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PARTICIPACION

La portavoz del PSOE en el Congreso en una conferencia en la villa naveta invitada por la Agrupación Socialista Local…

La portavoz del PSOE en el Congreso en una conferencia en la villa naveta invitada por la Agrupación Socialista Local…

Rodríguez elogia la lucha de Asturias contra la ley del aborto

23.02.14 - JOSÉ CEZÓN | NAVA, en El Comercio.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, elogió ayer en Nava el papel de las mujeres asturianas frente a la polémica reforma de la Ley del Aborto que está impulsando el Gobierno de Mariano Rajoy. «Asturias, como en otras ocasiones, se ha colocado a la cabeza de la reivindicación», aplaudió la diputada, quien destacó que las mujeres de la región fueron las protagonistas del primer gran acto de protesta en Madrid. «Con una iniciativa muy local, como era el Tren por la Libertad, fueron capaces de movilizar a toda España», subrayó.

Rodríguez, quien ofreció una conferencia en la villa naveta invitada por la Agrupación Socialista Local, añadió que el polémico anteproyecto «no es una medida aislada en contra de la libertad y de la igualdad de las mujeres». Y apuntó la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, «que es mayor que la que sufrían hace dos años por la precarización en el mercado de trabajo». La reforma laboral conllevó, según sus datos, que la mujer cobre un 16% menos de media por hora trabajada y que se multipliquen por cuatro los contratos a tiempo parcial. «En Asturias, ocho de cada diez trabajadores a tiempo parcial son mujeres», dijo. En este contexto llegaría «una contrarreforma de la ley del aborto, que las mujeres de hoy en día no estamos dispuestas a tolerar».

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Todos votan lo mismo, pero no todos dicen lo mismo…

Todos votan lo mismo, pero no todos dicen lo mismo…

La Junta General exige la apertura del centro de discapacidad este año con gestión pública

Los cinco partidos respaldan una proposición no de ley en la que se demanda al Gobierno central inversión para acabar el complejo de Barros y equiparlo

22.02.2014, Oviedo, E. PELÁEZ, en La Nueva España.

Los cinco partidos con representación en la Junta General del Principado -PSOE, Foro, PP, IU y UPyD- aprobaron ayer instar al Gobierno central a que "garantice la financiación suficiente que posibilite tanto el remate final de las obras como la adquisición del equipamiento, lo que permitiría la apertura del centro Stephen Hawking de Barros a lo largo de 2014". La proposición no de ley respaldada por unanimidad, que fue presentada por el grupo parlamentario de IU, reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "respete el proyecto inicial" de las instalaciones langreanas, de forma que adquiera la consideración de "centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas y mantenga el previsto carácter público de su gestión".

A esta iniciativa se unió otro punto, propuesto por Foro, para emplazar al Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) a que realice gestiones con la Fundación Stephen Hawking para su "vinculación en el campo de la investigación y formación científica". La diputada de IU Noemí Martín expresó su preocupación por los plazos para la apertura del centro de discapacitados de Barros. "Según el cronograma inicial la apertura estaba prevista para finales de 2010 pero sigue cerrado", señaló, tras afirmar que la propuesta presentada fue trasladada por la Cumbre Social del Nalón. Para la parlamentaria de la coalición "no es de recibo que estemos en 2014, y, con más de tres años de retraso, no existan previsiones para concluir la obra".

Por eso, Martín abogó por demandar al Gobierno central que garantice la financiación para finalizar la obra, el equipamiento y "para que abra antes de final de este año ya que si no el edificio podría sufrir deterioro". Considera asimismo que dado el contexto de crisis económica "corremos el riesgo de que el edificio acabe convirtiéndose sólo en un centro de atención", dejando fuera la previsión inicial de fomento y desarrollo de estudios e investigaciones. El Gobierno central "tiene que respetar esos compromisos", remarcó Martín. La diputada de IU destacó que la apertura del centro supondría un "importante revulsivo económico para la cuenca del Nalón" ya que el Imserso calculó que se crearían 150 puestos de trabajo.

La parlamentaria de Foro Esther Landa resaltó en que pasaron más de seis años desde que el Ayuntamiento cedió los terrenos para construir el edificio. Dirigió sus críticas hacia el PP ya que, señaló, "ha heredado el proyecto y dejó pasar dos años utilizando con pretexto los problemas surgidos con la empresa constructora", que entró en concurso de acreedores antes de finalizar la actuación. El Gobierno central, dijo Landa, rechazó incorporar en el presupuesto de este año 2,5 millones que permitiría que el centro comenzase a funcionar. Estos problemas, comentó, "se podían haber evitado con una gestión eficaz del anterior Gobierno".

El PSOE reclamó que se "respete el proyecto inicial" del centro de discapacitados y se "cumplan los compromisos". La parlamentaria Nuria Devesa indicó que el Estado se haría cargo de la construcción, equipamiento y puesta en marcha de la instalación además de ser el titular y ocuparse de la gestión. Y al Principado le correspondería hacerse cargo del servicio de atención directa "de un máximo de un tercio".

"El director del Imserso aseguró que el centro no podría abrir en 2014 por la imposibilidad de contratar personal", manifestó Davesa, para añadir a continuación que obedece a "sus propios recortes". "El Principado y el Ayuntamiento de Langreo mantienen el compromiso con el centro, sólo falta el del Gobierno central", destacó Devesa.

Victoria Delgado, diputada del PP, indicó que el Gobierno central está "absolutamente comprometido" con la instalación. Hizo hincapié en que el centro de discapacitados "tendría que haber entrado en funcionamiento en 2010, cuando el Gobierno del Estado y del Principado eran del PSOE". "Estamos de acuerdo con la iniciativa en su integridad", aseguró la parlamentaria popular, que destacó que el Ejecutivo de Rajoy garantizó la financiación para concluir la obra y que su gestión será pública. Incidió en que la obra no ha concluido ante el proceso en el que entró la empresa.

