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OPINION

Sencillo, concreto y nada nuevo... pero lo suelen olvidar con frecuencia.

Sencillo, concreto y nada nuevo... pero lo suelen olvidar con frecuencia.

Decálogo contra la corrupción pública
La Nueva España.
Propuestas para limitar el control del político sobre la Administración
Por IGNACIO ARIAS LETRADO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO
La corrupción es un fenómeno generalizado que invade todas las capas de la sociedad y que, además, ha existido siempre. En el S. IV a.C. (Artbasbastra. Brahaman Kautilya) ya se afirmaba que «no saborear la miel puesta en la lengua es tan difícil como manejar el dinero del Rey sin quedarse una parte». Siglos más tarde Séneca proclamaba que «La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos». Y ya en tiempos más recientes Alejandro Nieto afirma que «La corrupción acompaña al poder como la sombra al cuerpo».

Es corrupto el empleado que desvela los secretos de producción de su empresa a otra empresa competidora (corrupción privada), y también lo es el político que recalifica indebidamente un terreno con fines meramente especulativos (corrupción pública).

Es esta última, sin embargo, la que mayor repercusión tiene al utilizarse perversamente los instrumentos públicos por parte de quienes tienen encomendada la tarea de administrarlos adecuadamente.

Se habla de corrupción política, de políticos corruptos y precisamente por ello los estados, para luchar contra la corrupción, han puesto en marcha diversas medidas que, aparte de las tipificaciones penales de determinadas conductas, consisten, fundamentalmente, en códigos éticos, códigos de conducta o códigos de buen gobierno, que tienen un carácter predominantemente ético y que tienen por destinatarios únicos a la clase política. No debe olvidarse, sin embargo, que el ámbito público también engloba a los funcionarios públicos.

A este respecto hay que tener en cuenta, no obstante, que la ética exigible a los políticos no puede ser la misma que la exigible a los funcionarios. La ética de los políticos requiere no dañar a los inocentes, pero también les exige en determinadas circunstancias sacrificar ciertos valores por el bien de la nación.

En ocasiones el político debe mentir, romper promesas, manipular a la opinión pública, dando origen al fenómeno conocido como «manos sucias».

La ética política no se puede articular en reglas concretas al modo en que se puede articular la ética de los funcionarios, sino en enunciados o criterios que permiten formular juicios que a veces son antitéticos. No es un espejo para príncipes, un libro de consulta. Ya Maquiavelo se ocupó del problema de las «manos sucias» planteando el conflicto que puede surgir entre la moral que conviene a la vida privada y la moral que conviene a la vida pública. En opinión de Maquiavelo, en ocasiones la moral pública justifica plenamente la inmoralidad de los medios utilizados para alcanzar los fines del Estado: «Cuando el acto acusa, el resultado excusa» o en su formulación más clásica «el fin justifica los medios».

Por ello las medidas que deben implantarse para intentar corregir la corrupción pública deben tener dos destinatarios y dos intensidades distintas: los políticos, pero fundamentalmente los funcionarios, entendidos en sentido amplio, es decir, contratados laborales, interinos, personal estatutario y funcionarios propiamente dichos.

Ciertamente el político dirige, pero el funcionario provee los procedimientos, informa y elabora las propuestas de resolución y debe velar por la observancia del principio de legalidad y el sometimiento de la Administración a la ley. Sin su colaboración, sea por acción o por omisión, o sin su permisividad, es inviable que el acto final de un procedimiento sea un acto corrupto. También es justo reconocer que incluso cuando cumple su función (reparos de un interventor) el político cuenta con mecanismos para desactivarla (levantamiento).

Venimos afirmando que «no hay políticos corruptos, sin funcionarios permisivos» y, por tanto, entendemos que la corrupción hay que atajarla en esos dos frentes: actuando sobre la clase política, pero también sobre el régimen jurídico de los funcionarios a los que se les debe permitir cumplir su función sin temor a represalias.

El decálogo que se propone -que ya fue expuesto en el marco del Seminario Jurídico Gerardo Turiel en el mes de diciembre de 2009- obliga a la modificación de algunas normas jurídicas e implica una indudable pérdida de control del político sobre la Administración, y de alguna manera supone una recuperación por parte de los funcionarios de las funciones que tradicionalmente les venían correspondiendo. Se estructura sobre dos premisas: evitar que el controlado designe al controlador y establecer una nítida separación entre la política y la función pública.

1. Puestos de trabajo a proveer por concurso.

Todos los puestos de trabajo que tengan asignadas funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, en la salvaguardia de los intereses generales, o que puedan comprometer la voluntad externa de la Administración, deberán ser provistos por concurso de méritos entre funcionarios públicos. En especial los puestos de interventor, interventores delegados, letrados y responsables de los servicios jurídicos, de contratación pública, de selección de personal, de urbanismo e inspección general de servicios.

2. Puestos de trabajo a proveer por el sistema de libre designación.

La catalogación de un puesto de trabajo como de libre designación requerirá la tramitación de un procedimiento ad hoc en el que se expliciten detalladamente las razones que justifican tal calificación.

Su adjudicación se realizará motivadamente en atención a los méritos de los aspirantes que hayan concurrido al procedimiento convocado, que, en todo caso, deberán reunir como mínimo diez años de servicios efectivos como funcionarios públicos. En cualquier momento podrá ser dispuesto su cese por la autoridad que los nombró y en todo caso cesarán con ésta.

3. Puestos de personal eventual.

La existencia de puestos de trabajo de personal eventual tendrá carácter excepcional y se limitará a las secretarías particulares de quienes tengan la consideración de altos cargos. En ningún caso se podrá nombrar personal eventual a quienes ostenten la condición de empleados públicos.

4. Funcionarios que pasen a integrar listas electorales para cargos políticos.

Los funcionarios que pasen a formar parte de listas electorales para cargos políticos deberán solicitar durante la campaña electoral permiso sin sueldo.

Si fueran elegidos, pasarán a la situación de excedencia especial con reserva de puesto. El tiempo de duración de su actividad política no será computable a ningún efecto en su profesión de funcionarios.

Si no fueran elegidos, se reintegrarán al servicio activo como funcionarios al siguiente día hábil al de la proclamación definitiva de los electos.

5. Funcionarios que sean designados para cargos políticos.

Los funcionarios que sean designados para cargos políticos pasarán a la situación de excedencia voluntaria con reserva de puesto. El tiempo de permanencia en dichos cargos no será computable a ningún efecto ni servirá para consolidar derechos económicos o de cualquier otra índole. A estos solos efectos, no tendrán la consideración de cargos políticos las secretarías generales técnicas.

6. Plazas vacantes ocupadas por interinos y puestos cubiertos en comisión de servicio.

Todas las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos, excepto en los casos de sustitución de funcionarios, deberán incluirse en la primera oferta de empleo público que se apruebe.

No se podrán cubrir en régimen de comisión de servicio puestos de trabajo, excepto que concurran razones de urgencia motivada, y siempre que simultáneamente se convoque el procedimiento de provisión de dichos puestos.

7. Procedimientos de selección de personal.

En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección cargos políticos, ni personal que ocupe puestos de trabajo de libre designación.

Por su carácter subjetivo y dificultad de control, se suprimen las entrevistas, tanto como sistema selectivo autónomo (concurso) o como fase o parte integrante de cualquier otro sistema selectivo.

En todo caso, el órgano encargado de la selección deberá facilitar a los interesados en el procedimiento acceso al expediente para la consulta de todos los ejercicios realizados, que podrán ser examinados sin ninguna restricción.

8. Reparos de la intervención.

El levantamiento por la autoridad política competente de los reparos formulados por la intervención sólo podrá efectuarse recabando previamente informe del servicio jurídico.

9. Régimen de la contratación pública.

a) En ningún caso podrán formar parte de las mesas de contratación personal interino, ni personal que ocupe puestos de trabajo de libre designación.

b) Los funcionarios responsables de elaborar las propuestas de contratación, en su caso, los encargados de definir el objeto del contrato y, en su caso, los distintos órganos por los que transite el expediente, deberán formular una declaración de no fraccionamiento del contrato. Si se llegara a detectar que hubo fraccionamiento (incluso, en un momento posterior, por el órgano fiscalizador), incurrirán en responsabilidad quienes por acción u omisión hubieren obviado toda advertencia sobre esta circunstancia.

c) La contratación deberá estar presidida por criterios objetivos, de modo que pueda garantizarse la selección de la oferta más ventajosa. Si no fuera posible la aplicación de fórmulas objetivas y resultara imprescindible la introducción de márgenes de discrecionalidad, deberá constar en el expediente una justificación específica y detallada de esta circunstancia y someterla a los órganos que informan los pliegos de cláusulas administrativas.

d) El funcionario responsable de la contratación de la elaboración de los proyectos declarará bajo su responsabilidad que el precio previsto a tal fin garantiza que el proyecto técnico tenga un alto nivel de precisión que disminuya o evite la necesidad de acudir a un modificado. Por su parte, el director facultativo, con carácter previo a la elaboración del acta de comprobación del replanteo, deberá constatar que se dispone de todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto, que la realidad física del terreno sobre el que se pretende actuar permite la ejecución del proyecto en sus términos, y que están solventados todos los posibles conflictos con los titulares de los servicios afectados.

Responderán disciplinariamente los funcionarios intervinientes si del cumplimiento defectuoso de estas funciones resultara la necesidad de modificación del contrato que dé lugar a un aumento o disminución del precio del contrato, a un retraso en la ejecución de las obras o a su resolución.

e) Los contratos menores cuya cuantía sea superior a 2.000 euros serán objeto de fiscalización previa por la intervención general. Trimestralmente se publicará en la página web de la Administración la relación de los contratos menores suscritos en dicho período de tiempo.

10. Prohibición de aceptar regalos.

Ningún funcionario podrá aceptar favor, regalo o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones. Se entenderá que el regalo excede de los usos habituales cuando su valor supere los 100 euros.

Por VICENÇ NAVARRO, con su lucidez y claridad características…

Por VICENÇ NAVARRO, con su lucidez y claridad características…

Contra el retraso de la jubilación

Es seguro que esta propuesta se aprobará uno de estos días por amplia mayoría en las Cortes españolas. Es interesante contrastar esta casi unanimidad de los establishments políticos y mediáticos españoles en retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años con el enorme rechazo por parte de la gran mayoría de la población española

En nuevatribuna.es, ayer día 04.02.2011

Hemos vivido durante estos meses una avalancha ideológica a través de los medios de mayor difusión del país para promover el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Esta medida fue exigida al Gobierno español por los mercados financieros y por el establishment de la Unión Europea, dirigido por el Gobierno conservador-liberal presidido por Angela Merkel, quien se encuentra hoy en España para dar su aprobación y beneplácito al Gobierno de Zapatero por haber tomado tal decisión.

El carácter ideológico de esta campaña en España aparece, claramente, en el sesgo de la presentación en tales medios de los argumentos a favor y en contra. Los cinco rotativos de mayor difusión del país han escrito editoriales a favor de tal medida y el 89% de los artículos aparecidos en sus páginas de opinión y sus boletines informativos han sido favorables al retraso obligatorio de la edad de jubilación, mientras que sólo un 11% se mostraron contrarios. Algo semejante ha ocurrido en los canales televisivos tanto públicos como privados de mayor difusión, en los que apenas han aparecido voces críticas. Un ejemplo representativo de este sesgo es el programa sobre las pensiones de 59 segundos, de TVE, en el que, de seis ponentes, sólo uno estaba en contra de tal retraso.

