OPINION

Opina el actual Consejero de Economía y Hacienda del Principado

«Menos absentismo de los funcionarios sí que ahorraría dinero»

El consejero de Economía defiende una reforma profunda del sistema tributario español, «porque las autonomías necesitamos más ingresos»

«Tengo un compromiso político que acaba en mayo, y en mayo hablaremos; Javier Fernández es un candidato muy bueno, con una gran capacidad»

JAIME RABANAL Consejero de Economía y Hacienda del Principado

La Nueva España. Oviedo, Marta PÉREZ

El consejero de Economía, Jaime Rabanal, explica en esta entrevista la ley de medidas urgentes de contención del gasto y en materia fiscal para la reducción del déficit público que acaba de aprobar el Parlamento asturiano. Rabanal considera que con este plan, al menos a corto plazo, será suficiente y que se pueden seguir haciendo inversiones.

-El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de ajuste para reducir el déficit público. La subida de impuestos supondrá una recaudación de 50 millones ¿Qué proporción saldrá de la subida del IRPF a las rentas altas?

-Importante. La previsión que tenemos es de 18 o 20 millones. El planteamiento que hemos hecho es sencillo: a los que más tienen se les puede exigir solidaridad en la distribución de la carga de los sacrificios de la crisis. Hemos hecho una propuesta que creemos ajustada.

-También aumentará el impuesto de transmisiones patrimoniales. Quien compra una vivienda de segunda mano no responde al perfil de renta alta. ¿Cuánto se recaudará con esta subida?

-Hay otros 17 o 18 millones, depende del número de hechos imponibles que se produzcan. El IVA ha aumentado, en consecuencia lo que ha hecho la mayoría de las comunidades autónomas es aumentar el impuesto de transmisiones y equipararlo al IVA. Adicionalmente, hay una subida de los tipos aplicables a las operaciones superiores a 300.000 y 500.000 euros que responde también a esa idea de progresividad, de manera que las transmisiones patrimoniales que más se elevan llevan un tipo más alto. Por otra parte, en el impuesto se mantienen las bonificaciones que existían en el tipo para viviendas de protección oficial, en el medio rural, para las donaciones en el caso de las transmisiones de empresas. Es decir, que mantenemos una estructura del impuesto que favorece y hace tributar menos a aquellas pequeñas y medianas empresas, y subimos un poco para ciertos niveles.

-¿Esto afectará al mercado de vivienda de segunda mano?

-Todo afecta a la realidad económica, pero el problema es que los ingresos públicos han caído como consecuencia de la crisis. Necesitamos hacer los ajustes necesarios en términos de gasto, de racionalización, de eficiencia, pero al mismo tiempo necesitamos más ingresos, y en la medida que tenemos competencias planteamos medidas de carácter fiscal. Somos conscientes de que el sistema tributario español, que viene desde 1978 y al que hemos ido haciendo reformas a la baja, necesita una revisión más profunda, que no es competencia de las comunidades autónomas.

-¿Con esto será suficiente o habrá más planes de ajuste?

-No contemplamos aplicar más medidas de ajuste a corto plazo. Hemos hecho un planteamiento, 210 millones de recorte y con las medidas de ingresos quedará en torno a los 195 millones, porque no todos los ingresos se van a producir este año. Pensamos que es suficiente. Creemos que los ajustes están todos contemplados ahí, entre la ley y los ajustes en los que venimos trabajando.

-¿Usted preveía que esto iba a pasar?

-Bueno, que la crisis económica existía y que era una crisis económica profunda que iba a afectar a la situación económica yo creo que lo hemos planteado desde el primer momento, están los diarios de sesiones y las hemerotecas para verlo. Lo que era difícil era evaluar la profundidad de la crisis y algunas manifestaciones de la misma. No es fácil de prever. De hecho, tal es así que las medidas concretas que se han ido tomando por parte de los países, por el G-20, por la Unión Europea, han sido de un día para otro. Era difícil, por mucho que ahora aparezcan muchos que sabían que iba a suceder.

-La patronal cree que la ausencia de un criterio común en las comunidades autónomas para la subida del IRPF provocará una fuga de empresas a otras comunidades autónomas.

-Yo creo que no va a ser así. Nuestro sistema fiscal tiene una gran descentralización, donde las comunidades autónomas tienen competencias para establecer tipos diferentes. Diferencias entre las comunidades autónomas va a haberlas y no son elementos que puedan perjudicar la actividad económica. El sistema tributario tiene elementos suficientes para determinar cuál es el lugar donde uno vive, no se deslocaliza así porque sí. Es verdad que las empresas se pueden localizar en un sitio o en otro; también hay elementos para controlarlo. No creo que haya un problema de deslocalización, lo que hay que intentar es que las capacidades fiscales de las comunidades no se utilicen para promover la deslocalización fiscal, sino que tenga la función que de acuerdo con las leyes tiene que tener.

-¿Por qué se fijó la barrera en 90.000 euros?

-Pensamos que el impuesto de la renta está asentado en las rentas del trabajo, pero pensamos también que por debajo de ese nivel afecta a muchos trabajadores por cuenta ajena que podrían ser funcionarios, con lo cual estarían doblemente penalizados. En esos niveles de renta están los directivos, cuadros medios, profesionales de las empresas. Creemos que es importante que tengan una contribución y sean solidarios en una situación de crisis.

-Los costes de personal siguen siendo altos. ¿Se plantea una reforma de organización?

-La estamos haciendo de manera permanente. El gasto de personal se produce en la prestación de servicios, lo que hay detrás son médicos, enfermeras o bomberos. Estamos intentando siempre hacer las cosas mejor con menos recursos.

-¿Pero está prevista una reforma de calado?

-No, si a lo que se refiere es a esto que da tantos titulares de que se reducen las consejerías... eso da poco. De gasto da poco. Lo que sí ahorra es rebajar el nivel de absentismo uno o dos puntos. Son contrataciones temporales y eso sí da recursos. Estamos trabajando en esta dirección.

-El PP les echa en cara que el gasto crece por una mala gestión.

-Ellos plantean muchas alternativas, pero no han dicho nunca una concreta más allá de un discurso genérico que no va a ninguna parte. Decir que hay que mejorar y racionalizar, eso ya lo digo yo. No sólo lo digo, sino que lo hacemos.

-¿Los recortes afectan a las consejerías de IU?

-El ajuste tiene que afectar a todos. Y tiene que hacerlo de una manera racional, intentando afectar lo menos posible a los servicios que reciben los ciudadanos. Para eso tenemos que poner las distintas líneas de gastos unas detrás de otras y analizar cuál es la repercusión, su impacto en términos de bienestar en los ciudadanos y, a partir de ahí, hacer los ajustes.

-El plan ha forzado la salida de Bloque por Asturias del Gobierno.

