PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PRINCIPADO
Las cuentas de 2012 recogen 97,5 millones menos para el sector público
Sedes, Gispasa, la Junta de Saneamiento o la RTPA, entre las entidades que más ajustan sus partidas
30.12.11 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, EN El Comercio.
En los últimos años, sobre todo desde que comenzó la crisis, el Gobierno socialista de Vicente Álvarez Areces venía recurriendo a los entes, organismos y empresas que integran el sector público autonómico como mecanismo para potenciar la inversión que no podía activar a través del presupuesto ordinario de la Administración. Los recursos que manejaban estas entidades fueron creciendo ejercicio a ejercicio. Con la llegada al poder de Francisco Álvarez-Cascos, que siempre se ha mostrado contrario a la proliferación de lo que no ha dudado en calificar como «chiringuitos», la cosa ha cambiado. El proyecto de cuentas para 2012 presentado por el Gobierno, ya en la Junta General para el inicio del trámite parlamentario, cifra los fondos que manejarán estos entes en 2.291 millones de euros, 97,5 menos que en el presupuesto actual. Los que en los últimos meses han estado en el ojo del huracán por diferentes motivos -RTPA, Sedes, Junta de Saneamiento...- son los que salen peor parados.
Es evidente que entre ambos gabinetes, el socialista y el de Foro, hay una profunda diferencia en el concepto de la administración pública. El PSOE siempre defendió el impulso de este tipo de entidades, dentro de unos márgenes «razonables», como la mejor fórmula para prestar determinados servicios con mejor calidad y a un coste más moderado. Álvarez-Cascos y su equipo, por contra, entienden que buena parte de estos organismos son inservibles, máxime en un momento económico tan delicado como el actual, y consideran que el servicio puede ser prestado por la propia administración con igual o mayor eficacia y ahorro. Dos estrategias diametralmente opuestas que tienen su reflejo en las cuentas públicas.
El último presupuesto aprobado por Areces y su Gobierno establecía que los organismos, entes y empresas públicas contaban con 2.389,5 millones de euros. El proyecto avanzado por Cascos y planificado por el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, reduce esa cifra a 2.291 millones, 97,5 millones menos. Hay que precisar, eso sí, que las cuentas dan un doble trato a estas entidades. En unos casos se consignan créditos para que ejecuten sus programas de trabajo, mientras que en otros lo que se hace es dar luz verde a sus estados financieros.
Crece el Sespa
Sea como sea, la disponibilidad de recursos es menor. Con excepciones, eso sí, sobre todo en el caso del Servicio de Salud del Principado (Sespa), que es el organismo que sale mejor parado, en el marco de la apuesta del Gobierno por eludir la «deuda oculta» que achaca a sus antecesores socialistas y por planificar el gasto real que se llevará la sanidad. El incremento ronda los cien millones de euros.
Quienes encaran 2012 en una posición menos optimista son algunas de las entidades que en estos últimos meses, y por distintos motivos, han estado en el epicentro del debate político. La RTPA es el mejor ejemplo. Objeto de recortes ya este año, con un tijeretazo que ha acabado propiciando incluso un acuerdo entre PSOE, PP e IU para ponerle freno en la Junta General, sus cuentas para el próximo ejercicio sufrirán un fortísimo descenso. De los 35,2 millones de presupuesto consolidado con que inició el presente ejercicio pasará ahora a apenas 17 millones.
La Junta de Saneamiento, objeto de debate a raíz de las diferencias de criterio respecto de si sus cuentas computaban o no a efectos del déficit regional, sigue un camino similar y pasa de 155 millones a 83. Y Sedes, cuya venta persigue el Gobierno, cae de 72 millones a 54.
En términos generales, hay empresas que mejoran su posición respecto a 2011 (el Hospital del Oriente, el ERA, el Consejo de la Juventud, el Consorcio de Transportes...) y otras que salen peor paradas, caso del Servicio Público de Empleo, el Idepa, Gispasa o Viviendas del Principado (Vipasa).
