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PRENSA

Nos pondríamos en más de 100.000 pardos en Asturias, pero eso a ellos no les preocupa…

Nos pondríamos en más de 100.000 pardos en Asturias, pero eso a ellos no les preocupa…

El plan de la patronal para reducir el sector público eliminaría 20.000 empleos en la región

La Administración -Principado, ayuntamientos y Estado- da trabajo en Asturias a 61.688 personas

Oviedo, Eloy MÉNDEZ, en La Nueva España

La propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para racionalizar la plantilla de empleados públicos con vistas a fomentar el ahorro supondría la eliminación en Asturias de unas 20.000 plazas. Según un estudio encargado por la patronal, existen en todo el país 900.000 cargos «redundantes», es decir, que desempeñan similar función en diferentes administraciones, por lo que aconseja la supresión de buena parte de ellos. Esto acarrearía en el Principado la pérdida de casi un tercio de los trabajadores con sueldo a cargo del Estado, la autonomía o los ayuntamientos, que crecieron en más de dos mil entre 2007 y 2009, durante el inicio de la crisis económica. Aun así, su porcentaje aún es inferior a la media nacional.

La región suma actualmente un total de 61.866 empleados públicos, de los que 11.127 cobran nómina de la Administración general del Estado, 35.921 de la autonómica, 11.868 de la local y 2.950 pertenecen a la plantilla universitaria. Esto supone que Asturias cuenta con 60 trabajadores dependientes del sector público por cada mil habitantes, algo por debajo de la media y muy lejos de Extremadura, Castilla y León y Aragón, que lideran el ranking si se deja al margen a las dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. Aun así, según los postulados de la CEOE, sería conveniente iniciar una reducción significativa de estas plazas, frente a las políticas de contratación llevadas a cabo durante las últimas décadas, que han incrementado notablemente el sector público, sobre todo a cuenta de las sucesivas transferencias de competencias hacia la autonomía.

El informe de la patronal alerta de que esta evolución ha sido del 35,1 por ciento en toda España desde mediados de los ochenta, notablemente superior al aumento de la población, que se ha traducido en un 18,5%. Además, también señala que la atribución de nuevas tareas a los gobiernos regionales debería haber afectado a 820.000 puestos y, sin embargo, la contratación ha llegado hasta 1.744.000 trabajadores. Unos datos que ofrecen matices en el caso asturiano, donde el crecimiento global ha sido algo inferior, en parte debido a que es uno de los pocos territorios que no ha experimentado un crecimiento de sus habitantes desde la transición.

Sin embargo, en el ámbito puramente autonómico, el Gobierno del Principado se sitúa sensiblemente por encima de la media a la hora de dar empleo, ya que cuenta con 35,85 plazas por cada mil habitantes, frente a las 22,7 de Cataluña o las 25,53 de las islas Baleares. Aunque aún lejos de las 46,49 de Extremadura. Por el contrario, tanto la administración estatal como la local tienen a su disposición menos personal que en la mayoría de las regiones. En el segundo caso, la ausencia de una Diputación Provincial supone una ventaja comparativa, ya que sólo contabilizan los contratos de los 78 ayuntamientos. La propuesta de la CEOE, que explicó su presidente, Juan Rosell, ha encontrado ya fuerte contestación por parte de los sindicatos y partidos de izquierda.

Los datos

La comunidad cuenta con sesenta trabajadores por cada mil habitantes, por debajo de la media

La petición de la CEOE de suprimir 900.000 empleados públicos en España supondría la eliminación de 20.000 en Asturias.

El Principado acumula 35.921 de las 61.866 plazas del sector público que existen actualmente en la región. Los ayuntamientos suman 11.868.

La proporción de trabajadores dependientes de las administraciones es de 60 por cada mil habitantes.

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Se reducirá en un tercio la jornada y sueldo a 8.000 interinos, “los de administración y servicios técnicos, en ningún caso servicios asistenciales”, dicen…

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Fracasa la negociación entre Generalitat y funcionarios sobre los recortes

La Administración y los sindicatos se acusan de falta de voluntad negociadora

CC OO, UGT e IAC anuncian nuevas concentraciones de protesta

Foto: Manifestación en la que 10.000 funcionarios abarrotaran la plaza de Sant Jaume la tarde-noche del 14 de diciembre.

Clara Blanchar, Barcelona, en El País.

La mesa general de la función pública se ha cerrado sin acuerdo sobre los recortes a los empleados de la Administración catalana, que afectan a 203.000 personas. Tras siete reuniones, las dos partes, Generalitat y sindicatos, se acusan de postura inmovilista y de no tener voluntad de negociar. Los sindicatos, CC OO, UGT e IAC, aseguran que la Administración ha hecho teatro y que el recorte estaba decidido desde el primer día. “Ha sido una farsa, una trampa. Han celebrado las siete sesiones de la mesa para tener las actas y que sea todo oficial y que así no les podamos impugnar las decisiones en los tribunales”, ha asegurado Ricardo Rodilla, de IAC. A su turno, fuentes del Departamento de Gobernación responden: “Las negociaciones se han roto cuando han entregado un documento en el que afirman que las medidas son negativas y responsabilizan al Gobierno de cualquier decisión que se tome”. El cierre de la mesa sin acuerdo se produce 48 horas después de que 10.000 funcionarios abarrotaran la plaza de Sant Jaume en protesta contra los recortes (miércoles 14) y solo 24 horas después de que, pese al clamor, el Gobierno anunciara que retrasará el pago de la doble de Navidad y que no la cobrarán entera.

Total, “estamos como en la tercera reunión, nos habríamos podido ahorrar todo el resto”, afirmaba ayer la responsable de Educación de CC OO, Montse Ros. En esa reunión, la Generalitat reculó en el importe total del recorte: de 860 millones inicialmente previstos a 625. La rebaja consistió en no eliminar los complementos por méritos y antigüedad de los maestros, que suponen casi 300 millones de euros al año. Posteriormente, se comprometió a no despedir interinos y, en su lugar, reducir un tercio la jornada laboral a los que trabajan en tareas administrativas y técnicas.

Visiblemente enojados, los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones: serán concentraciones de protesta el próximo martes en la plaza de Sant Jaume y en el Parlament el miércoles, cuando arranque el pleno en el que se presentarán los Presupuestos, y que está previsto que el consejero de Economía presente el martes en la reunión semanal del Gobierno. "Hagan lo que hagan es inaceptable", ha manifestado la coordinadora del Área Pública de CC OO, Josefina Pujol, que ha criticado la falta de cifras para siquiera cuantificar el recorte de cada medida. Su homólogo en UGT, Xavier Casas, ha asegurado que las medidas que aplicará la Administración supondrán "más paro, más pobreza y unos servicios públicos peores".

Para ahorrar los 625 millones de euros previstos, las principales medidas que tomará la Generalitat son la imposición de la reducción de un tercio de jornada y sueldo a 8.000 interinos (los de administración y servicios técnicos; en ningún caso servicios asistenciales) como moneda de cambio para evitar despidos; la rebaja de las pagas dobles (en la proporción que corresponde a las Administraciones autonómicas, un ahorro estimado de 306 millones); la no convocatoria de nuevas plazas públicas; la congelación de las aportaciones al plan de pensiones y al fondo de acción social; la desaparición del tíquet comedor las tardes que se trabaja, la suspensión de las pagas de productividad o asistencia; la reducción de los días de asuntos propios de nueve a seis, y la eliminación de los permisos por antigüedad.

Algunas de las medidas son temporales (como la reducción de las pagas dobles, complementos y la suspensión del plan de pensiones y el FAS), pero la mayoría son cambios estructurales que marcarán un antes y un después en las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos catalanes. Por ejemplo, las trabajadoras públicas eran las únicas que tenían derecho a percibir el 100% del salario durante el primer año de vida de sus hijos aunque se redujeran la jornada. Este derecho se elimina. Otro de los huesos que toca esta reforma son el derecho a percibir el 100% del sueldo en casos de largas bajas médicas (lo que se llaman mejoras por incapacidad temporal).

La única aportación de los sindicatos que la administración ha aceptado es que no se acepten nuevas prolongaciones de la vida laboral más allá de los 65 años. Es decir, que se promueva la jubilación forzosa. Esta medida no afecta a los que ya los han cumplido los años y siguen ocupando su puesto, pero la idea es que se denegarán nuevas peticiones.

Pese al compromiso verbal de no despedir a nadie, los sindicatos sostienen desde el primer día que sí está en los planes del Gobierno prescindir de interinos. Para ello, aseguran, se convocarán concursos de traslado y se amortizarán las plazas que cambien de lugar geográfico. Además, consideran que la reducción de derechos salariales y sindicales es una invitación a marcharse de la Administración pública, donde las condiciones han sido históricamente mejores que en el sector privado. CC OO consideró después del primer anuncio que las medidas propuestas por la Generalitat son una "agresión sin precedentes" que "pueden hacer retroceder 30 años" las actuales condiciones laborales y sociales de la plantilla de la Administración catalana.

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La apertura del nuevo HUCA debería ser objetivo preferente para todos, pero no lo es…

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PP, PSOE e IU exigen a Foro que clarifique coste, traslado y equipamiento del HUCA

El consejero de Sanidad deberá presentar un informe antes del fin del actual período de sesiones con todos los datos del nuevo Hospital

Foto: En primera fila, sentados, Álvaro Longo y José María Navia-Osorio.

Oviedo, P. R., en La Nueva España 
Veintinueve votos a favor y 16 en contra. Foro Asturias, el partido que gobierna el Principado en minoría, se está acostumbrando a ver estas cifras en la pantalla luminosa de la Junta General. La Cámara debatía ayer una moción presentada por Carlos Galcerán, portavoz del Grupo parlamentario Popular, exigiendo al consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, respuestas a sus preguntas sobre el coste y equipamiento del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), algunas de las cuales ya le había hecho la pasada semana. Toda la oposición le apoyó y a las exigencias de Galcerán se añadió la enmienda de IU/Los Verdes. Y todo ello entre acusaciones de mentir pronunciadas por «viejos» compañeros, hoy sentados en las filas del PP y Foro.

Conclusión: el consejero de Sanidad deberá presentar un informe en la Junta General antes de que finalice el actual período de sesiones -es probable que los diputados lo den por concluido el 31 de diciembre- al que deberá incorporar el coste total de proyectos, obras, equipamiento, suministros, central de esterilización y estudios del HUCA; entre estos últimos, el que se encargó a una empresa para elaborar el plan de optimización de la financiación, asunto este último que incorporó IU/Los Verdes con una enmienda.

Carlos Galcerán recordó que en el debate de la pasada semana sobre el HUCA había pedido al Consejero «cinco cosas»: coste del Hospital, plazos de finalización de obras, traslado, equipamiento y contenidos. «Sólo me respondió a plazos y traslados», dijo. En lo que respecta al coste, Galcerán considera que en sus últimas comparecencias Navia-Osorio ha respondido con «tres tomaduras de pelo». Y añadió: «Primero nos dijo que el HUCA costaría 1.500 millones de euros y, ese mismo día por la tarde, matizó que había sumado a esa cifra el mantenimiento; después nos habló de 1.700 millones y de un plan que permitiría ahorrar 400 millones en 25 años, y la pasada semana, de manera sibilina, nos dijo que convenía tomar el HUCA y el Álvarez-Buylla como un conjunto; ésa fue la tomadura de pelo mayor».

Cristina Coto, portavoz de Foro Asturias, dijo estar convencida de que el PP «no entiende las cosas» o miente porque, en su opinión, el consejero de Sanidad había explicado con claridad todo lo relacionado con el HUCA la pasada semana.

Galcerán mostró el diario de sesiones de la pasada semana -concretamente la página 9- (VER DICHO DIARIO DE SESIONES), en la que, tal y como afirma el diputado popular, Navia-Osorio obvió algunas de las cuestiones sobre las que se le interrogaban, entre ellas las relativas a contenidos, equipamiento y central de esterilización. «Me han mentido a mí, han mentido a la Cámara y han mentido a todos los asturianos y además se han negado a contestar preguntas cuya respuesta es necesario conocer», dijo.

Coto negó cualquier «ceremonia de confusión» y volvió a reiterar las cifras que el Consejero ofreció la semana pasada.

Noemí Martín, portavoz de IU/Los Verdes, insistió en el mensaje que viene manteniendo en sus últimas intervenciones en la Junta. «Hay que aparcar la historia y sumar esfuerzos para que el HUCA se abra cuanto primero mejor y en las mejores condiciones, pero para ello es importante que la Junta tenga un informe clarificador».

La financiación del nuevo Hospital que Navia-Osorio presentó la pasada semana en la Junta es, en opinión de Pilar Alonso, portavoz del Grupo Socialista, algo que «debía sonrojar al Consejero». Alonso le acusó de «retrasar la puesta en marcha del nuevo HUCA» y de provocar «una ceremonia de la confusión intencionada».

«Está resentido con Navia-Osorio porque es consejero y aprobó el MIR»

Oviedo, P. R., en La Nueva España 
Cristina Coto, diputada de Foro Asturias y antigua compañera de filas de Carlos Galcerán, acusó ayer a este último de atesorar resentimiento contra el consejero de Sanidad.

«Aparque usted sus resentimientos personales contra el Consejero porque no le interesan a nadie; ya sé que le fastidia que Navia-Osorio haya llegado a consejero y usted no, o que él haya aprobado el MIR y usted no», afirmó la diputada de Foro Asturias.

«No he aprobado el MIR porque no me he presentado nunca», respondió Carlos Galcerán.

El diputado añadió que «la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo», en lo que pareció una referencia a la reforma del centro de salud de la Lila, objeto del debate del pasado jueves, en la que una de las afectadas es la mujer de José María Navia-Osorio.

«Ahora parece que la reorganización de médicos de la Lila es la gran corrupción del mundo mundial», dijo Cristina Coto en otro momento, en respuesta a Carlos Galcerán.

