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PRENSA

Los recortes, si o sí, amenazan la supervivencia del sector y agravan ostensiblemente la situación de deterioro en las cuecas mineras…

Los recortes, si o sí, amenazan la supervivencia del sector y agravan ostensiblemente la situación de deterioro en las cuecas mineras…

La minería, como el último mohicano

Los sindicatos, con el respaldo implícito de los empresarios, preparan movilizaciones contundentes en defensa del carbón y las Cuencas ante el inmovilismo del Gobierno de Rajoy

Foto: Mineros preparando una barricada en la autopista «Y» durante las movilizaciones de 2010.

MARIO ANTUÑA, en La Nueva España

Como si fuera el último mohicano, la minería se siente perseguida, empujada hacia un combate que puede ser el definitivo. Siente tras de sí el aliento del recorte de las ayudas a las empresas en una cantidad que ahoga su supervivencia y precipita su cierre, y la eliminación de los fondos mineros que debían de ser el instrumento para suplir el fin del carbón. Los sindicatos tienen la certeza de estar ante un momento trascendental, en el que se decidirá si las minas y sus comarcas sobrevivirán, y en un momento crítico para la economía española, en el que su problema es uno más de los muchos que agobian al país. Y conocedores de todas estas circunstancias adversas se preparan con cautela para dar la batalla, porque en ella se juegan la vida o la muerte del sector.

La noche del pasado jueves, los representantes del SOMA-FITAG-UGT, CC OO y la patronal Carbunión se mostraban atónitos. Nunca se habían enfrentado a una negociación similar, sin pasillos de salida, sin escaleras alternativas, con las puertas cerradas. «Es que hasta se fueron sin despedirse», comentaba sorprendido un representante sindical. Atrás habían quedado cinco horas de reunión con el secretario de estado de Energía, Fernando Martí, que los empresarios consideraron «un engaño», «una tomadura de pelo, para que nos llaman, si no hay posibilidades de negociar nada». En el Ministerio de Industria, a la vera de la Castellana, Victorino Alonso, presidente de Carbunión, había esperado más de una hora a que los sindicatos acabaran de departir, pues se habían quedado reunidos, solos. Los empresarios sabían que las centrales estaban preparando ya las protestas y, aunque las respaldan, no pueden mezclarse en su organización. Cada uno juega su papel. Pero sí quisieron escenificar una salida conjunta. Y codo con codo, cada uno realizó sus declaraciones. Las palabras no eran idénticas y cada cual defendió sus argumentos, pero la música de fondo sonaba como salida de la misma partitura.

Esa misma noche, Victorino Alonso no ocultaba su disgusto: «Se ha descubierto el engaño y ha quedado claro que el Gobierno quiere cerrar el sector ya, este mismo mes». Y sentenció: «La situación es gravísima, yo nunca la había visto así». ¿Qué hacer entonces? Alonso tiene claro que «visto lo que está haciendo el PP, no queda más opción que concienciar a los políticos de la gravedad de la situación y también a la población de las cuencas». La clausura de explotaciones afectará por igual a las privadas que a las públicas de Hunosa. El recorte es similar para todas, de un 63%. En Asturias, cualquier tajonazo a la empresa pública afectaría directamente sobre el PIB regional, engordaría las listas del paro, cuando además otras grandes empresas -Alcoa o Arcelor- están en riesgo.

Con o sin intención, el discurso del líder de los empresarios mineros comenzaba a ser similar al de los sindicalistas. José Ángel Fernández Villa, del SOMA, también a pie de la escalinata del Ministerio de Industria, hizo un llamamiento «a la sociedad civil asturiana y a los partidos políticos para que defiendan este sector, que sigue siendo vital para las Cuencas. El Gobierno y el PP no nos dejan más solución que defender lo nuestro en la calle, con grandes movilizaciones». Juan Carlos Álvarez Liébana, de CC OO, afirmaba que el Ejecutivo de Rajoy «firma la sentencia de muerte para las minas españolas y, por tanto, también para las comarcas mineras. No lo vamos a tolerar, responderemos con la contundencia que merece el ataque».

¿Qué había pasado durante las cinco horas de reunión para que sindicalistas y empresarios coincidieran en la virulencia de sus manifestaciones? Prácticamente nada. Ese es el problema. Las versiones de los negociadores criticaban el «inmovilismo» de las posiciones del Gobierno. En la primera parte de la reunión, cada sindicato y la patronal formularon al secretario de Estado de Energía sus peticiones, tras una exposición de su visión del sector y sus posibilidades de futuro. Sobre las ocho de la tarde, los representantes de Industria propusieron un receso de 20 minutos. Tenían que realizar consultas. La noticia llegó hasta los jardines del complejo de Nuevos Ministerios, donde aguardaban los periodistas. Parecía abrirse un halo de esperanza. Igual había contraoferta y sobre la mesa aparecían algunos millones más para las empresas y quizá para engordar los fondos mineros. Sindicatos y empresas son conscientes de la crisis y estaban dispuestos a negociar a la baja.

El receso coincidió en el tiempo con el fin de la rueda de prensa que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acababa de dar tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, en la que solo Asturias había suspendido. Mal augurio. De Industria a Hacienda apenas hay un centenar de metros. No es difícil deducir que el secretario de Energía o el propio Ministro José Manuel Soria, pudieron realizar una última consulta con Montoro. ¿Podemos dar algo más a la minería? La exactitud de la respuesta se desconoce, pero su significado acabó haciéndose público. Ni un euro más.

