Instrucciones del la Consejería de Sanidad para el desarrollo y seguimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno que regula la jornada en el SESPA…
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Consejería de Sanidad
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
CESES:
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Carmen Buergo Villanueva como Directora Médica de Atención Primaria del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Gloria Herías Corral como Directora de Enfermería del Hospital del Oriente de Asturias del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña María Teresa Alonso Vega como Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Montserrat Pérez Fernández como Directora de Gestión del Área Sanitaria VI-Arriondas
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Rosalía Martínez Tenorio como Directora Médica del Hospital del Oriente de Asturias del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Ángel Miguel Alzueta Fernández como Subgerente de Atención Especializada del Área Sanitaria IV-Oviedo.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Covadonga Gonzalvo Rodríguez como Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área Sanitaria IV-Oviedo.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Luis Luengo Sarrias como Director de Gestión y Servicios Generales de Atención Primaria del Área Sanitaria IV-Oviedo.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Mario González Puente como Director Médico de Atención Primaria del Área Sanitaria IV-Oviedo.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel Herrero Álvarez como Director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Área Sanitaria IV-Oviedo.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Ramón Corral Santoveña como Director de Enfermería de Atención Especializada del Área Sanitaria IV-Oviedo.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Benjamín Busto Rodríguez como Director de Gestión Económico Administrativo y Servicios Generales del Hospital Monte Naranco.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don José María Díaz Pérez como Director de Enfermería del Hospital Monte Naranco.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Andrés Barrientos como Director de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Francisco Lozano Sánchez-Pajares como Director Médico de Atención Especializada del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Gracián García Herrera como Director de Enfermería de Atención Primaria del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de don Julio Marcos González Bastida como Director de Enfermería de Atención Especializada del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Laura Muñoz Fernández como Directora Médica de Atención Primaria del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Raquel Paramós Escapa como Subdirectora de Gestión y Servicios Generales de Atención Especializada del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Teresa Manteca Gómez como Directora de Gestión y Servicios Generales de Atención Primaria del Área Sanitaria V-Gijón.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone el cese de doña Teresa Olmo Yáñez como Subdirectora Médica de Atención Especializada del Área Sanitaria V-Gijón.
MOMBRAMIENTOS:
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Gloria Herías Corral Directora de Enfermería del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don José María Nieto Castañón Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Montserrat Pérez Fernández Directora de Gestión del Área Sanitaria VI-Arriondas.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don Antonio José Álvarez García Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria IV.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don Miguel Ángel Herrero Álvarez Director de Gestión del Área Sanitaria IV.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don Ramón Corral Santoveña Director de Enfermería del Área Sanitaria IV.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don Eduardo Segovia Martínez-Salinas Director del Hospital de Cabueñes del Área Sanitaria V.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don Francisco Javier Andrés Barrientos Director de Gestión del Área Sanitaria V.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a don José Ramón Ardura González Director de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria V.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Teresa Cueva Martínez Directora de Enfermería del Área Sanitaria V.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Teresa Manteca Gómez Subdirectora de Gestión del Área Sanitaria V.
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Consejería de Sanidad, por la que se nombra a doña Teresa Olmo Yáñez Subdirectora Médica del Área Sanitaria V.
El Principado garantiza la atención sanitaria a los extranjeros sin recursos en situación irregular
VER LA REFERIDA INSTRUCCIÓN EN EL BOPA DE HOY
OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial del Principado de Asturias ha publicado este sábado las instrucciones dictadas por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para que se garantice la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes, en situación administrativa irregular radicadas en Asturias.
Según informó el Principado, esta resolución "supone mantener en vigor la decisión pionera del Gobierno de Asturias, que el pasado 13 de junio resolvió seguir prestando atención sanitaria gratuita a las personas sin recursos y en situación administrativa irregular, una resolución que fue posteriormente secundada por diferentes comunidades autónomas".
El Ejecutivo recuerda que el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad dejaba sin tarjeta sanitaria ni posibilidad de solicitarla a todas las personas inmigrantes sin recursos radicadas en el país. Además, establecía este 1 de septiembre como plazo máximo de validez de las tarjetas sanitarias expedidas antes de este Decreto y cuyos titulares son personas inmigrantes sin recursos.
A esta norma se une además lo dispuesto en el Real Decreto 1192/2012 del pasado 3 de agosto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. Entre estos supuestos, el Principado informa de que "no se hace mención alguna a las personas extranjeras residentes en España en situación administrativa irregular, por lo que quedarían fuera de la atención sanitaria".
