PRENSA

El fracaso de un emblema de la reconversión minera...

Infoterra, participada por la Generalitat, está interesada en reflotar Venturo XXI

La compañía, que elabora geoinformación para administraciones y empresas, es la mejor posicionada para hacerse con el control de la firma de San Martín.

El Entrego, L. M. D., en La Nueva España

La Consejería de Industria y Empleo del Principado iniciará la próxima semana las negociaciones con las empresas interesadas en hacerse con el control de Venturo XXI. La firma mejor posicionada y que parece ofrecer más garantías es Infoterra, una compañía dedicada a la información geográfica y en cuyo capital participa, en un 20%, el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC), dependiente de la Generalitat.

Fuentes cercanas a Venturo XXI explicaron que las dos empresas más interesadas en hacerse con la cartográfica asturiana son la filial española de la empresa danesa Cowi (especializada en ingeniería y medio ambiente) e Infoterra. Esta segunda empresa es la que a priori parte con ventaja, según explicaron las fuentes consultadas. Infoterra es una empresa cuyo capital pertenece en un 60% a Astrium, un 20% a Hisdesat y el 20% restante al ICC. La intención de Infoterra sería, con el apoyo del Gobierno del Principado, formar un instituto cartográfico de Asturias, que podría elaborar todo tipo de informes geográficos, catastrales y topográficos.

Infoterra se dedica prioritariamente al «asesoramiento, diseño y suministro de productos y servicios de geoinformación a entidades y organismos oficiales, así como a empresas industriales o tecnológicas». La empresa, que tiene sedes en Madrid y Barcelona, está presente también en otros países europeos: Reino Unido, Alemania y Francia. En España, sus principales clientes son el Instituto Geográfico Nacional, la Xunta de Galicia, AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), el propio ICC, Indra, el Instituto de Geomática y el Inta (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial).

Los problemas de Venturo XXI, que nació «sobredimensionada», llevaron a su plantilla a protagonizar todo tipo de protestas en los últimos meses. El pasado 5 de julio el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo confirmó el despido de 67 de sus 73 empleados, y dio a conocer el montante total de la deuda de la firma, que según el informe preliminar del concurso de acreedores asciende a 5,1 millones de euros. El Gobierno del Principado, a través de la consejería de Industria, y la empresa pública Hunosa, llevaban varios meses negociando la llegada de una empresa que inyectara el capital necesario para poder salvar a Venturo XXI, que cuenta con un 49% de capital público. Según el consejero de Industria, Graciano Torre, que se reunió esta semana con la plantilla, las negociaciones con las, en principio, tres firmas interesadas comenzarán esta próxima semana. Ante esta perspectiva, la plantilla decidió anteayer poner fin a un encierro de 61 días.

Trabajadores de Venturo XXI y de Chupa Chups mantuvieron el viernes por la noche en la «Semana negra» de Gijón una breve reunión informal con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Los trabajadores solicitaron a Areces este encuentro tras participar el Presidente en la presentación de un libro en la cita cultural gijonesa. En la reunión, representantes de la plantilla de la cartográfica, como muestra la imagen, le expusieron a Areces la situación que atraviesan -ya despedidos y sin compromiso de contratación por la firma que pueda hacerse cargo de Venturo- y pidieron responsabilidades al Gobierno regional por la gestión de la compañía.

Entrevista en Salinas al Secretario General de la C.S. de CC.OO.

«La reforma laboral de Zapatero va a acelerar el crecimiento del desempleo»

«En España si algo tienen las pensiones es margen de mejora porque hay tres millones de personas, sobre todo viudas, que perciben pagas míseras»

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO Secretario general de Comisiones Obreras

Salinas (Castrillón), Saúl FERNÁNDEZ, para La Nueva España.
Ignacio Fernández Toxo (El Ferrol, La Coruña, 1952) es el secretario general de Comisiones Obreras en España. Participó ayer en Salinas en el tributo rendido por el concejo de Castrillón al sindicalista y ex concejal Guillermo Ballina. Minutos antes, con la música de fondo de la banda «L'Alborcer», conversó con LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Abaratar el despido genera riqueza?

-Estoy absolutamente convencido de que no. Ya ni tan siquiera se disimula que la reforma no pretende generar empleo y, por lo tanto, a través de la actividad económica, riqueza. Zapatero dice que está pensada para anticiparse a la siguiente crisis económica, cuando todavía no hemos salido de esta... ¡Hábrase escuchado disparate mayor! El Gobierno sabe, como lo sabemos nosotros, que el empleo lo genera la actividad económica y esta depende de la capacidad de inversión de las administraciones públicas, de la inversión privada y de la capacidad de consumo de las familias. Todo esto es lo que toca en negativo el plan de ajuste. En un contexto de alta destrucción de empleo la reforma laboral lo que va a hacer es acelerar, y lo veremos a partir de septiembre, el crecimiento del desempleo en nuestro país.

-El «decretazo» también causa amargura a los empresarios: van a tener que hacer fijos a eventuales de más de dos años.

-A algunas empresas, al empresariado más cutre. Afortunadamente no a todas las compañías españolas les gusta tener en precario y para siempre a los trabajadores. Es verdad que algunas utilizan de forma abusiva modalidades de contratación, como el de obra y servicio, que se desnaturalizan para mantener esa situación de prolongada inestabilidad en el empleo. Conviene además no perder de vista un dato: la gente que entró hace veinte años con menos de treinta en la vida laboral, a estas alturas, sigue teniendo un contrato temporal que rota de un empleo temporal a otro...

-... Y de una compañía del grupo a otra.

-Es cierto. Es el proceso de ingeniería organizativa de las empresas. Sinceramente, yo creo que los empresarios se quejan con la boca pequeña porque están tremendamente satisfechos con el alcance que va a tener la reforma.

-¿Por qué después de tanto tiempo no hubo acuerdo entre sindicatos y empresarios?

-Precisamente, por el resultado de la reforma laboral, porque las exigencias de la patronal eran desmedidas. Primero pusieron el foco en una reducción muy importante de las cotizaciones sociales. Cuando el Gobierno aprueba el plan de ajuste y los empresarios se dan cuenta de que no van a ceder en ese campo, extremaron la exigencia en el terreno de los despidos, de la contratación, de la negociación colectiva... esto ha hecho inviable el acuerdo. Las únicas reformas laborales que han funcionado en España son aquellas que nacieron del consenso. Esta -aparte de provocar de forma inmediata una alta conflictividad social y espero que también el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad española, en la forma que está construida sólo tiene inconvenientes- es una reforma pensada para el viejo modelo económico y no para eso que viene anunciando el Gobierno de una transformación del modelo productivo español, que parece que queda para otro tiempo.

-Parece que los sindicatos y el Gobierno han vivido un idilio durante una legislatura y media.

-La expresión esta del «idilio» la he oído muchas veces a lo largo de esta crisis. Yo creo que aquí hay, de forma interesada o no, una confusión importante. Se confunden rigor y responsabilidad sindical con apoyo acrítico al Gobierno, nada más lejos de la realidad. No dejo de reconocer que el Gobierno ha sostenido la protección social, ha creado una nueva figura para aquellas personas que estaban ya en una situación de mayores dificultades, pero la crítica ha sido una constante, al menos, en Comisiones Obreras.

-¿El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decide o le hacen decidir?

-El giro brusco que se ha dado a las políticas europeas a partir de la reunión del Ecofin del 7 de mayo es lo que ha orientado la toma de decisiones en España. Son reformas que están presididas por el pánico y la presión y es una cesión de la democracia frente al interés económico de unos pocos. Estas reformas sólo van a servir para retrasar la salida de la crisis y configurar un mercado laboral más precario si cabe que el actual. Veremos qué supone la anunciada reforma de las pensiones. Nosotros, en Comisiones Obreras, ya hemos dicho que no vamos a aceptar el retraso de la edad de jubilación y tampoco vamos a aceptar una lógica que lleva a plantear que en materia de progresión social sólo se puede actuar por la vía de los recortes. En España si algo tienen las pensiones es margen de mejora porque hay tres millones de personas, fundamentalmente viudas, que perciben pagas de cuatrocientos euros, una auténtica miseria.

-Algunos destacados socialistas defienden el copago de los servicios sanitarios.

-La fiebre se ha desatado y ahora compiten las comunidades autónomas y el Gobierno de España para ver quién le mete más tijera al gasto público. El pensamiento de izquierdas ha desaparecido, salvo honrosas excepciones que están ahí, visibles. Quienes tienen responsabilidades de gobierno en la izquierda han renunciado a gobernar los asuntos públicos desde posiciones de izquierdas. Han renunciado a que la fiscalidad juegue un papel importante en la reducción del déficit. No se puede actuar sólo desde la tijera. Los mercados financieros nunca se van a dar por satisfechos. Ahora hablan de copago, de retirada de lo poco que queda de presencia pública en algunas empresas, de que los servicios los ha de prestar el mercado... Todo esto es la lógica del pensamiento liberal y conservador en la que parece que se ha instalado el Gobierno español.

-Ha habido un ensayo general de la huelga, la de los funcionarios, un tanto precario.

-De ensayo no tenía nada. Era una movilización que tenía un objetivo muy claro: responder al recorte salarial que había decidido el Gobierno en el plan de ajuste. Sinceramente, me hubiera gustado que hubiera tenido un seguimiento mayor. Yo creo que, primero, se ha hecho un trabajo de engaño a los trabajadores en cuanto a la repercusión del plan de ajuste y, después, un ejercicio tremendo de meter miedo a la sociedad para llevar a los empleados públicos a la idea de la resignación, de que no es posible hacer otra cosa. Bueno, ese mensaje, desafortunadamente ha calado y la movilización tuvo unos resultados de la movilización. Y, sin embargo, antes de ayer mismo, conocíamos que los tribunales han admitido a trámite el recurso presentado por Comisiones Obreras contra la reducción de los salarios. Vamos a ver si no nos encontramos con la misma situación que se provocó cuando llegó el PP al Gobierno en 1996: la congelación salarial del acuerdo que había para tres años y luego los tribunales vinieron a darnos la razón.

-¿La huelga general del próximo 29 de septiembre quiere tumbar el Gobierno?

-He participado en todas las huelgas generales que ha habido en España en estos años y siempre me he encontrado este tipo de argumentos que sólo pretenden descalificar la acción democrática del derecho a la huelga. Esta del 29 de septiembre tiene razones en la acción política, es evidente. La huelga es para que las reformas laborales que pretende el Gobierno no se abran paso y se instalen definitivamente en las relaciones laborales.

-Cambiando de tema, ¿qué supone la ausencia de españoles en el consejo de Arcelor?

-En una multinacional, en un monstruo tan grande, el pasaporte todavía tiene importancia. Espero que no tenga repercusiones aquí.

Con el objetivo de mejorar la práctica asistencial en los centros de salud y avanzar en la desburocratización

SEMFYC SOLICITA A SANIDAD Y TRABAJO UN CAMBIO LEGISLATIVO SOBRE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (IT)

Madrid, Acta Sanitaria, por  Arantxa Mirón Millán

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha presentado el 'Documento de mejora en la Gestión de la Incapacidad Laboral (IT)', en el que ofrece una serie de recomendaciones para solventar las carencias presentes en esta tarea administrativa y reducir la elevada carga burocrática que esta atribución genera a los médicos de Atención Primaria.

Los presidentes de SEMFYC, Josep Basora, y SOMAMFYC (la sección mandrileña de dicha sociedad), Paulino Cubero, que además es coordinador de la obra, presentaron ayer este documento, que ha contado para su elaboración con la colaboración de médicos de familia y del trabajo, inspectores de Sanidad, personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y mutuas de accidentes de trabajo. Estos profesionales solicitan a los Ministerios de Sanidad y Trabajo que se lleven a cabo los cambios precisos en la legislación sobre la IT, contando con todos los agentes implicados.

Paulino Cubero recordó que tanto las sociedades de Medicina de Familia como algunos grupos de profesionales (el Grupo Antiburocracia o la Plataforma 10 Minutos, entre otros), llevan tiempo reivindicando a las Administraciones que se racionalice y disminuya el exceso de tareas innecesarias impuestas al médico de Atención Primaria, que no añaden ningún valor clínico.

Rediseñar un proceso obsoleto

Según explicaron ambos doctores, el objetivo de este texto, que ha sido elaborado tras un año de trabajo, es mejorar la práctica asistencial en los centros de salud y avanzar en la desburocratización, con el fin último de que el médico de familia pueda ejercer como tal. Para ello, Cubero indicó la necesidad de rediseñar el proceso de IT, dotándole del enfoque clínico que le corresponde y eliminando el sentido burocrático y económico que se le pretende asignar. "Es imprescindible la firma de un pacto a nivel estatal", aseguró.

Por su parte, el presidente de SEMFYC señaló que la gestión de la incapacidad temporal en España ha quedado obsoleta y, con el avance de los medios disponibles hoy en día, ha llegado la hora de un cambio en este ámbito. Asimismo, Basora reiteró el llamamiento de los médicos de familia por el que piden contar con un sistema sanitario que apueste por la Atención Primaria como el nivel asistencial más eficiente en tiempos de crisis. "Tenemos un tiempo limitado y queremos dedicarlo a nuestros pacientes, no a hacer papeles", añadió Paulino Cubero.

El coordinador del documento aseguró que, a través del mismo, "los médicos no están pidiendo apartarse de la IT, si no hacerla más sencilla y útil". Según explicó, "sea cual sea la situación del paciente, éste debe acudir semanalmente a recoger su baja, algo incompatible con la realidad". Dado que la atención al trabajador enfermo es una prestación más dentro de la cartera de servicios de los equipos de Atención Primaria, por criterios clínicos y sociales estos médicos son los más cualificados para evaluar la situación de IT de los pacientes, pero no de una forma que perjudica a unos y otros y que resulta lenta y costosa.

Propuestas para una burocracia prescindible

Entre las propuestas para la "burocracia prescindible" de las IT, SEMFYC destaca la de adecuar la indicación terapéutica de incapacidad temporal a los criterios clínicos. Así, los partes de confirmación se deberían ajustar a la duración estimada del proceso y, en procesos inferiores a diez días, el paciente se podría incorporar a su trabajo sin necesidad de una segunda visita para el informe de alta. Asimismo, proponen la potenciación de la participación de todas las entidades implicadas en el proceso de IT, integrando las herramientas de evaluación con indicadores adecuados.

También destacan la necesidad de llevar a cabo medidas temporales de apoyo a la gestión de la incapacidad laboral hasta aplicar las medidas propuestas. En este sentido, piden la implementación de circuitos en las Áreas Administrativas de los Centros de Salud y evitar información redundante, así como facilitar el envío en red a la Inspección, disminuyendo el papel. "En Navarra se está llevando a cabo pruebas, aprovechando la utilidad de las nuevas tecnologías", avanzó Cubero.

Uso responsable por parte de los trabajadores

Proponen también la implicación de los trabajadores mediante campañas de sensibilización para el uso responsable de este derecho. Según concretaron, en países como el Reino Unido, el paciente valida con su firma la baja, confirmando que los datos que ha aportado al médico son reales, algo que aquí, sin embargo, hace el facultativo. "Los trabajadores tienen que tener información sobre lo que realmente implica pedir una baja, para que sean conscientes de su derecho pero también de su responsabilidad", señaló el presidente de SOMAMFYC.

Tal y como añadió, existen ejemplos recientes (huelga del Metro de Madrid), en los que los trabajadores piden una baja de corta duración para realizar una huelga encubierta. "El médico no puede cuestionar lo que el paciente dice y más en supuestos procesos agudos", explicó el doctor, indicando que en estos casos es fundamental la responsabilidad del propio usuario.

Por último, los doctores rechazaron "totalmente" la idea de extender al resto del país iniciativas como las de Madrid, donde se ha aprobado el pago directo de incentivos a los profesionales que reduzcan el número de IT. "Se ha hecho rematadamente mal, va ligado a una medición que nadie sabe descifrar y la forma en la que está planteado no mejora la gestión. Además, es un tema delicado que a los médicos se les pague de esta forma", afirmó Cubero.

En Asturias las asociaciones de padres aplauden la medida

Trabaja por los "buenos hábitos" para los niños

Sanidad rechaza la polémica por los bollos en los colegios

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 16 Jul. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del Ministerio de Sanidad, Roberto Sabrido, ha declarado este viernes, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial, que "no se quería generar polémica" con la limitación de bollos y refrescos en los centros educativos, y que es pensando en "nuestros hijos".

En declaraciones a Europa Press, Sabrido ha explicado el documento que el ministerio está desarrollando, según él, "necesario" para una buena educación alimentaria. "Es un documento de consenso con todas las comunidades autónomas en el que damos unas pautas comunes para toda España de actuaciones en los comedores escolares y en la oferta de alimento en los centros educativos, estamos estableciendo unos criterios nutricionales para limitar la venta de ciertos productos en centros escolares", ha manifestado.

"No es como algunos quieren hacer creer de que vamos a prohibir unos bollos o unos refrescos. Vamos a prohibir los que sobrepasen unos determinados límites y esos no se podrán vender, pero no es una categoría: habrá los que los cumplan o no", ha precisado.

EVITAR LA RUTINA EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

También ha recordado que el texto es más amplio y tiene puntos "con importancia". "Esto es un punto de ese documento, que es un texto muy amplio, también hay pautas para la información a los padres, para que haya variedad, que no haya rutina (en la alimentación), para que los padres sepan qué hacer de comer a sus hijos. Esto lo hacemos cumpliendo un mandato del Parlamento Europeo de 2008 y del Senado español que aprobó una serie de recomendaciones para controlas la venta de productos en los centros escolares", ha dicho.

Según Sabrido el objetivo de todo el documento es "tener un criterio común" en toda las Comunidades Autónomas para que "la oferta en todos los centros de toda España sea sana y similar ", ha concluido.

Las consejerías de Educación y Salud se muestran «en sintonía» con la decisión que estudia el ministerio

El Comercio. 17.07.10 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

La prohibición de vender bollería, refrescos y otros productos altamente calóricos en los colegios ha recibido el visto bueno de los padres. Las asociaciones de madres y padres de alumnos de Asturias, tanto de la red pública como de la concertada, ven con buenos ojos la decisión que prevé adoptar el Ministerio de Sanidad para limitar la venta de este tipo de alimentos, incluidas golosinas y snaks, en los centros escolares. El mayor apoyo proviene de la escuela pública, cuya Ampa no sólo secunda sino que aplaude la medida que posiblemente se adopte el próximo miércoles, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. «Es una muy buena decisión», indicó la vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres 'Miguel Virgós'. Raquel García García considera un avance que el ministerio y las comunidades autónomas se preocupen por la alimentación de los más pequeños. En este sentido, abogó también por mejorar los menús que se ofrecen en los comedores escolares, «ya que no siempre son equilibrados. Les falta verduras y frutas del tiempo y pecan en frituras».

Por su parte, el presidente de la Concapa (red concertada), cree que el veto a la bollería es positivo, aunque duda de la efectividad de la prohibición. José Manuel Martínez considera que modificar los hábitos alimenticios «es más una cuestión de educación que de prohibiciones». Así y todo dio la bienvenida a la restricción de dulces y productos industriales en los colegios.

Desde las consejerías de Educación y Salud del Principado se aseguró ayer que desde hace tiempo se viene trabajando en la mejora de la alimentación de los escolares y, en este sentido, recordaron la guía elaborada a principios de año con recomendaciones para mejorar los menús ofrecidos a los alumnos. En cualquier caso, tanto Salud como Educación afirman estar «en sintonía» con la decisión que estudia Sanidad para combatir la obesidad infantil, que afecta a uno de cada cuatro niños.

«Muchos llevan un huevo 'Kinder' de merienda»

«Los padres también deben tomar conciencia del problema. Hoy en día, aún hay muchos niños que llevan un huevo 'Kinder' o un 'Bollicao' de merienda». Raquel García, vicepresidenta de la Ampa de la escuela pública cree que «todos somos responsables de los hábitos alimenticios de los niños». De ahí, que ponga de ejemplo la iniciativa de un colegio gijonés, cuyos profesores remitieron a los padres propuestas de meriendas en las que la bollería quedaba desplazada por la fruta, el yogur o el tradicional bocata de jamón york.

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria salió ayer al paso de las críticas de la industria y precisó que «sólo se prohibirá la bollería y refrescos que sobrepasen unos determinados límites de grasa y azúcar».

Desarrollo en Asturias de la posibilidad de la objeción

LOS SANITARIOS ESTARAN OBLIGADOS A ATENDER A LA MUJER ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION.

Los médicos deberán notificar su objeción a practicar abortos

Salud renuncia a abrir un censo con quienes se nieguen a hacer operaciones.

