PRENSA

Con esta noticia adjuntamos un enlace al texto articulado del proyecto de presupuestos dónde figuran ésta y otras muchas cuestiones que todos deberíamos leer

El Principado elimina las «exenciones temporales» para el canon de saneamiento

La Administración regional confía en elevar la recaudación a lo largo del próximo año hasta los 56,5 millones

07.12.12 - JOSÉ ÁNGEL GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.

56,5 millones de euros es lo que el Principado confía en recaudar el próximo año a través del canon de saneamiento. Son 21,5 millones más de lo que estaba presupuestado hace dos años. Sin embargo, el Gobierno regional no cree que se pueda hablar de un incremento espectacular y recuerda que en 2011, en lo que respecta al presupuesto ejecutado, la Administración autonómica ingresó por esta vía 47 millones de euros. Esta tendencia continuaba en el vigente ejercicio. A falta de contabilizar el último trimestre del año, el Plan Económico y Financiero prevé ya una recaudación de 40 millones de euros por el canon de saneamiento.

Asturias, el próximo año, quiere obtener 56,5 millones de euros. Para conseguirlo confía en los efectos que tendrá la aplicación del nuevo marco normativo. Si bien el Principado plantea dudas sobre la incidencia que estas modificaciones puedan traer consigo en cuanto a la recaudación, lo cierto es que se produce, como queda recogido en el documento presupuestario una «profunda revisión».

La principal novedad que afecta a este tributo propio es la eliminación de la exención, hasta ahora vigente, para consumos domésticos que no vierten en redes de alcantarillado. Esta prerrogativa figuraba en la ley desde su creación, allá por el año 1994. La excepción temporal tenía como destinatario a aquellos que recibían aguas de entidades suministradores, pero que carecían de saneamiento. La exención, aseguran desde el Principado, fue eliminándose progresivamente en todas las comunidades. Es más, aseguran que Asturias es la única en la que todavía se mantenía esta medida de gracia. Aún no se conoce el recorrido que tendrá esta medida pero, algunas fuentes consultadas por este periódico temen que pueda tener una incidencia importante entre los ganaderos y agricultores, que eran los principales beneficiados hasta ahora.

Este cambio no viene solo. El Gobierno regional anuncia en el documento en el que figuran las cuentas públicas de 2013 que se «definirán» los consumos no domésticos y se añaden de forma explícita los usos que hacen los trabajadores del campo, es decir, ganaderos y agricultores.

A partir de ahora, según consta en la norma, se entenderán por usos domésticos los realizados en viviendas que den lugar a aguas residuales generadas por el metabolismo humano. Se consideran usos industriales los consumos realizados para efectuar cualquier actividad comercial o industrial, mientras que también se hace la distinción en el caso del medio rural.

La Administración, igualmente, dice que con los cambios normativos se pretende «atajar» ciertos problemas y disfunciones que, según su criterio, se producían en la práctica en lo que respecta a la aplicación de las tarifas mínimas en aquellos casos en los que no hay contador. Esto significa, según han confirmado fuentes del Principado, que se eliminan estos «consumos mínimos», medida planteada en su momento por la Administración que buscaba «incentivar» que los usuarios pusieran contador para medir su gasto.

A partir de ahora, tal y como figura en la ley, en aquellos supuestos de captaciones subterráneas para usos domésticos, industriales, agrícolas o ganaderas que carezcan de dispositivos de aforo directo de caudales de suministro, el consumo mensual a efectos de la aplicación del canon quedará determinado por la cantidad que resulte de dividir entre doce el total otorgado en la autorización o concesión administrativa del aprovechamiento.

Cuando el consumo no esté o no pueda ser medido por contador, éste será equivalente cada mes a lo que resulte de dividir entre doce el volumen en metros cúbicos correspondientes al máximo anual fijado en la concesión. La misma operación se realizará cuando se trate de recogida de aguas pluviales, aunque en este caso se tomará como referencia el doble del volumen de los depósitos de recogida.

La junta de saneamiento se reserva el derecho de exigir, en determinados casos, la instalación de dispositivos de aforamiento continuo del caudal a efectos de precisar, dicen, la base imponible cuando hay una disparidad entre el consumo obtenido de acuerdo con el máximo fijado en la concesión y el que se pueda imputar a la actividad que desarrolla el usuario.

La RTPA recibirá tres millones menos de lo que había solicitado

07.12.12 - J. A. G. | OVIEDO, en El Comercio.

La Radio Televisión del Principado recibirá el próximo año una partida de 20 millones de euros, lo que supone tres millones menos de lo que había solicitado. En una reunión del consejo de administración celebrada el pasado 23 de octubre, la dirección del ente de comunicación hizo público su planteamiento para el próximo ejercicio, en el que tenía pensado contar con un presupuesto cercano a los 26,4 millones de euros, de los cuales solicitaba 23 a la Administración regional.

La propuesta, finalmente, no salió adelante, al no tener el apoyo de una mayoría cualificada en el consejo de administración. La partida que reserva el Principado para el ente público de comunicación queda en apenas 20 millones de euros, lo que supone una reducción del 33% respecto al presupuesto vigente.

El recorte de 11,3 millones decidido por el Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos fue el inicio de una complicada etapa para la RTPA. El presidente del Principado, Javier Fernández, fue claro desde el principio a la hora de analizar el dinero que iba a recibir el ente público. «Los recursos escasean para todos y para la RTPA también. Va a tener que ser más austera y eficaz», dijo tiempo atrás en una entrevista en este periódico.

Un grupo de trabajadores expresó ayer su protesta en el Parlamento asturiano, durante la jornada de puertas abiertas. Según ellos, la RTPA funciona «de manera fraudulenta» y aseguran que el propósito es llevar a cabo una «cesión ilegal» de la entidad pública a manos privadas.

Los ganaderos y los hogares sin saneamiento tendrán que pagar también el canon del agua

El Principado retira las exenciones de la tasa por depuración, que afectaban sobre todo al medio rural, para elevar la recaudación en 21,5 millones

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

El Gobierno regional ha decidido ampliar a toda la región el cobro del canon de saneamiento para ingresar el próximo años 56,5 millones de euros por ese concepto, 21,5 millones más de los previstos en 2012. El proyecto presupuestario prevé incrementar la recaudación de este canon mediante dos vías: incorporando los consumos de agua realizados por agricultores y ganaderos y también los realizados por hogares que no cuentan aún con redes de alcantarillado y que se localizan en las zonas rurales de la región, sobre todo en las alas. Hasta ahora estos consumos, que afectan aproximadamente a un 20 por ciento de la población, según el plan de saneamiento 2002-2013 estaban exentos.

El canon de saneamiento forma parte de los tributos propios del Principado y tiene como finalidad la obtención de ingresos para sufragar las obras de depuración de aguas residuales, así como el coste de la explotación, mantenimiento y conservación de la red. Este impuesto ha aumentado desde su entrada en vigor, en 2000, un 68 por ciento. El proyecto de Presupuestos para 2013, pactado por el Gobierno socialista con IU y UPyD, incluye una «profunda revisión» de este tributo, que incluye tres cambios. «En primer lugar se procede a la definición de consumos domésticos y se añaden de forma explícita los consumos llevados a cabo por agricultores y ganaderos», recoge el documento presupuestario del gobierno socialista. Otra novedad relevante, que influye de manera determinante en el aumento de la recaudación, es la eliminación de la exención de ese canon de los hogares que no disponen de red de saneamiento. Estas medidas, en la práctica, suponen extender el cobro del impuesto a todos los hogares de la región, viertan o no a una red de alcantarillado con conexión a un colector. Además, se rebaja el consumo mínimo a los usuarios que carezcan de contador, a ocho metros cúbicos al mes para usuarios domésticos mientras que para consumos agrícolas, ganaderos o industriales sin contador se fija, a efectos del canon, un mínimo de 20 metros cúbicos al mes. Los consumos agrícolas, ganaderos e industriales, que dispongan de contador, pagarán una cuota fija mensual que variará en función del consumo anual (ver cuadro anexo).

El canon de saneamiento de Asturias se encuentra entre los más altos de España, según trascendió en la anterior discusión presupuestaria, cuando el Gobierno de Foro ya pretendía incrementar la recaudación anual de este tributo. El fin de estas exenciones era desconocido, al menos, para algún diputado de IU, fuerza que respalda el nuevo Presupuesto. La medida generará polémica y discusión en las comparecencias del Presupuesto, por el impacto que tendrá en el sector agroganadero.

VER TEXTO ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 2013

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Cuando por toda ideología y compromiso con el modelo sanitario se tiene sólo lo retributivo acaban sucediendo estas cosas

«Se coge antes a un mentiroso que a un cojo», dice el PP sobre Arias

«Estábamos en lo cierto cuando dijimos que la ahora exgerente del Sespa seguía formando parte del grupo Capio», asegura Alfonso Román

07.12.2012 - LAURA FONSECA, GIJÓN, en El Comercio.

«Se coge antes a un mentiroso que a un cojo». En estos términos se pronunció ayer el portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PP, Alfonso Román López, al ser consultado sobre la noticia adelantada por EL COMERCIO en la que se da cuenta de la participación de la exgerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Elena Arias, en el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña. Elena Arias, abogada de 66 años y natural de Castrillón, fue nombrada máxima responsable del Sespa durante la legislatura socialista que discurrió entre 2007 y 2011. Hace año y medio, cuando Arias dejó la sanidad pública asturiana, volvió a ocupar el cargo de directora de Recursos Humanos del grupo Capio Sanidad, multinacional que se está haciendo con la gestión privada de varios de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid y de la que ya había formado parte de 2001 a 2007. Precisamente, en 2009, cuando Elena Arias llevaba dos años gerenciando el Servicio asturiano de Salud, el PP regional la denunció por supuestas incompatibilidades. De aquella, los populares aseguraron que Arias seguía siendo apoderada en el holding de Capio. Ella y la propia multinacional lo negaron, de ahí que ahora el parlamentario popular afirme que «se coge antes a un mentiroso que a un cojo».

Alfonso Román López cree que el doble trasvase de Arias de la privada a la pública y de la pública a la privada «nos da la razón y demuestra que estábamos en lo cierto cuando en su día dijimos que la ahora exgerente seguía formando parte del grupo Capio y, por tanto, incurría en una incompatibilidad manifiesta». La empresa de la que ahora forma parte como alta directiva Elena Arias constituye un holding que gestiona 22 hospitales privados y residencias en Madrid, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. La última adjudicación conseguida por Capio fue precisamente el Hospital Rey Juan Carlos, en Valdemoro, uno de los tres nuevos centros que ya están funcionando con el modelo de gestión privada propuesto por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

'Revolving door'

El diputado del PP considera «éticamente reprobable e incoherente la actitud de la exgerente, al pasar de un modelo a otro. «Defiende ahora lo que aquí negaba», indicó. Sin embargo, Alfonso Román López no quiso entrar a valorar la drástica privatización a la que está siendo sometida la sanidad pública de Madrid: «No se está privatizando sino externalizando recursos para incrementar la eficiencia del sistema sanitario», se limitó a señalar.

Para la diputada de Izquierda Unida (IU), Noemí Martín, «el problema no es que Elena Arias haya vuelta a la empresa privada, sino que en su día hubiera sido nombrada para gestionar la sanidad pública asturiana cuando todos sabían que venía de una multinacional sanitaria privada». Cree Martín que la falta de una regulación más dura sobre incompatibilidades permite que «una persona que hasta hace año y medio defendía el modelo público haga ahora todo lo contrario». En su opinión «hace falta con urgencia una ley de incompatibilidades para que esto, muy común en sanidad, no se convierta en moneda corriente, máximo en tiempos de crisis donde la sanidad pública se convierte en un nicho de negocio más que apetecible.

Quien también criticó lo que los ingleses denominan el 'revolving door' (puerta giratoria) fue el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, Carlos Ponte. «No es ético ni moral, pero se hace. Elena Arias no es el único caso, hay muchos ejemplos en todos los partidos, porque esto no es algo ni exclusivo del PP ni del PSOE».

Finalmente, el diputado de Foro Asturias, Albano Longo, censuró no tanto el hecho de que la exgerente del Sespa esté ahora en la privada «es libre para trabajar donde quiera», opina, sino que «hubiera impuesto a los médicos asturianos la jubilación obligatoria a los 65 años, cuando ella, que ha cumplido 66, sigue ejerciendo su profesión». Para Longo, la actuación de Elena Arias «es un ejemplo del modelo socialista, que predica para los demás lo que ellos luego no aplican a sí mismos».

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Ante la rauda y contundente actuación del PP con el “a la banca ni la toqueis ”, el PSOE reacciona así:

Reunión de coordinación de Rubalcaba con portavoces parlamentarios celebrada ayer…

El PSOE lanzará una ofensiva contra el "boicot" que ha planteado el Gobierno al impuesto a los bancos

Plantearán iniciativas específicas en el Congreso y en los parlamentos autonómicos contra el tipo cero de los depósitos

MADRID/OVIEDO, EUROPA PRESS

El PSOE ha acordado hoy lanzar una ofensiva contra el boicot que ha planteado el Gobierno para impedir que las CCAA graven a las entidades financieras. Esta decisión se ha adoptado durante la reunión de coordinación parlamentaria que ha tenido lugar esta mañana en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, presidida por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La citada ofensiva se llevará a cabo en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos y consistirá en la presentación de iniciativas específicas. Según las fuentes consultadas, el PSOE propondrá la imposición de un impuesto, que no sea cero, sino superior.

Esta iniciativa se produce después de que el Grupo Popular haya incluido una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, durante su tramitación en el Senado, para imponer un gravamen cero a los depósitos de las entidades financieras e impedir así que las CCAA establezcan otros gravámenes más elevados.

Esto se ha producido a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se ampara la decisión del Gobierno de Extremadura, adoptada durante la presidencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de imponer una tasa a los depósitos.

El objetivo de esta ofensiva del PSOE es hacer frente a la medida que irá incluida en los presupuestos de 2013, calificada de "fraude constitucional", por cuanto se boicotean los impuestos a las entidades financieras promovidos por las Comunidades Autónomas donde gobiernan los socialistas.

Según informa el PSOE, los reunidos han coincidido en calificar de "maniobra" y "fraude" el nuevo tributo al tipo del cero por ciento, que es además, según señala, "la máxima expresión de un reparto injusto de los costes de la crisis" y "revela con toda crudeza el verdadero rostro de la derecha gobernante".

En el encuentro de Ferraz se ha tratado la respuesta social que están recibiendo los recortes de derechos del Gobierno del PP en materias sanitaria, educativa y de acceso a la justicia. Sobre las movilizaciones ciudadanas, los dirigentes socialistas consideran que la ciudadanía está pidiendo en la calle que no se desmantelen los derechos sociales que el PSOE instauró en los últimos 30 años.

Asimismo, se han puesto en común las iniciativas en materia económica y social que impulsa el Grupo Parlamentario Socialista y se han analizado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2013, "que son un primer esbozo de la alternativa fiscal en la que está trabajando el PSOE". En el debate también ha habido tiempo para abordar otras cuestiones de impacto socioeconómico, tales como las iniciativas de lucha contra los desahucios y el acceso a la justicia.

Además del secretario general, han asistido a la reunión los portavoces del Grupo Socialista en el Congreso y en Senado, Soraya Rodríguez y Marcelino Iglesias, además de los portavoces del Grupo y el Partido en materia económica, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Pedro Saura y Valeriano Gómez, junto con Antonio Hernando y los portavoces parlamentarios autonómicos y los secretarios regionales de Política Institucional.

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Datos de ejecución presupuestaria al cierre del tercer trimestre

Asturias, una de las dos autonomías con superávit, según Montoro

Oviedo, J. A. A., en La Nueva España

Asturias fue junto al País Vasco la única autonomía que registró superávit en sus cuentas hasta el pasado mes de septiembre, según confirmó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras divulgar las cifras del déficit de las diecisiete comunidades autónomas. Las autonomías cerraron los primeros meses del año con un déficit global del 0,93 por ciento, cuando el objetivo fijado por el Gobierno central es del 1,5 por ciento para todo el año.

El Principado ha registrado en los tres primeros trimestres de este año un superávit del 0,63 por ciento, mientras que el País Vasco presentó también un balance positivo del 0,25 por ciento. Por el contrario, las autonomías con mayor déficit son Murcia (2,23 por ciento) y Navarra (2,04%), aunque el Ministro matizó que la Comunidad Foral tiene un calendario de pagos diferente, por lo que cree que está en la senda para acercarse o cumplir el objetivo del 1,5% anual. Andalucía, Valencia y Cataluña ya tienen cifras de déficit por encima del 1,5% cuando queda por computar los pagos y las facturas del último trimestre.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha cerrado el Fondo de Liquidez Autonómica de 2012 con 12.582 millones para nueve autonomías, de los que 261 millones corresponden al rescate de Asturias.

Montoro sugiere por primera vez que se incumplirá la meta de déficit

El desfase presupuestario del conjunto de las autonomías pasa del 2,2% de 2011 al 1,14% del PIB

Murcia, Andalucía, Valencia y Cataluña superan el objetivo del 1,5% para todo el año

Amanda Mars, Madrid, en El País.

La meta de equilibrio presupuestario se enturbia para España en este 2012 de recesión y paro. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dejó este martes entrever por primera vez que las cuentas públicas tienen visos de incumplir el objetivo de déficit marcado por Bruselas para este ejercicio, que era de un máximo del 6,3% del producto interior bruto (PIB). Montoro señaló que “el objetivo formal” sigue siendo ese, pero acto seguido citó las declaraciones del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, quien la semana pasada estimó que el desfase entre ingresos y gastos acabaría varias décimas por encima, en un entorno del 7%. “La cuestión no es ese guarismo mágico del 6,3%, sino la importancia de la reducción del déficit estructural de forma rápida sin ahondar en la recesión económica”, dijo.

Montoro respondía a una pregunta sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del pasado fin de semana en una entrevista en La Razón, cuando ya sugirió que no se podía cantar victoria: “Es muy complicado reducir 2,6 puntos de déficit en un contexto de recesión, con tantos problemas con los ingresos y con una financiación tan cara. Nuestro objetivo es hacer bien las cosas y veremos qué pasa al final del año”, dijo Rajoy. Repreguntado sobre si asumía el pronóstico del 7% por parte de Bruselas, Montoro pidió que no se le malinterpretara, que el Ejecutivo mantiene esa meta y ese guión, para la que descarta nuevos ajustes. Ese 6,3% de déficit máximo se reparte entre un 4,5% del Estado (está en el 4,2% a noviembre), el 1,5% de las comunidades y el 0,3% de los Ayuntamientos.

Los datos del tercer trimestre de la ejecución presupuestaria de las autonomías, que Montoro presentó este martes, hacen posible que estas cumplan con su parte: el desfase al cierre de septiembre queda en el 0,93% (frente al 2,2% del mismo periodo de 2011), lo que concede en teoría un margen cómodo a las regiones para cumplir con las exigencias.

Pero la nota al pie de página ensombrece el escenario: el dato incluye los anticipos del Estado a las comunidades por la liquidación del sistema de financiación de 2010. Sin este efecto, el desfase aumenta hasta el 1,14%, a escasas décimas ya del máximo.

Y, además, las diferencias entre unas autonomías y otras son odiosas desde el punto de vista de la contabilidad nacional: solo cerraron septiembre con superávit País Vasco (0,25%) y Asturias (0,63%), mientras que los mayores descalabros se dieron en Murcia (-2,23%) y Navarra (-2,04%), aunque en este último caso se debe a un efecto de calendario y el diferente registro de devoluciones impositivas, por lo que no son comparables al resto. Madrid quedó por debajo de la media de déficit (0,79) y Cataluña la superó ampliamente.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), por ejemplo, calculó la semana pasada que el déficit autonómico quedaría en el 2%, medio punto por encima de lo exigido.

Montoro tuvo buenas palabras para el dato global del 0,93% — “refleja un esfuerzo presupuestario y rompe ese cliché de que los territorios no hacen esfuerzos”, dijo—, pero dejó muy claro que tampoco se fía. No en vano Cataluña y Andalucía han advertido ya de que difícilmente podrán cumplir con el tope de déficit que exige el Gobierno. “Me ha disgustado profundamente”, replicó este martes Montoro, “sobre todo en los que están pendiente de formar Gobierno”, en referencia al presidente catalán en funciones, Artur Mas. “Estas personas estuvieron en la conferencia de presidentes y se comprometieron a cumplir los objetivos de déficit público, es su deber”.

El ministro enviará a cada comunidad autónoma “una carta diferenciada” para “insistirles en que cumplan” con sus programas de ajuste, dijo, ya que “a quien se desvíe se le aplicará la ley de estabilidad presupuestaria”, que incluye sanciones. La evaluación de riesgos del ministerio, explicó, no coincide con la posición más o menos alejada de la meta que ahora ocupa cada comunidad.

Es posible que antes de finales de año se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Gobierno central con los autonómicos. Porque las cifras han ido bien hasta ahora, pero el ministro tiene claro que hay riesgos. “Esto no es la puerta para relajarse, es la muestra de que se puede alcanzar el objetivo. Nuestra responsabilidad es insistir en que el cumplimiento del 1,5% es fundamental para salir de esta crisis”, recalcó.

En cuanto a la modesta cosecha de la amnistía fiscal del Gobierno (1.200 millones, la mitad de lo previsto), Montoro señaló que “el proceso de regularización” aún está pendiente de completarse con liquidaciones del impuesto de sociedades y otros y las cifras se ampliarán.

El 93% de lo recaudado se ha hecho en el último mes por el estímulo que supuso la Ley Antifraude de finales de octubre, y así y todo el objetivo previsto quedó muy lejos: se recaudó menos de la mitad...

