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LEGISLACION

Incluye el modelo oficial de solicitud del reconocimiento al 100% de la prestación de IT en los supuestos susceptibles de ello…

Incluye el modelo oficial de solicitud del reconocimiento al 100% de la prestación de IT en los supuestos susceptibles de ello…

EN EL BOPA DE HOY:

Consejería de Hacienda y Sector Público

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de primera modificación de la Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban las Instrucciones para la aplicación del complemento a la prestación económica en situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos

PDF de la disposición

VER la Resolución de 10 de mayo de 2013

IR A LA SECCION DE NUESTRA WEB DONDE ENCONTRARAS TODO ESTO Y MUCHO MAS…

La colegiación obligatoria de quienes sólo trabajamos para la administración pública es una especie de sumisión del estado a entes corporativos absolutamente incomprensible en el constitucionalismo moderno…

La colegiación obligatoria de quienes sólo trabajamos para la administración pública es una especie de sumisión del estado a entes corporativos absolutamente incomprensible en el constitucionalismo moderno…

¿Y VOLVEREMOS A LA DISCUSION DE QUIENES TIENEN QUE PAGAR LA CUOTA COLEGIAL OBLIGATORIA…?

VER EL ANTEPROYECTO

El Gobierno da luz verde a la reforma que limita la colegiación profesional obligatoria.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley, pese a que se mantiene el enorme rechazo entre los titulados afectados

Foto: El presidente del PP, Mariano Rajoy, junto al presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, y el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, cuando les prometió, el pasado año en abril, concederles la colegiación obligatoria que demandaban… ¿contrapartida del pacto sanitario del 30 de julio?

03.08.2013, Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España.

La reforma de la ley para la liberalización parcial de los colegios y servicios profesionales, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros, permitirá a medio y largo plazo un movimiento económico de 7.000 millones de euros, según el cálculo del titular de Economía, Luis de Guindos. La medida, muy cuestionada en los sectores afectados tanto a nivel regional como estatal, reduce la colegiación obligatoria a las actividades sanitarias y jurídicas, así como a aquellas labores técnicas que exijan visado. La nueva normativa permite la coexistencia de colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria, si bien solo los primeros habilitarán para el ejercicio de una determinada profesión, y, además, elimina las incompatibilidades para ejercer de abogado y procurador.

En concreto, las profesiones de colegiación obligatoria -dependientes de una ley estatal- serán las de médico, farmacéutico, veterinario, odontólogo, enfermero, fisioterapeuta, óptico-optometrista, podólogo, abogado, procurador, graduado social, registrador y notario. Además, esta exigencia también afecta a varias actividades que requieren de visado en el ámbito de la edificación y el manejo de explosivos.

El Ministro de Economía enmarcó la reforma dentro de las «recomendaciones de liberalización» realizadas por la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE. Además, también llamó la atención sobre el hecho de que el grueso de la regulación actual en materia de colegios profesionales «proviene del siglo XIX» y es necesario actualizarla.

Según explicó De Guindos, entre las novedades de la reforma está el que los colegios únicamente se podrán crear mediante una ley, previa petición de los profesionales titulados, y con una memoria justificativa en la que se incluyan las razones que impiden su integración en algún organismo ya existente. El proyecto también somete a los directivos de los colegios a un régimen específico de incompatibilidades. Así, por ejemplo, impide que se ostente a la vez el cargo de presidente, decano, miembro de la junta o directivo de un colegio con una responsabilidad política electa o con puestos directivos en partidos, sindicatos, organizaciones empresariales o mutuas de previsión social. De igual forma, se prohíbe que los colegios contraten con familiares directos de sus responsables.

En cuanto a las remuneraciones, la intención del Gobierno es que, con carácter general, los directivos no tengan derecho a cobrar si no se dedican al cargo en dedicación exclusiva. Además, el anteproyecto de ley establece que los organismos de colegiación obligatoria se convertirán en entidades de certificación de profesionales acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, «con el objetivo de garantizar su independencia», según el Ejecutivo. También se plantea la exigencia de que los órganos de colegiación obligatoria se sometan a una auditoria, con la información sobre sus miembros y teniendo en cuenta que cada una de las cuotas sea accesible al público en formato telemático.

Para el caso concreto de las farmacias, el Ministerio de Sanidad hará una propuesta de modificación de la tabla de deducciones al beneficio. Según el Ejecutivo, de esta forma, «se establecerán los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, con el objetivo de reforzar la progresividad y el carácter finalista del sistema».

La mayor parte de los colegios profesionales en Asturias no reaccionó ayer al movimiento gubernamental, a la espera de analizar en profundidad el contenido de un anteproyecto que había despertado múltiples recelos. Así, por ejemplo, Laura Fernández-Mijares, presidenta del Colegio de Procuradores de Oviedo, y Sergio Herrero, del de Abogados de Gijón, reservaron su opinión hasta conocer el texto con detalle.

