OPINION

La deslegitimación y total pérdida de credibilidad de los políticos que votaron la reforma constitucional en el punto de mira

Ciudadanos y mercados

Por Manuel Castells – La Vanguardia.com
Zapatero quedará en la historia como el peor presidente de la democracia española hasta la fecha (Aznar, al menos, tenia coherencia ideológica). La pantomima de reforma constitucional perpetrada con nocturnidad y alevosía veraniega por los dos grandes partidos compinchados afecta a la raíz de la democracia y la autonomía del Estado. Ha sido una decisión impuesta por Merkel y Sarkozy, retomando una propuesta del PP. Se razona que era necesaria para calmar la desconfianza de los mercados sobre la deuda española que podría precipitar una crisis de las deudas europeas, en particular italiana, hundiendo así al euro. Reflotar a Grecia, Portugal e Irlanda es difícil. Salvar a España de la quiebra es inviable para las finanzas alemanas y francesas. De ahí la presión sobre el Gobierno español que hace tiempo abandonó cualquier veleidad de soberanía económica. Todo en nombre de vaticinios sobre el comportamiento de los mercados, poder supremo y misterioso al que hay que aplacar con sacrificios humanos: los recortes de gasto social afectan a salud, educación y pensiones, o sea, a la vida.
Pero ¿quiénes son los mercados? ¿Usted conoce personalmente a algún mercado? En realidad se les pueden poner nombres y apellidos: son los inversores (tal vez usted mismo) gestionados por intermediarios financieros. ¿Pero qué quieren los tales inversores y sus intermediarios? ¿El equilibrio fiscal? ¿La capacidad de pago de la deuda a largo plazo? Todo eso son cálculos estratégicos para llegar a otro fin, a lo que verdaderamente mueve la inversión: la ganancia contante y sonante a corto plazo. Así funcionan las finanzas, de eso dependen los dividendos para los accionistas y, sobre todo, las comisiones y primas para los operativos financieros. Y esa ganancia a corto plazo se obtiene por múltiples medios, entre ellos la apuesta por cambios de valoración de efectos financieros, incluidos los bonos del Tesoro y las divisas. De modo que según para quién la devaluación de la deuda soberana española y el aumento de la prima de riesgo pueden resultar en un pingüe negocio. Las grandes ganancias se producen precisamente en situación de turbulencia financiera.
En cambio lo que los inversores (llamados mercados) tienen en cuenta son las perspectivas de actividad de cada economía. Porque la recesión y el aumento del paro son mal negocio para todos. Precisamente por eso, cuando en la primavera del 2010 España decretó medidas de austeridad la evaluadora Fitch rebajó la cotización de nuestra deuda pública. ¿Qué no harán ahora esos inversores al saber que, aunque a largo plazo la deuda española pudiera pagarse, a corto plazo el país se queda seco de estímulo fiscal posible en una situación en que la inversión privada no puede salir por si sola de la crisis de empleo y demanda? La atonía económica es la más negra perspectiva para los mercados.
Y por eso el mismo día en que los siseñores de las Cortes del Reino votaban atar de pies y manos al Estado discapacitándolo para obtener recursos cuando hiciera falta, subía la prima de riesgo española y caían las bolsas de todo el mundo como reacción al decrecimiento del empleo en EE.UU. En contraste, hubo una reacción alcista de las bolsas cuando se alcanzó el acuerdo para que EE.UU. pudiera endeudarse más. Y se han vuelto a hundir tras el anuncio por el FMI de la posibilidad de recesión a pesar (o a causa) de los recortes. Por esas razones pueden quebrar España y el euro, no por endeudarnos.
No se trata de salvar la economía española sino de aprovechar la crisis para maniatar a los representantes de los ciudadanos por si tienen la tentación de seguir a sus votantes en lugar de a los mercados interpretados por Merkel, Sarkozy y todos aquellos que salvan su pellejo político en sus países a costa de los otros europeos: una demostración de la des(U)nión Europea.
Pues este es el meollo de la cuestión: en nombre de los mercados (cuyo criterio está por ver) se impone una reforma constitucional a los ciudadanos, sin consultarlos y aprovechando una mayoría parlamentaria que puede disolverse en tres meses. Y de paso, se deslegitima una Constitución de quita y pon, que es intocable para según qué cosas y se manipula en unos días para lo que conviene a aquellos políticos coyunturalmente en el poder. Así jamás se hubiera aprobado la Constitución de 1978 que, por imperfecta que sea, permitió organizar una coexistencia política a partir de un consenso evolutivo que ahora se ha roto sin necesidad perentoria y sin informar a los ciudadanos del por qué de esa urgencia aparte de las oscuras referencias a la percepción de los mercados. Y es que los ciudadanos tienen derecho a equivocarse porque eso también es soberanía popular. Lo que no aceptan es invocar la democracia como fuente de legitimidad para después actuar sobre temas tan importantes aplicando el rodillo parlamentario como si el país fuera de los políticos. El ejemplo islandés vuelve a la memoria: tras meses de movimiento social un referéndum sobre las políticas de crisis llevó a la regulación financiera, al despido y encausamiento de políticos culpables de la crisis y al impago de las deudas bancarias. Y se arregló la cosa para la gente.
Si ya había una crisis de legitimidad profunda en la democracia española, fuente de la indignación que comparte una gran mayoría de la población, esta vergonzosa reforma de la Constitución dinamita cualquier credibilidad de los políticos que la votaron. Y de paso se lo pone muy difícil a Rubalcaba, que intentaba salvar los muebles de su partido y de la política tendiendo puentes al sentir de la sociedad. Si la fuente de la Constitución son los mercados, que manden los banqueros por la vía directa. Pero si los ciudadanos piensan que son ellos los constituyentes, tal vez podrían refundar la democracia pacíficamente y limpiar las instituciones de unos partidos mayoritarios que acampan en las Cortes como si fuera su finca y nosotros sus peones. Acampada contra acampada. Cinismo político contra esperanza de ciudadanía. A desalambrar.

