PRENSA

Al margen de la actual actuación de la ONT, nuestra Consejería de Sanidad tendría que dar más de una explicación

Sanidad denegó con tres meses de retraso buscar un donante de médula en Avilés

Una organización de trasplantes en entredicho: La alemana DKMS, denunciada por promover una campaña destinada a un avilesino con leucemia, recurrirá las graves acusaciones del Ministerio

Foto: Participantes en el registro de donantes de células madre, en El Quirinal, en Octubre.
Agencias / M. M. / E. C., en La Nueva España

Los organizadores de la campaña de captación de donantes de células madre en Avilés pidieron permiso a la Consejería de Sanidad del Principado dos semanas antes del acto. Así, según confirmaron los amigos de Hugo Pérez (el paciente para el que se organizó la campaña), existen correos electrónicos que prueban la solicitud de permiso. Sin embargo la respuesta, denegándolo, no llegó hasta tres meses después, cuando ya se había realizado la campaña. Los organizadores decidieron seguir adelante pese al silencio del Principado ante la urgencia de encontrar un donante compatible para el avilesino enfermo de leucemia. La campaña, organizada en colaboración con la entidad alemana DKMS, está ahora en tela de juicio por las denuncias de la Organización Nacional de Transplantes (ONT).

El coordinador de la ONT, Rafael Matesanz, abogó ayer por que se apruebe una normativa «más restrictiva» en España que impida que se repitan «nuevas irregularidades» como las que, a su juicio, está llevando a cabo DKMS en el trasplante de médula. Matesanz destacó que esta entidad consiguió 1.200 muestras biológicas tras hacer un llamamiento masivo a la población, en octubre de 2011, en beneficio de Hugo Pérez, un avilesino de 35 años enfermo de leucemia que entró en contacto con la firma alemana. Y todo ello sin contar con el visto bueno de las autoridades sanitarias españolas.

Ante la «ilegalidad» del proceso, Sanidad planea ahora actuar judicialmente contra DKMS, que posee el registro de donantes de médula más grande del mundo con 2,6 millones personas registradas. «Una de las derivaciones que probablemente salgan del informe es la elaboración de alguna normativa más restrictiva para evitar este tipo de situaciones», sentenció Matesanz, quien añadió que la intrusión de DKMS pone «en grave riesgo el modélico sistema español de donaciones altruista, gratuito y confidencial».

Los responsables de la empresa alemana niegan la mayor. «El envío de muestras biológicas desde España a otros países de la Unión Europea no constituye exportación y no necesita autorización alguna bastando una simple declaración administrativa», manifestaron. Destacaron, además, que DKMS «no gana dinero en España». «En la única campaña celebrada hasta la fecha, que tuvo lugar en Avilés, DKMS registró 1.235 donantes y asumió los costes de registro que ascendían a más de 50 euros por donante (61.750 euros)», dijeron. Según las mismas voces alemanas, las donaciones realizadas por voluntarios de Avilés ascendieron a 8.501 euros. «En España el Sistema Nacional de Salud paga actualmente a Redmo (Registro Español de Donantes de Médula Ósea) y a otras organizaciones que aportan donantes cerca de 14.000 euros por cada trasplante», sentenciaron. DKMS entiende así que la Organización Nacional de Trasplantes «ha actuado sin fundamento legal alguno» y por esta razón la firma, según anunció ayer, ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo en defensa de sus intereses.

La ONT, que depende del Ministerio de Sanidad, y la Fundación José Carreras-Redmo firmaron, por su parte, el pasado 12 de enero un informe sobre la empresa DKMS y su actuación en relación a la donación de médula ósea en España en el que presentan los argumentos legales contra la firma alemana en los que basa su decisión la comisión de Transplantes. Fuentes próximas a la Organización Nacional de Transplantes en Asturias destacaron, además, que sólo el 20 por ciento de los participantes en un llamamiento masivo como el convocado en octubre por DKMS en Avilés, donde participaron 1.235 voluntarios, acaba siendo donante realmente ya que sólo una de cada 70.000 personas es válida para una donación de médula.

«En España el 80% de las personas que necesitan donante lo encuentran. Nadie tiene que venir a enseñarnos cómo se hacen las cosas, llevamos veinte años trabajando en este asunto», concluyeron. La guerra por los trasplantes está así abierta.

El caso de Hugo Pérez

El paciente

Hugo Pérez, un joven avilesino paciente de leucemia, fue desahuciado por los médicos españoles. Tras contactar con la organización alemana DKMS, viajó a Alemania, donde estuvo ingresado en un hospital y recibió una donación de células madre de su hermano (sólo compatible en un cincuenta por ciento).

Campaña

El objetivo de la campaña, que organizaron sus amigos y familiares con el apoyo de la DKMS, fue hacer un registro de donantes en busca del «gemelo genético» que fuera totalmente compatible con el paciente. Se registraron más de 1.200 personas, aunque finalmente ninguno resultó ser compatible con Hugo Pérez.

DKMS defiende que la campaña de donación de médula realizada en Avilés es «legal»

Jesús Otero, director general de Transplantes de Asturias, acusa a la empresa de «hacer chantaje emocional» y de «engañar a la gente»