Hacienda recauda 1.200 millones gracias a la amnistía fiscal, la mitad del objetivo (El País)

La cuantía aflorada por la amnistía fiscal apenas supone el 3,9 por ciento de lo defraudado

GESTHA estiman que Hacienda habría recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen que corresponderían realmente al dinero acogido a la amnistía y que según datos oficiales supone cerca de 12.000 millones en patrimonio aflorado.

nuevatribuna.es

La amnistía aprobada a finales de marzo por el Ejecutivo y finalizada el pasado 30 de noviembre sólo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la evasión de impuestos, lo cual supone un agravio comparativo para las empresas y contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 30% en Sociedades y del 52% en el IRPF -llegando al 56% en Cataluña-, señalan los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

La confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales, así como las dudas generadas con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo socialista y la necesidad de presentar complementarias de IVA y del Impuesto de Patrimonio, ha provocado que la recaudación final de esta medida se haya reducido a 1.191 millones de euros -menos de la mitad de lo previsto por Hacienda-, de los que el 93% se ha recaudado en el mes de noviembre.

Además, el monto total del patrimonio aflorado sólo supone un 3,9% de los impuestos evadidos en los tres ejercicios de 2008, 2009 y 2010 (*) en los que la pérdida de ingresos tributarios por la evasión asciende a 148.000 millones de euros en los tres años, según estimaciones de Gestha.

Este dato revela que esta medida, que el Gobierno denomina eufemísticamente como "regularización de activos", no ha servido para reducir la economía sumergida, al igual que ocurrió en las tres amnistías anteriores realizadas en 1977, 1984 y 1991. Además, ha tenido un efecto negativo en otros ingresos tributarios, que a 30 de octubre ha provocado una disminución del 20% de la recaudación inducida, que engloba aquellas declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.

Investigar el origen del dinero evadido

Aparte de un menor gravamen para el dinero oculto, los defraudadores evitaron el pago de intereses, recargos y sanciones, así como la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos. Además, el Gobierno ha garantizado a esos evasores un plus de confidencialidad sobre el resto de contribuyentes, de forma que no se abrirán inspecciones a estas personas, ni la plantilla de la AEAT podrá acceder al contenido de esas declaraciones.

Precisamente, para evitar que la amnistía sirva para blanquear dinero procedente de actividades delictivas, los Técnicos de Hacienda piden al Gobierno que les permita realizar una investigación económica sobre el origen de los patrimonios aflorados para descartar que procedan de actividades delictivas.

En ese caso, los resultados de la investigación se incluirían en un informe que se remitiría a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) o a la Fiscalía del Estado, que determinarían si existen sospechas, indicios o pruebas de una operación de blanqueo.

Además, esta investigación, que no serviría para reclamar impuestos a las personas y empresas acogidas a la amnistía, permitiría conocer con detalle dónde se concentra el fraude fiscal, lo cual contribuiría a mejorar la eficacia en la lucha contra la economía sumergida en los próximos años.

Para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones, además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla, especialmente a los 8.000 técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos. Además, debería dedicarse más esfuerzo en perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.

* Se descarta el ejercicio 2007 porque las declaraciones de Renta y Sociedades de ese año prescribían, respectivamente, en junio y julio de 2012, y los ingresos de la amnistía se han concentrado en noviembre.

Excusatio non petita, accusatio manifesta?...

El ministro desvincula la amnistía fiscal de la paga de las pensiones

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha desvinculado la baja recaudación de la amnistía fiscal, que no ha alcanzado ni la mitad de la cifra prevista de 2.500 millones, con la decisión de no revalorizar las pensiones. "Ha sido una coincidencia en el tiempo" y "no tiene relación alguna", ha asegurado.

El proceso para regularizar activos ocultos en el extranjero acabó el pasado 30 de noviembre, el mismo día que el Gobierno anunció su decisión de no compensar a los pensionistas por la desviación de la inflación.

En cualquier caso, el ministro ha defendido que "no ha habido una amnistía fiscal", sino una "regularización de bases imposibles" de al menos 12.000 millones de euros y "a partir de ahí un incremento de la recaudación con una cifra bastante importante". Estas bases imponibles computarán a partir de ahora a la hora de pagar impuestos.

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Se contaba con toda claridad hace unos días

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«Quieren hacer el mayor daño posible al menor coste para ellos», dice el Principado

La Consejería de Sanidad retomará las negociaciones con todos los sindicatos mañana

Oviedo, P. R., en La Nueva España

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) reanudará las negociaciones con los sindicatos sanitarios, incluido el de los médicos, mañana, martes, con un único tema sobre la mesa: la aplicación de la nueva jornada laboral.

En una nota remitida a los medios de comunicación, el Sespa asegura que la huelga que viene manteniendo el Sindicato Médico desde el pasado mes de octubre «pretende hacer el mayor daño posible al sistema sanitario con el menor coste económico posible para los profesionales que la secundan».

El Servicio de Salud viene reiterando en las últimas semanas que, pese a los numerosos encuentros negociadores celebrados entre ambas partes desde el pasado mes de agosto, «la cúpula del Simpa ha sido incapaz de dar por cerrado ninguno de los cinco puntos en los que se centra la negociación, lo que ha dificultado mucho la posibilidad de llegar a acuerdos». Y añade: «Es cierto que han avanzado en algunas posiciones con cierta ambigüedad calculada, pero este progreso nunca llegó a cerrarse en el transcurso de la negociación al insistir en marcar "líneas rojas", que les llevaban a interrumpir las negociaciones».

El Sespa considera que la mesa sectorial «es el marco más adecuado para proseguir las negociaciones con todos los sindicatos del sector».