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Ante la ofensiva patronal que prepara el caldo de cultivo para los futuros recortes…

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Los sindicatos reclaman a FADE que devuelva 6 millones en subvenciones

Las centrales cargan contra la patronal por pedir que se reduzcan plantillas en la Administración

17/12/2011, Luis Fernández, Oviedo, en La Voz de Asturias

Los empleados públicos alzan la voz contra la patronal asturiana. Los sindicatos se niegan a que se culpe a los funcionarios de la crisis y critican que FADE hable de ajustar plantillas, por lo que se defienden atacando y piden a los empresarios que den ejemplo de austeridad y devuelvan las subvenciones que reciben de la Administración.

UGT, CCOO y CSIF coincidieron ayer en señalar que los recortes y despidos por los que apuesta la patronal suponen un ataque al Estado del bienestar que repercutirá en la calidad del servicio y alertan de que lo que pretenden los empresarios es enriquecerse por medio de la privatización de servicios.

Juan Gavira, secretario de Acción Sindical de CSIF, critica la actitud de los empresarios, a los que acusa de “repartirse los beneficios en tiempos de bonanza, lo que descapitalizó sus empresas”. Por este motivo, explica Gavira, ahora tienen dificultades para acceder al crédito y buscan recortes en la Administración para “prestar ellos esos servicios y aumentar sus ganancias”. El dirigente sindical pide que “den ejemplo”, por lo que insta a FADE a que renuncie a “los 6 millones de euros que reciben en subvenciones”. Además, también acusa a la patronal de “hablar de lo que no sabe”, al dudar de su formación.

La opinión es similar a la del secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, Jesús González, quien considera que “lo que buscan es recortar en las partidas más fáciles”, sin tener en cuenta que eso “supondrá un empobrecimiento del Estado del bienestar y repercutirá en la calidad de la enseñanza y de la educación”. “Es una irresponsabilidad”, asegura González, quien añade que “lo que pretenden los empresarios es que se privaticen esos servicios y aumentar sus beneficios”.

Alberto del Valle, secretario general de FSP-UGT, apunta que el número de empleados públicos por habitante es de los más bajos de la Unión Europea, y recuerda que los funcionarios son “profesores, médicos, policías... no solo las personas que ellos dicen que están todo el día frente al ordenador sin hacer nada”. “Eso ocurría hace 40 años, con un régimen político con el que parece que les iba mejor a los empresarios”, explica Del Valle, quien añade que “la única justificación es que quieren hacer negocio con lo público”.

También Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, aprovechó su presencia en Asturias para referirse a este tema. En su opinión, “sería muy injusto volver a atacar” los sueldos de los trabajadores de la función publica, que ya se vieron reducidos por el Gobierno actual.

El sindicalista aseguró que “se esté preparando una especie de campaña en la que se vuelve a criminalizar a los trabajadores públicos”. “Se dicen lindezas sin soporte ninguno”, señala Toxo, como las realizadas por el presidente de CEOE, Juan Rosell, en las que dice que “sobran 900.000 empleos en la función pública”, sobre todo en las comunidades autónomas “pero sin explicar por qué, de dónde los quitaría, qué función están realizando y qué función se eliminaría”.

Toxo insta a Rajoy a que no baje el sueldo a los funcionarios

Cree que «sería muy injusto volver a atacar» a los empleados públicos y lamenta que se busque su «criminalización»

El Comercio, 17.12.11 - A. C. / AGENCIAS | OVIEDO.

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió ayer al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que «sería muy injusto volver a atacar» los sueldos de los empleados públicos. De este modo, en una rueda de prensa en la fábrica de armas de Trubia, Toxo dijo esperar que se respeten las condiciones de la función púbica y lamentó que se busque «la criminalización» de los trabajadores.

En la misma línea, rechazó que la CEOE diga que en España hay muchos empleados públicos y plantee que se puedan despedir como en la empresa privada. «Dice que sobran, pero no de dónde o qué funciones se eliminarían con su pérdida», remarcó. Insinuó así que tal vez la CEOE «prepare el caldo de cultivo» para futuros recortes. «No hay atajos en las leyes laborales. Lo que genera empleo es la reactivación de la actividad económica». Defendió también que «para una negociación seria, la CEOE debe medir más lo que dice en los medios y sostener en público lo mismo que plantea en privado». Y no se quedó ahí: desde la mesa de negociación de la confederación, insistió, «jamás» se ha planteado la congelación salarial total durante cuatro años ni el modelo de los miniempleos.

Además, el responsable sindical incidió en que hay alternativas a los recortes e informó de que ya ha presentado a Rajoy «propuestas concretas» para hacer las necesarias reformas fiscal y financiera y resolver «el problema del crédito».