18.01.12 - J. F. GALÁN | AVILÉS, en El Comercio.
La empresa alemana de donaciones de médula DKMS negó ayer las afirmaciones realizadas por la Organización Nacional de Trasplantes, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha advertido que las campañas de búsqueda de donantes de médula ósea son «ilegales». La primera de ella se realizó el pasado 16 de octubre en Avilés, con un objetivo muy concreto: encontrar un donante de médula compatible con Hugo Pérez, un avilesino enfermo de leucemia.
La respuesta fue masiva. Acudieron 1.225 personas, una explosión solidaria que impregnó de esperanza no sólo a Hugo y a su familia, sino también a miles de enfermos de leucemia de todo el mundo que están en la misma tesitura, a la espera de un donante de células madre que les salve la vida. En el caso de Hugo, la búsqueda ha resultado, hasta el momento, infructuosa.
Gerhard Ehninger, uno de los fundadores de DKMS, negó que su organización haya vulnerado ninguna ley española, y también que pida pagos exagerados por sus servicios. «Todos los españoles que quieren ser registrados como potenciales donantes han sido admitidos en el banco de la DKMS», indicó Ehninger. El Ministerio de Sanidad, por contra, considera ilegal la actuación de DKMS en España, y recordó que la donación de médula sólo puede realizarse a través de la Fundación Internacional José Carreras.
La DKMS tiene el mayor registro de médula del mundo, con un total de 2,6 millones de potenciales donantes, y el pasado año gestionó las donaciones de 4.700 pacientes de leucemia. Según Ehninger, su organización se decidió a actuar en España ante la evidencia de que, pese al buen funcionamiento de los transplantes de órganos, el sistema de donaciones de médula en ese país está «algo retrasado».
El fundador de DKMS , catedrático de Medicina en Dresde, indicó asimismo que su organización está determinada a seguir trabajando en España y que recurrirá a la Justicia, si es preciso, para defender sus intereses. El Ministerio de Sanidad, por su parte, ha insistido en que DKMS no dispone ni de las autorizaciones legalmente exigibles, ni de los convenios y acuerdos de colaboración que habilitan para realizar funciones que son competencia del Sistema Nacional de Salud.
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la Fundación José Carreras-Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) enviaron varias cartas a la empresa instándole a que cesase su actividad en España. Tras la negativa de la empresa, el director de la ONT, Rafael Matesanz, denunció el caso ante la abogacía del Estado para que analizase posibles violaciones de la ley.
Chantaje emocional
Jesús Otero, director general de Transplantes de Asturias, tiene claro que la campaña de donaciones emprendida por la empresa alemana en España es ilegal. «En Alemania no, pero aquí sí. En este país, las campañas de donaciones son altruistas, y son potestad de las comunidades autónomas. No puede hacerlas cualquiera. Hay que solicitar permiso a la autoridad competente, en este caso, la consejería de Sanidad, y no se hizo», añadió.
Otero dirigió duras palabras a la DKMS. «Sabía que lo que hacía era ilegal. Ha engañado a la gente», manifestó el director general de Transplantes de Asturias. «Enviar muestras biológicas a otro país es ilegal, en España y en cualquier otro país. Han incumplido la ley, y no una vez, sino varias, y de forma consciente».
Otero también acusó a DKMS de «aprovecharse de la situación de necesidad de una persona para pedir dinero a la gente. Eso es chantaje emocional», añadió. En este punto, recordó que durante la campaña de captación de donantes realizada en El Quirinal, «también realizaron una campaña de captación de donativos».
En cuanto al dinero que, según el Ministerio de Sanidad cobra la empresa alemana por cada transplante, Otero admite que tal práctica se realiza en todos los países. «La diferencia es que en España se cobran 8.000 euros, que asume el sistema público de Sanidad, y ellos cobran 14.000. Esa es la diferencia». Por último, minimizó la eficacia de la campaña de donación realizada en Avilés. «Si en un registro con trece millones de entradas no se encontró un donante compatible, difícilmente se podrá hallarse entre mil o dos mil personas», concluyó.
La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre el grupo de amigos de Hugo que promovió la campaña de captación. «Nosotros pedimos permiso a Sanidad, pero cuando llegó la respuesta, ya la habíamos realizado. Nos dijeron que no», reconoció un portavoz del colectivo. «Ahora tenemos muchas dudas», concluyó.

Trasplantes dice que la campaña de donación de médula de Hugo fue ilegal

El Principado asegura que cuestaciones unipersonales de este tipo no están permitidas en España

18/01/2012, N. Rodríguez/A. GONZÁLEZ, Avilés/Madrid, en La Voz de Asturias
“DKMS es legal en Alemania y aquí, pero no lo es hacer una campaña masiva para una persona en concreto y se les avisó”. El doctor Jesús Otero, coordinador de Trasplantes del Principado, criticaba ayer la actuación de la fundación alemana que realizó hace unos meses una cuestación en la que participaron más de mil personas dispuestas a donar médula ósea a Hugo Pérez, un avilesino que padece leucemia.
Otero asegura que en España no están permitidas las campañas masivas para una persona como la que se realizó en Avilés, dado que está comprobado que sólo “el 20% de las personas que se apuntan luego son donantes. Por eso no las hacemos, porque te dejas el dinero y no lo merece”. Además, la Organización Nacional de Trasplantes tiene contacto con todos los bancos de médula ósea que hay en otros países, “incluido el de DKMS”, por lo que cuando recibe un caso busca en todos ellos.
La fundación alemana, según las explicaciones de Otero, tampoco cumplió con otro requisito nacional. Cuando se exportan productos biológicos fuera de España es necesario un permiso de Sanidad y ellos no lo pidieron. Ante esta situación afirma que podría darse la situación de que desde España se reclamase a DKMS las muestras de las 1.231 personas que participaron en la campaña de Avilés de forma altruista. Actualmente se encuentran en Alemania.
DKMS, que afirma cumplir con la normativa europea, sería la primera fundación internacional que realiza algún tipo de actuación relacionada con la donación de médula ósea en España. La Fundación Josep Carreras es la que gestiona el Registro Oficial de Donantes de Médula Ósea en España (REDMO), dado que tiene un convenio en tal sentido con las comunidades autónomas.
Hugo Pérez salía ayer en defensa de DKMS y se mostraba “indignado” por las informaciones que se han dado en los últimos días. “Les estoy agradecido porque hicieron más que REDMO”, aseguraba desde Avilés, en donde se encuentra desde hace dos meses, una vez finalizada su estancia en Alemania.
Pérez, que actualmente no está vinculado con DKMS, sólo tenía ayer palabras de agradecimiento hacia la entidad y se declaraba “indignado” por las informaciones de los últimos días. “Hicieron más que REDMO”, afirmaba y negaba algunas de las cifras que se han hecho públicas.
Ni paciente ni donante pagan Para empezar “no paga el paciente ni el que dona”. El coste que ha tenido para la DKMS hacer las pruebas en Avilés ha sido de entorno a 50.000 euros, según asegura. “Que me digan qué beneficio tiene. Lo que trata es de hacer una función, que es salvar vidas al fin y al cabo”, indicó e insistió en que se trata de una fundación “sin ánimo de lucro”, no una empresa.
Además, Pérez aseguró que en el caso de que España envíe a otro país médula ósea también cobra por ello. El avilesino recordó que, en comparación con otros estados, el nivel de donantes es bajo. Actualmente hay unos 60.000 en todo el país frente al millón que tienen en Alemania. “Si mañana cierran la frontera la mayoría de los enfermos de leucemia nos moriríamos”, afirmó para evidenciar la necesidad que existe.
Por lo que se refiere a aspectos legales aseguró que “no creo que exista una ley, en todo caso una recomendación” en lo referente a realizar campañas masivas. Aún así, afirmó que “si me dan a elegir, me quedo con Alemania”.