En su descargo, los responsables de Industria alegan que intentaron conseguir más dinero. Incluso en sus presupuestos, las cantidades para la minería eran superiores. Pero no pasaron la criba de Hacienda. Montoro devolvió las cuentas con un importante tijeretazo. En la caja manda él.

Tras el receso, los representantes de Industria volvieron con las manos vacías. No hay más. La propuesta seguía siendo la misma que la anunciada el 10 de mayo por el Ministro Soria. El dinero era el fijado en los Presupuestos del Estado, con un recorte del 63%: las empresas recibirán 111 millones en ayudas a la producción, frente a los 301 del pasado año; y para las infraestructuras, proyectos empresariales y becas apenas hay consignados otros 101 millones.

Sindicalistas y empresarios lo sospechaban. Si el Ministro no había mejorado hace una semana la oferta, pocas esperanzas había de que un secretario de Estado le corrigiera. Tras la reunión, los negociadores mineros criticaban que hubiera sido «absolutamente imposible mover un centímetro esas cantidades»,. Una situación que Fernández Villa se apresuró a considerar «insólita y asombrosa. No había sucedido jamás en unas negociaciones», dijo el veterano sindicalista. Victorino Alonso, con un discurso similar de sorpresa e indignación, endureció las palabras: «Es un abuso total de poder, la actitud del Gobierno es alucinante, no tiene nombre. Es propio de una dictadura».

¿Y ahora qué va a ocurrir? Mañana, las direcciones de FITAG-UGT y CC OO tienen previsto reunirse en Madrid para elaborar un calendario de movilizaciones que anuncian fuertes y contundentes. Incluso en la capital de España. Pero no quieren dar un paso en falso. Saben que el momento es crucial y hay que pensar bien la estrategia. Sopesar las fuerzas. El problema de la minería es una ola más en el tsunami de la crisis y puede quedar hundido en las profundidades de los recortes. Si no fuera así, ya habrían comenzado las movilizaciones, como ocurrió cuando se enfrentaron a Zapatero: hubo encierro en Industria y movilizaciones en Asturias y León. Ahora se prepararán para extenderlas por todas las comarcas mineras españolas. Y, tal como reconoce un dirigente sindical, tienen que ser «contundentes, duras, prolongadas e intensas, y, sobre todo, con el mayor apoyo posible». Se quiere movilizar a trabajadores en activo y prejubilados, a todos los sectores de las Cuencas.

En otras circunstancias, una movilización minera podría crear una vía de agua en cualquier Ejecutivo. Hoy está más preocupado por la reducción del déficit y el rescate de los bancos. Los 5.000 mineros o los 30.000 trabajadores que puede arrastrar el sector a las listas del desempleo, son una suma más en los 5,6 millones de parados. Por eso los sindicatos anuncian que quieren involucrar a toda la sociedad de las comarcas mineras, concienciar que además de las minas está en peligro todo su entramado, del que dependen unas 200.000 personas. Estas ya son cifras a considerar y que podrían incendiar otros sectores castigados.

Se fueron sin despedirse, decía a medianoche del jueves un sindicalista a las puertas del Ministerio. Sin esas palabras protocolarias de «bueno, a ver si nos llamamos, ya fijamos otra fecha?». Su carga simbólica es profunda. Supone cerrar las puertas sin dejar resquicio. Y los representantes de la minería, como el último mohicano, se apresuran a dar la batalla en la calle por su supervivencia.

Antes cae un mentiroso que un cojo y estos del PP no cojean precisamente…

Antes cae un mentiroso que un cojo y estos del PP no cojean precisamente…

El pozo sin fondo de las cuentas públicas

El déficit de 2011 alcanza el 8,9% al aflorar desvíos en Madrid, Valencia y Castilla y León

Los planes de ajuste presentados al Consejo de Política Fiscal el jueves revelan otro agujero de 3.000 millones

«¿Pero no era Zapatero quien engañaba a Rajoy?», pregunta Rubalcaba

Foto: Esperanza Aguirre, en el centro; su consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, y la actriz Laura Valenzuela, ayer, en un cine.

Oviedo / Madrid, E. F. / Agencias, en La Nueva España

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), reunido el jueves, ha deparado desagradables sorpresas para las cuentas públicas. Según comenzó a difundirse ayer por la tarde, los planes de ajuste para 2012 presentados por las comunidades autónomas -que las obligan a limitar el déficit al 1,5% del PIB autonómico- revelan que Madrid, Valencia y Castilla y León cerraron 2011 con más déficit del comunicado en el avance de liquidación a Hacienda. En total, la desviación representa un 0,4% del PIB (unos 3.000 millones de euros) y obligará al Gobierno a elevar su cálculo del déficit para el pasado ejercicio desde el 8,51% al 8,9%.

Madrid, gobernada por la popular Esperanza Aguirre, era precisamente la única autonomía que supuestamente había logrado finalizar el ejercicio con un déficit inferior al 1,3% del PIB, porcentaje fijado en 2011 para las comunidades, que en su conjunto tuvieron un desfase en sus cuentas del 2,94%.

De hecho, Madrid había declarado un 1,13% que ahora se ha convertido en un 2,21%, lo que, dado el elevado peso de la comunidad en el conjunto del PIB español (17,8%) representa no menos de 2.000 millones de euros.

El plan de ajuste de la Comunidad Valenciana revela un alza del déficit real desde el 3,68% declarado a Hacienda a un 4,5%. En total, 869 millones de euros. En cuanto a Castilla y León, pasa del 2,35% al 2,59%, lo que representa 137 millones de euros.

