PRENSA

Gasto por persona sobre lo presupuestado, no es lo mismo que sobre lo realmente gastado ¿o la deuda acumulada y la que se deriva de un año para otro no cuentan?

Asturias mantiene al alza para 2012 su gasto sanitario por habitante, 1.530 euros

Madrid, Efe

Asturias tendrá en 2012 un gasto sanitario por habitante de 1.530 euros, treinta y cinco euros más que en 2011 y 320 más que la media nacional, que queda establecida en 1.210 euros.

Son datos de un informe facilitado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, entidad que denuncia que ese gasto sanitario por habitante va a sufrir este año recién comenzado una reducción del 6% por ciento en España.

En nueve comunidades autónomas, según la Federación, bajará el presupuesto, aunque en la mayoría de los casos en porcentajes casi simbólicos respecto al año pasado. La reducción más significativa es la de Extremadura (unos 56 euros menos), seguida de La Rioja (49 euros menos).

La comunidad autónoma con mayor gasto sanitario por habitante es el País Vasco, con 1.557 euros, y la que menos gasta es la Comunidad Valenciana, con 1.060 euros.

Según los datos del informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, la evolución del gasto en el Principado de Asturias fue de 1.507 euros por habitante en 2010, de 1.495 euros en 2011 y de 1.530 euros presupuestados para el ejercicio del presente año.

Asturias es la única región que aumenta el gasto en sanidad
Los expertos advierten de que el presupuesto de la región está «hinchado»

03/01/2012, Carolina García, Oviedo, en La Voz de Asturias
Asturias es la única región que aumenta el gasto por habitante en sanidad. Según los datos recabados por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, la región es la segunda comunidad que dedicará, este año, más presupuesto a la sanidad y la única que incrementa la partida respecto a años anteriores. Pese a las cifras, el responsable de la federación en Asturias, Carlos Ponte, puntualiza que hay que ser “cautos” ya que se trata de unos presupuestos “hinchados” por Francisco Álvarez-Cascos y que aún están a la espera de contar con apoyos políticos en el Parlamento para dar salida a las cuentas presentadas por su Gobierno.
En concreto, la región destinaría algo más de 1.530 euros por cada habitante, lo que la coloca tan sólo por debajo del País Vasco (1.557 euros). Tendiendo en cuenta los presupuestos de los dos años anteriores, se trata también de la mayor partida destinada a este fin desde el año 2010. Según este informe, estaríamos hablando de la única comunidad que aumenta, en 2012, el gasto por habitante.
Y es que, tras analizar el informe del resto de comunidades, la federación advierte de una disminución respecto al gasto presupuestado durante los años 2010 y 2011. Entonces, la media de esos años fue de 1.288 euros y 1.343 euros, respectivamente. De ahí que desde la federación advierten de que “los presupuestos sanitarios de las comunidades decrecen en 2012, siendo globalmente insuficientes, evidenciando que la crisis la esta pagando la sanidad pública. Esta insuficiencia es muy preocupante en aquellas comunidades que ya se encontraban entre las que tenían menores presupuestos en años anteriores”.
En términos globales, se destinan unos 1.210 euros de media por habitante, aunque existen “diferencias notorias” y “no justificables” de casi 500 euros entre las comunidades que invierten más y menos.
Además, advierten de que “todavía” faltan los datos de Castilla-La Mancha, que no ha presentado los presupuestos, lo que “hace pensar que los datos se verán empeorados. De momento, y a la espera de esas cifras, las regiones que destinan menos cantidad son, por este orden, Valencia (1.060 euros), Baleares (1.066) o Madrid (1.104). La federación recuerda también que las comunidades con menor financiación per cápita son las que tienen más problema de deuda y de demoras en los pagos, por lo que “una disminución global de los presupuestos empeorara el problema”.

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Primer capítulo de la difícil unidad contra la repercusión del plan de ajuste del gobierno central en Asturias que Cascos necesita ¿o que Asturias necesita?

Cascos confía en que Rajoy «rectifique» en los ajustes que proyecta para Asturias

El presidente del Principado asegura que «agotará la vía del diálogo» y apela a la responsabilidad de los integrantes del nuevo Gobierno

03.01.12 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

Francisco Álvarez-Cascos cree que todavía hay margen para negociar con el Gobierno central y minimizar el impacto que el ajuste planteado por el Ejecutivo central tendrá en Asturias. Un día después de atacar con dureza a Mariano Rajoy y a su plan de recorte, acusándole incluso de romper la solidaridad territorial, el presidente del Principado suavizó ayer el tono de sus reproches aunque no cambió ni un ápice el contenido de los mismos. Cascos, en declaraciones a la ’Cadena Cope’, expresó su esperanza de que el nuevo presidente del Gobierno revise las decisiones incluidas en el ajuste y que afectan al Principado, correspondiendo así, dijo, al voto de confianza de Foro cuando su partido le apoyó en el debate de investidura.

Para conseguir este objetivo, Álvarez-Cascos está dispuesto a agotar todas las vías de diálogo con los responsables ministeriales, muchos de los cuales mantienen con el actual jefe del Ejecutivo una estrecha relación después de haber coincidido en el Consejo de Ministros que presidía entonces José María Aznar. Es el caso, por ejemplo, de Cristóbal Montoro. El actual titular de Hacienda es uno de los ministros con los que Cascos ha pedido reunirse de inmediato para estudiar las consecuencias que el ajuste tendrá en el Principado. «Son personas responsables», aseguró el presidente asturiano, que ha solicitado un encuentro además con el máximo responsable del área de Industria y Energía, José Manuel Soria, y con Ana Pastor, titular de Fomento, con la que también coincidió durante su etapa en el Gabinete de Aznar.

El jefe del Ejecutivo regional recordó que en el debate de investidura de Mariano Rajoy, Foro no le puso condición alguna pero sí le reclamó «respeto» hacia la región. «Le dijimos que Asturias no fuera más que otras comunidades, pero tampoco menos», advirtió.

El recorte de gasto público aprobado por el Gobierno ha sido, en opinión del presidente del Principado, «indiscriminado» al tiempo que no respeta, según su opinión, el principio constitucional de la solidaridad, «que tiene tanta importancia como el de la estabilidad presupuestaria».

Cascos incidió en que el recorte se concentra «de manera desproporcionada» en Asturias y esgrimió la eliminación de los fondos mineros, la no disponibilidad de 1.600 millones de euros del Ministerio de Fomento así como el aplazamiento hasta 2013 de las nuevas entradas de la Ley de Dependencia.

