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TRIBUNALES

Si hubiera habido trato de favor no parece muy lógico que quien supuestamente lo propicia sea el que califique su propio criterio… ¡¡es de traca!!

Si hubiera habido trato de favor no parece muy lógico que quien supuestamente lo propicia sea el que califique su propio criterio… ¡¡es de traca!!

La Fiscalía archiva el caso de supuesto trato de favor a dos políticos en Urología del HUCA

Uno de ellos fue operado en un mes y veinte días; el médico adujo que su sintomatología se había acentuado, criterio que el Ministerio Fiscal cree que «no se puede cuestionar»

Foto.- Fernández Vilanova, en la Fiscalía, cuando presentó la denuncia.

 

L. FONSECA / AGENCIAS, GIJÓN, en El Comercio

 

La denuncia de Podemos sobre supuesto trato de favor a dos cargos políticos para ser intervenidos en el HUCA ha sido archivada. La formación había denunciado en noviembre de 2016 que dos políticos asturianos habían sido 'colados' en la lista de espera de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias para ser operados antes que otros pacientes. La Fiscalía, tras analizar la documentación requerida tras la apertura de diligencias, ha decidido archivar la demanda al no encontrar indicios de que las personas indicadas se hubieran aprovechado de su cargo para ser favorecidos.

La denuncia, presentada por el diputado Andrés Fernández Vilanova, se sustentaba en un dossier recibido de forma anónima que parecía ser la copia de un registro de lista de espera quirúrgica (LEQ) de 20 de enero de 2015 donde figura un cargo público. Según la denuncia, en los documentos no se describían diagnósticos sino que se mencionan fechas de entrada en la LEQ y fechas de intervención por el servicio de Urología que, si se comparan, reflejaban que el cargo público fue intervenido en un plazo de un mes y veinte días mientras que el resto de pacientes esperaron cuatro meses pese a haber sido incluidos en la lista con anterioridad.

Además, el dossier incluía lo que aparentaba ser una copia del archivo del HUCA correspondiente a un segundo cargo público donde figura una operación en Urología en el que se especifica «Programado no LEQ», es decir, sin paso previo por lista de espera.

Fuentes del Ministerio Público explicaron a Efe que la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia tras constatar que el tiempo de espera del primer cargo público fue inferior al de otros pacientes, pero también mayor al de otros muchos casos.

En el caso del segundo cargo público, la Fiscalía apunta que el término «no LEQ» corresponde a los casos en los que son necesarios estudios médicos preferentes o en los que se produce un empeoramiento del paciente. El facultativo del HUCA acreditó una «acentuación muy importante de su sintomatología», un criterio médico que el Ministerio Público considera que no se tiene por qué cuestionar.

Tras las diligencias practicadas, la Fiscalía entiende que no hay ningún dato que corrobore que ninguno de estos pacientes se beneficiara de su cargo para obtener un trato de favor. Después de conocer la decisión del Ministerio Público, Podemos reiteró su intención de impulsar la vía penal en esta causa «dadas las limitaciones de la Fiscalía para llevar a cabo su labor, ante una actitud totalmente obstructiva por parte de la Consejería».

 

Periciales médicas

Según la formación morada, a través de una querella para la que aseguran seguir recabando información, sería posible solicitar periciales médicas que serían las que permitirían comprobar fehacientemente si en los supuestos casos de tratos de favor si había motivos clínicos que justificaran que las esperas fueran hasta tres meses menores que las de otros pacientes de la lista de espera. A juicio de Podemos, sin esos datos «es imposible valorar nada» y sólo puede hacerlo «la propia Consejería, que se niega, o un peritaje médico independiente» y, dado que las querellas permiten proponer diligencias, esta será una de las cuestiones que pedirán.

 

EN LA NUEVA ESPAÑA:

La Fiscalía archiva una denuncia sobre Urología del HUCA y Podemos acude a la vía penal

 

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Auditoría económico-financiera del Colegio ¡¡ya!!, que este empecinamiento en no ser desalojados de su dirección no es sólo por soberbia…

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Alfonso Román tendrá que cesar como presidente del Colegio de Enfermería

El TSJ de Madrid da un varapalo a la directiva actual y respalda a la Junta de Edad para acceder a las instalaciones y tomar posesión de sus cargos

PILAR CAMPO, OVIEDO, en La Voz de Asturias

 

La actual directiva que encabeza Alfonso Román López al frente del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias (Codepa) tendrá que abandonar de inmediato sus cargos y ponerlos a disposición de la Junta de Edad que, de esta forma, podrá acceder a las instalaciones para hacer efectivo el relevo. Así lo establece un auto dictado por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid por el que se deniegan las medidas cautelares solicitadas por el Codepa y con las que el equipo, del que los críticos denominan como «autoproclamado presidente», había logrado paralizar momentáneamente el proceso para la toma de posesión efectiva de la Junta de Edad que desembocaría en la celebración de nuevas elecciones en el órgano colegial.

 

Acciones legales contra el equipo directivo

 

El presidente de la  Asociación  de  Enfermería  de  Asturias, Marcos Lastra, ha anunciado nada más conocer el contenido del auto judicial que su abogado, Alejandro Riera Fernández, emprenderá acciones legales ante la negativa de Alfonso Román López y Felisa Pérez Satué, entre otros directivos, a que los integrantes de la Junta de Edad, nombrados por el Consejo General de los Colegios de Enfermería de España, accedieran a las dependencias colegiales. Una situación que generó momentos de gran tensión y que obligó a reclamar la presencia de un notario para certificar esta denegación de acceso al interior de las instalaciones… (leer más)

 

Los jueces rechazan aplazar las elecciones del Colegio de Enfermería de Asturias

 

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Podemos inicia la vía penal sobre el trato de favor a cargos públicos en el HUCA

Vilanova denuncia la actitud "obstructiva" de los responsables de la Consejería de Sanidad

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

 

El diputado autonómico de Podemos Andrés Fernández Vilanova, anunció ayer que la formación morada ha iniciado la vía penal con una querella sobre el presunto trato de favor a cargos públicos y sobre denuncias de mala praxis en el servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

 

Según Vilanova, existe "nueva información que refuerza la hipótesis del encubrimiento de negligencias en Urología del HUCA por parte de las gerencias de este hospital y de la alta dirección sanitaria". A las puertas de la Audiencia Provincial, en Oviedo, el diputado morado explicó que con las nuevas pruebas "se cierra el círculo de intercambio de favores: ’tú me cuelas, yo hago como que no veo la mala praxis de tu servicio’".

 

Se trata, prosiguió el portavoz sanitario de Podemos, de denuncias "que la Consejería admite que no investigó". "Nos hacemos cargo de las dificultades de la Fiscalía para investigar, por la complejidad técnica de la investigación, pero sobre todo por la actitud obstructiva de la Consejería", precisó.

 

Podemos se querellará por las irregularidades en Urología del HUCA

El Comercio

 

El diputado regional de Podemos Andrés Fernández Vilanova anunció ayer que su grupo parlamentario iniciará la vía penal sobre la investigación de las listas de espera del Sespa con una querella sobre el trato de favor a cargos públicos y denuncias de mala praxis en el servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Vilanova aseguró que su grupo tiene pruebas que «refuerzan la hipótesis del encubrimiento de negligencias en ese servicio».

 

EN LA VOZ DE ASTURIAS: Podemos se querella por las irregularidades en Urología del HUCA

EN REDACCIÓN MEDICA: Podemos se querella por las listas de espera del HUCA


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¿Qué no habrá detrás de todo esto?... auditar las actividades del colegio de todos los años de esta gente se hace una necesidad imperiosa…

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«La directiva de Alfonso Román utilizó nuestros nombres sin autorización»

Los dos colegiados de Oviedo y Grandas que figuraron en la candidatura del Colegio de Enfermería negaron ante el juzgado y un notario que hubieran consentido concurrir en la lista y descartaron que hubieran tomado posesión de sus cargos

PILAR CAMPO, OVIEDO, en La Voz de Asturias

La enfermera de Oviedo y el enfermero jubilado de Grandas de Salime que fueron incluidos «sin tener conocimiento, ni dar el consentimiento» en la única candidatura electoral al Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería del Principado de Asturias, (Codepa), que encabezaba el ya fallecido Emilio Losa, ratificaron ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo y ante un notario que ni autorizaron verbalmente ni por escrito al actual presidente, Alfonso Román López, ni a ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno para que incorporaran su nombre y sus datos a la lista. Ambos negaron rotundamente que hubieran tomado posesión de los cargos a los que ni siquiera se habían presentado, contrariamente a la versión que sostiene la actual directiva.

La colegiada declaró en calidad de testigo, el pasado 19 de diciembre de 2016, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo que instruye las diligencias por presunta apropiación indebida y falsedad documental en las querellas interpuestas por la Asociación de Enfermería de Asturias.

En la declaración judicial, la enfermera asegura que tuvo conocimiento a través de un mensaje de WhatsApp que le remitió una compañera de una noticia de prensa donde se le vinculaba a la candidatura. Ante esta situación remitió un burofax al Colegio de Enfermería, en el mes de abril de 2016, para dejar constancia de que «ni formaba parte de la candidatura, ni había tomado posesión del cargo de vocal segunda».

«Le dije a Alfonso Román que no me interesaba»

En la declaración judicial, ratifica que «utilizaron su nombre». Añade que desde el órgano colegial no se le remitió ningún tipo de documento o credencial que indicase que había tomado posesión de ese cargo, así como que nunca recibió notificación alguna del Colegio comunicándole que había sido nombrada para ese cargo el 16 de enero de 2016.

«Cuando este noticia salta a los medios de comunicación, a la declarante no  le constaba que se habían convocado elecciones. Que tampoco le constaba que se hubieran celebrado. No firmó su incorporación a la candidatura encabezada por Emilio Losa García y no proporcionó ningún tipo de documentación», asegura en la declaración a la que tuvo acceso La Voz de Asturias.

La colegiada identifica a Alfonso Román López como la persona que contactó con ella para preguntarle si formaría parte de la candidatura y a la que ella respondió que «no le interesaba» y que ni éste, ni personas de su entorno se pusieron en contacto con ella, ni obtuvo una respuesta del Colegio al burofax que remitió cuando conoció que había sido incluida en la candidatura, pese a que ella lo había rechazado.

«No tenía relación por estar jubilado»

En el mismo sentido se pronunció el enfermero jubilado de Grandas de Salime que también fue incluido en la candidatura «sin su conocimiento». En su caso, acudió a un notario para dejar constancia de que sus datos habían sido utilizados sin su autorización previa. En el acta notarial se recoge cómo también desconocía que sus datos hubieran sido incorporados a la candidatura y negaba tajantemente que hubiera tomado posesión como vocal cuarto suplente de  la Junta de Gobierno del Codepa, el 16 de enero de 2016.

«Ni ha presentado su candidatura, ni ha firmado documento alguno al respecto, ya sea para autorizarlo y/o para formar parte de una candidatura, en orden a concurrir a las elecciones a los cargos que forman la Junta de Gobierno del Codepa, en el año 2015, elecciones de las que no ha tenido conocimiento de su celebración, al encontrarse jubilado y no tener relación con su colegio profesional, a pesar de estar colegiado, por tener la condición de jubilado», expone textualmente el acta notarial.

El enfermero explica que tampoco fue citado por la Junta de Gobierno para tomar posesión, ni asumió esta responsabilidad. De la misma manera niega que hubiera tenido participación, «ni conocimiento alguno de la celebración de un supuesto procedimiento electoral, llevado a cabo en el Codepa, en los años 2015 y 2016, y que recientemente ha sido declarado nulo de pleno de derecho por el Consejo General de Colegio de Enfermería de España, como conoció a través de los medios de comunicación».