Otras comunidades también han hecho pequeños retoques al contar con datos más fiables sobre la liquidación presupuestaria del año anterior. Andalucía admite así 32 millones más de déficit, mientras que el de Murcia sube 17 millones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda justificaron esta desviación a «Europa Press» asegurando que «todo influye» y recordaron que cuando se hizo pública la liquidación de las comunidades autónomas ya se avisó de que podría haber algunas variaciones.

El CPFF dio el jueves el visto bueno a los planes de reequilibrio de todas las comunidades, excepto Asturias, que tendrá que presentar nuevas medidas. Las comunidades autónomas se han comprometido a un ajuste de 18.349 millones de euros en 2012 para cumplir la reducción al 1,5% pactada con Bruselas. De este montante, 13.071 millones procederán de la reducción del gasto, mientras que 5.278 deberán venir del aumento de ingresos.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero anterior a que se difundieran las desviaciones, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se recogijó del acuerdo alcanzado con las comunidades en el CPFF, que calificó de «hito muy importante» para el Estado autonómico, ya que, añadió, hubo un «consenso de primer nivel» y fue «un auténtico pacto de Estado».

Las voces más críticas comenzaron a llegar desde el PSOE a medida que se iban filtrando ayer las desviaciones. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se preguntó: «¿Pero no había engañado Zapatero a Rajoy?». Por su parte, el diputado socialista Antonio Hernando consideró «lamentable» que Rajoy haya estado «especulando» sobre el origen del déficit -mayor que el previsto por el anterior Gobierno- cuando eran, dijo, sus propios gobiernos autónomos los que estaban incumpliendo el objetivo. «Por fin se sabe quién mentía», exclamó.

La jornada de ayer conoció también el anuncio del duro ajuste de gasto puesto en marcha en Castilla-La Mancha por el Gobierno de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Los Presupuestos regionales para 2012 son de 8.290,8 millones, para reducir el déficit desde el 7,3 por ciento de 2011 al 1,5 por ciento exigido.

Para el secretario de organización del PSOE castellano-manchego, Jesús Fernández Vaquero, «10.000 personas se irán a la calle» debido al «recorte» de 457 millones de euros que las cuentas regionales han establecido en el capítulo dedicado a gastos de personal de la Administración regional.

Cómo no hay mucho margen, las especulaciones sobre los recortes son poco variadas…

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¿De dónde salen 616 millones de euros?

Los expertos apuntan hacia la rebaja de sueldos públicos, la subida de impuestos y la reorganización de servicios

Foto: Nuestro actual Consejero de Economía (ahora desaparecido) saluda a Montoro,

19.05.12 - D. DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

616 millones. Es el recorte que el nuevo Gobierno de Asturias deberá introducir en sus cuentas para reconducir su cifra de déficit que cerró 2011 en el 3,64%, pero que este año deberá situarse en el 1,5% del PIB. Son alrededor de cien millones menos de lo que costó la ampliación del puerto de El Musel, pero 116 millones más de los que en marzo había proyectado el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy en base a calcular esa minoración del déficit en un 2,14% sobre un PIB fijado en 22.704 millones.

Todo un reto para el nuevo Ejecutivo de Javier Fernández que deberá realizar un importante esfuerzo para contener el gasto y que, según los expertos consultados, llevará irremediablemente a introducir ajustes en sanidad y educación. Además de obligar a poner en marcha una importante reestructuración del sector público que podría seguir la senda que marque la reforma «dura y dolorosa» que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se quiere meter la tijera en lo que consideran una «sobredimensionada» plantilla de empleados públicos que en 2011 superaron los 2,7 millones de personas. Aunque el grueso del ajuste que necesita realizar Asturias vendrá por la vía del gasto, también será necesario incrementar los ingresos, por lo que podría ser necesario tocar algunos tributos. Medidas por el lado de los gastos y de los ingresos, que, al menos sobre el papel, comparten buena parte de las comunidades autónomas

Las únicas que, de momento, no se conocen son las de Asturias ya que el plan de reequilibrio que presentó el actual Ejecutivo en funciones fue el único que no pasó el corte del Ministerio de Hacienda. No obstante, ante la inminente conformación de un nuevo Gobierno, hay quien se atreve a aventurar que el Principado no tardará mucho en decantarse por el modelo andaluz apostando por una nueva rebaja del salario de los empleados públicos de hasta el 5% que contribuya a hacer más llevadero el ajuste.

Teniendo en cuenta que en el Principado existen algo más de 61.000 empleados de la función pública, el recorte podría reportar a las arcas del Principado en torno a 67 millones, si consideramos unos ingresos medios de 22.000 euros anuales por cada funcionario. De ser así, el 10% de la compleja ecuación para obtener 616 millones estaría hecha. Pero el grueso del ajuste, apuestan los expertos, deberá venir por la vía de la reorganización de servicios públicos. Podría plantearse la fusión de algunos centros de salud y la reorganización de áreas sanitarias, aunque esta opción no sería inmediata y podría tardar entre uno y dos años en consolidarse. Lo mismo ocurriría con la educación. De ahí que la reducción de interinos y la paralización de sustituciones en hospitales, ambulatorios y centros educativos que ya ha empezado a ponerse en marcha parezca la opción más factible ante la necesidad de ganar tiempo. Los expertos no descartan, tampoco, que el nuevo Ejecutivo apueste por dar un nuevo tijeretazo a la carrera profesional. Hay que recordar que el último llegó de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2010.

Freno inversor

El ajuste afectará prácticamente a todas las políticas. Desde el empleo público hasta las inversiones en obras. Por eso, la suspensión de cualquier obra que no sea de emergencia y el recorte de todo tipo de partidas, desde el número de empresas públicas hasta los gastos de protocolo o subvenciones, está más que servido. Lo fundamental, coinciden los economistas, es que los recortes que se pongan en marcha no conlleven cambios en la prestación de los servicios. «Hay margen para hacerlo», asegura el presidente del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente.

La caída de ingresos y la merma de las transferencias del Gobierno central a las autonomías podrían obligar al nuevo Ejecutivo de Fernández a retocar la escala autonómica del IRPF, que podría ir más allá de elevar los tramos que afectan a las rentas más altas. Más impopular, sobre todo por el efecto que tendría en el transporte, sería una subida del céntimo sanitario, que algunos economistas barajan como opción, o incrementar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En Sanidad y educación decimos ¡¡NO!!, pero estos últimos lo hacen con bastante más fuerza…

En Sanidad y educación decimos ¡¡NO!!, pero estos últimos lo hacen con bastante más fuerza…

Frente común de organizaciones sociales asturianas contra los recortes

Los sindicatos docentes instan a un millón de trabajadores y a los padres de 7,5 millones de alumnos a secundar la huelga del día 22.

Decenas de organizaciones llaman a la insumisión contra los tijeretazos en Educación y Sanidad.

Foto: Miles de personas han salido a la calle en Valencia estos días contra los recortes educativos.

19.05.12 - AZAHARA VILLACORTA | GIJÓN, en El Comercio.

Una ola de rebelión recorre España. Decenas de organizaciones sociales han decidido plantarles cara a los recortes orquestados en solitario por el PP en Educación y Sanidad. Un frente común con miles de cabezas anónimas que llama a levantarse contra el tijeretazo de 10.000 millones de euros acometido por el Gobierno que empezará a materializarse el martes con la huelga convocada en todo el Estado y en todos los niveles de la enseñanza pública.

Ayer mismo, los principales sindicatos del sector llamaron a un millón de trabajadores de todos esos niveles formativos a secundar la huelga general educativa, además de pedir a los padres de 7,5 millones de alumnos no universitarios que no los lleven a clase ese día.

FETE-UGT, FE-CC OO, ANPE, CSIF y STES confiaron en que la movilización sea un «éxito sin precedentes» contra los «recortes» y «agresiones» del Gobierno, como explicó José Campos, uno de sus portavoces. Y, entre otras iniciativas, los sindicatos proponen a toda la comunidad educativa una «noche de vigilia» en instalaciones escolares del 21 al 22 de mayo, que los centros cuelguen lazos y pancartas verdes el día de la huelga y concentraciones y manifestaciones en todas las provincias, además de pedir a los alumnos y docentes que esos días acudan vestidos de verde y de convocar asambleas y distintos actos en las universidades públicas.

Aparte de la convocatoria nacional por parte de estos sindicatos, las organizaciones laborales más representativas de Baleares y País Vasco han optado por no convocar huelga, sino otro tipo de movilizaciones para esa jornada, mientras que los de Galicia todavía no han decidido si parar o no.

Todos los sindicatos, la comunidad educativa y otras organizaciones sociales como la Plataforma Estatal por la Escuela Pública dirán «¡Basta ya!» al Gobierno central en una huelga «histórica», que también apoyan la confederación de padres CEAPA, mayoritaria, y el Sindicato de Estudiantes.

En Asturias, las centrales denunciaban también ayer la imposición de servicios mínimos «abusivos» y Suatea advertía a los integrantes del próximo Gobierno asturiano que el sistema educativo de la comunidad «no puede soportar más recortes» y que la tijera supondrá «un retroceso sin precedentes en materia educativa y sanitaria».

Eso, en la educación no universitaria, porque en la universitaria cerca de cincuenta asociaciones de estudiantes de todo el país acaban de unirse en la nueva ’Plataforma por la Universidad Pública de Calidad’ para manifestar su rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno y llamar a los universitarios a secundar la huelga, así como el resto de movilizaciones en defensa de la enseñanza pública.

En un manifiesto, mostraron además su oposición ante la «brutal subida» de las tasas universitarias y frente a las medidas que afectan al personal docente investigador, que «lastran su carrera y disminuyen la calidad del colectivo docente», además de acusar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de ir contra la autonomía universitaria y de tener «un profundo desconocimiento» sobre el funcionamiento de la universidad.

Durante el acto de presentación de la Plataforma, que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, criticaron la «actitud autoritaria» del Gobierno al aprobar estas medidas sin contar con la comunidad universitaria personificada por sus rectores, representantes de estudiantes y de los trabajadores. Y, por ello, restaron legitimidad al comité de expertos convocado para analizar la situación del sistema universitario: «Es una comisión coja». Y, por eso, la portavoz de la Plataforma, Cristina Pastor, reclamó: «Tenemos argumentos y queremos que se nos escuche y se nos tenga en cuenta».

«O te sientas o te sentamos»

Y si las aguas educativas están revueltas, los sindicatos sanitarios, en pie de guerra, lanzan un contundente mensaje a la ministra de Sanidad, Ana Mato. «O te sientas a negociar o te sentamos», porque están dispuestos a llevarla a los tribunales si no cumple la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a su departamento a convocar la Mesa Sectorial de Sanidad.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (SATSE), agrupados en CEMSATSE, han enviado una carta a la ministra para advertirle de que, o se reúne con ellos en este foro, o acudirán «al juez» para decirle «que no se está cumpliendo la sentencia».