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Comparecencia de ayer del Consejero y su equipo en el marco del proyecto de presupuestos para este año

Asturias reclama una solución de Estado para su deuda sanitaria de 303 millones

Sanidad anuncia un plan para pagar a los proveedores asturianos y asegura que ahorró 19 millones en el gasto de farmacia de 2011

Foto: José María Navia-Osorio y Juan Azcona (Gerente del SESPA), ayer en la Junta General. Al fondo, Pilar Alonso.
8.01.2012 - LAURA FONSECA,OVIEDO, en El Comercio.
A 303 millones de euros asciende la deuda sanitaria asturiana, para la que el Gobierno regional de Álvarez-Cascos reclamó ayer «una solución de Estado». El déficit proviene, según detalló en la Junta General el consejero de Sanidad del Principado, de facturas impagadas que se retrotraen a 2009 y de los 262 millones de euros que los anteriores gestores desplazaron del presupuesto del Servicio de Salud (Sespa) de 2010 a 2011. A esto se une, según José María Navia-Osorio, la deuda correspondiente al pasado año, otros 41 millones. En total, 303 millones, de los que 215 fueron generados por el HUCA, 84 por el Hospital de Cabueñes y 11 millones, por el San Agustín. Los números rojos no desaparecerán de las cuentas sanitarias. Los 1.648 millones de euros presupuestados para la Consejería de Sanidad y el Sespa en 2012 no incluyen la erradicación de la deuda. Navia-Osorio se comprometió a no generar más gasto desplazado, pero admitió la imposibilidad de «poner el contador a cero. Para eso se necesita una solución de Estado», advirtió.
El consejero de Sanidad compareció en la Comisión de Hacienda del Parlamento para explicar sus presupuestos, que aumentan un 6,7%. Navia-Osorio los definió como «unas cuentas que romperán» con la tendencia de los últimos años, ya que no generarán déficit. «Por primera vez cubrirán las necesidades asistenciales sin generar deuda y manteniendo la calidad», dijo.
Pero las valoraciones y anuncios del titular de Sanidad, que aseguró que este año saldrá adelante la normativa que prohibirá la venta de alcohol a menores de 16 años, no convencieron a los grupos de la oposición. Ni tan siquiera cuando el consejero anunció que se había logrado un ahorro de 19 millones de euros en el gasto de farmacia de 2011, que cerró en 324,4 millones de euros. Tampoco cuando se comprometió a pagar «a los proveedores asturianos» durante el primer cuatrimestre del año o cuando dijo que saldaría entre enero y febrero la deuda que se arrastra desde 2010 que llega a 45 millones de euros.
Pilar Alonso, del PSOE, discrepó sobre la deuda sanitaria y afirmó que el Gobierno de Foro Asturias recibió en julio de 2011 un gasto desplazo de 140 millones de euros. «El resto, hasta llegar a 303 millones, es responsabilidad vuestra», le espetó la parlamentaria, que calificó el presupuesto de «virtual e irreal». Por su parte, Carlos Galcerán, del PP, inició su intervención afeando al Gobierno anterior, al socialista, al que acusó de «chapucero». En cuanto a las cuentas redactadas por la actual consejería, indicó que «son presupuestos aparentes en la forma, pero decepcionantes en el fondo, ya que repiten las líneas del anterior. Carecen, por tanto, de ambición». Noemí Martín, de IU, mostró sus dudas de que los presupuestos presentados en la Junta «sean los definitivos» y vaticinó futuros recortes, aunque reconoció el esfuerzo por presentar unas cuentas ajustadas al gasto real.

El Sespa congelará la asignación a los centros concertados

18.01.12 – El Comercio
Los hospitales concertados verán congelada la asignación que el Servicio de Salud les transferirá en 2012. Así lo confirmó ayer el propio gerente del Sespa al asegurar que el único centro que verá incrementado su presupuesto será el Hospital de Arriondas. El resto «mantendrá lo que tenía» y «habrá alguno que bajará un poco», indicó Juan Azcona, que no ofreció más precisión. Esto significa que el Gobierno regional persistirá en los recortes que para la red concertada había aprobado la anterior Administración.

Sanidad presenta un proyecto «continuista» que arrastra una deuda de 303 millones

Los acreedores están empezando a exigir intereses de demora y Navia-Osorio considera que «es un problema de Estado que requerirá soluciones»

Oviedo, P. RUBIERA, en La Nueva España.
El equipo de Sanidad del Gobierno asturiano, liderado por José María Navia-Osorio, presentó ayer en la Junta un presupuesto para 2012 que la oposición coincidió en calificar de «continuista», en el que destaca la deuda de 303 millones de euros que la sanidad pública asturiana arrastra desde el ejercicio de 2010. Los 1.649 millones de euros de este año (el 6,7% más que el anterior ejercicio), de aprobarse el proyecto, no resolverán la situación. No será posible, como apuntó la diputada de IU, Noemí Martín, «poner el contador a cero», como era el deseo del Consejero. La deuda continuará deslizándose.

«Éste es un problema de Estado que afecta a todas las comunidades autónomas y, lógicamente, habrá que buscar una solución de Estado», apuntó Navia-Osorio.

Según explicó Juan Azcona, gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, al cierre del ejercicio de 2010 la deuda deslizada o «facturas en el cajón», como prefiere denominarla Navia-Osorio, ascendía a 262 millones de euros y en 2011, en este mismo apartado, se incluyeron 41,5 millones. En total 303,5 millones, de ellos alrededor de 9 generados en los últimos cuatro meses de gobierno de Foro Asturias, ya que el actual Ejecutivo declaró al inicio de su mandato una deuda sanitaria de 294 millones.

La gestión realizada por el actual equipo sanitario ha logrado reducir lo que se debe de 2010 en 45 millones, que, según dijo Azcona, se abonarán en los dos primeros meses del actual ejercicio. Quedan pendientes 258 millones de euros de 2011. Azcona añadió que pagarán el cien por cien de lo que deben a los pequeños acreedores en el primer cuatrimestre de este ejercicio.

En este apartado, el peligro está en los grandes proveedores, muchos de los cuales están solicitando intereses apoyándose en la ley de morosidad. Juan Azcona anunció que la Consejería de Sanidad trabaja en un plan de financiación para pactar el pago de estos intereses. En 2011 se han abonado, por este concepto, 3,2 millones, hay 3,8 reclamados y la Consejería estima que pueden ser solicitados otros 1,2. En total, 5 millones pendientes.

Contra lo que cabía esperar, el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) no formó parte del debate parlamentario. Los presupuestos destinan a este apartado 21,5 millones, y al Álvarez-Buylla de Mieres, 6,5. El presupuesto del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias (Sespa) es de 1.573 millones. Juan Azcona apuntó un dato interesante sobre la receta médica. La entrada en vigor de la prescripción por principio activo en noviembre supuso un ahorro de 6 millones de euros en dos meses.

Sí lo hizo, en cambio, la Fundación para la Investigación Biomédica, un ente jurídico que el anterior Gobierno socialista intentó poner en marcha pero dejó sin rematar. José Antonio Álvarez Riesgo, director de Innovación Sanitaria, explicó, primero al diputado popular Carlos Galcerán y más tarde a la portavoz socialista Pilar Alonso, que «es imposible generar una fundación para gestionar algo que no existe».

Y añadió: «Un proyecto estratégico de investigación exige definir objetivos, áreas estratégicas, recursos humanos, establecer un marco jurídico y, lo más importante, financiación. Estamos elaborando un proyecto de investigación, pero según nuestros cálculos no bajará de 30 millones de euros».

