Crecen un 20% y afectan a 6.200 trabajadores, según los datos oficiales del ministerio de empleo

2013: el año de los ERE sanitarios

Las suspensiones de contrato, por encima de 3.000, han subido un 75 por ciento

Carlos Cristóbal, Madrid, en Redacción Médica.

El número de profesionales pertenecientes al sector de actividades sanitarios y servicios sociales afectados por algún tipo de regulación de empleo ha superado la ‘barrera’ de los 6.000. En concreto, y según el avance de la estadística anual elaborada desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cifra exacta se sitúa en 6.260, superando en más de un millar el dato del año anterior.

El número total de regulaciones supera en casi un 21 por ciento el de 2012, cuando gracias a una caída del 20 por ciento se quedó en 5.181. Aplicado al ámbito real, la tendencia se traduce en 1.079 regulaciones más que las realizadas solo un año antes. Dentro de ellas el tipo de regulación más numeroso es el de la suspensión de contrato, que se ha incrementado por encima del 75 por ciento para situarse en los 3.041 casos. En el lado opuesto se encuentran los despidos colectivos y las reducciones de jornada, que han experimentado ligeras mejorías (7,5 y 6,2 por ciento, respectivamente).

En el empeoramiento del dato anual ha tenido mucha ‘culpa’ el sector de las actividades sanitarias con 2.805 regulaciones, un 27 por ciento más. En este grupo concreto se llevan ‘la palma’ las reducciones de jornada (1.284), seguidas de las suspensiones de contratos (1.129) mientras que los despidos colectivos se quedan cerca de los 400.

En lo que a los servicios sociales se refiere, los ERE han afectado bastante más a los profesionales que desarrollan su actividad fuera de establecimientos residenciales (2.042) que a los que sí lo hacen (1.413). El tipo de regulación más frecuente para ellos es, lógicamente, la suspensión de contrato (1.487), mientras que en el de los trabajadores de residencia se ha optado por el despido colectivo (615) en mayor medida.

La industria de fabricación de medicamentos no es ajena a esta realidad, si bien es cierto que en su caso las cifras han mejorado respecto a 2012. En total se han visto afectados 856 trabajadores,  415 menos que el año anterior, con la suspensión de contratos como método más recurrente (543). A ellas hay que sumarle 287 despidos colectivos y 26 reducciones de jornada.

74.400 empleos netos menos en Asturias desde el verano de 2008

Unos 45 trabajadores son despedidos cada día en Asturias, según un informe de CCOO

El sindicato dice que los números justifican la movilización planteada para comienzos de abril

OVIEDO, EUROPA PRESS

El informe de coyuntura económica y sociolaboral elaborado por CCOO de Asturias concluye que, a pesar de algunos signos de moderación en la caída de la actividad económica y la destrucción de empleo, no hay motivos para la celebración. Uno de los datos refleja que el Principado soporta una media de 45 despidos diarios.

Así, el documento señala que los despidos, "favorecidos y abaratados por las reformas laborales unilaterales de 2010 y 2012", han continuado sucediéndose de forma que entre enero y noviembre de 2013 hay constancia estadística de unos 15.200 despidos, lo que representa ese promedio de 45 diarios.

"Pero el número real de despidos ha sido necesariamente superior, ya que las cifras se extraen de la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal que recoge los motivos de alta como beneficiarios de las prestaciones por desempleo, y no todos los trabajadores que ven extinguido su contrato tienen derecho a prestación", señalan desde CCOO.

Han seguido creciendo los despidos individuales (al menos 6.684), así como los despidos colectivos a través de Expedientes de Regulación de Empleo (entre enero y noviembre ha habido al menos 3.008, lo que significa un aumento del 5,6% respecto al mismo periodo de 2012). Hasta noviembre hay constancia también de 4.101 despidos que, en el momento de solicitar la prestación, no habían sido recurridos.

El informe también se refiere a la destrucción de empleo en Asturias. La Seguridad Social registró en enero 4.800 afiliados menos que hace un año. Desde el verano de 2008 las cifras de afiliación a la Seguridad Social indican que ha habido una destrucción neta de unos 74.400 empleos en Asturias.

Desde esa misma fecha el paro registrado en el Servicio Público de Empleo ha aumentado en unas 57.000 personas. "El descenso del paro en los últimos meses no se puede atribuir a la creación de empleo, sino al desánimo", apuntan desde CCOO.

También la precariedad avanza. Sólo un 6,8% de los contratos firmados a lo largo de 2013 fueron indefinidos. El 40% de los contratos firmados en 2013 fueron a tiempo parcial. De hecho, el 37% de los contratos firmados en 2013 fueron temporales y a tiempo parcial, es decir, doblemente precarios.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, a finales de diciembre se registraban 55.919, es decir, 4.768 menos que un año antes. La tasa de cobertura calculada según la fórmula del Ministerio se sitúa en los últimos meses en su nivel más bajo tras cinco años de crisis y también a consecuencia "de las medidas adoptadas por el Gobierno para endurecer su acceso a ellas, de tal manera que a finales de diciembre alcanzaba al 60,1%, 3,1 puntos menos que un año antes".

Por su parte, la EPA estima que de los 104.500 asturianos que buscaban empleo activamente en el cuarto trimestre de 2013, sólo 30.700 declaraba cobrar prestaciones, es decir, apenas tres de cada diez (29,4%). De acuerdo con esta fuente, otros 73.700 parados asturianos no recibían prestación alguna.

En 2013 se registraron 4.418 nuevas solicitudes del salario social básico, lo que equivale a 12,1 diarias, la media más alta desde su entrada en vigor y superior en un 15,0% a la de 2012. La mayoría de esas solicitudes ni siquiera se atendieron (ya que a lo largo del año se estuvieron gestionando las recibidas en ejercicios anteriores) y la demora sigue siendo inadmisible.

REGULACIONES

En cuando a las regulaciones de empleo, el informe recoge que los procedimientos comunicados a las autoridades laborales en los once primeros meses del año alcanzaron a 16.875 trabajadores asturianos, lo que supone un descenso del 18,3%.

Remiten las regulaciones temporales (-25,6%). En cambio suben las reducciones de jornada (+9,2%) y los despidos: entre enero y noviembre 2.280 trabajadores han visto extinguido su contrato por esta vía, un 5,0% más que un año antes. También se detecta un aumento de los ERE no pactados, que crecieron un +29,8%.

En el apartado de la negociación colectiva el informe recoge que, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta el pasado 31 de enero únicamente 59 convenios negociados en Asturias, con efectos sobre unos 99.500 trabajadores, habían registrado sus tablas salariales para 2013.

La subida salarial media inicialmente pactada en estos convenios ha sido del 0,52%, y viene a profundizar en la moderación salarial que se viene registrando en los últimos ejercicios, tratándose, de hecho, de los incrementos más bajos de la serie histórica que se inicia en 1981.

Aunque en 2013 sólo ha habido constancia oficial de descuelgues de convenio en 74 empresas asturianas, CCOO considera que ha habido muchas más que no han sido comunicadas a la Autoridad Laboral. Con todo, la inmensa mayoría de los asalariados han visto mermado su poder adquisitivo en 2013. La inflación media del ejercicio ha sido del 1,4%.

En 2014 tienen vigencia expresa alrededor de 73 convenios negociados en la región, que afectan a unos 95.200 trabajadores. Hasta el 31 de enero solo 11 de ellos, con efectos sobre 41.200 trabajadores, habían registrado sus tablas salariales para este año, aplicando una subida salarial media del 0,55%.

MOVILIZACIÓN

El trabajo señala que la demanda interna continúa "hundida" por "la extensión de la crisis y por las políticas de austeridad presupuestaria y de devaluación salarial aplicadas en los últimos tiempos", mientras el paro sigue en cifras "insostenibles". Ante este "sombrío panorama", señalan, se justifica la movilización por Asturias que ha propuesto CCOO para los primeros días de abril.

Uno de los datos que contiene el informe es que en 2013 la producción de la industria asturiana fue, según el índice que elabora Sadei, un -1,4% inferior a la de 2012, situándose en su nivel más bajo desde al menos 1990. La cifra de negocios del sector servicios descendió, cayeron las exportaciones y continuó "hundido" el consumo de los hogares. El positivo viene de la construcción por el aumento de licitación pública.

En cuanto al tejido empresarial, a finales de 2013 quedaban en Asturias 26.970 empresas, lo que supone una pérdida neta de 813 a lo largo del ejercicio. Desde 2007 la región registra 5.308 empresas menos.

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La lenta reforma de la Función Pública asturiana: no es el fin de la libre designación pero será un avance en esa dirección eso si, obligados por las mil y un sentencias en contra

IU y UPyD respaldarán la creación de un grupo de 72 directivos públicos

03.03.2014, Oviedo, J. A. A. / Á. F., en La Nueva España.

El período de sesiones en la Junta General del Principado se presume intenso, con el debate de varias leyes que se llevan "cocinando" desde el inicio de la legislatura, allá por mayo de 2012. Uno de las normativas más esperada es la de Función Pública, un texto que llegó al Parlamento regional a mediados del año pasado y que todavía no ha visto la luz, afectado por la petición de varios grupos parlamentarios para ampliar el plazo de presentación de enmiendas.

El mayor punto de controversia sobre esta ley está en la creación de la figura del personal directivo, una posibilidad recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) pero que despierta recelos tanto entre los sindicatos de la función pública como en algunos de los grupos de la oposición, especialmente Foro y PP. Los dos partidos de la derecha han presentado enmiendas contra la implantación que de ese puesto pretende incorporar el Gobierno regional a la legislación autonómica con el argumento de que la creación de esos puestos de confianza potencia "la politización de la Administración regional". El texto elaborado por la consejería de Hacienda y Sector Público prevé la creación de un máximo de 72 puestos directivos, dos por cada una de las 36 direcciones regionales que integran el actual organigrama del Principado. Los gobiernos podrán destituir a esos directivos cuando lo estimen oportuno, ya que no tendrán blindaje alguno. A cambio, el Ejecutivo propone un "adelgazamiento" en el número de puestos de libre designación, que se reducirán de los 417 vigentes con la reforma promovida por el gobierno de Vicente Álvarez Areces a 157, un ajuste, en buena medida, obligado por el aluvión de sentencias adversas al Principado promovidas por distintos sindicatos y asociaciones de funcionarios.

Los socialistas podrán esquivar la oposición a esta norma de Foro y el PP con el respaldo de IU y UPyD, formaciones que ya han manifestado su disposición a respaldar la creación de esos puestos directivos. Pese a que el PSOE ya ha perdido cien votaciones en la Junta, muchas tras la ruptura del acuerdo con la coalición y el partido magenta a cuenta de la ley Electoral, su reforma de la ley de función pública tiene todos los visos de salir adelante. IU ve lógico que los gobiernos puedan tener personal de confianza en las consejerías, siempre y cuando sean funcionarios, y UPyD tampoco plantea objeciones a esa medida aunque ha presentado cuatro enmiendas, una de ellas de gran relevancia porque pretende limitar a dos años la valoración de los puestos desempeñados en comisión de servicios para optar a concursos.

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“Emburriando un cambiu social”, lema de la columna Asturiana de la “Marcha de la dignidad” que confluirá por el camino y en Madrid, el día 22 de marzo, con todas las otras marchas

León ya espera a la "Marcha de la dignidad"

Unas trescientas personas participaron en la segunda etapa de la protesta, que hoy prevé llegar a la comunidad vecina

03.03.2014, Pola de Lena, J. VIVAS, en La Nueva España.

Unas trescientas personas tomaron parte ayer en la segunda etapa de la "Marcha de la dignidad", una ruta a pie hasta Madrid iniciada el sábado en La Felguera que pretende denunciar los recortes, el desempleo y los desahucios, entre otras causas. Los participantes salieron al mediodía de Mieres con dirección a Pola de Lena, un tramo de quince kilómetros que se desarrolló "sin ningún inconveniente, a pesar de la lluvia", explicó Víctor Cuetos, una de las personas que sirve de apoyo a los caminantes.

Tras llegar a Pola de Lena, los participantes de la marcha a pie fueron acompañados hasta el albergue, cuyas instalaciones había cedido el Ayuntamiento lenense. Más tarde celebraron una asamblea abierta en la plaza de Alfonso X El Sabio.

La "Marcha de la dignidad" abandonará hoy la región. Su objetivo es llegar a la localidad leonesa de Ciñera, donde serán recibidos por las "Muyeres del carbón". Este recorrido, de unos cuarenta kilómetros, se espera mucho más duro que en los días previos. Los participantes partirán de Pola de Lena a las ocho de la mañana y pretenden alcanzar el alto de Pajares sobre las dos de la tarde. Después, llegarán al pueblo de Busdongo donde se dará por terminada la marcha a pie. De ahí, los caminantes serán trasladados a Ciñera.

Tras estos primeros días en solitario, la primera unión de columnas se producirá el día 5 en León, cuando se sumen los participantes de Galicia y Laciana a la comitiva asturiana. Otro de los encuentros importantes de esta marcha será el de Valladolid, donde se juntarán con las columnas de Cantabria y Palencia. También llegará un autobús de la denominada "columna internacional" con 55 personas que se sumarán a la marcha a pie hasta Madrid. La llegada a la capital tendrá lugar el día 22 y la manifestación partirá a las cinco de la tarde de la plaza de Atocha con dirección a la plaza de Colón. También se fletarán autobuses desde las distintas comunidades autónomas participantes en la protesta. De hecho, la organización está vendiendo ya los billetes de autobús, así como "merchandising" de apoyo a los participantes en las marchas.

La "Marcha de la dignidad" está organizada en Asturias desde la plataforma "Asturias en marcha 22M" , que está formada por la organizaciones sociales Frente Cívico, Suatea, Izquierda Anticapitalista, Fusoa, Adepavan, "Muyeres del Carbón", UJCE, CSOA "La Semiente" y otros activistas individuales procedentes de distintas partes de la región. También cuenta con el apoyo de otras dieciséis organizaciones sociales y vecinales, tres partidos políticos -IU, PCA y Equo- y los sindicatos CC OO y USO.

EN LA PRENSA DEL DIA DE AYER…

Un millar de personas apoya en Langreo la Marcha de la Dignidad

La llamada columna asturiana, que confluirá en Madrid con otras procedentes de distintos puntos de España, salió hoy de Langreo y hará noche en Mieres

01.03.14 - EFE | | LANGREO.

Un millar de personas, según los datos de la organización y de la Policía Local, se han unido hoy en Langreo en una manifestación programada con motivo de la primera jornada de las 'Marchas de la Dignidad'.

La llamada columna asturiana, que confluirá en Madrid con otras procedentes de distintos puntos de España, salió hoy de Langreo y hará noche en Mieres.

La manifestación de esta mañana de Langreo partió del parque viejo de La Felguera, y recorrió las calles de Langreo para terminar en la plaza del Ayuntamiento, en Sama, bajo el lema "emburriando un cambiu social".

La marcha ha contado con el apoyo de diferentes colectivos, entre ellos los de defensa de la educación pública y trabajadores de Coca-Cola, entre otros.

Las Marchas de la Dignidad son una campaña de diferentes territorios del Estado, que confluirán en Madrid el día 22, donde está organizada una manifestación.

En Asturias, se creó una plataforma para impulsar dicha campaña, con la que trataron de unir a organizaciones, colectivos y personas descontentas con la situación actual.

Las reivindicaciones básicas de este colectivo son en defensa del interés general: contra el paro y el pago de la deuda, por la renta básica y en defensa de los servicios públicos.

La segunda jornada de la marcha saldrá mañana de Mieres, a las 12,30 horas desde el patio del colegio del Liceo y, tras recorrer varias calles, saldrá del casco urbano por Vega de Arriba hasta Lena, done harán noche en el albergue de Peregrinos.

 

La lluvia no detiene a la "Marcha de la dignidad"

Un millar de personas participó ayer en la primera etapa, de Langreo a Mieres, de la protesta, que concluirá en Madrid el día 22

02.03.2014, Mieres del Camino, J. VIVAS, en La Nueva España.

"Ha sido una etapa dura por la lluvia y porque, como era el primer día, todavía hay que limar algunos aspectos en la organización". Así calificaba Pilar Muñiz, miembro de la plataforma "Asturias en marcha 22M", la primera jornada de la ruta a pie que acabará, en Madrid, el próximo día 22, denominada como "Marcha de la dignidad". La etapa arrancó en el parque Dolores F. Duro de La Felguera con una manifestación en la que participaron un millar de personas, según datos de la organización y de la Policía Local. Después, se inició la caminata hasta Mieres por el puerto de Santo Emiliano, que acabó en el patio del colegio público Liceo-Aniceto Sela.

Muñiz aseguró que "estamos muy contentos, porque hemos tenido un amplio respaldo, de hecho, nos desbordó". Sin embargo, esta joven es consciente de que "va a ser una marcha muy dura, pero estoy convencida de que vamos a crear conciencia". Tras la caminata entre Langreo y Mieres, los participantes participaron en una asamblea abierta y en una merienda popular. Después, hicieron noche en el albergue cedido por el Ayuntamiento de Mieres. Hoy retomarán la marcha con destino a Pola de Lena.

La salida de la región por el puerto de Pajares no tendrá lugar hasta mañana. Los participantes, unas sesenta personas, tal y como aseguraron ayer desde la organización, serán recibidos en Ciñera por las "Muyeres del Carbón". La primera unión de columnas se producirá el día 5 en León, con los participantes de Galicia y Laciana. Otro de los encuentros importantes de esta marcha será el de Valladolid, donde se juntarán con las columnas de Cantabria y Palencia. También llegará un autobús de la denominada "columna internacional" con cincuenta y cinco personas que se sumarán a la marcha a pie hasta Madrid. La llegada a la capital tendrá lugar el día 22 y la manifestación partirá a las cinco de la tarde de la plaza de Atocha con dirección a la plaza de Colón. También se fletarán autobuses desde las distintas comunidades autónomas.

Los recortes, el desempleo o los desahucios son algunas de las causas que defenderá la plataforma "Asturias en marcha 22M" , que está formada por la organizaciones sociales Frente Cívico, Suatea, Izquierda Anticapitalista, Fusoa, Adepavam, "Muyeres del Carbón", UJCE, CSOA "La Semiente" y otros activistas individuales procedentes de distintas partes de la región. También cuenta con el apoyo de otras dieciséis organizaciones sociales y vecinales, tres partidos políticos -IU, PCA y Equo- y los sindicatos CC OO y USO.

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Este viernes salió en el BOPA

El Principado licita el vial del anillo perimetral del HUCA

Fomento estable como único criterio del concurso la mayor rebaja sobre los 1,8 millones de euros del presupuesto de las obras

01.03.14 - G. D. -R. | OVIEDO, en El Comercio.

Dicho y hecho. El Principado publicó ayer la licitación del tramo norte del anillo perimetral de viales comprendido en el plan especial de La Cadellada para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Lo había adelantado, tras el Consejo de Gobierno de la semana pasada, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, al precisar que se financiaría con recursos ordinarios de la prórroga presupuestaria para poder cumplir el calendario. En la reunión del ejecutivo de esta semana, el miércoles, se aprobó el gasto y ayer ya estaba en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el anuncio de licitación de unas obras presupuestadas en 1,8 millones, pero de las que depende que entre en servicio el Hospital, en el que se han invertido cerca de 500.

El plazo de ejecución de este vial, que comunicará la calle de Pedro González Quirós e Isla con la urbanización de Prado de la Vega, es de apenas cinco meses y, aún así, muy ajustado para poder cumplir con el calendario que fija para junio el traslado de la actividad sanitaria desde El Cristo a La Cadellada. Aún por el trámite de urgencia, que reduce hasta el día 13 el plazo para presentar proposiciones. El Ayuntamiento, tras advertir en varias ocasiones al Principado, se plantó este otoño y avisó de que no podría conceder la licencia de actividad al centro si no se completaba el plan especial. De hecho, tiene una provisional que obliga a mantener cerrados los accesos por Cerdeño y Rubín.

El Principado lanzó mensajes contradictorios. Por un lado, garantizaba que el vial se haría y, por el otro, loaba los excelentes accesos ya existentes que lo hacían innecesario. Unas veces anunciaba su inminente licitación y otras, se escudaba en la prórroga presupuestaria para demorarlo. Las vacilaciones acabaron hace apenas 15 días.

Para acelerar la contratación, en un proceso al que es previsible concurrirán muchas decenas de empresas, la Consejería de Fomento ha establecido como único criterio de adjudicación el precio, de manera que la obra se contratará con la empresa que presente la oferta más económica, siempre que cumpla los requisitos técnicos establecidos. El portavoz socialista, Alfredo Carreño, celebró la licitación como «una buena noticia para los ovetenses y los asturianos» y urgió la apertura del centro hospitalario «de una vez por todas».

El Principado licita los viales del nuevo hospital, imprescindibles para su apertura

Las empresas interesadas en la obra tienen hasta el día 13 para presentar sus ofertas

El presupuesto del proyecto es de 1,8 millones

01.03.2014, Pablo GONZÁLEZ, en La Nueva España.

La administración regional publicó ayer en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la licitación del proyecto para la construcción de los viales que restan para completar el anillo perimetral del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y que son imprescindibles para que el Ayuntamiento de Oviedo otorgue la licencia de apertura del complejo hospitalario.

El pliego de contratación redactado por los servicios de la consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente recoge que las empresas interesadas en optar a la obra, licitada por la vía de urgencia, tienen hasta el próximo día 13 para presentar sus ofertas. Los pliegos también recogen que el único criterio que se seguirá para elegir la mejor oferta será la más económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos establecidos y no caiga en lo que se denominada "baja temeraria".

El proyecto cuenta con un presupuesto que roza los 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses. La obra supondrá la construcción de 858,82 metros de viales. Con ellos se completará la comunicación exterior del nuevo centro hospitalario, que el Principado quiere que esté a pleno rendimiento a lo largo del próximo mes de junio. Los viales facilitarán el acceso al nuevo HUCA desde la zona norte. El proyecto incluye la construcción de una calle de 625,31 metros de longitud que unirá Pedro González Quirós Isla con la urbanización de Prado de la Vega. También se levantará una glorieta para comunicar el inicio de la calle Pedro González Quirós Isla con la urbanización de Prado de la Vega y conexiones con las calles transversales.

Dentro de los 1,8 millones que tiene la obra de presupuesto hay una partida que se destinará a la adecuación de las calzadas, a pintar las marcas de los viales para el tráfico rodado y la construcción de aceras y zonas verdes. De igual forma, la actuación incluye dotar a la urbanización de redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado.

Se trata de la segunda y última fase de la construcción del anillo perimetral del nuevo complejo sanitario. La primera, ya ejecutada, tuvo un coste de 3,3 millones de euros. El retraso de este segundo proyecto llegó a enfrentar al Ayuntamiento y al Principado. El municipio amenazó al Gobierno regional con no tramitar la licencia de apertura del hospital. Tras una reunión entre el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo (PP) y miembros del Ejecutivo que preside Javier Fernández (PSOE), las posturas se acercaron y ahora la contratación ya está en marcha.

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"Esta ley supone un flashback terrorífico", así comenzaba su intervención el profesor y ginecólogo Santiago Dexeus Trías

2.000 sanitarios denuncian que la ley Gallardón dañará la salud de las mujeres

Ginecólogos, psiquiatras, enfermeras o psicólogos firman un manifiesto contra la nueva ley del aborto

Defienden la normativa actual, "acorde a la realidad social y sanitaria del país"

• DESCARGABLE: Lea el manifiesto de los sanitarios contra el anteproyecto de ley

María R. Sahuquillo, en El País.

'Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país'. Este es el título y la conclusión principal del manifiesto que cerca de 2.000 profesionales sanitarios han firmado contra la reforma de la ley del aborto. Médicos, enfermeras, psicólogos o trabajadores sociales se han sumado al documento en el que defienden la normativa actual --que permite el aborto sin que la mujer tenga que justificar su decisión hasta la semana 14 de gestación-- y alertan de que el anteproyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Justicia, pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.

El documento, que han presentado este viernes en Madrid reputados profesionales como el prestigioso obstetra  Santiago Dexeus, la ginecóloga experta en diagnóstico prenatal Pilar Martínez-Ten, la psiquiatra Eudoxia Gay y el ginecólogo Javier Martínez-Salmean , insiste en que con la restrictiva nueva ley --que permite el aborto solo por violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer--, y con las barreras que impone de acceso a la prestación, se incrementarán los abortos tardíos. El sistema provocará que las mujeres recurran a métodos inseguros o tengan que viajar al extranjero para interrumpir su embarazo.

Estos profesionales sanitarios firman el manifiesto a título personal, pero su crítica se une a la de numerosas asociaciones y sociedades científicas --la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, las dos entidades de médicos de familia...-- que han elaborado comunicados contra la reforma de la ley del aborto. Una crítica que ha llegado también desde la Organización Médica Colegial --que agrupa a los 200.000 médicos colegiados que hay en España-- que hace unos días aprobó una declaración en la que afirmaban que la decisión del abortar debe quedar en manos de la mujer.

Los sanitarios que han firmado el manifiesto --que sigue sumando adhesiones y que entregarán en el Ministerio de Justicia-- hablan también del sinsentido que supone la eliminación del supuesto de aborto por malformación fetal (ahora posible sin plazo si la anomalía detectada es extremadamente grave o incompatible con la vida); un supuesto que la nueva ley supedita a que la patología fetal suponga un riesgo psicológico para la mujer. Este sistema y todo lo que implica, dicen en el manifiesto, "contradice" su ética profesional y resulta contraria al sentir mayoritario de la población".  Esta medida, dicen, solo servirá "para agudizar el dolor" de las 3.000 mujeres que en la actualidad deciden interrumpir su embarazo por malformación del feto."Tal y como está planteada la norma, además, hará prácticamente inviable la interrupción del embarazo por esta causa", ha aseverado Martínez Ten.

"Las mujeres que abortan no son enfermas mentales", ha apuntado Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en la presentación del documento, que sigue recogiendo firmas. Con la ley elaborada por el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, que dicta que dos psiquiatras (en caso de que la mujer alegue riesgo psicológico) deben acreditar que existe un daño "persistente" y "duradero en el tiempo" se estará teniendo en cuenta la vulnerabilidad psíquica sino la enfermedad mental.

La regulación, con sus barreras y sus obstáculos, ha dicho Gay, "aumentar el número de casos ansiosodepresivos y de enfermedad mental debido a estas medidas y también a la clandestinidad a la que se verán sometidas las mujeres". "No queremos que la ideologia nos diga que tenemos que crear enfermas en lugar de cuidarlas. No decidimos ni decidiremos sobre úteros ajenos. La nueva ley del aborto es una marcha atrás", ha insistido Gay.

Un "flashback", ha ironizado Santiago Dexeus, que ha lamentado que el debate sobre la regulación del aborto esté de nuevo sobre la mesa. Sobre todo, ha dicho, teniendo en cuenta que la ley actual (de 2010) está funcionando bien. "Es una hipocresía que las mujeres no puedan hablar con su propia voz y las envíen al psiquiatra", ha dicho. El ginecólogo --que atendió el parto de los hijos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-- ha recordado los inicios de los años 80. "En aquél entonces las niñas ricas viajaban a Londres para abortar". Las pobres, ha insistido, recurrían al aborto inseguro y clandestino y muchas veces eran atendidas en los hospitales por profesionales como él, que veían los efectos y la secuelas de esa realidad. "No quiero volver a vivir eso", ha alertado. "El aborto no es un hecho banal ni frívolo, tratar a las mujeres como frívolas es desastroso", ha dicho Dexeus.

Para Dexeus y el resto de caras visibles del manifiesto, la nueva ley supondrá una barrera en el ejercicio de su labor. "Dificultará enormemente nuestro trabajo que es ayudar, diagnosticar ya acompañar al as mujeres", ha aseverado Martínez Ten, que ha explicado que el 61% de los firmantes son médicos, el 21% matronas y enfermeras y el 13% psicólogos.

 

Falta de consulta y asesoramiento

"No entendemos por qué hay que modificar la ley actual, que está funcionando bien, al igual que funciona en la mayoría de los países de nuestro entorno", ha criticado Martínez Salmeán, uno de los expertos que participó en la ley actual, que el Gobierno derogará. Para elaborarla, ha explicado, se estudió la legislación de otros países, sus resultados y su funcionamiento. La inmensa mayoría d de los países de la UE tiene leyes de plazos como la que hay desde 2010 en España. "No sabemos a qué ha atendido Justicia para elaborar su ley", ha incidido Salméan. Los profesionales sanitarios han criticado que ni el Ministerio de Justicia ni el de Sanidad hayan realizado una consulta previa a los expertos que día a día trabajan en esta prestación sanitaria. Justicia recibió a algunos profesionales --como a Martínez-Ten-- que solicitaron una reunión, pero no ha formado un grupo de expertos como en otras ocasiones, aunque un mes después de aprobar la ley en Consejo de Ministros, el departamento de Ruiz-Gallardón solicitó informes sobre la ley a entidades como la Organización Médica Colegial, el Colegio de Enfermeros, organizaciones de mujeres, y otras contrarias al aborto, como Red Madre.

 

El ginecólogo que trajo al mundo a los hijos de Rajoy le pide que retire la reforma del aborto

El prestigioso Santiago Dexeus Trias ha participado en la presentación de un manifiesto de médicos en contra del proyecto del Gobierno

Dexeus pide a sus "amigos del PP" que "se acabe con tanta hipocresía" y que "acudan a la inteligencia y no a la ideología o a las creencias religiosas"

Otros importantes profesionales médicos como Javier Martínez Salmeán, Eudoxia Gay Pamos y Pilar Martínez Ten advierten de que la actual ley "funciona" y que con la reforma aumentarán los abortos inseguros

Laura Olías, en eldiario.es

"Esta ley supone un flashback terrorífico", comenzaba su intervención el profesor y ginecólogo Santiago Dexeus Trías. Este reputadísimo obstetra, que atendió el parto de los dos hijos de Mariano Rajoy en su clínica de Barcelona, ha encabezado este viernes la presentación de un manifiesto firmado por casi 2.000 profesionales sanitarios contra la reforma de la ley del aborto que impulsa el Gobierno.

Lo hacía junto a otros referentes de Ginecología y Psiquiatría, los doctores Javier Martínez Salmeán, Eudoxia Gay Pamos y Pilar Martínez Ten, quienes han defendido que el proyecto elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "vulnera los derechos de las mujeres y convierte erróneamente el aborto en un problema psiquiátrico".

"Si algo funciona bien, ¿para qué cambiarlo?". Con esta frase resumía el ginecólogo Martínez Salmeán la idea que han defendido todos los ponentes: la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en 2010 funciona. "Ha reducido el número de abortos y garantiza la seguridad de profesionales médicos y mujeres", afirmó Martínez Ten, también ginecóloga y experta en diagnóstico prenatal. Los ponentes pidieron al Gobierno que no apruebe una ley que carece de demanda social sólo por motivos ideológicos.

 

"Puede que ellos también lo piensen"

Todos los firmantes recordaron que las leyes más restrictivas no reducen el número de abortos, sino que aumentan los abortos inseguros. "No quiero volver a ver a mujeres que acuden con hemorragias al hospital porque han intentado abortar de manera clandestina ni a "niñas bien" en las colas de los aeropuertos para abortar en Gran Bretaña", ha asegurado el doctor Dexeus. "Las mujeres seguirán interrumpiendo sus embarazos. Las que tengan dinero se irán al extranjero y las que no acudirán a alternativas inseguras".

Santiago Dexeus aseguró que esta norma margina a las mujeres y las considera frívolas "cuando, como médico, puedo decir que las interrupciones del embarazo son decisiones muy duras y meditadas".

Dexeus hacía un llamamiento para que " se acabe con tanta hipocresía". "Conozco y soy amigo de varios políticos del Partido Popular que sé que no se enfadarán porque defienda aquello en lo que creo", ha explicado a eldiario.es. Y ha ido más allá: "Puede que ellos también lo piensen. Yo les pediría que acudan a la inteligencia y no a la ideología ni a las creencias religiosas en este sentido", afirmó. A la pregunta de si entre sus amigos del PP se cuenta al presidente del Gobierno, Dexeus contestó con una sonrisa.

En 2005, cuando nació su segundo hijo, Juan, Rajoy bromeó con los periodistas sobre la 'catalanidad' de su prole, ya que los dos niños nacieron en Barcelona, en la clínica Dexeus. El líder del PP atribuyó la decisión a su mujer, Elvira Fernández. "Es un problema de confianza, como tantas cosas en la vida de mi mujer, en el doctor Dexeus", manifestó entonces Rajoy.

 

Más inseguridad para mujeres y médicos 

Los médicos alertaron de las consecuencias médicas en la salud de las mujeres que supondría la aplicación de la ley. "Por un lado, las heridas físicas debido a interrupciones inseguras y, por otro lado, las secuelas mentales si consiguen abortar de manera legal" por la complejidad de los nuevos procedimientos, alegó Gay Ramos.

La doctora Martínez Ten coincidió en destacar el sufrimiento que deberán soportar las mujeres debido a la larga lista de trámites que deberán seguir aquellas que quieran interrumpir sus embarazos, que " harán imposible en la práctica abortar debido a malformaciones en el feto". La ginecóloga recordó que los abortos por este motivo suponen un porcertaje muy pequeño en España (3%), y se mostró sorprendida de que se haya convertido en el foco del debate.

Los médicos presentes, eminencias en sus respectivos sectores, enviarán su manifiesto a la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y el de Justicia. En esta ocasión, no han sido consultados ni antes ni después de la redacción de la reforma, como ya denunciaron asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Martínez Salmeán, por ejemplo, formó parte del equipo de expertos que trabajaron en las dos leyes anteriores: la actual y la de 1985. "Vamos a luchar con todos nuestros medios para que esta ley no salga adelante. Y si es así, habrá casos de insumisión", aseguró Martínez Salmeán.

Los derechos de las mujeres y la inseguridad de pacientes y médicos fueron las objeciones más nombradas al Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada del Gobierno, que se encuentra en trámite de consultas.

"Nos otorgan un papel que no queremos ejercer", aseguraba Eudoxia Gay Pamos. La presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría ha criticado la excesiva responsabilidad que el texto adjudica a los psiquiatras: "Nos obligan a decidir por las mujeres, algo que no nos corresponde y que además no podemos hacer. Tenemos que certificar un daño grave y permanente en la salud mental de las mujeres debido a sus embarazos cuando no hay ningún instrumento que permita llegar a esa conclusión", denunció. " No podemos predecirlo, tendríamos que mentir".

Ese daño "grave y permanente" supone la consideración de las mujeres como enfermas mentales. "Va a haber de golpe miles de enfermas mentales más en España", ironizaba Gay Pamos. "Es algo muy serio. El estigma de una enfermedad mental puede perjudicar a las mujeres en el futuro, en las demandas de tutela de sus hijos o ante una oferta de trabajo", prosiguió.

"El ministro Gallardón ha considerado con esta ley a las mujeres como unas inmaduras. El derecho a decidir de las mujeres está muy reconocido en toda Europa desde hace décadas. Era un derecho conquistado y no podemos compartir este retroceso", apuntaba Martínez Salmeán.

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Del impuesto ilegal que pagamos durante 10 años

La UE desmiente a Montoro sobre el ´céntimo sanitario´

Recuerda al ministro que "nunca autorizó este gravamen" y que "lanzó un procedimiento de infracción en 2002"

28.02.2014, EP/Bruselas.

La Comisión Europea ha respondido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que nunca autorizó el 'céntimo sanitario' -que ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE- sino que por el contrario se opuso desde el principio a este gravamen con argumentos similares a los que esgrime el fallo.

Montoro afirmó este jueves que la sentencia del Tribunal "está desautorizando" a la Comisión Europea y responsabilizó a Bruselas de haber dado luz verde al Gobierno y a las comunidades autónomas para implantar esta medida.

"La Comisión Europea nunca autorizó este gravamen especial sobre los carburantes contra el que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia", ha dicho la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor, en rueda de prensa.

"Al contrario, la Comisión expresó reservas sobre la compatibilidad de este impuesto (con la legislación de la UE) desde el principio y lanzó un procedimiento de infracción en 2002. Y los argumentos del Tribunal sobre este gravamen están completamente en línea con el punto de vista expresado por la Comisión en el procedimiento de infracción", ha resaltado la portavoz.

"Ahora corresponde a los tribunales españoles dar seguimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia y decidir cómo continuar con este caso", ha señalado Traynor.

Pymes y autónomos asturianos cifran en 250 millones la devolución por el 'céntimo sanitario'

Estiman que un camionero con un consumo anual de 65.000 litros pagó de más por este impuesto 3.000 euros durante cada uno de los ejercicios en los que el impuesto estuvo en vigor

01.03.14 - DIANA DE MIGUEL | GIJÓN, en El Comercio.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acaba de declarar ilegal el 'céntimo sanitario' abre la puerta al reintegro del impuesto, aunque, según los juristas consultados, para iniciar la batalla contra el Ministerio de Hacienda será indispensable contar con las facturas de las gasolineras. Las asociaciones asturianas de pymes y autonómos han sido de las primeras en sacar la calculadora para realizar un primer cálculo sobre a cuánto puede ascender la devolución global que debería realizarse en la región a los profesionales agrupados dentro del sector de pymes y autónomos. De acuerdo con la estimación realizada por el vicepresidente de las Asociaciones Federadas de Autónomos de Asturias (Afas) y presidente de la Unión Independiente de Transportistas Asturianos (UITA), José Fernández, las devoluciones podrían alcanzar los 250 millones de euros, por los diez años en los que el impuesto estuvo en vigor. Una cantidad que, no obstante, parece difícil que se pueda alcanzar, ya que según los técnicos del Ministerio de Hacienda, fiscalmente solo son válidos los cuatro últimos años de tributación. El resto habría prescrito.

Al margen del debate sobre a cuántos ejercicios fiscales afectará finalmente la devolución, Fernández argumenta que llega a esa cifra considerando una flota de 11.000 camiones de gran tonelaje que realizan tanto servicios públicos como privados y de 2.000 ligeros (furgonetas de reparto, entre otros). Los primeros, con un consumo anual estimado de 65.000 litros de gasóleo, y, los segundos, de 15.000 litros, por los que pagaron de más, fruto de este impuesto, unos 4,8 céntimos por litro durante cada uno de los ejercicios en los que dicho tributo se habría cobrado de manera indebida. Así, una empresa con una flota de tres camiones de gran tonelaje podría reclamar, según el responsable de UITA, alrededor de 9.000 euros por año. Es decir, 3.000 por camionero. La cifra de devolución estimada por el colectivo también tiene en cuenta el reembolso que, a su juicio, tendría que realizarse a autónomos por servicios particulares como los del taxi que, no obstante, resultan mucho más difíciles de precisar y, también, de reclamar. Sin un recibo plenamente legal no habrá nada que hacer, por lo que para un particular será muy complicado optar a la devolución del impuesto cobrado ilegalmente.

Por contra, los profesionales del transporte por carretera sí suelen guardar religiosamente cada factura de repostaje, lo que les podría facilitar la batalla. Recuerda Fernández que ya en 2008 desde UITA se canalizaron las reclamaciones a la Agencia Tributaria por el cobro de este impuesto durante cuatro años que fueron rechazadas.

En esta ocasión, el presidente de la asociación asegura las reclamaciones deberán hacerse, al menos en un primer momento, de manera individual, presentando una reclamación en la delegación de Hacienda para abrir un procedimiento de reintegro de cobros indebidos aportando las facturas oficiales correspondientes. En teoría, se estudiará caso a caso y la Agencia Tributaria verificará los datos.

 

El Principado irá a los tribunales si le obligan a abonar las compensaciones

Fernández alega que Asturias tiene «la razón jurídica» y que debe ser el Gobierno central, «sin ninguna duda», el que asuma la responsabilidad

01.03.14 - A. SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El Principado acudirá a los tribunales si el Gobierno central descarga en las autonomías la responsabilidad de devolver el dinero ingresado ilegalmente a través del 'céntimo sanitario', anulado el jueves por el Tribunal de Justicia de la UE. Al Ejecutivo regional le asiste la «razón jurídica», apuntó el presidente, Javier Fernández, en una breve comparecencia en los pasillos de la Junta General en la que instó al gabinete de Mariano Rajoy a asumir las hipotéticas compensaciones derivadas del fallo.

Son 13.000 millones los que están en juego, la recaudación obtenida por este tributo en España hasta 2012, 363 de ellos en Asturias. La parte de ese dinero que haya que reintegrar a quienes en su momento lo abonaron debe salir de las arcas estatales y no de fondos de las comunidades, remarcó ayer Fernández poniendo voz al mensaje que el mismo jueves ya había avanzado la Consejería de Hacienda. «Es un impuesto cuya titularidad corresponde al Estado», reflexionó el presidente. «Si es así, dígame usted de quién es la responsabilidad» de asumir esas devoluciones, agregó, limitando el papel de las autonomías a meras perceptoras de los recursos que llegaban por la vía de ese gravamen.

«Sin ninguna duda», remarcó Fernández, es el Gobierno central el que debe «hacer frente» a las consecuencias de la sentencia. De no ser así, apostilló, «con toda seguridad presentaríamos un recurso».

La cadena de reacciones a la sentencia continuó ayer. Foro recordó que en sus programas electorales ya contemplaba la eliminación del 'céntimo', de efectos «perversos» para la actividad de los transportistas. IU, por su parte, pide que la nueva financiación autonómica resarza a las comunidades «ya que este impuesto fue utilizado en sustitución de una verdadera financión».

 

El Gobierno central afirma que "cumplirá y ejecutará" la sentencia

01.03.2014, Oviedo, Agencias, en La Nueva España.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo "cumplirá y ejecutará" la sentencia que anula el "céntimo sanitario" en los "términos que los tribunales señalen". Los gobiernos autonómicos, mientras tanto, comparten mayoritariamente la visión del asturiano y entienden que es la administración central la que debe hacerse cargo de las devoluciones, pero hay excepciones. La presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, admitió que, en virtud del Convenio Económico, su comunidad deberá asumir la devolución, y el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, avanzó que si es el Estado el que devuelve el dinero, él pedirá una compensación económica para su región, que no aplicó el impuesto.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que la devolución no será inmediata y de que sólo se podrá recibir lo cobrado en los últimos cuatro años, ya que el resto de ejercicios están prescritos, y colectivos de pequeñas y medianas empresas y de autónomos estudian la presentación de una reclamación colectiva.

¿Qué es el céntimo sanitario y cómo le afecta a usted que se declare ilegal?

El varapalo a España por parte del Tribunal de Justicia de la UE genera dudas entre los contribuyentes sobre si Hacienda les devolverá el dinero cobrado indebidamente y cómo reclamarlo

Republica/EP, Madrid

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' aplicado en algunas comunidades autónomas vulnera la legislación comunitaria.

¿Qué es el ‘céntimo sanitario’?

Es un impuesto sobre los carburantes que aplicaron algunas comunidades autónomas desde 2002 hasta diciembre de 2012 para financiar la sanidad o con fines medioambientales, aunque el TJUE considera que su finalidad ha sido más bien recaudatoria.

¿Qué comunidades autónomas lo aplicaron?

Estuvo implantado en 13 comunidades autónomas. Se aplicó en Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña, Baleares, Navarra, Madrid, Asturias y Galicia.

¿Actualmente se aplica en alguna CCAA? ¿Por qué se suprimió?

Actualmente, no. Desde el 1 de enero de 2013 y con el objetivo de corregir las deficiencias investigadas ya entonces por el TUE, fue corregido y quedó integrado en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). De esta forma, su vigencia, al menos desde enero de 2013, cumpliría con la legislación comunitaria y no estaría sometida a cuestionamiento.

¿Aplicaron el mismo gravamen todas las CCAA?

No. Osciló a lo largo del tiempo y dependiendo de la comunidad autónoma, entre 1,2 y 4,8 céntimos de euros por litro de carburante. A finales de 2013, cuando ya estaba integrado en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), su valor era el que se refleja en el gráfico que encabeza esta noticia.

¿Por qué el Tribunal de Justicia de la UE considera que es ilegal?

Porque no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica.

Según los jueces, para que se cumpla esto, lo obtenido con el impuesto debería haberse utilizado para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos.

¿Por qué ha investigado este impuesto la UE?

Porque una empresa de transporte establecida en Cataluña, Transportes Jordi Besora, acudió a los tribunales para que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que pidió a la justicia europea que se pronunciara.

¿Cómo afecta el fallo a España?

España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011, aunque el Ministerio de Hacienda ha señalado que la cifra será “sensiblemente inferior”. Los transportistas calculan que en todo caso el importe asciende a 2.300 millones de euros.

¿Se va devolver el dinero a los que echaron gasolina esos años?

Fuentes de Hacienda han explicado a Europa Press que no todo se podrá devolver a los contribuyentes, ya que, por un lado, una parte ya está prescrita y, por otro lado, la devolución se hará a quienes lo reclamen y después de las pertinentes comprobaciones de la Agencia Tributaria, inspecciones que llevará su tiempo realizar.

 

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