Ahora es seguro que esta propuesta se aprobará uno de estos días por amplia mayoría en las Cortes españolas (con el rechazo de los partidos a la izquierda del partido gobernante). Es interesante contrastar esta casi unanimidad de los establishments políticos y mediáticos españoles en retrasar obligatoriamente la edad de jubilación a los 67 años con el enorme rechazo por parte de la gran mayoría de la población española (de un 65% a un 94 %, según la encuesta que se considere). Esta situación explica el enorme distanciamiento existente en España entre los gobernantes (la clase política y los principales medios) y los gobernados. No es de extrañar que, según las encuestas de opinión pública en la Unión Europea, España sea, junto con Portugal, el país de la UE que valora más negativamente al establishment político y que exprese menor confianza en los medios de comunicación.

Es lógico que la mayoría de la población esté en contra de esta medida porque, por mucho que la endulcen sus defensores, recorta considerablemente las pensiones públicas; una reducción que se justifica con el fin de salvar el sistema público de pensiones, lo cual no es cierto. En realidad, todas las medidas exploradas se han centrado en los recortes de beneficios en lugar de en incrementar los ingresos debido a la resistencia de los establishments políticos y mediáticos españoles a promover una reforma fiscal progresiva que corrija la enorme regresividad existente en el sistema tributario español y en la financiación de la Seguridad Social. Las medidas neoliberales actuales de reducir el déficit del Estado a base de recortar el gasto público, en lugar de aumentar los ingresos al Estado, son otro ejemplo del dominio del pensamiento conservador-neoliberal en aquellos establishments.

La evidencia científica (proveída por autores críticos, marginados en los medios españoles de mayor difusión) muestra el error de tales medidas. El último ejemplo de ello es el informe Beyond Normal: Raising the Retirement Age is the Wrong Approach for Social Security (Retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es el enfoque equivocado para salvar la Seguridad Social), del prestigioso Economic Policy Institute de Washington, próximo a los sindicatos estadounidenses. Este informe documenta que el retraso obligatorio de la edad de jubilación, además de dañar el bienestar social de las clases populares, tiene un impacto menor a la hora de garantizar la solvencia del sistema público de pensiones que otras medidas que ni siquiera han sido consideradas por el Gobierno español, tales como incrementar la progresividad del sistema tributario y del sistema de financiación de la Seguridad Social. Ambos sistemas son de los más regresivos existentes en la UE-15. Asimismo, señala el incremento de las desigualdades de renta, con un aumento desmesurado de las rentas del capital (que no cotizan a la Seguridad Social) a costa de las rentas del trabajo (que son las únicas que cotizan) y una polarización de estas últimas, con un ascenso de los salarios altos de una minoría (cuya cotización a la Seguridad Social es menor que en la mayoría de cotizantes) y el estancamiento, e incluso reducción, de los salarios de la mayoría de cotizantes. Esto ha generado el descenso de los ingresos a la Seguridad Social en EEUU, por lo que el informe señala que su corrección eliminaría la necesidad del retraso obligatorio de la edad de jubilación. Una situación semejante ocurre en España.

Una última observación. Los sindicatos CCOO y UGT han hecho lo que tenían que hacer: han defendido en condiciones dificilísimas los intereses de los trabajadores. Debido a su esfuerzo se suavizaron algunas de las propuestas más duras del Gobierno y la reforma mejoró considerablemente. Es injusto que se les acuse de traicionar a la clase trabajadora, pues hicieron lo que pudieron, aunque se les puede reprochar que nunca debieron haber aceptado el retraso obligatorio de la jubilación. Creo que lo hicieron porque asumieron (erróneamente) que no tenían la suficiente capacidad de movilización para parar tal medida. Pero les rogaría que, una vez pactada la reforma, no repitan ahora, como justificación de su aceptación, los mismos argumentos que hicieron aquellos que los propusieron desde el principio. Referirse al cambio demográfico como justificación de la propuesta es convertirse en parte del problema en lugar de ser parte de la solución.

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Como continuación de otro comunicado-manifiesto de noviembre pasado…

Como continuación de otro comunicado-manifiesto de noviembre pasado…

Los médicos instan a moderar el uso de los servicios para salvar la sanidad asturiana

Los facultativos de primaria ven imprescindible «revisar nuestro modelo sanitario» y rechazan soluciones que «recaigan sólo en los trabajadores»

Oviedo, P. Á., en La Nueva España
La pelota está en el tejado de los políticos, y si la clase política asturiana aspira a garantizar el futuro de la sanidad pública debe adoptar algunas medidas impopulares, entre ellas moderar el uso de los servicios sanitarios por parte de los ciudadanos. Así lo recoge un manifiesto firmado por 25 médicos de atención primaria de la región, según los cuales «en España y en Asturias los usuarios de la sanidad acuden al medico el doble de veces al año que en los países de nuestro entorno y la factura de la atención farmacéutica es mayor que en el resto de Europa». Y sin embargo, «los niveles de salud alcanzados son parecidos».
Los facultativos sostienen que las soluciones que la sanidad pública está reclamando «pasan en gran parte por decisiones políticas que se deberían tomar sin demora, aunque puedan ser difíciles, impopulares o poco rentables desde el punto de vista electoral». A juicio de este grupo de médicos, si estas medidas «son explicadas con claridad serán entendidas por todas las personas».
El documento -que se reproduce íntegramente en esta misma página- viene a ser como una segunda parte del difundido por estos mismos facultativos el pasado mes de noviembre (VER NOTICIA DE ENTONCES). La relación de firmantes es muy similar -no idéntica-, y los promotores de ambos textos insisten en que el elenco «es muy representativo de lo que es la red de centros de salud de Asturias».
La núcleo de aquel primer mensaje advertía de que «la sostenibilidad del sistema sanitario depende del compromiso de los profesionales, los gestores y los ciudadanos» y reclamaba que se dejara atrás «la actual situación de paralización, conflicto estéril y desánimo que ha caracterizado en los últimos tiempos la atención primaria en Asturias».
Este segundo manifiesto comparte con el anterior una clave electoral. Los médicos de primaria dejan de confrontar directamente con el actual consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós, y se dirigen a los partidos que concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo. Los facultativos consideran que «ha llegado el momento de revisar nuestro modelo sanitario y de tomar decisiones importantes para su futuro», y agregan que «pretender que las soluciones a estos problemas recaigan sólo en los trabajadores sanitarios es un grave error».
Según los médicos, es necesario preservar, por un lado, la sostenibilidad del sistema. Y, por otro, «las esencias de todo sistema de salud público: equidad, universalidad y accesibilidad». Sobre esta base, y habida cuenta la situación económica, instan a los políticos a «transmitir a los usuarios la necesidad de una utilización racional de las prestaciones sanitarias ya que aunque la salud en el saber popular "no tiene precio" sí tiene un coste elevado y el consumo excesivo de recursos sanitarios no siempre va seguido de mejores niveles de salud».

Texto íntegro del manifiesto

El sistema de salud, en el tejado de los políticos

En España y en Asturias los usuarios de la sanidad acuden al médico el doble de veces al año que en los países de nuestro entorno

Firman este artículo, por orden alfabético de apellidos establecido aleatoriamente: Domingo Ojer Txakiridu; Pilar Pallares Hernández; M.ª Jesús Paredes Rodríguez; Javier Pastor Rouco; Ramón Penedo Suárez; Fernanda Plaza Verdesoto; Agustín Sánchez Hernández; Purificación Turiel Lobo; Carmen Varela Suárez; Carmen Antuña Álvarez; Joaquín Aracil Villar; José Ángel Arbesú Prieto; M.ª Luz Asensio Carrasco; M.ª Jesús Barreda González; Joaquín Bernardo Vega; Javier Braña Coto; Balbina Candás Collado; Luis Díaz González; Luisa Gemma Fernández Iglesias; Dulce Fernández Prieto; Alfonso García Viejo; Luis Felipe González García; Felicidad Hortal Gutiérrez; Vicente López Fernández; e Isaías Losa Carcedo.

«Nueve años después de la transferencia a nuestra comunidad autónoma de las competencias sanitarias, en medio de una crisis económica generalizada y tras una legislatura conflictiva, la sanidad y la atención primaria, en particular, atraviesan un momento de grandes dificultades, compartidas con el resto de comunidades autónomas y países de nuestro entorno. En las actuales circunstancias, parece que ha llegado el momento de revisar nuestro modelo sanitario y de tomar decisiones importantes para su futuro. Según algunas opiniones de expertos será inevitable un recorte de prestaciones que supondría una perdida de calidad, sin embargo, desde del ámbito de la atención primaria creemos que la situación puede convertirse en una oportunidad para mejorar la eficiencia de nuestro sistema de salud.
»Pretender que las soluciones a estos problemas recaigan sólo en los trabajadores sanitarios es un grave error. Las soluciones pasan en gran parte por decisiones políticas que se deberían tomar sin demora, aunque puedan ser difíciles, impopulares o poco rentables desde el punto de vista electoral, pero que si son explicadas con claridad serán entendidas por todas las personas. Las soluciones propuestas tendrían que preservar dos condiciones. La primera, que nuestro sistema sanitario sea viable y sostenible. Y la segunda, que no se rompan las esencias de todo sistema de salud público: equidad, universalidad y accesibilidad.
»Los ciudadanos son conscientes de la situación económica que atravesamos y nuestros políticos (gobiernen o estén en la oposición) deberían transmitir a los usuarios la necesidad de una utilización racional de las prestaciones sanitarias, ya que aunque la salud en el saber popular "no tiene precio", sí tiene un coste elevado y el consumo excesivo de recursos sanitarios no siempre va seguido de mejores niveles de salud.
»Recientemente se ha comprobado que más del setenta por ciento de los pacientes que acuden a los servicios de urgencia en atención primaria lo hacen por motivos banales que podrían esperar a la consulta ordinaria. Lo mismo ocurre en las urgencias hospitalarias. La figura del médico ha sufrido un profundo deterioro como autoridad sanitaria en el ejercicio de su profesión y sus opiniones acerca de cuestiones sanitarias no son tenidas en cuenta por la administración sanitaria. Lo que queremos evitar es una quiebra a medio plazo de los sistemas públicos de protección, tal como los conocemos.
»Uno de los capítulos en que puede haber margen de mejora es en el consumo farmacéutico. El ahorro conseguido hasta ahora se debe a bajadas por decreto del precio de los medicamentos, y el margen en la misma dirección es muy pequeño. Por eso es necesaria una toma de posición por parte de nuestros políticos. No basta, con referirse: "a la responsabilidad del profesional", o pedir a los profesionales sanitarios que consigan el milagro: "de hacer lo mismo con menos recursos". Hay otras medidas para la racionalización del gasto farmacéutico que han sido tomadas en otras comunidades autónomas españolas y que nuestros futuros gobernantes deberían valorar.
»En España y en Asturias los usuarios de la sanidad acuden al medico el doble de veces al año que en los países de nuestro entorno y la factura de la atención farmacéutica es mayor que en el resto de Europa, sin embargo los niveles de salud alcanzados son parecidos. Esto supone que estamos ante una sobreutilización de recursos de nuestro sistema sanitario, motivo que debería hacer reflexionar a nuestros futuros gobernantes y llevarlos a tomar medidas similares a otros países de la Comunidad Europea para la contención del gasto sanitario. Evidentemente son decisiones políticas y si algún partido no está de acuerdo con alguna de estas posibles soluciones, o no las considera oportunas, es ahora, antes de las próximas elecciones, el momento para decirlo a los electores y proponer alternativas.
»Se cuestiona cada día más el papel desempeñado por el estado de las autonomías, en la crisis actual. Tampoco las transferencias en sanidad han sido el éxito esperado. Hay desigualdades entre las distintas comunidades autónomas en las estructuras, en los procesos y en los resultados de salud, en la cartera de servicios ofertados, en el accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios y por otra parte los trabajadores sanitarios son tratados distintamente según la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Un informe reciente del consejo económico y social (CES) aconseja dos actuaciones al Ministerio de Sanidad: la revisión en profundidad del papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la reactivación de la alta inspección sanitaria. ¿Qué opinan nuestros partidos políticos?
»Hay que elegir entre lo deseable y lo posible. A la hora de poner nombre a las soluciones llegan los problemas. Desde un lado se rechazan medidas como el copago porque supondría hacer tributar dos veces por el mismo servicio a algunas personas, un aumento de impuestos; por el otro, afectaría a la equidad y dificultaría el acceso a la salud de sectores de la población. Lo que parecen olvidar nuestros responsables cuando se oponen a transmitir malas noticias a sus electores (da la sensación de que ésa es la verdadera naturaleza de su posición) es que no habrá mayor falta de equidad que la quiebra del sistema, ni mayor aumento en el gasto personal que cuando cada uno o su empresa tengan que financiar la propia asistencia, como ocurre ya en algunos países.
»En las mentes de todos está cómo el no ver a tiempo la gravedad e intensidad de un problema (la crisis económica) ha colaborado a incrementar su magnitud actual. No quisiéramos que algo similar ocurriera con nuestra sanidad pública. Nuevamente como profesionales de la atención primaria de Asturias reiteramos nuestra oferta de colaboración y nuestra implicación en las medidas que se decidan tomar para hacerla sostenible».