-Hay que valorar de forma positiva la responsabilidad de IU, el esfuerzo que hemos realizado conjuntamente para hacer un proyecto de ley que da respuesta a los problemas del Principado de una manera equitativa. Han sido coherentes con lo que hemos discutido y hablado. No entro a valorar la salida. Son problemas que tiene IU, que tendrá que intentar resolverlos como pueda.

-El Gobierno central aún no ha concretado qué infraestructuras se retrasarán por los ajustes económicos. ¿Qué hay de las obras competencia del Principado? ¿Cuáles se verán afectadas?

-Vamos a priorizar los niveles de inversiones, para que el impacto en la actividad económica sea menor. Vamos a mantener las inversiones de carácter estratégico y los proyectos que están iniciados, como el HUCA, la ZALIA o el Niemeyer, por poner algunos ejemplos. Habrá otros que estén en fase de iniciación que vayan más lentos. Junto a eso, elementos fundamentales como el gasto en el I+D, que nos va dando un tejido de producción distinto en Asturias, se va a mantener. Hay que seguir intentando que incluso en crisis el tejido industrial pueda mantener su competitividad, para que cuando acabe esté en las mejores condiciones.

-Entonces, se pueden seguir haciendo inversiones?

-Naturalmente. Vamos a seguir haciendo inversiones.

-Se abre una nueva etapa en el PSOE asturiano con la marcha del presidente Areces. ¿Cómo valora esta decisión?

-He compartido parte de ese camino con el Presidente, del que no tengo más que agradecimiento en lo personal. En lo político, el cambio que se ha producido en Asturias ha sido espectacular. Tenemos una economía muy competitiva. Nuestra crisis ahora mismo no es como las crisis que padeció Asturias cuando estaba fuera del mercado. Ahora estamos en el mercado y eso tiene que ver con la política que ha venido haciendo el Gobierno.

-¿Le gustaría ser consejero con Javier Fernández?

-Yo tengo un compromiso político con un proyecto que acaba en mayo, y en mayo hablamos. Nos queda mucho trabajo por hacer.

-¿Le parece buen candidato?

-Muy bueno. Es reconocido que teniendo características distintas a las del presidente Areces, tiene una gran capacidad.

-En el PP no tienen tan claro el candidato.

-Es difícil aclararse con el lío que tienen, pero no estaría mal que lo hicieran. En todo caso, parece que Cascos es un candidato del pasado, pero no seré yo el que diga cuál tiene que ser el candidato de otra fuerza política. Yo creo que sería conveniente que se aclararan. Desde el punto de vista institucional, es bueno que los partidos que aspiran a gobernar sean sólidos y fiables.

Sobre los cuadros de mandos del Hospital Valle del Nalón en lo que va de década

VER CUADRO Y GRAFICOS
Datos y apuntes para un, a mi juicio, necesario debate

LA DEMORA MEDIA PARA EL CONJUNTO DE ASTURIAS EN MAYO SE SITUA EN 59 DIAS Y EN NUESTRA AREA ESTA EN 62.

1811 pacientes están a la espera de pasar por quirófano, aunque al cierre del ejercicio pasado eran 1920.

Ningún paciente espera más de seis meses, aunque entre 3 y 6 meses tenemos 411 pacientes.

El estudio que he elaborado sobre los datos de la actividad de los cuadros de mandos de mi Hospital desde el año 2001, permite determinar los puntos fuertes y débiles de la organización así como las tendencias, algunas de las cuales son comunes al resto de la Comunidad Autónoma y otras son específicas.

En el cuadro adjunto (VER) figuran en verde los mejores datos obtenidos y en rojo los peores.

La lista de espera quirúrgica, que ha duplicado su cifra en la serie de principios de la década hasta la actualidad, es una tónica en la tendencia de toda la Comunidad Autónoma. Solamente en los años 2004 y 2005, dónde se produce una inflexión en dicha tendencia creciente, ha habido disminución acompañada también de una demora media por debajo de los 60 días.

El paulatino incremento del rendimiento quirúrgico – 67,05% en el año 2001 frente al 75,92% de mayo -, junto con el incremento de la utilización de la cirugía ambulatoria (sin ingreso) son, con toda nitidez, los puntos más fuertes de la actividad al que debería acompañar una disminución de la estancia media cuyo comportamiento, aunque en la tendencia apropiada, es aún bastante tímido.

Las urgencias atendidas, que han iniciado una fase de meseta en el año 2008, con toda probabilidad como consecuencia del incremento de la eficacia resolutiva de los equipos de Atención Primaria y de Urgencias extrahospitalarias del área, así como del nivel resolutivo de las Urgencias propias estabilizadas tras el incremento de la plantilla de médicos tras la huelga de mediados del 2006 – que propició la implantación de un nuevo sistema organizativo – junto con la finalización de las obras de ampliación del Servicio (enero de 2008), propician una mayor capacidad programadora de la actividad en el Hospital.

EL FUTURO A DEBATE

La cada vez más pujante propuesta de fusionar áreas sanitaria y de regular los flujos quirúrgicos que tanto en el estudio elaborado para el CES por Javier Elola, como en las reciente jornada sobre “El futuro del Sistema Sanitario Público en Asturias” organizada por la consejería de Sanidad, se sostuvo como necesidad (todo esto puede ser visualizado en esta WEB); obligan a considerar, al margen de tentaciones localistas, que las áreas VII y VIII, deberían ser una sola y que la orientación del nuevo Hospital de Mieres – en construcción – debería hacerse con la idea de la complementariedad de una oferta de servicios a la población en la idea apuntada por Juan Luis Rodríguez Vigil: «No puede ser un hospital general como se pretende hacer (refiriéndose al nuevo Hospital de Mieres); sería más sensato, por ejemplo, un centro de especialidades quirúrgicas de alta resolución»…  

Este debate, en el que es primordial la participación de los ciudadanos y de sus representantes, no debería posponerse más, y menos aún repetir errores pasados obviándolo o usurpándolo… gestores, profesionales y representantes de los trabajadores deben participar del mismo, como no, pero en sus justos términos.

Por Vicenç Navarro...

Qué debería hacerse para salir de la crisis y qué no se hace

La “crisis” es la excusa para, por fin, poder reducir el estado del bienestar y desregular los mercados de trabajo y, con ello, debilitar a los sindicatos, y así conseguir una disminución de los salarios. (...) Es importante ser consciente de que las mismas voces neoliberales utilizaron los mismos argumentos antes de que se presentara la crisis.

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LO QUE DEBERÍA HACERSE

Existe hoy en el mundo un grave problema. La tasa de crecimiento económico de EEUU y de la Unión Europea (UE) -que representan la mitad de la economía mundial- ha descendido de una manera muy notable. En realidad, ambos continentes tuvieron, incluso, un crecimiento negativo del cual se están recuperando muy lentamente, primero EEUU y ahora los países de la UE-15. El crecimiento en este último grupo de países es muy bajo, bastante menor que el de EEUU, aunque éste tampoco puede echar campanas al vuelo todavía. En Mayo se crearon sólo 20.000 nuevos puestos de trabajo en EE.UU., comparados con los 217.000 del mes anterior. En cambio, varios países en vías de desarrollo están creciendo de una manera muy acentuada, y el que más crece es China, nada menos que un 8,7% al año (en 2009). China, pues, es el que crece más y muy por detrás está EEUU, y bastante más atrás está la UE.

