PRENSA

España mantiene su criterio a diferencia de Francia y Alemania dónde se están haciendo explantaciones preventivas de las prótesis

Sanidad revisará las prótesis PIP a las mujeres sin recursos

Un comité ratifica la decisión del Ministerio de aconsejar la revisión, pero no la retirada de los implantes

PÚBLICO, MADRID.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las autonomías crearán una unidad de referencia para atender a las mujeres con prótesis mamarias Poly Implant Prothèse (PIP) que no se puedan pagar la revisión en las clínicas privadas en las que se las implantaron. El Comité Técnico de Inspección de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios ratificó este lunes la decisión del Ministerio de aconsejar la revisión, pero no la retirada de los implantes.

Sanidad emitió este lunes un comunicado en que justificó que, "hasta el momento, no hay ninguna evidencia que vincule las prótesis al desarrollo de tumores y no es necesaria su extirpación salvo que exista rotura o síntomas que lo aconsejen". Por su parte, la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética ha ofrecido su red de cirujanos para atender a las pacientes.

La alarma saltó hace un par de meses, cuando Francia detectó 20 casos de cáncer en mujeres con estas prótesis. Además, en miles de casos, los implantes se habían roto. El Gobierno galo aconsejó a sus ciudadanas retirarse las prótesis.

Decisión individual

Sanidad recuerda que la decisión de explantación es individual y asegura que la prioridad del Sistema Nacional de Salud es "la salud y la seguridad de las mujeres". La sanidad pública sí reemplazará los implantes si la cirugía original fue realizada por el Sistema Nacional de Salud. Por su parte, la asociación de consumidores Facua considera "irresponsable" que Sanidad no haya hecho un llamamiento a la retirada preventiva de las prótesis, tal y como han hecho el Ejecutivo francés y el alemán.

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En cuanto tengamos el borrador de consenso del nuevo ACEBA os lo colgaremos en nuestra WEB

Los retos del nuevo acuerdo social

El empleo, la formación y las medidas de impulso a la actividad empresarial centran las demandas sindicales.

El Gobierno se comprometió a presentar esta semana a los agentes sociales el primer borrador.

Foto: Antonio Pino, Justo Rodríguez Braga y Severino García Vigón se dirigen a la sede de la Presidencia en Oviedo para mantener un reunión del actual ACEBA
09.01.12 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.
El nuevo acuerdo de concertación social cuyo primer borrador de consenso estará sobre la mesa esta misma semana llegará en un momento de especial debilidad para la economía regional. El paro ha alcanzado cifras históricas y la sangría de desempleados, lejos de haber tocado fondo, amenaza con recrudecerse en los próximos meses como consecuencia de las nuevas medidas adoptadas por las diferentes administraciones para reducir el déficit y recuperar la confianza en los mercados financieros, crucial para que el crédito vuelva a fluir y, con él, se avive el consumo y la actividad empresarial. De ahí que sindicatos y patronal hayan venido insistiendo en las últimas semanas sobre la necesidad de cerrar un nuevo pacto que tenga respaldo presupuestario, ayude a afrontar la delicada situación económica, sirva para crear riqueza y empleo y refuerce, al mismo tiempo, los pilares del estado del bienestar.
El empleo y la formación y las medidas de impulso a la actividad empresarial y el desarrollo económico serán los pilares del nuevo texto. Estas son algunas de las propuestas que UGT y CC OO le han hecho llegar al Gobierno regional de cara a la elaboración de ese primer documento base que el consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, se comprometió a presentarles la próximo semana, previsiblemente el miércoles, para iniciar la discusión.
Incentivos a la contratación
Con 90.537 asturianos inscritos en las oficinas de empleo de la región, según el dato de cierre de ejercicio del Ministerio de Trabajo, la generación de empleo estable y de calidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo debe ser el «objetivo prioritario» de la nueva concertación social. UGT considera que la estrategia a desarrollar dentro del Plan de Empleo Regional debe poner especial atención en aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción. Así, plantea estrategias específicas para los mayores de 45 años, los jóvenes y los parados de larga duración así como para los colectivos más vulnerables como los discapacitados, las víctimas de la violencia de género o aquellos parados que pertenezcan a unidades familiares en las que todos sus miembros estén en paro.
El sindicato considera que el Servicio Público de Empleo debe ser un instrumento fundamental de intermediación laboral. Para conseguir ese objetivo ve indispensable incrementar la dotación de orientadores que puedan ofrecer un seguimiento personalizado de los parados.
CC OO aboga por implantar, de manera selectiva, subvenciones a la contratación indefinida inicial, primando a los colectivos con más dificultades para el acceso al empleo (que se definirán anualmente) y otras circunstancias (mujeres contratadas en sectores o grupos profesionales donde están subrepresentadas, o contratación a través de planes de formación a la carta, entre otras) que también se definirían anualmente, en ambos casos a través del Consejo Rector del Servicio Público de Empleo asturiano.
Propone, también, establecer líneas específicas de subvención a la contratación de jóvenes a través de contratos formativos, en prácticas o de relevo y a su transformación posterior en contratos indefinidos en la misma empresa. Dentro de la administración autonómica, el sindicato quiere que el nuevo acuerdo recoja el compromiso de situar la tasa de temporalidad en la Administración autonómica y en sus organismos, entes y empresas públicas dependientes por debajo del 5% en el último año de vigencia del acuerdo.
Plan de aprendices para reducir el paro juvenil
Una de las propuestas estrella de UGT es el plan de aprendices como estrategia para atajar los altos niveles de desempleo juvenil que existen en la región. El sindicato plantea la puesta en marcha de un plan experimental en profesiones ligadas al sector metal y, preferentemente, en aquellas en las que se identifiquen problemas de relevo generacional. Estaría destinado a alumnos con título de ESO que recibirían 3.000 horas de formación repartidas en tres cursos escolares. De acuerdo con la propuesta que UGT ha presentado al Gobierno regional, los alumnos sería contratados bajo la modalidad de contrato para la formación y serían dados de alta en la Seguridad Social desde el inicio del programa. Cobrarían un salario acorde con el establecido en el convenio colectivo para los trabajadores en formación o, en su defecto, el previsto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores. Las empresas que participen en este sistema no podrán albergar un número de aprendices superior al 10% de la plantilla. Las compañías de entre 10 y 20 trabajadores podrán disponer de un máximo de dos aprendices y las de menos de diez de uno. El sindicato pretende así recuperar una figura ligada a la formación técnico-profesional, que nació en Asturias a finales del siglo XIX con la Escuela de Aprendices de la Fábrica de Armas de Oviedo y que continuó a mediados del siglo XX con la Escuela de Maestría Industrial de Duro Felguera y la Fundación Revillagigedo (Ensidesa).
CC OO, por su parte, además de defender el modelo dual de formación y empleo, propone que el nuevo acuerdo de concertación social recoja la elaboración de un plan regional de Formación Profesional para los próximos cuatro años (2012-2015).
Fomento de la internacionalización
El modelo de crecimiento económico presenta serios desequilibrios, que es necesario corregir. De ahí que, desde los sindicatos, vean necesario profundizar en el desarrollo de un nuevo modelo productivo que permita afrontar con garantías los nuevos retos que se plantean y lograr una mayor competitividad. UGT propone desarrollar un nuevo plan plurianual de internacionalización que recoja medidas y actuaciones concretas en ese campo. En su opinión, el Gobierno debe ser agente activo de la internacionalización e involucrarse directamente en la consecución de proyectos de inversión de empresas asturianas en otros países, principalmente emergentes, así como en captar inversiones del exterior para la región.
Compromiso con las obras pendientes
Los sindicatos reservan un lugar destacado a las infraestructuras en sus respectivos documentos de prioridades. CC OO demanda al Gobierno regional un mapa de las grandes infraestructuras inacabadas y de las previstas en Asturias, en el que se describa su estado de ejecución y los plazos previstos de finalización de obras. En el capítulo de carreteras, propone, por ejemplo, revisar el Plan Autonómico de Carreteras (2000-2010) para incorporar nuevas necesidades detectadas en este período y adaptar su contenido al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020. UGT, por su parte, quiere que el nuevo ACEBA conlleve el compromiso de elaborar un nuevo Plan de Suelo Industrial (2013-2016) -el actual concluirá su vigencia en 2012-. En el mismo, explica, se deberán eliminar aquellos polígonos que ya no sean viables. Tampoco se olvidan de la necesidad de abordar las conexiones entre la ZALIA y el puerto de Gijón.