SEGÚN EL “INFORME BERNAT SORIA”…

SEGÚN EL “INFORME BERNAT SORIA”…

La sanidad pública en España está 'enferma'

El ex ministro de Sanidad alerta sobre la "grietas" que presenta el Sistema Nacional de Salud y critica su excesiva "politización". El ahora director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa considera que la fórmula del copago "no es la solución mágica" para la sostenibilidad del sistema.


nuevatribuna.es | agencias | 01.02.2011

Bernat Soria asegura que el copago "no es la solución mágica" a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que este "no es el momento" para su implantación en los servicios sanitarios, porque "existen dudas" sobre el hecho de que sea una medida efectiva y equitativa, además de que podría "tener efectos adversos" para el paciente. No obstante, apuesta por debatir sobre copago en el futuro como "una forma de contraprestación".

Así lo ha destacado el actual director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, en el desayuno de presentación del 'Informe Bernat Soria', un documento promovido por Abbott de 121 páginas donde se recogen las opiniones de todos los agentes del SNS -- 35 expertos entre los que figuran desde pacientes hasta profesionales, gestores y administración-- sobre las debilidades de la sanidad española y las posibles soluciones a su crisis de sostenibilidad.

"El copago no es la solución mágica a la sostenibilidad del sistema, esa es la primera conclusión (del informe). Quien proponga que, mediante el copago en ciertas prestaciones lo vamos a arreglar, en opinión de los participantes, de la gran mayoría, es que eso no lo resuelve", ha señalado Soria, a quien "le preocupa que, cuando se habla del problema financiero del SNS, salga el copago como si eso fuera una solución". "Pensamos que no es una medida disuasoria ni recaudatoria", ha acotado en su intervención en el desayuno, organizado por Europa Press.

No obstante, apunta la posibilidad de sacar a debate el tema del copago en el futuro, ya que España es "una sociedad madura en la que se puede hablar de todo", como "una fórmula de contraprestación". "Si lo que usted me plantea es que, una vez resueltas ciertas cosas, hay un señor que esquiando en Suiza se rompió una pierna y entonces viene a tratarse y cuando se está tratando, le pedimos que haga frente a sus gastos de comida, por ejemplo, pues a lo mejor se lo podríamos pedir", ha anotado Soria como ejemplo.

UN SISTEMA "POLITIZADO" Y CON "GRIETAS"

Soria, quien ha rechazado hacer consideraciones sobre la actual ministra de Sanidad, Leire Pajín, por ser su amiga y por la "lealtad política" que profesa a este gobierno y a los que vendrán, ha dicho que antes de hablar de copago o de otras medidas similares hay que sentar a debatir a todos los agentes del sistema para poner en pie el Pacto de Estado por la Sanidad que fracasó recientemente.

A su juicio, para que se genere un diálogo fructífero es necesario partir de varias observaciones realizadas por los expertos del Informe Bernat Soria, quienes reconocen que el SNS, pese a ser uno de los mejores y más valorados del mundo, puede presentar "grietas" que se han "diagnosticado a tiempo" y "se pueden intervenir". "No es un problema cosmético, es quirúrgico", asevera.

Una de las observaciones es que la crisis financiera del SNS no es culpa de la actual crisis económica, sino que se trata "de un problema estructural" que existía antes de la transferencia de competencias sanitarias a las comunidades autónomas.

"Hay una tendencia a decir que la crisis es responsable de todo", ha criticado el investigador, quien ha destacado que el déficit actual del SNS -cifrado entre los 7.000 y los 12.000 millones de euros-- es similar al que existía antes de las transferencias, "cuando había superávit".

No obstante, reconoce que los expertos consultados "tienen la percepción de que existen 17 sistemas sanitarios" diferentes y piden "reforzar el liderazgo del Ministerio de Sanidad". En concreto, según este documento, los expertos apuestan por que las decisiones del Consejo Interterritorial del SNS sean de obligado cumplimiento para las autonomías.

Otra observación es que el sistema esta demasiado politizado, por lo que tanto Soria como el resto de expertos, piden "despolitizar" el SNS, a pesar de que sea difícil hacerlo por estar próximas las elecciones, y "quitar el tono partidista a un problema que nos afecta a todos", pues "lo que hay que resolver son los problemas del paciente".

VER EL INFORME

Por ANTONIO BAYLOS, Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha…

Por ANTONIO BAYLOS, Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha…

El acuerdo de reforma del sistema de pensiones

El acuerdo de reforma del sistema de pensiones concluido entre el 27 y el 28 de enero de este año, ha generado, como no podía ser menos, una amplia expectación por su significado material y sus repercusiones políticas. Se trata de un hecho muy significativo que merece unas reflexiones globales, con independencia de posteriores análisis de aspectos concretos de su contenido.

nuevatribuna.es

La valoración de cualquier acuerdo requiere considerar al menos tres aspectos. El primero, el contexto en el que se produce la negociación y la firma del mismo. En segundo término, la fórmula o procedimiento llevado a término para su realización y las posteriores consecuencias de este proceso. En tercer y último lugar, las consideraciones sobre el contenido de lo acordado y su posición en la relación existente entre las pretensiones de las partes de la negociación.

Siguiendo este esquema de análisis, es un lugar común que la reforma del sistema de pensiones se inscribe en una línea de intervención promovida por la Comisión europea que no sólo se manifiesta en la elaboración del Libro Verde “En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros”, de 7 de julio de 2010 , COM (2010) 365 final, cuya tesis es que hay que retrasar la edad de jubilación revisando “por completo” los marcos legales en los países de la UE, sino en las iniciativas que ella ha auspiciado en varios ordenamientos europeos como medidas de salida de la crisis. Se han producido así reformas drásticas de la pensión de jubilación en los países periféricos que han sufrido las turbulencias financieras sobre la financiación de su deuda, pero también en otros Estados “centrales”, como Inglaterra y, de manera especial, Francia. En el caso español, la propuesta de ampliar la edad de jubilación a 67 años, y la extensión de los períodos de carencia a 41 años, con 30 años para el cálculo de la base reguladora, culminaba una estrategia de reformas llevadas a cabo por el gobierno socialista que había incidido sobre el recorte del gasto social y del salario de los empleados públicos, la privatización de los servicios públicos más rentables, y la implantación de una “reforma estructural” del mercado de trabajo que, pese a la importante huelga general del 29 de septiembre, había sido llevada a cabo en los términos diseñados por el mando económico y financiero que fueron asumidos y defendidos en su integridad por el régimen legal que implanta la Ley 35/2010.

En este contexto de ofensiva por lo que se denomina “devaluación interna” de los salarios y del poder sindical colectivo en la regulación de las condiciones de trabajo, la reforma del sistema de pensiones venía a anunciar que el objetivo siguiente era el modelo de seguridad social como manifestación principal de la cláusula del estado social en nuestra constitución. Por eso la reacción sindical a este plan fue el anuncio de la convocatoria de una segunda huelga general. Desde esta posición, el sindicalismo confederal pudo forzar la apertura de un proceso de negociación en el que por otra parte se incluyeron otros temas muy relevantes, como el de la reforma de la negociación colectiva, el desarrollo reglamentario de los expedientes de regulación de empleo y las políticas activas de empleo.

Este es el segundo aspecto que conviene resaltar, la elección consciente de un proceso de negociación que no sólo involucraba al gobierno – en su conjunto, haciendo perder peso relativo a las posiciones más ligadas al mando económico-financiero – sino que daba presencia al nuevo equipo de dirección de la CEOE y enlazaba este momento con el debate parlamentario sobre los resultados de la Comisión del pacto de Toledo y la orientación que en ella se iba delineando. Fruto de la presión de la movilización sindical y su traducción inmediata en términos electorales frente a las próximas elecciones autonómicas y municipales, el proceso de negociación no fue bien recibido principalmente por los sectores económico-financieros partidarios del cambio radical del escenario de las políticas sociales, y la presión hacia la “reforma sin pactos” se incrementó con la inestimable ayuda de los habituales medios de comunicación afectos y la bajada a la arena de los intelectuales orgánicos de la estrategia antisocial de los llamados “mercados”. Esta presión para afirmar el carácter prescindible y perjudicial del intercambio político presente en la negociación sindical venía sólo de un lado del espectro político, porque la izquierda no gubernamental mantenía las críticas al proyecto de reforma pero se mantenían expectantes ante los resultados de la negociación emprendida.

