IU, PP y Ciudadanos meditan disolver Gispasa, empresa pública con dieciocho empleados
Foro apoya a Podemos en suprimir la compañía que ha construido el HUCA y el Álvarez-Buylla, y que ahora gestiona los servicios no sanitarios
Pablo Álvarez, en La Nueva España
El futuro de Gispasa, empresa pública que gestiona el mantenimiento y la explotación de los servicios no asistenciales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, quedó ayer visto para sentencia. Pero no resulta fácil saber cuál será la sentencia. Podemos reclama disolverla mediante una proposición de ley presentada en la Junta General Principado. Foro apoya esta postura, pero reclama una solución para sus 18 trabajadores. El PSOE apuesta por mantenerla. PP, IU y Ciudadanos no se han pronunciado al respecto: parece que dudan. El exconsejero de Hacienda Jaime Rabanal, quien presidió Gispasa durante años, puso ayer un esfuerzo pequeño en defender su continuidad. Los actuales consejeros de Sanidad y Hacienda emplearon más ardor en defender su papel.
Y, para complicar un poco más las cosas, Podemos dio a conocer la existencia de un vídeo elaborado y difundido por una empresa privada que ha suministrado una herramienta de gestión a Gispasa en el que salen el gerente y la directora jurídica de Gispasa glosando las excelencias de la citada aplicación.
Como puede observarse, tras el debate celebrado ayer en el Parlamento regional no está nada claro qué sucederá con Gispasa y sus 18 trabajadores. La empresa fue creada en 2003 por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces con el cometido de impulsar la construcción del nuevo HUCA; más tarde se le encargo lo mismo con el Álvarez-Buylla de Mieres. La pretensión del Ejecutivo socialista era que esta cuantiosa inversión no fuese computada como deuda de la Administración regional en un momento en el que los controles de ámbito nacional y europeo sobre estos conceptos empezaban a ser muy férreos.
"El resultado final del modelo que se adoptó fue positivo, en comparación con otras iniciativas de otros lugares. Es una empresa pública, no privada o participada por la Administración. Fue una fórmula que funcionó adecuadamente en la construcción y el equipamiento del nuevo HUCA. Si no hubiésemos tenido ese instrumento no habría sido posible construir el HUCA en aquel momento", indicó ayer en la Junta Jaime Rabanal.
El exconsejero de Hacienda no se esforzó mucho en defender el actual papel de Gispasa, que centra las críticas de Podemos. "Cualquier decisión que se adopte debería estar fundamentada en una evaluación del funcionamiento de Gispasa. Yo no me atrevo de dar una respuesta. Los problemas de coordinación [con los gestores de la sanidad] existen, y hay que resolverlos, como en tantas cosas", indicó Rabanal, quien, no obstante, advirtió que los costes de suprimir Gispasa "no sería un tema menor".
Entre tanto, Álvarez Areces y el exconsejero de Sanidad Faustino Blanco optaron por no comparecer pese a que habían sido convocados por la Comisión de Hacienda y Sector Público del Parlamento, donde se debate la proposición de ley planteada por el partido morado. Que los costes de la disolución de Gispasa no son una cuestión menor lo enfatizó la consejera de Hacienda y actual presidenta de Gispasa Dolores Carcedo. Hizo hincapié en que la medida que abandera Podemos supondría "como mínimo" un desembolso de 7,2 millones de euros por diversos conceptos, entre ellos, la indemnización a sus trabajadores.
De otra parte, la Agencia Tributaria exige a Gispasa el pago de otros 36 millones en concepto de devolución del IVA. Está por ver si la Administración regional tendrá que efectuar este abono en un solo año o se le darán diez. Carcedo sí reconoció que es necesario resolver los "problemas de coordinación" entre Gispasa y el Sespa, pero enfatizó que la empresa púbica es "esencial" para la gestión de estos equipamientos.
Dolores Carcedo eleva a 44,2 millones el coste de la disolución de Gispasa
La consejera de Hacienda considera que «sería malgastar los recursos» y defiende el modelo público elegido
EVA FERNÁNDEZ, OVIEDO, en El Comercio
La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, rechazó ayer la disolución de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias (Gispasa) porque «sería malgastar los recursos públicos». Además del coste económico de la operación, que cifró en 44,2 millones de euros, valoró «el conocimiento y la experiencia tras la puesta en marcha del HUCA y del Álvarez-Buylla». Esos 44,2 millones, explicó, supondrían el pago de 7,2 millones -el montante de las indemnizaciones a los trabajadores, que suman 215.603,79, y otros 6,6 millones de la parte comercial-. Además, de los 37 millones en concepto de regularizaciones del IVA que «habría que pagar en un solo año», como solicita la Agencia Tributaria, con lo que la disolución, a su juicio, implicaría «un fuerte impacto presupuestario» para el ejercicio del 2018 ó 2019, cuando se decidiera la disolución.
Dolores Carcedo realizó estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Sector Público de la Junta General acerca de la Proposición de Ley de supresión de Gispasa presentada por la formación morada cuyo portavoz, Andrés Fernández Vilanova, se quedó solo al final de las comparecencias. En el turno de fijación de posiciones, lo advirtió al resto de grupos. «Confío en que las fuerzas políticas que parecen virar su postura esperen a la deliberación». Porque ninguno dejó claro su voto y decidieron analizarlo más.
Carcedo abanderó la defensa del modelo público de Gispasa como un recurso fundamental y ejemplo de eficacia y eficiencia, incluso trasladable a otras áreas sanitarias. El exconsejero de Hacienda, Jaime Rabanal, reconoció que la empresa «tiene un problema de coordinación» que consideró normal ante el traslado de «cinco hospitales a uno» y defendió el modelo elegido como el único que posibilitaba la construcción del HUCA.
Ante todo esto, Fernández Vilanova acusó a Gispasa de que «se creó para ocultar deuda», «que proyecta clientelismo en adjudicaciones con favoritismo y puertas giratorias», «con trabajadores que no son los mejores sino los favoritos -tras citar a algunos de los empleados vinculados en parentesco con cargos del Principado-» y sacó a la luz un vídeo de una empresa de software, AuraPortal, «asentada en Miami», en la que el gerente de Gispasa, Alfonso de Carlos, y la responsable jurídica de Gispasa, Beatriz Herrero, en junio del 2016, promocionan la firma. Carcedo dijo conocer a AuraPortal como «un caso de éxito» pero desconocer el vídeo.
Desde Podemos también preguntaron al consejero de Sanidad, Francisco del Busto, si iba a tomar medidas contra Lacera tras la intoxicación de un paciente del HUCA por un producto de limpieza. El exconsejero afirmó que «ya se ha retirado» y que «cualquiera puede resultar tóxico».
El expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces, citado a comparecer ayer excusó su ausencia por sus obligaciones en el Senado. Tampoco acudió, aunque sin dar explicación alguna, el exconsejero de Sanidad, Faustino Blanco. Mientras duró la sesión, medio centenar de trabajadores de la CSI pedían la disolución de Gispasa a las puertas de la Junta (en la foto).
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