El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, abogó por "exigir a la administración del Estado que mantenga esos compromisos porque no se ha pronunciado con claridad". "Hay incertidumbres que despejar", apuntó.

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Este domingo en Madrid: "Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión"

Este domingo en Madrid: "Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión"

La Manifestación saldrá a las 12:00 h. desde Sol por Cibeles hasta Neptuno…

La Marea Ciudadana vuelve a la calle un año después contra los recortes de libertades

La confluencia de luchas contra los recortes en servicios públicos vuelve a Madrid con una manifestación contra el retroceso en derechos y libertades.

Coincide con el 23-F como símbolo de un nuevo golpe de Estado: el de la troika

 

JAIRO VARGAS, Madrid, en Público.es

 

Han pasado exactamente 365 días desde que Madrid se tiñó de todos los colores que representan la lucha ciudadana por los servicios públicos y los derechos sociales. En un año "la situación no ha hecho más que empeorar", asegura Marea Ciudadana en el manifiesto con el que llama a una nueva movilización este domingo en Madrid.

 

Al deterioro en los servicios sanitarios y educativos y al aumento del desempleo y la pobreza en España se han añadido nuevos factores en los que esta coordinadora de las diferentes luchas ciudadanas ha puesto el foco: la Ley de Seguridad Ciudadana , conocida como Ley Mordaza, la limitación de la justicia universal y, por supuesto, la reforma de la ley del aborto.

 

"Hemos elegido el 23 de febrero por dos razones", explica a Público Julio Rodríguez, portavoz de comunicación de Marea Ciudadana. "Por un lado, por el aniversario del nacimiento de Marea Ciudadana con la multitudinaria manifestación del año pasado, y por otro, para relacionar la fecha del intento de golpe de Estado de Tejero con el nuevo golpe de Estado que padecemos ahora: el de la banca y la troika, que es el responsable de los recortes sociales que estamos sufriendo".

 

Rodríguez asegura que "hay un profundo recorte de libertades" y que el último que se añade a la funesta lista es la reforma de ley del derecho al aborto, que "priva a las mujeres de un derecho fundamental", sostiene. "Protestamos contra toda la legislación que viene sobre todo del Ministerio de Justicia, recortando libertades para prevenir y frenar una respuesta social a las políticas del Gobierno".

 

De Sol a Neptuno

La marcha partirá al mediodía desde la Puerta del Sol y terminará en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, "aunque la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no nos dejará ir más allá de la rotonda de Neptuno", afirma Rodríguez.

 

La convocatoria también pretende ser un preludio de las Marchas de la Dignidad que llegarán a Madrid el próximo 22 de marzo contra el paro, la pobreza y los recortes sociales convocada por el SAT, los Campamentos Diginidad de Extremadura y asambleas de parados del todo el Estado. "Una protesta que apoyamos y en la que también participaremos", apunta Rodríguez.

 

En esta nueva cita estarán presentes las mareas ya históricas, como a verde por la educación pública, la blanca por la Sanidad y, con más fuerza que nunca, la violeta en defensa de las reivindicaciones feministas y, sobre todo, del aborto libre y gratuito que el proyecto de Gallardón deja herido de muerte. Pero también contará con nuevos actores como los trabajadores de Coca-Cola, que se enfrentan a un ERE que afectará a más de mil personas y cerrará cuatro fábricas en el país. Vuelven los "Bomberos quemados" tras las últimos incidentes con la Policía Nacional. Se une la movilización contra el cierre del centro de transfusiones de sangre de la Comunidad de Madrid, que el Gobierno regional quiere regalar a la Cruz Roja para que saque beneficio de cada bolsa de sangre, pese a que han conseguido mantener sus puestos de trabajo con un encierro en el centro.

 

Muchos son los nuevos problemas que denuncian, pero también recuerdan otros de los cuales derivan la mayoría. "La democracia está secuestrada por los poderes y empresas trasnacionales, los llamados "mercados", las agencias de calificación, los especuladores financieros y la banca. Son ellos quienes dictan las políticas que empobrecen a millones de seres humanos", dice el manifiesto.

 

Pero también sacan pecho de las victorias logradas en el camino. La marcha atrás del Gobierno madrileño en la privatización de los hospitales, que "aunque la hayan parado los jueces, si no es por la movilización continuada de profesionales y usuarios, no habría sido posible", recuerda Rodríguez. O la lucha por la vivienda, representada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya campaña de escraches a diputados del PP ha sido calificada de "ejercicio de las libertades democráticas de manifestación y expresión" según los jueces.

 

"Los tribunales no están dando la razón al Gobierno, si no a los que se manifiestan. Por eso modifican las leyes para recortar nuestras libertades y nuestras formas de protesta", explica Rodríguez. Por ello, y con el lema "Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión", las mareas volverán a inundar las calles de Madrid y de decenas de ciudades del país este domingo.

 

Las mareas vuelven a reunirse el 23F contra el “golpe a la democracia” del Gobierno

El domingo habrá una manifestación en Madrid contra las últimas medidas impulsadas por Justicia e Interior, como la reforma del aborto o la Ley de Seguridad Ciudadana.

elboletin.com

 

Sanitarios, pacientes, profesores, estudiantes, ecologistas, sindicatos, activistas anti-desahucios e incluso el 25-S. Todos los colectivos y mareas están llamados este domingo 23 de febrero a reunirse de nuevo en Madrid para manifestarse contra el “golpe a la democracia” que ha asestado el Gobierno con sus últimas medidas, como la tan criticada Ley de Seguridad Ciudadana o la polémica reforma del aborto impulsada por Gallardón.