El acuerdo alcanzado es complejo, no sólo porque se trate de una materia donde los aspectos técnicos del sistema de seguridad social hacen complicada su explicación, sino porque el objetivo del mismo ha sido precisamente éste, el de diversificar el acceso a las prestaciones de jubilación y establecer diferentes medidas en este domino que “flexibilizan” el mismo. Pero lo que es más evidente es que se trata de un acuerdo defensivo, que pretende mantener unos mínimos en la configuración de la garantía institucional de la protección social frente a la vejez que no desvirtúe en lo esencial el modelo social tal como se viene reformulando en nuestro país a partir del Pacto de Toledo de 1996. La horquilla de la jubilación entre 61 y 67 años, con especial incidencia en el derecho incondicionado a la jubilación de 63 y la regla general de jubilación a los 65 y el correlativo aumento de los periodos de cotización necesarios para obtener el 100 % de la pensión de los 35 años actuales a 38,5 o 37 para los que se jubilen a los 67, el fomento de la jubilación parcial y los incentivos al retraso en la edad de jubilación, la modificación del período de cómputo para la base reguladora de la pensión de jubilación de 15 a 25 años, su despliegue temporal hasta el 2023 y la nueva formulación del problema de las lagunas de cotización, las reglas especiales de cotización adicional para mujeres por hijo alumbrado y para jóvenes, en especial en relación con los llamados periodos de formación o de investigación, la reducción de la edad pensionable a los trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, la integración de regímenes especiales en el Régimen General, y la atención a nuevas medidas de financiación y de ampliación de ingresos al sistema, son las cuestiones más relevantes del Acuerdo.

Son todos ellos aspectos que se interrelacionan y que para su valoración concreta hay que conocer la situación legal actual tanto como la propuesta de reforma que presentaba el gobierno sobre estos temas. El resultado del pacto ha sido considerado por las direcciones de CCOO y UGT un punto de equilibrio suficiente para ser aceptado. En esa decisión se incluyen además, como se ha dicho, aspectos relevantes que se acompañan al acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, especialmente la declaración sobre la reforma de la negociación colectiva, de cuya “hoja de ruta” ha desaparecido el tema de la ultra-actividad de los convenios y en donde se insiste en el carácter central del convenio sectorial en la arquitectura del sistema. Además, la precisión de ayudas a parados en el marco de las políticas activas de empleo que enlazan, rebajando la cuantía, las prescripciones sobre el subsidio asistencial excepcional para parados de larga duración, y el desarrollo reglamentario del art. 51 ET en materia de despidos colectivos constituyen elementos adicionales de este acuerdo complejo.

¿Ha sido correcta la decisión de la dirección de los dos sindicatos confederales?

Es muy comprensible discrepar de ella por entender que las nuevas reglas de acceso a la prestación de jubilación son más gravosas para los trabajadores y trabajadoras cuya trayectoria laboral ha sufrido largos períodos de paro y subempleo, provocan una cierta disminución de la cuantía de la pensión de jubilación – posiblemente en torno a un 4 o 5 % para las pensiones más altas, pero casi imperceptible para las pensiones bajas – y no articulan medidas de “amortiguamiento” de las situaciones de exclusión del mercado de trabajo y por tanto de dificultad en el acceso a una pensión de jubilación digna. Sería un juicio negativo ligado a la propia configuración del pacto como pacto de límites o de resistencia ante un proyecto de desmantelamiento de fases importantes del sistema de protección.

Pero por lo mismo, cabe realizar una valoración positiva del acuerdo y por consiguiente aprobar la decisión adoptada por los negociadores de CC.OO. y UGT. Se trata de un acuerdo que pretende intervenir y controlar la deriva que se quería imprimir al sistema, y ha congelado en sus prescripciones un nivel mínimo de derechos a la prestación económica de jubilación que no resulta lesivo para la garantía institucional de la protección de la vejez tutelada constitucionalmente. La horquilla de edades pensionables es por tanto un elemento que debe ser revalorizado como el punto de ruptura del eje central de la propuesta del gobierno, el aumento generalizado de la misma a 67 años. Injerta en el sistema un principio atenuado de libertad de opción, es decir, un umbral mínimo y otro máximo de edad de jubilación, de modo que se puedan conciliar relativamente condiciones de trabajo – más allá de la específica regulación de los penosos o peligrosos – y exigencias personales. Además se han incorporado elementos de corrección de las fisuras que el trabajo femenino y juvenil padecen respecto de la protección del sistema, aunque todavía en un nivel muy rudimentario, y hay también una atención más destacada al reforzamiento de los ingresos del sistema, en oposición a considerar la sostenibilidad del mismo en términos exclusivamente de gasto y de porcentaje afectado del PIB. No se trata sólo de que el acuerdo ha procedido a una reducción sustancial de las propuestas del gobierno, sino que ha sido capaz de impulsar una visión diferente de la forma de abordar las reformas de la jubilación que permite considerar este momento regulativo como una versión restrictiva y no expansiva de las garantías que conforman el modelo de protección social española, lo que no sucedía con las propuestas de reforma, que abrían una brecha muy peligrosa en este modelo social.

Lo que sí es seguro es que este Acuerdo debe ser conocido y debatido por el conjunto de los trabajadores, y en especial por los afiliados a las organizaciones que lo han negociado. Es ésta una necesidad derivada de la propia importancia mediática y política que ha tenido y de la exigencia participativa que estos temas suscitan entre los trabajadores y trabajadoras afectados. Ese impulso a la información sobre el acuerdo y sus consecuencias, que se está haciendo ante todo a través de las estructuras de dirección federales y territoriales de los dos sindicatos y que culminará en la votación del Acuerdo en las reuniones de los órganos de dirección de las dos confederaciones – el 1 de febrero en el consejo Confederal de CCOO – tiene en su contra muchos elementos, algunos de ellos externos y otros internos, derivados de la propia dinámica organizativa del sindicato. Todos ellos pueden caminar en el sentido de crear ciertos desgarramientos en el interior de la militancia sindical que no debería producirse.

Hay algunas formas de presentar el Acuerdo de las que, a mi juicio, se debería huir. La primera de ellos es la de afirmar que se trata de un pacto que garantiza el sistema y su sostenibilidad, porque éste es el objetivo de cualquier intervención sobre la seguridad social como una condición implícita de la misma. Como el acuerdo se sitúa en una estrategia defensiva y endurece los requisitos de acceso a la prestación, se genera un equívoco muy negativo al identificar medidas restrictivas con sostenibilidad del sistema. La segunda, más extendida en el universo mediático, es la de mostrar el acuerdo como un gran pacto social o “pacto histórico” que se relaciona con los grandes momentos fundantes de la democracia. Aun concediendo su parte a la exageración que acompaña a las noticias ampliamente anunciadas para darles más relieve, la adjetivación es menos importante que el sustantivo. El de finales de enero se trata en efecto de un acuerdo, pero que se inscribe en un proceso de confrontación y desacuerdo de mayor alcance que no está cerrado. Sigue en pie la movilización sindical para poner en marcha la Iniciativa Legislativa Popular que recoge el proyecto de regulación laboral antitética a la reforma legislativa aprobada, y hay toda una serie de propuestas gubernamentales que merecen el rechazo del sindicalismo confederal. La situación del desempleo es dramática, más de cuatro millones y medio de parados y una tasa del 20,33 %, y en esa situación no puede hablarse de “paz social”. Se confunde así el poder contractual del sindicato, que se ha manifestado en este proceso articulado de intercambio y negociación, y la desactivación de la huelga general como forma de disenso extremo ante las propuestas gubernamentales, con una recomposición de un clima social no atravesado por profundas divergencias y marcada por el mantenimiento de una conflictividad a medio y largo plazo.

Tampoco es conveniente iniciar el discurso de las “victorias”. Es muy frecuente que se diga por todos los interlocutores que el acuerdo ha significado una victoria para el sujeto pactante o incluso que los comentaristas hablen de una “victoria” de todos los contendientes. La palabra se reconduce a una visión triunfalista que el sindicato no puede asumir como forma de explicación del acuerdo. Éste es producto de una estrategia inteligente de resistencia ante una ofensiva muy potente de desarticulación de mecanismos básicos de tutela ligados al Estado social que buscaban la progresiva asistencialización de la cobertura junto con el recorte del gasto y paralelamente, la apertura de una parte del sector de protección social a la iniciativa privada. No hay victoria en la resistencia inteligente, sino contención y acumulación de fuerzas para en un futuro inmediato reconstruir y avanzar en la extensión de derechos. Atribuir al acuerdo el carácter de “histórico” no es equivocado, puesto que se inscribe en una lógica marcada por el estallido de la crisis en Europa, la práctica desaparición de la capacidad de elaborar una respuesta adecuada a las mayorías sociales representadas por la izquierda política, y la movilización fragmentaria pero intensa del sindicalismo europeo en el ámbito de sus respectivos estados. Es un proceso del que se va a salir con una importante merma de derechos laborales y ciudadanos. Pero a lo largo del cual hay que ir preparando los elementos que permitirán recuperar fuerza contractual y capacidad de presión al servicio de una estrategia de recuperación de los derechos y la extensión de una perspectiva emancipatoria. Esa es la clave de la política, que explica y justifica la ordenación democrática de las relaciones sociales. Y, como decía el gran Vázquez Montalbán – por cierto hablando sobre Jose Luis López Bulla, allá en el año 2000 – “la izquierda no es una condición física o metafísica sino política y sólo se justifica si apuesta por la transformación dentro de lo que cabe y no por la transformación quepa o no quepa”.

CCOO y UGT han actuado correctamente al firmar el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones, pero ésta firma debe ser explicada y debatida entre quienes detentan la soberanía real en el sindicato, y no sólo – aunque también – para evitar un antisindicalismo desde la izquierda basado en la decepción por lo que se percibe como entreguismo. Hay muchas señales de esta tendencia, explicable también por un profundo desánimo ante las actuaciones de la izquierda institucional, que tiene el riesgo de calar en sectores militantes de la clase trabajadora y en capas intelectuales que han acompañado las reivindicaciones sociales, produciendo un desgarro interno en las organizaciones sindicales y en su capacidad de influencia y de agregación política en términos de ciudadanía. Explicar el acuerdo significa asimismo recordar que existen otros muchos terrenos de conflicto que permanecen abiertos y que requieren la movilización adecuada en el momento preciso, como la que va a exigir la Iniciativa Legislativa Popular y los conflictos abiertos en tantos sectores, fundamentalmente en el terreno del área pública. Una combinación de luchas y movimientos, explicación e información de la actividad del sindicato y participación democrática para lograr la adhesión más extensa posible, permitirá no sólo una mejor resistencia, sino que creará mejores condiciones para una recuperación del proyecto sindical en clave emancipatoria.

Entrevista a Nicolas Sartorius en nuevatribuna.es…

Entrevista a Nicolas Sartorius en nuevatribuna.es…

“Son los gobiernos los que no tienen la voluntad política de meter mano a los mercados”

El cofundador de Comisiones Obreras y vicepresidente de la Fundación Alternativas echa en falta una acción global, europea y mundial, por parte de los sindicatos para afrontar los retos que plantea la crisis económica que sufre occidente. Sartorius cree que lo que se le está echando en cara a Zapatero por parte de sectores de la izquierda no son las reformas que ha impulsado sino la falta de otras medidas para evitar la sensación de que siempre son los mismos los que pagan los platos rotos.


nuevatribuna.es | Isabel G. Caballero | 27.01.2011


Nuevatribuna.es | Esta semana ha sido decisiva para alcanzar un gran pacto con los agentes sociales. ¿Quién considera que ha cedido más, Gobierno y sindicatos?

Nicolás Sartorius | Es muy bueno que hay acuerdo en los temas que están planteados. En esta situación tan difícil es una muestra de gran tranquilidad y le viene muy bien a la economía del país. Creo que los acuerdos deben ser equilibrados, si hay concesiones que sea por todas las partes. Para los sindicatos no sería bueno que todas las concesiones fueran de la parte sindical, al Gobierno no le vendría bien aparecer que él ha hecho todas las concesiones, es decir, tiene que ser una cosa muy equilibrada. A los acuerdos se llega cuando todos ceden algo y todos sacan algo, ahí está el equilibrio. Creo que al Gobierno no le viene bien que los sindicatos salgan malparados y a los sindicatos no les viene bien que el Gobierno salga malparado, así que tienen que intentar buscar un equilibrio.

¿Qué opina sobre aumentar a 67 años la edad legal de jubilación?

Si es un aumento de la edad de jubilación a 67 años, así, puro y duro, no estoy de acuerdo. Si se flexibiliza en el tiempo, que sea una cosa paulatina, hacia el futuro, estaría de acuerdo. Pero me parece que lo fundamental no está tanto en poner la edad de jubilación a los 67 años sino en los años que hay que cotizar para tener el cien por cien de la pensión. No es lo mismo una persona que ha cotizado por ejemplo, 39, 38, 37 –ahí esta la discusión-, se podría jubilar a los 65 años, porque tú puedes estar trabajando hasta los 67 y no tener más que treinta años de cotización. Si se hubiera planteado así se hubieran evitado mucho tipo de cosas. Y luego, hay otras medidas que se deberían de tomar como por ejemplo evitar las jubilaciones anticipadas. Hay todo un conjunto de medidas complejas, pero plantear las cosas que la clave de todo sean los 67 no fue un planteamiento bueno.

El que lo planteó fue el Gobierno, pero los sindicatos también se han enrocado en su oposición a esa medida.

Claro, pues por eso digo… Tú te enrocas en yo no quiero 67 y yo no lo único que quiero son 67, pues es difícil salir, la salida hay que buscarla más que por los 67 -creo que hay darle flexibilidad y sobre todo tiempo- en el tema de cuántos años hay que cotizar.

El Gobierno planteó al principio los 41 años.

Eso es un límite muy alto. Pero yo ya le escuché al presidente del Gobierno en una entrevista flexibilizar la posición. Ahí ha estado el margen de la negociación. Hay que flexibilizar las cosas para que no sean los trabajadores los que paguen. Y además, también se pueden dar contrapartidas hacia el otro lado, por ejemplo se podría reimplantar el Impuesto de Patrimonio, sería una medida bien saludada, elevando el mínimo exento para evitar que lo pague gente que no tiene muchos medios. Hay otras medidas de compensación para evitar la sensación que hay de que siempre pagan los platos rotos los mismos.

Al hilo del Impuesto de Patrimonio, también es cuestión de debate una reforma fiscal más amplia de la que el Gobierno no habla.

Pero una reforma fiscal en profundidad a un año de las elecciones y en esta situación de crisis no es fácil. El Gobierno ha optado por elevar el IVA, elevar algo a algunos en el IRPF y bueno bajar algunos otros impuestos. Una reforma en profundidad creo que hay que hacerla pero soy escéptico en que ahora, a un año y pico de las elecciones, el Gobierno vaya a abordar una reforma fiscal. Son cosas que hay que hacer con tiempo.

Con la crisis, el Gobierno ha llevado a cabo una serie de ajustes, entre ellos la congelación de las pensiones que van a suponer un ahorro de unos 1.400 millones de euros. Usted se ha mostrado en contra de esta medida.

Las pensiones altas sí se podían haber congelado, las medidas generales no me parecen acertadas. Es verdad que el Gobierno no ha congelado todas las pensiones, las mínimas han aumentado. Pero yo hubiera hecho otras escalas: pensiones máximas, medias, mínimas, se podía haber matizado. La congelación de las pensiones es la reducción de las pensiones porque si a ti te dejan la pensión igual y los precios suben un 3% (que es lo que ha ocurrido), tu pensión baja un 3%, es decir tu capacidad de gasto, pierdes capacidad adquisitiva.

Ciertos sectores de la izquierda acusan a Zapatero de estar gobernando al dictado de los mercados. ¿Qué opina sobre cómo está conduciendo este Gobierno la gestión de la crisis económica?

El Gobierno no vio la crisis que se le venía encima ni la profundidad de la misma. Cuando se vio que la crisis iba a ser bastante importante adoptó medidas fiscales que creo que se han demostrado erróneas. La decisión de los 400 euros, el cheque bebe, el Impuesto de Patrimonio…, hubo una serie de bajadas fiscales que suman una cantidad importantísima que el Estado dejó de percibir. Cuando hay una crisis tan potente como esta tú gastas más y te endeudas y los acreedores imponen condiciones, pero no porque sean malos, sino porque quieren que les devuelvan el dinero, no quieren correr el riesgo de seguir prestando porque a medida que tu riesgo aumenta el tipo de interés al que te lo prestan aumenta.

No es tanto que los mercados controlen, es que el Gobierno, si quiere seguir recibiendo préstamos tiene que gastar menos o cobrar más impuestos. En mi opinión, en ese terreno, la política del Gobierno no ha sido equilibrada. Creo que había que hacer sacrificios, pero todos. El drama de la percepción que hay en la sociedad española y sobre todo en los sectores progresistas de izquierda es que ese reparto de costes no se ha hecho. Los funcionarios han hecho un sacrificio, un 5%, los pensionistas, los salarios (ya que cuando se los bajas a los funcionarios, eso se arrastra a la negociación colectiva), los trabajadores en general, las pymes no digamos porque han cerrado miles y miles; los sectores populares están haciendo sacrificios y sin embargo no se ve qué sacrificios se les ha impuesto a la gente más rica, a los bancos, se dice ahora que se va a dar dinero a las cajas de ahorro para nacionalizar de alguna manera las que estén en mayores dificultades, todo ese dinero de los contribuyentes que se dan, ¿qué beneficio tienen para la gente?. Uno sigue los datos, los resultados del sector financiero y algunos están obteniendo beneficios enormes. No hay un equilibrio de costes, eso es lo que se le echa en cara, no que pudiese oponerse a tomar las medidas, algunas son obligadas, otras no, pero algunas sí. En una crisis tan potente como esta es absurdo que las grandes fortunas, que la gente más rica y los sectores más pudientes no tengan un sacrificio que ayude a salir de esta crisis, que todo el sacrificio se le ponga a una de las partes. El Gobierno ha prometido que también iba a tomar medidas pero no las ha tomado.

¿Y la Patronal? ¿Hay que interpretar su silencio como que están encantados con las reformas del Gobierno?

Las reformas van en una dirección que no tienen porqué estar disgustados. Es evidente que las reformas que se están haciendo no son precisamente para aumentar las pensiones, no son para encarecer el despido ni para aumentar más los salarios, no van por ahí. Yo cuando oigo hablar de reforma… si yo soy muy reformista, pero para dónde, porque las reformas se pueden hacer hacia un lado o hacia otro. Si cada vez que se habla de la palabra reforma me tengo que echar mano a la cartera porque sé que me van a quitar algo… Hay que hacer reformas que efectivamente ajusten las cosas pero otras que no. Hay una serie de tópicos que son realmente hirientes cuando se dice es que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades; pues yo, si fuera un trabajador de este país le diría al que lo dice (que suele ser el Gobernador del Banco de España, o economistas), será usted el que ha vivido por encima de sus posibilidades, porque desde luego, el pensionista de este país, el trabajador normal no ha vivido por encima de sus posibilidades, lo que ha pasado es que para tener una vivienda se ha endeudado hasta la cejas, eso es otra cosa. Y lo bancos bien que daban créditos a troche y moche al 100% y más y valorando las casas por encima de su valor. Aquí también ha habido un fomento del endeudamiento, pero la gente se ha endeudado porque su salario no crecía suficiente y para que pudiera consumir y la economía crecer se le facilitaba que se endeudase.

Una de la cosas que plantea en su último libro, Una nueva gobernanza global: propuestas para el debate, es que mientras los mercados actúan globalmente, los gobiernos no pueden hacerlo porque siguen siendo nacionales.

Ese es un problema central. El eje central del libro es en el fondo una reflexión sobre la democracia. El Estado sigue siendo el Estado-Nación, la democracia sigue siendo una democracia de las naciones. Y, sin embargo, la mayoría de los problemas, los más serios, no se resuelven el marco del Estado-nación sino que son problemas globales, financieros, fiscales, medioambientales, de seguridad, de terrorismo, hay un montón de problemas que ya no tienen solución en el marco nacional. Cuando hablamos de los mercados nos estamos refiriendo a los mercados globales porque el capitalismo hoy es global, mientras los Estados y también los sindicatos son fundamentalmente nacionales, por lo que no juegas en el mismo terreno y no puedes establecer una interlocución con poderes globales. Tenemos un problema de democracia multinivel, tenemos que ver cómo funciona la democracia en tu país, como funciona a nivel de Europa y a nivel global, cuál son los problemas que tienes que resolver en cada uno de estos niveles.

¿Cree que está en riesgo la Europa del euro?

En este momento y respecto al euro se han tomado medidas para sostenerlo pero ha habido presiones y creo que sería bueno que Europa tomara medidas como la creación del bono soberano europeo, o tener un Tesoro como lo tiene EEUU, una serie de medidas del gobierno económico de Europa en las que hay que avanzar. Porque, lo que se ha demostrado, es que la UE no es viable con lo hemos venido en llamar el federalismo monetario, solamente con la moneda, tenemos que ir a una cierta armonización fiscal, tener una fiscalidad europea, un gobierno económico de Europa, una política presupuestaria que sea equilibrada. Lo que no puede ser es que las empresas españolas paguen un 30% de impuesto de sociedades y la irlandesas el 12%, porque se me van todos a Irlanda. Cuando se habla de la dictadura de los mercados, los mercados no son los que mandan, los gobiernos son los que dejan que los mercados sean los que manden, porque no toman suficientes medidas. Son los gobiernos los que no tienen la voluntad política de meter mano a los mercados.

No ha habido suficiente regulación.

Claro, no ha funcionado la regulación, ha habido un dejar hacer, los gobiernos no han vigilado, todo el mundo estaba en una gran fiesta de crecimiento y todo el mundo ha dejado que se hinchara una burbuja inmobiliaria, financiera. Hay un informe reciente en EEUU explicando el fracaso al que ha llevado este sistema de capitalismo ultraliberal que se implantó en la época de Reagen y Thatcher, es el fracaso total de este capitalismo liberal, y la lección es que no podemos seguir con él porque nos llevará a otra crisis.

Entonces, ¿es necesario salir de esta crisis con recetas progresistas?

Sí, una salida progresista que suponga regulación, mayor poder de Europa y que el sector financiero y otros sectores no pueden hacer lo que quieran que es lo que estamos viendo últimamente. Se están tomando medidas en este sentido, pero, por ejemplo, se dijo, hay que combatir los paraísos fiscales, importantísimo tema, pero, ¿qué medidas concretas se han tomado? No sólo hay que decir cosas, hay que implantarlas porque evidentemente los gobiernos tienen capacidad, son los que tienen la fuerza, la legitimidad ejecutiva de imponer cosas, si no lo hacen es porque no quieren.

Y hay otro factor a tener en cuenta, me refiero a la crisis de la propia izquierda.

La izquierda en Occidente, sobre todo en Europa está en crisis, efectivamente. Hay muy pocos gobiernos de izquierda en Europa (habrá 3 o 4 de los 27) y están en una posición de debilidad en los países donde están, Grecia, España, Portugal, hay una debilidad notable de la izquierda política y la social.

Como decía antes, esa debilidad viene dada también por el hecho de que las centrales sindicales actúen en el marco de sus respectivos países y no globalmente.

Una de las asignaturas que tienen los sindicatos es que no pueden ser sindicatos que funcionen a nivel nacional, por lo menos tienen que funcionar a nivel europeo. Existe la Confederación Europea de Sindicatos, pero su operatividad, en esta inmensa crisis que ha habido no se la ha visto. No hay instrumentos para hacer frente a esta situación. Hay una debilidad en este momento política y social en la izquierda pero son situaciones que varían. Quien iba a pensar lo que se ha montado en Túnez, o en Egipto, donde ha habido una gran movilización a favor de la libertad y la democracia. Quién iba a imaginar que en América Latina haya países con gobiernos de izquierda. Hay un proceso mundial muy dialéctico, es decir que en España y en Europa en general hemos ido hacia la derecha pero hay otras partes del mundo han ido en otra dirección y aquí estamos viviendo una crisis muy seria pero en China están creciendo a más del 10%, y en la India y en Brasil, es una crisis muy nuestra, que la estamos pagando nosotros. Occidente está perdiendo posiciones y además el resto del mundo está hasta las narices de occidente. Hay un reequilibrio del poder, hay potencias emergentes que quieren ocupar su puesto y que lo están ocupando y Europa se tiene que despabilar, unirse mucho más, construirse más fuerte, que es la gran tarea del siglo XXI, acabar la construcción de la Unión Europea como una unión política y económica. porque si no, no será un actor global, si no, no jugará en el mundo. Ahí se están prefigurando binomios que ya no son los de la guerra fría, la URSS y EEUU, ahora es China-EEUU por un lado y Rusia-EEUU por otro en los temas nucleares. Hay dos binomios que tenemos que tener cuidado para no quedarnos fuera, en este caso la Unión Europea. Y España también tiene que tener cuidado en Europa de no quedarse fuera de otros movimientos que está habiendo: Francia-Alemania, Francia con Inglaterra para otros temas, etc.

En esta crisis, las centrales sindicales están demostrando tener responsabilidad y voluntad de acuerdo. Pese a ello se aprecia una cierta desafección social hacia los sindicatos, ¿no le parece?

A los sindicatos, este país les debe muchísimo, porque cuando hacía falta apretar han apretado y han sido unos sindicatos que han negociado y han tenido un nivel de responsabilidad enorme y gracias a ellos este país ha prosperado de una manera muy considerable. El problema que tienen los sindicatos es que cuando la crisis ha golpeado con mucha fuerza y el Gobierno, sobre todo a partir de mayo de 2010, pega un giro muy considerable en su política económica y empieza a tomar medidas que a los sindicatos no les gustan nada: salarios, pensiones, negociación colectiva, reforma del merado laboral, es decir, temas cruciales para los sindicatos. Éstos se encuentran que su capacidad de movilización es complicada porque cuando hay crisis y cuatro millones de parados no es fácil movilizar a la gente, la gente tiene miedo a perder el puesto de trabajo, la gente está atemorizada, tiene una inseguridad enorme. Ellos convocaron una huelga general que salió pero no totalmente. En fin, quiero decir, que no es fácil movilizar en condiciones de crisis en un país como España con un gobierno que no es de derechas. Y ahora, con la negociación, también tienen que tener cuidado de no defraudar a la gente que representan porque si cedes en todo ganas un acuerdo pero tendrás un desgaste muy fuerte en tu base social. La otra dificultad que han tenido es que la respuesta a las medidas tenía que haber sido una respuesta sindical europea, pero pasa que la situación de los distintos países no es la misma, que el movimiento sindical no está lo suficientemente unido, que no existe una capacidad de movilización potente por parte de la Confederación Europea de Sindicatos y que también aparecen contradicciones entre los propios trabajadores de unos sitios y de otros; no es lo mismo la situación de Alemania que está creciendo al 3% que la de España con cuatro millones de parados, así que no es sencillo establecer una plataforma común capaz de hacer frente a la crisis. En el momento en que tú no eres capaz de hacer un planteamiento europeo o por lo menos lo suficientemente fuerte estás a la defensiva, es una batalla a la defensiva, porque no libras la batalla en el terreno en que hay que librarla por lo tanto te defiendes como puedes.

También habrá que tener en cuenta la campaña de desprestigio a la que están sometidos los sindicatos por parte de la derecha. En Madrid es aún más llamativo, con mensajes muy peligrosos, muy populistas.

Eso tiene una lógica aplastante. Cuando tú tienes una crisis tan dura, la única manera de imponer una salida no progresista es machacando a los sindicatos. La campaña contra ellos es muy medida y muy estudiada porque las fuerzas que quieren imponer una salida muy conservadora a la crisis saben que la única manera es anulándolos, desprestigiándolos y haciendo una campaña contra ellos, porque saben que es la fuerza que sería capaz de oponerse a determinadas medidas. Por lo tanto, la campaña de la derecha y sobre todo aquí en Madrid es brutal por eso mismo, es el adversario a abatir, es el que puede hacer huelgas, manifestaciones, movilizar a la gente en contra de ciertas medidas, por eso se machaca a los sindicatos.

¿Cómo ve la situación política? El PP está eufórico por las encuestas y el PSOE no se sabe si tendrá tiempo para recuperarse.

Lo veo como todo el mundo. Las encuestas dan una ventaja considerable al PP. Es lógico por otra parte que un gobierno en una situación de crisis como esta se desgaste. Queda un año para las elecciones pero no todo está dicho, depende de varios factores que esta situación vaya mejorando a favor del gobierno actual o no. Va a depender muchísimo de la evolución de la economía, de las medidas que se tomen, de si hay un acuerdo o no con los sindicatos, depende de muchos factores. Yo no creo que esté escrito ya que el PP tiene que ganar las próximas elecciones, creo que si las cosas siguen como están, desde luego las ganan, pero no tienen porque seguir igual sino que hay muchos factores que pueden cambiar.

Y si el PP llega al poder, ¿recortará aún más derechos?

Puede haber recortes mayores si las ganan, salvo que cuando lleguen las grandes decisiones ya se hayan hecho, entonces no será necesario apretar demasiado. Pero si la situación sigue siendo difícil no hay duda de que tomará otras medidas. A mi me preocupa más –evidentemente no quiero que gane las elecciones la derecha- cómo va a quedar este país después de la crisis, cómo van a quedar las mimbres de nuestra democracia, cómo queda el prestigio de nuestros partidos políticos, la cohesión social, la cohesión territorial, las instituciones del Estado, cómo queda el reparto del poder –porque en las crisis hay ganadores y perdedores-, es decir, cómo queda todo eso; como queda el sistema mediático, esas son las bases del funcionamiento de la democracia y yo las veo muy fastidiadas. El tema en todo el mundo mediático que ha quedado en manos de sectores muy de derechas, cómo queda el poder económico, qué va a pasar con todo el tema de las cajas de ahorro, a mi me parecería un desastre que las cajas se convirtieran en bancos y la obra social desapareciera, me parecería una pérdida lamentable y que fortalecería el poder financiero enormemente en este país, pero desde luego la obra social se quedaría hecha unos zorros. Es decir, los elementos básicos del tema es lo que nos estamos jugando, no quién va a ganar, si el PP o el PSOE –que evidentemente yo prefiero que sea el PSOE-, pero no solo me preocupa eso o no principalmente, me preocupan más estas otras cosas que le estoy diciendo.

¿Qué puede pasar en las próximas elecciones? A lo mejor, una abstención altísima como hemos visto en Portugal recientemente, eso es lo que a mí me preocupa porque eso es la fortaleza de la democracia, cohesión social y territorial, situación económica, funcionamiento de las instituciones, medios de comunicación, esos son los instrumentos y yo los veo en estos momentos tocados.

Sobre las cajas de ahorro que ha comentado. ¿Es este el principio del fin de estas entidades?

Espero que no, que no sea el fin, está todavía por ver cómo van a quedar. Ahora, si al final se privatizan todas, se convierten en bancos y esa obra social se concentra y se vende a sectores extranjeros o nacionales, se convierten en bancos, como ha ocurrido en otros países, esa obra social se irá diluyendo porque evidentemente no querrán poner el dinero ahí salvo que la ley les obligue, y nada menos que el 50% del sector financiero que más o menos cubría una función social desaparecerá. Espero que no vaya por ahí la reforma pero por lo que estoy leyendo no las tengo todas conmigo.

¿Cree que Zapatero adelantará las elecciones a otoño?

No. Y creo que no sería nada bueno. No es bueno que se adelanten sino que hay que llegar hasta el final y creo que va a llegar hasta el final de la legislatura. Y tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que Zapatero tendría que decir si se va presentar o no. No debe decirlo ahora. No creo que sea bueno en este momento. Si mañana o dentro de unos días Zapatero dijese lo que sea abriría un melón, un debate y una discusión que perjudica mucho y no solamente al PSOE, sino a la propia economía del país, porque ya se crea una incertidumbre. Después de las municipales y autonómicas cuando se vayan acercando las generales, con el tiempo que considere necesario y prudencial, y depende de la decisión que vaya a tomar, no es lo mismo si ha decidido continuar o no, los tiempos no son los mismos. Pero creo que esa insistencia de algunos Zapatero tiene que despejar…, creo que no, creo que Zapatero hace bien en no decir nada.

Como testigo directo de la Transición me gustaría saber su opinión sobre lo que está ocurriendo con el juez Baltasar Garzón por la causa de la Memoria Histórica.

Me parece una vergüenza absoluta porque Garzón puede tener razón o no jurídicamente, se puede discutir. Pero lo que está encima del tapete es que Garzón por defender que había que examinar y denunciar los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el franquismo, que se cometió un auténtico genocidio, que eso es prevaricar, eso es lo que es una vergüenza, Otra cosa es que lo que Garzón empezó como procedimiento sea factible llevarlo hasta el final o no, entre otras cosas porque creo que no queda nadie que se le pueda llevar a un banquillo, pero que sea un delito intentar dar satisfacción a las víctimas de que puedan ser reparadas, a mi me parece de una vergüenza nacional enorme, es absolutamente indignante y demuestra que este país tiene todavía zonas en sombra. Hay varios temas distintos, está el tema de las tumbas que yo creo que el Estado debería haber tomado en sus manos la responsabilidad de cubrir los gastos necesarios, otra cosa es si es posible o no llevar a un banquillo a los que cometieron esos crímenes, hay diferentes temas, pero desde luego intentar condenarle porque intente esto ha sido una de las vergüenzas y de los escándalos mayores de este país. Han ido a por él. En un país que ha sufrido cuarenta años de dictadura, el único juez o uno de los jueces que intenta poner sobre el tapete lo que han puesto muchos otros países en el mundo que es examinar los crímenes que se cometieron, le pongan en el banquillo, le intenten condenar y le echen de la carrera judicial. Me parece un escándalo internacional, aparte de que para el prestigio de España es un desastre.

Después de haber sido diputado durante tres legislaturas y haber ejercido destacados cargos políticos, ¿por qué nunca ha vuelto a la primera línea política?

Por un lado, porque no me lo han propuesto y, segundo, probablemente tampoco yo estaba ya por la labor de ese tipo de trabajo. Ya lo hice, lo hice como portavoz, y volver al Congreso… ya le digo, tampoco me lo ha planteado nadie, pero no es una cosa que eche de menos y ahora por supuesto que no. Es una labor magnífica, estupenda, los años que estuve ahí fueron magníficos y lo recuerdo con gran agrado pero cada etapa tiene su momento, sus cosas, y yo estoy ahora mejor elaborando cosas, escribiendo. Hay etapas para la acción y para la reflexión, hay etapas en donde seduce más la potestas y en otros más la autoritas, hay etapas distintas y por lo tanto volver ahora al Parlamento… No echo de menos estar en el Parlamento.

El reajuste de la pensión de viudedad debilita la protección social de las mujeres

El reajuste de la pensión de viudedad debilita la protección social de las mujeres

* Antonio Antón Más artículos de este autor / a

Las fuentes gubernamentales insisten en recortar o eliminar la pensión contributiva de viudedad amparándose en tres tipos de realidades que son solo parciales.

nuevatribuna.es

El plan gubernamental de reforma del sistema de pensiones va a tener un impacto negativo en los derechos de pensión de viudedad y debilita la protección social de la mayoría de mujeres.

 

El sistema de pensiones tiene que partir de una realidad familiar plural y adaptarse a ella, sin debilitar la acción protectora cuando todavía persisten discriminaciones relevantes, y solo cambiar las características de esa prestación que no se adecúan a su objeto de cubrir unos riesgos reales.

 

En este análisis el punto de partida es que la pensión de viudedad es femenina: más del 90% son para mujeres. El documento gubernamental admite que el recorte no va a llegar a ser tan drástico como en otros países que tienden a suprimirla totalmente, con el pretexto de que la incorporación de las mujeres al empleo está generalizada y está obsoleto el criterio de salario (y pensión) familiar. No obstante, reconoce que apuesta por una reducción sustancial. Veamos los argumentos y alcance de esta propuesta, en una realidad cambiante y una acción protectora compleja que precisa clarificación y debate –desarrollados en el libro “La reforma del sistema de pensiones”-.

 

El documento gubernamental apunta a reducir los derechos de pensiones de viudedad, particularmente a las generaciones jóvenes, cuando el tiempo de convivencia ha sido corto -ahora se exigen cinco años- o no haya hijos, o bien a percibir solo cuando el fallecido tuviera derecho de pensión contributiva o recibiendo una pequeña indemnización (no una prestación vitalicia). Ahora bien, si la gran mayoría de pensiones de viudedad las reciben personas de más de 55 años, sin posibilidad de acceder al empleo u a otros recursos, no se puede limitar la protección pública a una indemnización sino, como en el resto de pensiones, establecer la garantía de protección indefinida para toda la vida.

 

Por tanto, aunque el documento utiliza una retórica “de género”, no contempla ninguna acción significativa de cambio de las condiciones que posibiliten una mejora de la pensión de las mujeres, centrándose en lo que se les pueda reducir a determinadas viudas. La ligera ventaja redistributiva de tener una mayor esperanza de vida o de tener derecho a prestaciones de viudedad no equilibran las consecuencias negativas derivadas de la desigualdad en el mercado de trabajo, el no reconocimiento de su trabajo doméstico y familiar o su participación mayoritaria en el trabajo sumergido. Además, y por todo ello, son las mujeres el colectivo mayoritario que habiendo cotizado hasta cerca de quince años –o más si sólo lo han hecho antes de los 50 años o han estado empleadas a tiempo parcial-, luego no han tenido derecho a la pensión contributiva con la paradoja de que sus aportaciones han servido para financiarlas. Además, sigue sin reconocerse el tiempo de trabajo doméstico y familiar por cuidado de personas dependientes (niños, enfermos, ancianos), a diferencia de otros países que computan hasta diez años a sumar al tiempo de empleo para el acceso a derechos contributivos, y que sería otra medida a adoptar.

 

Por otro lado, es fundamental el apoyo público a las mujeres jóvenes activas, a las familias jóvenes, favoreciendo la combinación de su desarrollo profesional y su actividad reproductiva, y aumentando las prestaciones y servicios públicos dirigidos a proteger la natalidad y el cuidado de la infancia. Pero esos nuevos recursos no deben extraerse ni ser pretexto para reducir las prestaciones a los pasivos y jubilados, ya que sus necesidades protectoras, dado el mayor envejecimiento, también se amplían.

 

Hay que adoptar una auténtica perspectiva de defensa de las mujeres, igualar sus condiciones laborales y de empleo, incrementar la tasa de ocupación femenina y mejorar sus pensiones, particularmente las más bajas que les afectan más. Sólo en esa medida, con plena igualdad y derechos sociolaborales individuales y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados personales, se irá superando el viejo criterio de salario familiar y pensión familiar, la dependencia de una pensión de viudedad sería menor y se podría revisar su función con la perspectiva de mejorar la protección social de las mujeres. Esa igualdad de género en las trayectorias laborales y profesionales, en el tiempo de empleo y el reparto del trabajo familiar, es la base para el acceso igualitario a los derechos sociales contributivos, en especial las pensiones.

 

A partir de ahí se podrían estudiar algunos cambios como la eliminación de la compatibilidad de la pensión contributiva de viudedad con otra pensión contributiva completa –jubilación-, en determinados supuestos y con la existencia de rentas medio-altas –salariales o de propiedad-. El criterio para abordarlo es la equidad: si la persona viuda no ha sufrido un impacto discriminatorio significativo, por razón de género o sus condiciones familiares, en su trayectoria laboral y profesional y, por tanto, tiene todas las garantías del sistema de protección pública o de su empleo y rentas propias regulares, no necesita una cobertura protectora adicional. El derecho del cónyuge fallecido se puede amortizar en esa medida y no se traslada al otro cónyuge, suficientemente autónomo y protegido. Pero la frontera se sitúa ahí: en que la persona viuda no se vea afectada, por el fallecimiento del cónyuge, a un descenso relevante de su nivel de vida y consumo con una situación más vulnerable y dependiente, que es el origen y fundamento de la acción protectora de la pensión de viudedad. En ese sentido, estamos ante algunos ajustes convenientes pero selectivos y con un enfoque igualitario y de solidaridad. En este campo lo fundamental todavía es el refuerzo del incremento de la incorporación femenina al empleo, con mayores bases de cotización e igualdad laboral y, por tanto, con la mejora de sus derechos sociales. Esa línea requiere, además, más gasto público social y no menos. La consecuencia es abordar esos cambios socio-demográficos –mayor participación femenina en el empleo, con rentas, protección y derechos contributivos propios- para valorar su dimensión real, aquilatar la transición y complementariedad entre protección individual y familiar y reforzar los criterios de equidad y solidaridad.

 

Sin embargo, las fuentes gubernamentales insisten en recortar o eliminar la pensión contributiva de viudedad amparándose en tres tipos de realidades que son solo parciales. Primero, la igualdad de género en el empleo y la familia, cosa que es muy relativa y con una tendencia incierta. Segundo, la autosuficiencia de rentas de una parte de mujeres; es verdad la existencia de mujeres con rentas medias-altas y altas que no necesitarían una pensión adicional de viudedad y sería razonable replantear, pero no por ello se puede utilizar de pretexto esa realidad para generalizar su eliminación a todas las trabajadoras, la gran mayoría con ingresos bajos o medio-bajos. Tercero, se señala la conveniencia de la completa individualización de la protección pública. Esa idea sería adecuada como aspiración en la medida que se produzca la igualdad en el empleo, las cotizaciones, el reparto del trabajo doméstico y familiar y su impacto en las carreras laborales de ambos sexos. Aplicarla ahora, sin contar con esa persistente realidad desigual, genera una situación más desprotegida a la mayoría de mujeres y, además, deja sin valorar la reciprocidad global entre los miembros de la unidad de convivencia.

 

El conjunto de las propuestas gubernamentales tiene el objetivo de reducir el gasto social, y este ámbito de las pensiones contributivas de viudedad, al presentar algunos aspectos inadecuados, es utilizado no solo para reformar razonablemente esos componentes inequitativos sino también para aplicar recortes más generales. Ante una realidad doble se incide en una parte, susceptible de cambio equitativo, para evitar la resistencia a la eliminación de la otra parte, necesitada, si cabe, de una acción protectora más efectiva. En realidad, se utiliza un lenguaje de apariencia progresista y el pretexto de algunos cambios razonables para adoptar medidas más generales de recortes regresivos y neutralizar las exigencias de mejora de la protección a la mayoría de personas viudas en situación vulnerable. Por el contrario, no se contempla ninguna media significativa de carácter igualitario para superar la discriminación de la mayoría de mujeres en el mercado de trabajo o en el reparto de las cargas familiares que inciden en su menor pensión media.

 

La institución familiar sigue siendo fundamental en la sociedad. Es una unidad básica –incluido en parejas de hecho y del mismo sexo- de convivencia, consumo y reproducción. La protección pública a la familia es de las menores de la UE-15: prestaciones por hijos, por natalidad, de conciliación entre empleo y desarrollo personal y familiar, apoyo y reconocimiento al trabajo familiar, de cuidados o doméstico, desarrollo de servicios públicos para reducir las cargas familiares, etc.-. Y esas tareas, más en España, tienen un rostro de mujer. Por otro lado, permanece la protección a los cónyuges con diversas prestaciones complementarias -contributivas y no contributivas-; es decir, múltiples prestaciones mantienen esa doble opción de ‘con’ y ‘sin cónyuge a cargo’ aunque, normalmente, es una protección adicional insuficiente y se debería mejorar.

 

Por tanto, se debe persistir en la igualdad en la familia, en las tareas reproductoras y de cuidado de las personas. Frente a la consolidación de la cultura ‘familista’, tradicional de los países latinos y que tiende a reforzar distintos aspectos conservadores, con la ampliación de las funciones asistenciales de la familia y el mantenimiento de la mujer en una posición subordinada, se debe priorizar otra dinámica progresista: reparto equitativo de las tareas familiares entre los componentes de la familia, socialización de esas tareas con mayores y mejores servicios públicos y privados, y mayor responsabilidad del Estado –desde la generalización de las escuelas infantiles hasta la de los servicios públicos para atender la dependencia-. Pero retirar los limitados apoyos protectores actuales a la mayoría de familias de las capas populares es promover mayor vulnerabilidad y pobreza en esas mujeres y hacer un flaco favor a su liberación.