¿Por qué este gradiente de crecimiento? La respuesta es fácil de ver y tiene dos componentes. Uno es el estímulo económico y la forma en que se está realizando tal estímulo. China se gastó el 8% del PIB en inversiones públicas encaminadas a crear empleo. EEUU un 5%, con un tipo de estímulo que favoreció la creación de empleo público y privado. En cambio, en la UE el estímulo fue mucho menor (2,3% del PIB) y consistió predominantemente en rebajas de impuestos que tienen escaso impacto en la creación de empleo. En EEUU, voces influyentes como la del consejero económico del presidente Obama, el Sr. Larry Summers, están pidiendo ahora un segundo estímulo de 200.000 millones de dólares (los sindicatos –AFL.CIO- están pidiendo 400.000 millones de dólares). En la UE, en cambio (aunque sea difícil de creer), se está reduciendo el gasto público, lo cual es una larga nota de suicidio económico. Pero como las economías no mueren (es decir, no se colapsan), a no ser que alguna fuerza las empuje para que se caigan y sean sustituidas por otro sistema (lo cual no es probable que suceda), entonces lo que probablemente ocurrirá es que crecerán muy poco con un sacrificio generalizado entre las clases populares. Por cierto, es posible que esto ocurra también en muchos países presionados por el FMI, el mayor portavoz neoliberal, que está imponiendo recortes muy sustanciales de los gastos públicos, condenando –como lo denuncia un informe reciente de UNICEF- a la miseria a aquellos países (ver la segunda parte de este artículo).

El otro componente de la respuesta es que el grado de recuperación de un país depende del grado de control que el estado tenga sobre el capital financiero. A mayor control, mayor recuperación. El estado chino controla el sector financiero, mientras que en la UE, es al revés, el sector financiero parece controlar los estados. Lo que debiera hacerse es que el estado controlara al sector financiero. Sin que ello ocurra, es difícil predecir una rápida recuperación.

Lo que estoy diciendo es obvio, pero que sea obvio no es garantía de que se haga, pues hacerlo implica una voluntad política de enfrentarse al capital financiero, que es a lo que los políticos de la UE no se atreven. En su lugar, sacan agallas y se enfrentan con los más débiles. Lo que Joseph Stiglitz ha definido como enfermiza obsesión europea con los mercados laborales, quiere decir que el capital financiero continúa muy fuerte y el mundo del trabajo continúa muy débil en los países de la UE. Ahora bien, tales reformas no tendrán ningún impacto sobre la disminución del empleo -el mayor problema de la UE-. Todo lo contrario, lo perjudicarán.

LO QUE REALMENTE ESTÁ OCURRIENDO EN LA UE

Estamos viendo que en España y en la Unión Europea se están desarrollando las políticas neoliberales que los grandes grupos empresariales y financieros han deseado que se realizaran durante muchos años y que, ahora, aprovechando la crisis (que las empresas financieras crearon), están presionando a los estados para que éstos las impongan a las clases populares. La “crisis” es la excusa para, por fin, poder reducir el estado del bienestar y desregular los mercados de trabajo y, con ello, debilitar a los sindicatos, y así conseguir una disminución de los salarios. Para alcanzar lo primero –la reducción del estado del bienestar- se está utilizando el argumento de la disciplina fiscal, que para ellos significa la eliminación del déficit fiscal del estado y la disminución de su deuda pública a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social). Para alcanzar lo segundo (debilitar los sindicatos y bajar los salarios), se subraya la necesidad de aumentar la competitividad a fin de poder estimular la economía mediante las exportaciones de los productos nacionales. En este esquema, las voces neoliberales –que solían utilizar a Estados Unidos como su punto de referencia- ahora toman a Alemania como modelo, presionando para que los países de la UE copien sus medidas. En aquel país, las rentas del trabajo han disminuido muy acentuadamente a costa de un exuberante crecimiento de las rentas del capital, basadas en la banca y en las empresas exportadoras.

Estas medidas neoliberales se presentan como necesarias para salir de la crisis. Sin ellas, supuestamente, los países de la UE –incluyendo España- no saldrán de la crisis en la que se encuentran. Es importante ser consciente de que las mismas voces neoliberales utilizaron los mismos argumentos antes de que se presentara la crisis. Si leen, como yo hago, los documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y del Banco de España, así como los informes de la OCDE y de la patronal española, verán que estas recetas neoliberales se han estado implementando desde los años ochenta. Sus documentos son extremadamente previsibles. Leído uno, leídos todos. Todos han estado diciendo lo mismo. El último documento es un informe del Deutsche Bundesbank que no tiene desperdicio. Dice que, a no ser que tales políticas se apliquen, la economía europea se hundirá. Y promueven, una vez más, las políticas neoliberales, con el respaldo del FMI. Parece que, por fin, lo han conseguido.

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL FMI Y DE LA UE

La Unión Europea –dominada por la banca alemana y la banca de los otros países del centro de la UE-15-, asistida por el Fondo Monetario Internacional, ya ha estado aplicando estas políticas desde hace años en los países bálticos como condición para ser admitidos en la eurozona. Los resultados han sido desastrosos. Se calcula que el PIB de estos países se reducirá un 20% desde que tales reformas se iniciaron en 2007. Ningún país (desde que EEUU perdió el 25% de su PIB durante la Gran Depresión) ha experimentado una situación semejante. El FMI asume con excesivo optimismo y falta de realismo que tales economías se recuperarán. Pero incluso utilizando sus proyecciones, reconocen que en Lituania el PIB será en 2014 un 7,1% más bajo que el del año 2007; en Estonia un 9,1%; y en Letonia un 14%. Mientras, en todos ellos el desempleo se ha disparado y está entre el 15% y el 20%. Estas recetas, por cierto, han dado siempre los mismos resultados en todos los países en que se han llevado a cabo. Latinoamérica es el continente que más las ha sufrido como consecuencia de que el FMI impuso sus recetas a un gran número de países, siendo los casos más conocidos los de Argentina y Bolivia. En aquellos países la intervención del FMI determinó un descenso del PIB y un aumento espectacular de la pobreza. En realidad, estos casos son ejemplo de políticas enormemente impopulares, por ser dañinas para los intereses de las clases populares, siendo a la vez, sumamente ineficientes. De ahí el enorme desprestigio del FMI (que llegó a cuestionarse incluso el valor de su permanencia) y el surgimiento de gobiernos de izquierda, que prácticamente expulsaron al FMI de sus países. Argentina, con el gobierno Kirchner en 2001, cambió radicalmente sus políticas económicas, abandonando las políticas neoliberales del FMI, y en lugar del desastre que el FMI había vaticinado, después de seis meses desde el inicio de políticas keynesianas, creció un 9% durante los siguientes seis años. En 2008 la economía argentina había crecido enormemente, habiendo aumentado su tamaño un tercio de su volumen.

Una situación semejante ocurrió en Bolivia, donde el gobierno Morales cambió radicalmente de políticas, pasando de políticas neoliberales a políticas tradicionalmente expansivas de gasto público, nacionalizando a la vez el gas y el petróleo. Bolivia es hoy uno de los países con mayor crecimiento en América Latina.

¿Por qué estas políticas neoliberales tan nocivas continúan proponiéndose? La explicación que se ha dado con mayor frecuencia es la persistencia de un dogma –el dogma neoliberal reproducido en el Consenso de Washington y su versión europea, el Consenso de Bruselas- en los forums financieros y las instituciones políticas que influencia. Pero la pregunta que debe hacerse es por qué esta ideología continúa promoviéndose. Y la respuesta es obvia. Estas políticas se continúan implementando porque sirven a los intereses de las clases financieras y empresariales. El hecho de que consideren que la reducción del déficit y de la deuda es el objetivo más importante de sus políticas es porque la reducción de la protección social y el elevado desempleo debilita enormemente a la clase trabajadora, y les refuerza a ellos, aumentando sus beneficios. Como consecuencia de las políticas neoliberales, las rentas del capital han aumentado alcanzando niveles sin precedentes y las rentas del trabajo han descendido. Y esto es lo que cuenta para ellos. Todo lo demás es secundario.

Pero para poder hacerlo, necesitan presentar tal práctica como necesaria, siendo asistidos en esta labor por instituciones neoliberales que configuran la sabiduría convencional económica, promovida en la mayoría de medios de información y persuasión, ocultando a la vez realidades bochornosas que muestran no sólo sus incompetencias sino también sus incoherencias. El FMI, que está imponiendo a los países enormes sacrificios salariales y grandes reducciones de los beneficios sociales (tales como retrasar la edad de jubilación) paga a sus funcionarios salarios astronómicos (a pesar de sus claras deficiencias), permitiéndoles que se jubilen a los 51 años (si, lo ha leído correctamente, 51 años) pagándoles pensiones que sobrepasan los 100.000 dólares estadounidenses. No hace falta añadir más comentarios.

Vicenç Navarro - Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Una vez más, las archiconocidas recetas de Juan Luis

CURSOS DE LA GRANDA.

Rodríguez-Vigil pide una reforma profunda en el sistema sanitario

"El copago en algunos sectores podría ser una solución", sostiene.

15/07/2010 SHEYLA GONZALEZ GARCIA, en La Voz de Asturias.

Juan Luis Rodríguez-Vigil, vocal del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, planteó ayer en La Granda su reforma sanitaria en Asturias, dentro del curso Las reformas pendientes . Este cambio que propone se basa en modernizar el sistema y adaptarlo a la situación actual del país, aunque "modernizar en esta región significa tocar intereses creados en cada sitio", comentaba Vigil.

Además, propuso cambios en el sistema de organización territorial pues "se requiere una profunda reforma en su funcionalidad", pero, para que eso se pueda llevar a cabo, el vocal pide unión entre los diferentes partidos políticos. "Deben dejar de lado la batalla, tienen que ponerse de acuerdo en cuales son los alineamientos básicos de la sanidad y a partir de ahí modificar", afirmaba. Rodríguez-Vigil propuso también el copago en algunos aspectos de la sanidad, no en todos porque "el copago es caro de hacer". Pero sí lo plantea para sectores como el de los fármacos, "porque es fácil de hacer y es un ámbito donde existe un porcentaje de fraude muy elevado", comentaba.

Aunque pide un copago que evite las avalanchas en determinadas áreas donde los médicos "están realizando tareas de asistenta social y eso no es aceptable", pero no un tipo de copago para recaudar porque "pueden salir más caros que el sistema actual". Vigil recuerda que el copago es "un tipo de impuesto más", cómo los que se pagan ya actualmente.

Junto a Rodríguez-Vigil, estuvo presente ayer en La Granda Mariano del Castillo Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Formación profesional y director de CECE, quien trató el tema de la reforma educativa en España.

Vigil plantea establecer un copago farmacéutico proporcional a la renta para costear la sanidad

El ex presidente considera a Javier Fernández «el mejor candidato posible» y afirma que no volvería a la política

La Granda (Gozón),Félix VALLINA, para La Nueva España
Si la sanidad asturiana necesitaba un repaso, el ex presidente del Principado y ex consejero del ramo, Juan Luis Rodríguez-Vigil -ahora vocal del Consejo Consultivo del Principado- la puso patas arriba durante su intervención de ayer en los cursos de La Granda. Hizo una radiografía completa de la situación entrando a fondo en cada detalle y puso sobre la mesa las medidas que él considera necesarias para sostener el sistema sanitario actual sin que sea devorado por la crisis. Para Vigil, una de las más urgentes es, sin duda, la implantación del sistema de copago farmacéutico en función de la renta de cada persona. «El riesgo de deterioro del sistema público sanitario, en estos momentos, es muy grande. No hay más remedio que establecer el copago farmacéutico para sostener el sistema y que el ciudadano no pierda servicios. No tiene sentido que haya personas pagando los medicamentos con 1.000 euros de renta y que algunos jubilados que cobran 1.800 no lo estén haciendo», señaló. Vigil considera, sin embargo, que establecer el copago para determinados servicios sanitarios «no es tan fácil porque habría que poner en marcha un mecanismo de recaudación que podría incluso salirles más caro a las administraciones. Pero el copago farmacéutico es de fácil gestión».

El ex presidente regional sostiene que la estructura territorial, la distribución de los servicios sanitarios en Asturias, no es la correcta y se ha quedado obsoleta. «La estructura territorial la hice yo en 1984 en función de las comunicaciones que había en aquella época. Actualmente te pones en Oviedo en una hora desde casi cualquier punto de Asturias», argumentó. Como ejemplo, puso el hospital de Mieres. «No puede ser un hospital general como se pretende hacer; sería más sensato, por ejemplo, un centro de especialidades quirúrgicas de alta resolución». También ve necesario un cambio de filosofía organizativa. «Hay que acabar con tanta burocracia, favorece al vago y no estimula a aquellos que trabajan en innovación». Además, asegura que hay que acentuar el carácter profesional de la gestión sanitaria. «El control deben llevarlo aquellos que sepan de qué va el tema; no debería politizarse la sanidad», recalcó.

Juan Luis Rodríguez-Vigil también dejó caer la posibilidad de crear un «cluster» para vender productos sanitarios, «porque hay una buena red de distribución que hay que aprovechar», y animó a «luchar contra los fraudes que se cometen contra la Seguridad Social». Rodríguez-Vigil también tuvo tiempo para valorar la «supuesta» candidatura de Javier Fernández a la Presidencia del Principado. «Me parece el mejor candidato posible». ¿Volvería a ser consejero si se lo ofreciera? «Ya soy muy viejo; ni en broma», contestó.