 

La convocatoria lanzada por el colectivo Marea Ciudadana Madrid ya corre como la pólvora por las redes sociales, donde Marea Blanca, Marea Verde, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), los extrabajadores de Telemadrid, IU, la Coordinadora 25-S y diversos colectivos anti-desahucios, entre otros muchos, se han sumado y llaman a acudir a la manifestación que comenzará a las 12 horas en la Puerta del Sol y que discurrirá por Cibeles para acabar en Neptuno, frente al Congreso de los Diputados.

 

Bajo el lema ‘Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión’, esta nueva Marea Ciudadana pretende volver a reunir a miles de personas en la calle, como ocurrió hace un año, para mostrar el rechazo a las últimas medidas “represivas” del Gobierno de Mariano Rajoy.

 

Concretamente, están en la diana la reforma del Código Penal y de la ley del aborto impulsadas por el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, y la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada que ha ideado Jorge Fernández Díaz desde el Ministerio de Interior.

 

Según el manifiesto elaborado por los convocantes, el 23F es una nueva oportunidad para “dar una respuesta ciudadana, democrática y pacífica, pero contundente, al grave recorte de derechos civiles y libertades que suponen las recientes medidas legislativas” del PP.

 

De esta forma, en la marcha se podrán oír consignas contra la reforma del aborto, la “ley más restrictiva de Europa” que privará a las mujeres de un derecho fundamental y de “decidir sobre su propio cuerpo”. Pero también contra la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ‘Ley mordaza’, porque “convierte al policía en juez y parte, anulando las garantías judiciales para reprimir la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la información”. “Hay una creciente criminalización de quienes protestamos”, en un intento del Gobierno “por blindar su injusto modelo socioeconómico liberal”, se queja colectivo Marea Ciudadana Madrid.

 

En su opinión, “desde el 23F del año pasado la situación ha empeorado” porque “aumentan la precariedad laboral y la destrucción de empleo, se vulneran derechos sindicales, y los servicios públicos son expoliados, mercantilizados, privatizados y vendidos a intereses especuladores”.

 

Hoy, como aquel 23F de 1981, “nuestra soberanía y nuestra democracia están siendo amenazadas, secuestradas por un sistema económico y político que da prioridad al pago de la deuda antes que a las necesidades de las personas”.

 

Por ello, Marea Ciudadana Madrid llama a salir de nuevo a las calles para demostrar que “la lucha da sus frutos” y que no se van a permitir más ataques a “nuestros derechos y libertades”.

 

CONVOCATORIA DEL FRENTE CIVICO:

Por nuestros derechos y libertades. Contra el golpe a la democracia. No a la represión.

Con estos lemas celebramos este año el aniversario de nuestra primera manifestación el #23F. Convocamos a todas aquellas personas que estén dispuestas a dar una respuesta ciudadana, democrática, pacífica al grave recorte de derechos civiles y libertades que suponen las recientes medidas legislativas, como la reforma del código penal, la ley de seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada y la ley del aborto. La que denominamos como “Ley mordaza” que convierte al policía en juez y parte, anulando las garantías judiciales, está dirigida a reprimir la protesta, la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

La ley Gallardón, la más restrictiva de Europa, priva a las mujeres del derecho al aborto, vulnerando sus derechos y libertades, una medida más en la estrategia patriarcal que pretende hacer retroceder la emancipación de las mujeres. Queremos denunciar la creciente criminalización de quienes protestan, en un intento por blindar su modelo social y económico neoliberal e injusto y acallar las voces de los desposeídos, de los que sufren los recortes, de quienes se ven privad@s de su sanidad, su educación, de su derecho al trabajo, a la vivienda, de la justicia, de los derechos sociales, civiles y ciudadanos.

 

Desde el 23 F del año pasado la situación ha empeorado. Rajoy prometió acabar con el paro en 2 años, pero no ha sido así, y millones de personas están en paro, aumenta la precariedad laboral y la destrucción de empleo y se vulneran derechos sindicales, a lo que contribuyen las sucesivas reformas laborales. Los servicios públicos son expoliados, mercantilizados, privatizados y vendidos a intereses especuladores. Como aquel 23F de 1981, nuestra soberanía y nuestra democracia están siendo amenazadas, secuestradas ahora por un sistema económico y político que supedita el pago de nuestra deuda (art 135 de la Constitución) a los intereses mercantilistas, especulativos y financieros, secuestrada por los poderes y empresas que dictan las políticas que empobrecen a millones de seres humanos, que destruyen el planeta y que hipotecan el futuro de generaciones enteras con una deuda ecológica inasumible.

 

Por último, hay que decir que esta crisis no es otra cosa que una estafa, que resulta más sangrante cuando observamos la opulencia de los capitalistas insultando nuestra pobreza. En un país en el que aumentan las desigualdades sociales y en el que los ricos son cada vez más obscenamente ricos y los pobres más pobres, tampoco se asegura que la justicia sea igual para todos cuando afecta a las élites del poder, o a altas instituciones, como demuestra la comparecencia de la hija del rey ante los tribunales. Los ciudadanos seguimos percibiendo que la corrupción tiene impunidad. Asistimos con indignación a la evidencia que el único condenado por el caso Gürtel, hasta el momento, es el juez Garzón y que el juez Silva va a ser represaliado por atreverse a encarcelar a Blesa. Queremos justicia que acabe con la impunidad de los represores y criminales del franquismo y la transición y que se apliquen las leyes y las recomendaciones internacionales, que instan a que se haga justicia. Este 23F, un año después, celebramos que la lucha da sus frutos.

 

Las últimas victorias populares demuestran que SÍ SE PUEDE. Las huelgas victoriosas de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza y del alumbrado municipal de Madrid y de la recogida basura de Alcorcón, la lucha de Gamonal que canceló unas obras especulativas al margen del pueblo, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconoce el escrache como un derecho democrático, el informe del Relator de la ONU pidiendo al estado Español que se juzguen los crímenes del franquismo, la movilización de la Marea Blanca que ha paralizado la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud… Además, en Madrid, se ha conseguido la anulación del “repago” sanitario y la dimisión del consejero Lasquetty, que celebramos con algarabía, y que será el primero de una larga lista de gobernantes que acabarán dimitiendo.

 

Estas luchas, y otras actuales como la de los trabajadores del centro de transfusiones, que están encerrados en defensa de una donación 100% pública, la de los trabajadores víctimas del ere de Coca Cola, la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo, o la de las Marchas de la Dignidad sobre Madrid del 22 de Marzo, entre otras, señalan el camino y alientan a seguir. Nuestros sueños serán sus pesadillas. Nuestra respuesta es y será la desobediencia civil y NOViolenta.

 

Desde la Marea Ciudadana de Madrid llamamos a la movilización de las ciudadanas y los ciudadanos POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES.

 

      No al golpe de estado financiero y político.

      No debemos, no pagamos.

      No a la reforma laboral.

      No a la mercantilización de la educación, no a la LOMCE.

      No al paro. No a la ley del aborto. No a la ley mordaza.

      NO A LA REPRESION POR NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES.

A nivel autonómico no habrá problema, tiempo hace que sabemos que el problema está en el gobierno central…

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IU exige la apertura del Stephen Hawking a lo largo del presente año

La coalición presentó una proposición no de ley en la Junta por el retraso de tres años que acumula el centro de discapacitados

Foto.- Angel González, portavoz del grupo parlamentario de IU.

18.02.2014, Langreo, J. VIVAS, en La Nueva España.

 

El portavoz del grupo parlamentario de IU, Ángel González, ha registrado una proposición no de ley ante la Junta General del Principado para exigir al Gobierno central la apertura del centro Stephen Hawking de Langreo a lo largo de este año. Asimismo, reclama que se respete el proyecto original para que las instalaciones adquieran la consideración de centro de referencia estatal para las personas con discapacidades neurológicas y mantenga el previsto carácter público de su gestión.

En la proposición, la coalición de izquierdas hace referencia a que el citado centro "lleva acumulados tres años de retraso respecto a su prevista puesta en actividad". Una demora que considera "inadmisible", ya que se han invertido "cerca de doce millones de euros". El equipamiento está prácticamente construido, tal y como señala, "y existe una apremiante necesidad de su entrada en funcionamiento para impulsar la investigación, tratamiento y atención a las personas con discapacidades neurológicas". El portavoz de IU también hace referencia en su escrito al proyecto original del centro Stephen Hawking, "que fue concebido como centro de referencia y centro de intervención directa". En el primer caso, tal y como señala, "el centro estaría dirigido al fomento y desarrollo de estudios e investigaciones a la formación especializada y a la difusión de información y conocimientos relativos a las personas con discapacidades de origen neurológico". En el segundo de los casos, "ofrecería atención especializada a personas con discapacidades ocasionadas por trastornos neurológicos, a sus familias y a personas cuidadoras, además de promover programas de autonomía personal y de prevención de la dependencia".

En su opinión, el centro Stephen Hawking "vendría a cubrir una importante laguna en la atención a las personas con lesiones medulares, daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica". También destaca en el escrito, "constituiría un importante revulsivo económico para la cuenca del Nalón en el contexto de la aguda crisis que se está padeciendo".

De contar con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, la Junta General del Principado instaría al Consejo de Gobierno a dirigirse al Ejecutivo central para que garantice la financiación suficiente, tanto para rematar las obras como para adquirir el equipamiento, "lo que permitiría la apertura del centro a lo largo de este año".

 

IU defenderá una iniciativa para que Sanidad abra este año el centro Stephen Hawking

18.02.14 - M. V. | LANGREO, en El Comercio.

 

El grupo parlamentario de IU en la Junta General pedirá el viernes en el Parlamento asturiano el apoyo de las fuerzas políticas a su proposición no de ley, en la que insta al Consejo de Gobierno del Principado a que se dirija al Ejecutivo nacional para que éste garantice financiación suficiente con el fin de rematar las obras y abrir el centro Stephen Hawking de Langreo a lo largo de este año.

 

La coalición solicita también que el gobierno de Rajoy respete el proyecto inicial del centro y, en consecuencia, adquiera la consideración de Centro de Referencia Estatal para las Personas con Discapacidades Neurológicas y mantenga el carácter público de su gestión, como estaba previsto.

 

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"Vulnera la capacidad de decisión de la mujer y coarta su libertad sexual y reproductiva", se afirma con razón…

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Asturias exige a Gallardón que retire su ley del aborto porque "coarta libertades"

El Tribunal Constitucional asegura que ya tiene estudiados los dos recursos a la norma de 2010 y deja entrever que el fallo será inminente

 

17.02.2014, Oviedo, E. G., en La Nueva España.

 

El Tribunal Constitucional (TC) está a punto de dictar sentencia en torno a los dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010. Según el alto tribunal, el procedimiento "se encuentra concluso" a la espera de que se señale fecha de votación y fallo.