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Gabino deberá afrontar la finalización del AVE, de la Autovía del Cantábrico y del Suroccidente, el futuro del carbón y del sector agroganadero ¡¡casi nada!!.

Rajoy pone entre interrogantes obras clave en el Principado

De Lorenzo asume la explicación de unos recortes que congelan la inversión antes de acabar el AVE y la autovía

El Gobierno encara negociaciones a vida o muerte para el carbón y el lácteo

08/01/2012, R. Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias

Gabino de Lorenzo pierde tranquilidad con el cambio de despacho. Aunque desde hace seis meses su calidad de vida en el Ayuntamiento de Oviedo ya no igualaba la placidez alcanzada en 16 años de mayorías absolutas, la alcaldía daba el consuelo de permitirle despachar asuntos bien conocidos en una ciudad que dominaba. La Delegación del Gobierno, en cambio, plantea desafíos mayúsculos. De Lorenzo va a ser el encargado de defender sobre el terreno las decisiones que Mariano Rajoy y sus ministros acuerden en La Moncloa. En una legislatura que lleva como marcas de nacimiento la crisis y los recortes, muchas de ellas entrarán en contradicción con el reiterado objetivo popular de poner fin a los retrasos e incumplimientos del Estado con Asturias. De la tijera del PP dependen, entre otros asuntos, inversiones milmillonarias en todas las infraestructuras pendientes y decisiones cruciales sobre el futuro del carbón o el sector lácteo.

Por volumen de coste, el capítulo que más engorda las aportaciones pendientes es el de infraestructuras. El PSOE deja la variante de Pajares casi completa. La ejecución pasa del 90% de los 2.600 millones que cuestan los túneles del AVE. Lo que queda por pagar es la obra civil pendiente para este año: la instalación de las vías, la catenaria y los sistemas de seguridad para que los trenes puedan circular por su interior. Es una cantidad prevista desde hace varios ejercicios y que, probablemente, el Ministerio de Fomento invertirá, a pesar de sus ajustes, para no demorar más la entrega de unas instalaciones cuyo retraso fue uno de los arietes del PP regional contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo más difícil será prolongar el trazado de la alta velocidad desde el concejo de Lena hasta Oviedo y Gijón. El estudio de alternativas del Ministerio de Fomento calculaba en 2009 que la construcción de las vías del AVE, separadas del trazado convencional, sería un reto tanto técnico como económico. Aún no hay un proyecto, pero ninguna alternativa parece verosímil sin una inversión superior a los 1.500 millones de euros. Es un esfuerzo que no parece cuadrar con el ambiente general de austeridad.

Alternativa en duda

Lo mismo puede aplicarse al otro AVE, paralelo a la costa, que el PP prometió en su anterior etapa en el Gobierno como parte de las compensaciones a Galicia tras el vertido de l Prestige . Esa línea del Cantábrico, abandonada por el PSOE con argumentos económicos y medioambientales, parece difícil de recuperar en las actuales circunstancias presupuestarias.

Al nuevo delegado, al menos, le quedará el consuelo de empezar a lucir el cargo con fotos en algunas inauguraciones de carreteras que ya hereda programadas. Tres de los cinco tramos pendientes de la autovía del Cantábrico (A-8) y el enlace de Mudarri (Siero) entre la autovía minera y la que une Oviedo con Villaviciosa (A-64) abrirán al tráfico en los próximos meses. No hay fechas, sin embargo, para los más que postergados Pendueles-Unquera y Otur-Villapedre, que suman más de 110 millones de presupuesto. De la autovía interior hacia el Suroccidente, la A-63 entre Oviedo y La Espina no hay noticias.