«Los recortes recaen sobre las espaldas de los asturianos en proporción cuatro veces mayor a las que correspondería basándose en un principio de proporcionalidad para justificar la solidaridad», sentenció el presidente asturiano, que planteará al Gobierno central a través de las reuniones con los ministros la necesidad de realizar una distribución territorial más justa de estos recortes. Cascos, asimismo, solicitará hoy en el Parlamento comparecer de urgencia al objeto de buscar el apoyo de los grupos de la Cámara para defender, aseguró, los intereses «suprapartidistas» de Asturias en las instancias nacionales.

Pacto en el alero

Los partidos guardan silencio al ser preguntados sobre qué actitud van a mantener acerca de la propuesta del presidente asturiano para unirse en el rechazo al plan de ajuste. El que más difícil lo tiene es el PP. Tendrá que justificar decisiones que afectan de forma objetiva al futuro de la economía asturiana como la supresión de los fondos mineros.

Su presidente, Ovidio Sánchez, de momento, se ha limitado a afirmar que las medidas aprobadas por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del pasado viernes «no van a afectar a los más débiles, ya que no se elimina ningún derecho social».

Contrasta su reflexión con las tesis que defiende Foro Asturias. La diputada Cristina Coto considera que no puede haber dudas sobre el efecto negativo que las medidas del Ejecutivo central tendrán en la región. A través de un comunicado, Coto aseguró que «hacer recaer el 10% del recorte de 8.900 millones de euros en el Principado supone «ensañarse con los más desfavorecidos». La parlamentaria de Foro incidió en que el reparto planteado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy es «tremendamente insolidario».

Cascos busca alianzas contra Rajoy en la Junta por el ajuste, que el PP ve «precipitado» cifrar

El líder de Foro confía en que el Gobierno central frene el recorte en Asturias, que sus diputados tildan de «ensañamiento con los desfavorecidos»

IU asegura que Rajoy le ha dado a Cascos una «excusa perfecta para justificar su incapacidad»

El presidente asturiano asegura que los motivos que lo llevaron a dejar el Partido Popular se han visto ratificados y no han sufrido modificación

Oviedo, Agencias / J. E. M., en La Nueva España

El presidente del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, anunció ayer que intentará cerrar un frente político con el resto de grupos parlamentarios en la Junta General para «aunar fuerzas» y defender los intereses de la región ante la agresión que, a su juicio, suponen los ajustes anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Cascos tiene intención de ponerse a trabajar de inmediato en esa dirección y su partido, Foro, podría pedir hoy mismo la comparencia del Presidente en el Parlamento para dar a conocer estos planes. El líder de FAC quiere buscar la defensa de los intereses «suprapartidistas» de Asturias ante las instancias nacionales. Además, Álvarez-Cascos anunció que pedirá una reunión urgente con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Industria, José Manuel Soria, y con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para tratar de hacer llegar al Ejecutivo central la necesidad de acometer una distribución territorial solidaria de los recortes.

Cascos hace el anuncio veinticuatro horas después de acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de «romper el principio de solidaridad territorial» consignado en la Constitución y de tomar decisiones «injustamente distribuidas e insolidarias». «Los tijeretazos se han producido sin entrar a analizar si afectaban al principio de solidaridad, que es constitucional y tiene tanta importancia como el de la estabilidad presupuestaria», subraya. Cascos indica que los ajustes «se concentran de una manera desproporcionada en Asturias» y alude, para justificar su argumentación, a la eliminación de la financiación de los fondos mineros, a la no disponibilidad de 1.600 millones de euros del Ministerio de Fomento y al aplazamiento hasta 2013 de las nuevas entradas de beneficiarios en la ley de Dependencia. «Los recortes recaen sobre las espaldas de los asturianos en una proporción cuatro veces mayor a la que correspondería basándose en un principio de solidaridad», asegura Cascos, que también afirmó que los motivos que lo llevaron, ahora hace un año, a dejar el PP tras 34 años de militancia se han visto ratificados y no han sufrido modificación.

Mientras llueven las críticas casquistas, el PP guarda silencio. Ni en Madrid ni en Asturias se entró ayer en el cuerpo a cuerpo con Francisco Álvarez-Cascos, que asegura que el Principado soportará alrededor del diez por ciento de todo el recorte que plantea Mariano Rajoy, unos mil millones de euros. Eso sí, los populares consultados por este diario no ocultaron su sorpresa por los números que esgrime Francisco Álvarez-Cascos y ven precipitado hablar de cifras. «Los ministerios aún están trabajando en el ajuste y las cuentas no están cerradas, nos sorprende la cantidad porque parece un poco pronto para hacer valoraciones», señalan fuentes populares, que luego declinan hacer mayores análisis hasta conocer a ciencia cierta cómo se repartirá el ajuste y de qué manera afectarán los recortes a cada comunidad autónoma.

Con el palo, la zanahoria. Junto a las duras críticas, la esperanza. El presidente asturiano aseguró también que confía en que Mariano Rajoy corresponda al voto de confianza que le dio Foro en la investidura y que revise el plan de ajuste para Asturias. Cascos asegura que agotará la vía del diálogo con el Gobierno, a quien ha calificado de «personas responsables», y recuerda que en el momento de la investidura de Rajoy Foro ya pidió que Asturias no fuera más que otras comunidades, pero tampoco «menos», un discurso de contenido parecido al expresado recientemente por el presidente extremeño, José Antonio Monago (PP).

La que estuvo más centrada en el palo que en la zanahoria fue la diputada regional de Foro Cristina Coto, que calificó ayer de «muy injusto y tremendamente insolidario» que el 10 por ciento de los recortes que se van a realizar en España recaiga en Asturias. Coto, muy crítica, señaló que las medidas anunciadas suponen una distribución «tremendamente insolidaria» y supondrán «un perjuicio importante» para la región cuando, además, desde el Gobierno del Principado de Asturias «se está haciendo un esfuerzo de financiación muy importante». «Hacer caer el grueso de los recortes en una de las comunidades más débiles de España, como es el caso de Asturias, es un ensañamiento con los más desfavorecidos», subrayó la diputada.

Para Lastra se comete un doble fraude con Asturias

Oviedo, La Nueva España

El portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, Fernando Lastra, asegura que «Asturias es víctima de un doble fraude» por las políticas «cómplices» que realizan los presidentes de los gobiernos central, Mariano Rajoy, y regional, Francisco Álvarez-Cascos. «Sin duda alguna las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy afectan de una manera muy dura a Asturias, no cabe duda, pero lo más grave de la situación es que Asturias hoy es víctima de un doble fraude», subraya Lastra. El portavoz socialista señala que el fraude de Rajoy viene indicado por «hacer cosas que no dijo que iba a hacer» y el del presidente del Principado, por «hacer unas previsiones completamente irreales sin tener en cuenta la gravedad de la situación económica». A su juicio, los dos, Rajoy y Cascos, son «responsables de no tener un plan para Asturias, «un plan realista en el que los asturianos puedan confiar». «La situación es difícil y dura, y para estos momentos difíciles y duros se necesita convicción, firmeza y proyecto político, y aquí no lo hay», recalca.

