PRENSA

Al único sindicato que sigue negociando puede que al final le salgan las cuentas

Dos cuentas “de la vieja” fáciles de hacer que se me ocurren:

 

Primera: En la vigente tabla de ponderación el trabajador que hace 42 noches (420 h. por tanto), tiene que hacer diurnas 1.057 h. que son las que resultan de multiplicar 151 días por 7 h. cada día, lo cual da un total anual de 1.477 horas anuales VER INSTRUCCIÓN OFICIAL DE ENTONCES – ultima página-. Si siguiendo esa lógica mantenemos las 420 h. en turno de noche y a ellas sumamos las de los 151 días en mañanas y/o tardes, ahora a razón de 7,5 horas/día y, además les sumamos los 3 moscosos que nos quita Rajoy de disfrutar el año que viene a razón de 7,5 horas por día también; el resultado anual es de 1.575 h…. ¡¡y menos que eso ya oferta la administración!!

Segunda: En el año 1992 ya tuvimos este tipo de jornada y a él correspondían 1.530 h. por hacer 42 noches en el año VER ACUERDOS DE 1992 – página 9 -; luego sólo hay que sumar a esas horas las que corresponden a los 3 moscosos que nos quita Rajoy de disfrutar el año que viene… ¿a razón de 7 h./día o de 7,5 h./día? … ¡¡dá igual!!: resulta una jornada anual de 1.551 horas

Luego, por estas cuentas de la vieja, entre las 1.551 h. de esta cuenta de la vieja y las 1.575 h. de la primera bien podría ser válido cualquier cómputo…

¿Será que el problema no está ahí? Sino en cómo organiza el SESPA los horarios y, como dice UGT, en la “apertura de jornada”?... o ¿habrá otras cosas, incluso, puede que algunas no muy confesables relacionadas con pactos que se han derogado?...

Esto último lo dejo para mejor ocasión a la vez que advierto que se pueden hacer más “cuentas de la vieja” netamente tendentes a que el resultado de la jornada anual sea menor. La cuestión, y en esto le doy la razón al Sr. Consejero de Sanidad, es ¿toca ahora?… si de lo que se trata es de garantizar el máximo posible de empleo necesario en el sistema póngase así y garantícese desde la concertación social, puesto que estamos hablando de servicios esenciales públicos imprescindibles para la ciudadanía.

¡¡Veremos que nos cuentan los sindicatos convocantes de la huelga en las Asambleas que ahora SI HARAN para convencernos de que la secundemos!!

La Noticia:

UGT plantea una nueva oferta al Sespa para evitar una huelga sanitaria «penosa»

«La Administración no rompió la negociación; no renunciamos a un acuerdo, pero el recorrido es estrecho», afirma el consejero de Sanidad

Oviedo, P. R., en La Nueva España

El sindicato UGT, único que decidió continuar negociando con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para evitar la huelga ya convocada en la sanidad pública asturiana, presentó ayer una nueva propuesta a la Administración que, según su representante, Ramona García Rodríguez, «trata de hacer un esfuerzo para agotar todas las posibilidades de negociación». La sindicalista no quiso revelar el contenido de la oferta, aunque dijo que está muy centrada en la apertura de jornada.

El pasado martes, cuando el resto de los sindicatos -CC OO, SAE, SATSE y SICEPA- decidieron no continuar las conversaciones y registrar la convocatoria de huelga, había sobre la mesa una propuesta de 21 horas menos de trabajo en el turno anual de 42 noches, lo que dejaba el cómputo de horas en 1.570, una rebaja que los sindicatos consideraban escasa si se la compara con las 1.530 horas que se trabajan en otras comunidades autónomas.

«He gastado un mes de mi vida en un encierro y no me gustaría irme sin agotar todas las posibilidades de negociación. No soy muy optimista y me dio mucha pena que el resto de los sindicatos se fuera sin haber concluido las conversaciones; pero prefiero un acuerdo a una huelga, que siempre es muy penosa», declaró Ramona García a LA NUEVA ESPAÑA.

La nueva normativa del Principado estipula que el personal sanitario que trabaja a turnos debe cumplimentar una jornada anual de 1.590 horas. Son trabajadores que hacen 42 noches al año y a los que se aplica un coeficiente de bonificación de 1,144 por cada hora nocturna.

Es decir, por cada diez horas que hacen por las noches (es lo que generalmente dura el turno: de 10 de la noche a 8 de la mañana), se les computan 11,44 horas efectivamente trabajadas. Los sindicatos piden un coeficiente de 1,28 (cada 10 horas computarían como 12,8). Eso supondría unas 60 horas anuales menos, es decir 1.530.

Los sindicatos justifican esta petición en el que dicen que es su primer objetivo de la negociación: el mantenimiento de los puestos de trabajo de 400 eventuales. En total, trabajan a turnos unos 7.000 empleados del Sespa.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias sostiene, por su parte, que cada hora de trabajo que se les reste supone a la Administración unos 70.000 euros anuales y que, en total, la diferencia entre aplicar el 1,144 y el 1,28 supondría unos 5 millones de euros. «No renunciamos al acuerdo y, de hecho, nunca hemos abandonado el diálogo, pero lo cierto es que cuando un sindicato pidió un receso en la negociación para poder estudiar la oferta del Sespa, los otros decidieron convocar la huelga», declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA el consejero de Sanidad, Faustino Blanco.

El Consejero, que asistió ayer, en Madrid, a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, añade: «Cada nueva medida que se propone desde el Sespa es apurando al máximo, porque estamos inmersos en un plan económico y financiero y todo lo que se ofrece hemos de quitarlo de otro sitio. Estamos viviendo una situación muy determinada y eso, sin duda, dificulta la negociación. Creo que si todos fuéramos capaces de entender el escenario en el que nos movemos, sabríamos que el recorrido es estrecho. No estamos en época de bonanza».

Así cuentan la reunión del lunes día 2 SICEPA/USIPA, SATSE, USAE y CC.OO:

RESUMEN REUNION DIA 2 DE OCTUBRE, SOBRE JORNADA ENTRE LOS SINDICATOS SICEPA/USIPA, SATSE, USAE, CC.OO Y UGT, Y LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA.
(Literal) 

En reunión mantenida en la mañana de hoy, martes 2 de octubre, en la Gerencia del Sespa con el Director de RRHH Sr. Mendoza, la Administración ha sido incapaz de presentar una propuesta que nos permitiera salir del conflicto planteado en sanidad desde el pasado mes de agosto.
Al final su única propuesta ha sido, 30 minutos mas por noche es decir 21 horas por cada 42 noches trabajadas, 1.19 de ponderación o lo que es lo mismo 1569 horas en turno rotatorio con 42 noches, 39 horas mas que en el resto de los distintos servicios de salud, durante el 2012 y el 2013.
En caso de que el SESPA lograra cumplir los objetivos económicos fijados en el 2014, se primara con 45 minutos la noche trabajada es decir 1,22 de ponderación, 1558 horas anuales en cómputo de 42 noches. Y en caso de cumplir los objetivos económicos en el 2015, se primaria con 60 minutos la noche es decir 1,24 o lo que es lo mismo 1550 horas.
Esta propuesta la consideramos totalmente inaceptable los sindicatos SICEPA/USIPA, SATSE, USAE y CCOO, (UGT de momento se ha desmarcado de esta postura) pues entendemos que es claramente discriminatoria para los trabajadores asturianos y además porque no se hablaba de la aplicación de las 37,5 en turno diurno, ni se hablaba del computo de la salida de guardia, ni de la conversión de plazas eventuales sobre plazas vacantes en interinas.
Propusimos una aplicación escalonada y recogida en los presupuestos y no condicionada a ningún objetivo económico, de 1,19, 1570 en el 2012, 1,24 - 1550 h. en el 2013, 1,26 - 1541 en el 2014 y 1,28 - 1530 h. en el 2015 o bien dejarlo como esta en el 2012 y aplicar la media del resto de autonomías a partir del 2013, ninguna de las propuestas fue aceptada por la administración.
Ante esta actitud de nulo interés en alcanzar un acuerdo por parte de la administración, hemos presentado en la tarde de hoy una convocatoria de huelga a partir del próximo 16 de octubre. En los próximos días realizaremos asambleas informativas en todos los hospitales, donde explicaremos todas las negociaciones y el planteamiento de la huelga. 

