Blogia
La información es la base de tu opción ... y nosotros nunca te la ocultamos.

PARTICIPACION

Si es complementariedad y optimización no tiene por qué haber ningún problema, además para velar por eso están los órganos de participación ciudadana y profesional: los Consejos de Salud…

Si es complementariedad y optimización no tiene por qué haber ningún problema, además para velar por eso están los órganos de participación ciudadana y profesional: los Consejos de Salud…

Faustino Blanco: «Con la fusión de las áreas sanitarias no se perderán servicios»

El Consejero, que participó en un coloquio en Sama, apuesta por «reducir la burocracia» en el sistema de salud

Foto: En la mesa, Faustino Blanco y Vicente Gutiérrez Solís, durante la charla en la Casa de Cultura de Sama.

Langreo, L. M. D., en La Nueva España

La fusión de las áreas sanitarias VII y VIII, las que corresponden a la comarca del Caudal y del Nalón, no acarreará «ningún tipo de disminución de servicios o de calidad». Así lo afirmó ayer en Sama el Consejero de Sanidad, Faustino Blanco, ayer en Sama, que participó en una charla-coloquio titulada «La sostenibilidad del sistema sanitario público», un acto que organizó la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo.

La charla, a la que asistieron unas 70 personas, la presentó el presidente de la Federación vecinal, Vicente Gutiérrez Solís. Los vecinos del Nalón y del Caudal mostraron hace unos días su recelo a los planes del Principado de fusionar las áreas sanitarias de las Cuencas y temían que se redujesen servicios o especialidades. Faustino Blanco expuso que la reorganización que planea el Gobierno regional -que reduciría de ocho a cuatro las áreas sanitarias- crearía un sistema «más ágil», en el que «los servicios se organizarían de forma más eficiente y flexible». Además, aseguró el Consejero, «no se perdería ningún tipo de servicio. Al contrario, lo que se haría sería consolidarlos».

Faustino Blanco aclaró que la apuesta del Gobierno del Principado por la sanidad pública es «clara y contundente». «Existen dos modelos muy diferenciados. El primero es el modelo universal, equitativo y solidario, que es por el que abogamos. El segundo es el que el mercado se integra en el sistema». Blanco calificó el sistema sanitario asturiano como «uno de los más avanzados del mundo», con una media de camas, equipos de resonancia y escáneres bastante superior a la media española. Blanco indicó que el auge del sector privado puede ser una amenaza. «Está explorando nuevos nichos de mercado que todavía no están en su poder», y en su opinión, la sanidad es uno de ellos.

El Consejero de Sanidad del Principado explicó además que la reorganización de áreas que se prevé «nos adecuará a los nuevos tiempos. Ya no estamos en 1984», cuando se forjó la actual división. La reordenación, según Blanco, «aligerará la estructura burocrática», y afirmó que «reordenar no quiere decir en ningún caso suprimir». «Existe un exceso de burocracia en el sistema sanitario», continuó el Consejero, lo que «trae consigo más gasto. El 47% del gasto en sanidad es para el personal». Blanco apostó por mejorar la eficiencia, aunque reconoció que el personal de los centros de salud y los hospitales asturianos «está muy bien formado y se preocupa continuamente por revisar sus conocimientos y sus capacidades». El Consejero indicó que las estrecheces económicas derivadas del menor nivel de ingresos en el Principado es el que obliga a «reducir grasa» en el sistema sanitario. Blanco también explicó que, por ejemplo, en Asturias, con su alto nivel de envejecimiento en la población, las estancias hospitalarias son de media más largas que en otras comunidades y por lo tanto, más caras.

VER ANUNCIO DE LA CHARLA EN NUESTRA WEB

 

VER ALGUNAS NOTICIAS RECIENTES SOBRE ESTE TEMA:

20.11.12

09.11.12

08.11.12

23.10.12

¡¡Más Constitución y menos Gallardón!!, se coreó en Madrid, entre otros slóganes…

¡¡Más Constitución y menos Gallardón!!, se coreó en Madrid, entre otros slóganes…

La judicatura asturiana se une a la protesta contra las tasas y la reforma de Gallardón

Los profesionales de la región apoyan unos actos sin precedentes celebrados en las principales ciudades del país

El colectivo asegura que la justicia «debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis»

Foto: Los jueces y magistrados asturianos se reunieron en la biblioteca de la Audiencia Provincial para dar lectura al comunicado conjunto que se leyó en otros puntos de España en la calle.

Oviedo, Félix VALLINA, en La Nueva España

Medio centenar de jueces y magistrados del Principado se reunió ayer en las dependencias de la biblioteca de la Audiencia Provincial, en Oviedo, para mostrar su apoyo a las manifestaciones de protesta que se registraron en las principales ciudades españolas contra las nuevas tasas judiciales y en rechazo a la reforma de la justicia promovida por el Gobierno central, unos actos sin precedentes en los que hubo voces que solicitaron la dimisión del ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón.

El acto en Asturias fue rápido y mecánico. La decana de los jueces de Oviedo, Pilar Martínez Ceyanes, acompañada por otros seis integrantes de las distintas asociaciones de profesionales que existen en la región -María del Sol Rubio, Virginia Chinnici, Rafael Martín, Juan Carlos García, Guillermo Sacristán y Pilar Martínez-, fue la encargada de abrir un acto que consistió en dar lectura al comunicado nacional conjunto del colectivo. Al término del acto, Martínez Ceyanes aseguró que la judicatura está preocupada por no poder «prestar a los ciudadanos la calidad que reclama el sistema constitucional».

En dicho comunicado, la comisión interasociativa de jueces y fiscales pide la «retirada inmediata» del proyecto de ley de reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que «perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica». El colectivo reclama la «potenciación» y «autonomía presupuestaria» del órgano de gobierno de los jueces -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, la convocatoria anual de 250 plazas de jueces y fiscales y un estatuto judicial. Además, los profesionales solicitan la adopción de medidas para «paliar el abandono y la lamentable situación» en que se encuentran los Juzgados debido a la «ausencia de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias».

El escrito también se centra en las tasas judiciales y pide que sean «moderadas», sin que «limiten el acceso» a la justicia, circunstancia que «no se contempla en la actual ley, que las establece claramente desproporcionadas». El decálogo reivindicativo incluye, además, que la justicia debe ser impartida «exclusivamente por jueces y profesionales», y precisa que una vez alcanzada la carga máxima de trabajo «deberán crearse las nuevas plazas judiciales necesarias de forma automática». Asimismo, apuesta por la «eficacia y optimización» de los recursos en el ámbito de la organización judicial.

A través del comunicado, la judicatura quiere realizar un «nuevo llamamiento» a los responsables de Justicia para que ésta «no pueda ser vista como un problema», ya que «debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis». Para el colectivo, es necesario conseguir «una justicia centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos». En ese sentido, el comunicado aboga por «una justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica».

En el acto que tuvo lugar ayer en Oviedo no hubo una presencia destacable de los fiscales, un colectivo que sí se echó a la calle en otras ciudades españolas.

La posibilidad de convocar una huelga «está encima de la mesa»

Aunque las protestas se repitieron a lo largo de todo el país -los magistrados, fiscales, abogados y trabajadores de la justicia salieron a la calle en ciudades como Pamplona, Palencia, León, Cáceres, Palma de Mallorca, Barcelona y en comunidades autónomas como el País Vasco o Andalucía-, en Madrid se centraron las principales concentraciones. Allí, al grito de «Gallardón, dimisión» y «Qué pasa con las tasas», los concentrados cortaron la calle de San Bernardo, donde está la sede del Ministerio, durante 20 minutos. El portavoz de la asociación de jueces «Francisco de Vitoria», José Luis Armengol, leyó el mismo manifiesto que se hizo público en Asturias. Respecto a si los jueces y fiscales van a ir a la huelga si Gallardón no atiende sus demandas, González Armengol indicó que ésta es una posibilidad que «está encima de la mesa». Añadió que «la semana que viene, muy probablemente el lunes o el martes, se adoptarán las medidas».

Jueces y fiscales toman la calle para exigir que Gallardón dimita

Amenazan con una huelga al ministro, a quien entregan un decálogo donde rechazan las supertasas y sus reformas.

Los concentrados cortaron la calle San Bernardo media hora

A.M., Madrid, en Público.es

Más de un centenar de jueces y fiscales se han concentrado este viernes ante la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, para exigir la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, expresar su rechazo a las tasas judiciales "desproporcionadas" aprobadas por el Gobierno y discrepar de la práctica totalidad de las reformas que afectan al colectivo propuestas por el departamento.

"¡¡Gallardón, dimisión¡¡", fue el lema más coreado por los manifestantes, que llevaban pancartas con eslóganes como "Tasas no", "RIP Justicia. Sin justicia no hay derechos", "Si no tienes dinero, no tienes derechos", "Queremos tutelar todos los derechos, no sólo los de quienes pueden pagarlo".

Pero el ministro Gallardón fue la estrella indiscutible de los cánticos de jueces y fiscales: "Más Constitución, menos Gallardón", y "Gallardón dimite, los jueces no te admiten", este último lema con la versión alternativa de "los fiscales no te admiten". 

La concentración fue apoyada por la Comisión interasociativa que integran las cuatro principales asociaciones de jueces y las tres de fiscales, a la que se sumó el Consejo General de la Abogacía, con la presencia de su secretaria general, Victoria Ortega. Entre los rostros más conocidos de la judicatura que estuvieron en el acto figuraba el juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En nombre de los organizadores, el juez decano de Madrid y presidente de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, leyó el manifiesto aprobado por la Comisión Interasociativa que incluye un decálogo de reivindiaciones y califican además las nuevas tasas judiciales como "desproporcionadas".

Los jueces y fiscales exigen la inmediata retirada del Proyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial, que creen que perjudica la calidad de la justicia, reclaman que se convoquen más plazas de jueces (un mínimo de 250) ante la "sobrecarga desmedida" de trabajo que soportan ahora y para equipararse a las cifras europeas, denuncian la "absoluta y lamentable" ausencia de medios en los juzgados y fiscalías, y solicitan retribuciones económicas adecuadas.

La Comisión Interasociativa, que hizo entrega en el Ministerio de este decálogo, evaluará la próxima semana las concentraciones realizadas este viernes en Madrid y el resto de provincias españolas, y estudiará nuevas medidas de presión, sin descartar la convocatoria de una huelga de uno o más días en el mes de diciembre, según dijo el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

Por la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, Javier Caballero declaró a Público, sobre si apoyaría una huelga, que ellos son partidarios de agotar la negociación con el Gobierno y los grupos parlamentarios.

Los congregados ocuparon la calle San Bernardo enfrente del Ministerio durante media hora, cortando la vía en los dos sentidos y originando un pequeño atasco en el carril dirección a la Gran Vía. La Policía no intervino y los propios manifestantes colaboraron en que se despejara la calle cuando terminó el acto.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Se constata un empeoramiento paulatino de las esperas por causa de los recortes…

Se constata un empeoramiento paulatino de las esperas por causa de los recortes…

Los españoles tardan de media 82 días en conseguir el diagnóstico de un especialista

El tiempo para la primera visita al experto baja, según una encuesta de la OCU

La organización registra un repunte de la espera para la prueba diagnóstica desde 2008

Emilio de Benito, Madrid, EN El País.

A falta de datos oficiales, preguntar a los usuarios. Ese es el enfoque que ha adoptado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ante la “falta de transparencia” de las autoridades en lo que respecta a las listas de espera sanitarias, según ha dicho su portavoz, Ileana Izverniceanu. El resultado después de casi 16.000 preguntas a pacientes de centros sanitarios de 56 ciudades de las 17 comunidades autónomas es que el tiempo medio para recibir un diagnóstico de un especialista es de 82 días. Esta cifra se obtiene sumando lo que se tarda en ser recibido por el especialista en la primera visita más lo que se demora la prueba diagnóstica correspondiente y la segunda visita al especialista para obtener un diagnóstico.

El dato sigue siendo “inaceptable” para la OCU, y ello pese a que el dato muestra una sustancial rebaja desde que este tipo de encuestas se empezaron a hacer, en 2004. Entonces el tiempo era de 152 días. La organización solo hace este trabajo cada cuatro años, por lo que, como reconoció Izverniceanu, puede arrojar una imagen falsamente positiva: en 2008 el tiempo fue de 121 días. Pero la OCU no duda en que los datos están empeorando en los últimos años por culpa de los recortes, y afirma que en la siguiente encuesta, prevista en 2016, será cuando se vea.

De hecho, ya hay un empeoramiento en lo que se refiere a la prueba diagnóstica, que en 2008 tenía una demora de 44 días y en 2012 ya estaba en 54 días, según la encuesta. Además, la organización destaca que en los datos puede haber un cierto efecto de manipulación estadística. “Los plazos de espera crecen en la segunda y la tercera consulta. Es como si los esfuerzos se centraran solo en las primeras visitas, que son la que se publican”, dice Izverniceanu.

Aparte del dato -82 días es “claramente excesivo; piénsese en la angustia de un paciente que no sabe si lo que tiene es grave”, dijo Izverniceanu. “El acto médico no debería tardar más de 60 días de media”-, el trabajo pone de manifiesto varios aspectos. Primero, la falta de transparencia de las comunidades hace que no se pueda comparar el resultado de la encuesta con los datos oficiales. Este periódico intentó hace un par de meses conseguir la información de fuentes oficiales, y no fue posible lograr datos comparables de más de 10 de las 17 comunidades. Aun así, las cifras coinciden bastante: la espera para la consulta con el especialista es de 49 días según la OCU; de 46,55 días según los cálculos de este periódico.

Además, hay otro problema. Si bien oficialmente los datos de la espera quirúrgica y de las especialidades deberían caerse cada seis meses, el Ministerio de Sanidad solo tiene los de diciembre de 2011, dijo Mónica Cabaña, responsable técnica del estudio.

Aunque hubiera datos, además, la encuesta va mucho más allá, ya que el ministerio, por un pacto de silencio con las comunidades, no ofrece los datos desglosados por autonomías. Y los datos de EL PAÍS o de la OCU coinciden en que las diferencias son enormes. Por ejemplo, para la visita al especialista se pueden tardar 105 días en Canarias y 20 en Baleares, dijo Izverniceanu. “Esto quiere decir que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta”. En este aspecto, donde mejor ha sido la evolución desde 2004 es en Murcia, que ha rebajado la espera desde entonces un 59,7%; la que peor, Castilla-La Mancha, donde se ha disparado un 134,8%. Y eso pese a que en esta comunidad hay una ley que fija las esperas máximas en 7 días para una prueba y 15 para el especialista, según la portavoz de OCU. Y los datos que ha obtenido la organización en su encuesta son que se está en 82 y 54 días respectivamente.

De la misma manera, si hay grandes diferencias entre comunidades, también las hay por especialidades. La primera cita de otorrinolaringología tarda de media 37 días en España, y la de neurología, 54.

Ante esta situación, la OCU ha tomado varias iniciativas. La primera, animar a los usuarios a reclamar en las oficinas de atención al paciente cuando su tiempo de espera se dispare. Para saber si el plazo de cada uno está dentro de la media o de lo fijado por ley, la organización ha creado una herramienta interactiva que permite comparar la espera y saber si hay una ley que se incumple.

La segunda ha sido enviar los resultados al ministerio y las comunidades y pedirles transparencia en estos datos. “No somos niños de guardería”, se quejó Izverniceanu. La reclamación se hizo el miércoles, por lo que todavía no ha habido respuesta.

VER NOTICIA ANTERIOR DIRECTAMENTE RELACIONADA

Encuentro europeo: “Juventud, periferia económica europea y fractura social”, 22 y 23 de noviembre en Madrid.

Encuentro europeo: “Juventud, periferia económica europea y fractura social”, 22 y 23 de noviembre en Madrid.

"Queremos demostrar que otros modelos económicos son posibles"

El Círculo Bellas Artes de Madrid acoge estos días el encuentro internacional de economistas críticos 'Juventud, periferia económica europea y fractura social'

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL, Madrid, 21/11/2012, en Público.es

La crisis económica arremete con más fuerza en el sur de Europa. Planes de austeridad y recortes, tecnócratas y rescates han sido la dieta que la Troika, compuesta por BCE, FMI y Comisión Europea, ha recomendado seguir a España, Portugal, Italia y Grecia. Junto a la debacle económica y unas cifras desorbitadas de paro, especialmente preocupante entre los jóvenes, estos países que hoy conforman la "periferia" de la UE han visto nacer movimientos de protesta dirigidos contra sus élites políticas. Y para contribuir al debate abierto por estos nuevos actores sobre la crisis y las alternativas posibles, un grupo de economistas críticos de estos países, comprometidos con los nuevos movimientos que han venido a llamarse del "99%", han preparado en Madrid un encuentro internacional que une academia y activismo: 'Juventud, periferia económica europea y fractura social'.

Organizado por la plataforma Economy4youth, impulsada por el colectivo EconoNuestra y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el encuentro tendrá lugar los próximos jueves 22 y viernes 23 de noviembre en el edificio del Círculo de Bellas Artes de la capital. En estas jornadas están previstas diversas ponencias y mesas redondas tales como 'Salidas de la crisis desde la periferia' o ‘Mercado de trabajo y precariedad juvenil'.

Uno de los principales promotores de este proyecto, Fernando Luengo, doctor en Economía, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de EconoNuestra, compartirá mesa con el italiano Sergio Cesaratto (Profesor de Economía de Universidad de Siena), el griego Euclides Tsakalotos (Profesor de la Universidad de Atenas y Parlamentario por Syriza), el portugués José C. Caldas (Académico del Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra), y Bibiana Medialdea (Profesora de Economía en la Complutense).

Este encuentro tiene un doble objetivo, explica Medialdea a Público. Mientras desde los gobiernos se asegura que la salida de los recortes y la austeridad es la única posible para salir de la crisis, este grupo de economistas quieren decir que esto no es cierto, "sí hay otras salidas", y pretenden demostrarlo desde la academia.

Por otro lado está la apuesta política del encuentro: "queremos ofrecer una respuesta unida desde la periferia europea", ya que "como países endeudados tenemos que constituirnos como un nuevo sujeto político". Medialdea entiende que estos países tienen una problemática específica, "nuestros gobiernos están defendiendo los intereses de la gran banca europea y de las economías del norte".

¿Hacia dónde se dirige el sur de Europa?

"No tenemos interlocutores políticos que representen a las mayorías de estos países. Son gobiernos que han sido votados aquí pero no representan los intereses de sus votantes", continúa explicando esta profesora, que ante esta situación está convencida de que lo que se necesita hoy son "nuevas fuerzas políticas que defienden nuestros intereses". Y, en este sentido, Grecia ha dado el primer paso con la coalición Syriza, opuesta a la austeridad y al pago de la deuda y que las últimas encuestas sitúan como primera fuerza del país.

Estos académicos están convencidos de que las alternativas económicas son reales y posibles pero "aún no existen actores que puedan presentar esas alternativas". "La mayoría no tiene fuerza política". Y esa nueva fuerza, creen, ha de nacer "en las calles, de estos nuevos movimientos: del 15-M, de la lucha contra los desahucios o las iniciativas para rodear el Congreso de los Diputados". Ellos son "los que están abriendo la brecha política" y necesitan argumentos. Y encuentros como este están para eso, "para dotar a los movimientos de argumentos".

La apuesta de los economistas críticos para salir de la crisis pasa necesariamente por tres pasos: el impago de la deuda pública que haya sido generada de forma ilegítima, el fin de las políticas de austeridad y la vuelta a la inversión pública y el cambio de la gobernanza económica de la Unión Europea, "que actualmente no responde ni a los ciudadanos ni a los gobiernos que la componen".

Sin embargo, Medialdea cree que en España aún no se dan las condiciones para la emergencia de estas alternativas, pero "se están formando de manera acelerada". Por eso, con el encuentro de ‘Economy4youth' pretenden, desde la universidad, "nutrir a las fuerzas sociales de argumentos para hacer posible esta nueva fuerza política, que no necesita la izquierda, sino la mayoría de este país. No tenemos una Syriza pero la tendremos pronto".

