El Consejo de Ministros aprobará mañana, con toda probabilidad, la nefasta reforma de la ley
Más de 2.000 grandes dependientes perderán una de las prestaciones que reciben
La mayoría combina la ayuda a domicilio con un centro de día, pero la reforma de la Ley de la Dependencia les obliga a quedarse con uno y pagarse el otro
12.07.12 - CHELO TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
Más de 2.000 asturianos considerados grandes dependientes perderán, desde el próximo viernes, una de las dos prestaciones que recibe. La reforma de la Ley de la Dependencia que aprobará ese día el Consejo de Ministros suprime la compatibilidad de prestaciones, situación en la que se encuentran en Asturias 2.017 personas, según figura en las últimas cifras publicadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En una fecha aún sin precisar, estas personas deberán decidir con cual de las prestaciones que tiene quiere quedarse y renunciar a la otra. O, según explicó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pagársela de su bolsillo «o que la comunidad autónoma la pague».
Según pudo saber EL COMERCIO, la mayoría de los afectados por el recorte cuenta ahora mismo con ayuda a domicilio y centro de día -o centro de integración a la discapacidad si se trata de personas jóvenes- con lo que al renunciar a uno de ellos su atención pasará a depender, de nuevo, de sus familias. Tal y como explicó el vicepresidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Asturias, José Luis Crespo, «es volver a lo de antes».
Precisamente, el Cermi español dará a conocer hoy su posición respecto a este recorte, aunque ya avanzó su rechazo a la medida y anunció posibles movilizaciones. Algo que a Crespo no le es ajeno, ya que como también presidente de la Federación Asturiana de Personas con Discapacidad (Feaps) convocó el mes pasado la primera gran manifestación de la dependencia, en la que contó con el apoyo de otras entidades, como Cocemfe y Aspaym.
Unas quejas en las que también estarán acompañados por la Plataforma de Afectados por la Ley de la Dependencia en Asturias, fundada por el abogado Alberto Zurrón, que sólo encuentra como dato positivo en la reforma la universalización del asistente personal. «Esta medida llega tarde, pero es bien recibida, es una vieja aspiración con la que se cualifica la atención al dependiente y se fomenta el empleo».
Pero el resto, en su opinión, son medidas «demoledoras», como la moratoria a 2015 «para las personas con dependencia leve». Aunque otras comunidades han anunciado para descongelar la medida con fondos propios, como han hecho el País Vasco y Navarra, «dudo mucho que lo haga el Principado».
Morir esperando por la ayuda
También lamenta Zurrón la retroactividad de dos años para el cobro de prestaciones, ya que entiende que «encierra un peligro encubierto, porque pasamos de un plazo de resolución máximo de seis meses a dos años». El abogado asturiano reconoció que «mueve al desaliento», porque «no va a fomentar, precisamente, la tasa de reposición de los dependientes más graves. Sólo hemos de atender a las cifras insoportables de peticionarios que fallecen esperando la resolución de la Consejería de Bienestar Social».
Precisamente la titular del departamento desde junio pasado, la socialista Esther Díaz, reiteró ayer en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno los datos adelantados ayer a EL COMERCIO. Advierte la consejera del «gran recorte» que suponen estas medidas. De hecho, para ella sólo son «la derogación, por fases, de la Ley de la Dependencia».
En su opinión, si se quiere fortalecer la ley y hacer más sostenible el sistema debe hablarse de su viabilidad, «es decir, de una financiación suficiente», pero, asegura, el Gobierno central plantea como solución el copago «que en absoluto la fortalece, sino que la debilita y por eso creo que el camino elegido es el de ir desmantelando poco a poco el sistema de protección».
Por el momento, el Principado está a la espera de conocer con exactitud la aplicación de la medida, ya que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha traducido aún cómo se llevará a cabo la eliminación de niveles de cada grado de la dependencia, ya que cada uno tiene diferentes aportes económico. «Pero serán a la baja», adelantó.
La Dependencia «defenestra» al cuidador familiar y es «canalla» con el beneficiario
Los representantes de los afectados, de asociaciones profesionales y de administraciones valoran los distintos aspectos de la reforma de la ley
Oviedo, P. R., en La Nueva España.
Dice Ana Mato, ministra de Servicios Sociales, que la reforma de la ley de Dependencia trata de «actualizar y mejorar un modelo que había quedado desfasado a los cinco años de ponerse en marcha, debido a la falta de control y a un desarrollo normativo repleto de improvisaciones». Esther Díaz, consejera de Bienestar Social del Principado, opina, sin embargo, que «el camino elegido es el de ir desmantelando poco a poco el sistema de protección que se estableció como el cuarto pilar del estado del bienestar».
Subraya José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, responsable de la elaboración de los Observatorios que evalúan semestralmente la aplicación de la ley, que el decreto es «canalla» y se enmarca en el «discurso trampa» de la ministra, «que dice una cosa y luego en el BOE hace otra». Y asegura Alberto Zurrón, presidente de la Plataforma de Afectados por la ley de la Dependencia en Asturias, que «estamos ante una defenestración del cuidador familiar, sin que por ello se esté penalizando o desmantelando tal figura, sino devolviéndole el carácter excepcional que la ley le confirió desde un inicio».
El Consejo de Ministros aprobará mañana, con toda probabilidad, la reforma de la ley de Dependencia y no se descarta alguna sorpresa, sobre todo relacionada con la Seguridad Social de los cuidadores familiares. En la reunión interterritorial del pasado martes, se acordó estudiar una nueva regulación de este asunto, pero mientras esto se hablaba dentro de la sala, fuera de la misma varios consejeros del PP daban por hecho que los cuidadores familiares no tendrían derecho a la Seguridad social a partir de esta reforma. En Asturias existen 7.809 dependientes atendidos por un familiar, frente a los 3.111 que disfrutan de una plaza geriátrica.
«La ley de la dependencia es el mayor avance en protección social que existe en España en los tres últimos lustros ya que ha conseguido un derecho subjetivo de ciudadanía y ha beneficiado a 750.000 personas en toda España, aunque ha dejado también en el "limbo" a otras 250.000», señala Ramírez.
En Asturias la cifra de beneficiarios se acerca a los 15.000 y la de los que están pendientes de recibir la prestación a los 6.000.
«El Gobierno pone la excusa de la sostenibilidad como pretexto pero si quiere hacer más sostenible el sistema debe dotarlo de financiación suficiente», señala Esther Díaz.
Alberto Zurrón considera que algunas de las nuevas medidas pueden mejorar la aplicación de la ley. Cita, entre ellas, la apuesta por los servicios, en detrimento de los cuidadores familiares. «Desde el momento en que el 90% de la aportación estatal se otorga a las autonomías en función del número de dependientes y el 10% restante se adjudica para las que más nivel de servicios mantengan, con una previsión de equiparación de cinco años, es un soplo de aire fresco al sector residencial del que nos congratulamos, dada la caída en un 15% de los beneficios y ocupación del sector».
En su opinión, «tiene cierto sentido» sumar la renta y el patrimonio del usuario para el copago «cuando el dependiente traslada su residencia al centro geriátrico, pero no cuando la prestación se limita a la atención en centros de día o de noche».
El presidente de la Plataforma asturiana cree que la supresión de los niveles de cada grado «agilizará el cálculo de grado por cuanto la complejidad del sistema residía mucho más en el cálculo del nivel» y, en cuanto a la moratoria hasta el 2015 para incorporar a los dependientes moderados, afirma que «puede parecer una medida antisocial pero se presenta como irremediable». Y añade: «Una de dos: o se inyecta más capital al sistema de dependencia, lo que resulta imposible en el contexto actual, o bien se distribuye la financiación de modo dispar».
Zurrón considera una medida «claramente ahorradora y muy peligrosa» la retroactividad de dos años en el cobro de las prestaciones desde la solicitud de la dependencia porque «la ley fija un plazo máximo de tres meses. Si a ello unimos la elevada tasa de mortalidad que en los dos primeros años desde la solicitud se produce en los grandes dependientes me temo que muchos expedientes se van a archivar».
«Este Gobierno ha hecho un discurso de la ley con el que todo el mundo podría estar de acuerdo, pero la verdadera realidad es que ha habido dos modificaciones de la ley, una para recortar derechos y otra para recortar dinero», afirma José Manuel Ramírez.
«Hicimos un mal desarrollo de la ley y ahora lo estamos pagando»
«Un 10% de los usuarios de geriátricos se han vuelto a su casa. Hay residencias en Asturias que no tienen para pagar la hipoteca»
Paulo González Presidente de la Asociación de Centros Geriátricos
12.07.12 - CH. TUYA | GIJÓN, en El Comercio.
Fue el primer director general socialista encargado de desarrollar la Ley de la Dependencia. Cuando apenas había entrado en vigor, Paulo González tuvo que lidiar con las altas expectativas creadas en los aspirantes a beneficiarios y los cortos presupuestos con que la dotaron. Cuatro años después, lejos de la política, tras haber pasado por el desempleo, González preside la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege). Desde ahí hace autocrítica, pero insiste en que la dependencia es un nicho de mercado para el Principado.