En los ferrocarriles de cercanías también hay importantes proyectos en marcha sobre los que, en los últimos meses, se han acumulado dudas. Fomento tiene en marcha la eliminación de barreras ferroviarias y el soterramiento de vías en Avilés, Gijón y Langreo. Los dos últimos ya han comenzado, aunque en Gijón el proyecto de metrotrén, que iba a cruzar el subsuelo de la ciudad desde una nueva estación en el barrio de Moreda hasta el hospital de Cabueñes, ha perdido impulso. El Principado también ha denunciado la paralización de los trabajos para enterrar las vías de Feve en el centro de Langreo, entre las actuales estaciones de Sama y La Felguera. A De Lorenzo le tocará explicarlo.

Al Gobierno central también se le vienen encima negociaciones europeas vitales para Asturias. La Unión Europea planea una reducción gradual de las ayudas públicas al carbón a partir de 2014 y su eliminación total en 2018. España recibe unos 300 millones de euros al año por ese concepto y buena parte de ellos acaban en las explotaciones asturianas, que corren el riesgo de perderlos. Rajoy debe encontrar aliados para cambiar esas políticas.

En Bruselas se juega también el futuro de la leche. La nueva Política Agraria Común (PAC), que debe entrar en vigor en 2014, cambiará las reglas del juego del sector lácteo. La Comisión quiere eliminar el sistema de cuotas y liberalizar la producción. Las organizaciones del sector estiman que esa decisión significaría la muerte de la mitad de las 2.700 explotaciones de la región.

De Lorenzo quizá encuentre un reposo en los paradores nacionales. El de Corias abrirá al público en 2013.

Real como la vida misma

«Siempre lo tenemos que pagar los mismos»

Cintia Herrero. Enfermera en Valencia

08.01.12 – El Comercio.

Cintia Herrero (Tarragona, 1964) se considera afortunada por partida doble. Por ser funcionaria, con un trabajo 'seguro' (que se lo digan a los griegos), y por ayudar a los demás. Enfermera de pediatría en un centro de salud de Valencia, allí también 'atiende' a los padres. Cintia cada vez detecta más en los ojos de sus pacientes que están sin trabajo, sin casa...

Tiene dos hijos de 16 y 20 años. Y está casada. Su marido es empleado de banca. «¡A él no le han bajado el sueldo!, aunque no sé si esto es bueno decirlo», ríe Cintia. En su horizonte, congelación salarial (otra) y subida del IRPF (otro). Y entre los funcionarios de Sanidad también hay mileuristas. «¡Los celadores no llegan ni a eso! A los funcionarios nos miran con envidia pero, oye, yo no me pegué los caprichos de otros cuando todo iba bien, y mi trabajo me ha costado la plaza». A 2012 no le pide poco: «Que mis dos hijos tengan un porvenir por lo menos como el mío».

«Virgencita, virgencita, que me quede como estoy»

Óscar Martínez. Bombero en Logroño

08.01.12 – El Comercio.

Los expertos entienden que la clase media se sustenta sobre dos pilares: trabajo seguro y capacidad para endeudarse. Lo primero, ni los funcionarios lo tienen ya garantizado. «Virgencita, virgencita, que me quede como estoy», desea el bombero conductor Óscar Martínez (Logroño, 1973), con plaza en el Ayuntamiento riojano. Pero lleva dos años con el salario congelado. Y 2012, otro más. «Ya nos lo veíamos venir. Lo que pasa es que más que congelación, con la subida del IRPF (a él le aumenta un 3%) y del IBI, al final nos bajan el sueldo. Y de esta manera, el consumo se va a resentir...».

Casado, con su mujer (dependienta) en paro y un niño de 15 meses que no va a la guardería, reconoce que recortan gastos, «pero sin agobios». De vacaciones, una vez al año en lugar de dos. Menos salidas a cenar fuera. En vez de un cochazo cuando creció la familia, otro de gama media: un Peugeot 2008. Y con la 'holgura' de tener una casa comprada en 2001, antes del 'boom' inmobiliario. «La hipoteca no llega a 400 euros, pero ahora, el palo del IBI...».