El presupuesto de Cascos infla los ingresos en 300 millones
Economistas y la oposición acusan a Hacienda de sobreestimar la recaudación fiscal
PSOE, PP e IU evitarán que el Gobierno recupere el control económico sobre las empresas públicas
30/12/2011, RAúl Álvarez, Oviedo, en La Voz de Asturias
El Principado presume de haber enviado al Parlamento un proyecto presupuestario realista, pero se ha quedado solo en esa percepción. Al contrario, los grupos de la oposición y los economistas que ayer analizaron el documento plantean reparos a los números del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. En particular, la previsión de ingresos que permite elevar el techo de gasto hasta los 4.208 millones de euros suscitó una oleada de reacciones de incredulidad y la sospecha generalizada de que la Consejería de Hacienda se ha pasado de optimista y ha inflado la recaudación fiscal del próximo año al menos en 300 millones.
Incluso el Partido Popular, la única formación abierta en principio a negociar su voto afirmativo a las cuentas, subrayó la incongruencia de plantear al mismo tiempo, como hace el Ejecutivo, un escenario de crisis y estancamiento económico en 2012 y un incremento del dinero que entrará en las arcas autonómicas. El informe económico y financiero que acompaña al proyecto reduce el crecimiento del PIB regional al 0,3% y da el ejercicio por perdido para la creación de empleo.
Izquierda Unida fue más cruda al exponer ese argumento. “No es un proyecto presupuestario. Es una mera suposición”, aseguró su coordinador general y portavoz parlamentario, Jesús Iglesias. La coalición considera que las cuentas del Principado son inverosímiles y augura que no pasarán la criba parlamentaria ni llegarán a aprobarse. En su opinión, Hacienda sobreestima los ingresos y confía en exceso en las aportaciones del Estado, que suponen aproximadamente el 70% del total. Iglesias prevé que, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy presente los presupuestos generales del Estado, el Principado deberá acometer un recorte en sus previsiones. Según la evolución de los indicadores económicos, ese ajuste podría sumar al final del año entre 300 y 600 millones.
El escepticismo no es solo un producto del enfrentamiento político. En el mundo económico, a los analistas tampoco les cuadraban ayer los números del consejero Ramón del Riego. El catedrático y exrector de la Universidad Juan Vázquez apelaba a la experiencia de crisis anteriores, a la situación actual del ciclo económico y a las tendencia que apuntan a una congelación de la actividad en los primeros meses del año para justificar su escepticismo. “Sería más realista situar los ingresos, como máximo, en los 3.900 millones de euros. Pasar de esa cifra me parece estirarla mucho. Diría que el proyecto los ha sobreestimado en 300 millones”, opina.
El decano del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente, tampoco está convencido de la viabilidad del proyecto. “Me gusta, claro, y en la situación actual sería fenomenal para Asturias. Reduce las inversiones, pero sube el gasto en educación, sanidad y políticas sociales y, además, cumple el objetivo de déficit. Eso es mucho. Pero la previsión de ingresos me parece muy voluntarista y me da miedo que no se cumpla”, apunta.
Perspectivas negativas El economista ya ha visto en circulación previsiones que auguran una contracción del 2,5% de la economía española el próximo año. En ese contexto, De la Fuente cree inviable mejorar la recaudación fiscal. Y, si los ingresos caen y el Principado tiene atadas las manos a la hora de pedir créditos, solo quedarán dos salidas en algún momento de 2012: una subida de impuestos o un recorte de los gastos para adaptarlos a los recursos menguados.
Aparte de los ingresos, la tramitación del presupuesto incluye otro asunto que ha soliviantado a toda la oposición. La ley de acompañamiento presentada por el Ejecutivo le devuelve las atribuciones sobre el presupuesto de las empresas públicas que la Junta General le retiró hace dos semanas en respuesta al tijeretazo de octubre y a la asfixia financiera de la RTPA decidida por Hacienda. El Gobierno, que considera inconstitucional esa ley, aspira a revertirla. “Es una provocación”, advierte Iglesias.
IU no es la única fuerza con esa posición. Para el socialista Fernando Lastra, la pretensión de Cascos demuestra “una actitud altanera que puede ser interpretada como contumaz” al prolongar su enfrentamiento con la Junta. El Gobierno aún no ha publicado en el BOPA el texto de la nueva norma. “La lay intenta impedir cambios en las reglas a mitad del partido”, recuerda. El PP, que decide hoy si negocia, no tiene previsto ceder en ese punto y mantiene su compromiso con el acuerdo parlamentario.
VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA
