PRENSA

No se consiguió la plena integración en el 2000 pero se conseguirá en el 2010

IU califica de «parche absurdo» los cambios en el patronato del Hospital

El comité de empresa considera «estéril» la decisión del Principado, que «sólo intenta no quedar en fuera de juego»

Foto: Manifestación de hace diez años cuando TODOS pedían que el Hospital del Oriente fuese de la sanidad pública …

La Nueva España. Arriondas, Ramón DÍAZ

Izquierda Unida (IU), el comité de empresa y la plataforma de asociaciones en defensa del Hospital del Oriente criticaron ayer la decisión del Gobierno del Principado de cambiar a varios patronos del Grande Covián. IU tildó de «parche absurdo» la medida del Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces, dado que este mes se debatirá en la Junta General una proposición de ley para que el Hospital se integre en la red sanitaria pública asturiana. La proposición, respaldada por PP e IU, prevé la disolución del patronato del centro asistencial.

«Tal parece que desde la Consejería de Salud se tiene en poca consideración al Parlamento», señaló la diputada de IU Diana Camafeita, en referencia a que los votos de PP e IU serán suficientes para sacar adelante la proposición. Según Camafeita, Salud «intenta dar la apariencia de que integra el Hospital elaborando un contrato programa que no deja de ser fuego de artificio». El Principado ha anunciado que a partir de ahora el Hospital y la Administración firmarán un contrato programa, en lugar de un convenio. Camafeita defendió para el Hospital «una integración de primera, y no de segunda como plantea la Consejería de Salud».

La presidenta del comité de empresa del Hospital, Lola Colunga, por su lado, ve la decisión del Principado «estéril», un intento de «no quedar en fuera de juego». Recordó que la firma de un contrato programa, en lugar de un convenio, ha sido desde hace años la segunda reivindicación del comité de empresa, tras la integración, por lo que aplaude la medida, «que nos asemeja a los demás hospitales, aunque añadió que «llega con seis años de retraso. Por fin la Administración nos da la razón», añadió.

Lola Colunga señaló que «lo ideal» es la plena integración, tal y como proponen PP e IU. Indicó que los cambios en el patronato, que implican la entrada en este organismo del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) apenas tendrán recorrido, ya que da por sentado que la Junta General aprobará la ley de integración.

La plataforma en defensa del Hospital, finalmente, considera «innecesarias» las medidas del Ejecutivo, a la vista de la cercanía de la integración del centro. El colectivo subrayó que el Principado, que tardó seis años en cumplir la Ley de Fundaciones, va «con el paso cambiado en lo que respecta al interés de los ciudadanos del Oriente».

la hemeroteca

Una manifestación histórica en favor de la integración

El 9 de noviembre de 2000, varios cientos de personas se manifestaban en Arriondas. Portaban la pancarta que abría la marcha varios sindicalistas y todos los alcaldes de la comarca; entre ellos, el llanisco Antonio Trevín, hoy delegado del Gobierno en Asturias. El lema de la manifestación no dejaba lugar a dudas: «Hospital del Oriente en la sanidad pública ¡Ya!». PSOE, PP e IU respaldaban entonces, al menos públicamente, la integración del Grande Covián, aún en el candelero. En la imagen, la cabecera de la manifestación celebrada hace diez años.

PP e IU critican a Salud por tratar de dificultar la ley de integración del hospital

Confían en que la tramitación sea ágil y que se vote en el último Pleno de febrero en la Junta General del Principado

05.02.10 - MIGUEL ROJO | ARRIONDAS, para El Comercio.

Tras el paso dado ayer por el Consejo de Gobierno -con la opinión en contra de IU- de realizar cambios en el Patronato para que el Sespa pase a formar parte de la gestión del Hospital de Arriondas, tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han criticado que la Consejería de Salud trate de dificultar la ley de integración del centro hospitalario en el Sepa, algo que -recuerdan- no se consigue ni con la entrada del Sespa en los órganos de gestión del centro ni con un contrato programa que sustituya al actual modelo de financiación.

Precisamente ayer tenía lugar la primera reunión de la ponencia de la ley, de la que se encargan el popular Carlos Galcerán, la socialista Pilar Alonso y Diana Camafeita, de Izquierda Unida. La próxima reunión tendrá lugar la semana que viene y desde PP e IU, impulsores de la ley, confían en que se pueda llevar a Pleno para su votación en la última sesión de este mismo mes de febrero. Tras su entrada en vigor, todos los cambios anunciados ayer por el Consejo de Gobierno perderían su sentido, ya que la Fundación tendría que extinguirse y el hospital entrar a formar parte de la red pública del Sespa.

Por eso, Galcerán entiende que «el objetivo es poner todo tipo de obstáculos, porque los cambios que ahora incluyen deberán aparecer reflejados en la ley. Si hay un contrato programa no podemos hablar en la misma de convenio singular, por ejemplo». Y añade que es un intento del PSOE por «confundir a los ciudadanos». Y consideran que el paso al contrato programa «no supondrá mejora alguna en cuanto a financiación del hospital, no mientras la gestión sea indirecta y no del Sespa», recalcó.

Algo que se contradice con la opinión de los propios trabajadores, que celebran el paso dado por el Gobierno regional. Desde el comité de empresa, su presidenta, Dolores Colunga, explicaba ayer que «nos alegra porque el contrato programa era nuestra segunda reivindicación tras la integración, y nos alegramos de que se acerque lo más posible a un hospital público». Eso sí, aseguran que «llega tarde, mal y nunca» y que se debería haber hecho «hace seis años, no ahora que la ley entrará en vigor en unos meses». Creen que la entrada del Sespa en la Fundación «puede ser positiva para la transición», pero que aunque positiva, la decisión del Gobierno es ahora «innecesaria», por lo que la consideran fruto de «juegos políticos en los que nosotros no jugamos».

Izquierda Unida, por su parte, sigue apostando por una integración «de primera, y no de segunda», y lamenta que sus socios de Gobierno tengan «poca consideración con la Junta de Gobierno al presentar esta absurda propuesta», dijo Diana Camafeita. Y es que con la ley, «el Patronato tiene los días contados», por lo que el movimiento de los socialistas lo ve como «una mera propaganda porque quieren dar la imagen de que el hospital está integrado».

En cuanto a las tensiones que pueda provocar con sus socios de Gobierno, Camafeita insistió en que «nos parece extraño que un partido de izquierdas no apueste por lo público, es una incoherencia de la Consejería de Salud», pero que «nuestras posturas son conocidas y la pluralidad es un valor dentro del Gobierno, sólo que discrepamos en algunos temas».

Rectificación de errores en las convocatorias de la U.G.C. de Salud Mental y Laboratorio de Medicina

El Sespa modifica los requisitos para dos de las nueve unidades de gestión del HUCA

04.02.10 L. FONSECA | GIJÓN, para El Comercio.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha modificado los requisitos para optar a dos de las nueve unidades de gestión del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los cambios, que el Sespa atribuye a un error en la redacción de las resoluciones emitidas el pasado 21 de enero, afectan a las convocatorias del Laboratorio de Medicina y de Salud Mental.

En ambos casos, las rectificaciones guardan relación con el perfil profesional del candidato. Inicialmente, el Sespa exigía a quienes quisiesen optar a dirigir las unidades de Salud Mental o del Laboratorio de Medicina que fueran médicos y que tuvieran formación en la especialidad del área clínica convocada.

Con la rectificación, el concurso del HUCA se amplía, ya que no sólo se podrán presentar médicos, sino también psiquiatras, psicólogos y psicólogos clínicos, en el caso de la unidad de Salud Mental, y farmacéuticos, químicos o biólogos, para el área de Laboratorio de Medicina del HUCA.

La nueva resolución fue hecha pública el pasado día 2 de febrero y está firmada por la gerente del Sespa, Elena Arias. El resto de convocatorias (Nefro-Urología; Neurociencias, Pediatría, Pulmón, Dermatología y Medicina Interna y Farmacia) no han sufrido cambios.

En sustitución de los puestos ocupados por la Consejería de Sanidad

De mera trascendencia formal, dado el proceso de integración.

El Sespa entra en el Patronato del Hospital Grande Covián de Arriondas

04.02.10 -  MIGUEL ROJO | ARRIONDAS, para El Comercio.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó ayer la incorporación del Servicio de Salud del Principado (Sespa) al Patronato de la Fundación Pública del Hospital Francisco Grande Covián, tal y como tenía previsto el Ejecutivo regional dentro de su plan de transformación de la fundación privada que gestionaba el centro hospitalario en fundación pública. El acuerdo del Consejo de Gobierno prevé la designación de Elena Arias Menéndez, directora gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa); María Luisa Sánchez Núñez, sirectora de Servicios Sanitarios del Sespa, y José María González Gancedo, secretario general técnico de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, como miembros del Patronato de la Fundación.

Esta decisión, explican desde el Gobierno regional, «está en coherencia con la plena transformación del Hospital del Oriente de Asturias en una fundación de carácter público y el principal cambio que introduce en la gestión del mismo es que la dirección del centro también corresponderá al Servicio de Salud del Principado».

Esto es, una forma de que el Sespa entre a gestionar el hospital sin que el hospital tenga que integrarse de pleno en el Sespa.

Como siempre, las movilizaciones se hacen de manera gradual

CC OO no descarta una gran protesta «visible y pública» contra la reforma de las jubilaciones

Madrid, Agencias, en La Nueva España

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió ayer de que los sindicatos no descartan «una expresión visible, pública y masiva» para manifestar su rechazo a la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67 años. «De otras formas de movilización prefiero no hablar», precisó Toxo al ser cuestionado por si se baraja la idea de hacerle una huelga general al Gobierno socialista. El sindicalista señaló que «para empezar» CC OO iniciará hoy, con la celebración de una asamblea de delegados en Madrid, una campaña de información y movilización en contra de la propuesta del Gobierno de elevar la edad de jubilación.

IU y CC OO rechazaron ayer de forma frontal el retraso obligatorio de la edad de jubilación a los 67 años propuesto por el Gobierno y defendieron que la prioridad económica en estos momentos «es la creación de empleo». Así lo señalaron tras una reunión encabezada por Cayo Lara, coordinador general de IU, e Ignacio Fernández Toxo.

«Vamos a poner en marcha un proceso de movilización, empezando por un esfuerzo de clarificación ante la opinión pública y los trabajadores de la opinión que nos merece la posición del Gobierno», añadió, para avanzar que, tras conversaciones con UGT, «probablemente esto pueda derivar en una expresión visible, pública y masiva del rechazo». Y apuntó: «El Gobierno está generando un clima difícil, metiendo a la población en una especie de sobresalto continuo».

Listas de Espera: El aumento “paulatino” si se puede justificar así, el “brusco” de 2008 a 2009 en el SESPA, difícilmente

Al quirófano con más de 90

Los médicos relacionan el aumento de las intervenciones sanitarias con la mayor esperanza de vida y también con las mejoras quirúrgicas

03.02.10 – GIJÓN, EN El Comercio.

«Hace 34 años, cuando llegué al Hospital de Cabueñes, el entonces jefe de Cirugía me lo dijo bien claro: aquí, salvo casos de urgencia vital, no operamos a nadie con más de 70 años. Ahora, hay que tener muchos argumentos para aconsejar a un paciente de 80 ó 90 años que no se opere». Quien habla es el cirujano Raúl Obregón, jefe del servicio de Cirugía General del Hospital de Cabueñes, de Gijón, donde cada año son intervenidos del orden de 2.200 enfermos (cifra que incluye los operados en colaboración con Cruz Roja). Su anécdota ilustra a la perfección lo que ocurre en Asturias, una comunidad altamente envejecida que en los últimos siete años ha visto cómo su listado de pacientes con indicaciones quirúrgicas ha crecido en un 25%, hasta superar el umbral de las 70.000 personas en 2009. Este aumento de cirugías y, por ende, de las demoras en sanidad -hechos que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) relaciona con el cada vez más acelerado envejecimiento- preocupa a las autoridades sanitarias pero también a los facultativos asturianos, quienes creen que, de seguir a este ritmo, el sistema «podría quebrar». Claro que como advierte el propio Obregón, «habría que analizar cuántos de esos 70.000 pacientes que entraron en lista de espera corresponden a patología banal y cuántos a procesos más complejos».

103 años, el récord

Pero sea para extraerse un pólipo, recibir un implante de cadera, operarse de cataratas o quitarse un lunar o un juanete, el caso es que por los quirófanos de los hospitales asturianos pasan año a año más enfermos y lo hacen cada vez pacientes más longevos. «La edad ya no es una contraindicación médica», explica el jefe de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Alejandro Braña sabe muy bien de lo que habla. Él ostenta el récord de haber intervenido en Asturias a una mujer de 103 años, a la que implantó una prótesis de cadera. «La esperanza de vida ha crecido mucho pero también la cirugía es ahora mucho más segura, de ahí que aumenten las indicaciones quirúrgicas», dice.

Hace algunos años eran los propios enfermos mayores los que no querían pasar el quirófano. «Cuando les decías que no les ibas a operar, les hacía una ilusión tremenda. Como si les hubiese tocado la lotería», relata este cirujano que dirige uno de los mayores servicios del complejo hospitalario (practica 2.200 operaciones anuales y atiende 36.000 enfermos en consulta). Pero las tornas han cambiado. En Traumatología de Oviedo, más del 20% de los pacientes son mayores. «El fin de semana pasado ingresaron cuatro personas. Todas superaban los 80 años. De hecho, una de ellas tenía 93». Esa es la tónica en muchas áreas hospitalarias.

Aumento paulatino

Buena parte de los consultados se mostraron sorprendidos con el dato que días atrás dio a conocer el Sespa, que cifró en un 25% el aumento de las indicaciones quirúrgicas entre 2003 y 2009. «Es cierto que el volumen de enfermos y de pacientes mayores ha crecido, pero no a ese ritmo», aseguró el jefe de Cirugía de Cabueñes. Similar visión tiene el responsable de Oftalmología del HUCA, Luis Fernández Vega. «El incremento de pacientes mayores no ha sido una cosa tremenda, sino más bien algo más gradual en estos años».

No sólo crece la edad entre los pacientes que aguardan para operarse en Asturias, también entre quienes esperan por un trasplante de órgano. Hasta hace poco más de una década era impensable que una persona de más de 70 años pudiera beneficiarse de una intervención de este tipo. Ahora es más que habitual. Sobre todo, en los trasplantes renales. El pasado año fueron varios los asturianos de entre 70 y 75 que recibieron un riñón.

Ante este panorama, el de la ancianidad, que dejó en Asturias una lista de espera quirúrgica de casi 17.000 personas y una demora media de 66 días, los médicos plantean varios horizontes. «Hay que abrir un debate social, ya que el envejecimiento, aunque afecta mucho a Asturias, no es exclusivo de esta comunidad», opina el doctor Braña. Por su parte, su colega Obregón, cree que sería interesante «analizar dónde crece la demanda, en qué especialidades y para qué tipo de operaciones, porque a lo mejor estamos hablando de procesos pequeños o banales».

Por contra, el Colegio de Médicos se muestra algo más crítico y asegura que el Sespa debería reaccionar ante el crecimiento de la demanda asistencial y habilitar más recursos. La presidenta de la organización colegial, Carmen Rodríguez, no comparte la opinión mostrada por la gerente del Sespa, Elena Arias, que afirmó que las listas de espera quirúrgica podrían verse reducidas con la implantación de la gestión clínica en la sanidad pública.

«Si hay más pacientes que operar, lo que se necesitan son más recursos. Es una fórmula matemática muy sencilla de ver. La gestión clínica no quitará ni un solo de los enfermos que ahora aguardan por una operación y, eso, la gerente del Sespa debería saberlo».

Esto “deslegitima” el recién aprobado Plan de Ordenación de RR.HH. del SESPA y su Resolución de 20.11.09

VER PRIMERA IMPUGNACIÓN ANTE ESTO PUBLICADA EN EL BOPA DE HOY

DEBATE POLITICO SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA PUBLICO DE PREVISION.

Todos los partidos aceptan alargar la edad de jubilación si es voluntaria

Los grupos parlamentarios también coinciden en incentivar la prolongación de la vida laboral.

Las condiciones legales para las prejubilaciones serán más duras en empresas con beneficios.

03/02/2010 R. M. S / P. A, para La Voz de Asturias.

Establecer como obligatoria la edad de jubilación a los 67 años parece ser el principal escollo para buscar, y lograr, un acuerdo político y social sobre la reforma de la pensiones en esta legislatura. Y el Gobierno está dispuesto a encontrar una solución. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, se mostró ayer dispuesto a negociar la idea del PP y CiU de que el retiro a los 67 años tenga carácter voluntario. También el PNV defiende esta opción. IU, que parte con el rechazo más duro a la propuesta, admite que si se retira el "obstáculo insalvable" de la obligatoriedad de jubilarse a los 67 años, "se introduciría un mayor ámbito de consenso", según afirmó ayer su portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares.

POSIBLE Y NECESARIO

Además del gesto del PSOE y del relativo ablandamiento de IU, lo más novedoso de ayer fue la evidencia de que el PP está por el pacto. "Puede haber y habrá acuerdo en el Pacto de Toledo, pero no con estas propuestas", dijo ayer Tomás Burgos, portavoz popular en materia de pensiones, en una mesa redonda organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). "No solamente habrá acuerdo, sino que vamos a intentar liderarlo con propuestas", afirmó Josep Sánchez Llibre, de CiU. El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, que no participó en la mesa redonda, señaló que "el acuerdo no es imposible y, además, es necesario".

HABLAR SIN APRIORISMOS

De entrada, hay coincidencia en que se debe desterrar la idea de alargar la edad obligatoriamente de 65 a 67 años. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha dejado ver disposición a negociar menos edad para trabajos más duros. La oposición quiere algo más.

Como alternativa, PP, CiU y PNV proponen incentivos para retrasar el retiro de forma voluntaria y penalizar las prejubilaciones tempranas. "Habrá consenso, sin ninguna duda", ratificó la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López Chamosa: "La voluntariedad puede ser una base de acuerdo". Hoy se reúnirá la Mesa del Pacto de Toledo para fijar el calendario y el método de trabajo para impulsar --desde el Parlamento, y con el acicate del documento del Gobierno-- una reforma que garantice la viabilidad del sistema público más allá del 2030, fecha en que, según la previsión oficial, ya no será sostenible por el envejecimiento de la población.

Para el portavoz del PP, Tomás Burgos, la propuesta del Gobierno es un "recorte total y sin paliativos" de las pensiones. Recordó que ahora el 45% de los trabajadores se retira antes de la edad legal. Para alargar la vida laboral, el PP plantea retocar la jubilación parcial, el retraso "voluntario " y las restricciones a la jubilación anticipada. "Hay mucho que hacer sobre este trípode", dijo Burgos, para que los trabajadores se jubilen más tarde. La edad media efectiva actual es de 63 años.

MEJOR RETRASAR

Más escéptico, el secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, explicó ayer que las reformas de los últimos años han permitido alargar la edad media real de jubilación, pero "esto tiene un límite". Por eso "subir la edad legal nos permitirá avanzar en la edad real".

Para estimular el retraso voluntario del retiro, el documento del Gobierno --en el que, según Granado se lleva trajando un año-- incluye la posibilidad de rescatar los planes de pensiones privados a partir de los 65 años, aunque se siga en activo.

Granado recordó que en la última década, Alemania ha congelado las pensiones en cuatro años: "Este es un modelo de ajuste que no queremos hacer. No nos proponemos que las pensiones sean más bajas, sino que comiencen más tarde".

Sánchez Llibre reclama al Gobierno "rigor, responsabilidad y seriedad" en el debate y "que dejen de hacer fuegos artificiales para enmascarar la mala imagen internacional de la economía española".

Defiende "primar" los años de cotización, frente al concepto de edad. Además, plantea que sea compatible el cobro de una pensión y el empleo a tiempo parcial. Para Olabarría (PNV), la propuesta de alargar la jubilación es "contraproducente", pues "obtura" el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Llamazares plantea que el presupuesto del Estado asuma ciertas prestaciones que hoy se pagan con cotizaciones.

 VALORACION.

Areces tilda la propuesta de "coherente y responsable"

03/02/2010 MARCOS GUTIERREZ, para La Voz de Asturias

El presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, también quiso dar su visión sobre la posibilidad de alargar la edad de jubilación. El dirigente regional, en el marco del Foro Nueva Economía que se celebró ayer en Madrid abordó una problemática que ha llevado a que el sostenimiento del sistema de pensiones español a largo plazo lleva días en la palestra desde el anuncio por parte del ejecutivo de su propuesta para hacer avanzar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años.

Cuestionado acerca de un posible repunte de la conflictividad social que esta medida podría generar, Vicente Alvarez Areces recordó que estamos ante "una propuesta y no una toma de decisión" por parte del Gobierno que se "va a trasladar a los partidos políticos y al Pacto de Toledo".

Areces afirmó que, pese a que el sistema de pensiones cuenta con una reserva de 60.000 millones que garantiza su mantenimiento a medio plazo, "queremos dar seguridad a los ciudadanos de que sus hijos no van a tener ningún problema en el futuro", por lo que calificó la propuesta de "coherente y responsable". Según Areces, el Gobierno traslada ese debate "con toda la responsabilidad" y sabiendo que "hay elementos correctores".

Los errores diagnósticos no son objeto de sanciones disciplinarias de forma automática, elemento sustancial de las conclusiones judiciales

El juez anula la sanción de 27 meses de empleo y sueldo al jefe de Digestivo del Central

Dos sentencias dejan sin efecto los castigos del Sespa, que recurrirá las resoluciones judiciales ante el Tribunal Superior de Asturias.

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, para La Nueva España

Un juez de Oviedo ha anulado la suspensión de 27 meses de empleo y sueldo impuesta al jefe del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Central de Asturias. La sentencia sostiene que no están acreditadas las irregularidades que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) atribuyó a L. R. S.. Fuentes del Sespa anunciaron que recurrirán la resolución judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En realidad, el titular del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo dictó, con fecha del pasado 29 de enero, dos sentencias que dejan sin efecto sendas sanciones del Sespa -una de 12 meses y otra de 15- al doctor R., que también es profesor titular de la Facultad de Medicina y está habilitado para ocupar una cátedra, trámite que no ha podido completar a causa de los mencionados castigos.

Los correspondientes juicios se celebraron el miércoles de la semana pasada, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA al día siguiente. El médico fue defendido por Javier Álvarez, abogado del Colegio de Médicos de Asturias. Las sanciones habían sido impuestas en 2008, una en agosto y otra en noviembre. Fueron recurridas por el médico en vía administrativa y ambas fueron confirmadas por el consejero de Salud del Principado, Ramón Quirós.

