un país como España, con más de cuatro millones de parados, si no es por los ingresos que muchas familias obtienen por la vía de la ilegalidad. La contrapartida a este último aspecto es la enorme cantidad de ingresos que una economía sumergida potente como la española detrae a las administraciones públicas. Así, el estudio «La economía española en la era de la austeridad», presentado el mes pasado por UBS, considera que, «al margen del componente delictivo, lo más preocupante» de la economía sumergida en el país «es la merma en la recaudación tributaria, que rondaría el 4%-6% y cuya afloración contribuiría a reducir el déficit fiscal estructural y a aliviar los recortes del gasto público».

El informe asegura que la economía sumergida ha aumentado en España desde el 12% de 1980 al 21% de 2010, «tendiendo a crecer con el ciclo económico e inmobiliario y con reducciones inapreciables en las crisis». Citando estudios recientes de la OCDE y la fundación de las cajas de ahorros Funcas, UBS destaca la tendencia global al «aumento de actividades que, siendo de naturaleza criminal o no, escapan al fisco». La mayoría de los países desarrollados tienen una economía sumergida que acapara entre el 8% del PIB (Suiza o Estados Unidos) y el 15% (Francia), mientras que las economías en desarrollo superan el 25%.

La historia que muchos se empeñan en no querer mirar porque suele ¡¡enseñar!!

Política fiscal y conflicto de clases

nuevatribuna.es, por VICENÇ NAVARRO.
Cuando el Presidente Obama propuso incrementar los impuestos de aquellos ciudadanos cuya renta deriva primordialmente de los beneficios del capital –es decir, de los ricos y súper ricos- los republicanos pusieron el grito en el cielo indicando que el Presidente Obama estaba practicando la lucha de clases, penalizando a los sectores de la población que estaban creando riqueza y empleo, y lo estaban haciendo –según ellos- a fin de contentar a la mayoría de la población (cuyas rentas derivan de su trabajo), envidiosa y resentida de lo que consideraban –según los republicanos- errónea e injustamente como una clase privilegiada. El Partido Republicano no quiere que se aumenten los impuestos de los súper ricos y ricos, pues –según tal partido- éstos son los que invierten y crean riqueza.
Algo semejante ocurre en España. Tradicionalmente, los partidos conservadores y neoliberales (que en Europa se definen como liberales), han sido los protectores de las rentas superiores utilizando el mismo argumento. La narrativa del conocimiento económico neoliberal (próximo a los intereses de tales grupos sociales) afirma que la gravación de los ricos es contraproducente pues ahuyenta al capital necesario para invertir (según la Agencia Tributaria española, el 72% de las rentas más altas -600.000 euros y más- deriva de la propiedad de capital). Esta postura está ampliamente generalizada en la Unión Europea, de manera que en los últimos años, incluso los partidos socialdemócratas gobernantes han reducido significativamente los impuestos de los ricos y súper ricos a fin de conseguir mayor inversión y mayor producción de empleo.
Frente a esta postura, que ha alcanzado el nivel de dogma en el pensamiento económico dominante y en la cultura política y mediática hegemónica a los dos lados del Atlántico, hay que mostrar varios hechos, todos ellos conducentes a la conclusión de que tal dogma es erróneo. Está sostenido por un elemento irracional -la fe neoliberal- y no por la evidencia. Veamos los datos.
¿Cómo se generó la Gran Depresión y la Gran Recesión?
Cuando en los años veinte del siglo pasado se alcanzó en EEUU una enorme concentración de las rentas con un aumento exponencial de las rentas del capital a costa de una dramática reducción de las rentas del trabajo, estalló en aquel país la Gran Depresión, causada precisamente por tal polarización de las rentas. El 70% del crecimiento de PIB, entre 1923 y 1929, fue al 1% de la población más rica de EEUU, y sólo el 19% fue al 90% de la población. Era la “época dorada” de los súper ricos (James Crotty, The Great Austerity War. Political Economy Research Institute, 2011). Esta enorme mala distribución de la creación de riqueza significó el descenso muy marcado de las rentas del trabajo (que quiere decir básicamente descenso de los salarios), lo cual significó un enorme descenso de la demanda de bienes y servicios que creó una caída en picado del crecimiento económico y un aumento del desempleo. Por otra parte, la desregulación de la banca (que es la medida que los súper ricos y ricos siempre desean, pues depositan su dinero en sus bancos y la desregulación les permite hacer lo que quieran) había permitido a los ricos y súper ricos invertir en actividades especulativas en lugar de las áreas de la economía productiva (donde se crean los bienes y servicios).
Un fenómeno semejante ha ocurrido a los dos lados del Atlántico desde los años ochenta cuando se comenzaron a aplicar las políticas neoliberales con el Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos y la Sra. Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Tales políticas incluyeron bajada de salarios, disminución de la protección social y del gasto público social, y desregulación de la banca (que facilitó las actividades especulativas del capital financiero). Consecuencia de ello, las desigualdades de renta alcanzaron en 2007 los niveles existentes a principios del siglo XX, causando la Gran Recesión, la cual, resultado de la aplicación de “soluciones” neoliberales de mayor austeridad, que están acentuando todavía más la disminución de la demanda doméstica, va en camino de traducirse en la II Gran Depresión. El fracaso de tales medidas es previsible. En ambos casos, entonces –principios del siglo XX- y ahora –principios del siglo XXI- la enorme concentración de las rentas y mimo (expresión utilizada por el Sr. Warren Buffet, uno de los ricos más súper ricos del mundo, en su artículo en el The New York Times titulado “Dejen de mimar a los ricos”, 15.08.11, para definir el trato fiscal discriminatorio de los Estados a favor de las rentas del capital) originó la Gran Recesión y, con ella, una enorme destrucción de puestos de trabajo.
¿Cómo se salió de la Gran Depresión?
En EEUU el Presidente Roosevelt (que todavía hoy es el Presidente más popular que EEUU haya tenido) salió de la Gran Depresión a base de aumentar los impuestos de los ricos y súper ricos, gravándolos hasta el 91% de su renta (sí, ha leído bien, el 91% de su renta). Con estos fondos creó empleo (11 millones de puestos de trabajo) mejorando la muy deteriorada infraestructura física y social del país. El desempleo bajó de un 23% en 1933 a un 9% en 1937. Estableció la Seguridad Social y ayudó a que se expandieran los sindicatos a fin de estimular el crecimiento de los salarios. La polarización de las rentas disminuyó espectacularmente, aumentando las rentas del trabajo. Todo ello impulsó un enorme crecimiento de la demanda y de la actividad económica, con gran crecimiento de puestos de trabajo.