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De afiliación y pago obligatorio, porque así lo establecen los poderes PUBLICOS de este país, pero de “PROPIEDAD PRIVADA” – al parecer – porque así lo decide “alguno”… y ¿no pasa nada?... ¡¡de traca!!

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La tensión en el Colegio de Enfermería sube y actúan policías y un notario

"Sin orden judicial, la junta de edad no puede tomar la sede", dice Román López al impedir el paso a la directiva nombrada por Madrid

Pablo Álvarez, Oviedo, en La Nueva España

 

La temperatura del conflicto del Colegio de Enfermería aumentó ayer. Ya no fue suficiente la presencia de un notario: también acudieron varios agentes de la Policía Nacional, e incluso dos más de la Local rondaron el lugar, para dar fe de lo que cada día es más difícil de entender y de explicar. Los miembros de la junta directiva nombrada por el Consejo General de Enfermería intentaron por segunda vez tomar posesión de sus cargos, pero la junta de gobierno que ahora preside Alfonso Román López se negó a dárselos, alegando que ayer mismo presentaron un recurso judicial contra la composición de la nueva junta que, al reclamar medidas cautelares, congela cualquier movimiento encaminado al cambio de directiva.

 

En la puerta del Colegio se congregaron aproximadamente medio centenar de enfermeros reclamando la marcha del equipo de Alfonso Román y apoyando a la "junta de edad", configurada por los colegiados más veteranos, que han recibido del Consejo el cometido de asumir el timón del Colegio y convocar unas nuevas elecciones, pues el Consejo, con sede en Madrid, ha dictaminado que las elecciones en las que fue elegida la anterior directiva se hicieron a espaldas de los colegiados y vulnerando la ley.

 

"Lo que hay aquí es unos señores que quieren hacerse con el Colegio de Enfermería al precio que sea. A nosotros nada nos ata al sillón. Sin una orden judicial, la junta de edad no puede tomar la sede colegial", subrayó Alfonso Román López, exdiputado autonómico del PP, quien asumió la presidencia colegial el mes pasado, a raíz de la muerte de Emilio Losa. Presidente colegial en los últimos 29 años, Losa falleció mientras estaba siendo investigado por una presunta apropiación indebida de los dineros del Colegio.

 

Elena Fernández Ardisana, presidenta de la junta de edad, subrayó ante sus compañeros congregados en el exterior que la actitud de la directiva que ocupa el Colegio es "una indignidad y una falta de respeto" a un colectivo integrado por casi 7.000 enfermeros de la región. Ardisana reclamó al Consejo General de Enfermería una "mayor implicación" en el intento de hacer cumplir sus resoluciones y dejó entrever que la junta de edad se siente desamparada y sin recursos para llevar adelante la responsabilidad que se les ha confiado. Ahora están a la espera de una reunión con el consejero de Sanidad del Principado.

 

Tensión a las puertas del Colegio de Enfermería de Asturias

La directiva de Alfonso Román López ha impedido la entrada a la sede a medio centenar de asociados, lo que obligó a la intervención de la Policía. Finalmente la nueva gestora pudo acceder pero no tomar posesión

 

R. Muñiz, en El Comercio

 

Momentos de tensión ante las puertas del Colegio de Enfermería de Asturias. Medio centenar de asociados y la junta de edad del Consejo General de Enfermería han tratado esta tarde de entrar en la sede acompañados por un notario, pero la junta de Alfonso Román López se lo ha impedido cerrando el inmueble, poniendo dos guardias de seguridad y decretando que de 16:30 a 18:00 horas el colegio estaría cerrado salvo cita previa. Su intención era que solo pudiera acceder la gestora designada desde Madrid.

 

El revuelo ha obligado a intervenir a la Policía Nacional. Los agentes y los vigilantes de seguridad han dejado pasar a la junta de edad, que pretendía tomar posesión del colegio para organizar un nuevo proceso electoral, tal y como había ordenado el Consejo General de Enfermería avalado por un tribunal contencioso-administrativo de Madrid. Sin embargo la directiva del expdiputado del PP Alfonso Román López abortó el intento, interponiendo un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y solicitando nuevamente medidas cautelares.