Por su parte, el secretario de comunicación de IU de Asturias, Pablo Prieto, sostiene que con los recortes anunciados por el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, el jefe del Ejecutivo asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, va a disponer de una «excusa perfecta» para poder justificar su «incapacidad». Prieto afirma que estos ajustes suponen «un adelanto de Reyes Magos para Cascos», que ahora tiene una excusa para «justificar la incapacidad de su Gobierno». «Asturias está en "pause" y lleva parada varios meses, mientras que el Gobierno de Cascos no invierte y el paro crece todos los días», recalca Prieto. Para el dirigente de la coalición, la principal obligación de un gobierno es dar respuesta a los problemas y, sin embargo, en Asturias el Ejecutivo «sólo se dedica a provocar más problemas». El secretario de comunicación apunta que España «cambió de Gobierno, pero no de políticas: el PP mantiene los recortes y da doble ración».

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El recorte en fondos mineros e infraestructuras del Gobierno central puede suponer la pérdida de más de mil millones de euros en los compromisos del Estado con la región

Cascos asegura que el ajuste de Rajoy es «inasumible» para Asturias

El presidente del Principado estima en más de mil millones las pérdidas que supondrán para la región la aplicación de los recortes

02.01.12 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | GIJÓN, en El Comercio.

El presidente del Gobierno asturiano, Francisco Álvarez Cascos, atacó ayer con dureza el ajuste que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy por el impacto que, a su juicio, tiene en una comunidad como Asturias. Cascos considera que los recortes presupuestarios por valor de 8.900 millones de euros, anunciados el pasado viernes, «son inasumibles» para el Principado. Según sus estimaciones, la autonomía que preside es la que peor parada sale, al recaer en ella más del 10% del ajuste. Calcula que con los planes anunciados por el Gobierno popular, Asturias perdería más de mil millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, tras analizar las medidas anunciadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Cascos no ocultó su indignación por unas medidas «injustas» y que rompen, a su juicio, «el principio de solidaridad territorial» y que «contravienen el derecho comunitario». El presidente anunció, asimismo, su intención de solicitar de inmediato una reunión con los ministros de Hacienda (Cristóbal Montoro) e Industria (José Manuel Soria) para tratar el asunto, aunque deslizó que no descarta adoptar «medidas de otro tipo».

Asegura que le sobran los motivos para rechazar el denominado ’tijeretazo’. Entiende el presidente asturiano que el recorte está «injustamente distribuido y resulta insolidario, ya que hace recaer sobre el Principado más del 10% de la cuantía total, cuando la región representa el 2,3% del conjunto de España, cuadruplicando la carga que supone para los asturianos».

El aplazamiento hasta el 1 de enero de 2013 de la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación por el cese de actividad de la minería del carbón y la no disponibilidad de 1.600 millones de euros en inversiones del Ministerio de Fomento son tres aspectos incluidos en el plan de ajuste que tienen repercusiones «muy negativas» para el Principado. Desde el punto de vista del desarrollo económico, asegura que se trata de un «frenazo espectacular» para Asturias.

Sólo en lo referente a fondos mineros e infraestructuras, calcula que la decisión del Gobierno central puede suponer la pérdida de más de mil millones de euros en los compromisos del Estado con la región.

En su opinión, esto demuestra, en contra de lo anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que no es cierta la afirmación de que «se trata de un esfuerzo de todos y que no recae en los más débiles». Aludió de este modo a las palabras textuales utilizadas por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el anuncio de las medidas de recorte.

Esgrimió, una vez más, los problemas que arrastra Asturias en los últimos años y que, según su opinión, deberían suponer una mayor sensibilidad por parte del Gobierno central en lugar de convertirla en la principal damnificada del ’tijeretazo’.

«Es la única comunidad autónoma con la población estancada en la última década, tiene el segundo peor crecimiento del PIB por habitante en el mismo periodo, es la peor comunicada por culpa de tener sus infraestructuras paralizadas y es la que tiene actualmente la tasa de población activa más baja de España», explicó Cascos, que considera estos argumentos suficientes para que el Gobierno de Rajoy entienda «que no puede ser la más penalizada por los recortes».

Reuniones con los ministros

A juicio del presidente del Principado, el conjunto de acuerdos del Consejo de Ministros rompen el principio de solidaridad interterritorial que conlleva la adopción de una medida de esta naturaleza, pero que obliga a los poderes públicos a corregir y no a acentuar los desequilibrios territoriales existentes, y a promover un desarrollo armónico y equilibrado.

Así, considera que los ajustes «son contrarios» al espíritu y a la letra de nuestra Constitución que atribuye al Estado en su artículo 138 la garantía de «la realización efectiva del principio de solidaridad», y también a la Ley de Financiación de las Comunidades (Lofca), «que define al Estado como el encargado de conseguir el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español».

La primera decisión que se adoptará desde el Principado tras conocer el calado de las iniciativas planteadas por el Ejecutivo central será solicitar de forma urgente una reunión con los ministros de Hacienda y de Industria, así como una comparecencia ante la Junta General del Principado para analizar en sede parlamentaria la situación y buscar, de ese modo, «fórmulas de respuesta que cuenten con el máximo respaldo parlamentario».

No parece que se vayan a quedar ahí las respuestas del Gobierno que preside. Una vez que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros la pasada semana sea publicado, Cascos dejó entrever que habrá «más acciones» desde Asturias contra el plan de ajuste. Estas medidas, sin embargo, quedan en el alero hasta que se mantengan los encuentros con los respectivos ministros y se adopten resoluciones en el marco de la Cámara autonómica.

El presidente insistió en que su partido, Foro Asturias, ya advirtió «insistentemente» de estos riesgos a la sociedad asturiana. «Ahora -prosiguió- comprobamos con tristeza que estas preocupaciones se han confirmado».

No parece que haya valido de mucho el hecho de que el único diputado de Foro Asturias en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres, haya votado a favor de la investidura de Rajoy. A este respecto, el presidente del Principado recordó que en su discurso, el parlamentario de Foro ya realizó claras advertencias al Gobierno central, en materia de infraestructuras y fondos mineros.

Confianza en el Ejecutivo

Las duras manifestaciones de Álvarez-Cascos llegan un día después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pidiera un margen de confianza hacia el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. En un acto en Huelva, Báñez aseguró que ni los parados ni los pensionistas «deben temer» con el Gobierno del PP porque ambos colectivos son «una prioridad» para el Gobierno.

La titular de Empleo justificó la dureza de algunas de las medidas adoptadas ante «la mentira» del Ejecutivo socialista. Aludió de esta forma al desfase que, según los populares, se ha producido en el déficit público, que se situará en el 8% este año y no en 6% inicial que había planteado el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En este sentido, hizo hincapié en que el Gabinete de Rajoy «va a responder a los españoles con contundencia, tras la confianza depositada», algo que, a su juicio, «no es fácil porque el Ejecutivo socialista ha dejado un país en ruina económica y social» y puso como ejemplo el plan de salida de la crisis, al que calificó de «contundente, equitativo y solidario» frente a las consideraciones realizadas por el presidente asturiano.

ACOM se reúne hoy para analizar el recorte de los fondos

02.01.12 – El Comercio.

La Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) celebrará hoy una reunión de urgencia para abordar el recorte de fondos mineros de infraestructuras para el próximo ejercicio aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y que asciende a unos 175 millones, según las previsiones del actual plan del carbón. El presidente en funciones de ACOM, Ángel Calvo, no ocultó el sábado su preocupación ante la posibilidad de que los recortes afecten a la recuperación de unas comarcas marcadas por la reestructuración industrial. Según Calvo, el anuncio realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy llevará a alcaldes mineros de diferente signo político a defender juntos la necesidad de dar marcha atrás al recorte para evitar que las comarcas mineras sigan perdiendo empleos y población. Además, advirtió sobre la incertidumbre que planea sobre las partidas que no son de infraestructuras y que también dependen de fondos mineros como las ayudas empresariales y las de formación.

La FSA impulsa un frente municipal para «responder» a la supresión de los fondos

El PSOE convocará esta semana a los alcaldes mineros socialistas para diseñar una estrategia de acción

CC OO exige a Rajoy que aclare el ajuste

Mieres del Camino, Andrés VELASCO, en La Nueva España

El secretario de Organización de la Federación Socialistas Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, mostró ayer su indignación ante el anuncio del Gobierno central de la eliminación de los fondos mineros para infraestructuras para este año, en total, 175 millones de euros. El dirigente socialista acusó a los populares de mentir reiteradamente y de «cargarse» los fondos mineros. También adelantó que su partido convocará esta semana a los alcaldes socialistas de las comarcas mineras a una reunión para definir un frente común para la defensa del carbón y de la reactivación de los municipios mineros a través de los fondos. Esta reacción se produce dos días después de que el Gobierno popular de Mariano Rajoy anunciase el primer recorte del gasto, cifrado en 8.900 millones de euros. Dentro de ese ajuste, ni a Rajoy ni al Consejo de Ministros les ha temblado el pulso a la hora de suprimir los fondos de infraestructuras para el próximo año, unos 175 millones según las previsiones del Plan del Carbón 2006-2012.

Jesús Gutiérrez valoró ayer de forma muy negativa el recorte del ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de mentir durante los últimos ocho años. «Cuando gobernábamos nosotros, desde el PP estuvieron ambas legislaturas diciendo que ellos eran los únicos que iban a poder salvar los fondos mineros, se erigieron como los grandes defensores de estas partidas», explicó el número dos del PSOE asturiano, quién agregó que «ahora que llegan al poder, lo primero que hacen es eliminar los fondos». Por ello, Gutiérrez alertó de «la falta de compromiso del PP con el carbón y con los valles mineros», y dudó de la defensa de la continuidad del mineral autóctono ante la Unión Europea por parte del Ejecutivo: «España defendía en la UE el carbón porque gobernaba el PSOE y ahora con el PP, esa lucha por la el futuro de la minería y la supervivencia del sector queda en el aire».

El secretario de Organización del PSOE regional explicó que «nosotros no nos vamos a quedar quietos, estamos atentos y despiertos y vamos a responder a este tipo de recortes». La primera decisión, explicó Jesús Gutiérrez, es la de convocar a mediados de esta semana a los alcaldes socialistas de las comarcas mineras. La mayor parte de los concejos carboneros están gobernados por el PSOE. El objetivo de la reunión será analizar de forma conjunta entres los propios municipios afectados más directamente y la dirección regional del partido la situación que se avecina tras la eliminación de los fondos mineros para infraestructuras, así como la articulación de un frente común liderado por los concejos mineros para oponerse a los recortes y defender la supervivencia de los fondos mineros y el sector del carbón.

Gutiérrez también habló en clave regional y se cuestionó «qué pensará ahora Cascos, que apoyó con su diputado la investidura de Rajoy y ahora se encuentra con el recorte de los fondos mineros que, por cierto, era la única inversión que iba a hacer en las comarcas mineras a tenor de su proyecto de presupuestos».

Más cauto se mostró Juan Carlos Álvarez Liébana, secretario de Industrias Extractivas de la Federación de Industria de CC OO, quién exigió al Gobierno que detalle el calado del ajuste: «Para hacer una valoración exhaustiva habrá que conocer exactamente la actuación que se va a llevar a cabo». En todo caso, el sindicalista reconoció la situación de incertidumbre que están viviendo las partidas de fondos mineros consignadas para otras áreas como la formación o las ayudas empresariales. «Ahora mismo la situación es que nos invade la sorpresa por el anuncio y la preocupación por las consecuencias que podría traer la supresión de los fondos», indicó Álvarez Liébana, que aseguró que CC OO, en caso de cumplirse los recortes anunciados en las partidas económicas correspondientes a la reactivación se posicionará bajo «un total compromiso con la defensa del carbón, y de oposición ante cualquier recorte».

La Federación de Industria de CC OO y FITAG-UGT ya habían solicitado una reunión con el nuevo ministro de Industria, José Manuel Soria, para recibir explicaciones sobre la situación del sector y los planes del Gobierno del PP. Ahora, tras el anuncio de los recortes en las partidas de fondos mineros, tratarán de conocer cuáles son exactamente las cifras finales del ajuste.

VER Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

Nuevas circunstancias, nuevos objetivos en trasplantes

Los trasplantes intervivos despegan en el Principado

La nueva técnica asume 9 de los 53 injertos renales practicados en 2011

31/12/2011, Susana D. Machargo, Oviedo, en La Voz de Asturias

Se dispara la especialización mientras crece el volumen de actividad en donaciones y en injertos. En 2011 se han realizado en Asturias 93 trasplantes de órganos, un 10% más que en 2010, y se han autorizado 50 donaciones de pacientes cadáver, 10 más que en el ejercicio anterior. De esas cifras destaca, sobremanera, la cantidad de injertos renales intervivos practicados, una técnica en franco desarrollo, que trata de paliar el descenso en España de la cifra global de donantes. En los últimos 12 meses, se han injertado 53 riñones a pacientes, de los que 9 procedían de personas vivas, 3 más de todos los que se habían realizado desde que se implantó la técnica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en el año 2005. Porcentualmente, esto supone un 17% del total, 7 puntos por encima del objetivo que se había marcado la Organización de Trasplantes.