Los sindicatos no quieren «tomarse un cafelito» con Mato, sino que convoque cuanto antes la Mesa Sectorial de Sanidad, como le exige «una sentencia en firme» de la Audiencia Nacional, porque es el «ámbito de negociación» donde, según entienden, deberían haberse abordado los ajustes sanitarios.

La portavoz del SATSE en Asturias, Margot Marqués, resumió el sentir generalizado del que nace la indignación: «No pueden seguir tomando decisiones sin ver ni escuchar a los profesionales».

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Es la mínima lealtad institucional exigible…

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Javier Fernández pide al Gobierno más margen para cerrar un plan de ajuste «riguroso»

«Si en lugar de 15 días son 20 o un mes, espero que lo entiendan», dice el futuro presidente, tras firmar con UPyD

Foto: Javier Fernández e Ignacio Prendes tras la firma del pacto de legislatura.

Oviedo, Álvaro FAES, en La Nueva España

Sin haber tomado posesión, incluso aún a la espera de convertirse en el nuevo presidente del Principado, Javier Fernández adquirió ayer el primer compromiso de su nueva andadura política. Fue en la Junta General, minutos después de la firma oficial del pacto entre el PSOE y UPyD, el que le garantiza, junto a Izquierda Unida, los votos necesarios para ponerse al frente del Gobierno, cuando el líder de la Federación Socialista Asturiana expresó su intención de ponerse manos a la obra cuanto antes para ceñirse al plan de ajuste que marca el Gobierno central. Javier Fernández, eso sí, aprovechó para pedir comprensión al Ministerio de Hacienda, si no cumple estrictamente el plazo de quince días que el departamento de Cristóbal Montoro concedió a Asturias para presentar un nuevo plan de ajuste, tras haber rechazado el que había elaborado el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos. Desde el Ministerio dan a la región quince días naturales para presentar un plan que recorte 616 millones de euros, frente a los 551,5 que defendió en Madrid el consejero de Hacienda en funciones, Ramón del Riego, durante el Consejo de Política Fiscal celebrado el pasado miércoles.

«No sé si será posible cumplir el plazo si se quiere hacer un plan riguroso. Nosotros pretendemos hacerlo, pero espero que si, en lugar de quince días, son veinte o un mes, el Gobierno de España entienda que haya sido necesario. Nos guste o no, la ley de Estabilidad aprobada en el Parlamento de España está para cumplirla», admitió Javier Fernández minutos después de firmar el pacto de legislatura junto al único diputado de UPyD, Ignacio Prendes. Y, sin desvelar el nombre de quién comandará la Consejería de Hacienda, sí avanzó que se pondrá a la tarea en cuanto sea oficialmente presidente del Principado. «Si el miércoles recibo la investidura, el jueves, antes incluso de la toma de posesión, estaré trabajando con el hombre o la mujer que esté encargado de las finanzas del Principado en la tarea inmediata de conseguir los acuerdos con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en los que Asturias obtenga unos planes que nos permitan cumplir con los objetivos». Hacienda fija para las autonomías un tope de déficit para este año equivalente al 1,5 por ciento de su producto interior bruto, que deberá bajar al 1,1% en 2013 y al 1% en 2014.

El pacto que aupará al socialista Javier Fernández a la Presidencia fue una realidad constatable poco después de la una de la tarde de ayer. Con la firma protocolaria, en el salón Argüelles de la Junta General del Principado, el PSOE y UPyD ponían fin a intensas semanas de negociaciones. Finalmente, el partido magenta se decantó por la opción de los socialistas -junto a Izquierda Unida- para hacer valer la llave de gobierno que le entregaba su único diputado, pero que resolvía el empate a 22 diputados entre los bloques de la izquierda y la derecha. Javier Fernández e Ignacio Prendes firmaron un acuerdo en el que pactaron, según el diputado de UPyD, «políticas beneficiosas para Asturias y para España y en torno a esas políticas hemos llevado la negociación».

Entre esas medidas, el líder socialista destacó que, para su Gobierno, la educación y la sanidad «estarán en la retaguardia» de los posibles recortes, pues forman parte, dice, «de los derechos universales del Estado del bienestar sobre los que tenemos voluntad de minimizar daños».

El primer mensaje de apoyo hacia un Gobierno aún sin nombrar y pendiente de la investidura de su presidente hasta el próximo miércoles llegó desde el Ayuntamiento de Oviedo. Su alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, aprovechó ayer la inauguración de la plaza que lleva el nombre de la empresaria Kike Gómez Haces para tender la mano al nuevo Ejecutivo. «El Ayuntamiento de Oviedo practicará la lealtad institucional que siempre ha practicado con el Gobierno de Asturias. Oviedo es, en ese sentido, una capital solidaria». Caunedo se había mostrado la semana pasada contrario a un pacto de su partido con Cascos, aunque sin citarlo expresamente. Lo manifestó cuando hizo de presentador de un libro de Pedro J. Ramírez. Entonces, pidió «una acción responsable que no trate de hacer viables combinaciones imposibles», en clara referencia a los problemas que el Partido Popular tuvo con Foro Asturias para alcanzar un acuerdo cuando entre ambos sumaban mayoría absoluta, en mayo del año pasado. Esos días, las dos formaciones escenificaban una negociación marcada por las tiranteces y que no fructificó.

Más atrás en el tiempo, el pasado 15 de abril, el alcalde de Oviedo firmó un extenso artículo en este periódico en el que apuntaba hacia una nueva manera de entender la política. «En Oviedo hemos llegado a acuerdos con el PSOE y no ha pasado nada. Lo hicimos huyendo de estereotipos ideológicos que, hoy más que nunca, van contra lo que la sociedad necesita».