17/07/2010 PABLO ZARIQUIEGUI, en La Voz de Asturias.

Anticipadamente y por escrito. Son los dos requisitos que deberán cumplir los profesionales sanitarios que se nieguen a practicar abortos en Asturias. Así figura en la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aplica desde el pasado 5 de julio en España.

La norma, que recoge el derecho a la objeción de conciencia, establece que aquellos profesionales que rechacen practicar abortos tienen que comunicarlo oficialmente, de forma anticipada y por escrito. El texto no aclara si los sanitarios implicados, sobre todo, médicos y enfermeros, deben repetir el procedimiento para cada interrupción voluntaria del embarazo. La reforma legal deja en manos de las administraciones autonómicas la creación de un censo de objetores. El Servicio de Salud del Principado ha comunicado a este periódico que en Asturias no se pondrá en marcha por considerar que la renuncia anticipada y por escrito es suficiente. Los profesionales, en el caso del Principado, deberán hacer constar su rechazo sólo una vez.

La ley, eso sí, establece límites al derecho a la objeción de conciencia. Así, los profesionales que se nieguen a practicar abortos no podrán rechazar, sin embargo, atender a la mujer antes y después de la intervención quirúrgica. Deberán, por lo tanto, realizar todos los procedimientos pre y postoperatorios que requiera.

La reforma de la ley estatal convierte a los servicios de salud de las distintas comunidades en garantes del derecho al aborto. De hecho, el decreto de 25 de junio que desarrolla la norma establece que deben velar por que se cumpla la prestación aportando los medios que sean necesarios. Lo que parece claro es que la interrupción voluntaria y gratuita hasta la semana 14 de gestación se llevará a cabo, sobre todo, en las clínicas privadas acreditadas. Los profesionales de la sanidad pública, muy mayoritariamente objetores, apenas tendrán que practicar abortos. Con la ley en la mano, una mujer puede solicitar la prestación en cualquier clínica privada acreditada en Asturias que, después, pasará la factura al Servicio de Salud.

Finaliza un encierro de 2 largos meses en el Ayuntamiento de S. Martín del Rey Aurelio

Industria comienza el lunes a negociar con tres ingenierías el futuro de Venturo XXI

17.07.10 - MARTA VARELA | SOTRONDIO, para El Comercio.

Los trabajadores de la empresa cartográfica Venturo XXI abandonaron ayer su encierro en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Una protesta que comenzaron hace ya dos meses y a la que pusieron fin al considerar que la situación del conflicto laboral ha variado en las últimas semanas.

El secretario del comité de empresa, Miguel Fernández, puntualizó que, en cuestión de días, a partir de pasado mañana, van a comenzar «las negociaciones con tres empresas interesadas en sacar adelante la actividad en Venturo», por lo que los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción aprobado hace casi dos semanas apuestan por «dar un voto de confianza» a la labor de mediación que están haciendo las administraciones.

El abandono del encierro no da por zanjada la lucha de esta plantilla. Así, Fernández adelantó que el comité está recogiendo firmas de apoyo en la Semana Negra de Gijón y que, a finales de mes, tiene previsto iniciar una marcha a pie hasta Covadonga. Con estas medidas, los afectados por el conflicto en la empresa pretenden evitar que sus problemas caigan en el olvido mientras siguen luchando por garantizar un futuro para la compañía y la recolocación de los despedidos.

La plantilla de Venturo XXI no estuvo sola ayer. Responsables sindicales, concejales de la oposición samartiniega, familiares, y vecinos del concejo quisieron acudir al abandono de la protesta para acompañar a unos empleados que aseguraron sentirse «muy agradecidos» del apoyo recibido durante todo este tiempo. Una solidaridad que esperan seguir sintiendo hasta que la actividad vuelva a Venturo XXI.

La plantilla de Venturo XXI deja el encierro tras 61 días de protesta

Los trabajadores, que seguirán movilizándose, confían en que Industria capte a inversores para reflotar la empresa

Sotrondio, L. M. D.

Tras 61 días de protesta, los trabajadores de Venturo XXI pusieron ayer punto y final a su encierro de dos meses en el ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. El anuncio de la consejería de Industria de que a partir de la próxima semana negociará directamente con las compañías interesadas en inyectar capital en la cartográfica ha supuesto «un cambio» en el calendario de movilizaciones que prevé desarrollar la plantilla, que se encuentra «esperanzada» ante el próximo inicio de los contactos.

Entre aplausos salieron ayer del consistorio de San Martín los empleados que, a lo largo de dos meses, han permanecido encerrados en las dependencias municipales. El secretario del comité de empresa de Venturo XXI, Miguel Fernández, explicó que la asamblea de trabajadores decidió dar por terminado el encierro «ante las nuevas expectativas» que se abren para la plantilla. «Esto no quiere decir», añadió, «que vayamos a dejar de exponer nuestro problema y de llevar a cabo movilizaciones». Así, está previsto que todos los miércoles, a las 11 de la mañana, frente a las instalaciones de Venturo XXI en el valle de La Güeria se realicen «asambleas de trabajadores». También se continuará con la recogida de firmas -ya llevan más de 6.000- y el domingo 25 de julio realizarán una marcha a pie hasta Covadonga. «Queremos que nuestra problemática se conozca más allá de las Cuencas», apuntó el secretario del comité de empresa.

Para los trabajadores, la presión que se ha ejercido mediante las acciones de protesta y el encierro «han servido para que nuestro problema fuese visible para todo el mundo, para dar a conocer nuestra situación». «Si no lo hubiéramos hecho», apuntó Miguel Fernández, «es posible que ni hubiese negociaciones para inyectar capital a la empresa». «Nuestro objetivo», aseveró Fernández, «es el de conseguir que todos los que hemos sido despedidos de Venturo XXI podamos volver a trabajar en una de las empresas con las que se va a negociar», y esto «no está claro, por eso seguiremos haciéndonos ver». El comité de empresa espera además que el caso de la cartográfica sea «el último de este tipo que se produzca en las Cuencas con una gestión nefasta y una falta de control por parte de los accionistas públicos».

El consejero de Industria, Graciano Torre, ratificó ayer que la próxima semana se desplazará a Madrid para entrevistarse con una de las tres firmas interesadas en controlar Venturo XXI. Torre, sin embargo, eludió valorar la salida del encierro de la plantilla.

El Ayuntamiento de Oviedo no va a ser responsable de ningún retraso en el Hospital

UNA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO HOSPITAL.

El ayuntamiento cede el terreno para ejecutar el acceso al HUCA

Mortera asegura que la obra puede comenzar sin disponer del solar.

16/07/2010 ALEXIA E. MARTIN, en La Voz de Asturias.

El Principado puede iniciar la obra de los accesos al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) hoy mismo. Así lo aseguró ayer el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alberto Mortera, que afirmó que el consistorio ya remitió a la consejería la documentación sobre la cesión de los terrenos a ocupar por estos viales.

Mortera hizo estas declaraciones un día después de que el consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, reclamase al consistorio ovetense que agilizase dicha cesión para disponer de los terrenos cuanto antes con el fin de licitar la obra y desarrollar los trabajos.

Ayer, el responsable de Urbanismo del equipo de Gabino de Lorenzo manifestó que el ayuntamiento ya notificó a la sociedad pública Gispasa la cesión y que lo trasladará, a su vez, a la consejería de Infraestructuras ante las últimas declaraciones de González Buendía. No obstante, recalcó que la disponibilidad de estas zonas verdes y calles de Prado de la Vega no condiciona la ejecución de los viales que permitirán las circulaciones internas del hospital. "La aprobación del proyecto de urbanización del anillo hospitalario, que se produjo hace un año, lleva implícita la ocupación de estos espacios de uso público", expuso Alberto Mortera. "El Principado ya tiene autorización para iniciar las obras y, si estuvieran adjudicadas, podrían empezarlas mañana mismo --por hoy--", destacó. "Jurídicamente, no es necesaria la disponibilidad" del solar para comenzar los trabajos, prosiguió.

El edil de Urbanismo también subrayó que el ayuntamiento "no es responsable de las demoras y los sobrecostes de 90 millones de euros del hospital". A su juicio, el Gobierno regional "tratar de disfrazar las demoras y sobrecostes" con estas declaraciones. Y añadió que, cuando no se trata de asuntos ordinarios, como éste, el Principado "debe avisarnos" si formula alguna solicitud. En este sentido, Mortera apuntó que el consistorio está dispuesto "a dar la mayor agilidad y a ofrecer una cooperación absoluta" para la puesta en marcha del nuevo complejo hospitalario.