Respecto a las pensiones, comentó, Rajoy se ha «comprometido» con Toxo a mantener su revalorización. No obstante, el secretario general de CC OO da un paso más y considera que una postura «coherente» por parte del PP implicaría que se revocasen las medidas adoptadas por el actual Ejecutivo.

Con este panorama, Toxo no quiso marcar líneas «rojas ni azules» al nuevo Gobierno para no dar opción a que aparezcan voces que le recriminen que marca «el territorio» a un equipo que aún no ha tomado posesión. Sin embargo, advirtió, el nuevo Ejecutivo ha de saber que existen fronteras «que no se traspasan».

Resaltó que Rajoy ha ganado con «toda legitimidad» en las pasadas elecciones y confía en que destine «todos los recursos» a reducir el desempleo. Quizá esta actitud se deba a su creencia de que, en tiempos de crisis, hay que enviar «mensajes optimistas» a la sociedad.

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La proyección del INE para Asturias va cumpliéndose…

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El Principado lidera un año más la pérdida de población de España

17/12/2011, E. P., Oviedo/ MADRID, en La Voz de Asturias

La población en el Principado de Asturias ha descendido un 0,3 % en el último año y es así la comunidad que más población ha perdido del conjunto del país, según consta en el real decreto aprobado durante el último Consejo de Ministros del Gobierno socialista. Por contra, las autonomías que más han crecido son Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra, con un incremento del 0,8%.

Por encima de la media nacional, del 0,4%, también han aumentado las poblaciones empadronadas en Baleares y Murcia con un 0,6% y Madrid, que creció un 0,5% en el último año.

En su última comparecencia como portavoz del Ejecutivo en funciones, José Blanco, ha explicado que, tras revisar los datos del padrón municipal, se ha registrado un crecimiento de la población empadronada del 0,4 % en el último año, lo que implica un total de 169.462 personas más. Con todo, los mayores crecimientos fueron los experimentados en la población empadronada en Ceuta y Melilla, donde la estadística oficial arroja un aumento del 2,2 y el 3,2%, respectivamente.

También registran incrementos, aunque menores, Cataluña (0,4%); País Vasco (0,3%), Extremadura y La Rioja (0,2%); y Cantabria y la Comunidad Valenciana (0,1%).

Por el contrario, Asturias pierde al 0,3% de su población y en Aragón, Cantabria y Galicia los empadronados se reducen un 0,1%. La población en Castilla y León no sufre variaciones.

La provincia que ha registrado una mayor variación este año en términos relativos es Guadalajara, donde la población empadronada aumentó un 1,9%. Le sigue Toledo, con un incremento del 1,3% y Málaga y Almería, con un 1% más en cada una. Las que más población han perdido son Lugo y Orense, con un 0,6%.

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A raíz del cuestionamiento de 900.000 empleados públicos por parte de la patronal … ¡¡casi nada!!

A raíz del cuestionamiento de 900.000 empleados públicos por parte de la patronal … ¡¡casi nada!!

España, por debajo de Europa en número de funcionarios

Los sindicatos denuncian el intento de la patronal de desacreditar los servicios públicos

ANA REQUENA, MADRID, en Público.es
La afirmación que el presidente de la CEOE, Juan Rosell,hizo el miércoles sobre la necesidad de poder despedir a los empleados públicos que, según la patronal, sobran, ha encendido los ánimos de los sindicatos, que claman contra una estrategia que consideran pretende desacreditar y finiquitar lo público.
Los datos tampoco parecen acompañar a la patronal, que insiste en que sobran funcionarios y que deja caer que el gasto en educación, sanidad o servicios sociales puede gestionarse de forma más eficiente, o dicho de otra forma, Rosell pide que la empresa privada pueda entrar en lo público.
Para la CEOE sobran funcionarios. Aunque no especifican, las cuentas de la patronal cuestionan la pertinencia de 900.000 empleados públicos. Esta cifra es la diferencia entre las 821.357 personas que traspasó la Administración central a las comunidades autónomas, y el 1.744.00 empleados públicos con los que cuentan ahora las regiones. A pesar de que Rosell admitió que hay parte de ese aumento que se debe al crecimiento de la población, no especificó cuánto.
Según los últimos datos del Ministerio de la Presidencia, en España existen 2.680.219 trabajadores al servicio de las administraciones públicas. En Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas hay casi 300.000 efectivos. Y entre la enseñanza, las universidades y el personal de sanidad suman más de 1.100.000 empleados. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, retó ayer a Rosell a que concrete su afirmación. "Se dice que sobran 900.000 funcionarios. Si lo cree, que ponga los datos sobre la mesa y explique quién va, en dónde y quién no está trabajando", dijo. El peso del sector público en España es inferior a la media europea. Mientras que aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de la zona del euro es del 50,9%, según Eurostat.
El secretario general de CCOO también recordó al presidente de la patronal que sólo los países rescatados tienen menos empleo público que España, donde hay 6,5 funcionarios por cada cien habitantes, frente a, por ejemplo, los 10,6 de Francia. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO señalaba ayer que en los países europeos con las economías más competitivas, como Dinamarca, Suecia o Finlandia, el porcentaje de funcionarios sobre la población activa era del 26% en el primer caso, y del 22% y el 19% en los otros dos. En España, sin embargo, el número de empleados públicos es del 13%.
Otra de las objeciones que hace la patronal es el crecimiento de los salarios en el empleo público. El presidente de la CEOE señaló que entre 2002 y 2009 crecieron un 5,6%, mientras que los sueldos en el sector privado lo hicieron la mitad, el 2,8%. Sin embargo, y como señalaba UGT en un informe reciente, debido a que se excluye de la consideración de asalariado a empleadores y a cualquier otro cargo que cuente con participación en el capital o la empresa, una parte de los sueldos más elevados del sector privado no se contabilizan en esta categoría. En cualquier caso, el sindicato denuncia que los empleados públicos han perdido el 24,5% de poder adquisitivo desde el año 1982, ya que en muchos años su subida salarial fue inferior al crecimiento de la inflación, y que la temporalidad se encuentra en torno al 24%.
En cualquier caso, España gastó en 2010 el 11,9% de su PIB para pagar la nómina de las personas empleadas en los servicios públicos, en línea con la media europea, del 11,1%, y de la zona del euro, donde se gasta el 10,8%, según datos de Eurostat. Algunos países superan esas cifras, como Dinamarca, a la cabeza en empleo público, con un gasto del 19%, pero también Francia, con el 13,4%. Otros países, como Alemania, gastaron el 7,9% de su PIB.
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, rechazó las "radicales" propuestas de Rosell.