-De representante político a dirigir geriátricos. ¿Estaba la zorra controlando las gallinas?
-(Risas) No, no me dio tiempo.
-Le tocó vivir una etapa muy dura: el arranque de la Ley de la Dependencia, llamada a ser el tercer pilar del estado del bienestar.
-Muy dura, llegamos con unos presupuestos prorrogados y un ataque feroz de la oposición, porque IU estaba dolida al no haber entrado en el gobierno y el PP mucho más por haber perdido. Se utilizó con demagogia la Ley de la Dependencia. Era una lucha por ver quién apuesta por la ley e hicimos un desarrollo malo. Ahora lo estamos pagando.
-Cómo se nota que ya no es político. Está haciendo autocrítica.
-Es que lo hicimos mal, tuvimos una visión cortoplacista. Teníamos que haberle dicho al ciudadano que iba a ser un proceso largo, pero dimos a entender que rápidamente iban a tener servicios. Fue una conquista social impresionante, pero hemos acabado con ella.
-¿Desaparece la Ley de la Dependencia con estos recortes?
-La Ley de la Dependencia se la cargaron. Desde el momento en que, por ejemplo, para el copago se cuenta la unidad familiar, ya deja de ser un derecho subjetivo. Y la filosofía de la ley es que era un derecho.
-Los geriátricos siempre han sido beligerantes con la paga al cuidador familiar. Ahora se recorta.
-Nos puede beneficiar cuando se prioricen los servicios, pero eso ya lo decía la ley. Si no hay presupuesto para potenciarlos y se bajan, como parece, las prestaciones, no servirá. Las medidas adoptadas van encaminadas a que el dependiente tenga menos capacidad económica para acceder a un servicio.
-Usted apunta una caída del 20% en ingresos de residentes.
-Y en otras comunidades es ya del 30%. En Asturias tenemos residencias con 100 plazas y 83 ocupadas que están perdiendo 10.000 euros al mes. Tiene 41 empleos fijos, más 3 de cocina (externalizada) y un médico. Todos a jornada completa.
-¿La solución es despedir?
-No, si reduces personal bajas la calidad y esa residencia quiere recibir clientes. Sin calidad, no irán.
-¿Y subir los precios?
-Es imposible. Estamos bajando precios y haciendo ofertas, porque las personas tienen menos capacidad económica. Un hombre viudo quizá puede pagarse una plaza; una viuda, ya no, porque le queda el 45%. Si no tiene ayuda a la dependencia o de su familia, no llega.
-Pero ahora es ella la que ayuda a la familia. ¿Muchos usuarios se han vuelto a casa?
-Claro. Un 10% . Sus hijos están en el paro y no puede pagar.
-¿De qué precio hablamos en Asturias? Se habla de plazas de 4.000 euros.
-No, no, no.
-En el BOPA sale la lista oficial.
-Podrán tener un nivel de servicio de 4.000 euros, pero no lo cobran. Nosotros tenemos un centro que nació con esa vocación, de 40 plazas a 3.000 euros al mes, pero hemos tenido que ajustar a la baja. La media de los socios de Ascege está entre 1.500 y 1.800 euros al mes.
-Pero dicen los informes oficiales que el coste no baja de 3.000.
-A día de hoy, hay centros que no pueden pagar la hipoteca. Y aquí, en Asturias, no hemos tenido el impago del Principado. Con todos los gobiernos, nos paga antes de 60 días. Hay administraciones que acaban de liquidar todo el 2011. Y que no pagaron nada de 2012.
-Dice que el Principado paga bien, pero ustedes le reclaman 1,5 millones de euros en atrasos. Aunque, claro, luego la consejera dice que no es deuda.
-Jurídicamente igual no es deuda, pero sí nos lo deben. El 1 de enero de 2011 el Principado modificó las condiciones que debíamos cumplir los geriátricos, con la acreditación. Los que teníamos plazas concertadas pedimos que se nos actualizara el precio y se llegó a un acuerdo. Pero hubo unas elecciones y no llegó a Consejo de Gobierno.
-Foro también les apoyó.
-Sí, y hay informes jurídicos que nos dieron la razón. Pero otras elecciones impidieron aprobarlo. Nos encontramos ahora con otra nueva Administración con la que vamos a intentar cerrar el acuerdo. Podíamos haber ido al juzgado y no lo hicimos. Hay buena voluntad.