 

El TC acaba de confirmárselo al diputado asturiano de IU Gaspar Llamazares. La noticia tiene trasfondo porque se especulaba con la posibilidad de que el Constitucional aplazara sine díe las discusiones sobre esos dos recursos -presentados en 2010 por el Partido Popular y por el Gobierno de Navarra- ante la cercanía de una nueva ley destinada a derogar la anterior. No va a ser así.

 

Llamazares había remitido el pasado 29 de enero una carta al presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, interesándose por la tramitación de esos dos recursos y le solicitaba "encarecidamente" que se "agilizara" la sentencia para evitar que se convierta en "papel mojado" si ésta llegara con posterioridad a la aprobación de la nueva ley.

 

En paralelo, el Gobierno de Asturias envió ayer al central un contundente informe en el que expresa "su rechazo frontal" a la llamada "ley antiaborto". Una ley que, a juicio del consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, quien se encargó de defender el informe asturiano ayer, "vulnera la capacidad de decisión de la mujer y coarta su libertad sexual y reproductiva".

 

Asturias pone sobre la mesa algunos datos a modo de argumento. En 2012 un 52% de las mujeres que recurrieron al aborto en la región tenía hijos a su cargo, un 44% no disponía de trabajo remunerado, un 30% no estaban emancipadas y vivían en la casa familiar paterna y un 28% eran mujeres inmigrantes.

 

La malformación fetal

El informe asturiano le recuerda al ministro Ruiz-Gallardón que "existen evidencias de que ni la prohibición ni la regulación inciden de forma apreciable en la cantidad de abortos que se practican", pero añade que una ley restrictiva sí afecta a las condiciones en las que se llevan a cabo, con claro perjuicio de las clases menos favorecidas.

 

Asturias envía el informe a petición del propio Ministerio de Justicia, que prefirió esa fórmula para evitar una convocatoria interterritorial con los consejeros de las diecisiete autonomías, una alternativa bastante menos cómoda para el Gobierno y el PP, que tiene en sus filas no pocos críticos con la reforma.

 

La decisión del Gobierno central de "no incluir entre los supuestos despenalizados el aborto por malformaciones fetales" es atacada desde Asturias porque "aumenta el sufrimiento de las mujeres, dilata innecesariamente una situación dramática y puede provocar graves repercusiones psicológicas, económicas y sociales en las familias afectadas". Un 85% de los españoles desea que la ley permita la interrupción del embarazo en caso de malformación congénita del feto, según una encuesta publicada ayer por un diario nacional. Un 84% rechaza que se permita abortar a las menores sin consultar antes con sus padres, como prevé la ley vigente.

 

 

BIRGITTA OHLSSON / Ministra sueca de Asuntos Europeos

“La ley del aborto es un gran atraso para la mujer”

La ministra sueca considera vergonzoso que en 2014 haya países en la UE que restrinjan derechos fundamentales de las mujeres

Ana Carbajosa, Zúrich, en El País.

 

La propuesta de reforma de la ley del aborto del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón indigna a Birgitta Ohlsson, la ministra sueca de Asuntos Europeos. Miembro del partido liberal, que gobierna en coalición con los conservadores, Ohlsson considera “el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo un derecho humano básico”. Y sostiene, en una entrevista telefónica, que la ley española, de aprobarse, supondría “un gran retroceso para los derechos de la mujer”.

 

Pregunta. ¿Qué reacciones ha suscitado entre los foros europeos la reforma del aborto española?

Respuesta. Es importante darse cuenta de que en la Unión Europea ya tenemos países como Malta, Polonia o Irlanda con leyes restrictivas del aborto. Yo creo que es vergonzoso que en 2014 tengamos países en la UE que restrinjan los derechos fundamentales de las mujeres. Pienso sin embargo que en el caso de los tres países que he citado antes, hay un debate muy vivo y creo que en el futuro adoptarán leyes más abiertas.

 

P. ¿Y en el caso español? La evolución en España parece ser la contraria.

R. Portugal despenalizó el aborto en 2007 en medio de una fuerte presión internacional. Por eso es muy importante que las políticas y las feministas europeas ejerzan presión ahora. En 2010, cuando España liberalizo su ley fue un motivo de alegría internacional y fue muy aplaudida en Europa, por eso estoy tan decepcionada con la decisión del Gobierno actual.

 

P. ¿Piensan tomar medidas en los foros internacionales?

R. Yo no estoy a favor de una ley europea sobre el aborto. Creo que cada país debe tener la suya, porque si no, supondría un retroceso para muchos países. Pero eso no quiere decir que no debamos intervenir en países con leyes restrictivas. Creo que hay mucho margen de actuación. Esta misma semana le he transmitido mi profunda preocupación en Bruselas a mi homólogo español, Iñigo Méndez de Vigo. Me ha explicado que la ley no está terminada y por eso creo que las asociaciones de derechos humanos y de la mujer están a tiempo de cambiar los términos del debate. Si se aprueba el proyecto actual, supondría un gran retroceso para los derechos de la mujer en España.

 

P. ¿Por qué es tan importante el derecho a decidir?

R. Para mí, el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo es extremadamente importante, es un derecho humano. Se enmarca además en las políticas de igualdad, que forman parte del discurso europeo. Nuestra experiencia nos dice que si no se permite el aborto de forma legal, las mujeres no dejan de abortar. Simplemente se ven obligadas a hacerlo de manera ilegal y en condiciones poco seguras.

 

P. En España el derecho a decidir es una cuestión muy politizada. En Suecia es casi una cuestión de Estado; hay un consenso alrededor de este asunto.