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El Comité de Bioética si se renovó y de positivo destacamos la incorporación de Pablo I. Fernández Muñiz y de negativo las incorporaciones de profesionales claramente posicionados contra el aborto y la experimentación con células madre (estos últimos de la mano del PP).

Foto: Marcelo Palacios y Pablo I. Fernández Muñiz en una de las jornadas de cine y bioética de Avilés.

Ante todo nos sumamos a la satisfacción del Consejero de Sanidad por la incorporación de Pablo y desde aquí le mandamos nuestra más efusiva felicitación…

Comité de Bioética renovado en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial del SNS

El consejero se mostró satisfecho por haber conseguido sacar adelante la candidatura del cirujano Pablo Fernández Muñiz, del Hospital San Agustín, de Avilés, que se incorporará como nuevo miembro del Comité Nacional de Bioética en sustitución del asturiano Marcelo Palacios.

Los ilegales tendrán que pagar entre 700 y 1.800 euros por la atención sanitaria

Faustino Blanco lamenta que el PP apueste por un sistema de salud no universal vinculado al aseguramiento y no a los impuestos

Madrid / Oviedo, P. R., en La Nueva España

Los inmigrantes irregulares deberán suscribir convenios para recibir asistencia sanitaria, y tendrán que pagar entre 700 y 1.800 euros anuales, en función de si son mayores o menores de 65 años. Pero la póliza no cubrirá los medicamentos. La medida, aprobada ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, no ofrece solución a este colectivo, formado en su mayoría por latinoamericanos, magrebíes y subsaharianos, que apenas pueden permitirse pagar esa cantidad y a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria el pasado 1 de septiembre.

En realidad, la propuesta de convenio va dirigida, sobre todo, a los españoles que nunca hayan trabajado y que tengan ingresos superiores a 100.000 euros (rentistas) y los europeos o de países ricos que, en algunos casos, aprovechaban la universalidad del sistema sanitario español para ser tratados de algo que su país no les cubría o tardaban mucho en hacerlo o les cobraban por ello. A diferencia de los «sin papeles», estos ciudadanos pagan impuestos y, en principio, pueden acceder al servicio sanitario sin mayores problemas.

Faustino Blanco, consejero de Sanidad del Principado, comunidad autónoma que ha decidido garantizar la atención sanitaria a los inmigrantes ilegales, no comparte el modelo impuesto por el Gobierno del PP, «que cambia la filosofía del Sistema Nacional de Salud, vinculado a los impuestos, por otro que habla de cotizaciones y aseguramiento».

Blanco considera que el problema de los inmigrantes en situación irregular es de política de inmigración y no de salud pública. En lo que respecta a ciudadanos rentistas o de otros países, Blanco cree que hubiera sido mejor articular otro procedimiento y darse un plazo de unos seis meses para hacerlo.

«Habría sido más oportuno que los grandes partidos alcanzaran consensos básicos en la sanidad pública. El Consejo Interterritorial, aunque como en este momento haya una mayoría muy segura y plantee otro modelo, siempre está bien, es interesante porque intercambiamos pareceres y, al menos, se nos escucha. Todos queremos hacer la sanidad más sostenible, pero nuestro modelo difiere del que propone el PP. Nosotros defendemos un modelo solidario, universal, de cohesión social y vinculado a impuestos y no a cotizaciones y aseguramiento», señaló Faustino Blanco a LA NUEVA ESPAÑA.

El consejero asturiano se declaró satisfecho por haber logrado que Asturias continúe representada en el Comité Nacional de Bioética, en el que ayer se renovaban seis cargos. El gijonés Marcelo Palacios, uno de sus miembros y presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, había pedido su relevo y en el comité no hay cuotas autonómicas. Aun así, el Principado estará representado por el cirujano Pablo Fernández Muñiz, facultativo del Hospital San Agustín de Avilés. «Estamos muy satisfechos de que dé continuidad a una enorme labor realizada por el doctor Palacios, que ha sido pionero de la bioética en España», subrayó.

El Consejo Interterritorial de Salud acordó también la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud -Asturias, comunidad uniprovincial, se incorporará con una unidad-, que será la encargada de evaluar la nueva cartera básica de servicios del SNS.

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De despues del Consejo interterritorial

De antes del Consejo Interterritorial

Prolegómenos de las huelgas en sanidad que empiezan el lunes 8 (SIMPA) y el martes 16 (Sicepa-Sae-SATSE-CC.OO.)

Sanidad fija servicios mínimos del 80% para la huelga que se inicia el próximo lunes

El Sindicato Médico dice que son más elevados que los del último paro, celebrado en 2006, y que los impugnará por ilegales

Foto: El consejero asturiano Faustino Blanco conversa con la ministra de Sanidad, Ana Mato, en presencia de la consejera andaluza, María José Montero, y de la representante de la comunidad murciana, María Ángeles Palacio.

04.10.12 - LAURA FONSECA | GIJÓN, en El Comercio.

El Principado impondrá servicios mínimos del 80% en la huelga sanitaria que, convocada por el Sindicato Médico (Simpa), arrancará este lunes, día 8, en hospitales y centros de salud del Principado. El Servicio de Salud (Sespa) presentó ayer al comité de huelga del Simpa su propuesta de atención sanitaria para los 9 días de paro planteados por la central médica en protesta por la ampliación de jornada en sanidad. En áreas como urgencias, la posibilidad de secundar la protesta de manera activa será nula. Tendrá que trabajar todo su personal, ya que la Administración sanitaria fijó servicios mínimos del cien por cien para las urgencias de los hospitales y centros de salud, confirmó ayer el Simpa.

La propuesta del Sespa, que antes del lunes será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), no fue bien recibida por los facultativos. El Simpa, a través de su secretario general adelantó que los impugnará. Antonio Matador advirtió que hay jurisprudencia al respecto «que nos da la razón. Imponer servicios mínimos tan altos supone una vulneración del derecho a la huelga», indicó. En este sentido, recordó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) emitió un fallo en relación al conflicto que años atrás mantuvo el personal del Servicio de Atención Médica Urgente (Samu) afirmando que «fijar mínimos del cien por cien, incluso en áreas de urgencias, supone la vulneración de un derecho».

Los mínimos diseñados por el Principado para los paros convocados por los médicos, a los que a partir del día 16 se sumarán el resto de sindicatos a excepción de UGT, son más elevados que los planteados en la última huelga que secundó el Simpa. La central médica se refiere a la de octubre de 2006 que fue convocada en protesta por el retraso en la creación de la carrera profesional. De aquella, según este sindicato, «los mínimos fueron del 60% mientras que ahora nos plantean cerca del 80%. Es inasumible».

Urgentes, sí; vacunación, no

La huelga de los médicos se desarrollará a lo largo de la próxima semana. Serán los días 8, 9, 10, 11 y 15 de octubre, en paros de media jornada (de 8 a 11.45 horas). La segunda tanda será para los días 24, 25, 26 y 29, aunque en este caso la huelga que plantean los médicos es de 24 horas.

La reunión de ayer para fijar los mínimos acabó sin acuerdo. Al término del encuentro, el secretario general del Simpa criticó el «nulo talante negociador del Principado». A modo de orientación «y con el fin de perjudicar lo menos posible a los enfermos», Matador señaló que los servicios mínimos incluyen la atención de casos urgentes, oncológicos y «puede que también las citas catalogadas como preferentes». El resto de consultas u operaciones programadas están consideradas como actividad ordinaria y, por tanto, se verá afectada por la huelga. Otra actividad que sufrirá los efectos del paro, según precisó el Simpa, es la campaña de vacunación de la gripe. «Eso no son servicios mínimos», detalló, aunque en un principio las citas para las vacunaciones se verán más afectadas por la huelga que a partir del 16 de octubre secundarán el resto de centrales (CC OO, Sicepa, Usae y Satse), entre las que está incluida la de las enfermeras.