 

Para conseguir la incorporación femenina al mismo tipo de empleo que los hombres y con similares condiciones laborales y salariales, se necesita modificar mecanismos económicos, productivos, institucionales, culturales y de protección social, incluyendo un reparto igualitario de las cargas domésticas y familiares. Además, habría que clarificar e incorporar al empleo regular muchas de las actividades intermedias o irregulares, hoy sumergidas o sin reconocer suficientemente, la mayoría ejercida por mujeres. Los avances en esos campos posibilitarían la libre elección individual, o la negociación equilibrada en la pareja, de la duración del tiempo del empleo –aportando cotizaciones sociales- y de la dedicación de una parte de la vida a otras actividades (formativas, de ocio, familiares, etc.) sin cotizar a los sistemas contributivos. Y bajo el criterio contributivo de la proporcionalidad de las prestaciones mensuales recibidas con las cotizaciones aportadas, la responsabilidad de una menor pensión recaería sobre la voluntad individual o las opciones libremente adoptadas al configurar cada cual sus trayectorias laborales y personales. Sin embargo, esa es hoy una realidad deseable pero más bien virtual y que sólo viven, parcialmente, un segmento minoritario de mujeres.

 

En esa circunstancia, con eliminación de factores discriminatorios para las mujeres y la existencia de segmentos de ellas con autosuficiencia e igualdad con respecto a los varones y en el ámbito familiar, se producen menores condicionantes por la necesidad y la desigualdad. Entonces, y en esa medida, sería justo aplicar el criterio individual de correspondencia respecto de lo aportado, utilizando en la protección pública el criterio de equidad o proporcionalidad con las aportaciones realizadas individualmente –como ahora en la pensión contributiva-. No obstante, como se sabe, ese criterio de proporcionalidad estricta tampoco es exclusivo en el sistema contributivo y también se combina con elementos correctores desde los criterios de solidaridad -si esa media no llega a los mínimos- o como garantía indefinida de seguridad hasta la muerte. Así, una persona (viuda) que vive muchos años recibe una prestación global mucho mayor que otra que se muere al día siguiente de su jubilación o el fallecimiento de su pareja, aunque ésta haya cotizado mucho más. Pero, especialmente en la actual situación de crisis del empleo, la simple penalización de retirar o reducir la pensión contributiva de viudedad en nada ayuda a las mujeres, inactivas, sumergidas o amas de casa, a una incorporación a un puesto de trabajo de calidad, en igualdad de condiciones. No es un incentivo o un estímulo para acceder a una situación mejor sino un castigo adicional acumulado a una dinámica, mayoritariamente, discriminada y una presión para buscar y aceptar empleos precarios (si los hay).

 

Estamos hablando de derechos contributivos, las garantías que en el seno de la familia se han reconocido a un miembro y que a su muerte prolongan una protección parcial al otro cónyuge (y a los huérfanos). En los derechos contributivos la referencia no es el ‘estado de necesidad’, o sea, la existencia o no de otras rentas que llegan a lo considerado un mínimo vital –como en las prestaciones no contributivas-, aunque también hay límites en los máximos. En las prestaciones contributivas, junto con una protección durante toda la vida, el importe mensual de la prestación es proporcional –además de otros factores correctores- respecto de las aportaciones realizadas.

 

En este periodo transitorio y prolongado de incorporación masiva al empleo femenino aunque sin llegar a la completa igualdad, sí se podrían tener en cuenta la relativa igualdad conseguida por algunos segmentos de mujeres, la situación de empleo y rentas de las personas receptoras de la pensión de viudedad así como el nivel de protección pública recibida para adecuar y regular la percepción de una pensión contributiva derivada de los derechos conyugales y el sistema de protección familiar. Por esa vía se podría contemplar la incompatibilidad de dos pensiones contributivas completas: la de jubilación –propia- y la de viudedad -del cónyuge-. En particular, no tendrían sentido la mayoría de las pensiones de viudedad recibidas por varones –introducidas en el año 1983 y que son una pequeña parte del total-, cuyas carreras laborales no han esado discriminadas por la pertenencia a su sexo o sus obligaciones familiares. Por otro lado, una forma de respetar los ‘derechos adquiridos’, usual en la normativa general y fiscal, sería la aplicación de este sistema de incompatibilidades de forma diferenciada a los nuevos matrimonios o parejas posteriores a la norma y a los anteriores a la misma.

 

Los niveles de las actuales prestaciones no contributivas son ínfimos y sería contraproducente eliminar el carácter contributivo de esas pensiones de viudedad cuyo limitado importe (52% de la base reguladora del cónyuge fallecido), muchas veces, todavía es superior al de la pensión no contributiva. Tampoco tiene una lógica solidaria el cambio de la pensión de viudedad contributiva por la no contributiva con el argumento de descargar al sistema contributivo de su financiación para pasársela al Estado -con cargo a los presupuestos generales-. El beneficio para la caja común contributiva no es pretexto para aceptar la minoración de la protección pública a personas vulnerables.

 

En definitiva, es conveniente abordar algunos aspectos no equitativos, derivados de una inercia que no corresponde a determinados cambios familiares y al avance en la igualdad de las mujeres. No obstante, aparte de algunos aspectos retóricos, la propuesta gubernamental conlleva reducir la protección pública a las mujeres, considerándolo un campo más propicio para recortar el gasto social en pensiones. Además, no incide en promover mecanismos para superar los múltiples aspectos de discriminación y desigualdad que padecen las mujeres en el mercado laboral, la economía sumergida y en el trabajo familiar y que tienen su reflejo en una situación de mayor vulnerabilidad respecto de la protección pública y el sistema público de pensiones. Políticas profundas y prolongadas en ese ámbito permitirán mejorar las pensiones de las mujeres, y no la amenaza o el castigo de dejarlas sin protección suficiente. La equidad debe ser el criterio principal para reforzar la acción protectora ante una situación de vulnerabilidad de la mayoría de viudas y reequilibrar la desigualdad laboral y familiar que padecen todavía la mayoría de mujeres. Y esa mejora debe ir acompañada del incremento de la suficiencia financiera del sistema.

 

Antonio Antón | Profesor de Sociología de la Universida dAutónoma de Madrid.

Desde una perspectiva más global…

Desde una perspectiva más global…

Crisis: ¿cuántos derechos más estás dispuesto a perder?

Xavier Caño Tamayo – Canalsolidario

Apelando al terrorismo y a la crisis económica, los gobiernos “democráticos” se tiñen de autoritarismo y recortan los derechos humanos y económicos que la sociedad civil tardó en alcanzar siglos. ¿Cuánto estás dispuesto a tolerar?

El verano pasado, el gobierno francés expulsó a cientos de gitanos, violando sus derechos en una actuación claramente xenófoba. Esta semana, la Asamblea Nacional francesa prepara la supresión de cinco autoridades en defensa de los derechos civiles para concentrar sus competencias en un Defensor de Derechos nombrado a dedo por Sarkozy. Cincuenta organizaciones de derechos humanos se oponen.

Una nueva ley de prensa húngara controla qué se puede publicar o no. Y amenaza con multas superiores a 700.000 euros a quienes atenten contra el interés público, el orden público y la moral… según un comité de políticos del partido del primer ministro húngaro.

La Unión Europea facilita a Estados Unidos hasta 34 datos personales de cada europeo que viaje a ese país. Y hace poco el gobierno estadounidense forzó a Twitter a revelar información confidencial (direcciones de email, números de teléfono, mensajes privados y dirección IP) de cinco personas inscritas en esa red relacionadas con Wikileaks; su fundador Julián Assange, la diputada islandesa Brigitta Jonsdottir y otros tres ciudadanos. Y Guantánamo no se cierra…

Es una muestra de actuaciones autoritarias y violaciones de derechos, pero hay muchas más. Vamos hacia atrás.

Stefano Rodotá, profesor emérito de derecho en Roma, asegura que hoy Italia es un laboratorio de totalitarismo, en tanto que The Economist considera el modo de gobernar de Berlusconi una nueva forma de fascismo. En Rusia, Vladimir Putin “tiene montado un chiringuito de poder y corrupción cuya Justicia manda a la cárcel a sus adversarios, políticos o magnates de la economía, si se cruzan en su camino”, denuncia el periodista Miguel Bastenier.

Pero no sólo Italia y Rusia

Tras el atentado contra las Torres Gemelas, Trent Lott, senador de los Estados Unidos, aseguró impertérrito que “en tiempos de guerra hay que abordar de manera diferente las libertades públicas”. Y la juez del Tribunal Supremo de ese país, Sandra Day O’Connor, advirtió que “vamos a conocer las peores restricciones a nuestras libertades de toda nuestra historia”.

Desde entonces, gobiernos presuntamente democráticos han invadido el poder legislativo y judicial y han restringido y violado derechos civiles y políticos.

Intervenciones telefónicas e irrupciones en Internet sin autorización judicial, encarcelamientos sin intervención del juez, ausencia de garantías procesales a acusados de terrorismo, recortes de libertad de expresión así como del derecho a la información, aceptación de la tortura…

Los desmanes contra derechos humanos y las sangrientas dictaduras del siglo XX se perpetraron en nombre de la lucha contra el comunismo. Desaparecido el comunismo, se violan derechos en nombre de la seguridad contra el terrorismo. Hoy, también en nombre del crecimiento económico.

El nuevo autoritarismo no utiliza mascaradas con uniformes pardos o negros, liturgias delirantes, brazos en alto, oleadas de banderas y símbolos totémicos. Este autoritarismo controla medios de comunicación para desinformar, engañar, hipnotizar y manipular. Mentira y desfachatez son sus reglas para mantener ignorante, desorientada y adormecida a la ciudadanía y vaciar la democracia.

Este autoritarismo, camuflado de democracia disminuida (casi reducida a ritual electoral), se agudizó al inicio de la lucha contra el terrorismo a principios de siglo. Este autoritarismo ha sido y es violación de derechos cívicos y políticos. Pero hoy, la crisis ha dado alas y pretextos a los poderosos para asaltar también los derechos económicos y sociales. Y reducen o eliminan derechos laborales, disminuyen pensiones, recortan presupuestos de salud y educación públicas, hacen inalcanzable la vivienda, desahucian en masa a ciudadanos pobres…

Este asalto a derechos económicos y sociales, que a principios del XXI no podían justificar en nombre de la lucha contra el terrorismo, hoy lo perpetran con desfachatez en nombre del crecimiento económico. El crecimiento (dicen) es estabilidad y disminución del desempleo. Algo cada vez más lejos, por cierto.

El caso es que entre el temor a atentados terroristas y el pánico a una catástrofe económica, vivimos inmersos en el miedo. Miedo promovido y manipulado al servicio de intereses concretos, que busca hacer posibles unas conductas y actuaciones políticas que son claras violaciones de derechos, inadmisibles hace veinte años.

En vez de miedo, Stéphane Hessel propone indignación ciudadana (que no ira). Hessel, único redactor vivo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, convoca a la ciudadanía indignada a la insurrección civil pacífica. Para conseguir que los intereses particulares de la minoría privilegiada se subordinen al interés general de la mayoría.

Es una buena propuesta.