VER: “En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren”

Lo que más me llama a mi la atención es que ahora se le traslade la “patata caliente” a la Junta Técnico-Asistencial del HUCA, órgano sin competencia ejecutiva alguna que jamás es consultada, ni cómo asesoría técnica – que es lo que es -, para “modificaciones de plantilla”…

Lo que más me llama a mi la atención es que ahora se le traslade la “patata caliente” a la Junta Técnico-Asistencial del HUCA, órgano sin competencia ejecutiva alguna que jamás es consultada, ni cómo asesoría técnica – que es lo que es -, para “modificaciones de plantilla”…

Navia-Osorio atribuye las críticas a la reforma de la Lila a que afecta a su mujer

El Consejero tacha de indecente al PP por involucrar a su esposa en el debate sobre el sueldo de los médicos del ambulatorio ovetense

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

-Carlos GALCERÁN: «Después de escuchar sus argumentos, este grupo parlamentario tiene muy claro que el motivo de la medida que ha tomado es que uno de los especialistas del ambulatorio de La Lila es su mujer. Si no quiere que nadie se entere, no lo haga, señor consejero».

-José María NAVIA-OSORIO: «Por alusiones. Yo creo que la decencia política tiene unos límites y acabamos de ver cómo se traspasan esos límites».

-Carlos GALCERÁN: «Tiene razón. Él ha traspasado los límites».

Este tenso cara a cara entre el consejero de Sanidad del Principado, José María Navia-Osorio, y el diputado del Partido Popular Carlos Galcerán, tuvo ayer como escenario el pleno de la Junta General del Principado, y como objeto la organización del trabajo de 40 médicos «de cupo» del ambulatorio ovetense de La Lila. El término cupo hace referencia a que su tarea consiste en atender a un determinado «cupo» de pacientes.

El anterior Gobierno introdujo un cambio organizativo en virtud del cual se les redujo el número de pacientes, y también el salario en una media de 600 euros mensuales. El actual Ejecutivo considera que esa medida produjo más perjuicios que beneficios, y ha elaborado un cambio del cambio que, según el consejero, está pendiente del visto bueno de la junta técnico-asistencial del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En los días previos, la controversia técnica y política se vio salpicada de argumentos más personales. El más elocuente fue pronunciado por el propio Galcerán, quien el pasado 30 de noviembre declaró a este periódico: «No quisiéramos pensar que esta actuación del Consejero [el citado cambio del cambio organizativo] tenga que ver con el hecho de que una de las especialistas de cupo sea su mujer, según se comenta estos días en el entorno del Sespa».

Ayer, con el debate ya trasladado al Parlamento por iniciativa del PSOE y del PP -que solicitaron que Navia-Osorio explicara las razones de su postura-, el consejero optó por andarse sin rodeos, y comenzó aludiendo directamente a las supuestas motivaciones personales y a la citada declaración de Galcerán a LA NUEVA ESPAÑA. «Esta interpelación -arrancó Navia-Osorio- es un buen ejemplo de cómo bajo la supuesta buena intención de controlar al Gobierno y denunciar una presunta irregularidad lo que se pretende en realidad es dañar el buen nombre de este consejero». Acto seguido, fue glosando la mencionada cita de Galcerán, a la que tachó de «ejercicio de estigmatización inconcebible».