Así lo explica el coordinador autonómico, Jesús Otero, quien señala que, poco a poco, van cumpliendo nuevos objetivos y mejorando el servicio asistencial. Ahora tienen en cartera la implantación del primer brazo. El paciente está listo y los permisos, firmados. Pero aún no ha aparecido el donante idóneo. Otero admite que desde que recibieron la autorización, el pasado 28 de octubre, estudiaron a varios donantes, pero ninguno reunía todos los requisitos de compatibilidad.

También esperan recibir alguna buena noticia antes de las campanadas. El HUCA tiene un paciente en alerta cero, es decir con máxima prioridad nacional, a la espera de un corazón, por lo que podrían entrar en quirófano en cualquier momento.

De producirse antes del día 1 de 2012, sería el injerto cardíaco número 12 del año 2011, a los que habría que sumar los 53 renales (ya citados) y otros 29 más de hígado. Jesús Otero también destaca el incremento de donaciones y trasplantes de tejidos y cita expresamente las 139 córneas donadas.

Jesús Otero, además, está de aniversario personal. En enero hace un año que recibió un trasplante de pulmón, en Cantabria. “Me han regalado la vida y voy a dar todavía mucha guerra”, afirma este médico, un referente profesional en España.

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Hoy se publica la prórroga presupuestaria que estará vigente hasta la aprobación de los presupuestos del Principado para 2012

Decreto 280/2011, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011 durante el ejercicio 2012. (VER)

El PP facilitará la aprobación de presupuestos regionales y locales

El Comité Ejecutivo Regional del PP de Asturias ha decidido además que, en el caso de los presupuestos autonómicos, no presentará enmienda de totalidad

Foto: Ovidio Sanchez, Presidente de los populares asturianos.

EFE/La Nueva España

El Partido Popular facilitará la aprobación de los presupuestos de 2012 tanto en el ámbito de la comunidad autónoma como en ayuntamientos como el de Gijón dado que ambos casos el gobierno de Foro no dispone de mayoría suficiente para sacarlos adelante en solitario.

Así lo ha acordado hoy el Comité Ejecutivo Regional del PP de Asturias en su última reunión del año en la que ha decidido además que, en el caso de los presupuestos autonómicos, no presentará enmienda de totalidad al proyecto presentado por el Gobierno.

Con esta decisión, el presupuesto sólo sería rechazado y devuelto al Gobierno en el caso de que los grupos parlamentarios de PSOE e IU uniesen sus votos para hacer prosperar las posibles enmiendas de totalidad que pudiesen presentar ambos grupos.

No obstante, si PP y Foro votasen en contra de las posibles enmiendas de totalidad de PSOE e IU éstas serían rechazadas y seguiría la tramitación del texto, del que ya no se podría modificar su cuantía global, y únicamente podrían incorporarse cambios de partidas en el presupuesto asignado a cada consejería.

Según Sánchez, el mandato del máximo órgano de dirección al conjunto del partido es claro e incide en la necesidad de hacer un esfuerzo para que se aprueben los presupuestos de las instituciones públicas ante la difícil situación económica de la región.

Para el dirigente popular, los requisitos que exigirá el PP en las cuentas públicas es que asuman los criterios de "estabilidad, austeridad y transparencia" y que contribuyan, junto a las medidas que adoptará el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy en el ámbito nacional, a posibilitar una salida a la crisis económica.

"La situación económica es muy compleja y es necesario corresponsabilizarse para intentar evitar, en el ámbito regional y en el local, paralizaciones significativas, en caso de que optásemos por no dejar pasar los presupuestos", ha añadido.

A juicio del dirigente popular, el presupuesto autonómico elaborado por el Gobierno deberá ser "mejorado" mediante enmiendas parciales dado que incluye cuestiones que el PP considera "sorprendentes" como el mantenimiento de buena parte de las empresas que forman parte del sector público regional.

Según Sánchez, el PP mantiene el criterio defendido en los últimos años de estudiar la viabilidad de algunas de las fundaciones y sociedades que dependen de la administración autonómica con el objetivo de reducir su dimensión "y evitar costes superfluos".

El presidente regional del PP ha garantizado el "esfuerzo" de su partido para permitir la aprobación de las cuentas de las distintas instituciones que, ha advertido, sólo rechazarían si constatasen que lo que se plantea son unos presupuestos "absolutamente expansivos" que no restringiesen el gasto público.

Tras la aprobación la pasada semana del anteproyecto de presupuestos por parte del Gobierno que preside Francisco Álvarez-Cascos, los populares ya habían garantizado que lo estudiarían "con el máximo interés", aunque lamentaron el escaso margen para introducir modificaciones al no haber sido negociado previamente por el Ejecutivo con los grupos de oposición.

Además, consideraron "sorprendente" que el techo de gasto que se plantea para 2012 sea superior al del presupuesto aprobado inicialmente para este año y que la cantidad fijada -4.208 millones- superase en casi 140 millones la cuantía global estimada hace escasas semanas por la Consejería de Hacienda.

En la reunión del Comité Ejecutivo del PP celebrada hoy se ha fijado además la fecha del 20 y 21 de enero para la designación de los 56 compromisarios que representarán a Asturias en el Congreso Nacional de esta formación que se celebrará en Sevilla del 17 al 19 de febrero, a los que se sumarán los dirigentes que ya son miembros natos al forma parte de la Junta Directiva Nacional.

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Primeras reacciones ante las medidas

Rebajar la tasa de fraude en diez puntos recaudaría 38.000 millones adicionales, más del doble de lo que prevé ahorrar Rajoy

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que las nuevas medidas mejoran la igualdad y la progresividad del sistema tributario, aunque señalan que el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital.

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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) calificaron hoy de “progresiva” la subida de la tarifa del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y destacaron que “el mejor servicio a la progresividad es la creación de un nuevo tramo para las rentas del capital”.

Además, valoran que el Gobierno eleve la progresividad porque se intenta que "paguen más los que más tienen", pero lamentaron que no se hayan eliminado los instrumentos legales que disfrutan los grandes patrimonios como las sociedades instrumentales y las SICAVs que permiten eludir la tributación de millonarias rentas inmobiliarias, plusvalías y dividendos, mientras que la subida impositiva afectará a todos los pensionistas, trabajadores y autónomos que no disponen de estos instrumentos.