La última vez que Principado y Sindicato Médico se sentaron para hablar del conflicto fue el pasado 21 de noviembre. Los representantes de los facultativos se levantaron de la mesa al considerar que había «líneas rojas» que ellos no estaban dispuestos a debatir.

El Sespa envió la pasada semana un documento a todos los sindicatos con su propuesta. En ella, en lo que respecta a los médicos, se introducen algunos elementos que no estaban en las primeras negociaciones, como exigir a los médicos un tope de nueve horas al mes por descansar tras la guardia o garantizar la libranza al personal en período de formación especializada, entre el que se encuentra el colectivo MIR, que deberá hacer un máximo de seis guardias mensuales (102 horas).

El Simpa, por su parte, ya manifestó su rechazo a este documento, aunque realizará la valoración definitiva mañana, tras la reunión. El próximo miércoles, día 5, está previsto el inicio de una nueva huelga.

El SIMPA saca pecho

Unos 1.350 pacientes esperan ya más de 6 meses para operarse, según el SIMPA

El Sindicato Médico asegura que se ha producido un aumento de la lista de espera quirúrgica y de la estancia media hospitalaria

Foto: El Secretario General del Simpa dirigiéndose a los participantes en una de las concentraciones ante la JGPA.

EFE

El conflicto que vive la sanidad pública asturiana, que ha vivido decenas de jornadas de huelga desde el pasado mes de noviembre y que este mes se enfrenta a otros 12 días de paro, ha provocado que haya ya más de 1.350 pacientes que esperan desde hace más de seis meses una intervención quirúrgica.

El dato ha sido facilitado hoy por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que asegura que se ha producido un aumento de la lista de espera quirúrgica y de la estancia media hospitalaria, así como una reducción "notable" de las intervenciones.

Según este sindicato, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) hay 641 pacientes en esa lista de espera, mientras que en el del Valle del Nalón hay 399 y en el Cabueñes, otros 227.

En el de Cangas del Narcea sólo hay cinco pacientes que llevan más de medio año en espera, mientras que en el Jarrio hay cinco, y en el de San Agustín 68, mientras que en el de Mieres aún no han recabado los datos.

En el HUCA, la estancia media se incrementó en octubre más de un día relación al mismo mes del pasado año, al pasar de 8,5 a 9,8 días en octubre.

Siempre según datos del SIMPA, el hospital asturiano de referencia suspendió 380 intervenciones programadas en octubre, mes en el que realizó 1.444 operaciones, 515 menos que un año antes.

En espera de una resonancia magnética había a 26 de noviembre más de 3.000 pacientes pendientes de la prueba, mientras que otros 2.732 estaban pendientes de ser citado para hacerse un TAC, pese a que, según el sindicato, se derivaron más pacientes que en otros ejercicios a centros privados.

En concreto, el SIMPA calcula que en el HUCA se han reducido en 1.100 las resonancias desde el inicio del conflicto, en cerca de 2.000 los TAC, en 400 las mamografías y en 500 las ecografías.

El hospital de Cabueñes ha pasado, según el SIMPA, de no tener a ningún paciente en lista de espera de seis meses en septiembre a tener 227 en esa situación, a la vez que se ha incrementado la estancia media de 7,3 a 8 días en octubre, mes en el que se suspendieron 62 intervenciones.

En el complejo hospitalario de Avilés también se ha incrementado de 5,7 a 6,8 días la estancia media y se ha pasado de no tener a nadie esperando más de seis meses para una intervención a tener 68 pacientes en esa lista de spera.

La estancia media en el hospital de Jarrio ha pasado de 6,08 días a 6,34 días en octubre, mes en el que se han suspendido 60 operaciones programadas y se han realizado 192 intervenciones, 42 menos que en el mismo periodo de 2011.

En el del Valle del Nalón, también ha aumentado la estancia media de 7,2 a 7,6 días y las intervenciones realizadas pasaron de las 458 efectuadas en octubre de 2011 a 458 en el mismo mes de este ejercicio.

El SIMPA asegura en un comunicado que, ante la negativa de la Consejería de Sanidad y de Servicio de Salud a facilitar los datos de lista de espera, han realizado un estudio en los hospitales del Principado que demuestra el "progresivo y creciente deterioro de los principales indicadores de calidad asistencial".

En su opinión, el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, debería tener en cuenta estos datos y evitar que se siga deteriorando el sistema sanitario que estaba más valorado de todo el país.

"EL consejero debe rectificar urgentemente si quiere frenar el desastre y parar el conflicto que ha puesto en pie de guerra a los médicos asturianos", señala el SIMPA que considera que el deterioro de la calidad asistencial es fruto de una "política irresponsable que ha conducido a Asturias al conflicto sanitario más grave de su historia".

El Simpa revela que hay 1.351 pacientes con demoras quirúrgicas de medio año

Durante octubre, primer mes de huelga médica, el HUCA hizo 515 operaciones menos

03.12.12 - L. FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El Sindicato Médico (Simpa), en conflicto desde hace tres meses con el Principado a cuenta del nuevo modelo de jornada, reveló ayer que ya son 1.351 los pacientes que acumulan demoras de más de medio año para operarse. El sindicato de facultativos aclaró a través de un comunicado que no pretendía «ni jactarse ni exhibir a los pacientes como trofeos», en alusión a las acusaciones que vertió días atrás el consejero de Sanidad, sino que daba a conocer los datos sobre lista de espera al considerar que era «un deber del Simpa informar a la población y los facultativos de las consecuencias de una política irresponsable que ha conducido a Asturias al conflicto sanitario más grave de su historia».

Parte de los datos a los que hace referencia el Simpa, como que en el HUCA ya hay 641 enfermos con esperas quirúrgicas de más de seis meses, fueron adelantados el pasado 17 de noviembre por EL COMERCIO. En la actualidad, la cifra de demoras de más de 180 días en el conjunto de la sanidad asturiana se eleva a 1.351 pacientes. De éstos, 641 corresponden al HUCA, 399 al Valle del Nalón, 227 a Cabueñes, 68 al San Agustín, 11 a Jarrio y 5 a Cangas del Narcea. Queda pendientes de conocer las cifras del hospital de Mieres.

Las cifras sobre listas de espera son de las pocas que han trascendido desde que estallara el conflicto sanitario. La Consejería de Sanidad, que solía publicar los datos de demora mensualmente en su web, dejó de hacer desde que los facultativos convocaron huelga.

Piden a Blanco que rectifique

Entre la información revelada por el Simpa destaca el hecho de que el Hospital Central haya suspendido cerca de 3.100 tomografías computerizadas (TAC) y resonancias. Actualmente hay pendientes de citar a 2.732 pacientes para un TAC cuando lo habitual es que haya en lista de espera no más de mil personas. También aguardan para ser llamadas otras 3.042 personas pendientes de una resonancia magnética. Además, durante octubre, primer mes de la huelga, el HUCA realizó 515 operaciones menos. En octubre de 2011 hizo 1.959 intervenciones mientras que en octubre de este año apenas llegó a 1.444. El Simpa, que tiene previsto reiniciar este miércoles la huelga con otras 12 jornadas, instó al consejero a «rectificar urgentemente si quiere frenar el desastre y parar el conflicto que puso en pie de guerra a los médicos».

La lista de espera quirúrgica de más de medio año en Asturias se cuadruplica en un mes

El Sindicato Médico hace públicos los datos de demora asistencial y de quirófano en los hospitales por la huelga, y pide una rectificación «urgente»

Oviedo, P. R., en La Nueva España

El pasado 30 de septiembre, 338 pacientes residentes en Asturias llevaban en la lista de espera más de seis meses. El pasado 30 de octubre, el número había subido hasta los 1.351, cuatro veces más, según datos facilitados ayer por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). Los médicos mantienen desde el pasado mes de octubre una huelga intermitente en protesta por la jornada laboral implantada por el Principado. Pasado mañana, día 5, iniciarán una nueva fase del conflicto con otros doce días de paro.

«Progresivo» y «creciente». Son los calificativos que utiliza el Sindicato Médico para definir el deterioro de los principales indicadores de calidad asistencial del sistema sanitario público asturiano. Los facultativos han decidido hacer públicos los datos de las listas de espera, «ante la negativa de la Consejería de Sanidad a facilitarlas», afirman en un comunicado.

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, la lista de espera quirúrgica de más de seis meses se disparó en octubre hasta los 641 (en septiembre era de 328). La resonancia magnética, a fecha del pasado 26 de noviembre, acumulaba 3.042 estudios sin hacer, pese a haber enviado hasta el 31 de octubre mil pruebas más que en todo 2011 a centros privados. En el TAC hay pendientes de citar 2.732 estudios y, según el Simpa, nunca suele haber más de mil. Con motivo de la huelga de octubre y noviembre, no se han hecho 1.100 resonancias, casi 2.000 TAC, 400 mamografías y alrededor de 500 ecografías, además de 380 intervenciones.

En el Hospital de Cabueñes, en Gijón, la lista de espera de más de seis meses, en octubre, era de 227 pacientes (en septiembre no había ninguno). Se suspendieron 62 intervenciones, frente a una media de 37,8 de los meses anteriores, y la estancia media preoperatoria pasó de 3,7 días en septiembre a 4,6 días en octubre. Aumentos similares se registran en todos los centros.

En el Hospital San Agustín de Avilés, todos los servicios médicos, salvo neumología, nefrología y medicina interna, aumentaron las cifras de pacientes pendientes y la espera quirúrgica de más de seis meses se situó en 68 (en septiembre era de 7).

En el Hospital Valle del Nalón, la demora de más de seis meses es de 399, 99 en oftalmología y 300 de traumatología; de 299 intervenciones programadas para octubre, se suspendieron 86. En el Hospital de Jarrio, en Coaña, son 11 las personas que llevan más de seis meses esperando por una intervención y, en el Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, 5. En este último, en cirugía general, la lista de espera pasó de 82 pacientes con una demora máxima de 133 días en agosto de este año a 129 pacientes con una demora máxima de 218 días y 3 pacientes con demora superior a 6 meses, a fecha de 28 de noviembre de 2012.

El objetivo de hacer públicos los datos, según indica el Simpa, es obligar al consejero de Sanidad, Faustino Blanco, a «rectificar urgentemente si quiere frenar el desastre» y «parar el conflicto que ha puesto en pie de guerra a los médicos asturianos».

El sindicato médico, que representa a alrededor de 1.300 facultativos -la sanidad pública tiene unos 3.000, a los que deben añadirse cerca de mil MIR-, asegura que «no pretende ni jactarse ni exhibir a los pacientes como trofeos». El Simpa considera que es su deber «informar a la población y a todos los facultativos de las consecuencias de una política irresponsable que ha conducido a Asturias al conflicto sanitario más grave de su historia».

Datos de un conflicto

HUCA. Resonancia magnética: 3.042 estudios pendientes. TAC: 2.732 estudios pendientes.

Cabueñes. En octubre se suspendieron 62 intervenciones, frente a una media de 37,8 de los seis meses anteriores.