El acuerdo aún es posible

Mientras los diferentes sindicatos diseñan sus estrategias, el consejero de Sanidad del Principado afirmó ayer que «el acuerdo aún es posible». En conversación telefónica al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada en Madrid, Faustino Blanco afirmó que «seguimos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos. Aunque las estrecheces presupuestarias son las que son, esta Administración no renuncia en alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto», indicó. El titular de Sanidad pidió a los sindicatos en conflicto que recapaciten y vuelvan a la mesa de negociación, en la que sólo se mantiene UGT. «Hemos avanzado mucho y hemos realizado un esfuerzo adicional» en un intento por evitar la huelga, abundó Blanco.

Precisamente, la segunda reunión convocada por el Sespa sólo contó ayer con la asistencia de un único sindicato: UGT. El resto de centrales, que 24 horas antes habían formalizado su convocatoria de diez días de huelga del 16 al 6 de noviembre, ya habían adelantado que no acudirían a la cita. El representante de UGT, Juan Vila, se mostró sorprendido por el plante del resto de centrales, con la que había permanecido encerrado 30 días en el Sespa en protesta por la ampliación de jornada. «El conflicto y la huelga en sanidad debe ser el último paso», afirmó, para indicar a renglón seguido que su central seguirá negociando con el Sespa «hasta el agotamiento si es preciso, ya que el sector sanitario es muy sensible a los conflictos», recordó.

«El sistema está en riesgo y tenemos que salvarlo entre todos», dice Blanco

Oviedo, P. R., en La Nueva España

Comisiones Obreras, SAE, SATSE y SICEPA registraron el pasado martes la convocatoria de diez jornadas de huelga, que, de llevarse a cabo, sería los días 16, 17, 18, 19, 22, 23, 30 y 31 de octubre, y el 5 y 6 de noviembre. El paro afectaría a unos 16.000 trabajadores de la sanidad pública asturiana.

Esta convocatoria, si las negociaciones no lo impiden, se suma a la realizada por el Sindicato de Médicos (SIMPA) entre los 4.000 facultativos que trabajan para el Sespa, que se llevará a cabo a media jornada los días 8, 9, 10, 11 y 15 de este mes y, a jornada completa, los días 24, 25, 26 y 29 del mismo mes.

«A los médicos les hago la misma llamada que al resto del personal sanitario. Creo que soy un consejero con capacidad de entendimiento; pero al igual que en otros momentos se les mejoraron sus condiciones, en éstos toca que todos nos esforcemos. Los ciudadanos ya contribuyen con el "copago" y todos debemos hacer un esfuerzo. El sistema está en riesgo y, entre todos, hemos de salvarlo», afirma Faustino Blanco.

Blanco: «La reforma sanitaria del PP fragmenta el sistema de salud»

El representante de Asturias criticó las medidas impulsadas por la ministra Ana Mato para la sostenibilidad del sistema

04.10.12 - L. FONSECA | MADRID, en El Comercio.

Un Consejo Interterritorial del Sistema de Salud intenso en declaraciones políticas. La reunión celebrada ayer en Madrid entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para analizar la aplicación del real decreto en el que se basa la reforma sanitaria no dejó indiferente a nadie. Aunque se anunciaba como una reunión «de carácter técnico y administrativo», tanto al principio del encuentro como al final del mismo los consejeros de Sanidad no eludieron dar sus opiniones. Más bien todo lo contrario. El representante del Principado, Faustino Blanco, se sitúo entre las voces críticas y aseguró que las medidas impulsadas por la ministra Ana Mato «fragmentan el sistema de salud y cambian el modelo de atención sanitaria que imperaba en España». Blanco acusó a Mato de pretender «vender» que la reforma garantiza la supervivencia del sistema cuando en su opinión «rompen con el modelo de universalidad y vinculan el derecho a la atención sanitaria a la condición de ser español. Es un modelo que se basa en la exclusión», denunció.

La ministra presentó a las comunidades el presupuesto de su departamento para 2013, que descenderá un 22%. Asturias se verá afectada por los recortes decretados por Madrid. Aún se desconoce las cuantías concretas del ajuste, pero el Principado vaticina descensos en partidas relacionadas con programas de salud pública, drogadicción y VIH-sida. «Estamos muy preocupados porque nos afectará al presupuesto y nos obligará a modificar nuestras previsiones», reconoció el consejero de Sanidad.

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Acuerdo “de mínimos”, por unanimidad, en la conferencia de presidentes

Fernández frena el intento de plantear ya una reforma de la financiación

Discrepa con Andalucía, también del PSOE, y con varias regiones del PP que querían avanzar ya por ese camino; el texto final propone evaluar la eficacia del sistema

03.10.12 - A. SUÁREZ / AGENCIAS | OVIEDO / MADRID, en El Comercio.

Se congratuló ayer Javier Fernández de que Gobierno central y comunidades autónomas alcanzasen un «acuerdo de mínimos» -término que remarcó en más de una ocasión- sobre el futuro más inmediato de la economía española, aunque admitió la existencia de algunas «discrepancias», esencialmente centradas en la situación del modelo de financiación. El texto inicial de la declaración oficial de la conferencia de presidentes incluía una referencia a la financiación que, a juicio del jefe del Ejecutivo asturiano, abría la puerta, aunque de forma implícita, a un debate sobre la reforma del sistema. El asunto motivó una discusión en la que terció, aunque defendiendo planteamientos contrarios a los de Fernández, el presidente andaluz, el también socialista José Antonio Griñán. Al final hubo una solución de consenso.

«No me opongo a que el sistema se evalúe», señaló Fernández, «pero sí a que se traslade la idea de que lo que se pretende es cambiar el sistema». Un debate que, dijo, «no procede» hoy. Así las cosas, y tras esa discusión con Griñán, que contaba con el aval de comunidades como Valencia y Murcia (PP) o Canarias, se alcanzó una redacción que satisfizo a todos. El texto final establece que en los plazos previstos en la ley vigente -según el Ejecutivo regional, en 2013- el comité técnico permanente de evaluación analizará el funcionamiento del sistema de financiación e informará al Consejo de Política Fiscal. Que, a partir de ahí, «tomará, en su caso, la decisión oportuna». La redacción es más prudente que la inicial.

Griñán, partidario de ser más claro en relación con la reforma de la financiación, fue preguntado directamente sobre la discusión con Fernández. Hubo un momento «más o menos complicado», comenzó diciendo. «Anecdótico», matizó después. «Asturias no estaba de acuerdo, por un lado, y Canarias y yo por otro, pero hemos llegado a una fórmula de entendimiento y no pasa nada», zanjó.

Fernández, por otro lado, se felicitó del criterio unánime de los gobernantes regionales de que el estado autonómico «no es un problema». Y apeló a no abundar en planteamientos que profundizan en su descrédito, «como si fuera un monstruo de 17 cabezas que devora las entrañas del sistema».

Fue al hablar de la estrategia a seguir para remontar la crisis donde quedó más claro que el acuerdo de ayer, como matizó Fernández, es «de mínimos». Insistió, por ejemplo, en la necesidad de una mayor cooperación y en un mejor reparto de la carga de déficit que deben soportar los distintos niveles de la administración para cumplir con los estrictos límites que fija la UE. Un reparto que se revisará en 2013 para aplicarlo en 2014, aunque al presidente asturiano le hubiera gustado adelantar esas fechas en la medida en que entiende que las autonomías están hoy obligadas a hacer un mayor sacrificio que el Estado en ese sentido.

Fue Fernández crítico con la doctrina de la austeridad a ultranza, de «pobreza inducida», y reivindicó la necesidad de poner en marcha medidas de estímulo de la economía y el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento que dé más peso al sector industrial. Con todo, se mostró «satisfecho» del resultado de la cumbre en la medida en que era «importante» trasladar dentro de España y de cara al exterior «una imagen positiva».

Preguntado, en otro orden de cosas, qué piensa de la propuesta de avanzar hacia un modelo federal en España, afirmó que «es difícil avanzar hacia donde ya estamos».

Javier Fernández logra que el cambio en la financiación se posponga hasta 2014

El presidente asturiano se opuso a un adelanto que perjudicaría a la región

El «acuerdo de mínimos» da una «imagen positiva» a Europa, sentencia

Madrid / Oviedo, Modem Press / P. GALLEGO, en La Nueva España.

La quinta Conferencia de presidentes terminó con un acuerdo unánime, pero a punto estuvo de no ser así. El presidente del Principado, Javier Fernández, se quedó solo al defender que el modelo de financiación autonómica no cambiase en 2013, al considerar que la revisión de sus bases -por ejemplo, primar el número de habitantes y el crecimiento de la población sobre la dispersión, como pretenden Andalucía y las comunidades del arco mediterráneo- perjudicaría, y mucho, al Principado. Al final, el comité técnico permanente sí evaluará el sistema el año que viene, pero el cambio no llegará, al menos, hasta 2014, un año antes del plazo que fija la ley, y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fernández explicó, terminada la reunión, que la conferencia ha alumbrado «un buen acuerdo de mínimos» y que las discrepancias sobre el cambio en el modelo de financiación entraban dentro de lo «normal». «Era importante trasladar una imagen positiva», señaló Fernández.

Aunque el jefe del Ejecutivo asturiano quitó hierro al debate sobre la financiación, otros presidentes hablaron de un largo debate entre Fernández y el presidente andaluz, el también socialista José Antonio Griñán. El presidente asturiano insistió tras la conferencia en que no se opone a que el sistema de financiación sea evaluado por el comité técnico, pero su reforma, aseveró, «no debe ser el debate hoy».

En el texto de consenso firmado por todos los presidentes «se ha pedido y se ha acordado más colaboración, más lealtad y más cooperación», añadió Fernández, antes de afirmar que, en las ocho horas de reunión, no había habido «ninguna» alusión ni referencia a la pretensión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de convocar un referéndum de autodeterminación.

También en 2013, continuó el presidente asturiano, se establecerá un procedimiento para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de los objetivos de déficit. Este año, apuntó, ese reparto no había sido «simétrico». Fernández trasladó además la «opinión unánime» de que Europa avance en la unión económica y política superando una doctrina de austeridad «que es casi de pobreza inducida» y que lleva al «descrédito» ante la sociedad, sentenció.

Según explicaron fuentes del Gobierno regional, Fernández utilizó su intervención en la Conferencia de presidentes para instar a las comunidades autónomas a proyectar una imagen de «unidad». Europa vigila a España, aseveró Fernández, y lo que ve no son sus autonomías, sino «un país con déficit». Los gobiernos autonómicos «son parte de la solución, no el problema», sentenció Javier Fernández en respuesta a quienes, en los últimos tiempos, han dado una imagen del actual modelo territorial del Estado como «un monstruo de 17 cabezas». El actual sistema autonómico, consideró Fernández, es ya un sistema federal «imperfecto», razón por la que el presidente asturiano no ve urgente atender las demandas federalistas del Partido Socialista de Cataluña. «Es difícil avanzar hacia donde ya estamos», sentenció, un mensaje que ya había lanzado en el congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) del pasado fin de semana, en el que fue reelegido como secretario general.

Javier Fernández había llegado al Senado poco después de las ocho de la mañana, cuando aún no había amanecido del todo. El asturiano fue el segundo presidente autonómico más madrugador en llegar a la plaza de la Marina Española, sede de la Cámara alta, tras el jefe del Ejecutivo valenciano, Alberto Fabra. Tras saludar al presidente del Senado, el popular Pío García Escudero, Fernández entró en el edificio para esperar allí al Rey, al Príncipe de Asturias y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que se reunirá mañana en Moncloa. Será el primer encuentro desde que Javier Fernández ocupa la Presidencia del Principado.

Javier Fernández conoce bien el Senado, institución que ayer acogió la Conferencia de presidentes, ya que durante los últimos nueve años ocupó uno de los dos puestos de senador por designación autonómica que corresponden al Principado.

Rajoy salva la cumbre autonómica con un pacto mínimo para el déficit

Compromiso para cumplir los objetivos de austeridad en pleno vendaval financiero

Mariano Rajoy acepta revisar la financiación

Mas renunció a hablar del pacto fiscal y su aspiración independentista

Fernando Garea, Madrid, en El País.

El Gobierno y las comunidades autónomas aparcaron este martes sus diferencias para aprobar un acuerdo político de mínimos que lanza un mensaje de unidad a la Unión Europea y los mercados. “Hoy España da un buen mensaje”, resumió Mariano Rajoy, que se fue del Senado con el éxito del acuerdo de todos en la V Conferencia de Presidentes. El texto aprobado recoge la voluntad de las 17 comunidades y Ceuta y Melilla para cumplir el objetivo de déficit impuesto por Europa.

“La Conferencia de Presidentes expresa su compromiso con la consolidación fiscal, imprescindible para recuperar la confianza en nuestra economía, así como apostar por políticas que permitan aumentar la competitividad de la economía y asegurar la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos”, asegura el acuerdo. En ese párrafo genérico se sustenta un pacto que se completa con el compromiso del Gobierno de estudiar en los próximos meses las posibles disfunciones del sistema de financiación autonómica y la posibilidad de repartir la carga de reducción del déficit de forma más flexible entre todas las Administraciones.

El acuerdo fue posible a pesar de que a la conferencia se llegaba con graves discrepancias e inestabilidades económicas, políticas e institucionales que, finalmente, fueron orilladas o apuntadas levemente en la reunión a puerta cerrada. Les pudo la responsabilidad y hubo unanimidad en centrar la cumbre, que se inició con un desayuno con el Rey y el Príncipe de Asturias, en el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Así, el presidente de Cataluña, Artur Mas, no hizo mención alguna a su reivindicación de pacto fiscal y, muchísimo menos, a sus aspiraciones independentistas. Habló fundamentalmente de las dificultades de su comunidad para cumplir con los objetivos, criticando que el Gobierno no haya repartido a las autonomías el oxígeno logrado en Bruselas para flexibilizar las exigencias sobre el déficit. Mas ni siquiera entró al trapo cuando algunos presidentes del PP, sobre todo el de Madrid, Ignacio González, hablaron de la unidad de España y de cómo es preciso “aparcar las amenazas territoriales”. Hicieron menciones similares Pedro Sanz (La Rioja), José Antonio Monago (Extremadura), Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y Juan Vivas (Ceuta). Todos del PP. El catalán no contestó y su único hecho diferencial fue irse del Senado al acabar la cumbre, sin hablar con los periodistas, dejando para este miércoles en Barcelona su valoración pública.

Fue posible el acuerdo porque, aunque el Gobierno no entregó el borrador del documento hasta el inicio de la reunión, la víspera, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría llamó una por una a todas las comunidades, con contacto directo en algunos casos con los presidentes.

Las comunidades del PP cumplieron con la disciplina interna y obviaron el malestar sobre el reparto del déficit o sus objeciones al proyecto de Presupuestos para 2013. Las únicas referencias mínimamente disonantes fueron las de algunos, como Ignacio González, Herrera y Sanz, que defendieron la necesidad de revisar ya el sistema de financiación.

Todas las demás sí hicieron referencia a las quejas por el reparto del déficit y, en algunos casos, como el andaluz y socialista José Antonio Griñán, a la revisión del sistema de financiación. Varios presidentes del PP mostraron su sorpresa porque uno de los debates más largos y tensos fue el que mantuvieron durante una hora Griñán y el presidente socialista de Asturias, Javier Fernández, sobre si la ley obliga o no a una revisión del sistema de financiación autonómica.

Los socialistas hicieron también referencia a sus propuestas federalistas, con mención a la necesaria reforma del Senado y lo que el lehendakari, Patxi López, y Griñán llamaron “federalismo corporativo” y “cooperación institucional activa”. Pero no hubo respuesta ni debate con el resto y se limitaron a enunciar lo que ha defendido en público estas semanas el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Los socialistas rechazaron los recortes sociales y pidieron a Rajoy que exija flexibilidad en Bruselas (“Alce la voz en Europa”, dijo López), pero aceptaron el consenso. A diferencia de lo hizo el PP en la oposición cuando boicoteaba las conferencias que organizaba José Luis Rodríguez Zapatero, orillaron sus discrepancias en favor del mínimo común. Para lograr el acuerdo de mínimos, el Gobierno aceptó incluir en el documento final el compromiso de revisar el funcionamiento del sistema de financiación y del reparto de las cargas del déficit en 2013 para 2014.

Por un lado se admite que “las comunidades han visto disminuidos los importes provenientes del sistema de financiación, como consecuencia de la disminución de los ingresos públicos, lo que invita a una reflexión sobre el sistema tributario más eficiente y equitativo”. Por eso se encarga a una comisión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera “analizar el efecto de la aplicación del sistema de financiación e informar de los resultados de ese análisis”. El Consejo, en todo caso, tomará “la decisión oportuna”, se asegura sin más precisión.

Sobre el cumplimiento del déficit se dice que el Consejo establecerá “un procedimiento de cara al año próximo para determinar los criterios de reparto entre las administraciones públicas de los objetivos de déficit” impuesto por la UE. El Gobierno cede en la inclusión de estos dos compromisos genéricos y gana en los plazos, porque asegura que no estará preparado para ser aplicado antes de 2014. Mientras, sigue en vigor el acuerdo de julio que fue rechazado por las comunidades socialistas y varias del PP, que no permitía a las autonomías acogerse a la flexibilidad dada por Bruselas.

El documento aprobado habla también de “favorecer el crecimiento y la creación de empleo”, del Banco Central Europeo y de las reformas en la UE, como demandan ideológicamente y hace tiempo los socialistas.

Texto aprobado en la quinta Conferencia de presidentes

Alto y claro, pero a los sordos que nos gobiernan, aunque no nos representan, les da igual

‘The New York Times’ opina que los recortes traerán más miseria a España

El periódico afirma que la austeridad no impulsará la recuperación y provocará más protestas

"El tiempo se acaba. Solo un profundo cambio en la política económica salvará al euro", dice

El País, Madrid.

El periódico estadounidense The New York Times advierte en un editorial muy crítico publicado este martes de que los ajustes presupuestarios aplicados por el Gobierno español no servirán para reactivar la economía, sino que provocarán más pobreza y protestas. "Imponer nuevos recortes a los asalariados y al poder de gasto no traerán la recuperación; sino solo más miseria y agitación social", opina.

El editorial comienza señalando a Alemania como país que ha marcado el camino de la austeridad a ultranza: "La paciencia de la gente se está acabando a causa de las políticas de austeridad exigidas por el Gobierno de Alemania y los dirigentes de la Unión Europea, que obviamente no han conseguido su objetivo de reducir el lastre de la deuda y allanar el camino hacia la recuperación". En cambio, "está claro que estas medidas acelerarán la destrucción de empleo y dañarán la red de programas de seguridad social cuando más se necesitan".

El diario reconoce que, al no haber pedido aún el rescate total (solo el bancario), el Gobierno español todavía tiene más margen que otros países, como Portugal y Grecia, en política económica. "Pero Rajoy no es realmente libre. Sin la aprobación de Alemania para crear la unión bancaria, España, también, podría verse obligada a pedir un rescate".

"El tiempo se acaba. Solo un profundo cambio en la política económica puede salvar el euro", advierte el diario, que opina que los dirigentes europeos deben reconocer que para que la zona euro vuelva a ser solvente requerirá "nuevos esfuerzos para impulsar el crecimiento económico a través de objetivos presupuestarios menos rígidos, y no una austeridad continua impuesta a Gobiernos desesperados por Berlín y Bruselas".

El periódico recuerda que los problemas de deuda en España no se deben al despilfarro gubernamental durante los años del boom. Los problemas "proceden del abrupto colapso de una temeraria burbuja inmobiliaria en el sector privado, alimentada de forma artificial por el crédito barato", lo que entre otras cosas ha obligado al país a rescatar a la banca con problemas.

También se muestra crítico The New York Times con las duras exigencias de recortes impuestas a las comunidades autónomas, que financian buena parte de la educación y la sanidad. "Los Gobiernos regionales malgastaron miles de millones en proyectos de obra pública durante los años de boom. Pero ese dinero se ha perdido, y la sanidad y la educación no deberían verse sometidas a grandes recortes en tiempos de crisis".

Respecto a las peticiones que llegan de Europa y de algunos organismos internacionales para que se reforme el sistema de pensiones, el diario se muestra también en contra. "En una profunda recesión como esta, no es el mejor momento para hacer frente a problemas de largo plazo como el coste de las pensiones y el envejecimiento de la población", señala el rotativo, que advierte: "Dado que los parados de larga duración están empezando a perder las prestaciones por desempleo, la pensión se ha convertido en la principal fuente de financiación de cientos de miles de familias".

Es la historia de las mejoras económicas ligadas a cambios organizativos de las que se cumplió siempre lo primero y nunca lo segundo esta vez, puesto que la crisis agudiza las cosas, puede que sea distinto.

La cuarta huelga médica en diez años

En 2002 hubo un paro por mejoras salariales. En 2006 otro por la carrera profesional y en 2008 un tercero por el precio de las guardias. En todos el Sespa acabó cediendo

01.10.2012 - LAURA FONSECA, Gijón, en El Comercio.

Asturias va a huelga médica por legislatura. A excepción del anterior Ejecutivo regional, el de Foro (puede que sea porque permaneció en el poder menos de un año y no haya dado tiempo), todos los gobiernos autonómicos del Principado han tenido que hacer frente a uno de estos paros. Desde que el Principado recibiera el traspaso de competencias el 1 de enero de 2002, los hospitales y centros de salud asturianos se han visto inmersos en tres huelgas, dos de ellas convocadas en exclusiva por el Sindicato Médico (Simpa). Hay quien acusa a los facultativos asturianos, y a su central médica en particular, de ser excesivamente beligerantes y de saber explotar el poder del que disfruta este personal a la hora de plantear un conflicto en sanidad. Sin embargo, en su descargo hay que indicar que reivindicaciones que en Asturias costaron una huelga (la carrera profesional en 2006 o el aumento de la hora de guardia en 2008), en otras comunidades se alcanzaron mediante la negociación, sin que la sangre llegara al río.

Pero una vez más, y van cuatro en una década, la red sanitaria pública se ve abocada a un paro que, tal y como está planteado, se vaticina largo y duro y que obligará al Principado a negociar a dos bandas: por una parte, con los médicos y, por otra, si se confirma su órdago, con el resto de sindicatos del sector (CC OO, UGT, Sae, Sicepa-Usipa y Usae). En esta ocasión, el punto de inflexión es la ampliación de jornada en la sanidad, pero, sobre todo, las modificaciones laborales y retributivas que busca introducir el Servicio de Salud (Sespa) a cuenta del incremento de 2,5 horas a la semana. El aumento de jornada, que se traduce en pasar de 1.519 a 1.650 horas anuales, es una de las exigencias impuestas por el Gobierno de Rajoy con el objetivo de reducir el déficit público. El Sespa estima que el modelo ideado para los hospitales y centros de salud, donde supuestamente desaparecerán las peonadas y se reducirán contrataciones, permitirá ahorrar entre 13 y 17 millones de euros.

Vuelta de tuerca excesiva

Sindicatos y partidos (a excepción del PSOE) creen que el Principado ha dado una vuelta de tuerca excesiva. El PP le acusa de aplicar una reconversión sanitaria encubierta, IU y UPyD de haber exacerbado, por igual, los ánimos de todos los trabajadores, y Foro Asturias de aprovechar un decreto de Rajoy para aplicar más recortes de los exigidos.

Precisamente, al igual que ocurriera en junio de 2002, cuando los trabajadores del Sespa secundaron una huelga de tres semanas, en la convocatoria del próximo octubre podrían confluir desde médicos a celadores. Desde la macrohuelga de hace diez años no se había vuelto a ver tanta coincidiencia sindical contra los planteamientos del Servicio de Salud. Pero aunque converjan, facultativos y resto de personal han ideado sus propias estrategias. Algo así como juntos pero no revueltos. La huelga convocada por el Simpa arrancará el 8 de octubre, lunes, y continuará los días 9, 10, 11 y 15 (se salta el puente del Pilar). Estas 5 jornadas serán paros parciales, de 8 a 11.45 horas. El 16 de octubre, martes, podrían tomar el revelo el resto de centrales con otros diez días, si bien su convocatoria aún no es definitiva. Si el conflicto no se soluciona, el Simpa llamará a una nueva ronda de paros, esta vez totales, para finales de mes.

87 millones en una década

El balance que ofrecen los litigios sanitarios de estos diez años es poco alentador para el Principado, ya que reflejan que la Administración siempre acabó cediendo. En 2002, con la macrohuelga de 21 días, los trabajadores lograron incrementos retributivos de entre 1.700 a 4.400 euros anuales. Eran tiempos en los que se luchaba por la homologación salarial. El Sespa quiso ligar esos aumentos a la apertura de tarde, pero fracasó.

Años después, y cuando Asturias terminaba de pagar los 17 millones de las homologaciones, en 2006 llegaría cual 'boomerang' otra nueva huelga. En esta ocasión el detonante fue la carrera profesional, un concepto retributivo del que ya disfrutaban médicos de otras autonomías. Al igual que ahora, el Simpa convocó el paro en octubre, del 14 al 17. El acuerdo se cerró semanas después, el día de los difuntos, y le supuso al Principado desembolsar 48 millones de euros (todas las categorías). Se da la circunstancia de que unos meses antes, el Sespa había reducido en 56 horas la jornada de los más de 15.000 trabajadores. De aquella, según datos del Principado, se invirtieron 1,5 millones de euros en contratar personal, parte del cual ahora sobrará.

La última de las protestas llegó en 2008 de la mano del precio de la hora de guardia. Fue también por octubre. Se convocaron 4 días de huelga pero, a diferencia de otros conflictos, hubo un acuerdo 'in extremis'. El Principado aceptó elevar a 22 euros la hora de guardia que estaba en 14,85. La actualización le supuso al Sespa tener que pagar 22 millones de euros. Las tres huelgas de esta última década tuvieron un coste de 87 millones de euros.

Para el Simpa, la nueva normativa de jornada «nos retrotrae a 1992», situación que se agrava con la pérdida del 30% que en materia salarial vienen sufriendo en estos dos últimos años. Los médicos dicen que no se niegan a trabajar más, sino a que «nos cambien las condiciones de trabajo».

El paro de tres semanas del año 2002 obligó a suspender 1.400 operaciones y 18.000 consultas

01.10.12 - L. FONSECA, en El Comercio

Fue la madre de todas las huelgas sanitarias celebradas en Asturias. 21 días de protestas en junio de 2002 que dejaron un saldo de 1.400 operaciones suspendidas, 18.000 consultas aplazadas y 21.000 exploraciones diagnósticas anuladas. Tres semanas de paros, convocados convenientemente de lunes a viernes, de los que la sanidad tardó tiempo en recuperarse. No es de extrañar, ya que el acuerdo de homologación salarial acabó costando 17 millones de euros.

Aquella protesta guarda muchas similitudes con la que, si nadie lo remedia, sufrirá la sanidad asturiana desde el 8 de octubre. En la huelga de hace diez años también hubo un frente sindical común. Claro que entonces las reclamaciones eran para ir a más, mientras que ahora se pelea por no ir a menos. En 2002, a tan sólo seis meses del traspaso sanitario, los trabajadores se movilizaron en demanda de mejores salarios. Decían sufrir los sueldos más bajos del país. De arranque, los sindicatos demandaron 6.000 euros lineales de aumento para todos. Cuesta creerlo, pero fue así. Al final, la protesta se saldó con incrementos de 1.700 euros anuales para las categorías más bajas y de 3.500 a 4.400 para la de los médicos.

La diferencia entre la macrohuelga y la que ahora se plantea está en la situación socioeconómica que golpea con fuerza a España. En 2002, 2006 e, incluso, 2008, era casi obligado pretender equipararse. El llamado 'efecto vecino' hizo estragos en las sanidades autonómicas acostumbradas a imitarse unas a otras. Pero «los tiempos han cambiado. Puede que por vez primera el Principado no ceda. Si no, que le pregunten a los mineros o a los trabajadores de Arcelor», apuntaba una destacada autoridad sanitaria.

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«Tijeretazo definitivo» del Ejecutivo central al sector carbonero y a las iniciativas de reactivación de las cuencas

El Gobierno suprime las prejubilaciones, nuevas obras, ayudas empresariales y becas

El Ejecutivo pagará las nóminas a los trabajadores que ya están prejubilados, pero no retirará de forma anticipada a ningún minero en el año 2013

Los 42,3 millones para infraestructuras, sólo para obras en marcha

Langreo / Mieres, L. M. D., en La Nueva España

Sin nuevas prejubilaciones, sin becas, sin ayudas empresariales y sin dinero para nuevas obras de los fondos mineros. Así lo establece el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado ayer en Madrid por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En total, la minería del carbón recibirá, en distintas partidas, 535,7 millones de euros, es decir, un 18,4% menos que el año anterior, cuando se destinaron 656 millones al sector y a la reactivación de las comarcas mineras. Una cantidad que, comparada con la de 2011 (1.078 millones), supone un recorte del 50% en el sector carbonero en únicamente dos años.

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 marcan el final de las prejubilaciones en la minería del carbón española. Las cuentas estatales reservan una partida de 292 millones de euros para cumplir con el pago de los sueldos de los trabajadores ya prejubilados. Pero, tal y como se indica en el documento, «con la finalización del Plan 2006-2012 no se prevé la incorporación de nuevos beneficiarios de estas ayudas, sin embargo, en el caso concreto de las prejubilaciones las personas incorporadas al sistema deben seguir percibiendo sus nóminas, por lo que en el año 2013 se debe mantener la dotación presupuestaria adecuada para hacer frente a los compromisos adquiridos con los prejubilados». Es decir, se paga a los que ya están prejubilados, pero, como mínimo de momento, nadie más se va a prejubilar en la mina.

En los nuevos Presupuestos también se suprime la convocatoria para ayudas empresariales, tanto las relacionadas con grandes proyectos como con las de pequeñas y medianas empresas, denominadas «mínimis». El Gobierno, eso sí, deja 45 millones de euros, 3 de ellos para pymes, para hacer frente a compromisos de subvenciones de carácter plurianual y con los que se había comprometido en ejercicios anteriores. En el apartado del Presupuesto dedicado al «Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón» se establece que «una vez finalizado el Plan (de la minería) en 2012, para el desarrollo de estas actividades se han presupuestado 45 millones de euros en 2013, destinados a subvencionar parcialmente proyectos empresariales generadores de empleo». De ellos, «42 millones irán destinados al apoyo de proyectos empresariales de mayor envergadura, y 3 millones se destinarán a financiar pequeños proyectos empresariales». El documento deja bien claro además que «todas estas partidas irán destinadas a financiar compromisos adquiridos en años anteriores, en virtud de la plurianualidad de las ayudas concedidas, así como a compromisos del propio año 2013, por lo que no se prevé el desarrollo de nuevas convocatorias de ayudas para este tipo de iniciativas».

El «tijeretazo» del Ejecutivo central al sector carbonero y a las iniciativas de reactivación también es patente en lo relacionado con la formación. En 2011, se habían destinado 25 millones de euros a becas. En 2012 esta cantidad cayó hasta únicamente los 2 millones de euros. En 2013, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado directamente suprime esta partida. Es decir, se dedican cero euros a las becas universitarias, de idiomas, para desempleados y para Bachillerato y Formación Profesional. En los Presupuestos se establece que «con la finalización del Plan 2012, dado que estatutariamente la Fundación (de las Comarcas Mineras) se extinguirá el 31 de diciembre, en 2013 se prevé eliminar completamente la dotación económica proveniente de los presupuestos y se empleará, para la financiación de su actividad, los remanentes que sea posible».

Otro apartado que sufre en los nuevos Presupuestos Generales del Estado es el de los fondos mineros dedicados a infraestructuras, a los que se dedican casi 42,3 millones de euros. El documento indica que «el Plan 2006-2012 no tiene vigencia en el año 2013, por lo que para el desarrollo de infraestructuras se han presupuestado 42.279.610 euros», una cantidad que «se destinará en su totalidad a hacer frente a compromisos y obligaciones provenientes de años anteriores fundamentalmente, ya que se no se tienen previsto en 2013 destinar más fondos a nuevos proyectos de infraestructuras ni la realización de nuevos convenios. Sólo se hará frente a los compromisos de gasto adquiridos en convenios suscritos en años anteriores».

La cantidad destinada a infraestructuras este año supone un descenso del 58 por ciento en relación a lo previsto en los presupuestos del 2012, cuando se habían destinado 101,6 millones a infraestructuras. El recorte en esta materia es aún más importante si se compara con el dinero que se reservó un año antes, en 2011, cuando se tenía previsto gastar 167 millones de euros.

La decisión del Gobierno que encabeza Mariano Rajoy de no financiar nuevas obras deja por lo tanto en el aire algunos proyectos muy demandados en la comarca, como la remodelación integral de la carretera entre Campo de Caso e Infiesto, valorada en 45 millones de euros, que ya de por sí sola se podría llevar todo el dinero presupuestado este año para infraestructuras.

Dentro de las obras iniciadas y que son susceptibles de recibir al menos una parte del dinero destinado en 2013 están el desdoblamiento de la carretera de los túneles de Riaño, la conclusión de la «Y» de Bimenes y el soterramiento de las vías de Feve entre Sama y La Felguera, una herida abierta en pleno casco urbano de Langreo.

Este año, la política de recortes del Ejecutivo nacional en la minería acabó desembocando en una huelga general en el sector que duró más de dos meses. Esta movilización se llevó a cabo tras concretarse el recorte de 1.078 a 656 millones de euros llevado a cabo en el sector y en los planes de reactivación. Para 2013, el «tijeretazo» en la minería del carbón se acentúa aún más, y el presupuesto cae en un 18,4% respecto al presente ejercicio. A lo largo de estas últimas semanas, los mineros asturianos han reactivado sus protestas. En León, en empresas como Uminsa, las huelgas se retomaron hace ya semanas, en este caso debido a los recortes salariales, consecuencia de la reducción de ayudas estatales a las compañías privadas de extracción del carbón.

Las partidas presupuestarias

Industria no abrirá convocatoria para la concesión de subvenciones a la instalación de nuevas compañías y se elimina el dinero destinado a formación

Prejubilaciones

Las prejubilaciones se llevarán 292 millones de euros de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, este dinero se destinará únicamente a pagar las nóminas de los trabajadores de la minería que ya están prejubilados. El Gobierno deja claro en el documento que «con la finalización del Plan 2006-2012 no se prevé la incorporación de nuevos beneficiarios de estas ayudas», lo que quiere decir que, salvo que el nuevo plan minero recoja lo contrario, no habrá más prejubilaciones mineras.

Ayudas a empresas

Este año «no se prevé el desarrollo de nuevas convocatorias de ayudas» para la instalación de empresas. Esta partida se lleva 45 millones de euros, de los cuales 42 son para grandes proyectos y 3 para pequeñas iniciativas, las denominadas «mínimis». Todo este dinero, eso sí, se destina a «financiar compromisos adquiridos en años anteriores, en virtud de la plurianualidad de las ayudas concedidas». De esta forma, las nuevas ayudas a la reactivación económica se suprimen.

Becas

El recorte en los Presupuestos trae consigo la desaparición de las becas formativas, tanto para desempleados como para universitarios, estudiantes de bachiller y FP y para el aprendizaje de idiomas. En 2012 este apartado formativo se llevó 2 millones de euros, que ya suponía una reducción importantísima respecto a las convocatorias de ejercicios anteriores. De hecho, en 2011 se habían destinado en los Presupuestos Generales del Estado 25 millones de euros para esta finalidad.

Infraestructuras

Los denominados fondos mineros, el dinero destinado a la ejecución de nuevas infraestructuras y equipamientos en las comarcas mineras se limitan este año a únicamente 42,3 millones de euros, una cantidad que, además, «se destinará en su totalidad a hacer frente a compromisos y obligaciones provenientes de años anteriores». Es decir, a acabar las obras que están en marcha. En 2012 las infraestructuras se habían llevado 101,6 millones de euros, lo que supone un recorte del 58%.

El Gobierno penaliza a Hunosa con más recortes que a las privadas

El Ejecutivo destina 153 millones a ayudas a la producción de carbón, 33 de ellos para la hullera pública

Langreo / Mieres, L. M. D., en La Nueva España

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado desgranado ayer en Madrid por Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, destina 153 millones de euros a las ayudas a la producción a las empresas del sector minero del carbón. De esta cantidad, 33 millones son para la hullera pública Hunosa, y el resto, 120 millones, para las distintas compañías privadas que operan en España. Se da la circunstancia de que, en relación a las cifras del año pasado, el Gobierno del PP castiga a Hunosa, a la que reduce, según sus propios números, en un 26,7% sus aportaciones. Las ayudas a las empresas privadas descienden un 15 por ciento.

El documento establece que si bien «el Plan 2006-2012 finaliza, se considera necesario continuar en el año 2013 con este tipo de ayudas, por lo que para este concepto se han presupuestado la cantidad de 153.106.830 euros, incluyendo empresas públicas y privadas. Más concretamente, para Hunosa se destinan 33.169.150 euros, mientras que para las compañías privadas van 119.937.680 euros.

Los anteriores Presupuestos Generales, los de 2012, establecían, para las compañías mineras, unas ayudas de 111 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno incluyó otros 75 millones de euros de subvenciones, pertenecientes al último trimestre de 2011, y que no se cobraron hasta el año pasado, dentro de su contabilidad. Por lo tanto, considera que este año se aportaron 186 millones a ayudas a la producción de carbón.

Tomando como base las cifras del Ministerio de Industria, a la empresa pública Hunosa se le reducen las ayudas desde los 45 a los 33 millones de euros, lo que supone un recorte del 26,7%. En las empresas privadas el «tijeretazo» de este año sería algo menor, pero también importante. Pasarían de recibir 141 millones a casi 120, una bajada del 15 por ciento.

Dentro de la descripción general de objetivos del Ministerio de Industria para el sector energético se recoge que «dada la elevada tasa de dependencia energética exterior, por la reducida disponibilidad de recursos autóctonos y por el insuficiente grado de interconexión con los países colindantes, resulta obligado favorecer el aprovechamiento de las fuentes de energía autóctonas, tanto renovables como no renovables, como medio para avanzar en la independencia energética, en la seguridad de suministro». Pese a esta declaración de intenciones, en los Presupuestos Generales las ayudas a la extracción de carbón siguen disminuyendo, lo que puede poner en jaque, en los próximos meses, a las empresas mineras.

Las ayudas

Generales

El Ejecutivo destinará en 2013 un total de 153 millones de euros a ayudas a la producción de carbón.

Hunosa

Para el próximo año, la hullera estatal recibirá 33 millones de euros. En el presente ejercicio está previsto que Hunosa reciba 45 millones, lo que supone una reducción del 26,7% en las subvenciones.

Empresas privadas

Las compañías privadas recibirán en 2013 casi 120 millones de euros de ayudas a la producción. Son 21 millones menos de los que previsiblemente recibirá en este ejercicio, según los cálculos realizados desde el mismo ministerio. Esto supone una reducción del 15%.

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El método y la estrategia se repiten: son los mismos que los utilizados frente a la anterior consejería cuyo titular era Ramón Quirós y que en esencia determina que no quieren ningún tipo de cambio organizativo

Casi 400 médicos asturianos de primaria se rebelan contra la ampliación de jornada

El colegio profesional apoya la huelga «para que el facultativo se defienda a sí mismo y, sobre todo, para defender a los pacientes»

Foto: La reciente reunión de la reeditada plataforma de A. Primaria en Oviedo.

Oviedo, P. Á., en La Nueva España

Al clima de irritación que se respira en los hospitales del Principado a causa del modo de aplicar en la sanidad asturiana la ampliación de la jornada laboral, se suman ahora cerca de 400 profesionales de atención primaria, en su mayoría médicos de los centros de salud de la región. Ellos son los firmantes de un manifiesto que han remitido a LA NUEVA ESPAÑA y que va dirigido directamente contra el consejero de Sanidad del Principado

Los remitentes de la misiva -cuyo texto se reproduce en esta misma página- acusan a Faustino Blanco de «actuar con arrogancia, con declaraciones altisonantes y buscando el conflicto por el conflicto». Y le plantean una pregunta retórica: «¿Se da usted cuenta de lo que está pidiendo a los trabajadores sanitarios: en aumento de jornada, en libranzas de guardia y en disminución de ingresos económicos? Algo totalmente irracional». «¡Está tratando de solucionar los problemas de otros sectores a costa de la sanidad, y eso es inadmisible!», apostillan los 378 firmantes, entre los que figura un pequeño número de enfermeros, odontólogos y profesionales de otros estamentos.

La principal consecuencia de la nueva regulación para los médicos de los centros de salud urbanos radica en que los obliga a trabajar una tarde a la semana, dos horas y media, como parte de su horario ordinario. En este sentido, los autores del manifiesto evocan lo que denominan «la nefasta gestión del consejero Quirós y sus consecuencias para la atención primaria en Asturias», en alusión al conflicto que mantuvieron con el anterior titular socialista de Sanidad por su pretensión de que trasladaran a las tardes parte de su jornada ordinaria.

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, manifestó su apoyo a la huelga convocada por el Sindicato Médico (SIMPA) para nueve días de octubre. «Las huelgas siempre me producen intranquilidad y mucho dolor, pero en casos como éste el médico tiene que recurrir a la huelga para defenderse a sí mismo y, sobre todo, para defender a los pacientes», argumentó la doctora Rodríguez, quien agregó: «El médico no puede permitir que la calidad de la atención sanitaria se deteriore». A juicio de la presidenta del Colegio, «ha habido, por parte de la Administración, una falta de diálogo y una intransigencia tremendas, impropias de un régimen democrático».

Entre tanto, la diputada autonómica del PSOE Pilar Alonso salió en defensa de los responsables sanitarios del Principado. «Están y han estado en todo momento dispuestos al diálogo», subrayó. Alonso urgió «a agotar el proceso de diálogo y a evitar una huelga en la que las víctimas van a ser los usuarios».

Texto íntegro del manifiesto de los médicos de atención primaria

Así no, señor consejero de Sanidad

«La peculiar aplicación en el sector sanitario, por parte del Gobierno del Principado, del decreto del Ejecutivo central sobre la ampliación de la jornada laboral obliga a los profesionales de atención primaria a tomar una posición pública.

»Después de la nefasta gestión del consejero Quirós y sus consecuencias para la atención primaria en Asturias ¿qué puede pasar por la cabeza del actual consejero de Sanidad y su equipo, para elegir, en una época de tantos problemas y dificultades, la vía de la confrontación y el conflicto frente a los profesionales sanitarios? En distintas declaraciones de prensa ha tenido enfrentamientos con los sindicatos, con el Colegio de Médicos, con las sociedades científicas. También la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ha manifestado su preocupación por el deterioro del sistema sanitario asturiano.

En otros ámbitos de la Administración asturiana y en otras comunidades autónomas, la aplicación del aumento de jornada de dos horas y media se ha resuelto simplemente con un incremento pactado en la jornada laboral sin suponer ningún problema. El señor Blanco y su equipo han puesto en pie de guerra a todo el servicio de salud. Nunca los centros sanitarios habían alcanzado tal nivel de crispación. Ha utilizado el decreto del aumento de jornada para realizar cambios organizativos y de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios imposibles de asumir: implantación de las consultas de tarde en los centros de salud; eliminación de la libranza de trabajo después de la realización de guardia, y cambios en las condiciones de trabajo de los médicos en formación (MIR) que tendrían que trabajar muchas más horas de las que ya hacen actualmente.

»Después de la legislatura perdida en atención primaria gracias a su predecesor, el nuevo consejero de sanidad, señor Blanco, lleva camino de poner el futuro de la sanidad en un plano aún más negro de lo que ya está. Señor Blanco: ha elegido usted actuar con arrogancia, con declaraciones altisonantes y buscando el conflicto por el conflicto. ¿Se da usted cuenta de lo que está pidiendo a los trabajadores sanitarios: en aumento de jornada, en libranzas de guardia y en disminución de ingresos económicos? Algo totalmente irracional. ¡Está tratando de solucionar los problemas de otros sectores a costa de la sanidad, y eso es inadmisible!

»¿Por qué modificar drásticamente un servicio que funciona bien, tanto en accesibilidad, eficiencia y satisfacción del usuario, como queda reflejado en numerosos estudios y encuestas? Pensamos que su estrategia va dirigida a desprestigiarnos ante la población, dando la impresión de que somos los causantes de la falta de dinero que tiene la Administración. Si se necesita ahorrar dinero, ¿es la mejor opción hacerlo a costa de las guardias y los descansos de los médicos? ¿No quedan todavía en la Administración suficientes fundaciones, institutos, consejos de administración con sus dietas, coches y teléfonos de alta gama, sueldos desorbitados, asesores a dedo y otros chiringuitos a cerrar? ¿Qué mejora suponen las consultas de tarde en atención primaria? Si quieren ofrecer un nuevo servicio, contrate a los profesionales necesarios para que sea una oferta real, a diario y para toda la población que lo pueda necesitar. Si no se lo puede permitir por cuestión económica, no engañe al usuario ni a los profesionales? No venda humo. ¡Ya está bien de jugar con el lenguaje y manipular!

»Corren vientos privatizadores de los servicios públicos. La sanidad y la educación son dos de los sectores más afectados. El aumento de la jornada laboral, establecida por ley por el Gobierno central, puede implantarse hablando previamente con los trabajadores, no imponiéndolo por la fuerza y sin aprovechar la ocasión para introducir en el mismo paquete «novedades» que recortan las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Señores del Gobierno: deben tener claro que si se aumenta la jornada de trabajo, es sólo y exclusivamente para reducir plantilla. Hacer lo mismo o menos (se están reduciendo prestaciones) con menos personal, y ahorrar. Conclusión: más paro, menos consumo aún, más déficit en las cuentas públicas y despido de interinos de la Administración sanitaria. Resulta pintoresco que una Administración socialista con el apoyo de Izquierda Unida siga haciéndole el juego a los que quieren menos Estado y menos sector público. Porque, no nos engañemos, disminuir los puestos de trabajo en la sanidad y educación públicas, ir contra sus profesionales, empeorar sus condiciones de trabajo, sus sueldos, poner en pie de guerra al sector sanitario, sólo tiene un resultado: deteriorar el funcionamiento de algo que hasta ahora contaba con la aprobación ciudadana, era barato y funcionaba bien: la sanidad pública y la atención primaria en Asturias.

»Por otro lado, a los trabajadores de atención primaria nos preocupa enormemente el contenido del decreto publicado en el BOPA que regulará horarios laborales y descansos en lo sucesivo. Su generalidad e indefinición abren la puerta a futuros atropellos, pérdida de derechos y modificaciones en las condiciones laborales.

»Señor Blanco: desde la atención primaria nos unimos a nuestros compañeros de los hospitales en el rechazo a sus medidas abusivas y unilaterales. Nos oponemos a su falta de dialogo, a su prepotencia, a que haya elegido otra vez la confrontación y el conflicto frente a todo un colectivo sin importarle las consecuencias. Señor Blanco: creemos que no es la persona adecuada para el cargo que ocupa y también a nosotros nos tendrá enfrente».

Este manifiesto lleva la firma de Alfonso García Viejo, María Jesús Barreda González, Ramón Penedo Suárez, Moisés Robledo del Corro y otros 374 profesionales de los centros de salud asturianos. La relación completa de firmantes figura en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA (VER).