Por José María Zufiaur

De huelgas y otros hechos salvajes

Con motivo del incumplimiento, parcial en el tiempo, de los servicios mínimos en la huelga del metro de Madrid hemos asistido a una ofensiva antisindical de una rudeza y salvajismo que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Una ofensiva protagonizada por algunos líderes políticos de la derecha...

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...como la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y la casi totalidad de los medios de comunicación. Un ataque que se ha beneficiado y cuya virulencia ha sido facilitada por la actitud contemplativa y hasta condescendiente del Partido Socialista, favorable al desgaste sindical ante la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno, convocatoria que, evidentemente, desea ver fracasada.

Las organizaciones sindicales siempre han sido muy prudentes a la hora de la realización de huelgas que afecten a servicios esenciales para la comunidad. En los países que, como España, están reguladas. Y en los que – la mayoría en la Europa-15 – no lo están. Por ejemplo, en las resoluciones del último congreso de la Federación General del Trabajo Belga (FGTB), celebrado entre el 2 y el 4 de junio de este año, se dice que “Sólo sindicatos libres, independientes y representativos pueden garantizar a los trabajadores la defensa de sus intereses. Para asegurar esta defensa, la FGTB da prioridad a la concertación social. Simultáneamente, exige la salvaguarda absoluta del derecho de huelga. Y, en este sentido, denuncia y combate las propuestas de servicios mínimos, tanto en el sector público como en el sector privado”.

Los sindicatos españoles mayoritarios no son partidarios de las llamadas “huelgas salvajes” que suponen la vulneración de la ley y que, en su práctica totalidad, suelen protagonizar organizaciones corporativas. De hecho, han sido UGT y CCOO quienes han terminado encauzando el conflicto del metro en la Comunidad de Madrid. Pero no es menos cierto que, en no pocas ocasiones, el conflicto mayor se produce, no ya sobre los intereses en litigio, sino sobre la fijación de unos servicios que en realidad son máximos, que consideran mínimo la práctica plena actividad y que suponen, de hecho, la anulación del derecho de huelga.

En 1993 se llegó a un acuerdo entre UGT y CCOO y el Grupo Socialista del Parlamento español sobre un Proyecto de Ley Orgánica de Huelga. Acuerdo en el que se delimitaban con precisión los derechos esenciales a proteger en caso de huelga, se definían los sectores afectados por ellos, las prestaciones indispensables a asegurar y los procedimientos para el establecimiento negociado, en cada sector de actividad afectado, de las reglas de comportamiento en caso de huelga. Era un proyecto que comprometía a las organizaciones sindicales en el conjunto de la ley y en la aplicación de los criterios que fueran a surgir de los acuerdos estables sectoriales. Y, en consecuencia, en el cumplimiento de los servicios mínimos pactados. Hacía, además, posible la existencia de códigos de auto-limitación sindical para evitar huelgas simultáneas en determinados servicios públicos de transporte o la realización de las mismas en días de vacaciones punta. La tramitación del proyecto de ley, emanado de aquel Acuerdo, prácticamente ultimó su recorrido parlamentario pero, antes de su ratificación final por el Congreso de los Diputados, el Presidente Felipe González adelantó las elecciones y el proyecto declinó. El propio González admitió en privado que la disolución de las Cortes estuvo motivada, en gran medida, para evitar la aprobación de la Ley. Norma que contaba con la oposición de la CEOE, del PP y de una gran parte del Gobierno, encabezada por el ministro Solchaga. Al final, llegaron a la conclusión de que la arbitrariedad que permitía la actual regulación les beneficiaba más que una regulación más precisa y comprometida.

En el caso de la huelga del metro de Madrid, el incumplimiento esporádico de los servicios mínimos ha venido precedido por dos incumplimientos no menos salvajes de la legalidad por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. En primer lugar se ha pretendido modificar, sin ninguna negociación con la representación de los trabajadores, el convenio en vigor. Lo que es tan salvaje como una huelga salvaje, sólo que lo antecede. Si la norma declara ilegal la huelga “cuando tenga por objeto alterar, dentro de su propio período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo” hay que colegir que esa misma ilegalidad, ese mismo comportamiento “salvaje”, es atribuible a la parte empresarial cuando pretende alterar unilateralmente el convenio. En segundo lugar, ha establecido unos servicios mínimos claramente abusivos que, como ha sucedido en tantas ocasiones, terminarán siendo rechazados por los tribunales dentro de algunos años, sin consecuencia ninguna para sus promotores.

El desmesurado ataque de las últimas semanas a los sindicatos contrasta, por otra parte, con otro tipo de comportamientos “salvajes” que apenas si merecen atención. Salvaje y antidemocrático es el conato de desacato del PP a la Ley del Aborto. Asilvestrada y poco acorde con la letra de la Constitución, que establece que todas las normas y poderes están sujetas a la misma y, por tanto, al control de legalidad del Tribunal Constitucional, resulta también la movilización de los poderes públicos de Cataluña contra la sentencia del TC.

De no menos salvaje cabe catalogar el que, conociendo el enorme fraude fiscal de nuestro país, el Ministerio de Economía y Hacienda se haya limitado a mandarles un cortés requerimiento a las mil quinientas personas de mayores ingresos del país con rebosantes cuentas opacas en Suiza, en lugar de poner el caso en manos de la inspección tributaria y de la fiscalía anticorrupción. Salvaje parece, igualmente, que los contribuyentes que cobran 60.000 euros al año tengan el mismo tipo marginal que los consejeros de las grandes empresas que perciben 600.000 o más. O que las tres últimas reformas fiscales (dos del PP y una del PSOE) representen, en su conjunto, un coste anual de 12.000 millones de euros. Sorprendente es, así mismo, que un gobierno conservador, como el del Reino Unido, suba la imposición sobre las rentas del capital del 18% al 28% y que el gobierno socialista de nuestro país diga, por el contrario, que no toca y cargue el ajuste sobre los funcionarios y los pensionistas. Poco acorde con la cohesión nacional parece, a su vez, que sean algunas Comunidades Autónomas, y no una reforma en el ámbito del Estado, quienes suban el impuesto del IRPF a las rentas altas. Estableciendo, de esta manera, presiones fiscales diferentes entre cada Comunidad y quebrando la política redistributiva interterritorial.

De no dar crédito es que, debido a la crisis provocada por la voracidad del sistema financiero y la irresponsabilidad de los supervisores, se hayan perdido 8 millones de empleos en Europa, de los cuales 2,4 millones en España – y otros cinco millones que prevé se pierdan en la UE un estudio del Partido Socialista Europeo (A progressive way out of the Crisi. Recovery vs.Austerity:PES strategy to resolve the dilemma) con las medidas de recorte que se están llevando a cabo – sin que ello en absoluto tenga que ver con la regulación laboral y que, como “compensación”, se apruebe en nuestro país una norma que abarata y facilita de manera insensata y darvinista el despido de los trabajadores.

Alucinante resulta, de igual manera, que, emulando el autismo del Presidente del Gobierno sobre la crisis, el Banco de España haya pasado dos años ocultando los problemas de nuestras entidades financieras. Dando lugar de esta forma a que surgieran empresas y bancos zombis, con graves dificultades económicas que, aunque traten de mantener una apariencia de normalidad, no pueden funcionar correctamente, lo que ha extendido la desconfianza nacional e internacional hacia el conjunto de nuestro sistema financiero y, a su vez, ha estrangulado la actividad económica. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de señalar que “las empresas deben reflejar el impacto real de la crisis”, que “los supervisores carecen de toda la información necesaria para poder llevar a cabo su función de vigilancia”, que “es necesaria la transparencia de los productos financieros, especialmente de los no profesionales”, que “sin estar seguros de que las cuentas de las empresas reflejan los efectos reales de la crisis sobre resultados y patrimonio es imposible recuperar la confianza”, que “la mayor parte de las transacciones financieras se realizan en mercados no regulados ni supervisados”. Y también atacó duramente a las agencias de calificación y organismos similares. Mientras dedican sus energías e influencias a la reforma laboral, los “supervisores” son incapaces de regular el sistema financiero, o directamente carecen de la voluntad de hacerlo.

No menos escandaloso es que el 40% de los trabajadores españoles a tiempo completo tengan salarios – con datos de 2007, antes de la crisis - que no superan dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 69,7% no superen tres veces dicho SMI. Al tiempo que las retribuciones de los gestores de las empresas españolas se sitúan a la cabeza de lo que cobran sus homólogos en la UE. Por no hablar de sus salvajes superpensiones. O que, pese a la más que moderada subida de los salarios pactada por los sindicatos en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en febrero de 2010 y con una vigencia de tres años, a fecha de hoy los convenios estén paralizados y sólo se hayan registrado un 45% de convenios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, las cláusulas de revisión sólo están incorporadas en un 40% de tales convenios, mientras que lo habitual es que se incorporen en más del 70% de los convenios. ¿Sería salvaje que los sindicatos amenazaran con poner, en estas circunstancias, en cuestión dicho Acuerdo, en la misma línea de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con el convenio del Metro?

En fin, la lista de salvajadas podría prolongarse muchas páginas. Pero seamos positivos: afortunadamente todavía nos quedan los sindicatos y “la roja”.

José María Zufiaur - Representante de UGT en el Comité Económico y Social Europeo

Por RODOLFO BENITO VALENCIANO

Huelga general el 29-S: son muchas las razones

La reducción del paro registrado en el mes de junio confirma que es la actividad económica y no las Reformas Laborales lo que influye en la evolución del empleo, ya que aquella fue convalidada por el Parlamento el 22 de Junio...

NUEVATRIBUNA.ES

...Cierto es que el dato del paro registrado tiene un alto componente estacional; componente estacional, no obstante, que no se produciría si no repuntara la actividad económica.

Lo que también pone de manifiesto el dato de paro registrado en el mes de junio, es la altísima temporalidad, producida en muy buena medida por el citado componente estacional, aunque también por la cultura de la temporalidad injustificada que anida en determinados segmentos empresariales.

Por tanto de nuevo hay que afirmar que la crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. En todo caso la relación es inversa y el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de las crisis.

Pero lo que la Reforma si va a traer, de no modificarse tal y como se viene reaclamando desde los sindicatos, es un incremento de los despidos, eso sí, con un menor coste, así como el mantenimiento, cuando no crecimiento, de la temporalidad injustificada. Por cierto, de las anteriores reformas laborales impuestas, todavía hoy, sus autores, no han hecho balance.

Y habría que realizarlo, pues de las reformas impuestas del 84, 94, 2001 y 2002, vienen los altos niveles de temporalidad que hoy tiene nuestro mercado laboral, los mecanismos de ajuste que se producen vía empleo, en momentos de dificultades como el actual, el despido Express…, en definitiva todas aquellas cuestiones como la precariedad laboral y otras, que han terminado por estabilizar y “normalizar” lo que estaba destinado a ser inestable y coyuntural, ante las que hoy, ciertos sectores se echan las manos a la cabeza, y que sin embargo en todos y cada uno de aquellos momentos las aplaudían bajo el mismo argumentario: “las rigideces del mercado laboral están en la raíz…”.

Son aquellas reformas, como lo será ésta, de no modificarse, las que han contribuido a apuntalar los rasgos diferenciales que han caracterizado el patrón de crecimiento en España, con respecto a los países centrales de la Unión Europea, tanto en términos de estructura productiva como de mercado de trabajo, que han producido una estrecha relación entre una tendencia a la especialización productiva del crecimiento en actividades con bajos niveles de innovación y productividad y la segmentación de los mercados de trabajo.

Y es que, aunque sea reiterativo, conviene repetir una y cien veces, que en relación al mayor impacto que la crisis ha tenido en España en términos de destrucción de empleo y aumento del desempleo, que algunos imputan a las disfunciones del mercado de trabajo, las causas ni están, ni estarán, en la regulación legal de las relaciones laborales, sino que son una consecuencia inexorable de la evolución del modelo productivo español y su mercado de trabajo en los últimos años.

Las respuestas no están ni en la reducción de los salarios de los empleados públicos, ampliado en el caso de algunas Comunidades Autónomas, como la de Madrid, a las empresas publicas, o en la congelación de las pensiones para 2011, o en los recortes en la inversión publica, como tampoco lo está en la reforma laboral. Las respuestas hay que buscarlas en las causas y no en los efectos, que hacen que en España, con una caída del Producto Interior Bruto incluso menor que el producido en la mayoría de los países de la Unión Europea, tenga una tasa de desempleo que, sin embargo, es muy superior.

La recuperación económica y el crecimiento vienen de otros factores, que son fundamentalmente económicos y que, en términos de empleo, han de orientarse a lo que es una prioridad en nuestro país: cambiar el modelo productivo.

La dirección correcta por tanto no es por la que esta circulando la política económica del gobierno, que decide una reforma que no tiene relación con el recorte del déficit ni con la contención del gasto público. Tampoco busca la recuperación económica. Se dirige a otro objetivo: abarata, facilita y subvenciona el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo, modifica de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción; no impide el fraude en la contratación temporal ni impone límites eficaces a la misma, rompe el sistema de negociación colectiva sectorial a través de su inaplicación en las empresas que aleguen dificultades económicas, da un impulso a la precarización a través de las ETTs en varios sectores sensibles y de riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y liberaliza las agencias privadas de colocación. No esta en definitiva en la raíz del diferencial que en materia de desempleo existe entre España y la Unión Europea.

Y es que es una nefasta orientación hoy igual que ayer la de asociar, flexibilidad negativa y mayor poder empresarial, con la creación de empleo.

Son muchas las razones para la huelga general del 29 de Septiembre, razones que tiene una estrecha relación con la lucha sindical, que es una continua dialéctica entre la defensa de los derechos y los espacios democráticos conquistados y el impulso a otros nuevos.

Cuando se atenta contra los derechos de los trabajadores, que con tantos sacrificios y esfuerzos se han conquistado, nos abocan a un serio conflicto social.

El sindicato es y va a seguir siendo un firme valladar frente a retrocesos, a la vez que un decidido impulsor de cambios para una mejor consideración social y profesional del trabajo, para la mejora de las condiciones sociales y laborales de la clase trabajadora.

Al igual que el movimiento sindical es consciente que su ámbito de actuación ha de trascender inevitablemente hacia el espacio supranacional, precisamente porque la descentralización de la producción no impide sino que favorece, que se siga centralizando el poder de decisión.

Rodolfo Benito Valenciano - Secretario Confederal de Estudios de CCOO, Presidente de la Fundación 1º de Mayo

La verdad del “recorte salarial” autonómico

A RAIZ DEL DEBATE DEL RECORTE EN LA J.G.P.A.

Mis más sinceras disculpas como sindicalista…

Es recomendable, siempre que se pueda, obtener la información de primera mano, ya que si no se hace así uno corre el riesgo de ser manipulado, intencionadamente o sin querer, por quienes interpretan – y lo hacen mal – lo que te trasmiten… ¡¡lo olvidé!!.

Este es el caso, sin ninguna duda, de lo acontecido en nuestra Comunidad Autónoma con el debate del recorte de nuestros salarios que se produjo en las sesiones plenarias de la Junta General del Principado de Asturias los días 5 y 9 del presente mes de Julio.

¿Se debatía allí realmente si podía o no haber dicho recorte adicional en los salarios al decretado por el Gobierno Central?

Categóricamente no. El recorte se iba a producir de todas todas.

Ningún grupo parlamentario, incluido el PP, cuestionó que dicha aplicación era obligatoria, luego lo único que se discutía era el cómo y, lo que es muy importante, si dicho ajuste iba acompañado de otras medidas como las acordadas de incremento recaudador vía impuestos … no sólo menos gasto, sino más ingresos.

Luego, lo que las organizaciones sindicales – todas – trasmitíamos a nuestros representados con la presencia en la calle era equívoco: teníamos la impresión de que si no pasaba el proyecto de Ley, no habría más merma retributiva que la que ya nos aplicaron en la nómina de junio… En consecuencia todos estábamos expresa o no expresamente, deseando que la posición del PP triunfara …

¡¡Sacro error!! Si se hubiera rechazado el proyecto de Ley, lo único que hubiera ocurrido es que a mí – que soy del grupo B – me hubieran descontado menos para pasar a subírselo a los de los grupos C, D y E. Porque todos tendríamos un recorte igual: el del 5% y no como ahora, dónde A y B estamos por encima para que los otros grupos puedan estar por debajo.

Entonces, ¿qué carajo pintabamos los sindicatos que tienen entre sus filas a trabajadores de los grupos C, D y E apoyando, sabiéndolo o sin saberlo, a los que sólo tienen trabajadores afiliados de los grupos A o B?... Porque esa era la triste realidad que se estuvo dando.

Las tentaciones populistas y el “analfabetismo funcional” que proliferan últimamente en el mundillo sindical de los empleados públicos, puede aún tener arreglo. Sólo hay que ir a escuchar de vez en cuando, y hacerlo dónde se produce la información de primera mano. En este caso a la tribuna de invitados de la Junta General del Principado.

Pero hay que ir a escuchar de verdad y no a desplegar pancartitas peligrosas con eslóganes como “democracia secuestrada” … Los que vivimos otros tiempos en este país veríamos en ello un claro llamamiento a otro tipo de regímenes no democráticos precisamente…

Menos mal que fui esos dos días a la Junta y escuché todo lo atentamente que pude, sino no podría quedarme lo a gusto que me quedo contándoos todo esto aquí y, de paso, pidiendo disculpas a todos aquellos trabajadores a los que represento y a los que induje a pensar que el recorte podría no producirse a nivel autonómico en función de ese debate y de que la Ley no prosperara… ¡¡No era así y ahora lo sé, disculpadme!!

Por JOSÉ LUIS PITARCH

Valencia, esperpento y cueva de Alí Babá

¡Querido y esperpéntico país!: cuando el pueblo echó a patadas a don Alfonso XIII, nació el partido monárquico Renovación Española. Y hoy el PP, con su estrategia sobre el Estatut catalán, deviene el mejor reventador de la España que pretenden. Gracias a ellos, puede que España acabe siendo no federal, sino confederal.

NUEVATRIBUNA.ES -

Servidor cree que España es por antonomasia el país del esperpento. A Valle-Inclán no se le queda atrás Forges con sus geniales viñetas como “Vótanos, vota trinque” o “Yo lo trincado no lo devuelvo, que lo sepas”, testimonios de primer orden de este tiempo. Esperpento, decimos, machihembrados lo grotesco y lo trágico, entre Don Quijote y Don Friolera. Quizá por eso nadie dimite ni se suicida, salvo Larra, que reventó de hastío y náusea, cuernos o mal de amores aparte. Y la Comunidad Valenciana se lleva la palma estos años, culminando por ahora con el esperpento de Orihuela/Alicante, de Ripoll y cia.

Pareciera que lo del cacique Fabra en Castellón, casi eternalmente imputado-sin-juicio por delitos infames en tan alto representante de los contribuyentes, era el súmmum, mas no. O lo del Presidente Camps, llamando a un alcapone de guardarropía “amiguito del alma” y “queriéndole un huevo”, más la esposa del presi protestando con la boca pequeña al mismo apache porque éste se pasaba muchos pueblos en sus regalos a la familia Camps, no devueltos por cierto. Mas ahora salta lo de la basura alicantina, en sentido real y alegórico. Todo lo cual semeja ya demasiado a aquello de Alí Babá etcétera.

El PP berlusconiano gobernante del río Sénia al Segura se supera, pues, a sí mismo, y, si Don Friolera aseguraba que en el cuerpo de carabineros no hay cabrones, aquí los populares postulan más o menos la absolución de la corrupción. Esto es, la conversión de la política en politicastrería. Como pantalla o tapadera construyen unas nuevas pirámides de Egipto (Oceanográfic, Ágora, nuevo puente de Calatrava, Museo de las Ciencias, Hemisfèric, Palacio de las Artes), que permiten suculentos contratos, muchos de ellos amañados para quien corresponde, pero miles de niños valencianos siguen estudiando en barracones porque no queda dinero para hacer sus escuelas (hay medio centenar “pendientes”).