R. En Suecia cambiamos nuestra ley en los años setenta y desde entonces no la hemos vuelto a cambiar, al margen de los cambios de Gobierno. Antes de tener esa ley, las suecas viajaban a Polonia para abortar y ahora son las polacas las que vienen a Suecia. Las encuestas ofrecen un apoyo incuestionable a nuestra ley que permite el aborto libre hasta la semana 18 y hasta la 22 en casos de riesgo físico o mental para la madre. Hay un consenso nacional.

 

P. ¿Cómo cree que afectará el auge de los movimientos conservadores y populistas en Europa a cuestiones como el aborto?

R. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, hay una mayor presencia de partidos conservadores y con un discurso antiabortista. En los últimos diez años he podido observar cómo han aprendido a trabajar más estratégicamente y con más inteligencia. Cada vez son más capaces de captar nuevas voces para defender sus intereses en los foros europeos.

 

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LA REFORMA DEL ABORTO DEL MINISTRO GALLARDON

Los médicos consideran que la decisión de abortar debe ser de la mujer

La Asamblea de los colegiados censura duramente la reforma de Gallardón.

Quien interrumpe su embarazo “no ha de ser considerada de antemano como una enferma”, dicen

María R. Sahuquillo, Madrid, en El País.

La Organización Médica Colegial aprobó ayer una declaración institucional en la que censura la reforma de la ley del aborto. En ella, los médicos critican que se deje en sus manos la responsabilidad de certificar si existen razones sanitarias tras la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo. “No es aceptable que una decisión tan importante quede en manos de terceros”, dicen. El anteproyecto despenaliza esta intervención solo en caso de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer. Un modelo similar, aunque más restrictivo —elimina el aborto por malformación y exige que ese peligro sanitario sea “grave”—, al que estuvo en vigor de 1985 a 2010; periodo en el que el 90% de las mujeres alegaban riesgo psicológico para abortar.

“La mujer que por distintas circunstancias decide interrumpir su embarazo no ha de ser considerada ni definida de antemano como una enferma mental”, dicen en su declaración. Los médicos destacan además que la nueva ley generará graves desigualdades. Solo las mujeres con más recursos podrán viajar a cualquier otro país europeo a interrumpir su embarazo.

El documento, elaborado por los 52 presidentes de los colegios de España, reclama que se incluya entre los supuestos despenalizados el aborto por malformación fetal grave o enfermedad incompatible con la vida. Un punto que ya había propuesto la comisión deontológica. Con la ley actual, que permite a la mujer abortar sin tener que justificar una razón hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 por razones sanitarias, existe la opción de interrumpir un embarazo por anomalías fetales extremadamente graves sin límite temporal.

Los médicos también proponen al Gobierno que deje en manos de las menores de 16 y 17 años la decisión de abortar —algo que el anteproyecto elimina al exigir consentimiento paterno—, aunque creen que al menos uno de los representantes legales de estas jóvenes debe ser informado. “Se podrá obviar esta información cuando alegue fundadamente que eso le provocará un conflicto grave”, dicen los facultativos.

El espacio que la nueva ley dedica a las políticas de prevención, así como a la educación sexual es insuficiente para los médicos, que reclaman mayor acceso a los anticonceptivos y que la píldora poscoital sea gratuita y se dispense en todos los centros de salud y orientación familiar. Los puntos que la reforma dedica a la objeción de conciencia, que permitirá a todos los sanitarios alegar razones de conciencia para evitar “colaborar” en la prestación, tampoco satisfacen a los médicos. En su declaración institucional estos piden que solo puedan objetar los sanitarios que tengan una participación directa en la intervención, tal y como dicta ahora la ley.

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Algun factor más, posiblemente generacional, incide en esto…

Las donaciones de sangre cayeron un 10% en las Cuencas con la pérdida de población

Los valles mineros, con "un sentimiento solidario muy arraigado", aportaron el pasado año 5.097 bolsas, 581 menos que en 2012

Foto.- Un lavianés, donando sangre en una unidad móvil que el mes pasado visitó la Pola.

 

11.02.2014, Mieres / Langreo, Miguel Á. GUTIÉRREZ, en La Nueva España.

 

Las donaciones de sangre disminuyeron en las comarcas mineras por segundo año consecutivo. Según los datos facilitados por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, a lo largo del pasado año se recabaron 5.097 bolsas en las Cuencas, frente a las 5.678 de 2012. El descenso fue de 581 bolsas de sangre en términos absolutos, lo que se tradujo en una disminución porcentual de 10,3 puntos. El factor principal que explica esta tendencia es la caída de población, ya que los valles mineros han sido tradicionalmente un referente en la donación de sangre, tal y como vienen remarcando en los últimos años los responsables del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.

 

En los últimos tiempos se había logrado mantener el volumen de las extracciones al alza a pesar de la pérdida de habitantes. De hecho, en 2012 disminuyeron las donaciones por primera vez en cinco años, cuando la sangría demográfica viene siendo una constante. Ese año, la disminución fue del 5,7 por ciento. El pasado ejercicio ya se duplicó, hasta alcanzar los 10,3 puntos porcentuales. Caso y Riosa fueron los únicos concejos en los que aumentaron las donaciones.

 

La bajada se percibe especialmente en la comarca del Nalón, en la que se pasó de 2.997 bolsas en 2012 a un total de 2.587 a lo largo del pasado ejercicio. Langreo fue el concejo del Valle donde se recabaron más unidades de sangre, 1.048, aunque se situó lejos de las 1.370 de 2013. En San Martín de pasó de 771 en 2012 a 696 el pasado ejercicio; y en Laviana, de 839 a 821. En Caso la extracciones se incrementaron, hasta alcanzar las 22 unidades, cinco más que en el ejercicio anterior. En términos globales, Mieres fue el municipio de las Cuencas con más donaciones. Se recogieron 1.529 bolsas, 104 menos que un año antes. Lena proporcionó 401 (27 menos) Aller 432 (cinco menos) y Morcín 31 (cuatro menos). La tendencia a la baja en la comarca del Caudal sólo se rompió en el concejo de Riosa donde hubo 117 unidades de sangre, cinco más que en 2012.

 

El descenso de población es la causa determinante a la hora de explicar estos datos, ya que las Cuencas han sido tradicionalmente una zona con un "sentimiento solidario muy arraigado" y un elevado volumen de donaciones, según los representantes del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. La respuesta siempre suele ser elevada tanto en las recogidas organizadas en la unidad móvil como en las campañas especiales.

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de fecha de enero de 2013, las Cuencas perdieron en un año 2.135 habitantes, el equivalente a la población de Riosa. La pérdida demográfica se concentró principalmente en el Caudal (1.175 vecinos menos) mientras que la comarca del Nalón vio disminuir su censo en 960 vecinos. El concejo de Sobrescobio fue el único de las comarcas mineras en donde se incrementó el padrón de vecinos.

 

Las cifras

Bolsas de sangre

Durante el pasado año el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias recabó 5.097 bolsas en las comarcas mineras.

 

La comparativa

El número de bolsas de sangre obtenidas en 2013 en las Cuencas es un 10,3% menor al conseguido durante el año anterior.

 

Por concejos

En la comarca del Nalón se recabaron el pasado año 1.048 unidades de sangre en Langreo, 696 en San Martín del Rey Aurelio, 821 en Laviana y 22 en Caso. Por su parte, en el valle del Caudal, en Mieres se recabaron 1.529 bolsas de sangre, 401 en Lena, 432 en Aller, 31 en Morcín y 117 en Riosa según el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

 

DE CUANDO A PESAR DE LA CAIDA DE POBLACION LA DONACION NO DISMINUIA…

El Pleno del Congreso se pronunciará mañana, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno…

El Pleno del Congreso se pronunciará mañana, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno…

Decenas de mociones contra la ley del aborto salen con apoyo del PP

Concejales populares suscriben o se abstienen en declaraciones contra la reforma en numerosos municipios. Calatayud, Xàbia, Lepe o San Bartolomé de Tirajana censuran la nueva norma

María R. Sahuquillo / Francesco Manetto, en El País.

Cada vez es más patente que el anteproyecto de ley del aborto es foco de incomodidad y división en el Partido Popular. Desde los escalones más elevados —con voces críticas de barones como el de Extremadura, José Antonio Monago, o el gallego Alberto Núñez Feijóo— a los más cercanos a la ciudadanía. El apoyo o la abstención de concejales del PP está permitiendo aprobar en decenas de Ayuntamientos españoles mociones de rechazo a la nueva ley. Calatayud (Zaragoza), Lepe (Huelva), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) o Xàbia (Valencia) han pedido ya, a iniciativa de los partidos de la oposición, la retirada de la nueva norma que, si sale adelante tras los trámites parlamentarios, permitirá abortar solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.

 

Las mociones municipales en un asunto como este, que se discute en el Parlamento y donde los Ayuntamientos tienen poca mano, son más simbólicas que otra cosa. Sin embargo, suponen un buen termómetro para definir cuán escoradas están las posturas en el espinoso debate de la interrupción del embarazo. En aquellos municipios donde se ha decidido dar libertad de voto, muchos populares han apoyado las mociones contra la reforma; o han preferido no situarse en contra y que salgan adelante. Es el caso de Calatayud (21.000 habitantes), gobernado por el PP, que a iniciativa del PSOE ha pedido la retirada del anteproyecto con el respaldo de tres concejalas populares y la abstención de los otros seis ediles. Su alcalde, José Manuel Aranda, que se abstuvo, prefiere no abundar en el tema. A través de una portavoz, este médico de 53 años se remite a lo que dijo en el pleno, donde apuntó que aunque no está de acuerdo con la ley actual, de 2010, el anteproyecto es “manifiestamente mejorable” y debería ir a las cortes “mucho más consensuado”.

 

La estrategia de la oposición —sobre todo del PSOE— de trasladar el debate de la ley del aborto a los estamentos provinciales y municipales para dejar claro su frontal rechazo, y tratar de visibilizar la división que genera, está dando frutos. También el pleno del Consistorio de Lepe (PP) aprobó el día 31 una moción de IULV-CA contra la reforma y en defensa del derecho a decidir de la mujer. En este municipio de 27.400 habitantes, la declaración tuvo el respaldo de dos ediles populares. Tres la rechazaron y siete, incluido el alcalde, se abstuvieron en la votación, en la que había libertad de voto, según anunció el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Toronjo. El resultado, que supone una nueva crítica al anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha levantado una buena polvareda. La semana pasada, el presidente del PP de Huelva y exalcalde del municipio, Manuel Andrés González, insistió en que el aborto es un asunto “moral e ideológico” en el que se respeta “la opinión de todos los militantes”. González argumentó que lo ocurrido en Lepe es “un síntoma de esa libertad absoluta que existe entre todos los militantes”.

 

Desde la dirección del PP minimizan este foco de división interna al recordar que es habitual que los Ayuntamientos debatan temas que, en principio, no son de su competencia y sostienen que la “inmensa mayoría” de las mociones que se votan en los Consistorios populares apoyan la reforma. No obstante, varios dirigentes admiten abiertamente que es bueno que se abra ahora una etapa de trámite y reflexión en todas las instituciones, dirigida a buscar “mayor consenso”. También reconocen que será complicado porque hay puntos, como la polémica supresión del supuesto de aborto por malformación fetal, que tienen difícil solución.