Desde aquí suscribimos íntegramente esta opinión aunque nos hubiera gustado que “otros” también lo dijeran así de claro

Sí a la dedicación exclusiva

Una exigencia lógica para cualquier empresa pública de servicios

CARLOS PONTE Y MANUEL MATALLANAS ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS

En estos últimos días, y de manera insistente, la dedicación de los médicos al sistema público de salud se ha convertido en un nuevo caballo de batalla del debate sanitario. Las filtraciones a la prensa sobre una posible supresión de su obligatoriedad parece un globo sonda auspiciado por los actuales responsables sanitarios, pese a que no se hayan pronunciado directamente al respecto. Sin embargo, las reacciones desde el PP, Sindicato médico SIMPA, Colegio de Médicos y algunos miembros de FAC del colectivo implicado muestran con claridad que el debate se ha planteado de una manera asimétrica, decantado hacia los favorables a compatibilizar un puesto en el sistema sanitario público con una consulta privada, aunque se definan algunos como partidarios de la dedicación exclusiva.

Desde el punto de vista de los defensores de la sanidad pública, especialmente en su sostenibilidad y calidad, la visión no puede ser más opuesta. Creemos que la dedicación exclusiva de los profesionales es una necesidad lógica para cualquier administración o empresa pública de servicios; tanto, al menos, como lo determinan las normas de todas las empresas para con sus profesionales más cualificados.

¿Es la medicina una profesión liberal? La profesión médica, como la abogacía, la arquitectura... y todas las demás, no es liberal ni social (asalariada) en sí misma, no es una característica académica, formal o de la naturaleza de su formación. Todas las profesiones pueden ser liberales, como ocurre con cualquier autónomo, y ser retribuidos en cada uno de sus actos por los usuarios de sus servicios; pero también pueden ser asalariados, retribuidos desde cualquier empresa o Administración.

Por lo tanto, la afirmación conceptual que sirve de base para defender esa postura es errónea. Es cierto que en épocas pasadas -lo que sigue ocurriendo en algunos países-, cuando no existían los sistemas públicos sanitarios, la única actividad médica era liberal. Pero la situación fue cambiando con la integración de los profesionales en la estructura de los servicios públicos. Es más, gracias al reconocimiento de la atención a la salud como un derecho, los servicios sanitarios públicos se desarrollaron para permitir la cobertura igualitaria de toda la población, mejorando sustancialmente la calidad de la asistencia y de la formación de los propios profesionales. ¿Acaso no ha supuesto el sistema MIR la mejora global de la formación de los médicos en nuestro país?

Conviene recordar, por lo tanto, que la formación de todos los médicos en nuestro país se realiza en organismos públicos, soportados por los Presupuestos Generales del Estado y cuyos accionistas y propietarios son todos los ciudadanos. ¿No es lógico que, ante esta inversión económica de todos, se intente garantizar que esa formación revierta en el beneficio social de la atención a la salud de la población?

¿Por qué la dedicación exclusiva? Porque, aunque algunos se escandalicen, es lo que ocurre normalmente en todas las empresas e instituciones respecto de sus profesionales más cualificados. ¿Alguien se imagina al interventor de una sucursal bancaria trabajando en otro banco de la competencia por las tardes? ¿Es posible que los programadores de Microsoft trabajen también en Mac? Los médicos constituyen el personal más cualificado del sistema sanitario y sus decisiones gestionan directamente más del 75% del gasto, por ello es de perogrullo que el sistema, que somos todos, quiera tenerlos en exclusividad.

Por si lo anterior no fuera suficiente, hay otras razones al menos tan importantes. Con una frivolidad que retrata a quien lo dice, se ha afirmado que la exclusividad sólo sirve para que los médicos «jueguen al golf por las tardes». Es cierto que tener la dedicación exclusiva por sí mismo no garantiza un mayor rendimiento, pero no tenerla lo garantiza aun menos. Rendir como es exigible en la jornada normal (más guardias, más actividades especiales, etcétera) impide hacerlo en otro frente con el máximo rendimiento, lo que, sin ninguna duda, lleva a priorizar el esfuerzo en la consulta privada, donde el profesional ha arriesgado su dinero. Es absurda la calificación de «actividades en tiempo libre», afirmación que minimiza y desprecia sin ningún rubor la complejidad del acto médico, reducido a la categoría de hobby.

Cuando se afirma sin recato que «en la privada están los médicos más prestigiosos», quizás se confunde prestigio con fama, ser conocidos con ser competentes o desconsiderar que la gran mayoría de los profesionales que compatibilizan actividad pública y privada han llegado a esta ultima tras desarrollarse profesionalmente en la sanidad pública. Claro que hay médicos prestigiosos en la sanidad privada, entre ellos, los que han optado por dedicarse exclusivamente a ella, abandonado la sanidad pública, huyendo de cualquier duda acerca de la utilización de la sanidad pública desde la privada como, sin embargo, se da en bastantes casos en las que estas actividades se compatibilizan.

La exclusividad no se remunera por estar un minuto o diez horas más, la exclusividad pretende garantizar que la falta de otra actividad permita dedicar horas al estudio y la actualización profesional, vitales para nuestra profesión y, desde esta condición de dedicación exclusiva, articular las medidas necesarias para incentivar positiva y negativamente a los profesionales, valorando mejor a los que lo hagan mejor.

¿Debe ser obligatoria? El empleador tiene derecho a poner las características con las que oferta un empleo y, si son legales, ejecutarlas. En este caso, el Principado, como otras comunidades autónomas (Canarias no parece que sea «una comunidad socialista de línea dura»), busca lo mejor para su servicio sanitario como hacen TODAS las empresas con sus profesionales más cualificados, y por ello busca lo mejor para los accionistas y propietarios del sistema, que en este caso son los ciudadanos.

En fin, en este debate, como en todos, conviene aportar argumentos huyendo de pintorescas afirmaciones como «En la libertad de los médicos está precisamente el enriquecimiento de la sociedad», «Se coarta la libertad de los médicos». La primera, sencillamente, no se entiende; y en cuanto a la otra, creo que los médicos son libres de elegir si trabajan o no en el sistema o se dedican a su actividad privada. Somos libres de optar, pero no somos diferentes de otros profesionales que pueden trabajar por cuenta propia, para el Estado o para cualquier empresa.

Bueno sería que la nueva Administración centrara sus esfuerzos en mejorar la equidad, eficacia y eficiencia del Servicio de Salud, así como que sus servicios de inspección garantizaran el cumplimiento de las normas vigentes, tal como ordena la todavía actual ley General de Sanidad, todo ello en beneficio de todos los ciudadanos.

En esto estamos de acuerdo: “ no estamos ante la más apremiante o la más decisiva de las discusiones que necesita solventar la sanidad en los tiempos que corren ”

Editorial de La Nueva España de hoy

La exclusividad de los médicos y las precauciones electorales

La exclusividad que, por imposición, deben asumir los médicos que contrata el Principado de Asturias resultó controvertida desde su implantación hace ocho años. La recurrió al Tribunal Constitucional un Gobierno nacional del que formaba parte el actual presidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, sin que todavía haya habido sentencia. La combatió el nuevo consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, en su triple condición de especialista sanitario, ex dirigente del Sindicato Médico (SIMPA) y antaño presidente de la comisión de sanidad del PP. La repudian en público y en privado numerosos médicos que militan en Foro. La rechaza frontalmente la presidenta del Colegio de Médicos, Carmen Rodríguez. Y, en fin, hasta el mismo portavoz y hombre fuerte del partido que gobierna Asturias, Enrique Álvarez Sostres, propuso eliminarla durante los frustrados contactos con el PP para un pacto de Gobierno, según afirman todos los negociadores populares que se sentaron en aquella mesa, aunque el propio aludido lo niega.

Salvo que alguien pretenda que en vez de a gobernar se apunten al tancredismo, a nadie puede sorprender que los nuevos responsables de la sanidad asturiana se propusieran de inmediato derogar esta norma: son los mismos que la cuestionaron con insistencia. La decisión en lo económico les saldría ventajosa, los facultativos que renuncian a la exclusividad dejan de percibir un complemento de 790 euros brutos mensuales y siguen trabajando las mismas horas. Quizá socialmente el paso resulte mucho más comprometido pues algunas personas podrían interpretar que el Principado está privilegiando a un estamento que ya de por sí goza de una posición desahogada.

Cualificados miembros relacionados con Foro y que conocen en detalle las pretensiones de la Administración sanitaria se entrevistaron la pasada semana con este periódico para hablar de los proyectos de futuro de la Consejería. En el marco de esa conversación surgió la noticia, publicada por LA NUEVA ESPAÑA el anterior domingo, de que Sanidad preparaba una ley para terminar con la exclusividad médica.

La inmediata reacción del partido casquista y del Gobierno regional intentando negar los planes en marcha puede tener una explicación: el temor a suscitar cualquier pugna que merme réditos electorales ante los próximos comicios generales de noviembre. La polémica, azuzada por la oposición, podría devenir en patata caliente.

La ley ahora en cuestión no nació para mejorar el servicio sino para evitar la parasitación del sistema público; en definitiva, los chanchullos: que los médicos tuvieran la tentación de beneficiar a sus pacientes particulares en pruebas, intervenciones u hospitalizaciones. Existen razones a favor y en contra para defenderla o criticarla. Seguramente todas válidas.

Quienes ven bondades en la incompatibilidad explican que evita connivencias indeseables y choque de intereses. Quienes prefieren eliminarla acentúan el anacronismo de que Asturias permanezca como la única comunidad que mantiene esta traba y consideran una ironía que se permita a un facultativo, fuera de su jornada, dedicarse a cualquier cosa menos a trabajar en lo suyo.

Hay profesionales batallando en uno y otro bandos. Aunque se otorgara libertad para ejercer en la privada, en la coyuntura actual probablemente no serían muchos los que se atrevieran a establecer otra consulta por su cuenta. Pero todos defienden antes que nada una cuestión de fuero: unos, el derecho individual a elegir; otros, la lealtad al sistema público. Y esperan que el Gobierno decida.

Con ser inevitable que este asunto estallara, no estamos ante la más apremiante o la más decisiva de las discusiones que necesita solventar la sanidad en los tiempos que corren. No es de recibo que a cada vaivén cambien en camada los jefes sanitarios intermedios -los que no hacen política, sino medicina-, los responsables de los centros de salud y hasta las supervisoras de enfermería, como si fueran cargos de confianza del partido y no meros técnicos. Está ocurriendo ahora mismo, y de ello hay que hablar si lo que se desea es arreglar las cosas que no funcionan bien.

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO ayer

Falsedades sobre la reforma

En este artículo se responde críticamente a argumentos utilizados por los proponentes de la reforma constitucional y de la Ley Orgánica complementaria, que quedan reflejadas en declaraciones hechas por prominentes figuras de los dos partidos mayoritarios que han aprobado tales medidas. La brevedad del espacio del artículo no ha permitido identificar a los autores de las citas, las cuales, por otra parte, son muy representativas de la opinión generalizada entre los promotores de tales medidas.

En el debate actual sobre la reforma constitucional y la ley orgánica complementaria se están haciendo afirmaciones que no son sostenibles. A continuación detallo las más representativas:

“El mayor problema que tiene España es el tamaño del déficit y de la deuda pública”.
No es cierto. En 2007, el Estado tenía superávit y la deuda era de las más bajas de la Eurozona y ello no protegió a España de tener una Gran Recesión. Incluso hoy, la deuda pública es menor que el promedio de la Eurozona y el déficit ha descendido, lo cual no ha evitado que los intereses que el Estado español ha tenido que pagar para vender su deuda pública hayan sido los mayores en su historia.

“La ley aprobada por el pacto PSOE-PP no es un ataque al Estado del bienestar”.
Sí que lo es. Si se le exige al sector público que reduzca el déficit público, hay varias maneras de hacerlo. Bajando el gasto público, aumentando los impuestos o incrementando el crecimiento económico para ingresar más fondos al Estado. En España, la mayor reducción del déficit público siempre se ha conseguido con recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Pasó cuando el Estado español tuvo que reducir el déficit para acomodarnos al criterio de Maastricht, y bajar el déficit al 3% del PIB. Y pasa ahora, cuando quieren reducirlo al 0,4% del PIB. Es más, la fiscalidad del Estado español (tanto central como autonómico) es profundamente regresiva. Si miramos los niveles efectivos (reales) de tributación y no sólo nominales, las grandes familias, las grandes empresas y la banca, pagan niveles muy inferiores (restando al Estado 44.000 millones de euros al año) a lo que paga un trabajador en nómina. El Estado ya ha demostrado todos estos años su incapacidad o falta de valentía política de corregir esta situación. Le es más fácil recortar los servicios domiciliarios a las personas con dependencia (600 millones de euros) o congelar las pensiones (1.200 millones) que revertir la bajada de impuestos (37%), que afectaron a los súper ricos (300.000 euros o más al año) en los últimos quince años (2.500 millones de euros). Las clases populares tienen menos poder sobre el Estado español que las clases dominantes.

“Si no se toman estas medidas, los mercados no se calmarán y terminaremos peor”.
Los mercados no son calmables. El problema no es la especulación de los mercados, sino la falta de protección de los estados frente a los mercados. Lo que un Estado hace frente a las maniobras especulativas es imprimir dinero y comprar su propia deuda pública, forzando la bajada de los intereses de tal deuda. Pero, con la creación del euro, los países del euro no pueden hacer esto. Sólo el Banco Central Europeo puede imprimir dinero. Pero en lugar de hacer lo que los bancos centrales hacen, es decir, comprar deuda pública de los estados de la Eurozona, lo que hace es proveer liquidez a los bancos privados, pero no a los estados. Sólo, recientemente y con grandes reticencias, se ha estado haciendo, pero tarde e insuficientemente. Cuando compró deuda pública de España e Italia, los intereses bajaron. Esto debiera hacerlo pero no excepcionalmente, sino como parte de su función. Es más, los estados de la Eurozona debieran tener bancos públicos para garantizar el crédito. En España se está yendo en sentido contrario. La privatización de las cajas dificultará todavía más la garantía del crédito.

“Todos los estados de la Eurozona debieran tener una legislación igual, prohibiendo que tengan déficits públicos”.
Como ha indicado el Center for Economic and Policy Research, uno de los centros de investigación más prestigiosos de EEUU, tal política “sería un desastre”. Sería equivalente a que Estados Unidos, cuyos estados tienen que tener un déficit cero para los gastos ordinarios (pero no en inversiones), no tuvieran un Estado Federal con un Gobierno que tiene déficits del 8,2% del PIB (y una deuda del 160% del PIB) y con un Banco Central (The Federal Reserve Board) que ayuda a los estados (California tiene unas cuentas públicas en tan mala forma como Grecia) y compra deuda pública (algo que no está permitido al Banco Central Europeo).

“Estas políticas de austeridad nos evitarán llegar a la situación griega”.
Todo lo contrario, están acelerando a alcanzar la situación griega. Tales medidas, congelación de pensiones y recortes sociales, que están empobreciendo todavía más el subfinanciado Estado del bienestar español (el gasto público social por habitante es el más bajo de la Eurozona) está dificultando enormemente la recuperación económica al reducir la demanda de bienes y servicios, que es el mayor problema de la economía española. Estas políticas de austeridad están empobreciendo tal demanda. Hoy está creciendo la percepción, incluso en centros financieros, de que el mayor problema de España es el escaso crecimiento económico. La explosión de la burbuja inmobiliaria creó un agujero equivalente a un 7% del PIB que tendría que rellenarse con gasto público para permitir una estimulación de la economía. Tras cuatro años de austeridad, la economía española continúa estancada.

“El estímulo económico se aplicó en España y no ayudó mucho”.
No es cierto. Ayudó poco porque consistió sobre todo en recortes fiscales que beneficiaron sobre todo a las rentas superiores que son las que proporcionalmente consumen menos y tienen, por lo tanto, escaso impacto estimulante de la demanda. Muy pocos de los estímulos fueron encaminados explícitamente a crear empleo. De la misma manera que las derechas están utilizando la crisis para obtener lo que siempre han querido, es decir, disminuir los salarios, la protección social y privatizar el Estado del bienestar, las izquierdas debieran utilizar la crisis para conseguir sus objetivos, es decir, hacer un reforma fiscal profunda que, a base de corregir el enorme déficit fiscal de las clases pudientes –grandes familias, grandes empresas y banca– se resolviera el déficit social, creando empleo, y a la vez se estimulara la economía. Así se salió de la Gran Depresión y así se debería salir ahora.

Entrevista realizada por Elena Solera para Cinco Días a Ignacio Ramonet

“La austeridad conduce a una asfixia total de la economía”

Como director de una de las revistas de análisis de política internacional más prestigiosas del mundo, Ignacio Ramonet critica que los Gobiernos europeos hayan hecho de la defensa del euro su única prioridad.

¿Mandan en la Unión Europea los mercados? ¿Caminamos hacia una Europa basada en los intereses?

Es casi una banalidad decirlo. La Europa que se está construyendo está orientada a una prioridad: que el euro siga siendo una moneda fuerte. Todo lo demás tiene que sacrificarse por eso. Estas medidas se presentan como una salida de la crisis, pero no lo son. El BCE adoptó una política laxa tras la caída de Lehman Brothers, después del 15 de septiembre de 2008, con la idea de que no se podía dejar al sistema sin liquidez. Hoy esa política se sanciona.

¿Cuáles son los peligros de esta política de austeridad?

En Estados Unidos se está llevando a cabo una política de amplia liquidez, lo contrario del proceso de austeridad y ajuste que se ha aplicado aquí. Evidentemente, como dice Paul Krugman, en un país en el que se acaba de padecer una de las peores crisis económicas de su historia lo peor que se puede hacer es aplicar austeridad, porque va a conducir a una asfixia general del sistema económico. No vamos a ir a una crisis que va a durar dos o tres años. No sabemos dónde va a parar.

Las últimas decisiones en materia de política económica han sacado a la gente a la calle. ¿Cuál es el sentido del movimiento del 15-M?

Lo que están diciendo es: “No queremos ser una generación perdida”. Los Gobiernos sacrifican una generación, en una Europa de 500 millones de habitantes, para defender al euro, y esos jóvenes piden que se sacrifique otra cosa. Pero también es una generación que va a acabar por creer que la política no sirve para nada. Mi sentimiento es que tienen la ilusión de que pueden renovar la política. La idea es que hay que reinventarla, y para ello hay que partir de cero. Ellos piensan que la Constitución tiene muchas carencias, y no es falso.

¿Qué opina de la reforma constitucional pactada por PP y PSOE?

Es como si el Gobierno, el PSOE y PP quisieran otorgarle la razón a los indignados cuando estos afirman que no les representan. Este Gobierno ha hablado mucho de “democracia participativa” pero cuando llega el momento de tomar una decisión capital le niega la participación a los ciudadanos. Es un caso típico de confiscación de la democracia.

Se critica que esta reforma introduce un principio económico neoliberal en la Constitución.

La introducción de la regla de oro sobre el límite al déficit público significa la inscripción en nuestra Carta Magna de un dogma neoliberal fundamental. Desde ahora la propia Constitución será el piloto automático que conducirá al país por la vía neoliberal sin que nada se pueda oponer legalmente a ello. Pero legalmente no quiere decir legítimamente. Y la ciudadanía tiene derecho a oponerse, de modo no violento pero radical.

“Los mercados no han sido elegidos”

Las decisiones tomadas por el Gobierno español y tendentes a implementar un plan de austeridad “han pillado al país por sorpresa”, afirma Ramonet. En este sentido, se muestra partidario de que el actual Ejecutivo, que había ganado las elecciones con un programa basado en la defensa de los humildes, debería haber dimitido en el momento en que dio un giro radical a su política económica. “¿Cómo un dirigente socialista, que ha ganado las elecciones sobre un programa concreto, puede seguir adelante si tiene que cambiarlo con medidas muy duras para los más desfavorecidos?”, se pregunta.

Ramonet explica que los ciudadanos se están dando cuenta de que son los mercados los que hacen la política europea, que define como una “política de los intereses”. “Los mercados no han sido elegidos, ¿qué legitimidad tienen?”.

“Estamos votando entre opciones bastante restringidas. Si dentro de todo esto tienes a los inversores, que te imponen un diferencial de tipo de interés, y se convierte en algo mucho más determinante que tu programa, tu palabra y tus ciudadanos, ¿para qué se necesita un programa y unas elecciones?”, indica.

Reflexiona que se acepta la existencia de varias familias políticas, pero solo una política económica. “Si ven solo una alternativa, tal vez deberían hacer un solo partido”, añade.

Seguro que al “neofundamentalista económico” y candidato del PSOE, Sr. Rubalcaba, no le gusta este artículo

Ideología y déficit público

Por Josep Borrell

En nuevatribuna.es  

Con los acuerdos del Consejo Europeo del 21 de julio sobre un segundo préstamo a Grecia la calma volvió a los mercados financieros. Pero duró poco. Degradación del rating de la Deuda americana, agitación social en el Reino Unido, oleada especulativa contra los Bancos europeos, Bolsas en caída libre y primas de riesgo españolas e italiana por encima de los 400 puntos. Prohibición, aunque parcial, temporal y no en todos los países, de las operaciones especulativas “a corto”. Salimos del bache cuando el BCE se decidió a intervenir comprando Deuda española e italiana. Y traca final con la reforma constitucional express para limitar los déficits públicos, contentar a Merkel y calmar a los mercados.

Y el susto no se ha terminado todavía. Finlandia negocia un acuerdo bilateral con Grecia para obtener garantías adicionales al dinero que le va a prestar, otros pequeños países dicen que ellos también, Alemania rechaza esos pactos y todo vuelve a pender de un hilo. Eso sin contar la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que el próximo día 6 debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los préstamos a Grecia.

Pero lo más relevante desde una perspectiva española es la enmienda constitucional pactado por el PP y el PSOE para limitar los déficits públicos, complementada con el compromiso de tramitar una Ley Orgánica que fije cuantías a esa limitación.

Está claro que las enmiendas constitucionales para obligar a todos los gobiernos a mantener equilibrados sus Presupuestos están de moda tanto en Europa como en EEUU. En Europa bajo la intensa presión de Alemania y en EEUU impulsadas por el Tea Party.

A esta prohibición constitucional de los déficits públicos se le ha dado en llamar la “regla de oro”, que se está presentando como la panacea que permitirá evitar las crisis de la Deuda en el futuro y resolver las del presente. En mis tiempos de Secretario de Estado de Hacienda la “regla de oro” consistía en que el Presupuesto tuviese un superávit corriente de manera que solo se tuviese déficit para financiar parcialmente la inversión. Y así es como la entiende el Gobierno conservador inglés que solo permite tener déficit si éste es menor que la inversión. Ahora en cambio se trata de prohibir todo déficit con el argumento, avalado por la sabiduría popular, de que no se puede gastar más de lo que se ingresa.

Así lo han hecho los alemanes que en el 2009, en pleno Gobierno de la grosen coalitionen, inscribieron en su Constitución una norma que establece que a partir del 2016 el déficit no podrá superar el 0,35% del PIB. Y así han pedido Merkel y Sarkozy, que lo hagan todo los países del euro. Aunque Sarkozy no lo podrá hacer porque los socialistas franceses están en contra y sin ellos no tiene votos suficientes.

En mi opinión, la idea de un presupuesto siempre equilibrado, o casi, no es una buena idea y además responde a un mal diagnóstico de la crisis de la Eurozona. Con la excepción de Grecia, los países actualmente en dificultad entraron en crisis por razones que poco o nada tienen que ver con los déficits públicos. La causa del problema ha sido el insostenible endeudamiento privado. España tuvo una disminución muy importante de su Deuda pública antes de la crisis pero eso no le sirvió para evitarla.

Además, la severa limitación del déficit, al estilo alemán, significa renunciar a un instrumento que permite a la política económica actuar de forma contra cíclica. Se trata de una medida de un marcado carácter ideológico y un corsé muy limitativo que reduce casi por completo la posibilidad de hacer política fiscal. Lo cual es todavía más grave para países que ya han renunciado a la política monetaria y no pueden fijar ni su tipo de interés ni su tipo de cambio. Y con el riesgo de que si todos prescinden de la política fiscal y no existe un Presupuesto europeo como el federal en EEUU, Europa puede sufrir un periodo de bajo crecimiento que agravará la crisis de la Deuda.

Por eso me manifesté en contra del pacto de socialistas y populares para prohibir constitucionalmente el déficit público. Afortunadamente la negociación dirigida por Rubalcaba ha dado por resultado un texto constitucional que no fija ningún límite cuantitativo, habla del déficit estructural y no del nominal, lo que al menos permitirá tener en cuenta el ciclo económico, y se limita a asegurar que España cumplirá lo que la UE establezca al respecto.

Pero el compromiso político de que una inmediata Ley Orgánica fije un limite para el déficit más bajo que el exigido por las normas europeas, aunque sea el estructural y aunque lo fíe para muy largo, sigue sin parecerme adecuado ni siquiera para el objetivo proclamado de calmar a los mercados, que en estos momentos están mucho más preocupados por la falta de crecimiento no solo en España sino en el conjunto de la Eurozona, Alemania incluida.

No creo que esta clase de medidas simbólicas sirvan para mucho. Hasta el Finantial Times reconoce que hoy los problemas de España tienen que ver con su baja competitividad, su débil crecimiento y la capitalización de su sistema financiero más que con el déficit público.

Hasta el Finantial Times dice que es muy dudoso que una Eurozona armada hasta los dientes con enmiendas a sus Constituciones para garantizar la estabilidad fiscal sea más capaz de resolver su crisis de la Deuda y de su sector bancario que sin unas reglas que tienen un valor simbólico y poco operativo. Y en Europa se ha consumido ya un mucho capital político en medidas simbólicas.

Se podrá decir que la limitación del déficit no es tan severa porque se refiere al déficit estructural, es decir, depurado de los efectos de la coyuntura, y no al déficit nominal. Pero el problema es que esta regla es muy difícil de aplicar y por eso no genera especial confianza. La ciencia económica hoy no permite determinar con un mínimo de precisión cual es la componente estructural y la coyuntural de un déficit. Y como vamos de crisis en crisis los efectos de inestabilidad hacen todavía más difícil saber cuál es cuál. Vaya usted a Portugal y calcule cuál es su déficit estructural y cuál es el efecto de la coyuntura….

Pero aparte de esas consideraciones técnicas, ¿tiene algo que ver la renuncia al déficit con posiciones de derecha o izquierda? Hay que ver con qué furor de conversos se han lanzado algunos que se reclaman de la izquierda a proclamar que la medida no tiene carácter ideológico o, peor aun, que la izquierda debe hacer suya la supresión del déficit porque nada hay peor que endeudarse, el equilibrio es bueno per se, etc.

En mi opinión las limitaciones constitucionales tan severas a la posibilidad de endeudamiento público tienen desde luego que ver con la concepción del rol y la dimensión de la acción pública. Si no se pueden financiar inversiones con Deuda el gasto de inversión entrara en conflicto con el gasto corriente, es decir, redistribución y servicios públicos, y éste tenderá a reducirse.

Algunos desde la izquierda ven en esa restricción la oportunidad de un rearme fiscal. La alternativa sería subir la recaudación fiscal, y desde luego que habrá que hacerlo porque los gobiernos se han acostumbrado a pedir prestado el capital a los que lo tienen en vez de exigirles un mayor esfuerzo tributario. Pero ese dudoso rearme fiscal seguiría sin darle al Presupuesto su capacidad de actuar de forma compensatoria en las fases bajas del ciclo, combatiendo y previniendo las recesiones. El déficit es instrumento que debe usarse con inteligencia y mesura pero al que no se debería renunciar constitucionalmente.

El debate ha propiciado posturas retóricas como la pregunta que se hacia Rubalcaba: “¿quién ha dicho que endeudarse es de izquierdas?”. Que yo sepa nadie. Eso de “endeudarse”, así de genérico no se sabe qué color ideológico tiene. Depende de cómo, cuándo y para qué. Y diabolizar indiscriminadamente todo endeudamiento público es tradicionalmente una expresión del fundamentalismo económico que cree que todo lo que hacen los gobiernos es malo y lo que hacen los mercados es bueno.

Como otra expresión que será recordada, ésa de que “bajar los impuestos es de izquierdas”. Una vez más, depende. Depende de cuándo, cuánto, a quién y para qué. Precisar esas cuestiones es la forma de clarificar las posiciones ideológicas y evitar debates inútiles.

Yo no quiero estar “mudito”

Sobre el “globo sonda” de las medidas en política de recursos humanos del SESPA: la exclusividad si o no, entre otras cosas…

Lo que di en llamar como primer sondeo sobre la política de recursos humanos del SESPA, que ha saltado al debate este domingo a través del diario La Nueva España, y que contiene el apunte sobre tres medidas a adoptar, a saber: una reforma legal que permita a los médicos del sistema público ejercer también en el sector privado; flexibilizar los mecanismos de contratación de profesionales, y convocar una oferta de empleo público cada tres años y un concurso de traslados cada dos años; ha sido totalmente reducida, en el debate de hoy, a la primera de las tres. Y dicho sea de paso, prácticamente zanjada por el rápido y claro posicionamiento del Foro en su comunicado. Era, a lo que parece, un globo sonda lanzado al interno de esa propia organización política por grupos de interés próximos a la presidencia del Colegio de Médicos y/o a la cúpula del SIMPA, con gran agrado por parte del PP o incluso puede que estimulados desde ahí…
A ello no voy a dedicarle más líneas que esto: me sorprende el mutismo o la lentitud del PSOE a la hora de decir algo al respecto, e igualmente me sorprenden las demás organizaciones sindicales que no son el SIMPA (su cúpula para ser exactos). ¿Qué opina la parte SATSE de la coalición y, sobre todo, que opinan el resto de sindicatos, especialmente los de clase…?. Nada diré, y con esto acabo esta parte, de los que si se posicionaron…
Si uno ha seguido en el tiempo los debates sobre la dedicación exclusiva en los Médicos recordará que los argumentos de unos y otros eran los de “a igual trabajo igual salario” – los de a favor del pluriempleo, porque no cobran el complemento de exclusividad –, y de eficacia y eficiencia (se evitan situaciones de absentismo laboral y una escasa dedicación a los centros públicos, desviación de pacientes a centros y consultas privadas, selección de pacientes por criterios económicos a los centros concertados, utilización de recursos diagnósticos de centros públicos para tratar a pacientes privados, etc); los de en contra del pluriempleo.
Porque el debate de fondo en el caso de los que no quieren la dedicación exclusiva, que nadie lo olvide, es puramente económico.
Entonces, la única novedad que hay encima de la mesa de este reabierto debate es la de que esta medida, dicen, contribuirá a paliar la «dramática» escasez de médicos que sufre la región porque, y esto lo añado yo, los que querrían venir y no vienen es porque además querrían venir pluriempleados directamente…
Hace tiempo que los insultos a la inteligencia no me afectan, no porque no se produzcan sino porque se hace tan a menudo que ya no merece la pena resaltarlos. Si de verdad se quiere atajar el problema del “atractivo laboral” en ámbitos profesionales supeditados a la escasez habrá que empezar por la estabilidad en el empleo – OPEs en tiempo y forma –, para continuar por los incentivos de carrera profesional de verdad, y aquí no me refiero a los que se les dá en llamar así en la tabla retributiva sino al estímulo a la investigación, a la docencia, a la práctica clínica de excelencia, a, en una palabra, las posibilidades reales de mejorar en tu profesión (Carrera Profesional con mayúsculas). Y eso ni es ni fue nunca sólo económico y menos económico a base de más y más horas … pluriempleándose.
Quizá, entonces, lo de “flexibilizar los mecanismos de contratación de profesionales” en el contexto del declarado estímulo de las Unidades de Gestión Clínica sea algo de lo que hay que debatir más y más profundamente que de esto…
Pero esto, junto con la periodicidad de las OPEs y traslados, se lo dejo, de momento, a nuestros ilustres y “muditos” representantes sindicales.
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ZP ha despeñado al PSOE y nadie en su partido, con honrosas excepciones, ha sido capaz de indignarse y plantarse

Zapatero asesina al PSOE y lo intenta con la izquierda

nuevatribuna.es | Por MANEL GARCÍA BIEL

Zapatero no rectifica, al contrario acelera, con progresión exponencial, sus políticas regresivas e improvisa más cuanto más se acercan las elecciones.

La reforma “express” de la Constitución es el último y más profundo desaguisado. Y lo es en muchos sentidos. No sólo por lo que significa para el país, sino como ejemplo de cómo funciona la política de los grandes partidos.

ZP ha enterrado de golpe, como debido a una calentura de agosto, el consenso constitucional. Ha demostrado que se trata, bajo su inicial imagen de reformador de izquierdas, de un político de vuelo gallináceo. Ya hace un tiempo dio un giro inexplicable rindiéndose a los mercados y poniendo a nuestra política económica y social al dictado de la Sra. Merkel.

Ahora ha hecho el triple salto mortal hacia la derecha. Repentinamente, de forma improvisada propone una reforma de la Constitución que de golpe la traslada,  desde un espacio de neutralidad política, al espacio político de la derecha.

No está de más el revuelo que se ha alzado. Las múltiples voces de gente demócrata progresista, no especialmente izquierdista, que se han alzado, en contra de la medida, lo demuestra. Desde Iñaki Gabilondo, hasta Antonio Gutiérrez, pasando por Josep Borrell, Jordi Sevilla, Martín Pallín, Millás y tantos otros.

Es evidente que la repercusión política institucional ha sido diferente, la pequeña minoría de izquierdas ha dado sentido a su existencia, con un sublime Gaspar Llamazares, en su oposición a la medida. El maquiavelismo de los nacionalistas de derechas que pese a estar de acuerdo deseaban sacar réditos propios. El aplauso unánime del PP, y es que “así se las ponían a Fernando VII”, ZP les hace lo que ellos no se hubieran atrevido a proponer jamás. Y por último el “pesebrismo” del PSOE y sus parlamentarios, con una actitud de vergüenza ajena, y que hace más real que nunca la frase de Alfonso Guerra “el que se mueve no sale en la foto”. El voto unánime de los diputados del PSOE, sólo roto por la gallarda independencia de Antonio Gutiérrez, ha sido el aspecto más bochornoso de toda la representación.

ZP ha llevado al PSOE, y éste se ha dejado, a su suicidio político por décadas, como mínimo como partido de izquierdas. Esperemos que sus numerosos electores de izquierdas sepan extraer consecuencias y no vuelvan a tropezar en la misma piedra de creerse lo de “votar al PSOE que sino vendrá el monstruo de la derecha”. Es que el PSOE en esta legislatura, podemos decir que ha hecho mucho más daño que el que se hubiera atrevido a hacer la derecha, como mínimo no habríamos llegado a una reforma que constitucionaliza conceptos ideológicos de la derecha. Como decía muy gráficamente Juan José Millás en El País del día 2 de setiembre, ZP “le va a hacer a Rajoy el programa de siete legislaturas...”

Y ZP lo ha hecho a la brava. Sin ni siquiera consultar a la almohada. Que decir de alguien que sin encomendarse a ningún órgano de dirección de su partido decide algo tan nimio como es “una Reforma de la Constitución” (?). Lo pacta con el líder de la derecha y lo propone ante el desconcierto de propios y extraños. Pero después de la sorpresa inicial, todos los corderos del PSOE, con más o menos alegría, entran en el redil y dicen “beeee”, es decir si. Toda una lección de democracia interna y de vida política intensa en el PSOE. Digámosle ya “adiós PSOE adiós” desde la orilla izquierda, que te den la bienvenida en la isla del centro o en la orilla de la derecha.

ZP ha despeñado al PSOE y nadie en su partido, con honrosas excepciones, ha sido capaz de indignarse y plantarse, y menos los excelsos fariseos de Izquierda Socialista, que siempre parecen indignarse pero que nunca se concreta en nada.

ZP no sólo gira a la derecha sino que reniega de la propia política independiente de España como Estado. Estamos a lo que dictamine Alemania y Merkel. Y nosotros a obedecer. Todo por miedo a los mercados, pero es que los mercados continuarán siendo insaciables y no se conformarán con una reforma Constitucional. Y mientras, hemos hipotecado la salida futura de nuestro país ligándola constitucionalmente a priorizar la limitación del déficit y la deuda y por tanto a prolongar “sine die” la salida de la crisis.

Y Zapatero no sólo suicida a su partido, sino que con la anticipación de las elecciones dificulta la concreción de una amplia alternativa de las fuerzas de izquierda, ecologista y de progreso, que necesita hoy nuestro país. Con la ayuda y complacencia de algunos de los actores de esta alternativa que anteponen objetivos de partido, como es el caso de EQUO que bajo la presión de los Verdes europeos prefiere ir en solitario, a las necesidades de la ciudadanía de izquierdas que ante la actual situación de excepcionalidad democrática demanda un amplio frente democrático político y social de izquierdas.