Quien ya se situó ayer frontalmente en contra de la reforma que impulsa De Guindos fue Alfonso Toribio, del Colegio de Arquitectos. Remitió a una nota de su consejo nacional en al que se afirma que el anteproyecto al que el Consejo de Ministros dio luz verde «consolida, con numerosas imprecisiones jurídicas, un escenario de incertidumbres que no responde, en el caso de la arquitectura, a las recomendaciones europeas». Los arquitectos alertan de que, si la ley se aprueba tal y como la concibe el Ejecutivo, «se habría violentado el actual sistema de garantías a los ciudadanos» respecto a cuestiones tales como «la seguridad para el uso de las edificaciones y la calidad y el carácter público de la arquitectura, el patrimonio y las ciudades».

¿Por su impacto "en la salud"?... como que eso les preocupa.

Se confirma la colegiación obligatoria en el SNS

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales establece la colegiación obligatoria para todas las profesiones sanitarias, incluidos los farmacéuticos.

R. García del Río, en Diario Médico

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales confirma la colegiación obligatoria para todas las profesiones sanitarias, incluidos los farmacéuticos, por su impacto "en la salud, integridad física o seguridad personal o jurídica". La lista del Ministerio incluye también a médicos, dentistas, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos.

Cierra el debate también sobre la colegiación obligatoria de los sanitarios que trabajan para la Administración pública, como es el caso de los farmacéuticos de atención primaria o los de hospital. Así, en la lista anterior, "se entienden incluidos aquellos profesionales que ejercen su actividad en el ámbito privado y aquellos profesionales al servicio de las administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actuaciones profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Nacional de Salud".

 

Habrá modificación del 5/2000

También recoge el anteproyecto "un mandato al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que realice una modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano con el objetivo de reforzar la progresividad y el carácter finalista del sistema".

En concreto, Economía pide al departamento de Ana Mato que, en un plazo no superior a seis meses, actualice la tabla de deducciones al beneficio de las oficinas de farmacia recogida en el artículo 5 del citado RD. "Los nuevos tramos, porcentajes y cuantías deducibles que recojan la tabla deberán fijarse de tal forma que se garantice la financiación del índice corrector de márgenes, tal como viene éste recogido en el artículo 8 del citado RD. El rediseño de la tabla de deducciones deberá ser progresivo y considerar en todo caso: la ampliación del mínimo exento; la incorporación de tramos superiores a 600.000 euros, y el aumento de los porcentajes y las cuantías fijas de deducción", dice el texto de Economía.

 

Farmacia

El Ministerio de Economía por fin ha tomado una decisión sobre las farmacias en su regulación sobre los servicios profesionales. También se ha aclarado sobre si esta normativa irá unida a la de colegios, después de haber trabajado con todas las hipótesis. Así, en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, de fecha de 30 de julio, se establecería que las oficinas de farmacia podrán recibir capital privado, pero siempre que el farmacéutico mantenga la gestión y el control financiero.

Según fuentes cercanas a la elaboración del proyecto, las boticas podrán constituirse como una Sociedad Limitada Profesional (SLP). Esta fórmula, que creó la Ley de Sociedades Profesionales de 2007, establece que deben pertenecer a los socios profesionales tres cuartas partes del capital y que el derecho de voto esté en mano de socios profesionales, (persona física o jurídica).

Con esta fórmula el ministro Luis de Guindos habría encontrado el equilibrio entre su deseo de apertura en el modelo farmacéutico actual, aunque manteniendo el binomio titularidad-propiedad, si bien está pendiente de concretarse cuánto capital podrá entrar en cada sociedad. "La Comisión de Reforma de las Profesiones -de nueva creación- realizará una evaluación de la posible ampliación de la reserva relativa a la propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia a sociedades profesionales de farmacéuticos", reza el texto.

En principio, los pormenores serían concretados en una ley específica para la que el Gobierno estará aconsejado por una comisión de expertos y afectados por la reforma. Está por ver si se mantendrá el 25 por ciento estipulado en la ya vieja norma de 2007 o se ampliaría.

Precisamente, Francia ha tomado recientemente una decisión sobre la propiedad de las oficinas de farmacia y su relación con las sociedades profesionales y el capital privado, pero en su caso no para abrir el sistema sino para lo contrario: por ley permite que cada farmacéutico posea el cien por cien de una botica y pueda participar en el 49 por ciento del capital de cuatro más; antes cada farmacéutico podía poseer un número ilimitado.

Respecto a la explicación sobre por qué finalmente será una sola ley la que regule este asunto y la colegiación, el propio anteproyecto afirma que "es evidente la estrecha relación que existe entre los colegios y el ejercicio profesional; razón por la cual se ha considerado conveniente la regulación conjunta en una misma norma de ambas materias".

En cuanto a las comunicaciones comerciales que hace el texto normativo, se dice que "no podrán establecerse prohibiciones totales a las comunicaciones comerciales en las actividades profesionales o profesiones. Las limitaciones parciales que, en su caso, se impongan habrán de establecerse en norma con rango de ley, estar siempre justificadas por una razón de interés general, y respetar los principios de no discriminación y proporcionalidad". Se desconocer si habrá una revisión de la norma que regula este asunto para las boticas.

Asimismo, se eliminan las trabas autonómicas que se puedan poner en el ejercicio en distintas comunidades autónomas, en sintonía con la futura Ley de Garantía de Unidad de Mercado: "El acceso a una actividad profesional o una profesión habilitará, en igualdad de condiciones, para su ejercicio en todo el territorio español, sin que pueda exigirse el cumplimiento de requisitos de acceso basados en cualificación adicionales a los del territorio donde se hubiera accedido a la actividad profesional o profesión".

VER ARTICULO DE SEVACH DE HACE SEIS MESES ESPECIALMENTE RECOMENDADO…

La carta de defunción del sistema de ayuda social entendida como un derecho…

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La FACC denuncia las indefiniciones del anteproyecto de reforma de la administración local

 

El anteproyecto de reforma de la administración local, que ayer (por el viernes) fue aprobaba en el consejo de Ministros, no ha gustado a la Federación Asturiana de Concejos.

Foto: Un luto apropiado por algo más que la tragedia de Galicia…

 

RTPA

Una reforma que abre la puerta a la privatización de los servicios sociales que hasta ahora venían cubriendo los ayuntamientos.

El presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, denuncia las indefiniciones del texto y asegura que muchas propuestas no son más que un maquillaje para sortear las críticas del consejo de Estado.

La federación asturiana de concejos también considera grave el impulso que se da en el texto a las diputaciones provinciales frente al papel de los ayuntamientos.

Si bien, Ignacio García Palacios ve positiva la apuesta por los consorcios como mecanismo para compartir gastos. Según él ahora queda analizar un texto ambiguo en muchos aspectos pero ante el que los ayuntamientos deben responder con una sola voz.

 

Movilizaciones

Por otro lado, las entidades locales menores han anunciado un cierre patronal parcial de sus ayuntamientos tras la reforma de la administración local aprobada por el consejo de ministros.

Dicen que en el texto no se garantiza ni su viabilidad ni su desarrollo y plantean que la ley puede ser la puntilla al mundo rural.

Por el momento ya se han anunciado movilizaciones y para el próximo día 27 ya hay convocada una manifestación en Madrid.

La reforma de régimen local deja en el aire 70.800 empleos sociales

Unas autonomías sin recursos tendrán que asumir servicios municipales de ayuda a domicilio Peligran 2,6 millones de prestaciones

Jaime Prats, Valencia, en El País.

Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.

“Las consecuencias no pueden ser más graves”, advierte José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que teme “el abandono de las personas y familias más afectadas por la crisis, en unos momentos de auténtica emergencia ciudadana” por un posible retroceso en las prestaciones. La asociación apunta que entre los distintos planes de asistencia municipal (que suponen 1.000 millones de euros al año, según los datos del Plan Concertado) y los 800 millones que cuestan las residencias de ámbito local, hay 1.800 millones de euros destinados a servicios sociales bajo la amenaza de la tijera.

Ese tránsito de titularidad se producirá en un momento económico especialmente delicado para las comunidades autónomas, que ya han visto reducidos sus recursos para servicios sociales, así que difícilmente podrán encargarse de otros. Además, se desconoce cuáles asumirán finalmente las autonomías, que tendrán que hacerse cargo del coste de las prestaciones en plena asfixia financiera, y cuáles decidirán cerrar o privatizar. A esta incertidumbre no ayuda que el recorte en el gasto público sea uno de los principios que han inspirado la nueva ley.

La última versión de la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con fecha de 15 de julio, elimina la responsabilidad de la prestación de servicios sociales a los municipios, más allá de los estrechos márgenes de la “evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Es decir, a poco más que una ventanilla de derivación. Aunque se deja la puerta abierta a delegar los servicios sociales a los municipios a criterio de la comunidad autónoma.

Se trata, con todo ello, de “evitar duplicidades administrativas” o “contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos”, una terminología que casi siempre anuncia recortes. El ahorro vendría del cierre de servicios que ahora prestan Ayuntamientos y que las comunidades autónomas no consideraran necesarios.

La ley concede un año para transferir estas competencias. A partir de ese momento, la titularidad de los servicios sociales municipales “corresponde a las comunidades autónomas, que podrán establecer las medidas necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, la decisión de qué servicios mantener dependerá de unas autonomías obligadas a no rebasar el listón de déficit público establecido.

La nueva ley

Disposición transitoria segunda

1. Tras la entrada en vigor de la ley, la titularidad de las competencias que se veían como propias del municipio relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social corresponderán a las autonomías, que podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio.

2. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las comunidades autónomas, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

5. Transcurrido un año sin que las autonomías hayan asumido el desarrollo de los servicios de su competencia o hayan acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por los municipios con cargo a la comunidad autónoma. Si no se transfirieran las cuantías precisas, se aplicarán retenciones en las transferencias [Estatales].

«Hasta aquí», dicen los trabajadores sociales

El Comercio.

El Colegio de Trabajo Social de Asturias ha puesto en marcha la campaña ’Hasta aquí’ para demostrar su rechazo frente a los recortes y los cambios legislativos que conllevará la aprobación de la reforma de la Administración Local. La idea es que cada trabajador social salga a las puertas de su centro y marque una línea naranja en señal de protesta. «Esta reforma contribuye a la desaparición del sistema y pone el peligro la subsistencia de millones de familias», aseguran.

El PSOE califica la reforma de “bodrio” e IU de “voladura controlada”

PSOE e IU han mostrado su oposición a la reforma local aprobada por el Gobierno porque abre la puerta a la privatización de los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos.

nuevatribuna.es

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, considera que la reforma de la administración local que ha aprobado el Gobierno este viernes es "un bodrio difícil de aplicar" porque, en su opinión, "no clarifica competencias, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales, ni solventa sus problemas financieros".

Por todo ello, añadido a que el proyecto de ley "despoja directamente de competencias" a los pequeños ayuntamientos y "abre la puerta a la privatización" de sus servicios, el dirigente socialista ha exigido la "retirada inmediata" del texto y ha adelantado que el PSOE presentará una enmienda a la totalidad cuando la ley llegue al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Según Zarrías, el proyecto de ley va a quitar competencias directamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son el "95 por ciento de los ayuntamientos del país" para que sean las diputaciones quienes presten determinados servicios o decidan la fórmula de gestión. Esto, ha augurado, "abre la puerta a su privatización" y convertirá a los ciudadanos en "los grandes perdedores" de esta reforma.

El responsable de Política Municipal del PSOE ha denunciado que el Gobierno haya adoptado "una solución más dura si cabe" a la que había apuntado en los borradores previos al proyecto de ley ahora aprobado, pues "ahora ya no se fija un coste estándar para, en caso de incumplimiento, quitar a estos ayuntamientos determinados servicios; ahora, directamente y desoyendo los mandatos constitucionales, se les sustraen competencias".

Pero además, ha criticado que esta ley "no soluciona nada" porque "no clarifica competencias, no evita duplicidades, ni simplifica la estructura administrativa de las entidades locales de nuestro país, como tampoco solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos".

"Se trata simple y llanamente de un bodrio difícil de aplicar, que abre una puerta muy peligrosa a la privatización cuando no al desmantelamiento de los servicios, que provocará además la pérdida de miles de empleos públicos y en la que los ciudadanos serán los grandes perdedores, ya que con esta ley tendrán servicios más caros y menos eficientes", ha resumido.

Ante esta "chapuza", el dirigente socialista ha adelantado que el Grupo Socialista en el Congreso exigirá "la retirada inmediata" de una ley que, tal y como ha recordado, "ha nacido sin el consenso necesario que permita su aplicación". "De no ser así, el PSOE presentará una enmienda a la totalidad para intentar que esta ley no llegue a aplicarse en los ayuntamientos de nuestro país", ha sentenciado.

 

IU DICE QUE BUSCA CONVERTIR "DERECHOS EN NEGOCIOS"

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera que la reforma de la administración local que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros es "una voladura controlada" del poder local que busca convertir "derechos en negocios".

En rueda de prensa en el Congreso, Lara ha criticado por "regresivo" el proyecto del Gobierno y ha apuntado que va "contra los ayuntamientos" y, por ende, supone un "recorte" de la democracia local que conlleva "más recentralización" y una rebaja de las competencias municipales.

A su juicio, el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es  "privatizar" los servicios públicos de los ayuntamientos y concentrar los de los municipios de menos de 20.000 habitantes en las diputaciones provinciales, las instituciones "más opacas" de nuestro país. "Quieren una vez más convertir derechos en negocios para unos cuantos", ha resumido.

Lara ha subrayado que la propuesta del Gobierno no conseguirá que se siga destruyendo empleo público en los ayuntamientos y, en este punto, ha destacado que algunos ayuntamientos auguran que se podrían llegar a perder hasta 200.000 puestos de trabajo.

El líder de IU también ha censurado que el proyecto incluya un coste estándar para la prestación de los servicios municipales --por el que los ayuntamientos deberán publicar en un plazo máximo de tres meses el coste de todos sus servicios públicos--, con el único fin de "ampliar" la línea de privatización.

Del modelo de sistema sanitario universal y gratuito al de “aseguramiento”… el fin, en lo normativo, del ciclo de contrarreforma del sistema sanitario del PP

Del modelo de sistema sanitario universal y gratuito al de “aseguramiento”… el fin, en lo normativo, del ciclo de contrarreforma del sistema sanitario del PP

APROBADOS LOS REQUISITOS PARA QUIEN SE QUEDA FUERA DE LA COBERTURA

Los ‘no asegurados’ del SNS pagarán hasta 157 euros al mes por la asistencia básica

A los mayores de 65 años les corresponde la mencionada cuota, mientras que los menores de esa edad deberán abonar 60 euros

Foto: Ana Mato y la secretaria general de su ministerio Pilar Farjas.

Redacción Médica, Madrid.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno considera que completa así el paquete normativo iniciado con el real decreto que regula la condición de asegurado, aprobado en agosto de 2012.

Los convenios podrán ser suscritos por españoles o extranjeros que no reúnan la condición de asegurado ni beneficiario. En concreto, estarán dirigidos a españoles que no trabajen y que, sin embargo, tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (rentistas); europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español; y nacionales de terceros países que durante su estancia en España, quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.

El convenio especial dará acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios por el periodo de tiempo determinado en el mismo. La contraprestación económica a abonar será de 60 euros mensuales hasta los 65 años y de 157 euros mensuales para los mayores de esa edad.

El real decreto, además, establece el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el Sistema Nacional de Salud, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.

PARA LOS NO ASEGURADOS

Prestación sanitaria, de 60 a 157 euros al mes

27.07.13, El Comercio.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que, entre otras cosas, establece que las personas que no estén aseguradas ni sean beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y quieran acceder a la cartera básica de servicios, podrán hacerlo abonando la cantidad de 60 euros mensuales hasta los 65 años y 157 a partir de entonces. El Ministerio de Sanidad insiste en que, pese a esta medida, «se hace efectiva la universalidad de la asistencia sanitaria pública para todos los españoles». (¿…?).

Formalmente es la adaptación a las directivas europeas, en el fondo es la supresión de las subastas de medicamentos de Andalucía…

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Publicada este jueves en el BOE

Hoy entra en vigor la reforma de la Ley del Medicamento que evita que las CCAA modifiquen el catálogo de fármacos

VER TEXTO INTEGRO DE LA LEY EN SU PUBLICACION EN EL BOE

NUESTRA SECCION DE RECOPILACION LEGISLATIVA

MADRID, EUROPA PRESS

Este viernes entra en vigor la reforma de la Ley del Medicamento de 2006, que tiene como objetivo evitar que las comunidades autónomas introduzcan diferencias en el catálogo, precio y condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios, y modificar el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad para los mismos.

El texto, que entra en vigor tras haber sido publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también incorpora al ordenamiento jurídico español dos Directivas Europeas que pretenden mejorar los sistemas de farmacovigilancia y de entrada de fármacos falsificados.

La reforma, que salió adelante la pasada semana en el Congreso de los Diputados tras haberse aceptado todas las enmiendas procedentes del Senado con el apoyo mayoritario del PP, evitará también que se pueda modifica el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad para fármacos.

"Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios", señala la normativa.

Asimismo se añade un nuevo apartado donde se establece que "el precio industrial de financiación pública, establecido por el órgano  competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia mediante receta médica oficial del Sistema Nacional de Salud, no podrá ser objeto de modificación o bonificación, salvo en el caso de que la misma consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional".

 

"REFUERZO IMPRESCINDIBLE"

Dentro del BOE recuerdan que esta Ley supone un "refuerzo imprescindible" de las garantías en la fabricación y distribución de medicamentos y sus principios activos, así como la venta legal de  medicamentos a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, y en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro, de acuerdo con la citada normativa europea vigente en la materia.

En cuanto a las variaciones de las autorizaciones de comercialización de medicamentos (dosis, vías de administración, etc.) se garantiza que todas, con independencia de si el procedimiento de autorización es nacional o europeo, van a estar sujetas a los mismos criterios de solicitud, evaluación y autorización.

En materia de sanciones, por motivos de salud y seguridad, se extiende a los productos sanitarios, los cosméticos y los productos de cuidado personal, las distintas previsiones que la Ley ya recoge para los medicamentos; estableciéndose los baremos y los tipos de sanciones.

A su vez, se prohíbe la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así como su publicidad, cuando las Administraciones sanitarias lo consideren procedente por razones de salud pública o seguridad de las personas

También adecua los importes que percibe la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por servicios como la tramitación de procedimientos de autorización, modificación, renovación o mantenimiento de medicamentos en el mercado, e incluye excepciones en el pago de las tasas para medicamentos sin interés comercial pero sí sanitario, o para quienes adecuen los envases a la duración del tratamiento.

Aplauden, lógicamente, porque no les interesaban los abaratamientos que suponían las subastas andaluzas…

Farmaindustria aplaude la reforma de la Ley del medicamento ya que "garantiza la equidad" en la prestación farmacéutica

MADRID, EUROPA PRESS

La patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, aplaude la entrada en vigor este viernes de reforma de la Ley del medicamento, aprobada en el Congreso el pasado 17 de julio, y, especialmente, muestra su satisfacción por los cambios introducidos en el artículo 88 de dicha norma, ya que, "con ello, se da un paso fundamental para garantizar la equidad en la prestación farmacéutica en todo el territorio nacional".

Dicho artículo establece que las comunidades autonomías no podrán adoptar medida para racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que supongan diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios.

Este articulado, que puede suponer el fin de la subasta andaluza de fármacos, advierte también que las medidas de racionalización deberán ser homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.

Farmaindustria considera igualmente importantes las nuevas normas en relación con las competencias centrales en materia de precios; y afirma que, en su conjunto, el nuevo redactado de esta norma, "proporciona un marco legal claro a los distintos agentes del sistema para garantizar la cohesión del SNS, la unidad del mercado nacional y evitar la quiebra en la equidad en el acceso a la prestación farmacéutica y sanitaria".

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PUBLICADO EN EL BOPA DE AYER EL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MATERIA DE HORARIO, VACACIONES, PERMISOS Y RÉGIMEN DE AUSENCIAS DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS…

PUBLICADO EN EL BOPA DE AYER EL ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MATERIA DE HORARIO, VACACIONES, PERMISOS Y RÉGIMEN DE AUSENCIAS DE SUS EMPLEADOS PÚBLICOS…

¿De todos? … ¡¡NO, de todos no!!

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se ordena la inscripción del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, en materia de horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias de sus empleados públicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de Trabajo.

Vista la solicitud de inscripción de convenio colectivo presentada por la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias, del Acuerdo en Materia Horario, Vacaciones, Permisos y Régimen de Ausencias de sus Empleados Públicos (expediente P-002/2013, código 33100011142013), a través de medios electrónicos ante el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, suscrito la Administración del Principado de Asturias y las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT, CEMSATSE, SAIF y CSIF, el 11 de abril de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 38.6, de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de julio de 2012, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Economía y Empleo en el titular de la Dirección General de Trabajo, por la presente,

 

RESUELVO

 

Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, con funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la Dirección General de Trabajo, así como su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.

 

Oviedo, a 8 de julio de 2013.- El Consejero de Economía y Empleo.-P.D. autorizada en Resolución de 03-07-2012, publicada en el BOPA núm. 156, de 06-07-2012, del Director General de Trabajo…

OJO CON LAS ESPECIFICACIONES:

El personal estatutario y funcionario que preste servicios en los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, se regirá por lo previsto en el presente acuerdo, con las particularidades que en su caso se determinen y siempre que no contravenga su normativa específica. A estos efectos, cuando se haga mención al personal funcionario, se entenderá comprendido el personal estatutario de los servicios de salud. No obstante, no le será de aplicación lo dispuesto en la cláusula segunda de este acuerdo (Parte variable del horario general).

 

VER TEXTO INTEGRO EN SU VERSION pdf

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Información sobre dos de los muchos temas que se tratarán en el Consejo Interterritorial del próximo martes…

Información sobre dos de los muchos temas que se tratarán en el Consejo Interterritorial del próximo martes…
  • Propuesta de Acuerdo sobre criterios de actuación en el acceso a la asistencia sanitaria a ciudadanos europeos en el marco de aplicación del Reglamento (CE) Nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del Reglamento (CE) Nº 987/2009 por el que se adoptan normas de aplicación del Reglamento (CE) Nº 883/2004"…
  • Proyecto de Real Decreto de transposición de la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza…

Impulso a la eurotarjeta sanitaria

El Ministerio de Sanidad da nuevas instrucciones para que todos los hospitales las acepten

La Comisión ha abierto procedimiento de infracción a España por poner problemas a su uso

Foto: La ministra y los consejeros en el Consejo Interritorial de marzo de este año.

Elena G. Sevillano, Madrid.

El Ministerio de Sanidad quiere evitar por todos los medios que el procedimiento de infracción que le abrió a España la Comisión Europea en mayo siga adelante. Tras recibir “un número cada vez mayor de denuncias”, Bruselas acusa a España de permitir que hospitales públicos de zonas turísticas se nieguen a aceptar la tarjeta sanitaria europea (TSE) de ciudadanos de Estados miembros y, en su lugar, les exijan el seguro de viaje privado o, incluso, los datos de la tarjeta de crédito. El ministerio llevará al Consejo Interterritorial de la semana que viene una propuesta con nuevas instrucciones: ya no se pedirá a los visitantes que elijan si prefieren cargar su asistencia a la TSE o al seguro privado. Si presentan la tarjeta, o incluso solo si dicen tenerla, “no se les preguntará por la existencia de otras coberturas”.

La tarjeta sanitaria europea es un documento que certifica que el titular tiene derecho a recibir la misma asistencia que los nacionales del Estado donde la necesite. La legislación de la UE deja claro que no hace falta nada más. Sin embargo, la Comisión aseguró haber recibido quejas relativas a 19 hospitales españoles procedentes de cinco compañías de seguros, dos organizaciones de asistencia en vacaciones y 26 ciudadanos de la UE. Las 10 últimas habían llegado entre diciembre de 2012 y el 30 de mayo de 2013, por lo que la Comisión consideró que se trataba de “una práctica administrativa evidente”, por más que el Ministerio de Sanidad lleve desde 2010 asegurando que ha tomado medidas para solucionar el problema.

Las primeras interesadas en extender el uso de la TSE son las compañías aseguradoras, puesto que la mayoría de ciudadanos europeos —el 80%— viaja con doble cobertura: la tarjeta europea y una póliza privada.

 

Los españoles podrán operarse en cualquier país de la UE

Las autonomías pagarán, pero los pacientes adelantarán el dinero y abonarán la diferencia del coste

Si requiere hospitalización hay que pedir permiso

Reyes Rincón, Sevilla, en El País.

 

El principio del libre mercado europeo llega a la asistencia sanitaria. El Consejo Interterritorial de Sanidad tiene previsto aprobar la próxima semana el proyecto de real decreto que establece las normas para la atención sanitaria transfronteriza. Según el texto, cualquier español tendrá derecho a tratarse en otro país de la UE con cargo a su comunidad autónoma y los europeos podrán venir a España a recibir atención, pagarla y reclamar luego el importe a su país. El texto considera que alrededor de 50.000 españoles que llevan en lista de espera para operarse más de 180 días (el plazo máximo establecido para 700 procedimientos quirúrgicos) tendrán derecho a ser operados fuera y exigir el reembolso a su comunidad. Si el 10% de estos pacientes elige esa opción, que es lo que calcula el Gobierno, a las comunidades autónomas les costará 27,5 millones de euros al año.

 

La norma que ultima el Ministerio de Sanidad adapta a España la directiva europea de atención sanitaria transfronteriza, aprobada en 2011 y que promueve la libre movilidad de pacientes dentro de la UE. El decreto entrará en vigor en octubre y ha creado grandes expectativas entre los hospitales privados españoles, que se preparaban desde hace meses para recibir a pacientes extranjeros que quieran venir a España a tratarse con cargo a la sanidad pública de su país.

 

Pero la movilidad funcionará también en sentido contrario: los españoles que opten por recibir fuera de España un servicio incluido en la cartera básica de salud podrán acordar con el centro que quieran esta atención, abonarla de su bolsillo y exigir luego el reembolso a su comunidad autónoma o a las mutualidades de funcionarios. Esta opción, pues, solo estará al alcance de los ciudadanos que puedan pagar la intervención por adelantado, una condición que exige el proyecto de real decreto que verá la próxima semana el consejo interterritorial. Además, las comunidades solo tendrán que pagar el importe correspondiente a lo que le hubiera costado esa atención en su territorio y será el paciente el que deberá que abonar la diferencia si elige tratarse en un país más caro.

 

La libre elección será total para la mayoría de los tratamientos que no requieran hospitalización, ya sean intervenciones de cirugía mayor sin ingreso (como la mayoría de las cataratas, los juanetes o las extirpaciones de hernia), pruebas diagnósticas o tratamientos, por ejemplo, de rehabilitación.

 

El proyecto pone en evidencia una gran paradoja: un ciudadano de Madrid no puede optar por operarse en otra comunidad autónoma o en un hospital privado y pasarle la factura a la sanidad madrileña, pero sí podrá hacerlo en un centro de otro país de la UE. “En los términos actuales de legislación española y comunitaria, un paciente español tendría derecho al reembolso de una intervención en territorio europeo pero no al de una realizada por un hospital privado español”, advierte el texto, que admite que esto supone una “diferencia de trato” que puede originar reclamaciones económicas.

 

Las intervenciones que requieran pasar al menos una noche de hospital y las prestaciones más complejas sí necesitarán autorización previa por parte de la comunidad autónoma. Y, para evitar que los pacientes se salten las listas de espera, el decreto establece entre las causas de denegación del permiso aquellos tratamientos que en su comunidad se puedan prestar en un plazo que sea “médicamente justificable”, un criterio subjetivo pero que se intenta afinar con una evaluación clínica y, en el caso de las operaciones, tomando como referencia los 180 días de plazo máximo que garantizan las comunidades para 700 procedimientos quirúrgicos.

 

La atención a extranjeros que quieran tratarse en España no supondrá, en principio, un coste extra para las comunidades. Adelantarán el importe y sus países lo reembolsarán después. Pero el texto sí alerta del peligro de que esta asistencia acabe repercutiendo en un incremento de las listas de espera para los españoles. Supondría, advierte la norma, un “deterioro de la situación” que se traduciría en un coste “no valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y eficacia del sistema”.

 

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¡¡Cobrar a la Banca!!... ¿a qué suena paradójico?, pues no es así.

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El Principado pone en marcha el cobro del impuesto a la banca

La Consejería de Hacienda amplía al 16 de agosto el plazo para que las entidades paguen el nuevo tributo

Foto: La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, charla con Ángel González, de IU, formación que impulsó el tributo, en la Junta.

19.07.2013, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.

El Gobierno regional ha puesto ya en marcha el cobro del nuevo impuesto a la banca tras publicar ayer en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) el modelo para la autoliquidación de esa figura impositiva. La Consejería de Hacienda ha dado celeridad a esa tramitación después de que el Tribunal Constitucional levantase la pasada semana la suspensión cautelar sobre ese tributo.

 

La publicación del auto del Constitucional favorable al Principado en el «Boletín Oficial del Estado» el pasado sábado ha permitido a la Consejería de Hacienda reactivar esta misma semana el cobro de un impuesto por el que tiene previsto ingresar 30 millones de euros en este ejercicio. El Constitucional levantó la suspensión del tributo al considerar que los intereses de un sector privado, como el bancario, no podían prevalecer sobre los intereses de la Hacienda pública regional.

 

El auto, cuyo contenido adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha admitido que suspender un ingreso de 30 millones para las arcas regionales en la actual situación económica entraña un mayor perjuicio a los intereses generales que el que supone al sector bancario abonar esa cantidad, aunque luego tenga derecho a recuperarla cuando se produzca el fallo definitivo, que podría tardar varios años. La Consejería de Hacienda ha ampliado hasta el 15 de agosto el plazo para que las entidades bancarias puedan abonar el tributo correspondiente al ejercicio de 2013. El plazo inicial era julio, pero la Administración lo ha cambiado para favorecer la liquidación.

 

El Gobierno empieza a cobrar a los bancos

Da a las entidades hasta el 16 de agosto para calcular e ingresar la cantidad correspondiente al impuesto bancario; el Ejecutivo prevé ingresar 30 millones este año

19.07.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

 

Poco ha tardado el Principado en poner en marcha la maquinaria de cobro del impuesto a los bancos, después de que el Tribunal Constitucional levantase la pasada semana la suspensión que pesaba sobre su aplicación. El boletín oficial de la comunidad (BOPA) incluía en su edición de ayer sendas disposiciones en las que la Consejería de Hacienda y Sector Público, departamento competente en la materia, establecía el mecanismo a seguir por las entidades financieras para liquidar el controvertido tributo. Un proceso que debía solventarse este mes pero que, en vista de los retrasos provocados por el tortuoso trámite judicial, se amplía hasta el próximo 16 de agosto.

Estaba muy claro, ya cuando en la negociación de los presupuestos de 2013 Izquierda Unida hizo bandera de la creación de este gravamen y forzó al PSOE, inicialmente renuente, a aceptarlo, que su creación traería cola. Y así ha sido. El Gobierno central impulsó a continuación su propio impuesto bancario pero a tipo cero, sin finalidad recaudatoria y solo para bloquear los autonómicos, y recurrió ante el Tribunal Constitucional el asturiano. El Principado no se quedó quieto e hizo lo propio con el estatal, lo que ha propiciado un embrollo judicial todavía por resolver.

Porque la reciente actuación del Constitucional no entra en el fondo del asunto sino que únicamente levanta la suspensión que pesaba sobre la aplicación del tributo asturiano, que había entrado en vigor automáticamente una vez que se aceptó el recurso del Gobierno central. Así las cosas, el Ejecutivo de Javier Fernández tiene ahora vía libre para recaudar por ese concepto en tanto en cuanto el tribunal no tome una decisión sobre el núcleo de la controversia. Los presupuestos de este ejercicio calculan unos ingresos por esta figura fiscal de aproximadamente 30 millones de euros. El gabinete asturiano, con todo, confía en que se esté ante un primer paso hacia una resolución definitiva satisfactoria para sus intereses.

Lo que hizo el BOPA de ayer fue, atendiendo al levantamiento de la suspensión, aprobar el mecanismo a través del cual las entidades financieras deben abonar ese tributo. Se trata del 'modelo 052 de declaración-autoliquidación del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito del Principado de Asturias' que, inicialmente, los bancos deberían presentar este mismo mes. «Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en julio», dice textualmente la ley que creó el gravamen en relación a la forma de proceder a su liquidación.

Sin embargo, el calendario se ha visto alterado por el cruce de recursos en los tribunales y el Gobierno, con el fin de «no perjudicar» a la banca «en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias» en el actual ejercicio, amplía el plazo de presentación de la liquidación del impuesto hasta el 16 de agosto. Las resoluciones en cuestión fueron aprobadas el lunes por la Consejería de Hacienda, publicadas ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y están en vigor desde hoy.

Balón de oxígeno

La decisión del Constitucional, aunque temporal y a expensas de la resolución definitiva, da un balón de oxígeno a Fernández y su equipo en un momento de dificultades económicas en el que la pérdida de los 30 millones de ingresos previstos obligaría al Ejecutivo a hacer cálculos y a tomar medidas para equilibrar el balance. El Principado siempre ha sostenido, tanto en las declaraciones de sus dirigentes como en sus alegaciones ante el tribunal, la plena validez del tributo, su autonomía en materia fiscal y la importancia de estos recursos para, en una situación de crisis como la actual, costear el mantenimiento de los servicios esenciales: sanidad, educación y políticas sociales.

Sus responsables recibieron con indisimulada satisfacción este giro de los acontecimientos. «Para nosotros es una buena noticia. Compartimos plenamente los razonamientos que sostiene el auto. En especial, el que señala que los intereses particulares del sector financiero no pueden prevalecer sobre los intereses generales de los ciudadanos», explicó el portavoz del gabinete, Guillermo Martínez, a las pocas horas de tener conocimiento de los hechos.

 

Pues habrá que estar vigilantes para que no sea así…

La banca cree que el gravamen recaerá sobre los clientes

19.07.13, El Comercio.

Está por ver quién asume en último término el impacto final del impuesto. El Principado sostiene que es cosa de la banca -el tributo grava sus depósitos- y que en ningún caso podría cargarse a los clientes. Pero algunas entidades ya han deslizado que, al final, eso es lo que sucederá. «El impuesto repercutirá en los clientes», aseguró, por ejemplo, Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, que en Asturias opera bajo la marca SabadellHerrero, el pasado diciembre, en pleno debate político sobre su creación.

 

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