¿Un derecho del PP? ... en todo caso un derecho de los asturianos...

El PP quiere conocer el acuerdo del PSOE con IU antes de la investidura

El PP reclama luz y taquígrafos al acuerdo suscrito entre el PSOE e IU antes del debate de investidura que comenzará el próximo martes. Los populares asturianos quieren conocer el contenido del acuerdo suscrito por los socialistas con Izquierda Unida, «sobre el que no ha trascendido nada a cinco días del Pleno de investidura». Mercedes Fernández aún no ha desvelado si presentará su candidatura al Pleno de investidura de la próxima semana.

El PP regional examinó ayer el contenido del acuerdo suscrito entre el líder de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado, Javier Fernández, y el diputado de UPyD, Ignacio Prendes. «En cambio, no hemos podido hacer lo mismo con el documento firmado por los socialistas e IU, hace ya varias semanas, lo que no deja de ser una anomalía cuando el Pleno de investidura tendrá lugar el próximo martes», afirmó un portavoz de la dirección popular. El PP regional considera que «los asturianos tienen derecho a conocer ese acuerdo», mientras que para su grupo parlamentario «es imprescindible para abordar el debate de investidura».

Entre tanto, la presidenta regional del PP y portavoz en la Junta General del Principado, Mercedes Fernández, aún no ha desvelado si presentará su candidatura en el Pleno de investidura del próximo martes. La dirigente popular está tratando esa cuestión tanto con alcaldes como con dirigentes regionales y locales del partido. El PP asturiano tiene previsto celebrar un comité ejecutivo el próximo lunes en Oviedo.

Los impagos de Cascos amenazan 3.500 empleos, dice la patronal CAC

Los constructores solicitan ayuda a Javier Fernández al temer que el problema le dé la «puntilla definitiva» al sector

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

Los «constantes impagos» del Gobierno de Foro Asturias mantienen contra las cuerdas al sector de la construcción y amenazan con darle la «puntilla definitiva», denuncia la patronal CAC-Asprocon. En lo que va de año, el Ejecutivo de Cascos no ha abonado ni un euro a las 35 constructoras que están ejecutando obras para el Principado y la deuda con ellas, a 30 de abril, sumaba ya 20 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de la patronal que preside Serafín Abilio Martínez. Los constructores alertan de que esta situación puede conllevar la destrucción inmediata de unos 3.500 empleos directos y emplazan al nuevo Gobierno que va a presidir el socialista Javier Fernández a que considere el problema una «prioridad».

«Las empresas no han cobrado nada del Principado desde el pasado 31 de diciembre y ya se están viendo obligadas a paralizar obras y a regular empleo», afirma la patronal, molesta porque el propio Ejecutivo «esté alardeando de una envidiable liquidez» y porque «los impagos se producen pese a que hay dinero en caja». El problema, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en abril, estriba en que el Gobierno no incluyó en la prórroga presupuestaria las obras plurianuales y tampoco habilitó alternativas para hacer frente a esos pagos. Entonces, la dirección de CAC-Asprocon, interpelada por este diario, guardó silencio. Ahora, ante «las quejas manifestadas» por sus asociados y a la vista de la elevada cuantía de la deuda, denuncia que los impagos, unidos a los históricamente bajos índices de licitación de obra pública, colocan al sector en una situación límite.

La cúpula de CAC asegura que intentó «por todos los medios» trasladar su preocupación al Ejecutivo forista y que le aportó «posibles soluciones para paliar la situación». Sin embargo, lamenta que ninguno de sus «intentos de interlocución o negociación», sirviera para mitigar el problema.

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La vía de la esperanza en la flexibilidad para europa…

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El Gobierno francés advierte de que no ratificará el pacto fiscal en los términos actuales

El nuevo ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici, ha confirmado este jueves que Francia no ratificará el pacto europeo de disciplina fiscal si este no es revisado para incluir compromisos de apoyo al crecimiento económico.

Foto: El nuevo ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici

nuevatribuna.es

"Lo que hemos dicho es que el Tratado no se ratificará tal como está (...) debe ser complementado con una estrategia de crecimiento", afirmó Pierre Moscovici en declaraciones a la cadena francesa BFM TV.

El nuevo ministro de Finanzas y Comercio Exterior de Francia aseguró tras la ceremonia del traspaso de carteras con su antecesor en el cargo, Francois Baroin, que Europa será un tema prioritario, tanto por la "crisis griega", como por la "reorientación de la construcción europea" en favor del crecimiento. "Somos conscientes de que no se puede hacer en solitario", dijo Moscovici, quien subrayó su voluntad de trabajar con todos los socios europeos.

El nuevo Gobierno francés, encabezado por Jean-Marc Ayrault, celebra este jueves su primer consejo de ministros, en el que se propondrá rebajar un 30% el sueldo de quienes integran el Ejecutivo.

El nuevo Gobierno se reúne un día después del anuncio del nombre de los 34 ministros y secretarios de Estado que lo componen, entre quienes están Laurent Fabius al frente de Exteriores y Manuel Valls, de origen español, a cargo de Interior.

En la cartera de Economía se situó a Pierre Moscovici, antiguo ministro de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Lionel Jospin y exdirector de campaña del presidente, François Hollande.

La jornada comenzó con los primeros traspasos de poderes en los respectivos ministerios, entre ellos, el del ministro de Defensa Gérard Longuet, a su sucesor Jean-Yves Le Drian, o el de Fabius como sucesor del conservador Alain Juppé.