 

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Otro de los flecos del sistema clientelar que aún persiste en el SESPA y que incluye libres designaciones (hasta simples encargados de turno o jefaturas de grupo administrativo o de taller), patentes de corso para algunos, trueques de mil tipos… ¡¡en fin!!

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Podemos presenta ante la Fiscalía más documentación sobre las irregularidades en Urología

Vilanova afirma que el Sespa no actuó pese a tener denuncias sobre el funcionamiento del servicio del HUCA

EUROPA PRESS/La Voz de Asturias, OVIEDO.

El diputado de Podemos Asturies en la Junta General y portavoz en materia de Sanidad, Andrés Fernández Vilanova, ha afirmado este miércoles que las gerencias y la Consejería de Salud conocía denuncias de «posibles casos de manejo irregular de pacientes» en el servicio de Urología del HUCA y que no actuaron.

Vilanova ha acudido esta mañana a la Fiscalía para aportar nueva documentación en relación a las posibles irregularidades denunciadas por Podemos Asturies en el Servicio de Urología del HUCA.

El parlamentario ha explicado que se trata de documentación que demuestra la existencia de problemas crónicos en la organización del servicio de Urología, de los que las gerencias y la Consejería «tenían noticia pero sobre los cuales no actuaron», ha matizado. Según el diputado, esa información procede de una solicitud al Gobierno realizada por la formación morada en enero de 2017, ante la negativa de la Consejería a investigar los hechos denunciados en noviembre.

Según ha explicado, «se trata por un lado de escritos de denuncia por parte de profesionales del servicio de posibles casos de manejo irregular de pacientes, de dos tipos: trasvase público-privado de pacientes en lista de espera y negligencia en la atención a pacientes con enfermedad litiásica». Por otro lado, según ha explicado Vilanova, se «requirieron todos los expedientes disciplinarios abiertos al Jefe de Servicio a lo largo de su actividad laboral»".

Al contrastar estos informes entre sí, se desprende, ha informado el portavoz de la formación morada en materia de Sanidad, «que hay denuncias que no se siguieron de expediente/investigación -las de 2013, 2014 y 2016-; que hay expedientes cuyas denuncias no se nos remitieron -el de 2003-; de los expedientes en relación con las irregularidades denunciadas a los que se hace alusión en la respuesta, que son el de 2003 y el de 2015, no se remite más que las cartas de orden de inicio del mismo, faltando todo el dossier y el dictamen de resolución. Con lo cual desconocemos el estado en el que se encuentran, si siguen abiertos o se cerraron, con qué resultado y por qué razón», ha manifestado.

Por otro lado, ha asegurado que «tanto por los datos contenidos en la respuesta, como por la omisión de otros a los que se hace referencia y de cuya existencia hay constancia, se puede probar que la Consejería y el SESPA se inhibieron en la investigación de irregularidades, incumpliendo con su deber de auditar en busca de infracciones, subsanarlas y velar por el buen funcionamiento del sistema sanitario y, además continúan ocultando información, pues se niegan a remitirnos los informes que les solicitamos».

En ese sentido, Vilanova ha acusado tanto a la Consejería de Sanidad como al Sespa de actuar «de forma impropia, obstruyendo la investigación de hechos muy graves, en los que pudo ocurrir un intercambio de favores en el cual quienes debían supervisar al servicio supuestamente infractor y no lo hicieron, pudieron ser adelantados en las listas de espera de ese servicio». Además, ha asegurado que la Administración «tiene en su mano esclarecer esta situación, y sin embargo su única actuación consistió en una vergonzosa maniobra de ataque al mensajero, denunciando en respuesta a quien sacó a la luz las irregularidades».

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De la WEB de COFPA…

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El Tribunal Supremo confirma que los internos de larga duración deben cobrar la carrera profesional



El Tribunal Supremo (TS) acaba de dictar el pasado 8 de marzo una importante sentencia en la que ratifica que los funcionarios interinos de larga duración, es decir, con una antigüedad de cinco o más años, tienen derecho a cobrar el complemento retributivo de la llamada “carrera profesional”, en igualdad de condiciones con los funcionarios de carrera.

 

La sentencia del TS, que confirma una anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, zanja definitivamente la cuestión sobre la discriminación salarial que viene sufriendo este extenso colectivo de empleados públicos, aplicando la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unisón Europea (TJUE), conforme a la cual “los trabajadores con contrato de duración determinada no pueden ser tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentran en una situación comparable, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”

 

La referencia a la mera naturaleza temporal de la relación de servicio del personal de la Administración Pública, recuerda el Supremo, no constituye por sí sola, una razón objetiva para justificar el trato diferente que se otorga a los interinos de larga duración, a los que se viene privando de un complemento retributivo, como el de “carrera profesional”, cuya concesión depende exclusivamente de la duración de los periodos de servicios prestados, como los trienios, y de haber cumplido una serie de objetivos, sin que deba tener ninguna relevancia para ello la naturaleza jurídica de la vinculación con la Administración (funcionarios de carrera o interinos)

 

La sentencia de TS deja en evidencia, una vez más, la grave discriminación salarial a la que el Gobierno del Principado de Asturias viene sometiendo a los miles de funcionarios interinos de larga duración de la Administración autonómica, que se ha vuelto a plasmar en la Ley de Presupuestos  para este año 2017, en la que se mantiene el monumental agravio comparativo con el apoyo inestimable del Partido Popular y de Ciudadanos.

 

Como ya hemos señalado desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies en ocasiones anteriores, la cuestión de fondo que pone de manifiesto esta jurisprudencia no es otra que ese invento llamado “carrera profesional horizontal”, introducido en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en el año 2007 como supuesta panacea para el desarrollo profesional objetivo de los funcionarios públicos e incorporado ilegalmente en la Administración del Principado de Asturias por el Gobierno de Areces ese mismo año a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas, es exclusivamente un complemento retributivo. Dicho de otro modo, la carrera profesional horizontal es un invento averiado que no tiene realmente nada de carrera, en el sentido de ascenso o progresión profesional por mérito y capacidad.  Se trata, simplemente, de un mero mecanismo de incremento salarial progresivo, como sucede con los trienios.

 

Siendo la verdadera naturaleza de esa falsa carrera profesional la de un complemento salarial, la consecuencia no puede ser otra que quienes desempeñen puestos con las mismas funciones deben cobrar las mismas percepciones, sean empleados fijos o temporales. Algo a lo que sigue negándose el Gobierno de D. Javier Fernández, que continúa empeñado en perpetuar una discriminación salarial  propia de sistemas políticos que amparan y legitiman la explotación laboral de los trabajadores.

 

VER SENTENCIA AQUÍ

 

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Parece un chequeo del sistema sanitario, pero a mi me lo parece más del judicial…

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Asturias encabeza las condenas por errores y retrasos en los diagnósticos

Un estudio señala que es la comunidad con más sentencias desfavorables en función de su número de camas.

La mayoría corresponden a pacientes oncológicos y neurológicos fallecidos

 

SUSANA D. MACHARGO. REDACCIÓN. La Voz de Asturias

 

En derecho se conoce como la pérdida de oportunidad asistencial y comenzó a aplicarse en la jurisprudencia española en 2002. Para los pacientes supone no llegar a curarse por un error o por una omisión en la diligencia médica, es decir, que el error o el retraso de diagnóstico puede generarle lesiones irreversibles o el fallecimiento. En apenas 12 años se han registrado 522 sentencias condenatorias dentro del ámbito de la medicina pública. De esas 522, 30 fueron por negligencias en hospitales asturianos. Aunque en términos absolutos regiones como la Comunidad Valenciana o Madrid tuvieron muchas más, el Principado encabeza el indicador en términos relativos. Para poder comparar territorios, lo que se ha hecho ha sido introducir como referencia no el número de habitantes sino el de camas hospitalarias. Asturias encabeza el ránking de fallos judiciales que dan la razón a los pacientes o a sus familiares, junto con Castilla y León.

 

Así queda de manifiesto en el artículo Responsabilidad por pérdida de oportunidad asistencial en la medicina pública española, que tiene como primer autor a Carlos Sardinero, especialista en derecho sanitario. Esta investigación profundiza en otra adelantada hace menos de un año que se centraba en los fallos judiciales vinculados únicamente con fallos de diagnóstico en el cáncer. Ya aquel trabajo revelaba que Asturias era una de las comunidades con más sentencias condenatorias en proporción con el número de camas. Ahora el abanico se abre a todo tipo de patologías médicas, quirúrgicas y materno-infantiles y la conclusión es muy similar.

 

Las indemnizaciones son otro aspecto esencial de este trabajo que ha requerido de una milimétrica labor de recopilación. «¿Cuánto vale una semana de vida?», se pregunta Carlos Sardinero, que lamenta que no exista un criterio unánime a la hora de establecer el daño causado. Explica que hay tres formas de calcular las compensaciones: aplicando el baremo de las víctimas de tráfico (ya que no existe uno específico sanitario), por un porcentaje hipotético de posibilidad o a tanto alzado, con el que se fija una cantidad sin saber exactamente a qué corresponde. Esta última es la que más está aplicando, con diferencia, en las sentencias por pérdida de oportunidad asistencial.

 

Sea cual sea el método utilizado por los tribunales, el estudio concluye que la cantidad que se concede es muy inferior a la que se reclama. Asturias, con una horquilla en las indemnizaciones que oscila entre los 5.000 y hasta los 60.000 euros, está en la media nacional. En Madrid, sin embargo, lo habitual es que, sea cual sea el caso, la cantidad no pase de 18.000 euros. «Hay una clara diferencia de trato en función del lugar en el que residas», insiste el letrado, que atribuye este desequilibrio territorial a «un caos en la jurisprudencia».

 

El estudio, al detalle

Del análisis de las sentencias, Sardinero y el equipo de investigadores que lo secunda han observado que la mayoría de las reclamaciones por errores o retrasos en el diagnóstico son en paciente varones y por enfermedades relacionadas, precisamente, con la oncología, o con la neurología. Casi el 90% fueron impuestas contra la comunidad autónoma y sus aseguradoras. El mayor volumen de fallos negativos es por errores a la hora de determinar la patología pero también hay algunos por tratamientos inadecuados. Casi seis de cada diez pacientes fallecieron y el caso los llevan a los tribunales sus familiares.

 

Cómo calcular el daño que se ha podido producir y con cuánto dinero se debe compensar a los enfermos o a sus familias en caso de muerte. Sardinero no responde a esta pregunta pero sí pone de manifiesto la escasa compensación que los tribunales conceden. Los fallos judiciales demuestran que la cuantía final es siempre inferior a la reclamación inicial. Son muy pocas las que superan los 100.000 euros. La proporción de resarcimientos más elevados son los concedidas a pacientes pediátricos y por malformaciones fetales no detectadas durante la fase del embarazo. En esos casos puede llegar a concederse a los padres más de medio millón de euros. «Las condenas reducen significativamente la cantidad reclamada, porque parece que los juzgadores no quieren responsabilizar de todo el daño al facultativo», concluye.

 

Las sentencias por pérdida de oportunidad asistencial en la medicina española han crecido exponencialmente, sobre todo a partir del 2010. Sin embargo, no en todas las comunidades aplican la teoría con la misma frecuencia. Eso explica, por ejemplo, que de Cataluña los investigadores solo hayan conseguido recopilar nueve casos en todo este tiempo. Sardinero precisa que son «procesos de alto riesgo judicial» en los que los pacientes o sus familias no siempre encuentran el resarcimiento que esperaban ni tampoco lo que consideran justicia.

 

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