El ‘ajustazo’ aboca a subir impuestos y recortar servicios
El Principado admite que habrá que meter tijera en sanidad
La subida de la tasa de las gasolinas aparece como otra opción
Foto: El Gerente del SESPA, Azcona, con el Consejero de Sanidad, Navia-Osorio.
08/03/2012, P.á.r. / M.I. / Agencias Oviedo / Madrid, en La Voz de Asturias
Las comunidades autónomas comienzan a poner las cartas encima de la mesa a la hora de buscar salidas que les permitan reducir los déficits públicos hasta la barrera del 1,5% que marcó el martes el Gobierno central. Y las regiones ya dejaron claro que para alcanzar el objetivo solo ven dos alternativas: subidas de tasas o ajustes en los servicios sociales básicos, educación, sanidad y bienestar social. A este respecto, el actual consejero de sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, señaló que es posible que afecte al sistema de salud, aunque recordó que las partidas del área iban a crecer un 6,7% en Asturias por lo que “aún tenemos un margen importante de seguridad”. No obstante, aseguró que “indudablemente” algún proyecto inversor podría sufrir una parálisis.
Navia-Osorio se enfrenta a una incongruencia. Si, como dice, existe margen para efectuar recortes en el sistema de salud asturiano, es difícil comprender que Foro Asturias presentase un presupuesto expansivo en sanidad dentro de sus proyectos de cuentas regionales para 2012. Un plan, dicho sea de paso, que no contó con el apoyo de ningún grupo parlamentario y que obligó al actual presidente, Francisco Álvarez-Cascos a convocar elecciones anticipadas para este 25 de marzo. Es decir, que cualquier ajuste tiene que hacerse con respecto a los presupuestos de 2011, actualmente prorrogados al presente año y no sobre unas cifras que son puro humo.
Copago
El copago en el sistema sanitario es otro de los temores que se vislumbran, aunque desde el actual Gobierno en funciones de Asturias se insistió ayer en reiterar su oposición. Navia-Osorio rechazó ayer introducir esta práctica “salvo que el Gobierno de la nación haga uso de su capacidad normativa y nos imponga las cosas”. Asimismo, aseguró que el Principado “carece de competencias sobre esa materia”, y lamentó haber sido invitado “in extremis” a la reunión entre el resto de fuerzas políticas para debatir esta medida.
El consejero debería tener en cuenta que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes, fueron varias las comunidades las que solicitaron al Gobierno central que diera autorización para cobrar a los ciudadanos por los servicios que prestan. Y la mira está claramente en sanidad, educación y servicios sociales.
Céntimo sanitario
Si los recortes estarán centrados en los servicios básicos, las comunidades son conscientes de que solo con este tipo de medidas no consiguen llegar al 1,5% del déficit. Por ejemplo, solo en Asturias estamos hablando de casi 500 millones de euros de ajustazo para alcanzar el objetivo. La otra vía de actuación es la subida de impuestos.
Las comunidades autónomas también solicitaron carta blanca para poder incrementar las tasas impositivas, como es el caso del margen autonómico de impuestos como el conocido por céntimo sanitario, que está vigente en Asturias desde el año 2004. La región grava a los combustibles dos céntimos en el caso del gasóleo y 2,4 en el caso de la gasolina, pero aún hay margen para subirlos hasta los 4,8. Precisamente, una de las últimas regiones en sumarse a este tipo de impuestos, Castilla y León, aplicó el máximo.
El Principado recauda entre 17 y 18 millones de euros al año por este tipo de impuesto, con lo que se trata de una cantidad ínfima con respecto a los casi 500 millones que se tienen que ajustar. Foro Asturias llevaba precisamente en su programa electoral la supresión de esta tasa, pero incumplió su propia promesa al ser consciente de que se trataba de un ingreso, pequeño, pero clave para las arcas regionales.