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El PP consumó el “Jueves negro”…

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Los grupos parlamentarios, contra la reforma sanitaria sin consenso

El Real Decreto de Ana Mato sólo consiguió el apoyo de UPN en el Congreso.

Los demás partidos exigían que se tramitara como un proyecto de Ley

PÚBLICO.ES

El Congreso ha convalidado hoy le Real Decreto de reforma del sistema sanitario que permitirá ahorrar 7.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.

La medida propuesta por la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha salido adelante gracias a los votos del Grupo Popular y con el único apoyo del diputado de UPN. El resto de los grupos, en cambio, votaron en contra, ya que pretendían que la nueva normativa se tramitara como una Ley (a la que pudieran presentar enmiendas) y no como Real-Decreto. Al final, la votación terminó con 178 votos a favor, frente a 137 en contra.

Durante el debate, la ministra defendió el objetivo de su reforma. "Son medidas que suponen esfuerzos importantes para la población, pero garantizan el actual modelo sanitario y evitan el descontrol", insistió Mato.

Sin embargo, el diputado del PSOE José Martínez Olmos, tildó el planteamiento de la ministra de "xenófobo". "¿En qué artículo viene la cobertura de los inmigrantes para que usted pueda decir que nadie se va a quedar sin cobertura?", preguntó.

Asimismo, los portavoces de otros grupos parlamentarios también mostraron su desacuerdo con el tijeretazo de Mato. "El Gobierno sirve para garantizar cuestiones básicas como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. Si no sirve para esto, ¿para qué sirve?", reflexionó Rosa Díez, de UPyD.

Para Díez, algunos aspectos de la reforma, como la implantación de la tarjeta sanitaria única, "no son recortes, es buena gestión". Sin embargo, acusó al Gobierno de "falta de transparencia" a la hora de explicar sus medidas. "Estamos en un debate que aborda artículos de la Constitución básicos e innegociables porque proclaman derechos fundamentales sin reconocer que estamos debatiendo eso", sentenció.

"¿De verdad creen [en el Gobierno] que España tendrá más crédito en Bruselas dando la imagen de que van en contra de todos?", continuó Díez. "No creo que hayan llegado a esta conclusión y por eso le pido que reflexione y tramite el Real-Decreto como Ley para que nos permita establecer el consenso entre todos", reclamó la diputada de UPyD a la ministra.

En la misma línea se expresaron también Gaspar Llamazares, de IU y María Concepción Tarruella, de CiU, que, a pesar de sus diferencias, reclamaron "consenso" antes de tramitar la reforma. 

"Tenían margen para ahorrar, pero han preferido cebarse con los débiles y hacer un asalto que supondrá el principio del fin del sistema sanitario público", denunció Llamazares. "Así no es posible que se llegue a un acuerdo para firmar un Pacto de Estado por la Sanidad", lamentó.

Tarruella, por su parte, defendió "el fondo" de las medidas, pero no "la forma". Así, acusó a otros portavoces parlamentarios de utilizar la "demagogia" para posicionarse en contra del Gobierno, pero criticó la redacción del texto. "Yo la creo, ministra" -le dijo a Mato- "pero hay que explicarlo bien".

"Todos los grupos parlamentarios, las asociaciones médicas y de pacientes, los usuarios...todos interpretamos mal su Real-Decreto", argumentó la diputada de CiU. "Tal y como está redactado, quita competencias a las comunidades autónomas", aseguró. "Y, aunque estamos de acuerdo con el copago por nivel de renta, no lo estamos con que pague lo mismo alguien que cobra 18.000 euros al año que el que cobra 99.000", continuó Tarruella.

Por último, la diputada de CiU pidió a Mato "que lo tramitara [el Real-Decreto] como proyecto de Ley para poder llegar a un acuerdo en el que todos salgamos beneficiados". "Antes de votar, aún está a tiempo", pidió Tarruella.

Mato no siguió sus recomendaciones y consiguió sacar adelante su reforma, aunque prácticamente sólo con el apoyo de su grupo. 

Toda la oposición vota en contra de los recortes educativos del PP

El Congreso aprueba, con los votos del PP y el rechazo del resto de grupos, las medidas urgentes para la racionalización del gasto en educación

EFE, MADRID

El pleno del Congreso ha aprobado hoy con los votos del PP y el rechazo del resto de grupos parlamentarios el real decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto en todos los niveles educativos y conseguir un recorte superior a los 3.000 millones de euros. La Cámara ha rechazado la tramitación de la norma como un proyecto de ley, lo que había sido pedido por varios grupos.

El decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de abril, permitirá a las comunidades reducir sus presupuestos en más de 3.000 millones de euros en conjunto, según el Gobierno, para facilitarles el cumplimiento del objetivo de déficit autonómico. En el debate, los grupos de la oposición habían anunciado que votarían en contra de la norma, que ha sido apoyada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara.

Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 por ciento desde el curso próximo. El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas. En las universidades públicas, los alumnos pagarán entre el 15% y el 25%, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones, y hasta el cien por ciento en segundas y sucesivas matrículas.

El PSOE prevé el despido de 40.000 profesores

Wert defiende el recorte de 3.000 millones en educación como “una respuesta excepcional” a la crisis

17.05.12 - DANIEL ROLDÁN | MADRID, en El Comercio.

El Gobierno ha acudido al Congreso de los Diputados para defender y sacar adelante, gracias a la mayoría absoluta del PP, los reales decretos para recortar 7.000 millones en materia sanitaria, 3.000 millones en educación, el cambio en la elección del presidente de RTVE y la modificación de las cuencas hidrográficas. El primero en defender los principios gubernamentales fue el titular de Educación. José Ignacio Wert ha incidido en los pormenores de los cambio en su departamento. Ha insistido en que no se trata de la reforma que ya anunció cuando tomó posesión sino una “respuesta excepcional a una situación excepcional”. La culpa de este recorte millonario la tiene el déficit.

Wert ha repasado las líneas maestras del real decreto, como el aumento del ratio de alumnos por clase, que crecerá hasta un 20% el número máximo de alumnos (de 25 a 30 en Primaria y de 30 a 36 en Secundaria); el aumento de las horas lectivas de los profesores o que no se podrá sustituir a ningún maestro si la baja es inferior a diez días. En materia universitaria, se eliminarán carreras en función de la demanda y los alumnos pagarán más, entre un 15% y un 25%, por la primera matrícula, mientras que el coste de las siguientes matrículas y aquellas que se repitan también subirán sus costes. “Es lógico que las segundas o terceras matrículas sean más caras. Esto no es un criterio elitista sino equitativo de justicia y de valores. Es hacer partícipes a los estudiantes de una concepción del esfuerzo que va a ser muy importante durante toda su vida”, ha afirmado.

El ministro de Educación que las tasas, cuya subida fue muy criticada por todos los partidos de la oposición, son este momento “de todo tipo menos equitativas”. Wert se ha preguntado qué sistema universitario queremos, si uno que sea “destino para los buenos” u otro en el que se mantenga unas exigencias bajas de nivel educativo. “Hay que articular esas reflexiones sobre el pago de las tasas”, ha apuntado.

Por otra parte, el representante del Ejecutivo ha defendido también necesidad y la “lógica” de unir una baja situación económica y un buen expediente académico para conceder becas. “Hablamos de elevar medio punto la nota del Bachillerato, de pedir un 5,5, no un 7 porque el abandono entre el 5 y el 5,5 es superior”, ha apuntado. Por su parte, el PSOE ha rechazado de plano las explicaciones gubernamentales. Mario Bedera ha señalado que la universidad será “destino para los muy buenos o para los que se lo puedan pagar" y que se van a despedir a 40.000 profesores con este real decreto. El portavoz socialista ha argumentados su afirmación con la memoria económica del texto, que recoge un ahorro de 464 millones en sueldos y otros 840 por incremento de horas lectivas. En la réplica, Wert ha señalado que no se habla de funcionarios sino de interinos y que los cálculos son erróneos porque parten del máximo recorte, cuando las comunidades autónomas tienen un margen flexible. El resto de los partidos han criticado también las medidas. “Es impúdico e inmoral dar 15.000 millones a la banca y desinvertir en sanidad y educación”, ha afirmado el representante de BNG, Francisco Jorquera. Además, han mostrado su disgusto por haber tramitado estos recortes por vía de real decreto y no como proyecto de ley, que hubiera permitido una mayor participación de los diferentes grupos.

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Hollande cumple con su primera promesa electoral

El presidente francés y su nuevo Gobierno se bajan el sueldo un 30% y firman un código deontológico para evitar conflictos de intereses dentro del Ejecutivo

Foto: El socialista Jean-Marc Ayrault, nuevo primer ministro de Francia con el presidente François Hollande.

PÚBLICO.ES / EFE

El nuevo Gobierno francés, el primer paritario en la historia del país, se ha estrenado con la celebración de su primer consejo de ministros en el palacio del Elíseo tras las pertinentes ceremonias de traspaso de poderes.

La primera medida aprobada ha sido la de rebajar el sueldo un 30% tanto al presidente François Hollande como al nuevo Ejecutivo encabezado por el primer ministro Jean-Marc Ayrault. Se trata de una de las promesas realizadas por Hollande durante su campaña electoral.

A ella hay que sumarle la firma de un código deontológico dirigido a evitar el conflicto de intereses entre los 17 hombres y 17 mujeres que forman parte del nuevo Gobierno. El diario Le Monde ha desvelado el contenido de ese código, que incluye la renuncia a puestos ejecutivos que tuvieran antes de ascender al cargo, el rechazo de invitaciones privadas y regalos cuyo valor sea superior a los 150 euros, o la elección del tren como medio prioritario de transporte en desplazamientos inferiores a tres horas.

Varios ministros han declarado al acabar la reunión, encabezada por Hollande y Ayrault, que ha sido un acto "solemne y emocionante", en el que el presidente lanzó las consignas de "ejemplaridad" que espera del Ejecutivo para el quinquenio. Hollande, según indicó la ministra de Vivienda, Cécile Duflot, les transmitió su determinación para aplicar sus promesas electorales y su voluntad de actuar, según añadió la titular de Deporte, Valérie Fourneyron, "sin perder el tiempo".

Por su parte, la portavoz y ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, añadió que el conjunto del Ejecutivo ya se ha puesto a trabajar sobre las medidas que deberán ser adoptadas en las próximas semanas y el cumplimiento de las promesas electorales, como una subida del 25% del subsidio escolar para el próximo curso.

A lo largo de la mañana se aludió además a los principales temas que centrarán el trabajo del nuevo Gobierno: enderezar las cuentas públicas, con una economía estancada en el primer trimestre del año, y mantener la propuesta de "reorientar" Europa. Así lo indicó el titular de Exteriores, Laurent Fabius, quien aunque se dijo "profundamente europeo", se mostró a favor de una "Europa distinta" que fomente el empleo, mientras que el ministro de Economía, Pierre Moscovici, situó igualmente la "reorientación de la construcción europea" en el centro de sus prioridades.