San Agustín. Todos los servicios médicos salvo neumología, nefrología y medicina interna, aumentaron sus cifras de pacientes pendientes.

Valle del Nalón. Se suspendieron 86 de las 299 intervenciones programadas en octubre.

Jarrio. La estancia preoperatoria pasó de 1,65 días en octubre de 2011 a 2,31 en octubre pasado.

Carmen y Severo Ochoa. Otorrinolaringología y ginecología registran demoras de 163 y 218 días.

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Que lo de Asturias y lo de Madrid son las caras opuestas de la misma moneda llevamos diciéndolo desde aquí hace tiempo

La sanidad pública se tambalea

La decisión de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud choca con el modelo tradicional que defiende Asturias

P. RUBIERA, en La Nueva España
Madrid y Asturias son dos escenarios sanitarios parecidos, pero nada es lo que parece en los últimos tiempos. En ambos hay médicos y personal sanitario en huelga, recogida de firmas, manifestaciones y concentraciones en la calle, excluidos por su condición de extranjeros sin papeles... La sanidad pública española, hasta hace bien poco orgullo nacional, se tambalea. Y los modelos que se proponen para encarar un futuro de recortes son diferentes según la comunidad autónoma de que se trate. Los pacientes soportan con más calma que indignación una situación cada día más caótica y la desmotivación de los profesionales va en aumento.

La Comunidad de Madrid, gobernada con mayoría absoluta por el PP -la presidenta elegida fue Esperanza Aguirre, a quien sustituyó Ignacio González-, ha decidido resolver el necesario ajuste de 530 millones de euros privatizando la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud e implantando el «euro por receta», entre otras medidas. El Colegio de Médicos, las sociedades científicas y el ciudadano han salido a la calle y han manifestado su oposición. Un millón de persona han firmado contra esa decisión. En el programa electoral del PP no figuraba la privatización de centros sanitarios.

El consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty negaba ayer, en declaraciones al diario «El País», que la sanidad madrileña fuera a ser privatizada. «Se está queriendo que la gente piense que la sanidad va a ser privada. Basta ver los eslóganes de las manifestaciones o las pancartas. No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria». Y, por si quedaban dudas, añadía: «No hay negociación posible».

El Principado, gobernado en minoría por el PSOE, defiende un sistema sanitario público, universal y equitativo. El consejero, Faustino Blanco, no se cansa de repetir que su objetivo es «prestar una atención sanitaria de calidad, velar por los recursos que los ciudadanos ponen en nuestras manos por la vía de impuestos, mantener el empleo estructural y conseguir un sistema sostenible». No habrá cierres ni privatizaciones, sólo una reorganización de las ocho áreas sanitarias, que pasarán a cuatro.

En el caso de Asturias, Sanidad pretende ahorrar este año, en el presupuesto de personal, entre 13 y 17 millones de euros. Y de ahí la implantación de una nueva jornada laboral que ha originado un conflicto en la sanidad pública como no se recordaba, con los médicos y personal sanitario en contra. También este modelo causa huelga, protestas callejeras y recogida de firmas. El litigio con el Sindicato Médico, que ha convocado otros doce días de paro para este mes, se mantiene abierto desde el pasado octubre y cada día parece más difícil que ambas partes acerquen posturas. La gota que colmó el vaso de la paciencia de los médicos fue la decisión del Principado de recuperar los descansos obligatorios de las guardias médicas de 24 horas, una medida que hasta el momento no ha sido implantada en ninguna otra autonomía.

Mientras esto se prolonga, las listas de espera crecen; los enfermos, que son quienes pagan el sistema con sus impuestos, deben armarse de paciencia y, en algunos casos, como el de una mujer que aguarda desde el pasado 25 de septiembre para ser operada de un proceso oncológico -una historia publicada por LA NUEVA ESPAÑA el pasado jueves-, con grave riesgo para su vida.

Todas las comunidades autónomas se han visto obligadas a efectuar recortes en la sanidad. Lo han hecho disminuyendo retribuciones, incrementando la jornada, reduciendo las plantillas, despidiendo a personal interino, cerrando plantas hospitalarias, eliminando camas y adoptando medidas más severas, como es el caso de Madrid. Algunas de ellas ya fueron recogidas por este diario. Navarra (UPyN), La Rioja (PP), Cataluña (CiU) y también Madrid han suprimido los módulos de guardia de las tardes para médicos mayores de 55 años que han sido eximidos de guardias nocturnas, una de las que mantiene abierta la discusión en Asturias. Cataluña, pionera en implantar el euro por receta, ha cerrado 40 centros de salud, 33 de atención urgente durante las noches y ha reducido un 10% las prestaciones de transporte sanitario.

Ha sido Madrid la más contundente a la hora de modificar el modelo universal y gratuito de la sanidad pública española. Euro por receta y pirvatización. ¿Habrá, como muchos temen ya, diecisiete modelos sanitarios en España? ¿Cómo hacerlos compatibles en un Estado que ha cedido todas las competencias?

«No hay negociación posible. Me están pidiendo que no haga nada y eso es una irresponsabilidad», declaraba ayer Fernández-Lasquetty, al ser interrogado sobre la petición de discutir su decisión con los profesionales. El consejero madrileño cree que España necesita con urgencia una reforma de la función pública porque «las nóminas de cualquier empleado público están llenas de complementos que nacieron para incentivar la excelencia y se convirtieron en complementos lineales e iguales para todos».

«Somos conscientes de lo que está en juego», afirmó hace unas semanas Faustino Blanco en la Junta General del Principado. «Se trata de un ataque sin precedentes al único nicho de negocio que aún está casi sin explotar como es la sanidad pública.»