La consejería también sabe destacar lo fundamental de la reunión de esta tarde con el SIMPA a la vez que no desatienden otras cuestiones…

La consejería también sabe destacar lo fundamental de la reunión de esta tarde con el SIMPA a la vez que no desatienden otras cuestiones…

Blanco insta al SIMPA a «mover ficha» y a dejar de lado «lecturas parciales»

El consejero de Sanidad garantiza en una charla con vecinos que los adelantos del copago se reintegrarán en diciembre

Foto: El consejero Faustino Blanco, ayer, con los vecinos de Laviada.

Luján PALACIOS, en La Nueva España

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, llegó ayer a Gijón con una buena noticia y una esperanza positiva. En una charla que mantuvo con los miembros de la Asociación de Vecinos Laviada les hizo saber que ayer mismo se llevaron a cabo las últimas pruebas informáticas para comprobar que los datos bancarios de los usuarios del copago facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social coinciden con los que obran en poder del Principado. Comoquiera que se han constatado «pocos errores», la devolución de las cantidades adelantadas por los pensionistas comenzará a realizarse «en diciembre», aseguró el consejero.

La devolución afectará a 79.215 personas y ronda los 954.000 euros, como informó el propio consejero hace unos días en sede parlamentaria. De esta manera, llamó a la «tranquilidad» de los usuarios, que pronto comenzarán a percibir el dinero que previamente tuvieron que adelantar en concepto de copago sanitario.

Del mismo modo, Blanco se refirió a la huelga médica y los últimos avances tras la última propuesta planteada por el Servicio de Salud del Principado al Sindicato Médico. «Ahora a quien le toca mover ficha es al SIMPA», subrayó el consejero, quien señaló que la apuesta por acabar con el conflicto es «decidida». «Nuestro trabajo está sobre la mesa, hemos hecho el esfuerzo posible y si bien la libranza tras las guardias es para ellos un punto de dificultad, en una negociación hay que saber superar las dificultades y saber que por encima hay un interés general», recalcó.

Por ello, pidió al SIMPA «que reflexione», porque «al final el resultado que alcancemos seguro que va a ser satisfactorio para todos y no va a haber la sensación de que alguien ha perdido una oportunidad para un buen acuerdo».

El responsable de Sanidad reconoció que la propuesta de la consejería «era exigente en todos los aspectos», si bien insistió en que fue bien meditada y fundamentada, por lo que «los médicos tienen que entender que la cuestión de la libranza tras las guardias forma parte de un paquete, y ese paquete tiene que tener una lectura global».

Para Faustino Blanco, es fundamental que el SIMPA haga «pedagogía de los acuerdos en lugar de lecturas parciales», y que en la nueva reunión que mantendrán hoy las partes «sepan que un buen acuerdo aquí puede ser el resultado para poder seguir evolucionando en algo que para nosotros es fundamental: establecer un diálogo profesional continuo». Porque, como indicó el consejero, «entendemos a los profesionales, son fundamentales en el sistema y tenemos que contar con ellos, sobre todo para las medidas del futuro en una legislatura compleja en cuanto a objetivos porque los presupuestos son los que son».

Asimismo, formuló un llamamiento a los médicos jóvenes, asegurándoles que «si el Servicio de Salud del Principado se mantiene en sus parámetros actuales, significa una perspectiva de empleo de calidad que difícilmente van a encontrar en otros entornos profesionales».

El consejero de Sanidad dice que «le toca a los médicos mover ficha»

Blanco entiende que su departamento ha cedido al elevar los tramos de ponderación y pide al Simpa que «reflexione»

21.11.2012 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

«Ahora le toca al Simpa mover ficha». Lo aseguró ayer el consejero de Sanidad tras recordar que su departamento ha cedido y modificado su postura inicial sobre el descanso tras la guardia médica, uno de los puntos más duros del conflicto sanitario que arrancó el 8 de octubre. Faustino Blanco cree que es el Sindicato Médico el que hoy, en la negociación con el Servicio de Salud, debe «hacer un esfuerzo» por acercar posturas. El titular de Sanidad está convencido de que «se puede llegar a un buen acuerdo», aunque para ello «el Sindicato Médico debe hacer pedagogía de los acuerdos en vez de lecturas parciales».

Blanco, que ayer acudió a la Asociación de Vecinos de Laviada, en Gijón, para hablar sobre las devoluciones del nuevo copago farmacéutico, señaló que la libranza tras la guardia «forma parte de un paquete» y que no debe ser tomado en la negociación como un elemento aislado. «Entiendo que la salida de guardia sea un elemento de dificultad para los médicos, pero como todo lo demás. Todas las cosas tienen dificultades, sino no tendría sentido la duración de este conflicto», indicó el consejero.

Faustino Blanco envió también un mensaje a los facultativos más jóvenes, los MIR, que han resultado ser los más activos en la huelga hospitalaria. «Que el Servicio de Salud se mantenga en sus parámetros actuales supone una expectativa de empleo de calidad y de un desarrollo profesional que difícilmente van a encontrar en otros sitios. Estamos pensando en el futuro de ellos», dijo. Finalmente, sobre las devoluciones del copago, achacó el retraso al Gobierno central que «nos dio las datos de las cuentas bancarias el pasado 31 de octubre». Las cuantías, que suman casi un millón de euros, serán devueltas a lo largo del mes de diciembre.

VER NOTICIAS ANTERIORES DIRECTAMENTE RELACIONADAS:

CONFLICTO SANITARIO

NEGOCIACION CON SIMPA

DEVOLUCION “COPAGO” MEDICAMENTOS

Año Mariano… ¡¡y quedan tres más!!.

Año Mariano… ¡¡y quedan tres más!!.

Un año de incumplimientos en Moncloa

El 20 de noviembre se cumple el primer año de la victoria electoral de Mariano Rajoy

Subida de impuestos, copago, recortes de servicios públicos, rebaja de salarios a funcionarios, creación de banco malo... Numerosas medidas aplicadas habían sido previamente desmentidas

 

Andrés Gil, en ElDiario.es

 

Un año en La Moncloa está dando para mucho. Para tanto como para sufrir dos huelgas generales, aprobar recortes por 30.000 millones en los presupuestos para 2012, reescribir las líneas centrales del discurso con el que Mariano Rajoy ganó a las elecciones y presentar unas cuentas para 2013 que no se las creen las instituciones internacionales: la Comisión Europea prevé una caída del PIB en 2013 del 1,5%, el triple de lo pronosticado por el Ejecutivo español, y todo ello con el récord de 5,8 millones de parados (25,02%, según la EPA) y la prima de riesgo en 458 puntos.

El programa, tan ambiguo como laxo, comenzó a desdibujarse desde el principio. Éstas son las principales decisiones del Ejecutivo, la mayoría de ellas rechazadas cuando estaban en la oposición.

1. Impuestos

El rechazo al IVA constituyó una de las principales campañas del PP contra José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso instalaron mesas para recoger firmas por toda España. Hasta tal punto llegó su compromiso contra la subida de este impuesto, que Rajoy y sus ministros estuvieron manifestándose en contra hasta pocas semanas antes de aprobar la mayor subida del IVA en Europa.

El Gobierno de Rajoy llevó el tipo general del 18% al 21%, el reducido pasó del 8% al 10% y el superreducido se quedó en el 4% pero limitado a los productos de primera necesidad: alimentos frescos, prensa, libros, medicamentos, libros de texto y vivienda protegida.

Pero no es el único. Pese a las promesas, Rajoy acometió una semana después de tomar posesión la mayor subida de impuestos directos, con un recargo en el IRPF de entre 0,7% y el 7%, según los tramos. El aumento, para 2012 y 2013 afecta a 17 millones de contribuyentes y supone 300 euros más al año para un salario medio. Las retenciones para el ahorro también subieron entre dos y seis puntos, con un tipo máximo del 27%.

El IBI aumentó entre un 4% y un 10% para 25 millones de inmuebles.

Mientras tanto, los defraudadores podrán ahora blanquear su dinero tributando solo por el 10% del capital blanqueado. Los intereses y las multas, perdonados.

2. Funcionarios

La supresión de la próxima paga de Navidad en la función pública casa muy poco con lo que decía el PP sobre bajar el sueldo a los funcionarios cuando Rodríguez Zapatero aprobó la rebaja en mayo de 2010.

3. Reforma financiera

Zapatero hizo dos. Rajoy ya lleva tres, cada vez más alejadas de lo que prometió: negó el banco malo, cuyo funcionamiento aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de noviembre, y descartó el rescate a la banca. Pero, con el tiempo, las cosas se ven distintas y el banco malo, en palabras de Luis de Guindos, "es un instrumento más poderoso incluso que las propias inyecciones de capital", también negociadas por el Gobierno con Bruselas. Como recordó el ministro, el "banco malo" forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno con la Unión Europea para recibir la ayuda de hasta 100.000 millones de euros para la banca y está previsto que entre en funcionamiento el 1 de diciembre.

Y es que, según el estudio externo de Oliver Wyman, la banca española necesita 53.745 millones de euros. "La cifra serían 59.300 si no se tienen en cuenta los procesos de integración en marcha ni los activos diferidos", señala. Los socios europeos, en principio, han dispuesto hasta 100.000 millones.

Con el examen de Oliver Wyman, el Ejecutivo cumplirá con el calendario previsto en el Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado entre la UE y España para el rescate del sistema financiero. El escenario adverso al que se somete a las cuentas bancarias incluye una caída del PIB del 4,1% este año, el 2,1% en 2013 y del 0,3% en 2014. La tasa de paro en 2014 llegaría al 27,2%.

4. Más empleo, menos impuestos

El paro en España supera el 25% por primera vez en la historia, y la Encuesta de Población Activa arroja un aumento de 85.000 personas en el tercer trimestre, hasta marcar un nuevo récord en 5.778.100. La ocupación disminuye en 49.400 personas en el empleo público y en 47.600 en el empleo privado.

En este contexto, el Gobierno acometió la reforma laboral, motivo de la primera huelga general contra Rajoy (29 de marzo):

- Se generaliza la indemnización de 33 días. El despido procedente será indemnizado con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Se respetarán los derechos adquiridos: a los contratos preexistentes se les aplicará la indemnización de 45 días hasta la entrada en vigor de la norma. A partir de entonces, el cómputo se realiza con arreglo a la nueva norma.

- Veinte días si el despido es por causas económicas. Bastará una caída de ventas durante tres trimestres para que una empresa utilice el despido procedente, tanto individual como a través de expedientes de regulación de empleo (ERE), que ya no necesitarán autorización previa.

- Se amplían los casos en los que la empresa pagará la indemnización más baja por despido procedente: 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades.

5. Sanidad

No son pocas las medidas aprobadas por el PP, en cuyo programa no sólo no aparecen sino que fueron desmentidas sistemáticamente. Por ejemplo:

- Los hospitales podrán cobrar por los medicamentos que dispensan a pacientes para que los tomen en su casa.

- Los inmigrantes irregulares perdieron su tarjeta sanitaria (y los derechos que acarreaba) el 31 de agosto.

- Sanidad se reserva la potestad de bajar los precios de los medicamentos cuando quiera.

- Se fijan criterios comunes para el copago de ciertas prestaciones que no están en la cartera básica (ambulancias no urgentes, ortoprotésicos, dietéticos).

- Copago de medicamentos en función de la renta (exento, 40%, 50% y 60% para activos según ingresos, y exento, 10% con un máximo de 8 euros, 10% con un máximo de 18 euros y 10% con un máximo de 60 euros para pensionistas).

6. Cataluña

Desde que José María Aznar pactó con Jordi Pujol en 1996, las relaciones entre el PP y CiU han sido intensas a la par que intermitentes. En 2000 llegó el cisma, acentuado años más tarde con el recurso al Constitucional del Estatut acordado entre Zapatero y Artur Mas, cuya sentencia trajo consigo la primera explosión popular independentista, en verano de 2010.

Sin embargo, no han dejado de colaborar cuando les ha convenido: se han ayudado a aprobar los presupuestos de la Generalitat siempre que CiU lo ha necesitado, a colocar alcaldes (como el de Badalona, que representa el discurso del PP más radical contra la inmigración) y a votar juntos en numerosas ocasiones (contra el veto a la educación sexista, muy recientemente, por ejemplo).

El penúltimo capítulo de tensión, tras el portazo de Rajoy al pacto fiscal y la manifestación de la Diada ha sido la reforma de la ley de Educación, y el empeño expresado por el ministro Wert de "españolizar" a los niños catalanes. Detalle que tampoco incluyó el PP en su programa electoral.

7. Educación

El PP de Aznar tumbó la LOGSE pero no tuvo ocasión de aplicar su Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Rajoy no quiere que le pase lo mismo, y aspira a aprobar y aplicar su propia Ley de Educación. Mientras eso ocurre, ya se han puesto en marcha algunos cambios y recortes:

- Las Administraciones educativas podrán ampliar hasta un 20% el número máximo de alumnos.

- Se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de Bachillerato en cada centro docente.

- Los alumnos universitarios de primero pagarán más por matrícula, entre un 15% y un 25%.

- El mínimo de horas lectivas de los profesores (dentro de sus 37 semanales) aumentará de 18 a 20 en Secundaria. En Primaria, las 25 actuales son el mínimo.

- Se podrán pedir interinos para cubrir una baja a partir de 10 días de baja.

8. Autónomos.

Después de ser una de las principales banderas electorales del PP, el Gobierno no ha querido aprobar que los autónomos y pymes puedan liquidar el IVA de sus facturas cuando éstas hubiesen sido efectivamente cobradas. Y no como hasta ahora, que obliga a adelantar el dinero de una factura pendiente de cobro. Así rezaba su programa: "Modificaremos, de acuerdo con la normativa europea, el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes".

La calle acorrala a la mayoría absoluta de Rajoy

El descontento social desborda a un Gobierno prisionero de la austeridad de Merkel y el rescate de los bancos

ANA PARDO DE VERA, Madrid, en Público

Un año después de su triunfo absoluto sobre Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), con una mayoría parlamentaria de 185 diputados, la calle se ha convertido en el principal temor de Mariano Rajoy y su Gobierno. En estos 365 días, se ha demostrado que, lejos de contener el malestar social, las políticas del PP lo han disparado y, a la vista de los nulos resultados positivos, van camino de incrementarlo. El escenario de fuerte movilización en Grecia (el país heleno lleva 25 huelgas generales en tres años) es el enemigo a batir por el Ejecutivo y, aunque insiste por activa y por pasiva en que "España no es Grecia", las imágenes de indignación, desesperación ciudadana y pobreza  (más de 21% de la población española vive por debajo de ese umbral) se adueñan cada día con más fuerza de la prensa nacional e internacional.

¿Qué ha hecho Rajoy para generar este descontento, incluso, entre sus propios votantes? Los recortes en el sector público y la privatización paralela de servicios hasta ahora gratuitos y universales constituyen una de las claves del deterioro de la confianza social en Rajoy y su Gobierno.

Recortes sin precedentes 

Un mes después de su victoria, el jefe del Ejecutivo anuncia una subida de impuestos (IRPF e IBI) y un recorte del gasto público, con los que espera reducir el déficit en 15.000 millones. En marzo de 2012, los Presupuestos Generales para este año incluyen el mayor recorte del gasto público de la democracia (13.400 millones). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia más impuestos a las grandes empresas para recaudar 27.000 millones al tiempo que decreta la amnistía fiscal para que afloren 25.000 millones defraudados.

Tras acordar las condiciones para el rescate del sistema bancario español y la entrada de la troika en España (Comisión Europea, BCE y FMI) para supervisarlas, Rajoy anuncia el mayor ajuste de la democracia: 65.000 millones en dos años. El presidente asume el derribo de sus líneas rojas y el incumplimiento total de sus compromisos electorales en materia económica: sube el IVA, se reduce parcialmente el subsidio por desempleo, se suprime la paga extra a los funcionarios, se elimina la desgravación por vivienda en IRPF y se aumentan los impuestos medioambientales. Rajoy se disculpa asegurando que no ha cambiado de "criterio" respecto a su programa electoral, pero "las circunstancias", sí, por lo que "no hay más remedio" que hacerlo.

El gasto social es el más afectado por los recortes en este año, pues a los 27.000 millones de los PGE de 2012, se suman otros 10.000 millones adicionales en Educación y Sanidad que se anuncia en abril. Por otro lado, el Gobierno decreta el copago farmacéutico, otra de las líneas rojas que prometiera en campaña no cruzar jamás. Lo mismo ocurre en Educación con el incremento de las tasas universitarias o la introducción de otras nuevas, por ejemplo, en Fomación Profesional.

Los recortes, asimismo, se ceban con el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, los dependientes, por ejemplo, cuando las Comunidades Autónomas anuncian que se reducirá un 15% como mínimo el salario del que disponen estas personas para pagar a los familiares que las cuiden.

Los bancos sí tienen quien les salve

Con la sociedad en movilización diaria e in crescendo y su Estado de Bienestar bajo mínimos, el Ejecutivo sigue volcado en salvar el sistema financiero y aprueba hasta tres reformas sobre el mismo (la última, el pasado viernes con la configuración definitiva del banco malo). Estos cambios del sector van llegando junto a la solicitud y aprobación por parte de la UE de un rescate bancario de hasta 100.000 millones con condiciones y bajo la vigilancia estricta de la troika. Las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, contratadas por Economía y el Banco de España, recogen en un informe que las necesidades reales de nuestra banca se sitúan entre 51.000 y 62.000 millones.

Ni Rajoy ni su ministro quisieron hablar de rescate bancario, tampoco sobre si se pedirán los 100.000 millones íntegros y sí anunciaron un "préstamo en condiciones muy favorables", presentándolo ante los medios con un tono triunfalista que colisionó frontalmente con los medios europeos (el Times tituló, en inglés, "Tú dices tomate, yo digo rescate") y, lo peor de todo, con los mercados. Contrariamente a lo que pensaba el presidente del Gobierno, que, tras anunciar la luz verde al rescate de la banca, se fue visiblemente satisfecho a ver el partido de la final de la Eurocopa a Kiev, el mes de julio que empezaba con su rueda de prensa en positivo, dio paso a un julio mucho más negro que el de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, superando la prima de riesgo los 640 puntos básicos y el interés del bono a diez años un nivel récord del 7,5%. Al fin y al cabo, el propio Montoro había reconocido que un rescate bancario que no fuese directamente a las instituciones, sino que se hiciese a través del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) del Estado, equivalía a más deuda en las maltratadas arcas públicas.

Ciudadanos a la calle

La reforma laboral del PP que el presidente del Gobierno presentó en su programa electoral como la panacea para la creación de empleo no sólo no lo ha logrado, sino que tampoco ha frenado la destrucción de puestos de trabajo, además, con un significativo abaratamiento del despido. El paro está a punto de alcanzar a seis millones de personas, según la última Encuesta de Población Activa, y el número de afectados por los EREs que facilita la nueva legislación aumenta también de forma alarmante.

Además, los recortes en Sanidad, Educación y Dependencia amenazan con quebrar la protección universal en estas áreas, especialmente, a los más desprotegidos (por ejemplo, la tarjeta sanitaria ha sido retirada a los inmigrantes sin papeles desde septiembre). A todo ello, se suma un drama largo en el tiempo pero que ha reventado en el Gobierno de Rajoy con toda su crudeza en forma de suicidios: los desahucios por impago de hipotecas.

Así las cosas y ante la falta de perspectivas a corto y medio plazo, los ciudadanos han optado por echarse a la calle en un año de movilizaciones sin precedentes y que incluye dos huelgas generales convocadas por los sindicatos y de seguimiento irregular. No así las manifestaciones y movimientos ciudadanos, que encuentran cada vez más seguidores y tienen realmente preocupados al Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, cuyos miembros asumen que cualquier movimiento suyo en la calle va acompañado de protestas y abucheos.

La valoración de los líderes políticos cae en picado en territorio nacional, ya sea del Gobierno o de la oposición, pues ninguno aprueba, según coinciden en recoger las últimas encuestas del CIS y de medios privados. Además, y a pesar de estar haciendo todos los deberes que le han impuesto la UE, la troika y la canciller Angela Merkel, la imagen de Rajoy tampoco ha mejorado este año.

Al presidente del Gobierno le han llegado de los medios extranjeros todo tipo de opiniones negativas sobre su figura política y su gestión de la crisis a lo largo de su primer año. El más amable, tal vez, llegó de The Economist hace unas semanas, cuando tildó de "misterioso" a un presidente que desespera a sus colegas por su empeño en no informar sobre sus planes ni a quienes les afectan, como a los Veintisiete de la UE. Los más duros, tal vez, llegaron de EE.UU. precisamente, cuando Rajoy y el rey estaban allí participando en la Asamblea anual de la ONU. El medio de referencia, The New York Times criticó con un duro reportaje la "pobreza" a la que estaban llevando a los españoles la "austeridad" de Rajoy. La prensa alemana, que apenas recogió la visita de Merkel a España, tildó al presidente español de "simpatizante" de la canciller, argumentando la absoluta disposición de aquél para cumplir los deseos de la alemana. Por su parte, la prensa francesa fue de las más contundentes en sus reproches y, en todos sus diarios (Le Monde, Libération o Le Figaro), criticó con dureza la "imprecisión" de Rajoy, su ambigüedad y ese misterio con que solía actuar desconcertando a sus colegas europeos.

Con tres años por delante -si decide agotar la décima legislatura-, Rajoy sigue con el mismo interrogante con el que empezó su mandato: el rescate completo a la economía española. Tras las sugerencias de Alemania para que resista y la imposibilidad de doblegar a Europa sobre las estrictas condiciones que se le impondrían, el presidente resiste sin intención alguna de variar su hoja de ruta: cumplir el objetivo de déficit público cueste lo que cueste y a pesar del "sufrimiento de los ciudadanos" que él mismo reconoció ayer.

Sanidad convocará en breve los consejos de salud de área y de zona en el área IV…

Sanidad convocará en breve los consejos de salud de área y de zona en el área IV…

Los usuarios reclaman consultas por las tardes en todos los centros de salud

El Consejero calcula que el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias no podrá abrir hasta el año 2014

Foto: Faustino Blanco estrecha la mano a una de las representantes vecinales. A su lado, José Sariego.

Elena FERNÁNDEZ-PELLO, en La Nueva España

Los representantes de la Federación de Asociación de Vecinos de Oviedo (FAVO) hicieron llegar ayer su malestar al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, por el mal funcionamiento y la descoordinación de los servicios de urgencias en el municipio. También reclamaron consultas por las tardes en todos los centros de salud, al menos algunos días a la semana. Todas esas peticiones, y más, fueron formuladas en el transcurso de su primer encuentro con el Consejero, al que también asistieron el director general de Salud Pública, Julio Bruno, y el director general de Atención Sanitaria, Aquilino Alonso.

Otra de las preocupaciones que en nombre de los usuarios manifestaron a Blanco, según refirió el presidente de la FAVO, José Sariego, fue la referida a las listas de espera en algunos centros de salud, con demoras de hasta dos días que atribuyen a las huelgas y bajas laborales sin cubrir.

La apertura de un centro de salud en Colloto, otro en la Tenderina y la mejora de los servicios en el consultorio de Olloniego, que depende del centro de salud de San Lázaro, fueron otras de las reiteradas reclamaciones de la FAVO, de las que ayer dio cuenta al Consejero.

Los portavoces de las 17 asociaciones vecinales que integran la FAVO salieron de la reunión confiados en que Sanidad convocará en breve los consejos de salud de área y de zona, en los que los usuarios pueden exponer sus demandas y participar en la planificación sanitaria. «Queremos órganos de participación y en la Consejería parecen dispuestos a que participemos», aseguró Sariego.

A ese respecto manifestó su malestar por el hecho de que la huelga sanitaria no esté teniendo en cuenta a los usuarios. «Negocian los sindicatos sanitarios, profesionales y el Servicio de Salud del Principado, pero no los usuarios en favor de cuyos derechos se hacen la huelga», argumentó. El Consejero confirmó el compromiso de su Gobierno de abrir el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en 2014, según el dirigente vecinal, y prometió que no habrá recortes en pruebas diagnósticas, como las mamografías. La Consejería de Sanidad «tomó nota» de las demandas vecinales y manifestó su buena disposición a atender sus sugerencias.

Cuando Rajoy saque a la calle a los que están a favor de los recortes entonces comparamos, mientras tanto las manipulaciones ya van mucho más allá de lo esperpéntico en el caso de Cristina Cifuentes en Madrid…

Cuando Rajoy saque a la calle a los que están a favor de los recortes entonces comparamos, mientras tanto las manipulaciones ya van mucho más allá de lo esperpéntico en el caso de Cristina Cifuentes en Madrid…

¿Son 35.000 o son dos millones?

El cálculo de manifestantes está demasiado condicionado por el afán de manipulación

Alejandra Agudo, en El País.

Raramente hay acuerdo. Un millón de personas se manifestaron el pasado 14 de noviembre contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, dijeron los sindicatos. Fueron 35.000, según la delegación de Gobierno en Madrid, encabezada por Cristina Cifuentes. La cifra ha sido considerada ridícula por algunos ciudadanos, que rápido han reaccionado con críticas en las redes sociales. En el mismo enclave de la capital, la plaza de Colón, el PP convocó una concentración contra la política antiterrorista del gabinete de Zapatero en marzo de 2007. En aquella ocasión, la Comunidad de Madrid afirmó que habían asistido más de dos millones de personas. Aunque en ese momento hubieran salido a la calle más personas que en la última huelga general, la diferencia de datos es tan abultada que se ha reabierto el debate sobre cómo se hacen los recuentos de congregados en grandes concentraciones.

“Las manifestaciones y las huelgas nunca se han medido de forma objetiva”, sentencia Ramón Adell Argilés, profesor de Sociología en la UNED e investigador de la materia. “Para los organizadores suele ser la ‘más multitudinaria de la historia’ y para las instituciones contrarias es ‘el mayor fracaso”, añade. Las cifras bailan en función de los intereses de quien las mida, pero Adell opina que son necesarios “más rigor y seriedad”, sobre todo, cuando el cálculo lo hace una entidad pública como una Administración autonómica o la Delegación del Gobierno. “Últimamente se da un desprecio hacia las personas que protestan y hay más sesgo en los cálculos”, apunta en relación a esta institución en Madrid.

Esta actitud de “ninguneo” por parte de los gobernantes se produce porque creen que “si no miran, no existe”, dice Adell. Pero tiene consecuencias, alerta el sociólogo. “Puede llevar a una radicalización en las movilizaciones para llamar la atención”. Y deja la sensación, señala, de que todos mienten. Ante esta creencia, los ciudadanos tienden a “hacer una media, lo que es erróneo, porque presupone una objetividad de las fuentes que, aun difiriendo, tendrían cifras cercanas”, afirma el profesor. Pero una o las dos cantidades pueden estar demasiado mermadas o engordadas. “Todos juegan con que se hará esa media”, explica.

La reacción de los ciudadanos a los datos publicados por la Delegación de Gobierno y los sindicatos el 14 de noviembre no se ha limitado a la simple suma y división de cantidades. Algunos internautas han considerado “ridícula” la cifra aportada por la popular Cristina Cifuentes (35.000). La política ha sido criticada y ridiculizada en las redes sociales con mensajes alusivos a su “vista de halcón” y su capacidad para “encoger manifestantes”. “Cuando se fuerza demasiado la máquina demagógica se pierde credibilidad”, asegura Adell. No es la primera vez que Cifuentes da cifras fuertemente cuestionadas por los ciudadanos. Para la concentración, el pasado 25 de septiembre, alrededor del Congreso de los Diputados se dispusieron más de 1.300 agentes de la Policía Nacional, un despliegue calificado de desmesurado para los 6.000 manifestantes que después calculó la Delegación del Gobierno en Madrid.

Tampoco han sido creíbles para otros las estimaciones de los sindicatos. “Ni tanto ni tan calvo”, bromea un tuitero. En un trabajo de autocrítica, José Javier Cubillo, secretario de Organización y Comunicación de UGT, reconoce que los cálculos de manifestantes del sindicato “están sujetos a error”, porque aunque el procedimiento sea riguroso, en la práctica, “a veces” no lo es. El sindicato, uno de los convocantes de la huelga general del pasado 14 de noviembre, estimó la afluencia a la protesta ese día en un millón de personas. Lo hizo, asegura Cubillo, cruzando datos de superficie ocupada y densidad de personas por metro cuadrado. “Manifestaciones de un millón ha habido muchas”, ironiza Adell sobre ese umbral psicológico y simbólico de llegar a las siete cifras para ganar impacto. Matiza, sin embargo, que “entra dentro de la lógica” que los organizadores de una protesta engorden la cantidad de asistentes. En cualquier caso, Cubillo resta importancia a las cantidades porque “distraen sobre los motivos de una protesta” y rehúsa opinar sobre los datos de Cifuentes y los suyos propios.

“Se debería estandarizar una metodología, y que sea pública, para todas las manifestaciones; si siempre tienes el mismo margen de error no pasa nada, porque puedes comparar los datos”, declara Rafael López, director de desarrollo de algoritmos de análisis en Vaelsys, empresa especializada en soluciones de visión artificial, también para el conteo de personas en aglomeraciones. En su opinión, cuando una protesta se produce en la calle y sobrepasa las 300 personas, la técnica idónea para estimar la cantidad de asistentes es cruzar datos de densidad por metros cuadrados ocupados. Para ello, explica, es necesario dividir la superficie total en zonas y que varios técnicos, cada uno en su área, cuenten a la misma hora —“intentando que sea la de mayor afluencia”— cuántas personas hay en un metro cuadrado.

“Cuando nos piden analítica de imágenes para concentraciones, no lo recomendamos”, apunta López. El experto asegura que ese método (que un ordenador cuente cabezas en fotografías panorámicas de alta definición) es muy eficaz en espacios cerrados “como un polideportivo”. En ciudades, sin embargo, “puede haber árboles o papeleras que se confundan con personas”, dice. “Podrías atinar si tuvieras una imagen cada dos metros”, añade. La empresa Lynce, ya desaparecida, utilizaba la técnica descrita. En su web avisaban de la “dificultad de contabilizar” cuando las condiciones eran complejas, por ejemplo, por “climatología adversa, abundancia de pancartas o ausencia de calles amplias”, señalaban. Por eso, hacían un control de calidad “de manera artesanal” después de asignar un número a cada persona informáticamente. Buscaban, según explican, sombras, globos o arbustos que hubieran sido considerados humanos, así como individuos detrás de banderas ignorados en el proceso anterior.

¿Hay posibilidades de estandarización y consenso? “Solo cuando estamos de acuerdo en la protesta”, responde Adell. Un ejemplo fue la concentración de ciudadanos en apoyo a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Atocha, al día siguiente del ataque terrorista. No hubo discusiones públicas sobre la asistencia. Tampoco los medios de comunicación discreparon. La versión, prácticamente unánime, fue que en toda España se manifestaron 11 millones de personas. Pero las ocasiones en las que se da esta armonía de datos, son muy pocas. Lo habitual es que no haya acuerdo, como sucedió recientemente con la manifestación independentista de la Diada en Barcelona. Asistieron dos millones, según la organización; 1,5, siguiendo los cálculos de la guardia urbana y el departamento de Interior; y 600.000 contó la delegación del Gobierno. Unas discrepancias que no son tan alarmantes como las de la huelga general y que Llorenç Badiella, responsable del servicio de Estadística Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, resolvió en el diario La Vanguardia el pasado 14 de septiembre: “Un cálculo pormenorizado del área ocupada y la densidad de la marcha da la razón al Gobierno”, zanja.

Existen diferentes métodos, más o menos fiables, pero con base científica para calcular aglomeraciones. ¿Por qué se dan todavía diferencias tan grandes en las estimaciones? La respuesta de los expertos es idéntica: intereses. “La gente no se moviliza por deporte, normalmente lo hace por descontento. Y los Gobiernos no quieren tensión en la calle”, argumenta Adell. “Pero para acabar con ella no tendrían que ningunear, sino hacer otras políticas”, opina. “Es triste que las instituciones no vean lo que pasa en la calle, aunque tampoco se puede gobernar a golpe de manifestación”, dice.

Pero el gabinete de Rajoy ha insistido, ante el creciente malestar social canalizado en protestas cada vez más frecuentes, en minimizar la importancia de las mismas. “Permítanme que haga aquí, en Nueva York, un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ve, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España”, declaró el presidente del Gobierno tras el 25-S en referencia a las imágenes de los indignados españoles que proliferan en los medios de comunicación internacionales.

El discurso de Rajoy recuperaba el concepto de “mayoría silenciosa”. Pero que una parte de la sociedad no salga a la calle contra los recortes no quiere decir que estén a favor de los mismos. Para poder hacer ese análisis “sería necesario conocer cuánta gente se manifestaría a favor de las políticas de austeridad”, explica Adell. “Mucha gente no hace huelgas por miedo a perder el trabajo, pero eso no quiere decir que no estén de acuerdo con los motivos”, añade el sociólogo.

Las manifestaciones son un éxito o un fracaso en función de cuánta gente haya asistido. La cantidad que cada uno ve depende la afinidad propia con lo reivindicado. Esta es una realidad asumida desde hace años. El “todos mienten” es común a la mayoría de protestas. El resultado es que las mediciones pierden paulatinamente credibilidad. Y aunque existen métodos bastante fiables, nadie parece dar con la manera de aplicarlos sin que estén teñidos de subjetividad.