Palpa la crisis en su trabajo diario como bombero. Sobre todo por la caída de las urgencias. «Se nota que la gente está más en casa y no se menea tanto, y así hay menos accidentes, menos incendios». También lo aprecia en el gesto apesadumbrado y tenso de los afectados por siniestros que no han podido pagarse un seguro.

Óscar tiene algo de visionario. Aunque con la que cae es fácil no errar. Hablaba de subida de impuestos antes de que el Gobierno lo anunciara: «Lo de la congelación lo teníamos asumido». Sus planes de futuro, como el de aumentar la familia, tienen que esperar. «Otro hijo, quizás más adelante. Si los salarios se mantienen, si mi mujer encuentra trabajo». Si, si, si... Por ahora, en el horizonte cercano tiene un incremento de sus horas de trabajo para conseguir más productividad. Luego, Dios dirá. «Espero que vengan tiempos mejores. O que nos quedemos como estamos, que no es poco».

A pesar de las evidencias, en la U.E. nos seguimos negando a aplicar las recetas de estímulo a la economía que si aplica EE.UU. aquí sólo recortes y con ello más paro.

El paro baja en EE UU y en Europa se sitúa entre el 4% de Austria y el 22,9% de España

El desempleo español sigue como el peor de la UE, por delante de Grecia (18,8%) y Lituania (15,3%)

Bruselas / Nueva York, Agencias
El desempleo en la zona euro se ha situado en el 10,3% de media, con España nuevamente a la cabeza con una tasa de paro del 22,9%, según la oficina estadística de la UE (Eurostat). España tiene un desempleo cuatro puntos superior al de Grecia (18,8%) y siete por encima del registrado en Lituania (15,3%), los siguientes europeos con peores tasas. EE UU informó ayer de que su tasa de desempleo ha bajado del 9%.

Eurostat calcula que 23,674 millones de personas carecían de empleo en noviembre en la UE, de los que 16,372 millones se encontraban en la zona euro, lo que supone un aumento mensual de 55.000 parados en el conjunto de la UE y de 45.000 en la zona euro. Respecto a noviembre de 2010, la cifra de desempleados entre los Veintisiete subió en 723.000 personas y en 587.000 en la zona euro.

Entre los países miembros cuyos datos estaban disponibles, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4%), Luxemburgo y Países Bajos, ambos con un 4,9%, mientras que las más altas fueron las de España (22,9%), Grecia (18,8% en septiembre de 2011) y Lituania (15,3% en el tercer trimestre de 2011).

La tasa de paro entre los menores de 25 años ascendió hasta el 21,7% en la zona euro, desde el 21,4% del mes anterior, mientras que en el conjunto de la UE se situó en el 22,3%, tres décimas más que en octubre. España volvió a registrar las cifras más altas de desempleo juvenil, con una tasa del 49,6%.

El índice de desempleo en EE UU descendió dos décimas en diciembre y quedó en el 8,5%, el más bajo desde 2009, según el Departamento de Trabajo, que también dio a conocer que la economía creó más de 1,36 millones de empleos en cuatro meses. «Mes a mes, industria por industria y Estado por Estado, el mercado laboral estadounidense se ha fortalecido en 2011», afirmó la secretaria (ministra) de Trabajo, Hilda Solís, al presentar los datos.

23,6 millones de europeos en paro

Países con peores tasas

El conjunto de la Unión Europea suma 23,6 millones de desempleados. Los países con las peores tasas de paro son España (22,9%), Grecia (18,8%), Lituania (15,3%), Letonia (14,8%) e Irlanda (14,6%).

Países con mejores tasas

Los países europeos con mejores tasas de desempleo son, por este orden, Austria (4%), Luxemburgo (4,9%) y Holanda (4,9%) y Dinamarca (5,5%). La República Checa, Finlandia, Suecia y Alemania también tienen tasas inferiores al 8%.