La Administración acusaba a L. R. de haber cometido sendas faltas graves en el desarrollo del tratamiento y la investigación de la enfermedad celiaca. Una de ellas consistió en que el especialista prescribió una dieta sin gluten a un grupo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y posteriormente los sometió a una serie de estudios complementarios (el denominado «perfil celiaco»), que incluye determinaciones analíticas serológicas y genéticas, así como biopsias gastroduodenales.

El Sespa justificó la sanción argumentando que el doctor Rodrigo incurrió en una «una praxis inadecuada», que la dieta sin gluten no estaba indicada para ese tipo de enfermos, que les fue instaurada sin que firmasen el consentimiento informado y que los análisis se llevaron a cabo «sin que conozcamos el propósito de esta forma de proceder».

La otra sanción se basaba en la acusación de que el jefe de Aparato Digestivo realizó el diagnóstico de enfermedad celiaca a un paciente y le implantó una dieta sin gluten sin conocer el resultado de las biopsias duodenales que se le habían efectuado. El Sespa le achacaba, asimismo, el haber falseado el resultado de un estudio anatomopatológico. Un tercer reproche se refería a la realización de un diagnóstico de espondilitis anquilosante y la prescripción de un tratamiento para esta patología sin haberlo contrastado con el servicio de Reumatología del Hospital Central.

El juez sostiene en sus sentencias, entre otros argumentos, que un expediente disciplinario no es el «cauce para depurar responsabilidades sin más por el hecho de incurrir en un error de diagnóstico», máxime cuando, como en estos casos, «de ese supuesto error de diagnóstico no se ha derivado resultado dañoso materializado».

Los argumentos del juez

El expediente sancionador no recoge «ninguna mención» a que el médico «haya quebrantado una norma concreta reguladora del funcionamiento del servicio».

«Para poder establecer una imputación por esta falta debería haberse aportado y justificado adecuadamente el que existiera una determinada norma organizativa en el servicio».

«El que a unos determinados pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se les paute una dieta sin gluten y que se efectúen las pruebas encaminadas a determinar la existencia de enfermedad celiaca no se desprende que ello pueda reconducirse sin más a que con ello se infrinja «norma reguladora» del servicio».

«Llegar a entender que cuando se produce un error de diagnóstico se incurriera de forma automática en responsabilidad disciplinaria (...) haría inviable la práctica de la medicina».

Segunda denuncia sobre esta cuestión. La primera la presentó CC.OO. a mediados de enero

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El SIMPA denuncia «deficiencias» en la sede de emergencias del centro Mieres Sur

Mieres del Camino, A. V., para La Nueva España

El Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) denunció ayer «deficiencias» en el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) en el centro de salud Mieres Sur. Según el sindicato, las administraciones «no tuvieron en cuenta» este servicio durante la construcción del equipamiento sanitario de Mieres y ahora son los trabajadores los que pagan «la falta de previsión»

«Se olvidaron de que debían destinar un lugar para este servicio», apuntan los representantes del SIMPA, que denunciaron que «no hay el espacio que se precisa para el personal, ni para el sistema de ambulancias, ni para la UVI móvil». «Decidieron improvisar y ubicarlos en el sótano», aseveraron. Desde el sindicato señalaron que, por ese motivo, el delegado de salud laboral del SIMPA realizó un informe a mediados del pasado mes de octubre que ha «dirigido al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales haciendo constar las múltiples deficiencias que, a su juicio, hacen inviable esa ubicación».

Así, explican que algunas de estas «deficiencias» son que el acceso a la ambulancia desde la base (en el sótano) es por escaleras interiores. «Existen distancia y un piso entre las diferentes dependencias», algo que «aumenta el tiempo de respuesta, con las consecuencias que puede tener en situaciones de urgencias». El sindicato también explica que con la ubicación actual, el personal del SAMU de Mieres no tiene salidas de emergencias y denuncia que la gestión de residuos se hace inviable por la distancia con el espacio destinado a tal fin. Ante estos hechos, y en busca de soluciones, el SIMPA presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo.