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TRIBUNALES

Más sobre los impagos de la UTE encargada de las obras del nuevo HUCA…

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AC Criptana exige el pago de 400.000 euros por su trabajo en el nuevo HUCA



22.09.2011 - R. M., GIJÓN, en El Comercio.
La subcontrata manchega Aislantes y Calorifugados Criptana (AC Criptana) sostiene que tiene una deuda pendiente de cobro de 400.000 euros por su participación en las obras del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La deuda la reclama a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Instalaciones Mecánicas del HUCA (IMHUCA) a cuenta de las certificaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. Fuentes de AC Criptana manifestaron a este periódico que el contratista «aún no se ha puesto en contacto con nosotros para ver la forma de pago; dijo que se reuniría con los acreedores, pero todavía no tenemos noticia».
La empresa manchega matizó a este periódico que «estuvimos cobrando hasta que terminamos de trabajar, momento en el que dejaron de abonarnos las certificaciones». Así mismo, fuentes de AC Criptana sostienen que una vez terminada su participación, retiraron al personal de la obra. «No tenemos constancia de que alguien de la empresa agrediese al jefe de obra de la UTE; lo que hay es una deuda que está en manos de nuestro abogado», abundan. El letrado elegido es Alfonso Lozano Graíño, que defiende a seis subcontratas acreedores de IMHUCA.

En los tribunales por partida doble: los impagos y ahora la agresión…

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Los impagos a una subcontrata del HUCA desencadenan una agresión

El exjefe de obras de la UTE IMHUCA resultó herido por un trabajador de AC Criptana, sociedad que amenaza con despedir personal al no cobrar

21.09.11, L. ALVAREZ / R. MUÑIZ | OVIEDO, en El Comercio.

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Suma y sigue en la línea jurisprudencial, marcada para los laborales en diciembre a instancias de la CSIF, que obliga a convocar las ayudas sociales del curso 2009-2010…

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TSJA obliga al Principado a pagar las ayudas sociales a los trabajadores del ente tributario no convocadas en 2010

Estatutarios y Funcionarios tendremos que seguir esperando a la vía contencioso-administrativa bastante más lenta…

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano tendrá que pagar las ayudas de acción social, destinadas a trabajadores con hijos discapacitados o que cursen estudios, a los empleados del Ente autonómico de Servicios Tributarios, y que no fueron convocadas en 2010. El TSJA ha estimado el recurso que el sindicato CSIF había presentado contra la supresión de estas bonificaciones el pasado año, de la misma manera que lo había hecho en el caso de otros empleados laborales de la Administración asturiana. La cuantía ascendería a 42.000 euros.

La central ha dado ha conocer este lunes la sentencia, que establece la prevalencia de las mencionadas ayudas sobre la Ley del Principado de 2010, que a raíz de la ley de Contención del Gasto Público, de carácter estatal, suprimía las ayudas de acción social a todo empelado público del principado, tanto funcionario como laboral.

CSIF había presentado una serie de recursos, porque entendía que la legislación amparaba estas ayudas. En este caso son unos 130 los trabajadores "que han visto mermada su nómina y que han dejado de percibir las ayudas sociales en virtud de las medidas adoptadas por el Gobierno del Principado en agosto de 2010, que ahora ven repuesta esta situación, sumándose así, a idéntica situación que sufrió el personal laboral dependiente de la Administración del Principado de Asturias", señala el sindicato en un comunicado.

El sindicato ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que elimina este "agravio cometido ante la falta de la convocatoria expresa de este tipo de ayudas para el colectivo afectado". Así destaca que la sentencia reconoce que "un acto administrativo como el dictado por el Gobierno del Principado en Agosto de 2010 no puede derogar o suspender la eficacia de la norma convencional reguladora de la ayuda social y que la decisión unilateral adoptada por el Gobierno de Alvarez Areces infringió el Estatuto de los Trabajadores y, en general, el conjunto normativo garante de la efectividad de las disposiciones convencionales, por lo que debe declararse la prevalencia del convenio colectivo y la ineficacia de la restricción efectuada por la Administración del Principado de Asturias".

42.000 EUROS

El sindicato informa que la cuantía establecida para 2010, ahora reconocida, en concepto de convocatoria de ayudas para el personal con hijos e hijas con discapacidad, para estudios de hijos e hijas del personal y para estudios del personal estaba establecida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en una cantidad de  42.000 euros.

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Por analogía sanitaria, el retraso en la adopción de medidas se llamaría “pérdida de oportunidad terapéutica” y la conclusión no ofrecería dudas…

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JUICIO MERCANTIL

Visto para Sentencia: El juez determinará si los gestores de Venturo XXI son culpables del concurso de acreedores

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este jueves ha quedado visto para sentencia el juicio por el que tendrá que determinarse si el concurso de acreedores declarado en la empresa cartográfica Venturo XXI fue "fortuito" o "culpable", en cuyo caso los gestores de la empresa podrían verse obligados a responder con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad que no puedan ser cubiertas con el patrimonio corporativo.

El letrado de la empresa Azimut, dedicada a la fotografía aérea, a quien Venturo XXI "debe 170.000 euros", ha explicado que el juicio se celebró en la Sala de lo mercantil número 2 de Oviedo, con las declaraciones de un economista y del auditor que fiscalizó las cuentas de la empresa correspondientes al ejercicio de 2008.

En declaraciones a Europa Press, ha recordado que la administración concursal consideró que el concurso era fortuito, mientras que el fiscal determinó que era culpable. En sintonía con la Fiscalía, la acusación sostiene que  el concurso tendría que haberse declarado mucho antes puesto que "al cierre de 2008 las pérdidas superaban más de la mitad del capital social y existían pagos aplazados".

Sin embargo, la empresa continuó con su actividad y el concurso no se declaró hasta abril de 2010. Este jueves una representación de los casi cien trabajadores de la compañía ha vuelto a concentrarse frente a los juzgados de la capital, donde han asegurado que fueron los miembros del consejo de administración, con su mala gestión, quienes llevaron a la quiebra a la empresa.

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Los acreedores demandantes consideran que en la gestión pudo producirse alzamiento de bienes…

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La gestión de la cartográfica Venturo XXI llega mañana al Juzgado

La vista determinará si el concurso de acreedores fue «culpable», lo que puede abrir la puerta a denuncias penales

Foto: Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción
Langreo, L. M. D., en La Nueva España

La sala del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo acoge mañana, a partir de las 10:00 horas, la vista en la que se decidirá si sigue adelante la acusación particular contra el consejo de administración de Venturo XXI, a cuyos componentes una empresa acreedora acusa de llevar voluntariamente la empresa a la quiebra en la que se encuentra (está en proceso de liquidación).

El consejo de administración de Venturo XXI estaba compuesto por sus dos promotores privados, los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado, propietarios del 51% del capital; Víctor González Marroquín, ex presidente de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), que manejaba el 21% del capital, y Manuel Fernández, representante de Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera), que depende de Hunosa, y que contaba con otro 21% de la propiedad. El 7% restante pertenecía a Sodeco (Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras).

La vista tiene como objetivo determinar, como afirmó la Fiscalía en su informe -no así los administradores concursales- si el concurso de acreedores al que se vio sometida la firma es «culpable» o no. En caso de que se establezca que el concurso fue «culpable», se dejaría la puerta abierta a las acciones judiciales por vía penal que han planteado empresas acreedoras de la cartográfica Venturo XXI contra los responsables de la compañía. Estos acreedores consideran que en la gestión pudo producirse alzamiento de bienes.

En la vista se aportarán tres tipos de pruebas: documentales, basadas principalmente en los documentos aportados por la propia Venturo XXI y por el informe de los administradores concursales; de carácter pericial, que desarrollará, en principio, el economista José Mantava Llorens, y testificales, en las que se va a citar a otro perito, Joaquín Fanjul García.

Venturo XXI se instaló en el valle de La Güeria en el año 2005. Recibió 1,2 millones de euros de los fondos mineros en ayudas, además de subvenciones a la formación de los empleados y un crédito «blando» de Sodeco valorado en 2 millones de euros. Llegó a contar con más de un centenar de empleados, pero cuando cerró finalmente, hace ya más de un año, tenía en plantilla a un total de 73 trabajadores. En su gestión hay puntos muy oscuros, como la compra del edificio del pozo Venturo, que inicialmente se arregló con fondos públicos y luego fue vendido por Hunosa a la empresa cuando ya estaba en crisis por sólo 380.000 euros.


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La investigación del incidente con la documentación protegida del Hospital de Jarrio en manos de la Guardia Civil…

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La Guardia Civil investiga la sustracción de informes médicos de Jarrio



Jarrio (Coaña), T. CASCUDO, en La Nueva España

La gerencia del Hospital de Jarrio ha remitido a la Guardia Civil documentos y pruebas para determinar la culpabilidad de quien arrojó documentos privados de pacientes en lugares públicos de Navia la pasada semana, tal y como denunció el PP naviego.

El caso es que Jarrio, según la información facilitada por el Servicio Público de Salud del Principado (Sespa), ya interpuso el viernes una denuncia para hacer constar la sustracción de documentación privada del centro.


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Serio incidente que habrá que investigar a fondo…

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Aparecen en la playa de Navia documentos de pacientes del Hospital de Jarrio

La dirección del centro ha interpuesto una denuncia por la extracción de datos.

El PP de Navia también tomará medidas

Foto: El Gerente del Hospital de Jarrio que en ese momento se encontraba de vacaciones.

10.09.11 - E. RODRÍGUEZ | NAVIA, en El Comercio.

El primero en dar la voz de alarma fue ayer el Partido Popular de Navia. En un comunicado, alertaba de que el jueves, mientras paseaban cerca de la zona del monolito, en la playa de Navia, unos vecinos encontraron unos documentos tirados en las escaleras de acceso. Al aproximarse, observaron que se «trataba de documentos de ocho pacientes ingresados en el Hospital de Jarrio». Al parecer, dieron aviso a la Policía Local y también pusieron el suceso en conocimiento del PP.

Según el portavoz de la formación, Roberto Santiago, «son del servicio de Farmacia y en ellos se recogen las prescripciones del servicio de Cirugía y especialidades quirúrgicas, y se incluyen los nombres y los apellidos de los pacientes, su número de historial, el número de cama en la que están hospitalizados, así como los fármacos que se le administran a cada uno de ellos, con las dosis y frecuencias horarias».

Con la llegada de dicho comunicado, este diario se puso en contacto con el gerente del centro hospitalario, Ricardo de Dios, al que, en un primer momento, la noticia le cogió por sorpresa al encontrarse de vacaciones. «Me extraña mucho que aparezcan datos fuera del hospital, puesto que contratamos empresas para que destruyan documentos específicos y nos lo certifiquen».

En este sentido, especificó que, pasados cinco años desde que acaba un proceso, se puede destruir documentación al respecto, algo que Jarrio suele hacer en caso de fallecimiento de los pacientes. «Tengo que saber de qué documentos se trata, pero inicialmente ninguna documentación clínica tiene que aparecer fuera del hospital o de un centro de salud. A expensas de saber más, me parece lógica la denuncia. Yo haría lo mismo y habrá que investigar».

De hecho, poco después, confirmó que la dirección del centro hospitalario ya ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil de Navia para que se investiguen los hechos. Al parecer, los documentos coincidirían con la descripción dada, en un principio, por el PP y se tratarían de prescripciones realizadas a los pacientes en el mes de agosto. A falta de obtener más pruebas, la primera hipótesis apunta a que se trata de una «extracción intencionada» que pudo haberse llevado a cabo esta misma semana.

Por su parte, el PP, ante lo que considera «un grave incumplimiento de toda la normativa reguladora de la protección de datos referentes a la salud», reclamará la apertura de una investigación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. El objetivo es «investigar los hechos y determinar las irregularidades y las posibles sanciones del hospital y su dirección», así como «evitar que en el futuro se vuelvan a producir hechos así y el centro implante todas las medidas necesarias para la debida custodia de los expedientes médicos».

Se genera un grave problema financiero en las pequeñas y medianas empresas, poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo…

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Seis subcontratas del HUCA acuden al juez porque llevan desde marzo sin cobrar

Las pequeñas compañías, que trabajan hace más de dos años en las obras del Hospital, reclaman a las constructoras del centro 1,5 millones de impagos

Oviedo, Braulio FERNÁNDEZ, en La Nueva España

Seis empresas subcontratistas de la unión temporal de empresas (UTE) que construye el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) van a emprender acciones legales conjuntas contra la UTE por lo que consideran un «retraso injustificado en el pago de las cantidades adeudadas», que suman 1,5 millones de euros. Llevan sin cobrar desde el pasado mes de marzo.

La UTE que construye el nuevo Hospital Central de Asturias está formada por las empresas Sacyr, San José y Sánchez y Lago. Las subcontratas que tienen previsto ejercer acciones legales para cobrar lo que se les adeuda son las compañías Aistec, Talleres Uncin, Forteastur, Diseños de Calorifugado y Climatización, Aislamientos Coruña y AC Criptana, radicada esta última en Castilla-La Mancha.

Estas firmas sostienen que se están viendo «gravemente perjudicadas ante el incumplimiento contractual» por parte de la UTE y que pueden verse abocadas al cierre. Los impagos corresponden a «las últimas certificaciones de obra derivadas de los trabajos ejecutados en el complejo del Hospital Universitario Central de Asturias», según explicó el abogado encargado de defender sus intereses, Alfonso Lozano Graíño, del despacho ovetense de Botas Abogados.

La deuda de la UTE del Hospital con todas ellas asciende a un importe aproximado de 1.500.000 euros, situación que está ocasionando, según explica Lozano Graíño, «un grave problema financiero en las seis, poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo». Por ese motivo, el pasado 1 de septiembre, las empresas se reunieron en Avilés y acordaron, con la asistencia legal de Lozano Graíño, el «inicio inmediato de las acciones legales oportunas, a los efectos de que se exija» de la unión temporal del HUCA «el cumplimiento de sus obligaciones». Además, las empresas han anunciado igualmente que reclamarán a las constructoras del Hospital una compensación por los daños y perjuicios que les están ocasionando los impagos.

Algunas de las empresas se encuentran en serio peligro a causa de los impagos, ya que a algunas de ellas la UTE les adeuda cantidades hasta 400.000 euros. Todas estas pequeñas y medianas empresas llevan más de dos años trabajando en las obras del nuevo Hospital. Para evitar el cobro, aseguran incluso, la contratista les pedía una revisión final de sus trabajos con la única finalidad de retrasar los pagos.

Seis empresas reclaman 1,5 millones de euros a una contratista del HUCA

09/09/2011 P. CAMPO, OVIEDO, en La Voz de Asturias

Seis empresas subcontratistas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) IMHUCA, una de las contratista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), se han unido para emprender acciones legales ante el incumplimiento unilateral de sus contratos.

Las empresas mercantiles de origen asturiano Aistec, Talleres Uncin, Forteastur, Diseños de Calorifugado y Climatización, la gallega Aislamientos Coruña y la manchega AC Criptana han recurrido a los servicios jurídicos del abogado ovetense Alfonso Lozano Graíño para que reclame sus derechos ante el impago de las cantidades adeudadas que superan 1,5 millones de euros. Esta deuda está ocasionando a las empresas un grave problema financiero y pone en riesgo la continuidad de numerosos puestos de trabajo. La UTE IMHUCA está integrada por Altair, Tecnocontrol -filial de San José- y Simte.