Por otra parte, el gobierno federal frenó la especulación de la banca, separando los bancos comerciales de los bancos de inversión, protegiendo los depósitos en los primeros. Se establecieron también bancas públicas que garantizaron el crédito. Y al Banco Central Estadounidense (Federal Reserve Board) se le asignó el objetivo de, además de contener la inflación, estimular la economía para conseguir el pleno empleo. Estas medidas, junto con los preparativos para la II Guerra Mundial y consiguiente incremento de la inversión pública, eliminó la Gran Depresión. Un indicador de que esta activa intervención del estado federal fue la responsable de la recuperación económica es que, cuando en el año 1937 el Presidente Roosevelt, aconsejado erróneamente por algunos de sus asesores económicos, (que creyeron que la Depresión se había ya resuelto) disminuyó el gasto público, el desempleo inmediatamente creció de nuevo.
La gran expansión del gasto público, entre otras medidas, fue una causa determinante de la salida de la Gran Depresión. Un tanto semejante ocurrió después de la II Guerra Mundial en Europa. Este continente se recuperó mediante una enorme expansión del gasto público, estimulada en la Europa Occidental por el Plan Marshall, hecho que, por lo visto, se ha olvidado en los establishments europeos
La respuesta del capital a los avances del mundo del trabajo
El New Deal, que era el nombre de las políticas llevadas a cabo por el gobierno Roosevelt, marcó las bases para que se creara lo que se ha llamado la “época dorada” del capitalismo, un capitalismo con una intervención pública activa que redistribuía los recursos producidos por el crecimiento económico, manteniendo un elevado nivel de demanda, basado en unas políticas de pleno empleo, con salarios altos y elevado gasto público. El gasto público federal pasó de ser equivalente al 3% del PIB en 1929 al 16% en 1950. Fue en esta época cuando el porcentaje de la población trabajadora que estaba sindicalizada alcanzó mayores niveles.
Los ricos y súper ricos no aceptaron aquella situación, y a través de su creciente influencia en los Estados de los dos lados del Atlántico, intentaron recuperar su gran poder y lo hicieron a costa de la mayoría de la población, que obtiene sus rentas a costa del trabajo. Así, en EEUU, el impuesto de los ricos y súper ricos bajó del 91% al 70% en los años setenta, y al 35% actual (en realidad, esta es la cifra nominal. La real es incluso más baja, 17%). En consecuencia, la procedencia de los ingresos al Estado cambió dramáticamente. Durante la época del New Deal, cuando el Presidente Roosevelt gobernaba EEUU, por cada dólar que el gobierno federal ingresaba procedente del trabajo, había 1,50 dólares procedentes de las rentas del capital. Hoy, por cada dólar que aporta un trabajador, el capital aporta sólo 25 centavos. Y ello se ha conseguido a base de una lucha frontal (Noam Chomsky la llama guerra en su introducción al libro Hay alternativas, de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón) en contra de la clase trabajadora (a través de políticas públicas encaminadas a reducir los salarios y el gasto público social) que está alcanzando su máxima expresión estos días. Y cuando, resultado de las protestas populares (que son más frecuentes e intensas de lo que publica en los medios) los estados desarrollan tímidas propuestas de recuperar los impuestos a los ricos y súper ricos, éstos y sus portavoces neoliberales inmediatamente echan el grito al cielo (como ocurre en EEUU y en España) protestando que “los gobernantes están estimulando la lucha de clases”. Portavoces tanto del Partido Republicano en EEUU como del Partido Popular en España han utilizado tales expresiones últimamente.
Una última observación. Las prácticas neoliberales que han mimado a los ricos y súper ricos, se han justificado con el argumento de que los ricos y súper ricos son los que crean riqueza y puestos de trabajo al invertir y estimular el crecimiento económico. Tales argumento ignoran hechos elementales como que la creación de puestos de trabajo fue mucho mayor en la época 1950-1975, cuando la carga impositiva de las rentas superiores era 91%, que ahora es sólo el 17%
Y ello es fácil de entender. Si el Estado crea empleo a través de sus fondos, la creación de empleo va a ser mayor que si los ricos y súper ricos acumulan más y más dinero, que dedican más a la especulación que a la inversión productiva. Hoy los ricos y súper ricos (en los dos lados del Atlántico) han acumulado enormes sumas de dinero, y en cambio se está destruyendo empleo. En realidad, lo primero es la causa de lo segundo. Este capital no se ha estado utilizando con fines productivos (creando empleo), sino especulativos (destruyéndolo). Y ahí está el problema. La concentración de las rentas en grupos sociales muy minoritarios, facilita el endeudamiento de la gran mayoría de la población por un lado y la actividad especulativa a los súper ricos por el otro. De ahí que tales políticas sean el sueño de la banca, cuya excesiva influencia sobre los Estados está llevando a los países de los dos lados del Atlántico a la Gran Depresión.

Una interesante reflexión al hilo de la noticia de la investigadora que donó un premio a sus becarios

La soledad de los funcionarios solidarios ante la crisis

La poda de las retribuciones de los empleados públicos como recurso fácil de las administraciones para ahorrar

Opinión de JOSÉ R. CHAVES, MAGISTRADO, en La Nueva España

Leo con admiración que una investigadora donará un premio de 25.000 euros para el pago de los becarios de un Centro de Investigación valenciano. Aplaudo con simpatía el gesto de los profesores de enseñanzas medias de Guadalajara que propusieron renunciar a parte de su sueldo para evitar el despido de sus compañeros interinos.

E igualmente hay que reconocer el sacrificio de los funcionarios públicos en general a través del 5% del tijeretazo a sus nóminas (más justo hubiera sido subir los tipos del Impuesto de la Renta a toda la ciudadanía, en vez de recortar de forma lineal a «parte» de los empleados públicos, con independencia de su renta y patrimonio personal). Por si fuera poco, tras el precedente del recorte del complemento de destino al personal médico de algunos hospitales catalanes, resulta fácil pronosticar que, una vez que el «recaudador del frac» ha metido el pie en la puerta de las nóminas públicas, seguirán las Administraciones podando las retribuciones funcionariales (no sólo la pacífica congelación de incrementos, sino la privación de la paga extra que se antoja casi inevitable, el descenso lineal de niveles o específicos, la suspensión del abono de trienios u otro tajo similar).

En paralelo, mientras el invierno económico sigue atenazando los presupuestos públicos, las Administraciones rompen la cadena por los eslabones más débiles. No pagar a los proveedores. No acometer proyectos de nuevas obras o servicios. No acabar los ya iniciados. No pagar ayudas de la Ley de Dependencia. Adelgazar programas de subvenciones. No reconocer deudas ni asumir intereses y judicializar su cobro para aplazar lo inevitable. Y la medida tristemente más popular entre ediles, regidores de entes públicos, consejeros y directores generales: no renovar los contratos temporales y amortizar plazas de interinos.

En este punto se da una curiosa paradoja. Hasta hace poco el personal interino de la Administración poseía unas condiciones retributivas inferiores al personal fijo con lo que las Administraciones abusaban de esta mano de obra barata y normalmente mas dócil. Desde Europa vino la equiparación retributiva y funcional de interinos con funcionarios de carrera, lo que se ha servido en bandeja el pretexto para extinguirlos, pues al fin y al cabo ahora resultan costosos. Y de ahí a la desviación de poder sólo hay un paso: habrá que amortizar al interino más caro, esto es, al que más antigüedad tiene; o la máxima perversión: habrá que amortizar al interino que no resulta simpático o afín a la ideología de la autoridad que tiene la virtud de decidir su futuro.

En cambio, los políticos, que son el personal más interino por naturaleza, se cuidan muy mucho de aferrarse a sus cargos y de buscar refugios hasta que escampe el temporal de la crisis.

Me pregunto si no sería bueno, al igual que en el conocido «Cuento de Navidad» de Dickens, que los parlamentarios tuvieren una pesadilla nocturna y tras sobrevolar los tejados de los hogares españoles, pudieran contemplar ciudadanos que no llegan a fin de mes, que sufren el embargo de su vivienda, que ven como se esfuman sus ahorros, que asisten impotentes a la muerte de sus sueños, y ante tan horrible visión, tales gerifaltes tuvieran un ataque de dignidad personal e institucional y dejasen de comportarse como los pasajeros de primera ante los signos de hundimiento del «Titanic» (sabían que había botes salvavidas suficientes para ellos).

Bajo esa lucidez democrática y humanitaria impuesta por las graves circunstancias, se adoptase un Pacto de Estado de Solidaridad (aunque eso del «Pacto de Estado», como la canción, parece un término «roto de tanto usarlo») que pasase por aplicar un gran tijeretazo para arrojar lastre del globo público y que remonte el vuelo. No me refiero a recortar los gastos burocráticos ni los gastos sociales, ni el chocolate del loro de gastos institucionales. Tampoco se trata de que los políticos cual partícipes de un banquete tranquilicen su conciencia frente a los hambrientos privándose de los postres, sino sencillamente que limiten drásticamente el número de comensales. O sea, habría que recortar como ejercicio solidario y ejemplar la existencia o gastos de instituciones como las diputaciones, buena parte de los ayuntamientos pequeños, consejos sociales, consejos consultivos, sindicaturas, defensorías de variado plumaje, embajadas locales y autonómicas de alta cuna y baja cama, asesores que no asesoran, juntas que no se juntan, Entes de mucho ruido y pocas nueces, e incluso aprobarse un Reglamento del Senado que respetando la letra de la Constitución permita a sus señorías pisar lo mínimo posible la Cámara para que costase lo mínimo al contribuyente.

En definitiva, más valdría que los diputados y otros cargos representativos (así como los partidos políticos que los sostienen) se olvidaran de asegurarse el mayor número de pesebres para los correligionarios. Mejor será tomar las decisiones voluntariamente antes que las impongan esos guerrilleros indisciplinados que se llaman Mercados, EE UU, Estados emergentes, multinacionales o los grupos de presión.

Acepto que es un sueño utópico, pero el ejemplo de la investigadora valenciana invita al sueño y la esperanza, aunque posiblemente ese acto de generosidad de la investigadora que dona el premio para sus becarios se volverá contra ella, porque pudiera ser que la Agencia Tributaria asestase una dentellada al oler la sangre fresca de un incremento de patrimonio de la investigadora que deberá ser reflejado en su declaración de renta, o mordisquease la donación a terceros que estaría sujeta al correspondiente tributo a pagar por los becarios. Y ello sin olvidar el tejemaneje administrativo para canalizar esa renuncia del premio hacia la financiación de becarios. No olvidemos que el presupuesto público tiene carácter anual y es vinculante, con lo que no habría derecho jurídicamente exigible para que esa donación vaya a parar efectivamente a los becarios, pues el principio de caja única y de no afectación de los ingresos puede conducir a que su gesto sólo sirva para que su dinero vaya a atender los gastos de protocolo del Presidente del Centro, por ejemplo. Terrible. La generosidad no suele quedar impune.

La fecha que marca los verdaderos recortes es la del 21 de noviembre, el “día después” de las elecciones legislativas

Los expertos dudan del ahorro logrado con el tijeretazo

Los economistas señalan que el plan del Gobierno no elimina obras, sino que las aplaza y desliza el gasto hacia el futuro

07/10/2011, Raúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias
Solo la radiotelevisión pública, amenazada con un cierre por inanición, resulta indudablemente perdedora en el tijeretazo de Francisco Álvarez-Cascos. El resto de los recortes contenidos en el programa aprobado el martes por el Gobierno aparece a ojos de los expertos, conforme el paso de los días permite análisis más reposados, como más cosmético que real. Los expertos consultados por LA VOZ DE ASTURIAS corroboran una sospecha que ya aparecía en algunos de los primeros análisis de partidos políticos y sindicatos. A fuerza de desplazar obras y proyectos hacia ejercicios posteriores, el plan apunta sobre todo a un deslizamiento del gasto hacia futuros presupuestos y no supone una verdadera contención de las inversiones públicas.
La cercanía de las elecciones generales del 20 de noviembre supone un factor que los economistas instan a tener presente. Para el profesor Roberto Fernández Llera, el anuncio de esta semana supone “solo la casilla de salida del auténtico recorte” y un reconocimiento del terreno por parte del Gobierno de Foro Asturias antes de empezar la preparación de los presupuestos regionales de 2012, donde el ajuste ya se reflejará con crudeza. Llera cuestiona la utilidad de una reprogramación del gasto en octubre, cuando el año ya está tan avanzado que muchas partidas ya se han empleado. “Algunas inversiones ya no pueden pararse y otras no iban a acometerse en ningún caso”, considera.
De la misma opinión acerca de la influencia de la convocatoria electoral sobre el plan es el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello, quien suspira por ver en el calendario la fecha del 21 de noviembre. “Espero que, cuando se hayan celebrado las elecciones y no queden excusas, empiece el trabajo serio”, se explica. A su juicio, según los últimos datos oficiales sobre la deuda del Principado publicados por el Banco de España (a finales del segundo trimestre del año suponía el 8% del tamaño de la economía regional), la situación financiera de la Administración autonómica no justifica la brusquedad de la decisión. Con la información de la que dispone, Pandiello considera que los recortes “incluyen dos o tres guiños populistas” y ninguna medida de auténtico calado.
Ladiello Los dos profesores están de acuerdo en que la singularización de la RTPA como causa principal del desequilibrio de las cuentas regionales no se sustenta en datos objetivos. Llera recuerda que los 11 millones de los que el Gobierno priva a la cadena, vitales para su supervivencia al asegurar el pago de las nóminas de sus empleados y las facturas de sus proveedores, significan, sin embargo, una porción ínfima del presupuesto del Principado, que supera los 4.000 millones de euros. Pandiello puntualiza que discrepa de algunos gastos de la cadena pública, pero tampoco está de acuerdo con la asfixia decidida por el gabiente. “Se trata de cumplir los presupuestos, que son una ley aprobada por el Parlamento”, indica.
Además del desplazamiento del dinero para obras, que suma casi 60 millones de euros en la Consejería de Fomento y seis en nuevas infraestructuras para Bienestar Social, el ahorro tiene otro pilar importante en la eliminación de 33 millones de euros destinados a gastos financieros. Los economistas consideran difícil enjuiciar el impacto de esa decisión con la información que ha trascendido sobre ella. El consejero Ramón del Riego explicó el miércoles que esa cantidad procede de la bajada de tipos de interés, que ha abaratado la devolución de algunos créditos, y de la renuncia a otras operaciones de endeudamiento.
Llera no discute los datos, pero cuestiona que se presenten como un mérito del Gobierno. “No hablamos de una medida discrecional que proceda de ninguna voluntad política, sino del funcionamiento automático de esos créditos”, opina.
La información oficial del Principado no cuantifica a cuánto asciende la reducción del gasto que se deriva de la supresión de vehículos del parque móvil de las consejerías (que no solo incluye los coches oficiales de los altos cargos, sino también vehículos que suponen herramientas de trabajo para algunos servicios) o de mil líneas de telefonía móvil. Pero los economistas incluyen este apartado directamente en la categoría de populismo porque en ningún caso supone un porcentaje importante de los casi 157 millones eliminados del presupuesto.
Expertos, sindicatos y partidos coinciden en que la verdadera batalla se librará en las próximas semanas en la Junta General. “Ahí los grupos tendrán que definirse. O aceptan un presupuesto restrictivo o se oponen”, señala Llera. Foro Asturias solo cuenta con 16 de los 45 escaños de la Cámara. Pandiello también espera un debate esclarecedor. “Si alguien quiere alterar las ponderaciones y cambiar las prioridades, debe hacerlo en la Ley de Presupuestos del año que viene y buscar el respaldo del Parlamento”, señala.

Casi un manifiesto para tener muy en cuenta

La nueva Ley General de Salud Pública: desarrollarla es el gran reto del próximo Gobierno

La norma recién aprobada debería haber insistido en aspectos como la coordinación entre comunidades

Varios autores (*) en El País de ayer

Cada mes sabemos de una nueva persona cercana que empieza a sufrir cáncer, diabetes, una cardiopatía o una enfermedad neurodegenerativa; al enterarnos de esa desdicha quisiéramos que la medicina funcionase como un reloj y diese una solución eficaz para la enfermedad, la persona y su familia. Sin embargo, pese a ciertos avances en el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, la mayor posibilidad de ganar salud es evitando la aparición de esos trastornos. Ello es posible si promovemos los cambios necesarios en la estructura, organización y funcionamiento de nuestras sociedades; por ejemplo, cambios en la atmósfera de nuestras ciudades, en las condiciones de trabajo, en la alimentación... en suma, en la regulación de los procesos que mayores riesgos suponen para la salud. Eso es lo que en buena medida pretende la Ley General de Salud Pública (LGSP), aprobada el pasado 22 de septiembre casi en el último suspiro, con los diputados y diputadas despidiéndose de la legislatura, en un contexto económico y político internacional extraordinariamente problemático. Nacida en medio de una imponente tormenta y menos agraciada de lo que nos hubiera gustado, la ley está, no obstante, llena de vida y tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de los españoles, nuestro ambiente físico y cultural, y la economía real. Si el próximo gobierno desarrolla y aplica la ley como debe -con coraje político, honestidad y rigor técnico-, las políticas, estrategias y prestaciones que emanen de la ley ayudarán decisivamente a superar la crisis de modelo que vivimos.

Celebramos pues el firme paso adelante que supone la aprobación de la Ley General de Salud Pública, aunque quede lejos de las expectativas iniciales. Sin olvidar que moderniza la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986 y completa la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCC) de 2003. Subrayémoslo: desarrollar la ley mediante una normativa concreta, pragmática y ambiciosa -para que no quede como un simple brindis al sol-, es el gran reto pendiente para el próximo gobierno. En este sentido, muchos estaremos atentos al rumbo que tracen los inminentes programas electorales.

Entre las virtudes de la ley creemos que debe reconocerse su apuesta por aplicar los principios de transparencia, rigor científico, seguridad e imparcialidad; promoviendo, por ejemplo, que los expertos que asesoran a las Administraciones declaren qué intereses económicos o profesionales tienen en los temas sobre los que intervienen. La ley también ofrece garantías de calidad a los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones sociales; así, establece unos principios de actuación de obligado cumplimiento, que pretenden garantizar la máxima calidad posible de las acciones de prevención y promoción de la salud. Sin embargo, la ley no concreta estas exigencias. Por ejemplo, lamentablemente, la ley no exige que el impacto de los programas de cribado del cáncer sea evaluado mediante registros de cáncer, evitando así programas inútiles y que incluso pueden tener efectos adversos para la salud y la economía.

También es positivo que la ley reconozca a la salud pública como un sujeto con autoridad y personalidad propia, capaz de actuar y mediar entre la parte asistencial del sistema de salud (hospitales, principalmente), y las otras organizaciones que influyen sobre la salud, ya sean fabricantes de tabaco, coches, plaguicidas, piensos... o las propias administraciones que deben regular las relaciones laborales o controlar la contaminación química del aire, el agua y los alimentos. Igualmente es positivo que la ley destaque el papel de las diversas profesiones, además de los médicos, que trabajan en favor de la salud. Como es bueno que sitúe entre sus objetivos la equidad y la reducción de las desigualdades sociales en salud.

La ley anhela integrar a la salud en todas las políticas: propone que todas las actuaciones políticas del conjunto de órganos del Estado -órganos centrales, autonómicos, municipales- favorezcan la salud, el bienestar y el desarrollo humano de los ciudadanos. Ahora bien, para que ello sea posible es necesario que se concreten mecanismos de análisis y decisión que comprometan a todos esos órganos políticos. Recordemos que la salud no depende solo de la medicina asistencial, sino también de las políticas de ocupación, ambientales, energéticas, industriales, urbanísticas o alimentarias. Para ello es necesario desarrollar algún tipo de organismo interministerial en el que se pueda construir, consensuar y evaluar la Estrategia estatal de Salud Pública establecida por la Ley. Desgraciadamente, el Consejo Interterritorial de Salud que señala la Ley sólo está participado por las administraciones sanitarias estatal y autonómicas.

Finalmente, la norma tampoco promueve explícitamente, como inicialmente hacía, la cooperación horizontal entre comunidades autónomas (CCAA). Sin embargo, ese anhelo es posible si la ley se desarrolla en coherencia con las necesidades de una mayor eficiencia y con el potencial que en este sentido también contienen la LGS y la LCC. Creemos que las CCAA deberían actuar con más sentido de estado y menos localismo, asumiendo las responsabilidades que objetivamente tienen más allá de sus territorios. Pensamos que el buen camino no pasa por recentralizar o eliminar competencias autonómicas o municipales, sino por aumentar la cooperación entre las CCAA, y entre éstas y los organismos centrales y municipales. Aunque cierta retórica política sugiera que las actuaciones de salud pública son competencia exclusiva de tal o cual organismo, numerosas leyes básicas establecen que las competencias son compartidas. Asimismo, el sentir general es que el deber de servir eficientemente a la ciudadanía exige una mayor cooperación entre todos los órganos del estado.

El desarrollo de la ley debe concretar las mejoras imprescindibles para que España tenga un mejor gobierno de la salud pública, es decir, para que sean más rigurosos, coordinados, independientes y eficientes los procesos de análisis, deliberación, decisión, seguimiento y evaluación de las decisiones que afectan a la salud colectiva y que toman todos los órganos del estado. La ley puede ayudar a subsanar buena parte de la actual fragmentación y descoordinación de las políticas de salud y bienestar.

El desarrollo de la Ley deberá afrontar pues la reorganización de la salud pública para aprovechar eficientemente el elevado nivel técnico y científico de la salud pública española; aunque gran parte de ella goza de un alto prestigio científico internacional, no hay duda de que la totalidad del actual sistema de salud pública puede aportar mayores réditos a nuestra sociedad. Para lo cual se debe promover el desarrollo de los profesionales y aumentar su competencia. También habrá que reconsiderar la conveniencia de una agencia estatal de salud pública. La implantación de ésta es factible sin un aumento significativo de nuevos recursos. Deberá además estar articulada política y técnicamente con las CCAA. Y estar dotada de la suficiente autoridad y medios humanos y técnicos para controlar los procesos sociales y ambientales que más atentan contra la salud de la población en el siglo XXI, como recientemente se ha puesto de manifiesto en la cumbre de Naciones Unidas para enfermedades crónicas.

Asimismo deben mejorar los sistemas de vigilancia de la salud de la población; incorporando, por ejemplo, el análisis de muestras biológicas en las encuestas de salud, lo que es imprescindible para conocer el estado nutricional o la contaminación química de los ciudadanos, entre otros factores. La mejora de los sistemas de información es esencial para poder mirar de frente a los problemas, especialmente los menos visibles. La actual crisis ha puesto de manifiesto la obsolescencia de diversos indicadores socioeconómicos (incluidos algunos indicadores comunes en gestión sanitaria), perniciosamente determinantes de ciertas políticas; en cambio, la crisis está propiciando la aplicación de nuevos indicadores útiles para tomar decisiones y que miden mejor los efectos de esas decisiones en la verdadera riqueza de una sociedad: riqueza en equidad, cohesión, calidad democrática, empleo, educación, medio ambiente o salud. La imperiosa necesidad de evaluar mejor el impacto humano de las políticas es uno de los retos que más obvios resultan en medio de la actual crisis sistémica. La nueva norma contiene maneras de responder a ese reto.

Un desarrollo adecuado de la Ley ayudará a salir de la actual crisis de sociedad. La mejora de la salud de los españoles depende en gran medida de que se apliquen más "políticas de causas" (políticas contra las causas económicas y ambientales del enfermar) y menos "políticas de consecuencias" (las excesivamente volcadas en la asistencia médica, por ejemplo). España necesita organismos técnicamente fuertes que actúen con independencia de los grupos de presión, que suelen promover un mayor gasto en beneficio propio en productos y tecnologías que no siempre benefician a los ciudadanos. Para progresar verdaderamente como sociedad, España necesita que la salud pública pase a ocupar un lugar más central en las políticas públicas y privadas que toleramos o promovemos los ciudadanos.

(*).-Fernando G. Benavides es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y catedrático de Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra. Miquel Porta es expresidente de la SEE y catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ildefonso Hernández es expresidente de la SEE y catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández. Andreu Segura es presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). Francisco Bolúmar es expresidente de la SEE y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alcalá. Carlos Álvarez-Dardet es expresidente de SESPAS y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante. Ángel Gil es catedrático de Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos I. Miguel Delgado es Director Científico del CIBERESP y catedrático de Salud Pública de la Universidad de Jaén. Fernando Rodríguez Artalejo es presidente del comité científico del Congreso SEE-SESPAS 2011 y catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid.

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