 

Una segmentación que aumenta. En la Comunidad Valenciana son ya una decena los municipios que han sacado adelante mociones de este tipo. Muchas respaldadas por el PP. Xàbia (33.000 habitantes) pidió la semana pasada la retirada del anteproyecto, como proponía el PSPV —que gobierna—, con el voto a favor de los tres ediles populares. El portavoz del PP de la localidad, José Luis Genovés (independiente), explica por teléfono que él es más partidario de no tocar la norma actual. “Estoy en contra de cualquier ley que sea más restrictiva que la que ya tenemos. No entiendo a qué viene tocarla y crear una alarma social al respecto”, dice. Genovés, que recalca que no es “político profesional”, cree que en un asunto “tan personal” como este no hay que tomar una posición de partido sino “la que cada uno opine en conciencia”. “No me gustaría que se pusieran barreras a cualquiera de nuestras hijas si tuviera que abortar”, dice.

 

En Teulada, Estivella, Cullera, Oliva o Paterna se repitió la misma dinámica. En este último municipio valenciano (65.000 habitantes) se aprobó un texto que pide la retirada de la nueva ley. Su aprobación, dice, sería una “regresión”. Seis ediles del PP apoyaron la declaración; otros siete, incluido el alcalde, se abstuvieron.

 

El viernes, La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) también aprobaron mociones de rechazo. En el último municipio (56.700 habitantes), por unanimidad. Con el apoyo en pleno de una decena de concejales populares. Todos —también el alcalde, Marco Aurelio Pérez— rehusaron hacer declaraciones sobre su postura. Algo que se repite en la mayoría de los municipios. “Yo tengo mi postura y respeto la de los demás, pero esto es muy personal y al margen de la votación prefiero no significarme”, apunta una edil valenciana que apoyó una moción de rechazo. La concejala reconoce también que en los pueblos pequeños o medianos es más fácil “votar en conciencia” porque se tiene “menos visibilidad”.

 

En municipios de Galicia, Asturias o Baleares también se ha rechazado, con apoyo del PP, la nueva ley: San Sadurniño, O Grove, Es Mercadal, Consell... En Cangas de Onís (Asturias), Culleredo (A Coruña) o Barro (Pontevedra), los populares han permitido con su abstención la aprobación de estas declaraciones simbólicas. En este último municipio gallego, de 3.700 habitantes, el PP se abstuvo en la votación de un texto del BNG, que pide que se mantenga la norma actual, con la que la mujer puede abortar sin tener que justificar su decisión hasta la semana 14ª de gestación y que permite después esta intervención si existe riesgo para su salud (hasta la 22ª) o malformaciones fetales muy graves (sin plazo). Su regidor, el popular José Landín Eirín, sostuvo que la actual ley funciona “perfectamente”.

 

No en todos los Ayuntamientos ha habido comportamientos similares. Los populares han rechazado mociones que censuraban la nueva ley en Consistorios como el de Sevilla, Teruel, Hospitalet, A Coruña o Barcelona —donde pese a su voto negativo la disposición salió gracias al apoyo de CiU—. En otros municipios, como en Molina del Segura (68.500 habitantes), el grupo popular del Ayuntamiento optó por sacar adelante su propia moción en la que pide al Gobierno “que intente conseguir el mayor consenso posible en la tramitación de la reforma”. Una tramitación, dice, “que debería cesar en caso de que ese consenso no llegue a alcanzarse”.

 

 

Informes negativos

Mañana se votará en el Congreso una proposición del PSOE que pide la retirada del anteproyecto de ley del aborto. Los diputados votarán en urna, lo que permite que el voto sea secreto. El texto, además, debe pasar, antes de iniciar su tramitación en el Parlamento, por los informes de los organismos preceptivos. Para tratar de esquivar las críticas a la falta de consenso, el Ministerio de Justicia los ha enviado también a una decena de entidades como la Organización Médica Colegial, la Agencia de Protección de Datos y colectivos especializados.

 

Algunas entidades ya han adelantado su postura. Save the Children ha rechazado elaborar el informe. El aborto, dicen, es “un tema de conciencia y una decisión individual de la mujer”. La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha manifestado que no hará observaciones, sino que insistirá en su oposición frontal a todo el texto. Esta organización critica, además, que Justicia no le haya enviado la memoria de impacto —en la que dice que la ley será buena para la economía porque puede aumentar la natalidad—, que el ministerio solo ha mostrado a algunos de los organismos a los que pidió informe.

 

Voto secreto para decidir si se pide retirar la reforma del aborto

Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes puedan expresarse "en libertad"

10.02.14 - EFE | MADRID.

 

El Pleno del Congreso se pronunciará el martes, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno para la reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

 

El debate y votación de esta iniciativa forma parte de la "ofensiva" parlamentaria que los socialistas han planteado para esta semana contra la modificación de la ley del aborto, con tres preguntas al Gobierno en el Pleno del Senado ese mismo día y otra en el Pleno del Congreso el miércoles.

 

Los diputados votarán la proposición no de ley citada en urna con papeleta, una vez que los socialistas formalizaran una petición en ese sentido dirigida al presidente del Congreso, Jesús Posada, el 6 de febrero pasado.

 

Según el artículo 85.1 del reglamento de la Cámara Baja, "la votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este reglamento o lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados o de los miembros de la comisión", siempre que no se trate de un procedimiento legislativo. Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes con la reforma puedan expresarse "en libertad".

 

También el martes, Izquierda Plural pedirá la retirada del anteproyecto con una moción en el Pleno del Congreso, y Entesa preguntará al Ejecutivo por este asunto en el Pleno del Senado.

 

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