Mas el presidente Camps --que en cualquier país europeo occidental habría dimitido hace año y medio-- se envuelve en la bandera valenciana, autoidentificándose con ella y sus tierras, se ampara en su amigo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, y proclama que él y la Comunidad Autónoma son mártires de persecución a cargo de fiscales, jueces como Garzón, policías expertos en delincuencia económica, interventores del Estado y funcionarios de Hacienda. Y quien más le consuela y defiende es la distinguida alcaldesa Rita, delincuente confesa del Artículo 426 del Código Penal (el mismo por el que va camino del banquillo el Sr. Camps), pues afirma que a ella también le regalan bolsos de tres mil euros. ¡Dios mío, la demagogia intentando desplazar al Derecho, o qué asesores jurídicos tendrá la alcaldesa! Lo que no dice Dª Rita es que Valencia acumula más deuda que Barcelona. Ni que el Vaticano anda cabreado por los enjuagues económicos que hubo a favor del Bigotes y Gürtel con la cobertura televisiva de la visita del Papa a cargo de TelePP, o sea, la TV pública autonómica sufragada con dinero de todos, fiel fámula de Camps y cia.

¡Querido y esperpéntico país!: cuando el pueblo echó a patadas a don Alfonso XIII, nació el partido monárquico Renovación Española. Y hoy el PP, con su estrategia sobre el Estatut catalán, deviene el mejor reventador de la España que pretenden. Gracias a ellos, puede que España acabe siendo no federal, sino confederal, el PP nos empuja a la senda de Bélgica y Canadá, ¡qué visión! ¡Ah!, y otro par de esperpentos supremos: el PP es el partido defensor de los trabajadores, lo ha dicho Dª Cospedal. Y el bragófilo don Vicente Sanz, hasta ayer nº 2 de la citada TV Valenciana, que coaccionaba a despojarse de sus más íntimas prendas a trabajadoras de la casa, pues gustaba de coleccionarlas, cuando al fin fue denunciado por varias de ellas e imputado judicialmente, no ha sido despedido, sino pasado a otro puesto de la casa y cobrando. (Este sujeto sonará a ustedes por su famoso “Estoy en la política para forrarme”, a la vera de Zaplana en Benidorm. ¡Cuánto debe saber, y qué miedo deben tener a que tire de la manta!).

Mas, volviendo a Orihuela y sus basuras, por desgracia no me sorprende casi nada de lo ocurrido. He estado allí varias veces el último año, y además tiene uno memoria. ¿Se acuerdan del Sr. L.F. Cartagena, ex Conseller con Zaplana, ex Vicepresident del Gobierno autonómico, que, siendo Alcalde oriolano, latrocinó más de ocho millones de pesetas, de las de hace dos décadas, de unas monjitas que las habían recolectado para obras sociales e, ignorantes de la condición de alguna marranalla con altas dignidades, se las entregaron a Cartagena para tales obras, mas éste las guardó en su bolsillo, y encima se hizo con facturas falsas de que las había destinado a tales obras de solidaridad con los más necesitados? (Aparte otras andanzas de dicho “juliánmuñoz” oriolano por las que le imputó el mismo Juzgado nº 3 del actual esperpento: ¿les suenan las cesiones de crédito, primas únicas, etc?).

Aunque lo peor es quizá el laberinto mental al que se lleva al ciudadano de a pie, no docto en lo jurídico (al poder no le interesa que el súbdito entienda de Derecho; si no, introduciría asignaturas de iniciación al Derecho en ESO y Bachillerato), la confusión a que se conduce a Juan/a Español/a. En lo que hay auténticos maestros, como tiburón G. Pons hablando mentidamente de ”detenciones ilegales” y afirmando que la policía suplantó al juez. O don Pío García el senatorial asegurando que Ripoll fue secuestrado. O el TSJ valenciano diciendo y desdiciéndose, tratando de desviar la atención del fondo del asunto. Por no hablar de los “comunicados” de la Diputación comandada por Ripoll.

A la ciudadanía hay que informarle de que la policía puede --y tiene obligación de-- detener y hacer preguntas al detenido sin necesidad de orden judicial, cuando haya barruntos de delito. Y de que el juez de Orihuela, ¡atención! había dicho a la policía especializada en la materia que “tomaran las medidas necesarias” (y es una policía muy cualificada que no suele cometer chapuzas), lo que incluye posibles detenciones. Y también les había ordenado que “acompañaran”, trasladaran a Comisaría a quienes tuviesen que declarar en ella (posteriormente, leídas por el juez estas declaraciones, les interrogaría de nuevo si era pertinente, ya en sede judicial). Además, el juez había informado a la policía de qué horarios tenía disponibles para dichas as declaraciones en juzgado, con arreglo a lo cual la policía trasladó las citaciones correspondientes. Me queda la duda, entre lógica y esperpéntica, de si el juez dejó la toma de declaraciones para el jueves porque el miércoles 7 jugaba España con Alemania.

En cuanto a los registros, ordenados por el Juez a la policía, se hicieron en presencia del Secretario judicial (lo cual calló, me parece, el TSJ). Todo, pues, fue legal y bajo control de Juez y Fiscalía Anticorrupción; y la Policía informó debidamente a Su Señoría de lo que iba haciendo. Pero, habiendo llegado a tal clímax la podredumbre del PP valenciano (recalificaciones urbanísticas fraudulentas, pelotazos, troceo de contratos para eludir controles legales, contratos sospechosos de la Generalitat con familiares del Vicepresident Cotino, del Conseller Castellano, etc, etc, más lo de Fabra, Camps, Ripoll...), en vez de sanear y purgarse de tanto miasma y gusanaje, para ser un partido de derechas “desente”, como decía Alfonsín, ¡a marear la perdiz!, a escabullirse del terrible fondo de la cosa, a decir que hay un Estado policial que acosa al PP (aunque Rajoy, Cospedal, etc tienen buen cuidado de no salir en fotos junto a Camps), a pedir que Rubalcaba comparezca, a no apartar a los imputados como hace el propio PP en otras Comunidades. Mas lo cierto es que Ripoll está imputado por cinco delitos graves, tiene que presentarse en el Juzgado periódicamente, y, tras tanto pedir separar del partido a las “manzanas podridas” (sic), ahora dice que él no dimite, y que no sabe nada del sumario. ¡Toma, porque es secreto!

En fin, en un país con tantas herencias aún de dictaduras y dictablandas (o, si quieren, en un cesto democrático construido y mantenido con tanto porcentaje de mimbres franquistas), y en particular en una Comunidad Valenciana donde nadie dimite ni se disuelven les Corts y se convocan Elecciones autonómicas, puede pasar casi de todo. Como que la C.V. sea la última de 17 en porcentaje de estudiantes de ESO que alcanzan el título correspondiente, o que el Presidente Camps siga sin recibir, cuatro años después, a las familias de los 43 muertos en el accidente de Metro por no haber balizas adecuadas.

José Luis Pitarch - Presidente federal de Unidad Cívica por la República