Por otro lado, el colectivo calificó de "insuficiente" la tasa de reposición del 10% de los efectivos destinados a la inspección tributaria y laboral en un contexto generalizado de congelación de la plantilla pública, así como la voluntad manifestada por el nuevo Ejecutivo de luchar contra la economía y el empleo sumergido dentro de un plan global antifraude que, según aseguró, verá la luz en los próximos meses.

En la actualidad, la tasa de economía no declarada alcanza el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral. (Ver documento en pdf adjunto por Comunidades Autónomas)

Con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa sumergida en España -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones adicionales, de los cuales se recuperarían 25.500 millones en impuestos evadidos y unos 13.000 millones en cuotas a la Seguridad Social defraudadas. Esta cifra total supone más del doble de los 16.500 millones que prevé ahorrar el nuevo Ejecutivo el próximo, pero sin necesidad de acometer nuevos recortes sociales como la nueva congelación del sueldo de los funcionarios o las subidas d e impuestos.

En este sentido, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó que "los funcionarios paguen doblemente la consecución de los objetivos del déficit, puesto que ya ese les rebajó el sueldo hace dos años y congelado en cuatro ocasiones, teniendo ahora que pagar un nuevo gravamen en el IRPF".

Medidas en vivienda

Entre las medidas del nuevo Ejecutivo, Gestha calificó de positivo que se mantenga el IVA superreducido para la compra de vivienda nueva durante un año más, aunque matizó que será necesario vender el doble de viviendas para compensar la rebaja de este impuesto. Esto supone que en 2012 deberán salir al mercado casi 367.000 inmuebles nuevos, frente a los 183.000 de 2011.

Por otro lado, Gestha estima que la recuperación de las deducciones por inversión en vivienda habitual -que rondan los 5.000 millones anuales- eliminará ese ahorro potencial de 1.500 millones de euros que el Gobierno habría alcanzado a largo plazo en caso de haberlas mantenido, aunque reconoció no tendrá un impacto inmediato sobre las cuentas públicas.

Nuevos cargos

Por otro lado, Gestha recordó al nuevo secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria (AEAT), Miguel Ferre, así como a la que será directora de este organismo, Beatriz Viana, que su tarea al frente de la lucha contra el fraude es clave para mejorar los ingresos del Estado y cumplir con el objetivo de déficit público del 4,4% del PIB para el próximo año.

El colectivo animó a los nuevos responsables de la AEAT a afrontar los cambios organizativos y estructurales necesarios para contener el desfase entre ingresos y gastos provocado por el alto nivel de economía sumergida en España. Asimismo, hizo un llamamiento directo a la nueva directora general para que aumente las competencias y responsabilidades de los técnicos en la lucha contra el fraude fiscal, ya que "gracias a su cualificación y experiencia son una pieza fundamental para erradicar las bolsas de fraude, como bien conoce Viana por su trayectoria profesional en el Ministerio de Hacienda".

UGT dice que las medidas de "recorte" y "picoteo fiscal" del Gobierno no traerán la recuperación

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asegurado que las actuaciones aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros son medidas "recurrentes" de "recorte y picoteo fiscal", que no van a impulsar el crecimiento económico y el empleo y contiene aspectos "profundamente injustos".

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En un comunicado, la organización asegura que las decisiones del Gobierno de este viernes son un "anticipo" de la estrategia que va a desarrollar el PP con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2012, que se presentarán en marzo, con un "mensaje" que profundiza en las políticas de ajuste.

UGT cree necesaria una reforma fiscal integral equitativa, progresiva y redistributiva, que se revisen el conjunto de las figuras fiscales, se recuperen los impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, así como que se graven productos de ahorro del capital o de la inversión como son las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

Asimismo, cree que la congelación del SMI y del IPREM repercuten sobre los colectivos con rentas más bajas y en las personas desempleadas "y vuelven a hacer recaer el peso del ajuste sobre los empleados públicos".

Además, el aumento del 1% de las pensiones es "claramente insuficiente", por lo que el Gobierno debe garantizar que aplicará en noviembre de 2012 la cláusula de revisión automática si se supera esa cifra.

"De entrada, la revalorización puede conllevar una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del año: el aumento anunciado hoy sólo supondría 8 euros mensuales más en una pensión media", afirma el sindicato.

VALORA LA PRÓRRGA DE AYUDAS A PARADOS SIN PRESTACIÓN

Por otra parte, UGT valora la prórroga del Plan Prepara, "reiteradamente reclamada por las organizaciones sindicales", pero recuerda que existen más de un millón y medio de desempleados sin prestación.

Además, recalca que la tasa de reposición del empleo público es una medida que, "aplicada con generalidad" no responde a las necesidades de la economía española y terminará afectando a la calidad de los servicios públicos.

En todo caso, el Ejecutivo debe aclarar cuanto antes si piensa acometer nuevos recortes salariales a los trabajadores públicos con la aprobación en el mes de marzo de los nuevos Presupuestos.

Por último, asegura que recuperación de la deducción por compra de vivienda habitual, aunque "indudablemente popular", puesto que supone en principio una rebaja fiscal, posee efectos "contraproducentes", puesto que su impacto se traslada finalmente a un aumento de los precios de la vivienda.

CCOO: El Gobierno elige el camino fácil

CCOO, tras conocer las decisiones del Consejo de Ministros, sale al paso de las mismas, que vienen a cuestionar a las primeras de cambio, los compromisos asumidos solemnemente por Mariano Rajoy, y que se traducían en no exigir sacrificios a los sectores más débiles.

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Así, el Ejecutivo con una conducta en zig-zag, actualiza las pensiones y prorroga la ayuda de 400 euros a las personas en paro que hayan agotado su prestación-decisiones que saludamos-, pero a la vez, evita la recuperación del poder adquisitivo perdido por 6,2 millones de pensionistas en 2011, congela el SMI, congela las retribuciones de los empleados públicos, a los que también, en un gesto impropio de un responsable político por haberlo ocultado esta mañana en la reunión de la Mesa de la Función Pública, prolonga su jornada laboral, elimina la Renta Básica de Emancipación (RBE), y reduce un 20% las subvenciones a partidos y sindicatos. El Gobierno avanza algunos cambios en la política tributaria, muy lejos de la profunda reforma fiscal que necesita el país para alcanzar los recursos públicos necesarios.

En un primer comunicado CCOO valoraba esta mañana alguna de las medidas adoptadas y rechazaba otras. Después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, CCOO reitera su opinión favorable sobre alguna de las medidas (incremento mínimo de las pensiones en 2012, prórroga de las ayudas de 400 euros, tímidos pasos en la fiscalidad), pero lamenta que el Ejecutivo haya elegido el camino más fácil: reducir gasto a costa de alguno de los colectivos más débiles -perceptores del SMI, jóvenes y empleadas y empleados públicos-. Todo ello, dando continuidad a las políticas de ajuste y austeridad para contener precipitadamente el déficit, ya practicadas por el Gobierno anterior, y cuyos resultados son contundentes: 5 millones de personas en paro, baja tasa de actividad, creciente precariedad, menos costes laborales, pérdida de derechos sociales y entrada inminente en una nueva recesión económica.

CCOO cree un gran error la eliminación de la RBE, cuyo objetivo es contribuir a la emancipación de los jóvenes facilitando el pago del alquiler de la vivienda, en un país como España con una edad de emancipación (30 años), muy alejada de la media europea (21 años), y que retrasará el desarrollo de los jóvenes como personas y como ciudadanos. Igualmente “se nos antoja radicalmente injusta la reducción de la subvención a los sindicatos en un 20%, cuando en realidad los sindicatos siguen sin recibir el reconocimiento institucional que se merecen como organizaciones esenciales de una sociedad democrática, tal y como señala la Constitución Española”.

Llamazares: "Recortan los gastos hasta el rigor mortis

"El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha hablado sobre los recortes del Gobierno conservador

PÚBLICO.ES/EFE MADRID

El diputado de IU Gaspar Llamazares ha criticado el tijeretazo histórico anunciado por el Gobierno y ha lamentado que con el Ejecutivo conservador llegue "la glaciación: nos congelan a todos y recortan los gastos hasta el rigor mortis".

Así se ha pronunciado desde su cuenta de Twitter Llamazares, quien ha apreciado la "parte positiva" en las decisiones tomadas: la subida progresiva de impuestos "que el Gobierno del PSOE no se atrevió a realizar". No obstante, el diputado en el Congreso por IU ha querido matizar su afirmación y ha señalado después que el nuevo Ejecutivo "habla de progresividad sin tocar sociedades, plusvalías, fraude y evasión fiscal".

"Las rentas más altas eluden la solidaridad" ha zanjado antes de ironizar sobre el proceso de traspaso entre el gobierno del PSOE y el del PP: "El traspaso perfecto acaba, como el yerno perfecto, en un fiasco monumental. La comisión negociadora son unos ineptos o unos mentirosos".

El PSOE también ha denunciado que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no prorrogar la Renta Básica de Emancipación (RBE) es una medida "regresiva" e "injusta" que supone un recorte económico que además niega "oportunidades" a los jóvenes y fuerza la "caída" del mercado de alquiler de viviendas.

El diputado socialista César Luena ha asegurado que el nuevo Ejecutivo muestra un "mal arranque" de legislatura y le ha instado a explicar tanto "qué alternativas ofrece a los jóvenes" como qué cuantía pretende ahorrar. Además, ha animado al Gobierno conservador a aclarar si va a poner en marcha algún tipo de exención o deducción fiscal por alquiler por vivienda para los jóvenes de 30 años y sus arrendadores. En 2011 se destinaron unos 400 millones de euros a la RBE.

El Colegio de Economistas dice que las medidas del Gobierno afectan principalmente a las clases medias

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentí Pich Rosell, ha afirmado que las medidas económicas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros afectan principalmente a las clases medias y responden a la necesidad del Estado de conseguir "liquidez de forma rápida".

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"Se vuelve a cargar las tintas sobre las clases medias", afirmó Pich en declaraciones a Europa Press, quien añadió que "por otro lado, es el único camino posible" para hacer frente a la situación económica que atraviesa España y al déficit del Estado.

El presidente de los economistas señaló que los cambios fiscales aprobados, como subir el IRPF y el IBI de forma temporal y progresiva para 2012 y 2013 responden a la necesidad de "recaudar rápidamente para aportar liquidez" frente al déficit público previsto para 2011, fijado por el nuevo Gobierno en el 8%, dos puntos porcentuales por encima de lo comprometido con Bruselas.

Pich se mostró sorprendido por la subida del IBI debido a la "complejidad" que tiene su gestión, dadas las diferencias existentes en la gestión catastral entre los distintos municipios, y recordó que "cualquiera" habría apostado por que el nuevo Gobierno se hubiera decantado por subir el IVA o los impuestos especiales.

Respecto al conjunto de medidas económicas aprobadas este viernes por el Gobierno del PP, Pich afirmó que "son decisiones políticas que habrá que analizar teniendo en cuenta que el Gobierno ha tenido poco tiempo para estudiar la situación" desde que se formalizó el traspaso de poderes la pasada semana.

Lógicamente habrá rescisiones de contratos entre los eventuales e interinos

El Gobierno eleva la jornada laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.

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Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.

De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.

El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.

Los funcionarios que quieran mantener su jornada de 35 horas semanales deberán bajarse el sueldo

Los funcionarios que quieran seguir manteniendo una jornada de 35 horas semanales y no verla incrementada hasta las 37,5 horas tendrán que bajarse proporcionalmente el sueldo, según el decreto de medidas urgentes aprobado por el Consejo de Ministros.

Esta cláusula permitirá al Gobierno aplicar rebajas salariales en el sector público sin tener que adoptar ninguna medida directa al menos hasta el próximo mes de marzo, cuando se presenten los Presupuestos para 2012, en los que se podría incluir un nuevo recorte salarial a los funcionarios.

Los funcionarios que no quieran acogerse a esta posible rebaja de la jornada cobrarán lo mismo que en 2011, ya que no escaparán de la congelación salarial que ha aprobado el Gobierno, excepto para las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para los Cuerpos de lucha contra el fraude de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Empleo y Seguridad Social.

Tras la reunión de la mesa general de las Administraciones Públicas, en la que los sindicatos conocieron esta medidas de primera mano del secretario de Estado del ramo, Antonio Beteta, ya anticiparon que el Gobierno podría adoptar otras medidas para ir más allá y recortar el sueldo de los funcionarios.

Los funcionarios ya vieron reducido su salario en un 5% de media tras el decreto de ajustes que aprobó el anterior Gobierno socialista en mayo de 2010.

El Gobierno vuelve a congelar el sueldo de los empleados públicos y eleva la jornada a 37,5 horas

Las bajas y jubilaciones no serán cubiertas salvo en cuerpos de seguridad y servicios básicos

V. G. C., Madrid, en El País.

Los 2,6 millones de funcionarios españoles mantendrán su sueldo pero muchos de ellos —principalmente los que dependen de comunidades, ayuntamientos, diputaciones y cabildos— tendrán que trabajar más horas. El Consejo de Ministros aprobó este viernes volver a congelar en 2012 el salario de los empleados públicos, que ya ha estado congelado este año y se había reducido un 5% en 2010. Congelarlo quiere decir que no baja, pero sí pierde poder adquisitivo porque tampoco sube, mientras que los precios sí subirán.

A la vez, la jornada laboral de los funcionarios se eleva a 37,5 horas semanales. En la actualidad, esa es la jornada de los empleados de la Administración central, al menos es la que recoge como jornada máxima el convenio colectivo aprobado en 2009; en las administraciones autonómica y local no está homogeneizado: hay funcionarios con jornadas de 37,5 horas, otros que trabajan 35 y otros incluso menos (o más).

El aumento de jornada —37,5 horas para todos— supone que los funcionarios afectados cobrarán lo mismo por trabajar más tiempo. Además, podría dar lugar a despidos de trabajadores interinos o con contrato laboral, si las tareas que realizan fueran asumidas en ese tiempo extra por los funcionarios de carrera. Quien no quiera trabajar 37,5 horas puede negarse, pero tendrá que aceptar una reducción del sueldo.

Por otra parte, la tasa de reposición de las plantillas de empleados públicos de toda España queda congelada. Eso significa que no saldrán a oposición nuevas plazas y que las bajas, jubilaciones o traslados no serán cubiertos. Con estas excepciones: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, centros de salud y hospitales, profesores y el personal dedicado a perseguir el fraude “fiscal y laboral”; en esos casos, la tasa de reposición podría llegar, como máximo, al 10%, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Indignación de CC OO

En España hay 2,6 millones de funcionarios. El 50% depende de las comunidades autónomas, el 24% de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consejos insulares, y solo el 22% del Gobierno central (hay también un 4% en universidades).

Teóricamente, los acuerdos anunciados por Sáenz de Santamaría —congelación del sueldo, aumento de la jornada laboral, tasa de reposición cero— afectan a todos ellos, aunque en el documento que La Moncloa colgó en su página web no se precisa. De hecho, en ese documento las excepciones a la tasa de reposición que se señalan son solo las que dependen de la Administración central: “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Cuerpos de lucha contra el fraude”. No se menciona a personal sanitario y docente. El servicio de prensa no pudo aclararlo ayer, aunque un portavoz afirmó que, en caso de duda, hay que remitirse a lo anunciado por la vicepresidenta.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se había reunido por la mañana con los sindicatos para comunicarles las medidas al mismo tiempo que se estaban aprobando. Según CC OO, les habló de la congelación del sueldo y de la tasa de reposición, pero no de la ampliación de la jornada laboral. “De las 37,5 horas no nos ha dicho ni una palabra. Nos hemos enterado viendo la rueda de prensa por televisión. No solo es inaceptable que nos lo haya ocultado, sino que la jornada es un aspecto de obligada negociación. No descartamos presentar algún tipo de demanda”, afirmó Juan Carlos Rodríguez, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato.

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17.000 habitantes menos en una década

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El descenso de población se agrava con 2.200 vecinos menos, el doble que en años anteriores

La crisis económica, la destrucción de empleo y el balance demográfico negativo son las causas del hundimiento de los censos

Mieres es el municipio más perjudicado, con la pérdida de 737 habitantes, seguido de Langreo con 660, San Martín con 273 y Aller con 258

Mieres / Langreo, Julio VIVAS, en La Nueva España

El ocaso de las Cuencas queda patente en su vertiginosa pérdida de población, más de 2.200 vecinos menos en 2010, una cifra que duplica el descenso que se venía registrando en los últimos años de poco más de un millar de habitantes por ejercicio. Una caída que bien podía explicarse por el efecto de la crisis económica y la destrucción de empleo que se ha producido en las comarcas mineras, lo que ha obligado a un éxodo de estos concejos en búsqueda de nuevas oportunidades y también a la elevada mortalidad con una población envejecida y la reducida natalidad.

Los datos, difundidos por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2011, señalan que los diez concejos de las Cuencas -Aller, Caso, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Riosa, San Martín del Rey Aurelio y Sobrescobio- suman 152.702 vecinos, 17.135 menos que hace diez años, lo que supone algo más de la población que cuenta en la actualidad el municipio de Laviana -14.085 habitantes- y un poco menos que San Martín del Rey Aurelio -18.286 vecinos-.

También cambia la tendencia de caída. Normalmente eran las cabeceras de comarca, Mieres y Langreo, las que acusaban un mayor descenso. Sin embargo, en el último año se ha visto que también pierden grandes números los municipios medianos, como Aller y San Martín del Rey Aurelio, con 258 y 263 vecinos menos, respectivamente; o Lena y Laviana, cuya población descendió en 160 y 75 habitantes.

Aún así, las cabeceras de comarca se dejaron la nada desdeñable cifra de 1.397 vecinos, 660 menos en Langreo y 737 en Mieres. En números absolutos, Langreo sigue manteniéndose como el municipio más poblado, con 44.737 habitantes, lo que supone 1.786 vecinos más que Mieres que, con 42.951 personas empadronadas, ocupa la segunda posición. Esta hegemonía viene manteniéndose desde 2004, cuando el municipio cabecera del Caudal sufrió un duró revés poblacional que lo obligó a dejar el puesto de supremacía que tradicionalmente ocupaba en las Cuencas. San Martín del Rey Aurelio, con 18.286 vecinos ocupa el tercer puesto a casi 4.000 habitantes de Laviana, que alcanza los 14.085 vecinos. Tras estos cuatro municipios se sitúa Lena con 12.545 habitantes, seguido muy de cerca por Aller que suma 12.324. Una distancia que se ha ampliado con respecto a años anteriores en los que, incluso, llegaron a coincidir en el número de vecinos. Fue en 2009, cuando ambos contaban con una población de 12.766 personas.

Entre los puestos séptimo y décimo primero se encuentran los municipios más pequeños, liderados por Morcín, que cuenta con 2.870 vecinos. Tras él se encuentra Riosa con 2.170 habitantes, el único de estos concejos que nunca ha ganado población, sino que ha ido descendiendo, eso sí, de manera gradual. Finalmente, se encuentran Caso y Sobrescobio, con 1.839 y 895 vecinos, respectivamente.

La pérdida de habitantes de las Cuencas se hace aún más importante si se compara con los datos globales del Principado de Asturias, donde la población de las comarcas mineras supone el 14,11 por ciento del total. La región perdió 2.854 habitantes en 2010, situándose en 1,08 millones de personas. Un descenso muy similar al que experimentaron las Cuencas este año, de 2.233 vecinos. Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que el peso del descenso poblacional de Asturias lo tengan las comarcas mineras, ya que habría que tomar esos datos en comparación con los del resto de concejos de la región, donde no hubo descensos excesivamente pronunciados.

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