El presupuesto consignado por el anterior Gobierno era de 200.000 euros y había otros 300.000 de la Universidad, Cajastur y empresarios, según informó la diputada de Foro Cristina Coto.

Noemí Martín reconoció el esfuerzo del equipo de Sanidad «para ajustarse al gasto real» y confesó asistir al debate con «cierto escepticismo». «Primero se nos dijo que no habría presupuestos, que habría prórroga; más tarde se presenta éste; el próximo día 24 comparecerá el presidente Cascos para hablar de los recortes de Rajoy y al día siguiente debatiremos en esta cámara las enmiendas presupuestarias. Dicho esto, este presupuesto debería ser de 1.900 millones de euros y no lo es. No podemos echar las campanas al vuelo».

«De aparente en la forma y decepcionante en el fondo» calificó Carlos Galcerán el capítulo de gastos, y refiriéndose a las cuentas generales, citó «olvidos imperdonables», entre ellos la atención primaria, la salud mental, los cuidados paliativos, la prevención y las subvenciones a diferentes asociaciones, también citadas por Noemí Martín. Reprochó al equipo de sanidad su triunfalismo al presentar unas listas de espera que, dijo, tienen a 96.000 personas entre consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones.

«En su presupuesto sigue habiendo deuda y gasto desplazado», subrayó la socialista Pilar Alonso, que acusó a Navia-Osorio de retrasar «intencionadamente todos los proyectos del anterior Ejecutivo del PSOE para borrar sus huellas, queriendo dar a entender que empiezan de nuevo».

Asturias pide ayuda al Estado para saldar su deuda sanitaria

El consejero la cuantifica en 300 millones y cree que el Principado es incapaz de asumirla

18/01/12, María Díaz, Oviedo, en La Voz de Asturias
El consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, pidió ayer el auxilio del Estado para saldar la deuda sanitaria asturiana que asciende a 303 millones de euros. Aunque en otras ocasiones, el titular de Sanidad había echado la culpa al Gobierno anterior ayer, admitió que es un problema que aqueja a todas las comunidades autonómicas por lo que la calificó de un “problema de Estado” y que debe de ser éste el que “busque una solución”. Añadió que, aunque Asturias es la única comunidad que este año no la incrementa y que tratará de reducirla ya que no existe capacidad para saldarla.
El consejero afirmó que, en el Principado, se está pagando la deuda de farmacia, algo que recordó no se está haciendo en Valencia, Murcia, Cataluña o Castilla-La Mancha, que también se ha pagado a los hospitales concertados y que hay una deuda con pequeños y grandes proveedores. En total, 303 millones.
La explicación corrió a cargo del gerente del Sespa, Juan Azcona. Afirmó que se arrastra una deuda de 45 millones del año 2010 y de 258,5 millones del año 2011, lo que supone que sufrió un fuerte incremento en los cinco meses de Gobierno de Foro, ya que el pasado mes de julio estaba situada en 140 millones.
Por su parte, el consejero aseguró que, aunque pensaron que los grandes proveedores iban a aguantar mejor, algunos ya solicitaron los pagos. En este sentido, indicó que prevén saldar esos 45 millones (que son de grandes proveedores) en los dos primeros meses del actual ejercicio y que confían en poder pagar el cien por cien de lo que adeudan a los pequeños proveedores en el primer cuatrimestre. Además, está previsto un plan de negociación con grandes proveedores, que piden intereses de demora, con los que tratan de pactar la condonación de parte de esos intereses. Según explicó Azcona, el año pasado se pagaron 3,2 millones, que a día de ayer estaban reclamados 3,8 millones y que “creemos que de forma inmediata reclamarán otros 1,6 millones”. Por ello, el presupuesto contempla una partida de 5 millones en gastos financieros.
Estas cifras fueron aportadas por el titular de Sanidad, durante su comparecencia en la Junta General del Principado para presentar el proyecto de presupuestos para 2012 en su departamento, que se eleva a 1.648 millones de euros, con un incremento del 6,71% respecto a 2011, lo que indicó que “rompe” la tendencia de los últimos años y que cubrirá “las necesidades asistenciales sin generar deuda y manteniendo la calidad.
Sin embargo, desde la oposición, dejaron patente que esas cuentas no son ninguna novedad, que son “continuista” con el presupuesto del anterior Ejecutivo y que, además, puede ser papel mojado ante los recortes que impondrá el Gobierno central de Mariano Rajoy.
La diputada socialista, Pilar Alonso, manifestó que pese a las críticas de Foro sobre la herencia recibida del PSOE, “no sería tan mala cuando mantiene lo que hay”. Además, les echó en cara que siga habiendo deuda y gasto desplazado ya que, mientras había 140 millones a julio pasado, “la deuda no disminuyó sino que aumentó con este Gobierno”.
Desde el PP, Carlos Galcerán calificó a las cuentas de Sanidad de “aparentes en la forma y decepcionantes en el fondo” dado que aunque se afirma que suben en un 6,7% “el gasto real no tiene incremento”. Concretamente, en Atención Primaria “queda como estaba” pese a necesidades y criticó que se haya perdido una oportunidad de un cambio en la sanidad asturiana porque “siguen el mismo criterio que las cuentas socialistas”. A sus preguntas, Sanidad anunció que la integración del Hospital de Arriondas en el Sespa será en febrero.
Por su parte, Noemí Martín, diputada de IU-LV, no vio grandes cambios ya que solo “ajustan el gasto real”. No obstante, mostró su “escepticismo” porque el día antes del pleno de totalidad comparecerá el presidente del Principado para informar de la influencia de los recortes del Gobierno central. “No sé si va a venir a decir que lo que estamos discutiendo aquí no es real”, comentó.
La diputada de Foro Cristina Coto, rechazó las críticas y garantizó la asistencia y las inversiones para modernizar las infraestructuras.

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El trípode de las reformas de Rajoy: Mercado laboral, reestructuración del sistema financiero y reducción de organismos públicos

Buena parte de la reforma laboral está en las enmiendas del PP

Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno que ha vuelto a hacer un llamamiento a los agentes sociales para que alcancen un acuerdo para la reforma del mercado de trabajo.

nuevatribuna.es
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "buena parte" de los cambios que introducirá "pronto" en el mercado laboral se encuentran recogidos en las 71 enmiendas que el PP presentó al proyecto de Ley de reforma laboral que el anterior Ejecutivo llevó al Parlamento a mediados de 2010 y que no fueron introducidas. Así lo manifestó en rueda de prensa junto al presidente francés, Nicolás Sarkozy, en el Palacio de La Moncloa, tras la reunión mantenida por ambos mandatarios.
De acuerdo con el contenido de estas 71 enmiendas, la reforma laboral podría extender el contrato de fomento del empleo, con una indemnización de 33 días por año trabajado, regular un procedimiento general de descuelgue de convenios colectivos mediante acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores o dotar de mayor flexibilidad interna a la empresa
Según el presidente del Gobierno, la reforma laboral "se hará pronto", pero insistió en pedir un "esfuerzo" a los agentes sociales para que "remen en la misma dirección" en favor de la creación de empleo.
"He pedido a los agentes sociales en público y en privado que hagan un esfuerzo, porque no es un problema del PP, sino de toda la nación", ha dicho, para añadir que "en los momentos difíciles todos tienen que remar en la misma dirección de la creación de empleo".
Así pues, el presidente del Gobierno ha dejado claro que las dos últimas reformas laborales, que sólo contaron con la abstención del PP, no han sido "suficientes", y, por ello, consideró que es preciso aprobar una modificación del mercado de trabajo "eficaz".
Rajoy también ha confirmado que "en breves fechas", el Ejecutivo dará a conocer el plan de reestructuración del sistema financiero. Ha anticipado que el nuevo marco será sinónimo de "transparencia" y permitirá que los activos de las entidades sean tasados "a su valor real". Ha confirmado que la reforma acarreará nuevas fusiones y que el objetivo primordial será que vuelva a fluir el crédito para las empresas y las familias.
"En estos momentos, necesitamos liquidez y la consolidación fiscal, el control del déficit y las reformas estructurales para un mayor crecimiento deben ir acompañados de la necesaria liquidez, sin la cual, los esfuerzos importantes que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo van a producir efectos mucho menores", ha explicado.
En opinión del líder del PP, los cambios que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en el marco financiero fueron positivos, pero "un poco tímidos".
Por eso, ha expresado la conveniencia de "hacer más cosas" para obtener los resultados esperados. Rajoy ha añadido que la tercera reforma que acometerá será la del sector público, con la reducción de organismos públicos en coordinación con las Comunidades Autónomas.
El presidente del Gobierno ha sido insistente en que la reducción del déficit es fundamental, aunque ha reconocido que "no basta, ni llega", solo con esta medida para salir de la crisis. Por ello, ha hecho hincapié en que son necesarias las tres reformas que proyecta para generar crecimiento y empleo.
"Nadie se sorprende que quiera hacer reformas y cumplir con los compromisos", ha concluido.

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Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra esta tarde en Madrid

El Principado exigirá hoy un nuevo sistema de financiación autonómica

Del Riego pide que se compute el PIB, la caída de la población activa o el crecimiento industrial

Foto: Una pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
17/01/2012, Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias
El Principado pedirá hoy al Gobierno de Mariano Rajoy un nuevo sistema de financiación autonómica. El consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Ramón del Riego, trasladará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera su intención de modificar el actual modelo de reparto de los recursos por uno “más equitativo”, de forma que Asturias salga compensada.
Entre las propuestas de Del Riego, se encuentra la intención de que se incluyan criterios como “la evolución del PIB, el descenso de la población activa, el volumen de emigración cualificada o el crecimiento industrial”. Además, quiere que se tengan en cuenta otras reivindicaciones como “la dispersión poblacional o la orografía”.
Estos planteamientos no son nuevos, ya que fueron defendidos por el Gobierno asturiano de coalición PSOE-IU en 2009, cuando se pactó el reparto actual. En aquella fecha, Asturias, junto a Extremadura, Cantabria, Galicia y Castilla y León, lograron que se incluyese el envejecimiento entre esas variables, aunque no consiguieron que se contemplase la orografía o la dispersión.
En opinión del consejero de Hacienda, el actual sistema de financiación fue aprobado en 2009 “sin contar con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas”, ya que asegura que “fue impuesto por una única región -se refiere a Cataluña- a cambio de apoyos en el Parlamento Nacional”. Pese a las afirmaciones del consejero, el acuerdo salió adelante con el voto favorable de todas las comunidades autónomas excepto las del PP, que se abstuvieron.
El Gobierno regional se ampara en la Constitución y en el Derecho Comunitario para defender los principios de cohesión y solidaridad y exigir unos criterios de reparto que sean más justos con el Principado. En este sentido, pide a Rajoy que modifique el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre por el que “elimina” los fondos mineros. Del Riego considera que esa es una decisión “inasumible para Asturias”, ya que es contraria a la “distribución equitativa de la renta regional en España”.
Control del déficit Del Riego también tiene pensado respaldar los mecanismos de control del déficit que el Gobierno quiere implantar en las comunidades autónomas. El consejero asegura que es “inevitable” tomar medidas para evitar la reedición de “importantes déficits”, y aprovecha la ocasión para criticar, una vez más, al Gobierno de coalición PSOE-IU, al que acusa de “despilfarro”.
El Principado, además de respaldar las propuestas del PP, propondrá medidas como “la remisión al Ministerio de Hacienda del estado mensual de los presupuestos” y exigirá que quebrantar el déficit no tenga consecuencias solo para el Gobierno sino que tenga “responsabilidades políticas y personales para los que incumplan continuadamente los objetivos”.

El Principado reclama cambios en el modelo de financiación autonómica, como Cataluña

La fórmula actual perjudica a Asturias, según Foro

El casquismo acusa a Areces de «despilfarrar» y apoya sanciones administrativas y personales

Ve bien que el Estado haga controles periódicos del Presupuesto autonómico

Oviedo, J. E. MENCÍA, en La Nueva España.

El Principado reclama, como ya han hecho los gobiernos autonómicos de Cataluña, Valencia y Murcia, cambios en el modelo de financiación regional, para «evitar, mediante una redistribución más equitativa de los recursos, que las regiones más desfavorecidas, por circunstancias económicas o geográficas, como Asturias, salgan perjudicadas». El Gobierno asturiano está decidido a plantear la apertura del melón de la financiación autonómica en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar esta tarde en Madrid, un encuentro en el que participan los responsables económicos del Gobierno de Mariano Rajoy y los de las regiones.

A juicio de los responsables asturianos de Hacienda, «esta revisión favorecerá el crecimiento sostenido del país y promoverá su distribución de forma que todos los españoles, cualquiera que sea el territorio en el que residan, puedan acceder a unos servicios públicos de igual calidad». El Gobierno asturiano recuerda que el actual modelo no contó con el apoyo de la mayoría de las comunidades cuando se aprobó. La propuesta llega después de que el Ministerio de Hacienda haya prometido incrementar las transferencias a las regiones. Su titular, Cristóbal Montoro, llegó a justificar en ese objetivo la reciente subida aprobada en el IRPF.

La jugada conlleva ciertos riesgos. Regiones como Cataluña, Valencia y Murcia ya han denunciado que el actual modelo de reparto las castiga y reclaman más dinero al Estado. Negociar otra fórmula de financiación supone abrir un nuevo tira y afloja político en el que todas las regiones buscarán incrementar sus partidas. Foro deberá jugar ahí sus cartas frente a los gobiernos del PP y al catalán de CIU, entre otros. Una incógnita.

La revisión del sistema de financiación no es la única idea que espera plantear el consejero de Hacienda del Principado, Ramón del Riego, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno asturiano anunciará también su apoyo a las propuestas de estabilidad presupuestaria del ejecutivo de Rajoy, incluidas las sanciones que ha planteado implantar Montoro para las comunidades que no cumplan los objetivos del déficit. Del Riego tiene intención de dar el visto bueno a esta parte del orden del día pese a que el Ministerio de Hacienda aún no ha informado al Gobierno asturiano del contenido de sus planes de austeridad. Tras la reunión que mantuvo Montoro, la pasada semana, con los responsables económicos de las autonomías gobernadas por el PP, había trascendido que el Ministro informaría de los contenidos del Consejo de Política Fiscal y Financiera a los gobiernos de Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias. El contacto con el Principado no ha tenido lugar, aunque no se descarta que pueda darse hoy, antes de la reunión de esta tarde.

Esa situación no es óbice para que el Principado vea factible el apoyo a Montoro en ese terreno. «El Gobierno asturiano ha mantenido desde el inicio de la legislatura su total compromiso con la imprescindible estabilidad presupuestaria, al ser este equilibrio una premisa necesaria para garantizar la reactivación y el crecimiento futuro de España y de Asturias», señaló ayer la Consejería de Hacienda asturiana, que pone como ejemplo de ese compromiso «los acuerdos de 4 de octubre del Consejo de Gobierno en los que se retuvieron gastos por importe de 156 millones de euros del presupuesto de 2011». El que incluía el recorte de la TPA. «Este Gobierno es pionero frente a otras comunidades en el control y reducción del gasto», subraya. El Principado recalca luego que no se opondrá a mecanismos adicionales para controlar el déficit público, «siempre que resulten respetuosos con el marco constitucional y estatutario vigente».

La Consejería no evita el rapapolvo al anterior Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces, al que acusa de «despilfarrar». Así, considera «inevitable tomar medidas para evitar la reedición de los importantes déficit provocados por los gobiernos autonómicos de la legislatura anterior, que, lejos de practicar la austeridad y la selección de los gastos, se dedicaron a gastar sin control -en algún caso, como Asturias, a despilfarrar- provocando la actual situación de crisis financiera de las comunidades autónomas».

Para lograr ese fin, el Principado de Asturias aún va más allá y tiene intención de plantear medidas como la remisión al Ministerio de estados mensuales de ejecución presupuestaria; crear comisiones bilaterales para seguir el déficit; la creación de un sistema de ayuda para acceder en condiciones favorables al crédito; sistemas de sanción para el caso de incumplimiento de los objetivos por desviación en los gastos, así como de responsabilidades políticas y personales para aquellos gestores públicos que incumplan continuamente los objetivos marcados y las recomendaciones para la reconducción de las desviaciones.

El Ejecutivo de Cascos pedirá a Montoro que revoque el ajuste que «elimina» los fondos mineros

Oviedo, J. E. M., en La Nueva España

Junto al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, el Principado reclama el cumplimiento de los de cohesión social y solidaridad entre autonomías.

«El déficit presupuestario no es el único problema que afecta a la actual situación económica, por lo que el Principado planteará también el fortalecimiento del principio constitucional de solidaridad y el establecimiento de los necesarios mecanismos de control y corrección del actual déficit de cohesión nacional, que se está disparando peligrosamente», señala el Gobierno, que a continuación cita -a modo de advertencia, señalando el camino jurídico que podría seguir- varios artículos de la Constitución y de la ley de Financiación Autonómica y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con ellos fortalece sus planteamientos. «Por tanto, la solidaridad entre las regiones, así como su progreso social y económico, no son principios ni objetivos contradictorios con la estabilidad presupuestaria, sino principios complementarios», apunta la Consejería de Hacienda.

De la teoría a la práctica: el Gobierno del Principado advierte al Gobierno de la nación de que el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre «por el que se "eliminan" los Fondos Mineros» van contra los principios de solidaridad citados. «Es una decisión inasumible para Asturias, por ser contraria a la solidaridad y a la distribución equitativa de la renta regional en España», añade, para pedir que se revoque el acuerdo y recordar luego que el espíritu de los planes mineros es, precisamente, favorecer la integración de los territorios más desfavorecidos, en este caso las Cuencas.

LOS PRECEDENTES DE ESTA REUNION EN EL DIARIO “EL PAIS”

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Campus de la Salud “in illo tempore”?

PSOE e IU creen que el campus de la salud «no es prioritario»

La Universidad se convirtió en la gran víctima del presupuesto de Educación y por ella clamaron todas las fuerzas políticas

Foto: El viceconsejero Argimiro Rodríguez defiende el desglose del presupuesto ante la mirada de la consejera Isabel Álvarez.

El Comercio. 17.01.12 - EVA MONTES | OVIEDO.

Nadie ayer en la Sala de la Constitución de la Junta General del Principado parecía creer en el futuro del campus de la salud, ése a levantar en las inmediaciones del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias en La Cadellada y destinado a albergar los estudios que actualmente imparte la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud ubicada en El Cristo. Las que, desde luego, lo manifestaron con meridiana claridad durante la comparecencia presupuestaria de la consejera de Educación y Universidades fueron las portavoces de PSOE e IU, pero no es menos cierto que la voz bicéfala de la consejería, encarnada en la propia consejera y en el viceconsejero de Educación y Formación Profesional, apenas se alzó en defensa del proyecto. Solamente en su intervención inicial Isabel Álvarez afirmó que «el campus de la salud es un proyecto muy importante para el Gobierno y para la Universidad» y posteriormente lo calificó de «proyecto ambicioso que no va a verse terminado pronto, pero que quieren la Universidad y la ciudad de Oviedo».

En cualquier caso, de un presupuesto global para 2012 de 799 millones de euros, los 115 millones destinados a la nominativa de la Universidad de Oviedo y, en especial, el millón y medio que se lleva el estudio, urbanización y acondicionamiento del campus de la salud condensaron las intervenciones de Izquierda Unida, PSOE y PP. Las tres mujeres, sin distinción de color político, criticaron la reducción presupuestaria aplicada a la institución académica, pero fueron las portavoces de PSOE e IU las que coincidieron en que afirmar que «el campus de la salud no es prioritario». Emilia Vázquez, de IU, destacó que «en un momento de apretarse el cinturón, aportar un millón y medio a diseñar un campus en un hospital que ni siquiera está abierto, me parece un mal criterio».

En similares términos se manifestó la socialista Mercedes Álvarez, quien recordó que «las aportaciones a la Universidad a través de la nominativa, el contrato programa y el Espacio Europeo de Educación Superior se han reducido en casi dos millones, con los que se habrían podido contratar a 70 profesores».

