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Cómo llegó a decir B. Russell “Vd. Diga a que conclusión quiere llegar que siempre encontraremos premisas para ello, aunque sean falsas ”

LA REFORMA QUE VIENE: ¡¡PENSIONES!!

8 de los 12 expertos en pensiones han estado a sueldo de la banca y las aseguradoras

Oposición y sindicatos recelan del comité de expertos designado por Fátima Báñez, ministra de Empleo, que deberá elaborar un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones: sospechan que en realidad Rajoy prepara otro tajo al sistema usando como coartada el dictamen de los ’sabios’

 

JORGE OTERO, Madrid, en Público.

 

Urgido por la troika, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto como uno de sus objetivos perentorios para 2013 una nueva reforma de las pensiones que vendría a completar la que impulsaron los socialistas en 2011. Después de restringir hace unas semanas la jubilación parcial y anticipada, el Ejecutivo del PP, a través de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha abierto otro frente polémico: sacar adelante el llamado factor de sostenibilidad.

 

La composición de este comité ha levantado muchas suspicacias entre oposición y sindicatos. Está muy extendida la sospecha de que en realidad Rajoy y su equipo buscan dar otro tajo a las pensiones. Según esa misma versión, para dar coartada a ese nuevo recorte, el Gobierno ha recurrido a la patronal bancaria y aseguradora incluyendo a algún sabio vinculado con los sindicatos para disimular. De hecho, según informaba el diario infolibre el pasado 18 de mayo, sólo tres de esos doce expertos seleccionados por el Gobierno son partidarios de un sistema público de pensiones.

 

El factor de sostenibilidad no es más —pero tampoco menos— que una fórmula matemática por la que el Gobierno del PP quiere que en el futuro se revise la cuantía de las pensiones. Según el farragoso argumentario del PP, el factor de estabilidad "tiene el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones, para garantizar todas las pensiones". Gracias a esta fórmula se determinarán en un futuro la edad de jubilación o el cálculo de la prestación final introduciendo en dicha fórmula factores como la esperanza de vida, el número de cotizantes del sistema o la coyuntura económica. Su importancia, por tanto, es elevada porque determinará el ajuste de las pensiones del futuro.

 

Aunque según la reforma aprobada en 2011 por los socialistas, que elevó la edad de jubilación a 67 años, el factor de estabilidad debía ser introducido en 2027 y empezar a actuar cinco años después, en 2032, el pasado 12 de abril el Consejo de ministros dio luz verde a la creación de un comité de doce expertos para que emita un informe sobre cómo debe ser ese factor de estabilidad. Dicho informe deberá estar listo el 31 de mayo —el comité apenas se reunirá cuatro veces antes de emitir su dictamen—para que luego el Gobierno lo someta a debate en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. El documento será la base para negociar con el resto de grupos políticos.

 

Casi nadie entiende tanta prisa. Detrás de las urgencias del Gobierno se vislumbra la sombra de Alemania, país que aplica el factor de sostenibilidad desde 2005 y que nunca ha ocultado que hay que reformar el actual sistema de pensiones en Europa. Uno de los expertos nombrados por el Gobierno, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, vinculado a UGT y propuesto por el PSOE, se quejaba el mes pasado de que el proceso "está muy condicionado porque el Gobierno lo reduce todo a un problema financiero". "Es la única razón que puedo adivinar detrás de las prisas que tiene el Gobierno para adelantar la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad", afirma este catedrático para quien es un error tomar ahora una decisión sobre el sistema de pensiones "condicionada por la coyuntura, las políticas de austeridad y la rebaja del déficit".

 

Sabedor de que en esta materia el consenso es casi imprescindible si no quiere capitalizar él solo todo el desgaste político, el Gobierno vendió la creación de este comité de expertos como una garantía de independencia y pluralidad. Reclutó a los doce expertos en diferentes ámbitos y sectores y, sobre el papel, forman un equipo multidisciplinar y heterogéneo.

 

Pero abundan los que provienen del mundo de la banca, de la empresa y de los seguros. Hasta ocho de ellos trabajan a sueldo o colaboran con la banca y las compañías de seguros, las primeras interesadas en impulsar planes de pensiones privados. Eso alimenta los recelos de la oposición, aunque también los hay que vienen de la universidad o de los sindicatos. Dos incluso han sido propuestos por el PSOE. Muchos son catedráticos, de Derecho, de Economía y Hacienda Pública; hay también economistas actuariales —expertos en evaluación de riesgos—, algún especialista en mercados financieros, un sociólogo y hasta un periodista.

 

Hay otro fundamento para la sospecha: el presidente del comité es el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, un sociólogo de corte liberal que ha colaborado en varias ocasiones con FAES, la fundación que alimenta el discurso ideológico del PP.  

 

Otros informes

Los recelos de la oposición se dispararon aún más cuando el ministerio de Empleo presentó a finales de abril un informe preliminar sobre el factor de sostenibilidad antes incluso de esperar al dictamen de los sabios. En ese documento se  enumeran las principales "tendencias" que se han adoptado en el resto de Europa para reformar las pensiones. Todas apuntan hacia pensiones de menor cuantía en el futuro.

 

Mientras se espera el dictamen de los expertos, en las últimas semanas otros informes sobre el factor de sostenibilidad patrocinados por entidades privadas han florecido como setas después de la lluvia. Uno de ellos es el de UNESPA, la patronal del seguro. En su elaboración participaron dos miembros del comité designado por el Gobierno: el propio Víctor Pérez-Díaz y Rafael Doménech, jefe de estudios del BBVA.

 

El informe de UNESPA sostiene la tesis de que en el futuro habrá más jubilados entre los que repartir los recursos de la Seguridad Social por el aumento de la esperanza de vida, por lo que será necesario reformar ahora el sistema para hacerlo más sostenible, a partir de una fórmula de cuentas personales que vinculen cotizaciones aportadas y esperanza de vida de cada jubilado, a complementar con otros productos de ahorro privados.

 

Otro informe, impulsado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), institución que ejerce en la sombra como servicio de estudios del ministerio de Economía, emitió hace pocos días un informe en el que abogaba por rebajar entre el 22% y el 45% de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

 

Ante este escenario, los partidos de izquierda y sindicatos temen que el informe que elabore el comité será favorable a las tesis del Gobierno de dar otro hachazo a las pensiones. Nada más conocer la composición del comité, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo: "El Gobierno está orientando en un sentido claramente negativo al comité". Méndez advirtió al Gobierno de que si seguía con esta reforma se encontrarían con una confrontación "muy seria" de los sindicatos.

 

No menos duros fueron los mensajes lanzados por la oposición, especialmente por el grupo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Su portavoz en la comisión de Empleo del Congreso, Joan Coscubiela, fue tajante el mes pasado al valorar a los expertos elegidos: "El grupo tiene sexo e ideología. Sin menospreciar su capacidad intelectual actúan de parte ya que en su inmensa mayoría provienen del sector bancario y asegurador, a pesar de que los mejores expertos en Seguridad Social los tiene el ministerio".

 

Coscubiela fue muy gráfico al resumir la situación: "La ministra Báñez ha encargado a los expertos de la Pepsi que le planteen la reconversión de la Coca-Cola. Tememos que el sector asegurador sea el que haga la revisión del sistema público de pensiones, e intentaremos evitarlo".

 

Las críticas no llegan sólo desde la oposición. Dentro del comité hay alguna voz discrepante. Santos Ruesga verbalizaba el pasado mes de abril en infolibre todos los temores de la izquierda: "El Gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato".

 

En cualquier caso, será el informe que elaboren estos doce expertos el que sirva de base para empezar unas negociaciones sobre la próxima reforma de las pensiones. Las conversaciones entre Gobierno y oposición se prevén duras, tensas y no estarán exentas de polémica y acusaciones mutuas. Todos saben que el de las pensiones es un asunto muy sensible para la ciudadanía, a la que será muy difícil convencer de que acepte sin rechistar un nuevo recorte en unos de los pilares del bienestar por muchos informes de expertos que lo avalen.

 

Once hombres y una mujer ¿sin piedad?

 

Víctor Pérez-Díaz. Presidente del comité de expertos impulsado por el Gobierno. Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es conocido en los círculos de la derecha como el sociólogo liberal. Además de su actividad docente, ha formado parte de los consejos asesores de empresas como  del despacho de abogados Uría Menéndez, Repsol, Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal del seguro. Ha colaborado con FAES.

 

Rafael Doménech. Es el actual Jefe de Estudios del BBVA, y pertenece, como Pérez-Díaz, al Grupo de Reflexión de la patronal Unespa, que aboga por ampliar la edad de jubilación.  Además, es miembro del Foro de Expertos del Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados. Fue  subdirector de la Oficina Económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Manuel Lagares Calvo. Un clásico. Fue subsecretario de Estado de Economía en el primer Gobierno democrático de Adolfo Suárez, cuando Enrique Fuentes Quintana era vicepresidente económico. Asesoró a los entonces presidentes Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. También fue consejero independiente de la aseguradora Mapfre y director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Miembro del consejo editorial de El Mundo. Es catedrático de Hacienda Pública en excedencia en la Universidad de Alcalá de Henares.

 

Mercedes Ayuso. Catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona, es miembro del Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros (Riskcenter, IREA-UB). Su especialidad es la economía actuarial y se ha centrado en la modelización estadística y en la econometría de funciones biométricas, como por ejemplo la esperanza de vida. Ha publicado Una propuesta de reforma del sistema de pensiones español. Es la única mujer del comité.

 

Francisco Castellano Real. Catedrático de Hacienda Pública en la Uned, es jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA).

 

José Ignacio Conde-Ruiz. Es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), vinculada a los grandes bancos y empresas españolas (Santander y La Caixa, Iberdrola, Repsol o la Fundación Ramón Areces). Compatibiliza su labor en Fedea con la de profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid. Es coautor libro La economía política de las pensiones en España, editado por la Fundación BBVA. 

 

José María Marín Vigueras. Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid y un auténtico especialista en mercados financieros.

 

José Enrique Devesa Carpio. Profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, ha colaborado habitualmente con la Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa…–.

 

Miguel Ángel Vázquez Burgos. Periodista. Ha desarrollado casi toda su carrera en Unespa, la patronal del seguro, donde Actualmente es director de Análisis y Estudios. Antes fue responsable de comunicación.

 

Miguel Ángel García Díaz. Director del gabinete de estudios de CCOO, es de los pocos que defiende un sistema público al 100% de las pensiones. Es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

 

José Luis Tortuero. Catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista.

 

Santos M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en relaciones laborales. Forma parte del comité a propuesta del PSOE. Representó a UGT en el consejo de administración de RTVE. Autor del informe Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social en España. 

 

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Plan de acción 2013-2020 para la Salud Mental

La OMS presenta esta semana su nuevo plan contra la enfermedad mental

20.05.2013, Ginebra, Marta HURTADO, en La Nueva España.

Los desórdenes mentales y neurológicos afectan en el mundo a unos 700 millones de personas, la mayoría de las cuales no cuenta con la atención psicosanitaria adecuada, revela la Organización Mundial de la Salud (OMS), que quiere subsanar esa situación. La OMS ha redactado el borrador de un Plan de Acción para la Salud Mental 2013-2020 para que sea aprobado por todos los estados miembros durante la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que tendrá lugar esta semana en Ginebra.

Una de las últimas constataciones realizadas por la entidad es que las enfermedades mentales y neurológicas representan el 13% del total de las dolencias mundiales, y son una tercera parte de los casos de enfermedades no transmisibles en el mundo.

Se estima que unos 350 millones de personas en el mundo padecen depresión, 90 millones conviven con un desorden de abuso de sustancias, 50 millones padecen epilepsia y 35,6 millones sufren alzhéimer y otras demencias.

 

La OMS quiere prestar más atención a las enfermedades mentales

EFE, Ginebra.

Los desórdenes mentales y neurológicos afectan en el mundo a unos 700 millones de personas, la mayoría de las cuales no cuentan con la atención psicosaniataria adecuada, revela la Organización Mundial de la Salud (OMS), que quiere subsanar esa situación.

La OMS ha redactado el borrador de un Plan de Acción para la Salud Mental 2013-2020 para que sea aprobado por todos los estados miembros durante la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que tendrá lugar esta semana en Ginebra.

La AMS, máximo órgano decisorio de la organización, es la que anualmente marca las líneas directrices del trabajo a corto, medio y largo plazo.

Una de las últimas constataciones realizadas por la entidad es que las enfermedades mentales y neurológicas representan el 13 % del total de las dolencias mundiales; y son una tercera parte de los casos de enfermedades no transmisibles en el mundo.

Se estima que unos 350 millones de personas en el mundo padecen depresión; 90 millones conviven con un desorden de abuso de substancias; 50 millones padecen epilepsia; y 35,6 millones sufren Alzheimer y otras demencias.

La Unión Europea calcula que las enfermedades mentales provocan una pérdida de entre el 3 y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto a causa de la falta de productividad; y el Foro Económico Mundial calcula que el coste mundial de estas dolencias se eleva a más de 2,5 billones de dólares.

A pesar de su impacto social y económico, su prevención y tratamiento no ha sido prioritario hasta la fecha, una situación que la OMS pretende revertir al presentar el Plan de Acción 2013-2020, que será aprobado esta semana.

Otro gran tema que será debatido y seguramente aprobado durante esta AMS será un Plan para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, principal causa de mortandad en el mundo, y responsables, por ejemplo, del 69 % de las muertes en Latinoamérica.

La ONU ya "declaró la guerra" a estas dolencias durante la Asamblea General de la ONU de septiembre del 2011, en la que se adoptó una declaración para luchar, entre otras, contra el cáncer, la diabetes, la hipertensión o los males coronarios y pulmonares.

El Plan pretende que todos los países establezcan medidas de prevención, poniendo énfasis en la importancia del conocimiento público y de la detección temprana, a través del refuerzo de los centros de atención primaria.

En el lado opuesto se encuentran las llamadas Enfermedades Olvidadas, la mayoría de ellas transmisibles, que afectan mayoritariamente a los países en desarrollo, como el chagas, el dengue, la tuberculosis o la malaria, que también serán debatidas en la AMS.

El año pasado, el tema generó polémica ante las distintas versiones respecto a la necesidad de crear una Convención que estableciese la obligatoriedad de contribuir con el 0,01 % del Producto Interior Bruto (PIB) de cada país a Investigación y Desarrollo (I+D) de este tipo de enfermedades.

Después de mucha discusión, los países latinoamericanos lograron imponer su criterio de que es esencial un mecanismo que regule y establezca objetivos de I+D para enfermedades olvidadas, pero se pospuso la concreción del debate un año.

No obstante, esa decisión fue revertida en dos reuniones posteriores, y el borrador de resolución que se analizará en esta AMS aplaza el debate hasta 2016.

La ONG Médicos Sin Fronteras considera que esta decisión es una muestra más de la "desconexión" entre la constatación de la escala y la urgencia del problema y el hecho que se posponga la decisión tres años.

"La decisión es decepcionante pero es mejor que nada, y así los países en desarrollo tendrán más tiempo de entender la importancia del tema y de preparar un frente común", explicó a Efe Katy Athersuch, de MSF, recordando que sólo los naciones sudamericanas y China han entendido la gran trascendencia de la Convención de I+D.

Un grupo de expertos reunidos por la OMS reveló en un informe que anualmente se invierten 3.000 millones de dólares en Investigación y Desarrollo (I+D) sobre enfermedades abandonadas, pero que se necesitaría el doble, 6.000 millones.

Las enfermedades olvidadas afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo, la mayoría pobres de las zonas rurales de los países menos desarrollados.

Informa Marta Hurtado

Programa actual de Acción Global en Salud Mental de la OMS

Frente a la reforma para devaluar el sistema, referéndum para blindarlo

La reforma de pensiones que plantean los expertos podría afectar a los actuales jubilados

La mayoría del 'comité de sabios', a favor de un mecanismo de revalorización de las pensiones que entre en vigor a corto plazo

RAFA BERNARDO, 18-05-2013 en Cadena SER.

El comité de doce expertos encargado por el Gobierno para elaborar una propuesta de reforma de las pensiones (la puesta en marcha del llamado "factor de sostenibilidad") ya está a punto de acabar sus trabajos. Y de sus deliberaciones está emergiendo un sistema que podría afectar a las pensiones de los actuales perceptores, haciendo que la revalorización anual de las mismas se haga con un mecanismo distinto al actual. En vez de ajustarse a la subida de los precios, se ajustarían según la marcha de las cuentas de la Seguridad Social, lo que supondría que, en momentos de crisis como el actual, las pensiones perderían poder adquisitivo.

Aunque a los expertos les queda todavía una reunión por delante, al menos, el factor de sostenibilidad que están diseñando ya va tomando forma. Constaría de dos patas, tal y como ya contó la SER: un mecanismo de ajuste de la pensión inicial de acuerdo con la esperanza de vida (esto sólo afectaría a los nuevos pensionistas a partir del año en que se aplicase la reforma), y un mecanismo de revalorización que actualizase las pensiones por debajo de los precios cuando la economía vaya mal, y por encima cuando vaya bien. Es aquí donde buena parte de los expertos propone anticipar la entrada en vigor de la reforma, algunos incluso al próximo año, con lo que sus efectos se dejarían sentir sobre las personas que ya estuviesen cobrando una pensión.

El nuevo mecanismo de revalorización funcionaría así, según fuentes conocedoras de las reuniones: las pensiones dejarían de actualizarse con el IPC, como se hace anualmente hasta ahora, y pasarían a actualizarse de acuerdo con una fórmula que tuviese en cuenta los ingresos del sistema de Seguridad Social y el gasto en pensiones, de forma que cuando la economía fuese mal (y el sistema tuviese menos ingresos y más pensiones que pagar), las pensiones crecerían por debajo de los precios, y viceversa. Se garantizaría, eso sí, que las pensiones no bajaran, y se estudia un mecanismo que favoreciese que las actualizaciones fuesen graduales, para que no hubiese movimientos bruscos en la revalorización de las pensiones de un año para otro.

 

Los sabios proponen una entrada en vigor anticipada

Pero quizá lo más importante es que la mayoría de los expertos creen que este mecanismo debe entrar en vigor pronto, lo que supondría -en el actual contexto de crisis y de déficit del sistema de pensiones- una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, al subir menos que el IPC. En el seno del comité se está debatiendo cuándo debería entrar en vigor; algunos son partidarios incluso de que a partir del año que viene ya se empiece a poner en marcha este mecanismo.

El debate no está cerrado en este punto y se está barajando si, de hacerse una entrada en vigor temprana, se aplicarían mecanismos atenuadores para que los actuales pensionistas no se vieran afectados inmediatamente, o al menos no con todo el rigor, por la nueva fórmula.

 

Pensiones iniciales más bajas

Al margen de este ajuste en la revalorización de la pensión, el sistema que están preparando los expertos tiene también otra pata que, en este caso, afectaría sólo a los nuevos pensionistas (a partir del año en que entrase en vigor la reforma). Se trata de que la cuantía inicial de esas nuevas pensiones se ajuste en función de los aumentos de la esperanza de vida de los españoles, de forma que a mayor esperanza de vida, menor pensión inicial.

La lógica es la siguiente: la esperanza de vida aumenta cada vez más, así que los pensionistas futuros cobrarán pensión durante más tiempo. Para evitar que esto cree desequilibrios al sistema, las pensiones iniciales de los nuevos pensionistas deberían ser más bajas: en la práctica supone cobrar algo menos de pensión, pero durante más tiempo. El mecanismo matemático concreto por el que se estimaría la bajada es un coeficiente multiplicador cuyos parámetros están todavía por cerrarse.

 

No habrá unanimidad

Estas mismas fuentes dicen que, dado el rumbo que está tomando el informe, con toda probabilidad no se aprobará por unanimidad. Hay miembros que están en desacuerdo con la filosofía de la reforma, y también con el adelantamiento de la entrada en vigor. Según la reforma de las pensiones de 2011, que introdujo la posibilidad de que se elaborase un factor de sostenibilidad, éste no debería entrar en vigor antes de 2027.

En todo caso, conviene subrayar que el informe está sin terminar y pueden introducirse en él cambios. Cuando los expertos lo terminen (a finales de este mes, según las instrucciones que les dio el Gobierno) el Ejecutivo lo discutirá con los grupos parlamentarios y con sindicatos y empresarios antes de presentar su propia propuesta, hacia finales de julio. Es decir, el documento que prepare el 'comité de sabios' no será la reforma de las pensiones que finalmente se aplicará, pero el Gobierno ha dado mucha importancia a sus trabajos y sin duda será punto de partida y texto de referencia para la reforma.

El mundo cultural y social pide un referéndum en defensa de las pensiones

También colaboran en esta Mesa Estatal Ciudadanos de Centro Democrático, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Escaños en Blanco, Hermandad Obrera de Acción Católica, y el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Diversas organizaciones sociales y personalidades del mundo cultural y social, entre ellas actores como Concha Velasco, Héctor Alterio, Santiago Ramos y Amparo Baró, y escritores como Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, han expresado su apoyo a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP).

En la lista de apoyos que ha recibido esta plataforma en defensa de las pensiones también se encuentran los pintores Antonio López y Luis Gordillo; los directores de cine Benito Zambrano, Daniel Calparsoro, Jaime de Armiñán y Miguel Hermoso; los escritores Cristina Peri, Juan Madrid y Luis Antonio de Villena; los actores Juan Diego Botto y Manuel Galiana; el periodista Raúl del Pozo; el cantautor Luis Eduardo Aute, y el exsecretario general de UGT, Nicolás Redondo, entre otros.

Por su lado, entre las organizaciones que apoyan esta iniciativa se encuentran Alternativa Sindical de Trabajadores, Asociación de Afectados Fórum Filatélico, Asociación Española de Profesionales de Emergencias, Ateneo Cultural Madrid XXI, Juventud Obrera Cristiana, Los Verdes-Grupo Verde, el partido de los Pensionistas en Acción, el Partido Pirata, la Plataforma Yo No Pago, la Unificación Comunista de España, y Unión Sindical Obrera.

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Un mandato de quince minutos

Concepción Alonso, trabajadora del pozo Carrio, fue aplaudida por el plenario en su nombramiento y también tras la dimisión

Concepción Alonso, ayer, abandonando la Casa del Pueblo tras su dimisión.

 Lne. 19.05.2013 | 03:00Mieres del Camino, David MONTAÑÉS

El de Concepción Alonso era uno de los nombres que más han sonado los últimos días como posible sucesora de José Ángel Fernández Villa, sobre todo a raíz de que el sierense Julio Carretero se apartara de la carrera. Dentro del núcleo duro de la ejecutiva saliente tenía bastante crédito. Natural de Laviana y con apenas 36 años de edad, esta dirigente sindical trabaja como ayudante minera en el pozo Carrio y desde 2010 ocupa una de las secretarías regionales del SOMA. A favor de su candidatura pesaba el hecho de que esté laboralmente en activo. Actualmente se encuentra embarazada, situación personal que algunos sostienen que acentuaba sus recelos a la hora de dar el paso adelante. No resultó fácil convencerla y no dudo a la hora de renunciar cuando confirmó la división interna. Su mandato apenas duró 15 minutos.

Concepción Alonso, licenciada en Derecho, fue una de las cuatro mujeres que integraron hace ya casi un año la marcha del carbón que llegó hasta Madrid. A raíz de esta protesta, representó al sindicato en programas de televisión en cadenas nacionales. Su secretario de Organización iba a ser Felipe Orviz, que el pasado año aspiró, sin éxito, a liderar la agrupación socialista de Laviana. Como secretario de Acción Sindical hubiera seguido José Daniel González González.

Al SOMA le costó mucho ayer tomar una decisión. Los delegados estaban inicialmente convocados a las diez de la mañana. A las once ya estaba claro que el programa no se cumpliría. Se retrasó entonces la reunión decisiva hasta las doce y media, pero tampoco fue posible el consenso antes de ese plazo. A las dos y media de la tarde los pasillos de la Casa del Pueblo eran un sube y baja. Los integrantes de la junta saliente entraban y salían de los despachos con languidez. El cansancio tras una larga noche de negociaciones era evidente. Algunos incluso dormían en los sofás. El nombre de Concepción Alonso estaba en casi todos los corrillos, pero nadie daba nada por seguro. A las tres se paró para comer, un «pincheo» en las propias instalaciones. Cuando finalmente los delegados fueron reunidos eran ya casi las cinco de la tarde. Hasta casi las ocho no hubo votación.

Cuando los delegados fueron llamados al plenario para dar el visto bueno a la candidatura de Concepción Alonso pocos esperaban sorpresas. Tras conocerse el resultado de la votación y la inmediata dimisión de la nueva ejecutiva, la caras de los presentes denotaban tensión: «Estamos en una organización democrática y el porcentaje con el que contábamos tras hablar con los portavoces de las distintas delegaciones no se ha visto reflejado en las urna y, por lo tanto, he presentado mi dimisión irrevocable», », señaló Concepción Alonso visiblemente afectada.

Los delegados que ayer integraron el congreso aplaudieron unánimemente a Concepción Alonso tanto en el momento en el que fue designada secretaria general de la organización como cuando anunció su dimisión. Entre ambas ocasiones apenas pasó un cuarto de hora.

El largo y fallido congreso del SOMA concluyó con la designación de la junta gestora. Junto a Jesús García Zamora estará Ramón Ruiz, también miembro de la ejecutiva federal de FITAG-UGT, Celso Ordiales y Gregorio Calderón, componentes de la mesa del congreso, y José Ramón Fernández y Rafael Carrión, en representación de la ejecutiva saliente......Fotos de la noticia

El «cónclave»

La apertura

El SOMA-FITAG-UGT abrió su congreso extraordinario el pasado viernes, a las cinco de la tarde. Tras los parlamentos, el plenario se reunió por primera vez a las siete y media de la tarde. Se abrió el plazo de candidaturas y se estableció que las propuestas debían presentarse antes de las diez de la mañana del sábado.

Los aplazamientos

Tras una larga noche de negociaciones, el sábado amaneció sin candidatura. El aparato del partido negociaba, pero hubo que posponer la reunión del plenario hasta las doce y media. Según fue pasando el día el «cónclave» se fue prolongando, hasta que los delegados fueron llamados a las siete y media de la tarde.

La votación

Concepción Alonso presentó su candidatura y se organizó la votación. Había en la Casa del Pueblo un total de 77 delegados. Sólo 23 votaron a favor, el resto votaron en blanco. Minutos después la nueva ejecutiva presentaba en bloque la dimisión.

La gestora

Finalmente, ya al final del día, el plenario se volvió a reunir tras aprobar la composición de la junta gestora, que deberá convocar un nuevo congreso en el plazo de tres meses.

Fernández Villa no acudió ayer al congreso, en el que se le iba a dar la insignia de UGT

José Ángel Fernández Villa no apareció ayer por la Casa del Pueblo de Mieres, El secretario general de UGT-Asturias, Justo Rodríguez Braga, que sí se dejó ver ayer, le había dicho el viernes que en la clausura del congreso pensaba imponerle la insignia de plata del sindicato. Deberá esperar un mejor momento, ya que el veterano dirigente estuvo ausente, al menos, físicamente.

El desarrollo del congreso fue fatigoso. Quedó claro que la dirección del sindicato llegó sin un plan concreto. El viernes la ejecutiva saliente requirió a los delegados para presentar candidaturas, nadie lo hizo. Desde el patio de butacas se reclamó entonces a la dirección que fueran ellos los que hicieran una propuesta. Se dijo que no había tal cosa. A partir de ese momento todo avance resultó laborioso. Todos los presentes tenían ayer aún fresca en la memoria la encendida intervención que hizo José Ángel Fernández Villa, reprochando con dureza al sierense Julio Carretero su renuncia pública a liderar la organización. Muchos delegados aseguraron ayer que la bronca fue «humillante». El veterano dirigente repasó sin tapujos todo lo que, según él, había hecho en los últimos años por ayudar sindical y personalmente a Carretero. Quedó claro que hace un mes sí había un plan.

El secretario general de UGT Siero-Piloña era inicialmente el elegido, pero todo se truncó. Unos dicen que Carretero se sintió presionado, al entender que le estaban imponiendo el equipo de trabajo. En el aparato del sindicato se da por hecho que incluso se le dijo que Villa sería presidente de honor. Los más afines a la cúpula acusan a Carretero de haber emprendido en solitario una huida hacia adelante, «tal vez pensando que está llamado a desempeñar puestos de mayor responsabilidad en UGT».

Una gestora dirigirá el SOMA

El SOMA decide que una gestora pivote el proceso de sucesión de Fernández Villa

¿Amistades peligrosas o algo más?...

Una líder de CCOO en Galicia también estaba en el yate con Feijóo y Dorado

Era responsable de Sanidad en la federación gallega del sindicato y pasó, tiempo después, a liderar la sección sanitaria de la organización a nivel estatal. En esa época, Alberto Núñez Feijóo presidía el Insalud. 

ANNA FLOTATS / PAULA DÍAZ, en Público

No todo eran vacaciones en el barco de Marcial Dorado. En la embarcación del narcotraficante gallego también se hablaba de trabajo. En dos de las fotos publicadas recientemente por el diario El País, junto al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aparece una mujer —con un bikini amarillo en una y vistiendo abrigo blanco en otra— que por aquel entonces era la responsable de Sanidad de CCOO en Galicia. María Xosé Alende Maceira tenía una relación sentimental con el entonces número dos de la Consellería de Sanidade de Galicia. Así lo confirman fuentes del sindicato, que aseguran: "Lo que se hablaba en Comisiones por la mañana, Feijóo lo sabía por la noche".

Un ejemplo de ello se manifestó a mediados de los noventa, durante las movilizaciones sindicales de los trabajadores del Sergas (Servicio Galego de Saúde) para reclamar que se les equiparara el sueldo con los funcionarios de la Xunta cuando las competencias sanitarias fueron transferidas a las comunidades autónomas. "Durante la manifestación central de la protesta corrió el rumor de que CCOO y CESM [el sindicato médico] habían firmado el día anterior un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que estábamos barajando", cuentan fuentes de la Confederación Intersindical Galega (CIG). El rumor se confirmó al día siguiente y se desconvocaron las protestas. 

Ese mismo paralelismo entre Comisiones y la Administración, aseguran fuentes cercanas al caso, se reprodujo años después en Madrid, cuando él ya era presidente del Insalud y ella, secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO. Este último, un ascenso promovido por José María Fidalgo, secretario general del sindicato entre 2000 y 2008, muy a pesar de los compañeros gallegos de Alende, según las mismas fuentes.

Las fechas de promoción de ambos miembros de la pareja coinciden con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la ranura por la que se ha colado la privatización sanitaria que ha puesto en pie de guerra a la marea blanca. La normativa fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Durante su tramitación, CCOO fue la única organización sindical que aplaudió las iniciativas del entonces ministro José Manuel Romay Beccaría, mientras IU y BNG advertían del peligro que entrañaban las "nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud". El PSOE también se relajó, indican las citadas fuentes a Público, cuando garantizaron, simplemente, que la titularidad de los centros de salud seguiría siendo pública.  

Tras la votación unánime en el Parlamento, CCOO valoraba "positivamente" el acuerdo alcanzado, según una nota de prensa enviada a los medios el 21 de febrero de 1997. En este documento, María Xosé Alende afirmaba que ese consenso iba a "mejorar" y "consolidar" el Sistema Sanitario Público. Alende dejó el cargo en 2009 y ahora trabaja en la consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Público ha conseguido contactar con ella, si bien una vez planteado el asunto que ocupa este artículo, la comunicación se ha cortado. Después ha sido imposible volver a hablar con Alende porque el teléfono de la sala donde trabaja estaba descolgado, según ha informado la telefonista de la centralita.

Sobre esa valoración de la ley, la dirección actual del sindicato, según ha afirmado a Público mediante un comunicado, recuerda que "ha sido la única organización que ha impugnado jurídicamente todos los pliegos de condiciones que han supuesto privatización parcial o total de la gestión de nuestro Sistema Sanitario".

El sindicato señala además que en el pasado 10º Congreso de la FSS-CCOO, celebrado en Toledo en enero de este año, se aprobó una Resolución única que reza: "Reivindicamos la modificación del punto dos del artículo único de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para garantizar que la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos, además de con medios propios, sólo se podrá hacer mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad. Así como el mantenimiento del carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de los servicios".

La ley que CCOO aplaudió en 1997 abría, sin embargo, la puerta a que se pudiera gestionar la sanidad mediante "acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas".

El sindicato añade que "no entra a valorar las afirmaciones sobre las relaciones personales [entre Feijóo y Alende] porque esta cuestión pertenece a la esfera personal de sus vidas".

Feijóo explicó las fotos que demuestran su amistad con el narco Dorado en el Parlamento gallego el pasado mes de abril e incluso reconoció que empresas de Dorado tuvieron contratos con la Xunta. Justo ayer, el presidente gallego alegó que el Ejecutivo ya no guarda esos contratos.

 

Pequeños flecos, pero no por ello menos importantes, en CC.OO. y/o en Asturias…

LO QUE SON LAS COSAS… LA VERDAD EN LA HISTORIA SIEMPRE ACABA SALIENDO (FINALES DE 2008)

UNA CURIOSIDAD QUE NOS PREGUNTABAMOS EN ENERO DE 2009

¡¡QUE COSAS OPINABA YO HACE CASI 4 AÑOS!!

¿QUE SERA DEL “IEbugs” QUE PRESIDIA O PRESIDE Mª José Alende …y que está patrocinado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO?

«Aún estamos estudiando la situación en la plantilla de Asturiana, pero los niveles no son alarmantes»

«No existe un accidente tan grave como el de AZSA»

El doctor Valentín Rodríguez ofrece una charla sobre el mercurio organizada por la plataforma en defensa de los servicios públicos

Foto: El Dr. Valentín Rodriguez durante su charla de ayer en Avilés.

16.05.13 - FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS, en El Comercio.

 

«No existen precedentes de un accidente tan grave con mercurio en Europa como el ocurrido en Asturiana de Zinc (AZSA). Para encontrar referentes habría que ir a América del Sur, donde los trabajadores se encuentran en unas condiciones muy diferentes». Así se expresó ayer el doctor Valentín Rodríguez, responsable de Epidemiología laboral y ambiental en la Consejería de Sanidad que ayer ofreció una charla en el Palacio de Valdecarzana invitado por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

El público asistente, entre ellos numerosos trabajadores de Ingenierías y Montajes del Cantábrico (IMSA), intoxicados durante las obras en Asturiana de Zinc, llenó la sala de conferencias de Valdecarzana.

Para esa afirmación, Rodríguez se basa en dos elementos. Por una parte, el contaminante presente, el mercurio, «para la Organización Mundial de la Salud uno de los diez tóxicos más importantes para la salud pública y para los que existe una especial vigilancia».

Y, por otra, el número de personas afectadas y su gravedad. «Es necesario diferenciar la gravedad del accidente de la situación personal de cada uno de los afectados, donde los casos son muy distintos y se hace un seguimiento personalizado a los 50 afectados de IMSA», matizó Rodríguez.

De momento, «en general su evolución está siendo buena, aunque me refiero al grupo, no a casos concretos. Se hará un seguimiento desde el Hospital Universitario Central de Asturias durante dos años. Había cierto temor a la existencia de daños graves en órganos como el riñón, pero si no se han producido en el primer momento, es difícil que ocurran ahora», comentó.

Pero volviendo a la situación general de la población, Valentín Rodríguez lanzó un mensaje de tranquilidad en el sentido de que «no debe existir una mayor preocupación que la que teníamos hace seis meses. En las analíticas de mercurio del personal de Asturiana de Zinc aparecen indicios de mercurio porque trabajan en un ambiente donde está presente, igual que en los trabajadores de baterías de cok hay rastros de hidrocarburos; pero no es una situación preocupante».

Riesgos laborales

En ese sentido, Rodríguez aseguró que «no es cierto que en Asturiana de Zinc exista un riesgo incontrolado. Los trabajadores se encuentran expuestos al mercurio y es un tema de prevención de riesgos laborales».

De hecho, presentó datos de un estudio actualmente en marcha para comparar los resultados de la analítica en Asturiana de Zinc con la población de general. En 537 trabajadores de AZSA, la media ha aportado seis microgramos de mercurio por litro de sangre. De momento, en 123 donantes de sangre, la analítica aporta una media de 5 microgramos por litro de sangre. El estudio concluirá cuando se alcancen los 150 análisis en la población general.

«La situación demuestra que la situación no es sustancialmente diferente. No sabemos si esa diferencia se debe a la situaciones ambientales fuera de Asturiana de Zinc o al propio ambiente de la fábrica», comentó. En ese sentido, recordó la necesidad de limitar el consumo de pescados como el pez espada o el atún rojo con tendencia a tener mercurio. «El peligro es el consumo habitual, no el ocasional», comentó Valentín Rodríguez.

 

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No sólo se aferró al cargo diez días injustificablemente, sino que se tendría que abrir un expediente informativo/disciplinario por uso desviado, y para fines particulares, de instalaciones públicas pero no se hará.

Dimite el gerente que movilizó a cirujanos para operar a su madre

Siete sindicatos pidieron la destitución de José Luis Sánchez, gerente del hospital de Hellín

Trasladó a especialistas desde Albacete, a 60 kilómetros, para intervenir a su familiar

120 kilómetros para operar a la madre del gerente

Foto: Fachada del hospital de Hellín, en Albacete.

Jaime Prats / Agencias, Valencia / Toledo, en El País.

 

El gerente del Hospital de Hellín (Albacete), José Luis Sánchez Plaza, que hizo operar en este centro hospitalario a su madre, para lo que se trasladó desde Albacete (a 60 kilómetros de distancia) un equipo de neurocirujanos y de enfermería, ha presentado su dimisión ante la dirección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que la ha aceptado.

 

"Sánchez Plaza admite que cometió un error debido a la preocupación originada por la enfermedad de su familiar y ha expresado que no quiere perjudicar [con su equivocación] a quienes han confiado en él", ha señalado el Sescam en un comunicado. El gerente "ha lamentado las protestas que se han levantado a raíz de la operación de su madre", según las mismas fuentes.

 

La denuncia de la intervención de la madre de Sánchez Plaza la dio a conocer el pasado 6 de mayo José Samaniego, presidente de la junta de personal del área sanitaria de Albacete y vocal del sindicato médico CESM.

 

El gerente respondió que su madre había sufrido un empeoramiento de la hernia discal lumbar que padecía y que requería ser operada con urgencia. Sánchez Plaza comentó que en lugar de suspender la operación programada de una persona que se encontraba en lista de espera en el hospital de Albacete, el que teóricamente le correspondía, optó por trasladar a la paciente a Hellín y así, no perjudicar a nadie.

 

Días después, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, manifestó que las explicaciones ofrecidas por Sánchez Plaza eran “razonables”. “No tengo nada más que decir de lo ya dicho”, apuntó. Tanto los siete sindicatos representados en la junta de personal del área de Albacete como el PSOE habían pedido la destitución del ya ex gerente de Hellín.

 

Fuentes de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha han apuntado que, a pesar de la dimisión, Sánchez Plaza no se desvinculará de los servicios sanitarios de la región. A este respecto, el portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha señalado que el exresponsable del hospital de Hellín “también trabaja en los servicios centrales del Sescam”, por lo que se preguntó si se pretende “darle una salida y que siga trabajando en este puesto”.

 

Page cree que gerente del hospital de Hellín "ha tardado mucho" en dimitir

16.05.13, EUROPA PRESS | TOLEDO

El secretario regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el gerente del hospital de Hellín (Albacete), José Luis Sánchez, "ha tardado mucho" tiempo en dimitir, después de que el sindicato médico CESM asegurase que había desplazado un equipo médico desde el Hospital de Albacete hasta el centro hellinero para realizar una intervención quirúrgica a su madre.

 

En una entrevista en Radio 5 recogida por Europa Press, García-Page ha señalado que en este asunto "ha pasado lo mínimo que tenía que pasar" porque lo ocurrido era "un escandalazo evidente", pero ha mostrado su preocupación por el hecho de que tanto la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, como el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, "han estado defendiendo" al gerente.

 

"No me extraña que la gente se desafecte de la política, cuando escuchan decir que lo que el gerente ha hecho es correcto" y que las explicaciones que ha ofrecido "son suficientes", ha criticado el dirigente socialista, que ha apuntado que "hay que tener un mínimo de honestidad personal e intelectual" porque "es evidente que no siempre las dimisiones explican las cosas".

 

El responsable regional del PSOE también ha hablado de las obras del futuro hospital de Toledo, que tenía "una financiación que existía" y ahora "se reduce", y que va a terminar siendo "cuarto y mitad" de lo que había previsto, ha destacado.

Nuevo HUCA: equipado a finales del presente año para comenzar a atender pacientes al inicio de 2014

Sanidad adjudicó o licitó 36 concursos para el nuevo HUCA por valor de 34,6 millones desde julio de 2012

RTPA

La llegada al Gobierno del Ejecutivo socialista ha supuesto un impulso definitivo para el traslado del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias  (HUCA) cuya puesta en funcionamiento está prevista para los primeros meses de 2014, según informa el Principado en una nota de prensa.

Desde julio de 2012, el Gobierno regional ha adjudicado 12 concursos de equipamiento por importe de 14 millones de euros y está a punto de  adjudicar otros 14 concursos más por importe de 20, 6 millones.

Estos 34,6 millones de euros se unen a los 40,4 millones licitados y adjudicados por el anterior Gobierno del PSOE, mientras que entre el 1 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012, etapa que se corresponde con el Gobierno de Foro, no se adjudicó concurso alguno relativo al equipamiento del nuevo hospital, pese a que los pliegos de muchos de los concursos estaban listos para su aprobación y su licitación.

Durante este año, el propio HUCA ha licitado los laboratorios para el centro sanitario construido en La Cadellada, así como la compra de diversos reactivos por importe de 28,8 millones de euros.

El resto de los concursos hasta completar el equipamiento del hospital será licitado durante las próximas semanas de tal manera que el nuevo centro hospitalario pueda estar perfectamente equipado a finales del presente año y comenzar a atender pacientes a inicios de 2014.

La obra del nuevo HUCA está ya completamente finalizada y en estos momentos se ejecutan los trabajos de instalación de los equipos de radioterapia adjudicados en 13, 6 millones y próximamente comenzará la instalación de las nuevas unidades de  radiodiagnóstico.

El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ha resaltado el compromiso del Ejecutivo en para la puesta en marcha del nuevo hospital durante su comparecencia de esta tarde en la Comisión de Sanidad en la Junta General del Principado de Asturias para dar cuenta de la gestión en el área sanitaria IV, con cabecera en Oviedo.

El titular de Sanidad resaltó los efectos positivos que está teniendo en la organización y en las diferentes actividades de los centros del área la nueva jornada del Servicio Público de Salud que se acordó con los profesionales.

“La primera consecuencia inmediata es que los asturianos en general, y los del área IV en particular, disponen de una atención sanitaria más accesible, en horario de mañana y tarde, que se ajusta mejor a las necesidades de los usuarios, que mejora progresivamente la atención a las listas de espera sin necesidad de acudir a programas extraordinarios de actividad y que, como consecuencia de todo ello, es más eficiente y más equitativa para el conjunto de la población porque da un mejor uso a los recursos públicos de todos”, ha asegurado Faustino Blanco.

El nuevo HUCA será inaugurado en enero de 2014

A lo largo de los seis meses posteriores entrará completamente en servicio este hospital, que estará equipado y homologado el próximo mes de noviembre

13.05.2013, EFE

El Gobierno del Principado recibirá este mes la obra civil del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que estará completamente equipado y homologado en noviembre lo que permitirá inaugurarlo en enero de 2014 y que entre completamente en servicio a lo largo de los seis meses posteriores.

Estos datos han sido facilitados hoy por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Junta General del Principado para responder a una pregunta del diputado de Foro Albano Longo sobre la situación de área sanitaria IV, con cabecera en Oviedo.

Según el consejero, desde julio de 2012 el Gobierno regional ha adjudicado 12 concursos de equipamiento por importe de 14 millones de euros y está a punto de adjudicar otros 14 concursos más por importe de 20,6 millones.

Estas cantidades, ha añadido, se suman a los 40,4 millones licitados y adjudicados por el anterior Gobierno del PSOE mientras que ha criticado que en la etapa de Foro al frente del Ejecutivo no se adjudicara ningún concurso de equipamiento pese a que los pliegos de muchos de ellos estaban listos para ser aprobados y licitados.

Blanco ha acusado a esta formación de no ser "ejemplo de nada" en relación con el HUCA "por el que no hicieron nada ni lo fueron a visitar" y, ha añadido, "incluso cuando su jefe -en alusión a Francisco Álvarez-Cascos- se sintió un poco malo salió corriendo a un hospital privado".

El consejero ha atribuido el rechazo de Foro al nuevo HUCA a la oposición que ya mostró a su construcción Álvarez-Cascos en su etapa como vicepresidente del Gobierno y ha puesto como ejemplo la remodelación llevada a cabo en el Hospital de Valdecilla, en Santander, "que empezó antes que el nuevo HUCA, va a costar bastante más, no se inaugurará hasta 2016 y seguirá siendo disfuncional".

El parlamentario de Foro ha afirmado, por su parte, que la gestión en el área sanitaria IV, de la que es responsable el exconsjero de Hacienda, Jaime Rabanal, se caracteriza por ser "oscurantista y obstruccionista" lo que ha llevado a que el actual HUCA haya tenido ya tres directores médicos en un año.

Además, ha criticado el coste de la jornada de tarde implantada en el SESPA que, según sus datos, cuesta seis millones de euros para atender a una media de cinco pacientes cuando sería más barato seguir haciéndolo con horas extraordinarias, las denominadas peonadas, suprimidas, a su juicio, para "castigar" a los médicos.

Según Longo, Blanco se limita a criticar la gestión de Foro pero "no se entera de lo que pasa en el HUCA" en el que, ha asegurado, se está dando cita a pacientes para una intervención quirúrgica sin haber sido valorados previamente por los anestesistas, extremo que ha sido negado de forma rotunda por el consejero que le ha calificado de "inconsciente" por dicha afirmación.

"Lo que usted hace es sencillamente mentir y eso es puro filibusterismo porque le importan un carajo los pacientes y sólo busca crear una alarma social injustificada", ha añadido Blanco. 

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