Frente a los recortes aprobados por el Gobierno central el pasado día 30 de diciembre

Asturias busca aliados del carbón

Los alcaldes asturianos quieren firmar un documento único en Acom para la defensa del sector

Foto: Javier Fernández presidiendo el pasado día 4, la reunión con alcaldes y responsables socialistas de municipios mineros.

07/01/2012, Aitana Castaño, Mieres/langreo, en La Voz de Asturias

Con los aliados internos unidos y en lucha, los municipios mineros asturianos fijan ahora su objetivo en buscar el apoyo en otras comunidades autónomas con peso en el sector carbonífero. El mapa político resultante de las últimas elecciones autonómicas y generales -con un avance importante del Partido Popular y Moncloa en su poder- no deja un escenario fácil para el lobby minero del Principado que fija en Aragón y las dos Castillas sus miradas en busca de socios.

Los ayuntamientos de las cuencas mineras del Centro y el Occidente, los sindicatos SOMA- FITAG-UGT y CCOO; el PSOE e IU de Asturias están juntos -pero no revueltos- en su idea de presionar al gobierno de Mariano Rajoy para que de marcha atrás al anuncio del recorte en los fondos mineros en materia de infraestructuras. El menor de los males al que aspira el frente político y sindical es a que el PP no amplíe la dura medida de reajuste a las partidas presupuestarias consignadas para las ayudas empresariales o la formación.

La búsqueda de aliados se concretará en la reunión que la próxima semana se celebrará bajo el amparo de la Asociación de las Comarcas Mineras (Acom-España). El encuentro tiene que ser convocado por Ángel Calvo, alcalde del municipio leonés de Páramo del Sil y presidente en funciones de Acom desde la marcha de la política del ex regidor allerano, Gabriel Pérez Villalta. Calvo, del Partido Popular, asumió el cargo temporal después de la que la asociación no lograra elegir a un nuevo presidente ni renovar la comisión permanente porque ninguna de las dos candidaturas presentadas logró los dos tercios de los votos que son necesarios para llegar al sillón presidencial. Las dos listas estaban encabezadas por dos regidores asturianos: el alcalde socialista de Tineo, Marcelino Marcos, y el primer edil de Cangas de Narcea, José Luis Fontaniella, del Partido Popular. Marcos consiguió cincuenta votos frente a las cuarenta papeletas que apostaron por el alcalde cangués.

La división en dos bandos de Acom es, precisamente, lo que los ayuntamientos asturianos buscan limar en el encuentro de la próxima semana. El propio alcalde tinetense explicó ayer que “la idea es sacar un documento conjunto en defensa del sector”. Además, Marcelino Marcos explicó que “pediremos una reunión con el Secretario de Estado de Energía, para tratar todas las importantes novedades que está viviendo el sector en las últimas semanas”.

La minería del carbón vive momentos de intranquilidad desde que en el tijeretazo de 8.900 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 30 de diciembre se incluyera la supresión de 175 millones del Plan del Carbón 2006-2012 destinados a “la financiación de infraestructuras de compensación del cese de actividad de la minería del carbón”. La decisión “da al traste”, según PSOE e IU, con todo un modelo de reactivación y paraliza “la mayoría de los proyectos de obra pública que se están desarrollado en las cuencas, con el consiguiente perjuicio para el empleo y la economía de los municipios mineros”.

Las reacciones no se hicieron esperar en ninguna institución. El PSOE anunció que presentaría una proposición no de ley en la Junta General del Principado, además de mociones en los distintos ayuntamientos. El diputado de Izquierda Unida de Asturias, Gaspar Llamazares impulsa, además, la creación de un “frente asturiano” en el Congreso de los Diputados que agrupe al mayor número de parlamentarios de la región para hacer fuerza en la Cámara Baja, en Madrid. Los sindicatos, por su parte, han solicitado una reunión urgente con el secretario de Energía, Fernando Martí.

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Datos de 2011 muy similares a los de 2010 en Asturias...