La más contundente, con todo, fue la hoy diputada del PP y exvicerrectora de Vicente Gotor, Susana López Ares, quien, con ironía, respondió a la consejera que «¡menos mal que se intenta avanzar en una financiación estable de la Universidad, porque, si no, se quedaría sin presupuesto!». A todas respondió Isabel Álvarez sin alteración de gesto ni tono, insistiendo una y otra vez en que «una reducción del 0,60% en la nominativa es un esfuerzo que se puede pedir a la Universidad».

A pesar de la reiteración universitaria, fue el viceconsejero Argimiro Rodríguez quien, sin embargo, sufrió las intervenciones más airadas en la persona de exconsejera socialista Ana Rosa Migoya. Ella le forzó a concretar que para convocar oposiciones de profesorado de Secundaria «vamos a esperar a ver lo que hagan las comunidades autónomas, porque si no lo hacen, nos convertiremos en el foco de atención de toda España y nos colapsaremos». «No las van a convocar, no tienen partida para ellas», le respondió Migoya. «Ustedes tampoco la tenían y convocaron las de Primaria», afirmó el viceconsejero. Y en ese tono abordaron las discrepancias sobre el crecimiento del 10% para la enseñanza concertada, la prioridad de la formación del profesorado, los colegios rurales, o los colegios de 0 a 3 años.

Acabó Migoya hablando de «tomadura de pelo» y de «bla, bla, bla», en referencia a las promesas del presidente del Principado sobre la financiación de la Universidad. Y eso no le gustó a la portavoz de Foro, Josefa Collado, quien le dijo que «eso no se lo podemos aceptar».

«No me parece descabellado que la Universidad pague a Recrea»

17.01.12 - E. MONTES | OVIEDO, El Comercio.

Con una frase, «no veo descabellado que la Universidad pague a Recrea los gastos de mantenimiento de la Laboral», la consejera de Educación y Universidades tiró por tierra la esperanza del equipo rectoral de que el nuevo Gobierno asturiano reconsiderara el pago de 260.000 euros que la institución académica hubo de pagar como contribución al mantenimiento de la Laboral, en cuyas instalaciones está ubicada la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales. «Todos los centros educativos que están allí lo hacen», argumentó Isabel Álvarez, a una pregunta directa de Susana López Ares, haciendo un paralelismo con cualquier otro centro universitario, «en el que la Universidad debe pagar sus gastos corrientes, la jardinería o la seguridad».

Pero la diputada del Partido Popular no le dio respiro a su antigua compañera de claustro y le respondió: «No es comparable la situación con el Conservatorio de Música o con el centro de FP, porque la Universidad tiene firmado un convenio por el que cede dos edificios al Principado -la amplia parcela de la vieja Escuela de Peritos y la de la Cátedra de Extensión Universitaria que alberga el colegio Jovellanos- a cambio de la ubicación en el campus de los estudios de Empresariales. Les hubiera traído más cuenta vender los edificios y construir la Facultad de Comercio en la parcela del campus que tenía disponible y que recientemente el juez dijo que era suya y no del Principado. Y le quedarían beneficios». La consejera confesó, por toda respuesta, que «no conozco ese convenio». Es el resquicio que le queda a la Universidad

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El plazo finalizó ayer y salvo sorpresas de última hora

El Gobierno impulsará su propia reforma laboral tras fracasar el diálogo social

Patronales y sindicatos no negociaron el fin de semana pese al llamamiento del Ejecutivo

Despidos, contratación y salarios son los principales escollos

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ayer en Málaga.
Madrid, Agencias, en La Nueva España
El Gobierno comenzará a elaborar a partir de hoy una nueva reforma laboral tras concluir ayer el plazo que el Ejecutivo había concedido a los agentes sociales sin que éstos hayan alcanzado un acuerdo sobre los asuntos fundamentales de la negociación. La contratación, los despidos y los salarios son las cuestiones que al final imposibilitaron el acercamiento de posiciones.

Pese a los nuevos llamamientos realizados ayer por el Gobierno, y en particular por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en los que se pidió a patronales y sindicatos esfuerzos adicionales, durante todo el fin de semana no hubo ni siquiera reuniones.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social trabajará a partir de hoy en el anteproyecto de ley de una nueva reforma del mercado de trabajo con el fin de aumentar la flexibilidad interna de las empresas y de la contratación y poder frenar el paro. Fuentes sindicales confirmaron que no ha habido contactos entre los agentes sociales este fin de semana y que tampoco «estaban previstos», por lo que no han tratado ningún aspecto.

Los sindicatos aseguraron que están dispuestos a seguir negociando después de la fecha límite establecida por el Gobierno y adujeron que la patronal, sabedora de la existencia de un límite temporal, habría preferido la falta de acuerdo en la confianza de que la reforma que haga el Gobierno sea más próxima a los intereses empresariales que la que hubiesen logrado con una solución pactada.

De esta forma, UGT, CC OO, CEOE y CEPYME se remiten al documento de 67 páginas firmado por las dos partes el pasado martes y enviado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este acuerdo preveía pactos en materias de resolución extrajudicial de conflictos, de formación profesional, de mutuas y sobre la racionalización del calendario de festivos, pero fue calificado de «insuficiente» el viernes por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Durante todo el fin de semana tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la Vicepresidenta y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, urgieron a los agentes sociales a que agotaran el plazo marcado y aportaran soluciones sobre asuntos «troncales» como la flexibilidad interna de las empresas o el absentismo laboral.

Sáenz de Santamaría reiteró ayer mismo que debían «apurar las horas y los minutos» porque la reforma laboral es necesaria para crear empleo.

El sábado, Báñez había advertido de la necesidad de hacer una reforma «decidida y equilibrada».

Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, reconocieron que las posturas en materia salarial y de contratación están muy alejadas, aunque el dirigente de CC OO tampoco ve imposible un acuerdo.

Sin embargo, en lo que sí coinciden tanto empresarios como sindicatos es en que la negociación colectiva y los asuntos relativos a la contratación y despidos son «bilaterales» y así lo hacen constar en el texto del documento enviado a Empleo. Toxo y Méndez califican de «maximalistas» las propuestas de la patronal en la última recta final de la negociación, ante la iniciativa de congelar los salarios. El presidente de CEPYME, Jesús Terciado, pidió al Gobierno hace unos días que tomara de inmediato las decisiones que considerara oportunas porque «volver a negociar sería perder el tiempo» y consideraba que la negociación ya no tenía recorrido.

El Ejecutivo se ha comprometido a que una nueva reforma laboral esté cerrada en el primer trimestre del año, después de que el anterior Gobierno socialista aprobara otra reforma del mercado de trabajo por decreto ley tras meses de negociación de los agentes sociales y que también terminaron en fracaso.