Para dar respuesta a esta situación, el Gobierno de Asturias especifica en el BOPA cómo ha de realizarse la atención sanitaria para las personas en esta situación y establece que los ciudadanos extranjeros en situación irregular sin recursos económicos empadronados en Asturias podrán acceder a la asistencia sanitaria mediante la solicitud en el centro de atención primaria que les corresponda según su domicilio. Estos ciudadanos se incluirán en el Sistema de Información de Población y Recursos (Sipres) y tendrán asignado un código de identificación personal.
SIN TARJETA NI FINANCIACIÓN EN LAS RECETAS
Así, quedarán adscritas a un equipo básico de salud de referencia y se les autorizará el acceso a la asistencia sanitaria en los dispositivos del Sespa. En cumplimiento del Real Decreto 16/2012 no se les tramitará tarjeta sanitaria individual.
La prescripción farmacéutica para estas personas se realizará en recetas sin financiación pública y se comunicará a los afectados la posibilidad de dirigirse a diferentes ONG o asociaciones sobre las posibilidades de acceder a la prestación farmacológica.
Por su parte, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España menores de 18 años y las mujeres en esta misma situación durante el embarazo, parto y postparto continuarán recibiendo la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Mientras, los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria de urgencia, cualquiera que sea su causa, hasta el alta médica.
Además, se prorroga la autorización de acceso a la asistencia sanitaria a las personas que disponían de ella en virtud de las instrucciones dictadas por la Consejería de Sanidad el pasado 14 de junio. Con ello, las personas que con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012 tuvieran acceso a la asistencia sanitaria y dispusieran de tarjeta sanitaria individual, una vez que esta caduque o sea anulada, podrán mantener el acceso a la asistencia ordinaria en los términos previstos.
El Principado defiende que la atención prevista a estas personas está basada en la Ley General de Salud Pública, que establece el compromiso de equidad en salud y de reducción de desigualdades de salud respecto de la atención a una población excluida.
La Ley explicita que "los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas"
Por último, destaca que entre los objetivos del Plan de Inclusión Social de Asturias está la asistencia sanitaria de los grupos de población en situación de exclusión, como los inmigrantes irregulares sin recursos, a los que también están dirigidos los programas de acogida e integración de las personas inmigrantes.
Los sindicatos acusan al Principado de llevar a cabo «una reforma sanitaria encubierta»
El Gobierno regional aprueba hoy la ampliación de la jornada laboral de los trabajadores de la sanidad pública
Foto: La asamblea informativa convocada ayer en el HUCA por los sindicatos CC OO y UGT logró una nutrida asistencia. Hoy harán lo propio los sindicatos profesionales Sicepa, Usae y Satse
Avilés / Oviedo, M. G. SALAS / P. ÁLVAREZ, en La Nueva España
El Consejo de Gobierno del Principado tiene previsto aprobar hoy el nuevo régimen de jornada laboral de los trabajadores de la sanidad pública, una medida que amenaza con abocar al sistema sanitario regional a un otoño marcado por un conflicto que incluso podría llegar a la huelga. Ayer, los sindicatos denunciaron el intento del Servicio de Salud del Principado (Sespa) de incurrir en «una falta de respeto a los profesionales» al citar a las juntas de personal (el equivalente a los comités de empresa de las diversas áreas sanitarias) «sin cumplir los plazos legales vigentes», con el fin de «dar apariencia de legalidad» a la normativa que hoy recibirá luz verde.
Ante la negativa de los representantes de los trabajadores a reunirse ayer mismo, el nuevo modelo no recibirá ninguna alegación oficial. Sin embargo, las centrales sindicales están en pie de guerra. Sostienen que el Gobierno asturiano está aprovechando la reforma sanitaria auspiciada por el Ejecutivo central para efectuar un ajuste duro de las condiciones laborales de los trabajadores, según denunció ayer David Menéndez, presidente de la junta de personal del área sanitaria de Avilés, quien habló de «una reforma sanitaria encubierta». «Queremos que los ciudadanos sepan cómo se está tratando al personal sanitario», precisó Menéndez, quien agregó que los más afectados por los cambios serán los trabajadores del turno de noche, pues «van a tener que trabajar casi 70 horas más que en 1992, cuando, sobre el papel, la jornada laboral es la misma que entonces».
La ampliación de la jornada semanal de 35 a 37,5 horas es la piedra angular de la reforma que hoy aprobará el Gobierno de Javier Fernández. La aplicación de este incremento se traducirá en el traslado a las tardes de una parte de la jornada ordinaria de trabajo, lo cual se traducirá en un recorte de las horas de guardia y de los programas vespertinos de intervenciones quirúrgicas. Este recorte conllevará una reducción de las retribuciones que por estos conceptos perciben determinados profesionales, principalmente médicos. La intención del Ejecutivo autonómico de suprimir las libranzas posteriores a las guardias nocturnas agudizan el malestar del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), cuyos dirigentes están planificando la estrategia reivindicativa que prevén desplegar en las próximas semanas.
El único diputado regional de UPyD, Ignacio Prendes, instó ayer a la Consejería de Sanidad a «agotar todas las posibilidades de negociación con los distintos colectivos profesionales», en tanto que reclamó a éstos «responsabilidad para entender que el mantenimiento de un servicio público de sanidad como el que disfrutamos exigirá cambios y reformas para tratar de ganar en eficiencia y hacerlo sostenible».
El consejero de Sanidad, Faustino Blanco, subrayó anteayer en Gijón que la aplicación de recortes es imprescindible para garantizar la viabilidad de la sanidad pública.
El Principado aplicará la nueva jornada en sanidad y educación sin acuerdo
En los hospitales ya no habrá peonadas ni otro tipo de horas extras y en los institutos de secundaria, los docentes darán dos horas más de clase a la semana
29.08.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.
El Principado aprobará hoy la nueva jornada laboral que desde el próximo sábado, 1 de septiembre, tendrán que aplicar los centros sanitarios y educativos de la región para dar cumplimiento al decreto de Mariano Rajoy para reducir el déficit público de las administraciones públicas. El Ejecutivo asturiano dará luz verde a esta polémica normativa en el transcurso de la reunión que esta mañana celebrará el Consejo de Gobierno presidido por Javier Fernández. Lo hará en solitario, después de que los sindicatos de educación y sanidad hayan rechazado la propuesta en las respectivas mesas sectoriales. Tal y como avanzó EL COMERCIO, las centrales sindicales criticaron con dureza el ajuste y acusaron al Principado de aplicar el recorte más agresivo y lesivo del país. Así las cosas, el Ejecutivo socialista tendrá que recurrir a la vía de la imposición para ampliar los actuales horarios de trabajo.
El aumento de la jornada laboral, contra la que los sindicatos ya han anunciado más movilizaciones, obligará al personal a trabajar más ganando lo mismo. En educación, los docentes de Secundaria tendrán que dar dos horas más de clase a la semana. Los institutos pasarán de 18 a 20 horas lectivas. Asimismo, el tiempo de permanencia en el instituto pasará de 25 horas a 27 y el número de centros de formación de profesores se reducirá de siete a cuatro.
1.600 despidos
En sanidad la jornada semanal ya no será de 35 horas, sino de 37,5. El incremento de horarios hará que las peonadas, que se abonaban por trabajar más allá del turno ordinario para aliviar lista de espera, pasen a mejor vida. Las horas extras computarán ahora como jornada ordinaria, al igual que los módulos complementarios que hasta ahora podían hacer los médicos de más de 55 años que renunciaban a realizar guardias.
Los sindicatos de sanidad y educación estiman que la propuesta de ampliación de jornada elaboradora por el Principado «dejará en la calle a 1.600 trabajadores». El mayor volumen de despidos se producirá en el ámbito sanitario. Allí, se estima que serán cerca de mil los eventuales afectados por los recortes. El Principado no ha negado que el aumento de jornada conllevará una reducción del número de contrataciones. Sin embargo, ni la Consejería de Educación ni tampoco la de Sanidad han avanzado una evaluación del impacto que esta medida tendrá en las plantillas eventuales. Lo que sí avanzó el consejero de Sanidad es que el ajuste no afectaría a la plantilla estructural cifrada en 14.000 personas.
En este contexto, el diputado de UPyD, y portavoz del Grupo Mixto en la Junta General pidió al Principado una mayor concreción en las medidas que pretende adoptar en el sistema de salud y en concreto conocer con exactitud la jornada laboral que debe cumplir el personal. Ignacio Prendes instó al Principado a que la aplicación de la normativa no suponga sólo «la búsqueda de una reducción en las contrataciones de personal o una bajada de salarios».
De forma similar aconteció en todas las áreas…
Los sindicatos de sanidad plantan a la gerencia del área
La Junta de Personal rehúsa participar en una reunión para abordar la aplicación de la nueva jornada
29.08.12 - FERNANDO DEL BUSTO | AVILÉS, en El Comercio.
La Junta de Personal del Área Sanitaria III dio ayer plantón a la gerente, Beatriz Martínez Argüelles, al negarse a participar en la reunión convocada para abordar la aplicación de la nueva jornada laboral en la sanidad pública de la comarca.
La reunión debía celebrarse en el Centro de Salud de Piedras Blancas, al ser festivo en Avilés. Los integrantes de la Junta de Personal llegaron a presentarse en la capital de Castrillón, pero comunicaron a la gerencia que no se incorporarían a ella para expresarle su malestar y protestar por la forma en la que abordaba el cambio de jornada con los sindicatos en Avilés.
Así, el pasado lunes, sobre las 14.50 horas, la Junta de Personal recibía la propuesta de nueva jornada, con la posibilidad de presentar alegaciones hasta las 17 horas de ayer martes.
«Recibimos un documento tan importante en la víspera de San Agustín, fiesta local de Avilés, siendo el día que tenemos para presentar las alegaciones», explicó David Menéndez, presidente de la Junta de Personal.
Así, después de lograr hablar con los demás sindicatos en pleno puente festivo, la Junta optó por no acudir a la convocatoria, además de dejar constancia del malestar por las formas.
Siendo importante, no es lo que más preocupa a los sindicatos. «Todo lo que ha sucedido demuestra la falta de respeto a los sindicatos, por eso decidimos no entrar», explicó David Menéndez, «pero lo más grave es el ajuste que nos presentan. Tratan de imponer una jornada mucho peor que la de 1992. Es un gran retroceso, una salvajada que rechazamos de pleno».
Además, mañana jueves, a partir de las 14 horas, los sindicatos han convocado una asamblea en el salón de actos del Hospital San Agustín para informar de la situación a los trabajadores.
La Junta de Personal expondrá la protesta que baraja la administración y pulsará el sentir de la plantilla ante los ajustes que se vienen aplicando en el sector público.
De momento, la plantilla de la sanidad pública ha respondido de forma masiva a las diferentes movilizaciones convocadas para protestar por las medidas de control del gasto público como la reducción de sueldos.
Un fallo informático en el Hospital Central altera el sistema de citaciones durante varias horas
SI NADA LO REMEDIA EL TEXTO QUE SE APRUEBE SERA ESTE…
El Gobierno da luz verde a la compra centralizada de vacunas para ahorrar 31 millones de euros en dos años
MADRID, EUROPA PRESS
El Gobierno ha dado este viernes luz verde a tres acuerdos marco firmados entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y la mayoría de las comunidades para la adquisición centralizada de más de 10 millones de dosis de 22 vacunas infantiles y de adultos, una medida que permitirá ahorrar unos 31,1 millones de euros en los dos próximos años.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros, recordando que esta medida llega tras los ahorros conseguidos con la compra conjunta de las vacunas para la gripe --que sólo este año ha supuesto un ahorro de más de 6 millones de euros-- , que demostraron que con las centrales de compras se pueden "obtener mejores precios si todos compran juntos y se planifica bien".
En este sentido, ha destacado el trabajo "intenso" de la titular del ramo Ana Mato durante todo el verano para que estos acuerdos se hayan podido llevar a cabo, y la ha excusado por su ausencia en la rueda de prensa posterior al Consejo al encontrarse en el acto de despedida del equipo español que participará en los Juegos Paralímpicos de Londres.
No obstante, la ministra ha destacado a través de una nota que estas compras centralizadas de vacunas "contribuyen a mejorar la eficiencia del sistema y, por tanto, a su sostenibilidad".
ANDALUCÍA Y PAÍS VASCO NO HAN SUSCRITO LOS CONVENIOS
El primero de los acuerdos engloba la mayoría de las vacunas del calendario infantil y algunas de adultos, y a él se han adherido todas las comunidades salvo Andalucía y País Vasco. El número de dosis estimadas es de 7.583.024, y el ahorro, de más de 17,7 millones de euros.
Esto permitirá la compra conjunta de vacunas como la pentavalente (difteria, tétanos, tos ferina acelular, poliomielitis inactivada y "haemophilus influenzae" tipo b conjugada), la del sarampión, rubeola y parotiditis, la antituberculosa o la de la varicela, entre otras.
Asimismo, también incluye la compra de algunas vacunas destinadas a adultos y grupos de riesgo, como la de la hepatitis A y B o la antirrábica, y las llamadas "vacunas del viajero", como la de la fiebre amarilla o la de la fiebre tifoidea.
El segundo acuerdo marco es exclusivo para la vacuna conjugada frente al meningococo C, también perteneciente al calendario infantil, y a el se han adherido todas las comunidades a excepción de Andalucía, País Vasco y Navarra. El acuerdo es por dos años, prorrogables por uno, el número de dosis estimadas es de 2.105.500, y el ahorro, de más de 4,7 millones de euros.
Las pautas de vacunación del meningococo C están siendo revisadas en la Comisión de Salud Pública y la información epidemiológica y los nuevos desarrollos en vacunas pueden hacer variar el número de dosis y la edad de administración, de ahí que la compra de esta vacuna se recoja en un acuerdo separado.
LA VACUNA DEL PAPILOMA
El tercer y último de los acuerdos incluye exclusivamente la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH), y a él se han adherido todas las autonomías salvo Andalucía, País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña. Se establece por un año, prorrogable a otro, el número de dosis estimadas es de 325.179, y el ahorro previsto es de más de 8,6 millones de euros.
Aunque la vacuna frente al VPH está dentro del calendario infantil para las niñas, en la actualidad, la edad de vacunación está en estudio en la Comisión de Salud Pública.
Hasta ahora, las comunidades han optado por dar esta vacuna a niñas de entre 11 y 14 años en una sola cohorte, y la intención es llegar a un acuerdo sobre la edad válida para todas las comunidades, según explican desde el Ministerio.
Fuentes ministeriales han precisado también que estas compras conjuntas son un procedimiento al que las comunidades se pueden sumar de manera voluntaria, y asegura que las que han optado por no hacerlo han argumentado cuestiones de índole logística (fundamentalmente, por la presencia de concursos activos en la compra de vacunas), de acuerdo con la información de los propios Gobiernos autonómicos.
El Gobierno allana los despidos en Administración y empresas públicas
Un nuevo reglamento permite los ERE si baja un 10% la aportación presupuestaria en las compañías o las transferencias en comunidades y Ayuntamientos
Manuel V. Gómez, Madrid, 7 AGO 2012, en El País
El Gobierno sigue empeñado en reducir el número de empleados públicos. Uno de los objetivos no confesados de la reforma laboral era facilitar los despidos colectivos en la Administración, las empresas y los entes públicos. Lo hizo cuando estableció la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos como motivo para justificar los despidos objetivos. Y ahora, en el reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dado un paso más: ha definido esa “insuficiencia presupuestaria” como la reducción en un 10% respecto al año anterior en las transferencias que se hacen a comunidades y Ayuntamientos o las asignaciones presupuestarias en entes, organismos, entidades o empresas públicas.
A la hora de reducir el gasto público, el Gobierno ha dirigido la tijera a la partida de personal. Y lo ha hecho por una doble vía: por un lado, ha reducido sus remuneraciones al suprimir la paga extra de diciembre (en torno al 7% del salario anual); por otro, ha clarificado mucho los procedimientos para reducir las plantillas del sector público.
Hasta que se aprobó la reforma laboral había un debate sobre si se podían promover despidos colectivos en la Administración. La mayoría de juristas opinaban que sí, pero había voces contrarias. La aclaración del decreto de febrero zanjó la discusión: se podían llevar a cabo y hacerlo aduciendo “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres consecutivos para pagar la indemnización más baja de las extinciones de contrato (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades).
Esta es la versión para el sector público de la caída de ingresos también durante tres trimestres que se aprobó en la misma reforma laboral para que las empresas privadas puedan promover despidos colectivos. Aunque entre un caso y otro hay una diferencia importante: es la propia Administración la que puede provocar la causa que aduce para despedir. Son los gobernantes quienes elaboran los presupuestos y asignan las subvenciones nominativas o las transferencias de capital y quienes adoptan acuerdos de no disponibilidad, supuestos recogidos para el despido colectivo en el borrador del reglamento al que ha tenido acceso este diario.
La medida no afecta a los tres millones de trabajadores del sector público (el régimen laboral de los funcionarios no se rige por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el de la Función Pública). Solo lo hace al personal laboral contratado por las Administraciones (700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas) y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público (142.000, según la Encuesta de Población Activa).
Desde que en febrero se aprobó la reforma laboral —en la que además se cerró al sector público la posibilidad de hacer ajustes de plantilla a través de reducciones de jornada o suspensiones de contrato— ya se han podido ver ejemplos de dónde se puede dar con más asiduidad este tipo de despidos: Radio Televisión Valenciana ha anunciado el despido de 1.247 trabajadores, el 76% de la plantilla.
Un capítulo elocuente del interés del Gobierno —sobre todo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro— por allanar las causas del despido en comunidades autónomas, Ayuntamientos y aledaños es el papel que ha desempeñado en la redacción el departamento que dirige Montoro. El texto que recibieron los agentes sociales el pasado 27 de julio es la segunda versión.
La primera se redactó en mayo y tras el preceptivo periodo de consultas con sindicatos y patronal se envió al Consejo de Estado. El Ministerio de Empleo estaba a la espera del dictamen del órgano consultivo para poder aprobarlo definitivamente hasta que Administraciones Públicas reclamó el texto inicial para hacer cambios. Estos, según explica Empleo, son los que atañen a la definición de “insuficiencia presupuestaria”.
También ha tenido su papel el departamento que dirige Montoro a la hora de otorgar un casi papel de tutelaje del proceso a la Secretaría de Estado de Administraciones o “autoridad equivalente” autonómica. En cambio, no da cabida alguna a la Inspección de Trabajo.
La parte que atañe al sector público es solo una parte del reglamento de los ERE (despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada). En las 40 páginas del decreto también se establece la documentación que tendrán que entregar los empresarios a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo para justificar la causa que aducen para poner en marcha una regulación de empleo.
CC OO y UGT remitieron ayer sus alegaciones al Ejecutivo. En ellas, los sindicatos mayoritarios reiteran las dudas que tienen sobre la constitucionalidad de la reforma laboral. También denuncian la exclusión de la Inspección de Trabajo en los despidos de la Administración. En opinión de estas dos centrales, con este reglamento se confirma la vulneración del derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos.
El Gobierno lanza la ley para el despido colectivo del personal laboral fijo en las administraciones
El borrador del Real Decreto afecta a todos los organismos y entes instrumentales
Incluye ERE colectivos para empleados, suspensiones de contratos y reducciones de jornada
Lara GRAÑA, Oviedo, en La Nueva España
El Gobierno central ultima el Real Decreto que permitirá a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal laboral fijo, es decir, expedientes de regulación. El Ministerio de Empleo ya ha elaborado un proyecto de ley que persigue la «reglamentación» de las extinciones masivas de contratos, y uno de los capítulos está dedicado íntegramente a adelgazar el gasto de personal de los entes públicos. El director general de Empleo, Javier Thibault, remitió el 27 de julio a los sindicatos el borrador de Real Decreto al que se someterán las administraciones central, autonómica, local y los entes instrumentales, y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
La documentación remitida por el Ministerio a las centrales sindicales lleva el epígrafe «Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada». Se trata de dos expedientes distintos que detallan qué cambios legales harán para permitir la extinciones de relaciones laborales, y bajo qué supuestos se podrán ejecutar de forma inminente.
El presidente del Principado, Javier Fernández, ya advirtió de que los duros ajustes que supone cumplir con el límite de déficit supondrá, entre otras medidas, el recorte de aproximadamente un millar de empleos en la administración pública regional. El Principado tiene algo más de 35.780 trabajadores, de los que unos 16.590 son funcionarios, 5.600 personal laboral y 13.200 personal del servicio de salud (Sespa), a los que se suman aproximadamente otros 300 entre altos cargos, personal eventual, contratos de alta dirección y puestos directivos en el Sespa. El conjunto de empleados públicos en Asturias -de todas las administraciones y entes- supera los 64.000 trabajadores.
Aviso por carta. Las centrales sindicales recibieron por carta el borrador, y ayer finalizó el plazo de consultas para que pudieran realizar «observaciones» sobre el mismo. La reforma laboral había incluido ya la posibilidad de despedir empleados públicos por causas económicas u organizativas, pero lo que hace ahora el Ejecutivo es elaborar el Real Decreto que le da forma.
«Se remite una nueva versión del proyecto de real decreto», indicó en su misiva Javier Thibault. «Se ruega que las observaciones que puedan formularse se centren en el Título III» -continúa- «que contempla la regulación de los procedimientos de despido colectivo en el ámbito de las administraciones públicas, que no se incluía en el borrador» del 23 de mayo de este año, dice textualmente. «Nos han dado seis días para estudiar esta barbaridad, un ataque en la línea de flotación de los derechos de los trabajadores», arremete una fuente sindical de CSIF, que ha pedido el anonimato.
¿Para quién es? Los despidos masivos se ejecutarán por «causas económicas, técnicas, organizativas o de producción», y se aplicará en base a un baremo que el Gobierno explica en el capítulo dos de la nueva disposición. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados, ésta quiera prescindir de 10 de ellos. También podrá echar mano del expediente laboral colectivo cuando el despido afecte al «10% del número de trabajadores» de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades menores que dependan de éstos. Las administraciones que tengan más de 300 empleados públicos podrán acogerse a este programa de despidos colectivos cuando quieran prescindir de al menos 30 trabajadores. Es la primera vez que se regula esta posibilidad, habilitada tanto por la modificación del Estatuto del Trabajador como por la Reforma Laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Causas de despido.
La principal causa que establece el borrador de Real Decreto es económica. «A efectos de las causas del despido del personal laboral en las administraciones públicas», dice el texto, «se entenderá que concurren cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes». El déficit presupuestario -que se produce cuando el gasto supera a los ingresos- afecta a prácticamente todas las administraciones públicas.
Si se produce el caso de que un ente público tiene superávit, podrán presentar EREs colectivos en otros supuestos. Por ejemplo, cuando las subvenciones que perciben (consejerías, ayuntamientos o fundaciones, por ejemplo) hayan disminuido al menos un 10% respecto al año anterior. También será posible aprobar un ERE cuando las autonomías justifiquen haber percibido un 10% menos de transferencias de capital del Estado. Asimismo, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración de referencia (estatal, local o autonómica) hayan disminuido otro 10% podrán llevar a cabo despidos colectivos.
Con y sin oposición.
A la hora de elaborar el ERE bastará con que la administración que ejecute los despidos presente una «memoria explicativa de las causas económicas», así como los presupuestos de los dos últimos años y la relación de los puestos de trabajo que tiene en el momento en que presenta el expediente. Los trabajadores públicos fijos -no funcionarios de carrera- que aprobaron una oposición tendrán prioridad para quedarse, pero no están exentos de entrar en el ERE. Si el ente público considera que este requisito no es determinante podrá obviarlo, como consta en el artículo 41 del proyecto de Real Decreto.
En todo caso, la secretaría de Estado se reserva la competencia para decidir si aquéllos que hayan aprobado un proceso selectivo tienen esta prioridad.
Las administraciones públicas españolas emplean a 700.000 trabajadores no funcionarios
Vigo, La Nueva España
Además de regular el despido colectivo del personal laboral fijo de las administraciones, el Gobierno prevé también aplicar reducciones de jornada y expedientes regulatorios de suspensión (EREs temporales). En ambos casos «se promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar la polivalencia o incrementar su empleabilidad». Para llevar a cabo las reducciones de jornada y las suspensiones de contrato se aplicarían los mismos requisitos que en los ERE de despido.
Con todo, la mayor parte del articulado se refiere a las extinciones, a la expulsión de trabajadores de la administración de manera definitiva. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) a cierre del segundo trimestre, en España hay 3.041.100 asalariados del sector público, 60.000 menos que en los tres primeros meses del ejercicio. Hasta 2,4 millones de trabajadores son fijos y, según cálculos sindicales, el personal laboral fijo asciende a unas 700.000 personas. Son éstas las que están en riesgo de perder su empleo, bajo amparo legal del Gobierno por la vía «urgente». Los funcionarios de carrera -también fijos- no están afectados por esta nueva normativa, pero en UGT, CSIF o CC OO aseguran tener «la mosca detrás de la oreja» ante un eventual cambio en el Estatuto de los Trabajadores.
Objeto y causa de despido
1. Los ERE se podrán llevar a cabo en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas o en el órgano que estas determinen, entes u organismos dependientes o vinculados a ellas, así como en las entidades de la Administración Local.
2. A efectos de las causas del despido colectivo del personal laboral en las Administraciones Públicas se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente.
3. Las administraciones podrán despedir cuando las subvenciones hayan disminuido al menos un 10% con respecto al ejercicio anterior.
4. Cuando las trasferencias de capital hayan disminuido al menos un 10 % con respecto al ejercicio anterior.
5. Cuando la aportación presupuestaria al convenio o al contrato programa que tuviera concertado el ente, organismo o entidad de que se trate haya disminuido, al menos, un 10 % con respecto al ejercicio anterior.
6. Cuando se haya adoptado un acuerdo de no disponibilidad que afecte al departamento, consejería, entidad local, ente u organismo de que se trate.
Documentación a presentar para ejecutar los ERE
El ERE debe ir acompañada de un informe que incluya:
1. Una memoria explicativa de las causas económicas que acrediten la situación de insuficiencia presupuestaria.
2. Los presupuestos de los dos últimos ejercicios, donde consten los gastos de personal.
3. Relación de puestos de trabajo o plantilla de personal.
4. El plan de ordenación de recursos humanos.
CONSEJERÍA DE SANIDAD
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)
Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se delega el ejercicio de atribuciones y la firma de resoluciones y actos administrativos en los órganos del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
El Decreto 163/2012, de 11 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, si bien mantiene la organización general del Servicio de Salud ya determinada en el Decreto 172/2011, de 16 de agosto, introduce una modificación sustancial en la estructura periférica del Servicio de Salud con el objetivo de buscar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Para ello, instaura una única Gerencia por Área Sanitaria, unificando las Gerencias existentes en cada Área, y crea nuevos órganos directivos acordes a la nueva estructura.
En consecuencia se pretende, con la presente Resolución, establecer un régimen de delegación de competencias que permita agilizar la gestión sanitaria y que esté conforme con la nueva estructura periférica del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Asimismo, se revisan y refunden en esta Resolución las delegaciones preexistentes, contribuyendo con ello a clarificar y sistematizar el régimen competencial en el Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Por lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15.4 de la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en relación con los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como los artículos 15, 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
RESUELVO
Aprobados los nuevos ajustes para interinos y personal del Sescam y la UCLM
Agencia EFE, Toledo
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy con el apoyo del grupo parlamentario popular la proposición de ley con nuevos ajustes en el gasto público, que recoge, entre otras medidas, la rebaja salarial del 3 % al Sescam y a la Universidad, y la posibilidad de reducirlo un 15 % a los interinos.
La nueva normativa aprobada en pleno extraordinario, que ha recibido el respaldo de los 24 diputados del PP y el rechazo de los 23 del PSOE presentes, es una proposición de ley de acompañamiento a la ley de medidas complementarias al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos impulsada por el PP.
Durante la votación, han estado ausentes la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, al encontrarse en la zona afectada por el incendio del Alto Tajo en Guadalajara y el diputado del PSOE José Molina por motivos personales, según ha informado a Efe fuentes socialistas.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, ha defendido la necesidad de aprobar nuevos ajustes para garantizar de forma "certera" la sanidad, la educación y los servicios sociales de los castellanomanchegos y "eliminar los efectos perniciosos de la herencia socialista".
Esteban ha reprochado a los socialista que "den lecciones en empleo" cuando fue el anterior Gobierno socialista el que, según ha asegurado, hubo numerosos empleados públicos que comenzaron a trabajar en la Administración Pública mediante "el señalamiento con el dedo por obra y gracia de quien mandaba entonces".
"Hemos votado la tranquilidad de que esas personas van a tener los servicios sociales que tanta falta les hacen", ha afirmado Esteban, que ha admitido que son medidas "duras", pero servirán para "salir" de la actual situación económica.
Sin embargo, el diputado socialista Santiago Moreno ha rechazado los "nuevos recortes" y ha lamentado que siempre vayan dirigidos "a los mismos", los funcionarios, que son "los más débiles".
Moreno, además, ha criticado que la aprobación se produzca el mismo día que se ha conocido que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más ha crecido el paro en España durante el mes de julio, con 2.641 desempleados más, y ha animado al Gobierno autonómico a "rectificar" porque "los recortes sólo generan más paro".
La proposición aprobada da potestad al Gobierno regional para que pueda reducir hasta un 15% la jornada y el sueldo de los interinos de la Junta y, además, contempla la reducción de un 3% el sueldo a los empleados del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Del mismo modo, recoge la subida en un 1 por ciento del tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la reorganización administrativa para que pasen a depender de la Consejería de Fomento todos los informáticos de la Junta y todos los ordenanzas de la de Administraciones Públicas, que podrán ser desplazados dentro de la misma provincia.
También contempla una modificación presupuestaria para rebajar los módulos para el sostenimiento de los centros educativos concertados y los comedores escolares.
El diputado socialista Santiago Tierraseca, uno de tres los diputados del grupo parlamentario socialista que han intervenido en el debate de la proposición, ha advertido de que algunas de las medidas aprobadas pueden ser "ilegales" porque vulneran diversas leyes, alguna de ellas orgánicas, y ha animado a los afectados a "recurrir".
Tierraseca ha acusado al PP de estar "destrozando el estado del bienestar" y al Gobierno autonómico de empeñarse en "perseguir a los funcionarios y no valorar su trabajo y su profesionalidad".
Por su parte, el diputado socialista Fernando Mora ha criticado que la aprobación del nuevo paquete de ajustes se realice "de forma clandestina" en "pleno mes de verano" y de manera "improvisada", tras haber aprobado hace tan sólo unas semanas los presupuestos de la Junta de 2012.
A las críticas se ha sumado Santiago Moreno, que ha apuntado que con los nuevos "recortes" se perjudica a la educación pública, con una rebaja en los gastos de funcionamiento de entre el 38,9 al 75 por ciento, frente a la concertada, donde la reducción es del 3,14 por ciento.
Pero el portavoz del PP en las Cortes regionales Francisco Cañizares ha defendido la necesidad de aprobar los nuevos ajustes y ha acusado al PSOE de "haber aplaudido de forma rabiosa" hoy el aumento de parados en Castilla-La Mancha y, sin embargo, "no traer ni una sola propuesta" para combatirlo.
"No son las medidas que nos hubiesen gustado tomar tras 28 años de Gobierno socialista, pero son necesarias, imprescindibles", ha afirmado.
Cañizares ha defendido la proposición impulsada por su grupo junto con otros cuatro diputados del PP con los que ha coincidido en que los ajustes son consecuencia de la "herencia recibida" del PSOE.
"Ustedes son los responsables de que el servicio de comedor no se pueda pagar", ha reprochado a la bancada socialista la diputada del PP Beatriz Jiménez.
Por su parte, el diputado del PP Antonio Martínez, encargado de defender el dictamen, ha asegurado que sin la aprobación del Plan de los Servicios Sociales Básicos a día de hoy no se podría haber pagado a los funcionarios.