Asturias necesita recuperar 2,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) para llegar a los márgenes que exige el Estado. Diversos estudios ya comienzan a analizar hasta qué punto puede influir la bajada del gasto público en el retroceso del endeudamiento. Uno de ellos es que el que hizo ayer público Fedea a través del profesor Jesús Fernández-Villaverde, que estimó que un ajuste del gasto público del 1% supondría sólo reducir el déficit público entre 1 y 1,7 puntos porcentuales, puesto que los recortes tendrían un efecto contractivo a corto plazo sobre la economía de hasta un 0,8% y la recaudación disminuiría hasta un 0,45%. Esto pone en cuestión la teoría de que solo con ajustes en los sectores públicos se combate el déficit.
Durante un encuentro organizado por Fedea y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Fernández-Villaverde usó este supuesto para insistir en la necesidad de que España lleve a cabo el proceso de consolidación fiscal, aunque a una velocidad “adecuada”.
Para el economista, la intención de Bruselas de alcanzar el 3% de déficit en 2013 no es “realista”, puesto que España sólo ha sido capaz de reducir su déficit en 3,5 puntos en los últimos dos años y cuenta actualmente con un 8,51%.
Además, Fernández-Villaverde apuntó que cuando el anterior Gobierno pactó el 4,4% de déficit para 2012 la situación económica mundial era “más favorable”, y ha hecho hincapié en que en la actualidad hay que tener presentes los precios de la energía. Por todo ello, Jesús Fernández-Villaverde puntualizó que un objetivo de déficit “razonable” para España en 2012 sería el 6%, e ir disminuyendo un 1% en los cinco años siguientes hasta llegar al objetivo.
El Principado rechaza el copago sanitario «salvo que el Gobierno lo imponga»
PSOE y PP plantean que el ajuste para cumplir con el déficit no afecte a los servicios básicos, mientras IU teme recortes «muy sensibles» en estas áreas
08.03.12 - ANDRÉS SUÁREZ / JOSÉ Á. GARCÍA / LAURA FONSECA, OVIEDO, en El Comercio.
Los gobernantes autonómicos se rompen la cabeza para encontrar fórmulas que permitan llegar al final del ejercicio cumpliendo el límite de déficit del 1,5% del PIB establecido el martes en el Consejo de Política Fiscal. El debate se da en toda su extensión en Asturias, que debe asumir un recorte del orden de los 500 millones de euros para alcanzar ese objetivo. ¿Es una opción el copago sanitario? El Principado cree que no. «Salvo que el Gobierno central lo imponga nosotros no somos partidarios de introducirlo», indicó ayer el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio. El sostenimiento de los servicios básicos está en el epicentro de la discusión. Tanto PSOE como PP e Izquierda Unida defienden que el ajuste a afrontar respete su calidad, aunque la coalición es pesimista y augura daños «muy sensibles» sobre la sanidad, la educación y la política social.
Para Asturias, bajar del déficit con que se cerró 2011, del 3,64% del PIB, al 1,5% que ahora se marca como tope se presenta como un reto descomunal. 500 millones sobre un presupuesto que ronda los 4.000 son muchos, de ahí el temor a un tijeretazo en los ejes del Estado de Bienestar.
Sobre el impacto del ajuste, el consejero de Sanidad del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos no se pronuncia en términos dramáticos. Admite que el presupuesto de su departamento quizá no pueda crecer en el 6,7% inicialmente planteado, aunque el margen, agrega, sería aún importante. Y precisa que es posible que no se pueda afrontar la construcción de los doce centros de salud anunciados, una iniciativa frenada en todo caso por la prórroga, aunque sí sería viable poner en marcha una decena.
Está por ver -las urnas lo dictaminarán el día 25- qué formación política tendrá que gestionar el recorte. El candidato del PSOE, Javier Fernández, que culpa al Ejecutivo de Foro del incremento del déficit en 2011, tiene claras las líneas sobre las que trabajar. «Es necesario un Gobierno que sepa gobernar y sea austero y eficaz», señaló. Abogó por asumir el ajuste desde el principio de una gestión «eficaz» para preservar el Estado de Bienestar. «Es imprescindible mantener la sanidad, la educación y los servicios sociales», dijo.
El PP aporta sus propias recetas. Su cabeza de cartel, Mercedes Fernández, habla de aligerar el tamaño de la administración, de «redimensionarla», partiendo de la idea de que los servicios públicos de calidad son «irrenunciables». El PP, prometió, «hará más y mejor con menos».
Fernández, que defendió «la austeridad y la transparencia» como valores fundamentales, se felicitó de que el Principado apoyara en Madrid el límite de déficit del 1,5%. Menos le gustaron algunas de las valoraciones de Cascos. «Entiendo peor las descalificaciones que el presidente en funciones ha hecho», apostilló en relación a sus palabras sobre la inconveniencia de que el Gobierno central flexibilice su déficit y a la vez apriete las tuercas a las autonomías.
Un mensaje en el que ahondó el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ayer de visita en la región. «Hay mucha gente, como el presidente del Principado, que defiende planteamientos alejados de la realidad», deslizó de antemano. Y fue más allá. «Protestar para que nos conformemos con lo que hay es un poco deprimente», añadió. Y apostilló: «A los que protestan yo les exijo que expliquen cuál es su alternativa». También hubo réplica para el PSOE. «Los socialistas dicen que esto va a acabar con los servicios públicos», reflexionó, «pero si no lo hacemos los servicios públicos estarán en peligro».
IU, mientras, cree que ese peligro del que habla González Pons es una certeza. «Es absolutamente imposible», alegó Jesús Iglesias, que un recorte de tal calado «no toque terminaciones muy sensibles para los asturianos» en el capítulo social. Iglesias afeó a Cascos que construyera su discurso político sobre el regionalismo y «acate silenciosamente» los dictados de Madrid.
La necesidad de un ajuste, por cierto, es avalada por la patronal. Fade cree que hay que asumir el límite de déficit aunque está seguro de que «no va a ser fácil», y confía en que las infraestructuras pendientes de finalizar en Asturias no se vean afectadas.
En el resto de autonomías el planteamiento es muy similar al de Asturias. 'No' al copago en Andalucía o Valencia y defensa cerrada de los servicios públicos. Extremadura sopesa subir impuestos.
El Gobierno de Rajoy prepara un recorte de un 40% en la inversión pública para este año
El Ejecutivo presentará este mes un plan de «adelgazamiento» de la Administración para evitar duplicidades entre la general y la autonómica
Oviedo / Madrid, J. A. ORDÓÑEZ / Agencias, en La Nueva España
Más ajustes y más austeridad. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer en el Congreso una caída de la inversión pública del 40% para 2012, que achacó a la herencia recibida del PSOE. Este recorte supondrá una reducción de unos 6.000 millones de euros. Por su lado, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, avanzó su intención de acometer de inmediato una reforma de la Administración. Su objetivo es reducir el número de organismos autónomos, entes y empresas públicas que hay tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas. «Existen excesivas duplicidades», reconoció el Presidente, en respuesta a Rosa Díez, de UPyD.
Según precisaron fuentes gubernamentales, el Ejecutivo llevará este mismo mes al Consejo de Ministros su plan de reforma de la Administración, que se está diseñando con la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En España hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, que, en conjunto, acumulan una deuda de 60.000 millones de euros, el triple que hace tres años. Sólo en el ámbito de la Administración General del Estado, el plan de Rajoy supondrá la reducción inicial del 20% de entidades.
El sector público del Principado está compuesto por sesenta y nueve entes, fundaciones, organismos autónomos y empresas, que cada año mueven unos 450 millones de euros. Con unos dos mil empleos, sin contar a los trabajadores del Sespa, la deuda global ronda los 275 millones de euros. El sector generará este año unas necesidades de financiación de 40,5 millones de euros.
La reforma de la Administración anunciada por Rajoy recibió el respaldo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien, en otra interpelación de Rosa Díez, aseguró que «España no saldrá de esta crisis sin una reforma del sector público». No obstante, precisó que la reforma debe ser afrontada «desde el pragmatismo y no desde la nostalgia del centralismo». Aunque se desconoce el contenido del plan, en el ámbito del Principado podrían verse afectados organismos como la Sindicatura de Cuentas, cuyas atribuciones recaerían en el Tribunal de Cuentas, la Procuraduría General del Principado, que equivale al Defensor del Pueblo, o el Consejo Consultivo, la versión asturiana del Consejo de Estado. La supresión de estos organismos, que precisaría de una reforma del Estatuto de Autonomía, podría suponer un ahorro de unos 7,5 millones de euros anuales para las arcas del Principado.
Además de las posibles duplicidades entre organismos de la Administración autonómica y de la central, dentro del sector público del Principado también hay casos de solapamientos internos. Así, por ejemplo, en materia de dinamización económica y empleo, el Principado cuenta con el IDEPA, la Sociedad Regional de Promoción, Sodeco y Fucomi. Además, trabajan en el sector numerosas oficinas municipales, la Consejería del ramo y varios ministerios. En materia urbanística operan Sogepsa, Sedes, Vipasa y la Dirección General de Vivienda. Destacados economistas y el CES han alertado de la necesidad de redimensionar el sector público.
Uno de los compromisos de Francisco Álvarez-Cascos en su toma de posesión como presidente del Principado fue una reforma del sector público, que, finalmente, no llevó a cabo. La región tiene hoy el mismo número de empresas dependientes de la Administración que con Areces. En línea con lo anunciado por Rajoy, el programa electoral del PP de Mercedes Fernández para el 25 de marzo incluye un plan de reducción de entidades y costes del sector público, fusión de los organismos de la misma naturaleza y privatización de aquellas empresas públicas que desarrollan labores propias del sector privado.
Por lo que se refiere a la caída en la inversión, la drástica reducción prevista en el gasto público obedece, según explicó De Guindos, a que la «herencia» recibida del Gobierno socialista obliga a acometer el «mayor esfuerzo de reforma y ajuste presupuestario que ha tenido que llevar a cabo un Gobierno desde el inicio de la Transición».
FADE apoya la rebaja del déficit pero teme por las inversiones
La patronal confía en que la ‘poda pública’ no afecte a las obras pendientes
08/03/2012, P. á. Rubio, Oviedo, en La Voz de Asturias
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) analizó ayer las consecuencias de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y para el presidente de la organización, Severino García Vigón, la rebaja impuesta del endeudamiento autonómico hasta el 1,5% es un mal necesario. “La realidad es la que es. Estamos en recesión y nos va a tocar vivir momentos de apretarse más el cinturón”, argumentó.
Pero los empresarios tienen un temor: que este recorte afecte a las inversiones y obras pendientes en Asturias y, por lo tanto, frenen aún más la economía y hagan repuntar, todavía en mayor medida, el desempleo. En cualquier caso, para Vigón, la tarea -cifrada en 500 millones- “no va a ser fácil de cumplir”, aunque lo primordial es que no afecte a las infraestructuras aún sin finalizar. “Asturias ya ha esperado bastante por sus obras pendientes. Ahora les toca esperar a otros”, añadió. Al mismo tiempo, el presidente de los empresarios asturianos precisó que a partir de ahora “los políticos tienen el reto de combinar las restricciones con el estímulo a la actividad productiva y la inversión”.
Los sindicatos Desde las organizaciones sindicales asturianas, UGT y CCOO también analizaron la situación. Por el primero, su secretaria de Acción Sindical, Mar Celemín, lo tiene claro: el afán por reducir el déficit, en una coyuntura como la actual, solo llevará a un punto: “Habrá más recesión y más desempleo”, indicó. Celemín recordó que hace tres años que UGT viene anunciado que enfocar todas las políticas a reducir el endeudamiento solo podía “llevarnos a un escenario como el actual”. Es más, para Celemín está claro que el próximo paso será la privatización de servicios esenciales, como educación, sanidad y bienestar social. “Por no hablar del debate perverso del copago sanitario, que es hasta donde nos quiere llevar este discurso neoliberal que tanto impera ahora”, aseveró.
Desde CCOO, su secretario general - en un acto celebrado en Piedras Blancas- Antonio Pino, disipó cualquier duda sobre las actuaciones que llevará a cabo el Gobierno central y las administraciones autonómicas. “Han rechazado una iniciativa en contra del copago en la sanidad en el Congreso de los Diputados, por lo que nadie tenga duda de que van a meter tijera en la sanidad”, indicó. CCOO también viene alertando de que rebajar el déficit hasta tal punto como pretende el Gobierno de la nación solo puede desembocar en que Asturias tarde más en salir de la crisis.
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