Sanidad atendió a 284 maltratadas en seis meses

La víctima tenía relación con el agresor en el 62% de casos

07/01/2012, PILAR Campo, Oviedo, en La Voz de Asturias

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) atendió durante el primer semestre del año pasado a 284 mujeres por episodios de malos tratos. La franja de edad donde se producen más casos se sitúa en la horquilla que va de los 25 a los 34 años en atención especializada, lo que representa el 26%, mientras que en atención primaria hay una frecuencia mayor entre las mujeres de 35 a 44 años, lo que supone aproximadamente el 30%.

La Consejería de Sanidad acaba de publicar los datos del primer semestre de 2011 contenidos en el registro de atención sanitaria en violencia contra las mujeres del Principado de Asturias. Así, comparando con el informe elaborado el año anterior se puede comprobar cómo las cifras registradas el año pasado se mueven en parámetros muy similares a los del mismo período de 2010, donde se contabilizaron un total de 288 denuncias por casos de violencia de género.

Los equipos médicos valoraron entre enero y junio de 2011 un total de 247 casos de maltrato físico (86,7%), 126 de episodios de violencia psicológica (44,2%), mientras que el maltrato sexual se diagnosticó en 20 casos y sólo en uno se dio otro tipo de maltrato que no se especifica. Sanidad aclara que se dan supuestos de mujeres que pueden ser víctimas de varias vertientes del maltrato.

El agresor se encuentra en la mayoría de las ocasiones dentro del entorno de la víctima. En el 62,7% de las veces las agresiones se producen dentro de la relación de pareja, bien del marido, el novio o una ex pareja. La cifra se va reduciendo en el caso del padre (1,4%), el padrastro (1,4%) o la madre (0,3%), pero se eleva en el caso de un hijo (3,5%), un conocido (4,5%) o un desconocido (4,5%).

El informe del Sespa también analiza los tramos horarios en los que, con mayor frecuencia, se repiten los casos de violencia de género así como en los días de la semana en los que es más habitual que se acumulen las denuncias. El tramo nocturno, que incluye desde las 22 horas a las 8 de la mañana, fue el que mayor número de asistencias tuvo con un 40,7% de las mujeres asistidas en atención especializada y el 36,7% en atención primaria. El mayor número de casos en días laborables se atendían en atención primaria (67,90%) mientras que en los fines de semana el mayor número de casos atendidos recaía en atención especializada (41,90%).

Las agresiones sufridas eran de toda índole y provocaron a las víctimas desde trastornos mentales, a lesiones físicas, siendo las más frecuentes las contusiones, las heridas abiertas, las quemaduras, las fracturas y los esguinces.

De las 284 mujeres asistidas había 19 menores de 19 años, de las que una no había superado los 14 años.

Un Consejo de ministros, el de ayer (3º de Rajoy), marcado por “declaraciones de intenciones”

El Consejo no toma decisiones y Rajoy se esconde hasta febrero

La única circunstancia clara del Consejo de Ministros es la no comparecencia del Presidente del Gobierno hasta después del quinto Consejo de Ministros, allá por el mes de febrero.

De Guindos, Montoro y Soraya Saenz de Santamaria pretenden luchar contra el fraude fiscal, limitando el “uso de dinero en efectivo”, sin aclarar cuáles serán las medidas, ni los períodos de las mismas.

nuevatribuna.es

El Gobierno espera recaudar 8.171,7 millones de euros en 2012 en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que estudia mecanismos de prevención como la limitación del pago en efectivo a partir de determinadas cantidades.

Este cálculo se desprende del futuro plan general de control del fraude para 2012 que ha presentado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros, ha informado a su término la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La iniciativa de limitar el efectivo en determinadas transacciones para evitar el uso de dinero negro tiene como una de sus fuentes de inspiración la legislación que aplican países como Francia, ha explicado.

Otro de los elementos del plan, que se hará público en breve, es la "autorregulación voluntaria".

La idea es que "pequeños contribuyentes" puedan comunicar directamente a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador, ha concretado la vicepresidenta.

De este modo la investigación contra el fraude fiscal, que según ha dicho va a intensificarse, podrá estar más centrada en los grandes expedientes.

Además, Sáenz de Santamaría ha confiado en contar con la colaboración de las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, así como con información de países como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas Holandesas.

De la misma manera, se quieren alcanzar nuevos convenios de doble imposición y en contra de paraísos fiscales.

Entre 2005 y 2011 se recaudaron 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude, de los que 10.400 se ingresaron en 2011, año en el que creció un 3,6 % la recaudación.

CONSUMO ELÉCTRICO Y USO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.

En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.

La mayor colaboración entre administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas, incluidas las haciendas forales, para el intercambio de información, así como la potenciación de la vigilancia aduanera o las normas 'antiabuso' son otros de los pilares en los que se basará el nuevo plan de prevención del fraude.

SE AMPLIARÁ EL ENVÍO DE BORRADORES DEL IRPF

Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención 'on line' de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas.

Concretamente, sobre la 'autorregulación' voluntaria, Sáenz de Santamaría explicó que se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, y con la finalidad también de poder reducir recargos o sanciones.

"Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude", indicó Sáenz de Santamaría.

Finalmente, destacó que estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones de euros en 2012, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".

Gestha pide al Gobierno que limite a 1.000 euros el pago de facturas en metálico para recaudar 26.000 millones anuales

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifraron hoy en 1.000 euros el importe óptimo en el que debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para aflorar el dinero negro, ya que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales.

nuevatribuna.es

El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que sólo con aplicarse esta medida de manera estricta se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012. Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.

Según señaló, esta prohibición supondría "una medida disuasoria" frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1.000 euros.

Reorganizar la AEAT

Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en "una mera declaración de intenciones".

El colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como 'medida estrella' de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Por otro lado, este colectivo manifestó su preocupación por que la anunciada autorregulación fiscal voluntaria acabe por convertirse en una amnistía fiscal encubierta para aquellos defraudadores que pueden gozar una segunda oportunidad para saldar sus cuentas con el Fisco cuando los ciudadanos de a pie, por el contrario, no disfrutan de "estas facilidades".

Asimismo, Mollinedo apremió al nuevo Gobierno a estrechar la colaboración en el ámbito internacional para combatir los paraísos fiscales, en especial si de este modo se posibilita la obtención automática de información mercantil o tributaria de las personas físicas y jurídicas que operen en estos territorios buscando saldar negocios al margen del Fisco.

Respecto a la coordinación entre administraciones públicas, los Técnicos de Hacienda calificaron como "una necesidad urgente" que los distintos órganos de las administraciones territoriales pongan su información en común de manera efectiva con el fin de compartir las bases de datos tributarias y luchar de manera conjunta contra el fraude fiscal.

Alternativas a nuevos ajustes

Por otro lado, Gestha abogó por la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan incrementar la recaudación en más de 38.500 millones de euros, muy por encima de los 8.171 millones de euros que el Gobierno tiene previsto recaudar con el nuevo plan antifraude que está perfilando. Recaudación estimada de las diferentes medidas por Comunidades Autónomas.

Así, para mejorar la recaudación, el colectivo apostó por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros, lo cual permitiría recaudar más de 13.900 millones de euros anuales.

Otra medida prioritaria para mejorar la recaudación sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios. No obstante, su buen funcionamiento estaría supeditado a la modificación de las SICAV para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social, evitando la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.

Por último, el IVA es otra de las tasas que según Gestha pueden aportar una mayor recaudación, aunque no a través de un incremento que pueda contraer el consumo y afectar a las personas con bajos ingresos, sino incidiendo en la mejora del control del fraude para extraer unos mayores ingresos.

Otra opción para reducir la especulación en los mercados financieros y aumentar los ingresos sería la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

Finalmente, solicitaron que se autorice a todo su personal, y especialmente a los 8.500 técnicos a asumir mayores competencias y responsabilidades para reducir la economía sumergida, mejorar el control del gasto público y de las subvenciones mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, lo cual supondría duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero previstas para 2012, incrementando así la eficacia en estas actividades.

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