La intervención del titular de Sanidad concluyó con el rifi-rafe que abre estas líneas, pero antes el consejero había explicado las claves de la situación en un discurso en el que no se mordió demasiado la lengua. Por ejemplo, aludió, sin nombrarla, a LA NUEVA ESPAÑA, que ha sacado a la luz la reforma organizativa que impulsa el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos y que ha desvelado que, antes del cambio inicial, había médicos que cobraban hasta 7.500 euros mensuales por una jornada laboral de dos horas y media diarias: «En su práctica demagógica habitual, cierto periódico ha intentado demonizar a un colectivo profesional excitando la envidia de sus cada vez más reducidos lectores». Y concretó aún más: «Hay algún periodista que es maestro en estos trucos».

En referencia a los salarios, Navia-Osorio afirmó que «se han publicado algunos de estos sueldos, se han resaltado algunos de una cuantía sorprendente por su magnitud y se han ocultado los más bajos». Sin embargo, acto seguido, y tras lamentar que «estos datos salariales personales hayan sido hecho públicos sin autorización de los médicos afectados», indicó que la cifra de 7.000 euros mensuales «se había quedado corta», pues hay un médico que «había alcanzado los 8.000 y hasta los 9.000 euros en algún caso». El consejero aclaró que estaba hablando de un especialista que «compaginaba la atención de sus cupos de pacientes con la atención de hasta 15 guardias mensuales en el Hospital Monte Naranco. Y todo ello con el visto bueno del anterior equipo gerencial». Y prosiguió señalando que, «curiosamente, estas situaciones tan llamativas no se modificaron con la reasignacion de cupos de la gerencia anterior». Parafraseando a Galcerán, el titular de Sanidad ironizó: «No querría pensar que estos sueldos de ese médico tuvieran relación con el hecho de que el mencionado especialista perteneciera a un determinado sindicato».

Ya metido en la harina de realizar nuevas revelaciones, Navia-Osorio hizo pública una conversación suya con el ex responsable del HUCA, Mario González. La formuló como pregunta: «¿Por qué razón el anterior gerente del HUCA advirtió al actual consejero, en el mes de julio, cuando supo que iba a ser cesado, sobre, entre comillas, el rumor que había en el hospital de que el cese del equipo directivo era una venganza del consejero por haber modificado los mencionados cupos?».

El titular de Sanidad negó cualquier vinculación con las medidas adoptadas: «El consejero no ha participado en esta modificación de cupos, y si ha llegado a conocerla ha sido sólo para atender a esta interpelación». Navia-Osorio admitió que el cambio introducido por el anterior Gobierno implicaba un ahorro anual de unos 300.000 euros, pero hizo énfasis en que este ahorro «tiene sus contrapartidas». Y citó el «importante» aumento de la lista de espera en cardiología, otorrino, digestivo y oftalmología en el HUCA, centro al que han sido enviados los pacientes quitados a los médicos de cupo. Según el consejero, si en La Lila las demoras se mueven en el entorno de los 4-8 días, en el HUCA son de 80-105 días. Los actuales responsables sanitarios estiman que restar pacientes al ambulatorio «supone la infrautilización» de un colectivo de médicos que «posee una gran experiencia profesional por su antigüedad, lo que hace que acumule menos lista de espera y solicite menos estudios complementarios para alcanzar un diagnóstico acertado».

Navia-Osorio explicó que una de las claves de los sueldos altos radica en que los médicos de cupo con plaza fija -no los interinos- cuentan en su nómina con un concepto de antigüedad peculiar, pues en virtud del mismo «cobran por cada tres años de trabajo un complemento que equivale al 10 por ciento del sueldo. Como la mayoría lleva más de 30 años prestando servicios, la mayoría supera los diez trienos». Los interinos tampoco perciben el plus de carrera profesional. La figura del médico de cupo desaparecerá a la vuelta de «unos diez años, con la jubilación del más joven de sus integrantes».

Como resumen, el consejero indicó: « Hay trabajadores públicos que cobran unos sueldos mejores que otros. Pero han accedido a estos puestos de trabajo tras estudiar una carrera, hacer una especialidad y aprobar una oposición abierta a cualquiera que cumpliera los requisitos». Y abundó: «Este consejero no hace ninguna valoración sobre la cuantía de los salarios de este colectivo profesional, al igual que no las hace sobre los salarios de ningún funcionario público que desempeña una plaza obtenida en concurso-oposición».