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que el empleo, «una responsabilidad y una prioridad de los políticos, pero también de todos los agentes sociales», es «el principal objetivo de España».

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10 de las 17 comunidades autónomas lo aplican

Cinco regiones cobran ya más recargo que Asturias por el «céntimo sanitario»

De las diez comunidades que gravan la gasolina, sólo Galicia, Murcia y Madrid tienen un tipo inferior al del Principado

Siete no lo aplican

Oviedo, Marcos PALICIO, en La Nueva España
Cinco comunidades españolas superan el tipo impositivo que aplica Asturias al tramo autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, coloquialmente conocido como «céntimo sanitario» y consistente en un recargo que grava el precio de los combustibles para financiar la sanidad. Con la incorporación reciente de Castilla y León, ya son diez las regiones que han implantado el tributo y, de ellas, tres -Galicia, Murcia y Madrid- las únicas que tienen el tipo por debajo del que se aplica en el Principado, dos céntimos adicionales por litro de gasóleo y 2,4 en el caso de la gasolina. Asturias fue una de las primeras comunidades que adoptaron el impuesto, en 2004, pero el volumen del gravamen ya es superior al asturiano en Castilla y León, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña.

Las dificultades de financiación de las comunidades han ido sumando adeptos al canon de los carburantes y la junta castellano-leonesa aprobó la semana pasada la inclusión del «céntimo sanitario» en su proyecto de ley de Medidas Tributarias y Financieras para tratar de atajar los efectos de la crisis. Casi al mismo tiempo, la Comunidad Valenciana anunciaba un incremento del gravamen sobre los combustibles de 1,2 a 4,8 céntimos por litro, el tipo máximo y el mismo que se aplicará en las gasolineras de Castilla y León una vez que la norma entre en vigor. La expansión del «céntimo sanitario» ha sido un recurso muy socorrido contra los obstáculos de la crisis; tanto que hasta tres gobiernos autonómicos, los de Andalucía, Extremadura y Murcia, lo adoptaron a lo largo de 2011. Aún renuncian a incorporarlo otras siete regiones: Canarias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco.

En Asturias, el Gobierno regional ha incluido entre sus compromisos la supresión del tramo autonómico del tributo, implantado por el Ejecutivo socialista en 2004, con el argumento, expresado en el discurso de investidura del presidente del Principado, de que supone «un coste adicional perverso para la actividad económica de los transportistas» que soportan los usuarios. La pretensión, planteada para que se lleve a cabo a lo largo de la legislatura pero que no será «de realización inmediata» según los planes que avanzó la Consejería de Hacienda, obtuvo el aplauso de la patronal y los transportistas y los recelos de la oposición y los sindicatos. Éstos consideran de difícil aplicación una reducción de impuestos en un escenario de crisis económica en el que la recaudación del tramo autonómico del impuesto sobre los hidrocarburos reportó a las arcas del Principado 36 millones de euros en el ejercicio de 2010. El Gobierno de Foro mencionó entre las medidas alternativas para la financiación de la sanidad la instauración de «un servicio centralizado de compras» de efectos sanitarios.

El impuesto sobre los hidrocarburos, instituido por el Gobierno de José María Aznar en 2002, consta de un tramo estatal que se aplica en todas las comunidades y de otro autonómico, discrecional, al arbitrio de cada Administración. Madrid fue la primera región en implantarlo, en 2002, y Asturias se incorporó en 2004 junto a Galicia y Cataluña.

Los precios

Los impuestos

En España, el porcentaje de impuestos en el precio de venta al público es del 49,2 por ciento en la gasolina y del 41,7 en el gasóleo.

Asturias, la sexta

Mientras se sustancia la aplicación del «céntimo sanitario» en Castilla y León y la subida anunciada en Valencia, Asturias es la sexta comunidad autónoma con el precio del carburante más alto. Según el último dato publicado por el Ministerio de Industria, correspondiente al mes de noviembre, el precio medio de la gasolina, impuestos incluidos, es de 1,31 euros por litro en el Principado, más cerca del importe máximo, el de Extremadura -1,315 euros por litro- que del más bajo, los 1,27 de Aragón. Por cada litro de gasóleo, Asturias paga 1,312 euros de media. No son los impuestos el único motivo, pero el Principado ocupa el puesto número doce en la clasificación por autonomías del precio del carburante sin aplicar tributos.

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Que estas cosas surjan cuando ya está acabada y entregada la obra resulta, cuando menos, sorprendente

El Simpa dice que los médicos del nuevo Álvarez-Buylla harán guardias «en zulos»

Ha trasladado al Sespa y a la dirección del hospital su malestar por lo que considera «un desprecio» hacia los facultativos

16.01.12 - MARTA VARELA | MIERES, en El Comercio.

El Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) dice que los médicos del futuro Hospital Álvarez-Buylla tendrán que hacer guardias «en zulos». Según indica la central, responsables del Simpa que han visitado las obras del nuevo complejo en Santullano han podido comprobar que las habitaciones destinadas al descanso de los facultativos «tienen poco más de un metro y medio de ancho por un máximo de seis metros de longitud y, encima, tienen forma de L. Son habitáculos diminutos, muy estrechos», subraya el secretario general del Simpa, Antonio Matador. En su opinión, con estos espacios se «castiga a los médicos a realizar sus guardias en unas celdas y supone un desprecio hacia ellos».

Ante esta situación, los facultativos que conocen las dependencias están sopesando negarse a realizar guardias si no se habilitan otros espacios, puesto que aseguran que «será imposible descansar en ellas durante varias horas».

Ante lo que consideran una «aberración arquitectónica», el sindicato se ha puesto en contacto con responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y de la dirección del centro hospitalario para manifestarle su «total disconformidad» con el tamaño de las habitaciones.

Según apuntan los representantes sindicales, el Sespa no les quita la razón y ha llegado a reconocer que «no son espaciosas. Ahora bien, sigue sin darnos una solución», añaden. Con respecto a la dirección del hospital comarcal del Caudal, afirman que no comprenden cómo conociendo el proyecto y siguiéndolo desde el inicio de las obras, «han permitido que se construyan estos habitáculos».

Los médicos consideran que no se ha tenido en cuenta su comodidad ni sus necesidades: «Han ido a aprovechar un espacio sin pensar en más». Según Antonio Matador, «muchos profesionales pasan en las habitaciones de las guardias cerca de un 20% de su vida y no lo pueden hacer en un zulo».

El nuevo Hospital Vital Álvarez-Buylla será el centro de referencia del área sanitaria VII, cuya cabecera es Mieres e incluye la asistencia a los ciudadanos de los municipios de Lena y Aller. La población atendida asciende aproximadamente a 76.000 habitantes. Contará con 120 habitaciones y 198 camas. Tendrá siete quirófanos, dos más que el hospital actual.