Por su parte, el consejero González Buendía había manifestado el miércoles que el plazo de la ejecución del anillo perimetral del HUCA es de 12 meses y "todo lo que se demore la cesión de los terrenos retrasará su conclusión" ya que "para licitar la obra se necesita la disponibilidad de los terrenos".

Ajuste o la encrucijada de los concertados en cuanto a su dependencia financiera de la sanidad pública

El Sespa aspira a que los concertados mantengan la actividad por menos dinero

La gerencia del Hospital de Jove sostiene que el cobro por aparcar «aún está en estudio, porque hay que ver bien si merece la pena»

Gijón / Oviedo, A. RUBIERA / P. ÁLVAREZ, en La Nueva España

Apretarse el cinturón significa hacer lo que ya se hacía, pero por menos dinero, y no reducir la actividad en la misma medida en que decrecen los recursos disponibles.

Ésta es, poco más o menos, la filosofía que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) quiere aplicar a los servicios sanitarios en la etapa de ajustes que acaba de ponerse en marcha. Las autoridades sanitarias de la región se enfrentan a un panorama de recortes presupuestarios que amenazan con complicar la gestión en, al menos, un epígrafe altamente sensible: las operaciones que se derivan a los hospitales concertados.

El envío de pacientes a centros ajenos al Sespa constituye un elemento clave en el control de las listas de espera quirúrgicas. El pasado 31 de mayo eran 16.043 los pacientes pendientes de pasar por el quirófano, con una demora media de 59 días. Los responsables del Sespa tienen experimentado que si quieren mantener cifras aproximadas a éstas no pueden dormirse en los laureles, ya que la demanda, lejos de mantenerse o decrecer, aumenta a buen ritmo. Un ejemplo: el año pasado entraron en lista de espera para operarse 70.554 pacientes, casi 2.000 más que en 2009 y 15.000 más que en 2003. Sin embargo, la capacidad de resolución de los hospitales de la región no se ha incrementado a la misma velocidad.

La ley de Contención del Gasto Público aprobada el pasado viernes en la Junta General del Principado establece una reducción del 3,2 por ciento en las partidas destinadas a centros sanitarios concertados. Esta medida afecta muy especialmente a los hospitales gijoneses de Jove y Cruz Roja y a la Fundación Hospital de Avilés, cuyos responsables han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una merma de recursos que pone en riesgo la viabilidad de estos centros.

«Nuestro cometido consiste simplemente en cumplir de forma escrupulosa lo aprobado en el Parlamento», explicaron ayer fuentes del Sespa, según las cuales los responsables de los hospitales concertados «tendrán que organizar los centros como mejor estimen que deben hacerlo», así como buscar recursos adicionales «si consideran que los necesitan».

A lo largo de 2009, en el Hospital de Jove -cabecera de área para una parte de Gijón- se llevaron a cabo 4.797 intervenciones quirúrgicas (unas 200 menos que en 2008); en el Hospital Cruz Roja, 7.162 (unas 300 más que el año anterior); y en el Hospital de Avilés, 2.726 (frente a las 2.850 del año 2008). En el primero de estos hospitales los trabajadores ya han anunciado que llevarán a cabo protestas -será el próximo martes- para dejar patente su malestar con el recorte. Pero, además, la gerencia busca fórmulas para cuadrar las cuentas, algo obligado tras la decisión del Sespa de reducirles sus ingresos y la negativa del comité de empresa a aprobar una bajada de sueldo del 5%. Por eso mismo, además de mantener cerrada una planta de hospitalización (que no se abrirá tras el parón del verano) y prescindir, con ello, de los eventuales que se contrataban, en el hospital piensan también en otras iniciativas, como la de poner un canon por el uso de una de las 200 plazas de aparcamiento de las que dispone el hospital. «Aún no es una decisión firme, hay que estudiar bien la idea y ver si merece la pena. Y contrastarlo, además, con otros centros que hayan pasado por lo mismo», explicaban ayer desde la gerencia. En el mismo paquete de iniciativas va incluida también la amortización de algunas plazas de personal y, sobre todo, exprimir los gastos al mínimo posible.