Pilar Alonso, diputada del PSOE, hizo hincapié en que la reducción de los cupos de pacientes arbitrada por el anterior equipo de la Consejería buscaba «ajustar la situación a la normativa vigente». «Si no se cumple la normativa se incurre en prevaricación», señaló la diputada, quien no vio respondida su pregunta sobre «la situación de la última modificación de plantilla que convertía once plazas de médicos de cupo en plazas de facultativos de área, un expediente al que sólo le faltaba que lo aprobara el Consejo de Gobierno».

«Entre nosotros hay mileuristas»

Un grupo de médicos de la Lila reivindica la calidad del servicio que se presta y exhibe nóminas de 1.200 euros

Oviedo, P. Á., EN La Nueva España.

«Queremos que se sepa que entre nosotros también hay mileuristas». Un grupo de médicos del ambulatorio de la Lila se han dirigido a LA NUEVA ESPAÑA movidos por el objetivo de que «se conozca la otra cara de la moneda», aquella que se plasma en nóminas mensuales que, según muestran, oscilan entre 1.200 y 1.400 euros netos mensuales.

Estos facultativos, de diversas especialidades, consideran que les han hecho «mucho daño» algunos de los datos publicados por este periódico. Esas cifras indicaban que, antes del recorte salarial y del número de pacientes que se les aplicó la pasada primavera, algunos de sus compañeros llegaban a percibir más de 5.000 euros brutos mensuales (en un caso figuraban hasta más de 7.500) por una jornada de trabajo de dos horas y media diarias.

«No sabemos si esos datos son ciertos, o si son de casos especiales o de meses excepcionales por alguna razón, pero sí estamos seguros de que no son representativos de la realidad global del colectivo», explican estos profesionales. Lo que quieren destacar es que, en su jornada cotidiana, «resolvemos los problemas de un elevado número de pacientes como lo demuestra el alto grado de satisfacción de los enfermos».

Estos especialistas exhiben sus nóminas, pero prefieren mantenerse en el anonimato ante «una guerra entre políticos que no nos favorece para nada». Agregan que en el ambulatorio ovetense «las esperas de los pacientes son muy inferiores a las que suelen registrarse en los hospitales». Y, como dato adicional, subrayan que algunos integrantes del colectivo «trabajamos voluntariamente más de dos horas y media para que no aumenten las demoras».

Sin entrar en controversias partidistas, los médicos del ambulatorio ovetense se muestran críticos con el anterior equipo directivo de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud del Principado (Sespa). «Al mismo tiempo que nos rebajaban el sueldo, se atribuían unos pluses de productividad de muchos miles de euros», argumentan. En cambio, al actual equipo le están agradecidos «porque, por vez primera, se han dirigido a nosotros para ver cómo podemos contribuir a aliviar las listas de espera y a mejorar la situación de la sanidad pública».

«La mayoría rondamos los 60 años, llevamos más de treinta de ejercicio profesional y nos parece mucho más inteligente sacar todo el partido que podemos dar que entrar en batallas que nos hacen daño, que confunden a los pacientes y que no benefician a nadie», indican los especialistas de la Lila.

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De la Jornada Medical Economics sobre Formación e Investigación Biomédica en el Principado de Asturias, celebrada ayer en el HUCA…

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«Necesitamos un instituto de investigación que aglutine los esfuerzos»

Foto: Asistentes a las jornadas sobre investigación biomédica.
15.12.2011 - A. V., OVIEDO, en El Comercio.
Decenas de profesionales se reunieron ayer en el HUCA para analizar la situación de la ’Formación e Investigación Biomédica en el Principado’, una jornada auspiciada por la publicación especializada Medical Economics, cuyos responsables aseguran que «los pasos que se están dando en Asturias en este terreno son lentos», a pesar de que la región «cuenta con una masa crítica suficiente para que este tipo de investigación se asiente en la comunidad con firmeza».
La encargada de dibujar el panorama en la región fue Teresa Ortega, directora de la Oficina de Investigación Biosanitaria, que explicó que «la región tiene un gran potencial» pese a puntos débiles como la necesidad de «unificar esfuerzos, tanto con la universidad como con el sistema de salud» o «la escasa relación con las empresas, lo que provoca que, en innovación, estemos un poco por detrás de algunas comunidades como el País Vasco o Cataluña».
Los datos son significativos: «Sólo en el HUCA, hay más de 70 investigadores y Asturias se sitúa por encima de las 500 publicaciones al año en revistas de impacto, mientras que, respecto a convocatorias de éxito, está por encima del 30%».
Teresa Ortega reclamó, eso sí, «un organismo que aglutine todos estos esfuerzos, dar el paso hacia la aprobación de un instituto de investigación junto al Hospital, donde también deben estar las Facultades de Ciencias de la Salud». Sin él, subrayó la especialista, «seguiremos sin subvenciones europeas».

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